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clave: "corte_suprema:providencia:SC2157-2024 [2021-00451-01]"
titulo: "Corte Suprema: el nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión \"en liquidación\""
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-09-09"
radicado: "2021-00451-01"
numero: "SC2157-2024"
ponente: "Hilda González Neira"
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# Corte Suprema: el nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión "en liquidación"

- **Título oficial / radicado:** SC2157-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-09-09
- **Radicado:** 2021-00451-01
- **Número:** SC2157-2024
- **Ponente:** Hilda González Neira
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2157-2024%20%5B2021-00451-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2157-2024%20%5B2021-00451-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyYS4gSGlsZGEgR29ueuFsZXogTmVpcmEvOS4tIFNlcHRpZW1icmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzIxNTctMjAyNCBbMjAyMS0wMDQ1MS0wMV0ucGRm/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión "en liquidación".

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 222 de 1995
- Ley 153 de 1887
- Ley 270 de 1996

## Extracto

En este escenario, como mínimo resulta exigible que presente su contenido objetivo para, a partir del mismo, desgajar el entendimiento que a su juicio rectamente les corresponde y plantear, asimismo, cualquiera de los escenarios en que pudo darse la infracción. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01 33 liquidación.

## Cita textual

> no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos

## Texto del documento

1
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
SC2157-2024
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
(Aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024).
Se decide el recurso de casación interpuesto por Laura,
Emilia y Cristián Pérez Uribe, Eduardo Suárez Uribe, Laurel
Ltda., Carmen Iriarte Uribe e Inversiones Alcam S.A.S.,
contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 25 de mayo de
2023, dentro del juicio declarativo que promovieron los
recurrentes junto con Enrique Cuellar Uribe, Rosario
Josefina, y Diego Suárez Uribe contra Jaime Rafael Ortega
Albrecht.
I. ANTECEDENTES
1.- Los actores pidieron de la jurisdicción se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas: a) que el demandado
«incumplió los deberes como liquidador de FRIGORÍFICO, previstos por
el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el Decreto 1925
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
2
de 2009, y con el artículo 238 del Código de Comercio», en
consecuencia, pretendieron se condene a éste último a
«indemnizar los perjuicios económicos causados a los demandantes»,
estimados en «la suma no menor de CIENTO QUINCE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS ($ 115.798.341.000)», la cual deberá
«actualizarse hasta la fecha en que se realice el pago»; y cancelar las
«costas» y «agencias en derecho» [Folios 21 a 22, Archivo digital:
0001CuadernoPrincipalParte1.pdf, Carpeta ExpedienteDigitalizadoESAVParte1].
2.- En respaldo de sus reclamos adujeron los hechos
relevantes que admiten el siguiente compendio.
2.1.- El 10 de junio de 2009 se dispuso la disolución de
la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda. y en dicha
reunión se designó como liquidador a Santiago Rojas Maya,
quien convocó y llevó a cabo reunión de junta de socios según
consta en el acta No. 36 de 10 de enero de 2013.
Esta reunión fue «integrada exclusivamente por los 9 socios
adjudicatarios, en la cual se aprobó la cuenta final de liquidación», en
la que fueron fijadas «4 condiciones para la cuenta final de
liquidación y para la distribución de los remanentes a todos los socios»,
siendo estas que «i) Que se encuentre inscrita el acta final de
liquidación en la cámara de comercio y que se encuentre en firme dicho
registro; ii) Que se encuentre en firme la inscripción de la parte pertinente
del acta final; de liquidación en la oficina de instrumentos públicos de
Bogotá; iii) Que transcurran dos meses contados desde la fecha de
inscripción del acta final de liquidación en el registro mercantil sin que
se hubieran presentado demandas de impugnación contra las decisiones
contenidas en el acta final de liquidación. iv) Si se presentaran
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
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demandas de impugnación contra la mencionada acta final de
liquidación, cuando se encuentre ejecutoriada la sentencia mediante la
cual se nieguen las pretensiones de la demanda de impugnación. De
existir varias demandas cuando se resuelva la última de ellas, negando
las pretensiones de impugnación de la demanda».
De manera ilegal y violando dichas condiciones «Los 9
socios adjudicatarios se adjudicaron sin condiciones, como pago total de
sus supuestos remanentes, la unidad productiva que opera y funciona
en los inmuebles que integran el folio de matrícula No. 50C-1009638,
según consta en su anotación No. 17», pues el entonces liquidador
mintió deliberadamente «al declarar que no existían las condiciones
mencionadas en el numeral 4º anterior, en la escritura pública No. 47 del
22 de enero de 2013 de la Notaría 31 del Círculo de Bogotá D.C.».
2.2.- Con ese proceder el liquidador Rojas Mayas violó
los artículos 247 y 248 del Código de Comercio, al desatender
las instrucciones de la junta de socios y «porque esa distribución
de remanentes no se hizo al mismo tiempo para todos los socios».
2.3.- La Superintendencia de Sociedades, determinó en
la sentencia número 800-000021, del 31 de marzo de 2017,
que la referida adjudicación «a favor de los 9 socios adjudicatarios,
fue ilegal, porque el demandado LIQUIDADOR, “infringió los deberes que
le correspondían bajo los artículos 247 y 248 del Código de Comercio”1,
en el trámite de la liquidación de la sociedad FRIGORÍFICO», además,
con las Resoluciones números 300-005871 y 300-002398
del 22 de diciembre de 2016 y 23 de junio de 2017,
respectivamente removió del cargo de liquidador a Santiago
Rojas Maya y, en su lugar, designó a Martha Cecilia Salazar
Jiménez, cuyo nombramiento se inscribió en el registro
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mercantil el 28 de noviembre de 2017, asumiendo así la
representación legal de la sociedad.
2.4.- Con la adjudicación del 23 de enero de 2013 en
favor de los 9 socios adjudicatarios estos aparecen como
propietarios de los bienes, quienes desde entonces los
explotan ilegalmente.
2.5.- El 17 de enero de 2017 el señor Santiago Rojas
Maya renunció irrevocablemente al cargo de liquidador
durante una reunión integrada, exclusivamente, por los 9
socios adjudicatarios, cuyo propósito fue «impedir que se
realizara la liquidación del FRIGORÍFICO que había ordenado la
Superintendencia de Sociedades», designando en reemplazo de
aquél a «Jaime Rafael Ortega Albrecht, quien venía actuando como
liquidador suplente de Rojas Maya, durante la junta extraordinaria de
socios de que da cuenta el Acta No. 41 del 17 de enero de 2017».
2.6.- Las decisiones contenidas en el acta No. 41 fueron
suspendidas por orden de la Delegatura para Procedimientos
Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, dentro del
proceso No. 2017-800-026, pese a lo cual «el ex liquidador Jaime
Rafael Ortega Albrecht burló la medida cautelar, al aceptar sin reserva
su “nueva” designación como liquidador principal de la sociedad (Acta
No. 42 del 22 de febrero de 2017)». Junta en la cual se propuso
nombrarlo nuevamente, inscribiendo su designación en el
registro mercantil el 23 de mayo de 2017 bajo el número
02226840 del libro IX, desempeñándose desde esta data
hasta el 28 de noviembre de 2017, cuando se inscribió a la
actual liquidadora Martha Cecilia Salazar Jiménez, pero «por
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expresa designación de los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS, con
posterioridad al 28 de noviembre de 2017, el liquidador Ortega Albrecht
ha continuado hasta la fecha como el ordenante de los pagos y gastos
realizados con cargo a los recursos de la liquidación del FRIGORÍFICO.
Tales pagos y gastos están a cargo de la FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A. (en adelante “FIDUPREVISORA”)».
2.7.- Jaime Rafael Ortega Albrecht incumplió sus
deberes de liquidador a saber: «1) Dar un trato inequitativo a los
socios del FRIGORÍFICO, 2) No permitirles el ejercicio del derecho de
inspección, 3) Intervenir y llevar a cabo actos respecto de los cuales
existe conflicto de intereses con los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS y los
demás socios del FRIGORÍFICO, 4) No haber exigido la justificación y
cuentas razonadas a los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS respecto de los
actos de disposición que han llevado a cabo con los inmuebles del
FRIGORÍFICO, 5) No haber exigido el pago de las obligaciones o cobrado
los créditos a cargo de los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS, 6) No haber
exigido la entrega de los inmuebles ilegalmente transferidos a los 9
SOCIOS ADJUDICATARIOS, y, 7) No haber rendido cuentas de su gestión
ni haber entregado la documentación de la sociedad FRIGORÍFICO»,
además, de no exigir cuentas a los 9 socios adjudicatarios
«por la explotación de los inmuebles identificados con el folio de matrícula
inmobiliaria número 50C-1009638, transferidos ilegalmente, el 23 de
enero de 2013», «No haber cobrado las deudas a cargo de los 9 SOCIOS
ADJUDICATARIOS», correspondientes al pago de los impuestos
prediales que han sido cancelados con recursos de la
sociedad, desde 2013 al 2017; «No haber exigido la entrega de los
inmuebles ilegalmente transferidos a los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS»,
antes «celebró actos y contratos jurídicos para mantener la titularidad
y la explotación de los inmuebles».
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2.8.- El 22 de junio de 2017, el liquidador Ortega y los
9 socios adjudicatarios, celebraron junta contenida en el acta
No. 43, en la que se aprobó autorizar a aquél para celebrar
un negocio con los «9 SOCIOS ADJUDICATARIOS para establecer
una condición resolutoria y una hipoteca sobre los inmuebles», además,
que éste fuera «Ordenante Principal del fideicomiso que se constituiría,
con la misma remuneración que le fuera fijada como liquidador, y
conservaría el equipo de colaboradores que a la fecha lo estarían
acompañando, al desempeñar su cargo en el FRIGORÍFICO», así
mismo, para que «previo a que la sociedad quedara liquidada frente
a terceros, transfiriera la totalidad de los bienes, derechos activos y
obligaciones a un fideicomiso reconocido por la Superintendencia
Financiera de Colombia». Actos que al celebrarse «lograron impedir
la restitución en favor de dicha sociedad, de los inmuebles identificados
con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1009638. De esta
manera, por la acción del liquidador Ortega Albrecht, los socios del
FRIGORÍFICO no han recibido los remanentes que les corresponden como
resultado de la liquidación de la sociedad. Estos remanentes continúan
en el patrimonio personal de los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS, violando
los derechos de los demás socios de la sociedad FRIGORÍFICO».
2.9.- «El 27 de julio de 2017 se suscribió el Contrato de Fiducia
Mercantil Revocable No. 3171019, entre la sociedad FRIGORÍFICO como
fideicomitente y FIDUPREVISORA, como fiduciario. De esta manera,
FIDUPREVISORA ha asumido el papel de depositaria y gestora de la
liquidación en violación de las normas legales que rigen su función»,
utilizándose dicho fideicomiso para el pago de los impuestos
de los inmuebles, los honorarios del liquidador, «así como los
gastos de los procesos judiciales en curso, en contra de los demás socios
del FRIGORÍFICO, con los recursos que genera esta sociedad. Los 63
socios del FRIGORÍFICO, distintos de los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS
no han recibido sus remanentes, ni recursos de ningún tipo del
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FRIGORÍFICO», «recibir, manejar, distribuir, anticipadamente para su
propio y exclusivo beneficio todos los recursos generados por la Unidad
Económica que opera y funciona en los inmuebles identificados con el
folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1009638».
Adicionalmente, no cumplió el deber de rendir cuentas
de su gestión, ni entregar la documentación de la sociedad a
la liquidadora designada por la Superintendencia de
Sociedades, aunque la entidad lo requirió. Debido a dicho
incumplimiento la socia Laurel Ltda., solicitó investigación
administrativa contra Ortega Albrecht, de igual modo pidió
fijar fecha para ejercer el derecho de inspección «sobre la
contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios y de actas, y
en general de todos los documentos de FRIGORÍFICO», ante lo cual «El
día 12 de enero de 2021 la liquidadora de la sociedad FRIGORÍFICO
respondió que la información solicitada no se encontraba en su poder,
por cuanto nunca la ha recibido del liquidador anterior Jaime Rafael
Ortega Albrecth», a quien le dirigió derecho de petición para
acceder a dicha documental a lo cual se negó.
2.10.- La sociedad Frigorífico San Martín Ltda. no está
liquidada, porque con oficio 474 del 17 de abril de 2017 el
Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá
suspendió las determinaciones adoptadas en el «ACTA No. 37»,
celebrada el 29 de marzo de 2014, «mediante la cual se modificó
la cuenta final de liquidación al aprobar un inventario diferente y
cambiar la fuente de pago de los remanentes de la liquidación al
argumentarse que ya no se pagarían en dinero sino con un activo que
era el lote de terreno identificado con folio de matrícula No. 50N-
1009638», «En tales circunstancias, la cuenta final de liquidación (Acta
36 de 2013) fue modificada en el año 2014 mediante el Acta 37 que se
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encuentra suspendida judicialmente según el registro mercantil de la
sociedad FRIGORÍFICO, por lo tanto, la cuenta final de liquidación se
encuentra suspendida y la sociedad sigue en estado de liquidación y
puede ser sujeto de derechos y obligaciones».
2.11.- La Superintendencia de Industria y Comercio,
con la «Resolución No. 6856 el 5 de febrero de 2018», declaró que en
el «Acta 43 del 22 de junio de 2017» se estableció una condición
resolutoria, consistente en que «en caso de prosperar alguna
demanda de impugnación contra el Acta No. 36, o que sus adjudicatarios
intenten disponer de inmueble [o sean embargados], se resolverá de
pleno derecho la adjudicación realizada por la escritura No. 47 del 22 de
enero de 2013 de la Notaría 31 de Bogotá» [Folios 3 a 21, ídem].
3.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá
admitió la causa así

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

luto y para todos
los efectos dicha cuenta final de liquidación con entidad
suficiente para argüir que con ocasión a ésta el reclamo
incoado en el sub lite devino inocuo para haberse configurado
el fenómeno prescriptivo.
Valga decir, si en este particular caso, al margen que,
con ocasión a la inscripción formal del acta contentiva de la
cuenta final de liquidación, la sociedad formalmente se
extinguió, pues con ocasión a ésta se dispuso la cancelación
de su matrícula, al haber sido aquella impugnada, el
computo de la prescripción no puede despuntar, sino desde
la ejecutoria de la decisión que resuelva de manera definitiva
aquel litigio, lo cual apareja que el tribunal, pese a que eligió
adecuadamente la norma reguladora del asunto, incurrió en
un yerro evidente y trascendente al aplicarla desconociendo
su esencia, al considerar que el dies a quo que en ella se
contempla despunta inexorablemente con la sola inscripción
en el registro mercantil, pues sin más determinó «que el acta
contentiva de la cuenta final de liquidación fue inscrita el 25 de enero de
2013 y desde allí, a la fecha de presentación de la demanda, 3 de
diciembre de 2021, transcurrieron más de los cinco (5) años de que trata
el artículo 256 del Código de Comercio».
Lo anotado cobra relevancia en este caso si se observa
que la designación del demandado como liquidador, se dio
con posterioridad a aquella determinación y después de este
fue nombrada otra liquidadora por la Superintendencia de
Sociedades. Por consiguiente, comprensión distinta de la
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norma en estudio conllevaría a que ninguna acción podría
proponerse contra esta última al haberse superado con
creces el término de los cinco años desde que verificó aquella
aprobación que a la fecha aún se encuentra pendiente de que
se defina la impugnación que contra la misma se formuló.
4.- Síguese entonces, que el cargo prospera, lo que
impone el quiebre de la sentencia, pero ello deberá ser de
manera parcial, pues estará limitado al aspecto sustancial
del debate, dejando indemne la decisión interlocutoria que
en ella se incluyó, referida a la terminación del amparo de
pobreza, cuyo escrutinio como se dejó sentado en
precedencia no es revisable en casación, aunado a que lo
reprochado no fue esta puntual determinación sino lo
concerniente a las costas que el tribunal impuso como
consecuencia de su finiquito.
5.- No habrá condena en costas del recurso
extraordinario por su prosperidad, acorde con lo dispuesto
en el artículo 365 del Código General del Proceso.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1.- Puesta la Corte en sede de instancia, para proferir el
fallo de remplazo, en aras de la brevedad, se remite a las
consideraciones expuestas para la definición del cargo,
puntualmente al aspecto concerniente al hecho de que para
la fecha aún no existe decisión ejecutoriada sobre la
impugnación de los actos contenidos en el acta No. 36, ya
varias veces referenciada, en la cual consta la aprobación de
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la cuenta final de liquidación de la sociedad frigorífico San
Martin de Porres Ltda.
Y sin que sea necesario en este asunto el examen de
eventuales irregularidades o vicios que afecten su eficacia o
validez, al no ser este el escenario para ello, no es posible
colegir que, para el momento en que se presentó la demanda,
el término de cinco (5) años dispuesto en el canon 256 del
Código de Comercio para instaurar las acciones de
responsabilidad contra el liquidador se hubiera extinguido,
lo que lleva al fracaso de la exceptiva de prescripción
formulada por el demandado.
2.- Frente a la apelación formulada por el citado a juicio,
-habilitada por el tribunal vía recurso de queja-, como quiera que
ésta se enfiló a la terminación del amparo de pobreza y sobre
todo a la imposición de las costas de primera instancia,
respecto de lo primero deberá estarse a lo dictaminado por el
tribunal, quien estimó que existían elementos suficientes
para poner fin al beneplácito.
En tanto que, frente a las costas, baste reiterar que los
efectos del amparo de pobreza, como es que el amparado no
será condenado en costas, permanecen incólumes hasta
tanto se disponga su revocatoria, de manera que al haberse
decretado dicha culminación por el tribunal la exoneración
dispuesta por el a quo en su sentencia no merece reproche,
menos aún, cuando con ocasión a la alzada formulada por
los actores la decisión de primer grado deberá ser revocada.
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3.- Consecuente con esto y siendo que la decisión
corresponde a una sentencia anticipada se revocará el fallo
del 19 de agosto de 2022, proferido por el Juez Primero Civil
del Circuito de Bogotá para, en su lugar, declarar no probada
la prescripción alegada. Por lo tanto, el juzgador de primer
grado deberá continuar el trámite del proceso y agotado el
mismo adoptar la determinación que en derecho
corresponda.
4.- Finalmente, según el artículo 365 del Código General
del Proceso, en lo concerniente a las costas de segunda
instancia, al haberse resuelto favorablemente los recursos de
ambas partes no hay lugar a su imposición.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. CASAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá el 25 de mayo de 2023, dentro del proceso
que promovieron Laura, Emilia y Cristián Pérez Uribe,
Eduardo Suárez Uribe, Laurel Ltda., Carmen Iriarte Uribe e
Inversiones Alcam S.A.S., Enrique Cuellar Uribe, Rosario
Josefina, y Diego Suárez Uribe contra Jaime Rafael Ortega
Albrecht, quedando indemne lo dictaminado frente a la
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terminación del amparo de pobreza, por lo indicado en parte
motiva.
SIN COSTAS, en casación dada la prosperidad del
remedio extraordinario.
Y situada la Corte en sede de instancia,
RESUELVE
PRIMERO. Revocar la sentencia del 19 de agosto de
2022 proferida el Juez Primero Civil del Circuito de Bogotá y,
en su lugar, se declara no probada la excepción de
prescripción alegada por el demandado.
SEGUNDO. Sin condena en costas de la apelación.
NOTIFÍQUESE,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
EN COMISIÓN DE SERVICIOS
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2157-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-09-09. C.P. Hilda González Neira. Rad. 2021-00451-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2157-2024%20%5B2021-00451-01%5D).
