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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
SC1988-2024
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01138-00
(Discutido en sesión de veinticinco de julio de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil
veinticuatro (2024)
Se decide el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por las convocadas, Morris Group (Sudbury) Inc.;
Workforce, Inc.; David Morris Dentistry Professional Corp.;
Smartbrix Espacios Modulares S.A.S.; Montajes Modulares y
Almacenamientos S.A.S., y Solinoff Corporation S.A.S.,
contra el laudo arbitral de 20 de diciembre de 2023, emitido
en el trámite del arbitraje internacional convocado por Tyco
Services S.A.
ANTECEDENTES
1. Mediante el laudo de 20 de diciembre de 2023, el
Tribunal arbitral compuesto por el árbitro único José
Fernando Torres Fernández de Castro acogió parcialmente
los reclamos de la convocante, y dispuso, entre otras cosas,
«declarar que la demandada y sus miembros, solidariamente, deben
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pagar a Tyco Services S.A. el saldo del precio del contrato, descontado el
valor de la multa de COP $205.177.362, es decir, un saldo neto de COP
$3.908.811.597,35», junto con los intereses de mora causados.
Cabe señalar que (i) esas determinaciones se refieren a
un «contrato de obra para la construcción de comunicaciones LAN,
sistema detección (sic) de incendio y extinción con agente limpio»,
negocio jurídico que ajustaron «el representante legal de la Unión
Temporal Estructura Temporal 2019 – UTET», como contratante, y
Tyco Services S.A., como contratista; y que (ii) las sociedades
impugnantes integran la referida unión temporal, según se
sigue de su documento de constitución.
2. En oportunidad, las convocadas interpusieron
recurso de anulación contra el laudo de 20 de diciembre de
2023, invocando la causal que prevé el artículo 108-1, lit. c),
de la Ley 1563 de 2012, a cuyo tenor: «La autoridad judicial podrá
anular el laudo arbitral a solicitud de parte o de oficio: 1. A solicitud de
parte, cuando la parte recurrente pruebe: (...) c) Que el laudo versa sobre
una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene
decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje (...)».
En sustento de su censura, adujeron que «el contrato de
obra que fue analizado en el laudo arbitral (...) y que incluyó el pacto
arbitral que habilitó al Tribunal de Arbitraje para resolver la controversia,
fue celebrado entre la Unión Temporal Estructura Temporal 2019, como
Contratante, y Tyco Services S.A., como Contratista». Por tanto,
siendo «partes del contrato de obra y del acuerdo de arbitraje (...) la
UTET y TYCO (...), el laudo arbitral incurrió en un yerro que debe conducir
a su anulación: resolvió una controversia en contra de sociedades
comerciales nacionales y extranjeras que no celebraron el Acuerdo de
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Arbitraje, razón por la cual el H. Tribunal de Arbitraje desbordó el
acuerdo arbitral».
Por esa vía, reiteraron que, «a partir de una lectura del
acuerdo de arbitraje y del laudo arbitral, quienes resultaron vinculados
al proceso y posteriormente condenados solidariamente fueron los
miembros de la UTET, es decir, sociedades comerciales independientes
y con personería jurídica propia, que jamás dieron su consentimiento
para suscribir el contrato de obra o el acuerdo de arbitraje», y que «fue
la UTET la que podía ser vinculada al proceso, la que prestó su
consentimiento y la que expresamente manifestó su voluntad de someter
las controversias que se derivaran del contrato de obra a arbitraje. Nadie
más. En tal sentido, solo la UTET podría ser sujeto de una decisión».
También sostuvieron que «el Tribunal de Arbitraje desconoció
que en arbitraje internacional no era procedente la vinculación individual
que se hizo en la demanda arbitral y en el proceso a las sociedades que
conforman la UTET, simplemente porque la limitación, reglas procesales
existentes o decisiones jurisprudenciales en torno a la vinculación de las
figuras asociativas (como la UTET) a arbitrajes, es decir, aquellas reglas
procesales que impiden demandar directamente a las uniones
temporales y consorcios por - supuestamente-no tener capacidad para
ser parte en los procesos judiciales, tienen su fuente única en la
legislación procesal colombiana (Código General del Proceso), las cuales
eran del todo inaplicables a este trámite arbitral».
Por esa misma senda, indicaron que «acudir a estándares
locales en la tramitación de procedimientos de arbitraje internacional
atenta contra lo que la ley de arbitraje pretende, de ahí que resulte
menester que se anule el Laudo Arbitral para mantener la armonía en
las decisiones de arbitraje internacional», a lo que añadieron que,
«cuando el laudo arbitral resolvió efectuar declaraciones y condenas en
contra de los recurrentes como personas jurídicas individualmente
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consideradas y, tras ello, imponer condena solidaria, decidió “sobre una
controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje”» y, por esta vía,
«“contuvo decisiones que excedieron los términos del acuerdo de
arbitraje” en los términos del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012 pues
esta decisión no era objeto del acuerdo de arbitraje establecido para la
presente controversia, cuyo signatario fue la UTET y, desde tal condición,
era este sujeto de derechos y obligaciones la única que podía ser objeto
de las declaraciones y condenas contenidas en el laudo arbitral».
Por último, destacaron que «el tribunal de arbitraje jamás
vinculó a la UTET al proceso de arbitraje internacional y, al contrario, en
el laudo arbitral se impusieron declaraciones y condenas contra
sociedades comerciales individuales, con ello se alteró por completo la
controversia que habría de ser resuelta mediante arbitraje, según lo
pactado en el acuerdo de arbitraje», y que «tan probado está que el
Laudo Arbitral resolvió otra controversia, que muy a pesar de que el
Acuerdo de la UTET expresamente estableció los porcentajes a partir de
los cuales respondería cada integrante, el Tribunal prescindió por
completo de su aplicación y, como había vinculado a sociedades
comerciales individualmente consideradas, las condenó solidariamente
en aplicación del artículo 825 del Código de Comercio».
3. Mediante auto de 19 de abril de 2024 se admitió el
recurso de anulación en comento. Enterada de dicha
providencia, la sociedad opositora –convocante del trámite de
arbitraje internacional– alegó que «las recurrentes no demostraron
que se hubieran presentado los presupuestos para que se configurara la
causal de anulación contenida en el literal c del numeral primero del
artículo 108 de la Ley 1563».
Recordó que, en principio, Tyco Services S.A. había
convocado a un arbitraje doméstico a la UTET, y que, en el
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decurso de ese trámite, el árbitro designado había emitido
una providencia teniendo por no contestada la demanda y
declarando la naturaleza internacional del arbitraje. Contra
esa decisión, las ahora recurrentes «presentaron un recurso de
reposición», afirmando que «la UTET no puede ser parte del proceso,
y que por lo tanto las verdaderas demandadas son las sociedades
integrantes de la UTET, e insist[iendo] en que el Sr. Lega [representante
de la UTET] está expresamente facultado para la representación de
todas y cada una de las recurrentes, individualmente consideradas».
A ello añadió que «las recurrentes dieron su consentimiento a
la cláusula compromisoria que invoco Tyco desde el documento de
constitución de la UTET. Y aún si no lo hubieran hecho, dicho
consentimiento se formó durante el trámite del arbitraje internacional,
pues las recurrentes no negaron que la cláusula compromisoria invocada
por Tyco les fuera aplicable. Por el contrario, confirmaron que dicha
cláusula era válida y vinculante para ellas. Lo anterior en cumplimiento
de lo establecido en el literal c) del artículo 69 de la Ley 1563 respecto
de la convalidación de la existencia de un acuerdo de arbitraje escrito».
De otro lado, precisó que, «aunque se aceptara la falsa tesis
de las recurrentes de que nunca dieron su consentimiento para el
acuerdo de arbitraje, que sí lo dieron, lo cierto es que las recurrentes
tampoco objetaron la existencia del acuerdo de arbitraje y, por lo tanto,
renunciaron al derecho a objetar o recurrir por esta razón». También
señaló que «la UTET no tenía la capacidad para ser parte del Arbitraje
Internacional», tal como «fue reconocido por las recurrentes en la
solicitud de aclaración y corrección del laudo presentado en enero de este
año. En dicha oportunidad, las recurrentes afirmaron que las uniones
temporales no tienen capacidad para concurrir al proceso».
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Para finalizar, puso de presente que «la responsabilidad
solidaria de las recurrentes no fue una cuestión disputada por las
recurrentes a lo largo del trámite del arbitraje internacional», y que «la
aplicación de las normas sobre la solidaridad no es una cuestión que
pueda ser controvertida a través de un recurso de anulación, pues se
trata de un asunto del fondo del litigio. Mucho menos cuando dicho
asunto no fue objeto de discusión durante el Arbitraje Internacional, en
donde se le garantizaron a las Recurrentes las oportunidades para
ejercer de forma oportuna su derecho de contradicción».
4. Por solicitud de la Sala, el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá remitió el
expediente digital del trámite de arbitraje internacional.
CONSIDERACIONES
1. Anulación de laudos arbitrales internacionales
y principio de mínima intervención judicial en el
arbitraje comercial internacional.
1.1. El ordenamiento patrio, siguiendo una moderna
tendencia legislativa, destinó una sección autónoma del
Estatuto de Arbitraje para regular el arbitraje internacional,
esto es, aquel en el que «a) Las partes en un acuerdo de arbitraje
tengan, al momento de [su] celebración, (...) domicilios en Estados
diferentes; o b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las
obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación
más estrecha, está situado fuera del Estado en el cual las partes tienen
sus domicilios; o c) La controversia sometida a decisión arbitral afecte los
intereses del comercio internacional» (art. 62, Ley 1563 de 2012).
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En el marco de esa normativa especial, se estableció que
«contra el laudo arbitral solamente procederá el recurso de
anulación por las causales taxativamente establecidas en esta
sección», esto es, los motivos enlistados en el artículo 108 de
la Ley 1563 de 2012 –que, en lo medular, reproduce el
contenido de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje
Comercial Internacional (art. 34)–. Cabe anotar que las
causales de anulación están divididas en dos subgrupos; de
un lado, las que requieren alegación de parte (num. 1):
«a) Que para el momento del acuerdo de arbitraje estaba
afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es válido
en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se
hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley colombiana; o
b) Que no fue debidamente notificada de la designación de un
árbitro o de la iniciación de la actuación arbitral o no pudo, por
cualquiera otra razón, hacer valer sus derechos; o
c) Que el laudo versa sobre una controversia no prevista en el
acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los
términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones
del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje
pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular
estas últimas; o
d) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento
arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las partes, salvo que
dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta
sección de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de
dicho acuerdo, que no se ajustaron a las normas contenidas en
esta sección de la ley».
Y, de otro, las que admiten reconocimiento de oficio por
parte de esta Corporación –autoridad encargada de resolver
los recursos de anulación contra laudos dictados en trámites
de arbitraje internacional (art. 68)–; a saber, que «a) Según la
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ley colombiana, el objeto de la controversia no [sea] susceptible de
arbitraje», o que «b) El laudo sea contrario al orden público internacional
de Colombia» (num. 2).
1.2. Además del carácter taxativo de las causales de
anulación, el ordenamiento jurídico colombiano establece
claramente que «la autoridad judicial no se pronunciará sobre el fondo
de la controversia ni calificará los criterios, valoraciones probatorias,
motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral» (art.
107). Esta disposición refuerza el principio de mínima
intervención de la jurisdicción estatal en los conflictos
sometidos a la justicia arbitral, en virtud del cual las
autoridades judiciales, al resolver un recurso de anulación,
deben adoptar un enfoque taxativo y de interpretación
restrictiva, que excluya de revisión las materias de derecho
sustantivo sobre las que se pronunciaron los árbitros.
Sobre el particular, la jurisprudencia inalterada de la
Sala tiene dicho que
«[l]a intervención judicial en el arbitraje internacional está acotada
a las precisas materias definidas por el legislador, quien consagró
excepcionales instrumentos de intervención y de apoyo, tendientes
a remediar defectos garrafales o facilitar el ejercicio de las
atribuciones de los juzgadores temporales, como claramente lo
prescribe el artículo 67 de la ley 1563 (...). Y es que, una vez las
partes deciden acudir al arbitraje, declinan de la jurisdicción
estatal, razón por la que, en línea de principio, no será posible
volver a ella, sino para solicitar medidas que son propias de la
indelegable facultad de imperium que está radicada en el estado,
las cuales deben estar en armonía con el derecho nacional.
La doctrina señala que “[n]o es lógico exigir al Estado que
comprometa la cooperación y el auxilio de sus tribunales judiciales
para ejecutar forzadamente los laudos arbitrales -que ponga su
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imperium al servicio de los árbitros-, sin reservarse la atribución
de revisar que lo decidido por aquéllos reúna las condiciones
mínimas indispensables para merecer esa protección legal. En
otras palabras, ‘la equivalencia entre laudo y la sentencia judicial
hace necesario el sometimiento del laudo al control judicial’”1.
(...) Si Colombia es la sede del arbitraje, los interesados podrán
acudir al excepcional instrumento de la anulación, por las precisas
causales y de acuerdo con el procedimiento dispuesto en el
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional –Ley 1563–. A
través de este remedio se propende porque el órgano de cierre
pueda verificar, a petición de parte, aspectos extrínsecos de la
decisión sustancial adoptada por los árbitros, así como
oficiosamente adentrarse en el análisis de la arbitrabilidad
objetiva de la controversia y la observancia del orden público
internacional del país.
Para que en este recurso se haga efectivo el principio de mínima
intervención judicial en el arbitraje, se han establecido
especialmente las siguientes reglas: (i) ausencia de revisión
sustancial, (ii) taxatividad de las causales, (iii) armonización
internacional, e (iv) indisponibilidad» (CSJ SC001-2019).
En suma, el comentado principio de mínima
intervención, incorporado en la legislación y reconocido por
la jurisprudencia nacional, busca garantizar que el arbitraje
internacional se mantenga como un mecanismo eficaz y
autónomo de resolución de disputas. Las autoridades
judiciales, por tanto, deben ejercer un rol de control
excepcional, limitado a aspectos de naturaleza extrínseca y
formal, siempre dentro del marco de los motivos de anulación
expresamente consagrados en el ordenamiento.
2. La causal de anulación que consagra el literal c)
del artículo 108-1 de la Ley 1563 de 2012.
1 «Roque J. Caivano, Control Judicial en el Arbitraje, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
2011, p. 106» (referencia propia del texto citado).
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En cuanto a la función del pacto arbitral, es pertinente
reiterar, en línea con la doctrina, que,
«[c]uando las partes acuerdan arbitrar sus disputas, renuncian al
derecho a que un tribunal nacional decida sobre ellas. En su lugar,
acuerdan que sus disputas se resolverán de forma privada, al
margen de cualquier sistema judicial. Así pues, el acuerdo de
arbitraje constituye la renuncia a un derecho importante –el de que
el litigio se resuelva judicialmente– y crea otros derechos. Los
derechos que crea son los derechos a establecer el proceso para
resolver la disputa. En su acuerdo de arbitraje, las partes pueden
elegir las normas que regirán el procedimiento, el lugar del
arbitraje, el idioma del arbitraje, la ley que rige el arbitraje y, con
frecuencia, las personas encargadas de tomar las decisiones, que
las partes pueden elegir por su experiencia particular en la materia
objeto de la disputa de las partes. El acuerdo de arbitraje de las
partes otorga a los árbitros la facultad de decidir sobre la
controversia y define el alcance de dicha facultad. En esencia, las
partes crean su propio sistema privado de justicia»2.
Considerando la trascendente función de la referida
convención privada, el ordenamiento patrio –en línea con la
Ley Modelo de la CNUDMI– establece que los laudos emitidos
en procedimientos de arbitraje internacional pueden
anularse a solicitud de parte, si se acredita «que el laudo versa
sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o
contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de
arbitraje», siendo posible que la invalidación solo se extienda
a ciertos segmentos del laudo –anulación parcial–.
2 MOSES, Margaret. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. Cambridge
University Press, Nueva York. 2008, p. 17 (Texto original: «When parties agree to arbitrate their
disputes, they give up the right to have those disputes decided by a national court. Instead, they agree
that their disputes will be resolved privately, outside of any court system. The arbitra- tion agreement
thus constitutes the relinquishment of an important right – to have the dispute resolved judicially – and
creates other rights. The rights it creates are the rights to establish the process for resolving the dispute.
In their arbitration agreement, the parties can select the rules that will govern the procedure, the
location of the arbitration, the language of the arbitra- tion, the law governing the arbitration, and
frequently, the decision-makers, whom the parties may choose because of their particular expertise in
the subject matter of the parties’ dispute. The parties’ arbitration agreement gives the arbitrators the
power to decide the dispute, and defines the scope of that power. In essence, the parties create their own
private system of justice»).
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La comentada causal de anulación requiere demostrar
una de dos hipótesis distintas –son motivos alternativos, no
concurrentes–. En primer lugar, que los árbitros zanjaron
una disputa ajena al pacto arbitral, esto es, que excedieron
su mandato, resolviendo sobre materias que las partes no
acordaron someter al arbitraje. O, en segundo lugar, que lo
resolutivo del laudo fue más allá de los linderos fijados en
aquel acuerdo de arbitraje, como ocurriría, a modo de
ejemplo, si allí se limita el arbitraje a la interpretación de
ciertas cláusulas de un contrato, y el tribunal arbitral
termina ordenando su resolución por incumplimiento.
La posibilidad de anulación que se viene comentando,
entonces, parte de reconocer que los árbitros derivan su
autoridad de un acto jurídico bilateral y voluntario, mediante
el cual las partes deciden renunciar a debatir una materia
específica ante la jurisdicción del Estado. Fuera de esos
linderos objetivos, el tribunal arbitral no tiene habilitación
para administrar justicia; por tanto, si el laudo no se ajusta
a los límites y lineamientos establecidos por las partes en el
acuerdo de arbitraje, su validez quedará comprometida.
También debe tenerse en cuenta que, según lo viene
sosteniendo el precedente,
«[e]l artículo 108 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional
permite la anulación parcial o total del laudo, previa petición de
parte, cuando aquél verse “sobre una controversia no prevista en
el acuerdo de arbitraje” o “contiene decisiones que exceden los
términos del acuerdo de arbitraje” (negrilla fuera de texto). Sobre
el alcance de esta causal tiene dicho la Sala que no es suficiente
con denunciar la “falta de congruencia de la decisión del laudo
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para con lo planteado en la demanda y esta puntual deficiencia”,
pues la misma “se ocupa de conferir efecto invalidante tan sólo a
la discordancia entre la materia del veredicto del Tribunal y el
ámbito de la controversia que las partes plasmaron como la
confiada al equivalente jurisdiccional”, esto es, deben acreditarse
“circunstancias indicativas de resolución por parte del Tribunal de
un litigio ajeno a la cláusula compromisoria” (negrilla fuera de
texto, SC5207, 18 ab. 2017, rad. n.° 2016-01312-00).
Este entendimiento, distante de la interpretación con mayor
aceptación –que clama porque la causal se aplique tanto al
desconocimiento de los límites del pacto arbitral, como a la
resolución de asuntos que no fueron planteados por las partes en
sus intervenciones principales–, ha sido prohijada por esta
corporación como forma de resguardar el carácter excepcional de
las causales de anulación y de dar prevalencia al principio pro-
arbitraje. Enfatícese, según la normativa colombiana, la anulación
sólo es procedente cuando el laudo se adentre en tópicos ajenos al
acuerdo arbitral, según el tenor literal de la ley 1563, sin
establecer igual consecuencia respecto a los escritos de demanda
o contestación, por la que una interpretación restrictiva impide
ampliar su contenido para cobijar estos últimos. Por tanto, cuando
la decisión de los árbitros exceda los términos de los libelos
iniciales, pero no desconozca los asuntos a que se refiere el
convenio arbitral, deberá darse prevalencia al arbitraje y rehusar
la anulación del laudo» (CSJ SC001-2019, ya citada).
3. Solución al caso concreto.
3.1. Tal como se dejó sentado en los antecedentes de
esta providencia, entre el señor Alejandro Lega Barco, quien
afirmó ser el representante de la Unión Temporal Estructura
Temporal 2019 – UTET, y Tyco Services S.A., se celebró un
«contrato de obra para la construcción de comunicaciones LAN, sistema
detección (sic) de incendio y extinción con agente limpio», cuya
cláusula vigesimoquinta es de este tenor:
«CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia
derivada de este Contrato, las Partes las someterán a la resolución
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de un tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá,
que se sujetara a lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012; el
reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá y las siguientes normas:
(i) El proceso se llevará en la ciudad de Bogotá, ante el Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá,
conforme su reglamentación interna;
(ii) El Tribunal será integrado por un (1) arbitro nombrado de
común acuerdo entre las partes. En caso de que las partes no
lleguen a un acuerdo respecto al nombramiento del Tribunal dentro
del mes siguiente a la diferencia, delegan su nombramiento al
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
(iii) El árbitro habrá de resolver en derecho;
(iv) El árbitro queda expresamente facultados (sic) para dictar
medidas cautelares, en los términos previstos en el Art. 32 de la
Ley 1563 de 2012, que contiene el Estatuto de Arbitraje Nacional
e Internacional;
(v) Los costos y gastos en que se incurra, incluidos los
honorarios profesionales pactados razonablemente, serán
cubiertos por la parte que fuere vencida. A pedido de parte, el
tribunal tendrá facultades para regular dichos honorarios si es que
le parecieren considerablemente excesivos o exiguos;
(vi) Las Partes se comprometen a aceptar el Laudo Arbitral; y,
(vii) De ser requerido, el respectivo laudo será ejecutado ante los
jueces competentes de la ciudad de Bogotá o del lugar en que se
encontraren los bienes del ejecutado».
Es claro, entonces, que las partes de ese negocio
jurídico decidieron que «[t]oda controversia o diferencia derivada de
este Contrato», es decir, cualquier tipo de disputa relativa al
«contrato de obra para la construcción de comunicaciones LAN, sistema
detección (sic) de incendio y extinción con agente limpio», sería
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zanjada por un tribunal arbitral. Y también lo es que el laudo
impugnado únicamente dispuso sobre ese negocio jurídico.
Véase, a modo de ilustración, la síntesis de la
motivación del laudo –acápite VII–, donde se compendiaron
las premisas centrales del argumento del tribunal arbitral:
«Las siguientes son las conclusiones a que ha llegado el Tribunal,
con base en lo expuesto.
A. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA
345. La excepción de contrato no cumplido, interpuesta por la
Parte Demandada, no prospera. Para el Tribunal es evidente que
el Contratista -Tyco-, estaba obligado a cumplir las
especificaciones contenidas en la Ingeniería Detallada, con el
alcance que esta tiene, de manera preferente a lo que se hubiese
dejado contemplado en el Anexo Técnico 1. Para llegar a la
conclusión expresada el Tribunal se apoyó en diversas
consideraciones, incluidos el dictamen pericial de la SCI, los
testimonios de los peritos de ambas partes, rendidos en audiencia,
y las normas de interpretación de los contratos contenidas en los
artículos 1618 y s.s. del Código Civil.
346. La alegación fundamental de la Demandada es que la
Demandante no cumplió con los requerimientos del Anexo Técnico
No. 1, al no instalar el cable de Fibra Óptica Monomodo ITU-T con
protección anti-roedores.
347. El Anexo Técnico 1 no era suficiente para ejecutar la Obra,
pues era indispensable la Ingeniería de Detalle y esta fue
contratada por la UTET y encomendada a Intexa Ingeniería/Intexa
Colombia S.A.S. y la versión de la misma al 14 de febrero de 2020,
que sirvió de base para la última propuesta de Tyco a la UTET, es
anterior a la firma del Contrato de Obra.
348. La responsabilidad de la Ingeniería de Detalle no fue
trasladada por la UTET al Contratista del Contrato de Obra sino a
Intexa Colombia S.A.S./Intexa Ingeniería, por lo cual no resulta
razonable derivar responsabilidad para Tyco por razón de la
elaboración de la Ingeniería de Detalle, ni por la ejecución de la
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Obra si dicha ejecución está conforme con la Ingeniería de Detalle
(...).
B. SOBRE LA MULTA IMPUESTA POR LA UTET
(...) 355. Las Partes pactaron, en ejercicio de la libertad
contractual, que la Contratante se cubriría de los riesgos de retraso
y del incumplimiento definitivo, y de tener que incurrir en las
dificultades probatorias relativas a perjuicios, valiéndose al efecto
de las penas estipuladas, es decir, una pena para el
incumplimiento definitivo y una sanción para el retraso, sanción
esta última que se causa por el solo hecho del incumplimiento, es
decir, que no se trata de que proceda mientras la obligación no se
haya cumplido sino que, por el contrario, se causa por el solo
retraso.
356. La comunicación UTET-CE-20210305-002 del 5 de mayo de
2021 reúne las características para considerarla como un
requerimiento que da cumplimiento al procedimiento para la
imposición de la multa y la Demandante no puede aducir que el
retardo en la entrega no produjo perjuicio a la Demandada, por
aplicación del artículo 1599 del Código Civil, según el cual la
ausencia de perjuicio no puede ser alegada.
357. En el presente caso no se configura la fuerza mayor como
eximente de responsabilidad derivado de la pandemia por el
Covid-19 (...).
358. Si bien está demostrado que el Demandante actuó con
diligencia para tratar de cumplir con la entrega e instalación de las
UPS brindando una solución temporal y contratando un segundo
proveedor, con los sobrecostos que ello conlleva, lo cierto es que la
estipulación de un plazo en el Otrosí No. 1 y la estipulación de la
posibilidad de hacerse acreedor a multas, conociendo de primera
mano las dificultades existentes para cumplir su obligación dentro
del mismo, no puede servir de excusa para el incumplimiento.
359. Por lo anterior, el Tribunal concluyó que la multa era
procedente, pero que era necesario reducir su valor, con
fundamento en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código
de Comercio, toda vez que las cinco (5) UPS, fueron recibidas y solo
dos de ellas fueron entregadas con retraso, luego no es admisible
la imposición de la totalidad de la pena por retraso y menos aun
cuando la multa aplicada equivale al mismo valor establecido por
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concepto de la
cláusula penal
por incumplimiento definitivo, el cual
no se produjo pues el contrato se cumplió (...).
C. SOBRE EL PAGO DEL SALDO DEL PRECIO DEL CONTRATO Y
LA NULIDAD DEL PARÁGRAFO TERCERO DE LA CLÁUSULA
TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA
361. El Tribunal considera que, al no prosperar la excepción de
contrato no cumplido, la Demandada incumplió la obligación de
pagar el precio del contrato, y que el rechazo por parte de la UTET
a la factura presentada era infundado.
362. Existió, en consecuencia, incumplimiento imputable a la
Demandada, a título de culpa, pero sin que estuviere acreditado el
dolo de esta última, o la culpa grave, y el tribunal desecha acceder
a la solicitud de nulidad del parágrafo tercero de la cláusula
tercera del Contrato de Obra.
363. El Tribunal, conforme a lo establecido en el artículo 884 del
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510
de 1999, aplicará para calcular los intereses moratorios, por haber
sido convenido así entre las Partes, la tasa prevista en el Parágrafo
Tercero de la Cláusula Tercera del Contrato de Obra».
Es notorio, entonces, que el tribunal arbitral solo
analizó asuntos relativos al contrato que contiene el pacto
arbitral. Y –amén de las cuestiones procesales de rigor– en el
laudo solo se adoptaron decisiones directamente ligadas con
esa temática, a saber, declarar que (i) «no procede la excepción de
contrato no cumplido interpuesta por la Demandada»; que (ii) «Tyco
Services S.A. cumplió con el objeto del Contrato de Obra», y que (iii) «la
Demandada y sus miembros, solidariamente, deben pagar a Tyco
Services S.A. el saldo del precio del contrato, descontado el valor de la
multa de COP $205.177.362, es decir, un saldo neto de COP
$3.908.811.597,35», junto con «los intereses moratorios calculados a
la tasa del DTF + 2 prevista en el Parágrafo Tercero de la Cláusula
Tercera del Contrato de Obra, liquidados a partir del 9 de agosto de 2021
y hasta la fecha en que se realice el pago».
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En esos términos, el pronunciamiento del tribunal
arbitral es totalmente simétrico con el objeto de su mandato:
zanjar las disputas suscitadas en el marco del «contrato de obra
para la construcción de comunicaciones LAN, sistema detección (sic) de
incendio y extinción con agente limpio»–. A ello se suma que la
redacción del pacto arbitral incluye cualquier disputa
contractual –los estipulantes convinieron que «todas sus
controversias o diferencias» se someterían a ese método de
solución de disputas–. En consecuencia, podría descartarse,
al menos desde la perspectiva explicada, que el laudo
recurrido «verse sobre una controversia no prevista en el acuerdo de
arbitraje o contenga decisiones que exceden los términos del acuerdo».
3.2. Ahora bien, las impugnantes pretendieron eludir
ese análisis básico de simetría formal entre el objeto del pacto
arbitral y el pronunciamiento del tribunal arbitral, aludiendo
a dos circunstancias que tienen trascendencia más allá del
ámbito de la simple congruencia. En primer lugar, adujeron
que el laudo recurrido sí versa «sobre una controversia no prevista
en el acuerdo de arbitraje», porque ese pacto concreto hace parte
de un contrato signado por el representante de la Unión
Temporal Estructura Temporal 2019 – UTET, y no por alguna
de las recurrentes.
En segundo lugar, sostuvieron que el laudo también
«contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje»,
comoquiera que allí se dispuso que las condenas fueran
sufragadas por todas las convocadas de manera solidaria,
perdiendo de vista que «el Acuerdo de la UTET expresamente
estableció los porcentajes a partir de los cuales respondería cada
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integrante», lo que significaría que las prestaciones a cargo de
las integrantes de la unión temporal debieron ser autónomas
y equivalentes a su participación individual.
Habiendo quedado ampliamente descrito el problema
jurídico planteado por las recurrentes, la Sala advierte que
sus alegaciones no se adecúan a la causal de anulación
invocada, por lo siguiente:
3.2.1. Intuitivamente parecería ineludible concluir
que, si las sociedades recurrentes no fueron parte del pacto
arbitral –ni del contrato de obra–, ninguna controversia que
las involucrara podría considerarse como «prevista en el acuerdo
de arbitraje». La inexistencia de aquel convenio comportaría,
forzosamente, la ausencia de un marco de habilitación para
un pronunciamiento de un tribunal arbitral; por tanto, si ese
pronunciamiento se produjo –es decir, si se dictó un laudo
en las referidas condiciones–, el exceso de competencia del
tribunal arbitral sería manifiesto.
Ocurre, sin embargo, que las sociedades recurrentes
aceptaron, expresa y tácitamente, su condición de partes del
contrato en cuya cláusula vigesimoquinta está consagrado el
pacto arbitral. Dichas compañías nacionales y extranjeras
desempeñaron un rol activo en el procedimiento arbitral,
asumiendo la condición referida –de partes del «contrato de obra
para la construcción de comunicaciones LAN, sistema detección (sic) de
incendio y extinción con agente limpio»–. Además, no debatieron la
competencia del tribunal arbitral, ni refutaron la
representación conjunta ejercida por el señor Alejandro Lega
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Barco en aquel negocio jurídico –premisa implícita de toda la
actuación, y de la motivación del laudo arbitral–.
Recuérdese que, ab initio, Tyco Services S.A. convocó a
la Unión Temporal Estructura Temporal 2019 – UTET ante
un tribunal arbitral nacional, pero el árbitro designado por
aquel entonces resolvió que lo procedente era dirigir el
petitum contra las integrantes de esa unión temporal –las
aquí recurrentes–, pues la UTET carecía de capacidad para
ser parte. Ahora bien, una vez reformada la demanda, y
vencido su traslado en silencio, el árbitro declaró su falta de
competencia, tras evidenciar que las partes del acuerdo de
arbitraje –Tyco Services S.A., y las sociedades que integran la
UTET– tenían domicilios en estados diferentes.
A continuación, Tyco Services S.A. remitió al Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá
la solicitud de inicio de arbitraje internacional de que trata el
artículo 3.5. del respectivo Reglamento, y envió también una
copia a cada una de las cinco sociedades que –con el fin de
participar en un proceso de contratación pública–
conformaron la Unión Temporal Estructura Temporal 2019 –
UTET, esto es, Morris Group (Sudbury) Inc.; Workforce, Inc.;
David Morris Dentistry Professional Corp.; Smartbrix
Espacios Modulares S.A.S.; Montajes Modulares y
Almacenamientos S.A.S., y Solinoff Corporation S.A.S.
Al responder a esa solicitud, el mandatario de esas
cinco personas jurídicas –a quien cada una de ellas otorgó
poder por separado– expuso su visión particular del conflicto
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y de los reclamos de su contraparte, asumiendo de manera
invariable que sus representadas eran partes del «contrato de
obra para la construcción de comunicaciones LAN, sistema detección (sic)
de incendio y extinción con agente limpio», o, cuando menos, que
tenían legitimación en la causa para oponerse a la acción
contractual que ejercitó la convocante.
3.2.2. Con similar orientación, en la orden
procesal n.º 1, de 21 de diciembre de 2022, el árbitro Torres
Fernández de Castro enlistó a todas las sociedades
recurrentes como partes procesales, y dijo expresamente que
el acuerdo arbitral sobre el que se asentaba el procedimiento
arbitral internacional estaba contenido «en la cláusula
vigesimoquinta del “Contrato de Obra para la Construcción de
Comunicaciones LAN, Sistema Detección de Incendio y de Extinción con
Agente Limpio” suscrito el 26 de febrero de 2019 entre las Partes».
La demanda, radicada a continuación, también se
dirigió contra las personas jurídicas que impugnan el laudo
arbitral, so pretexto de que, «[s]i bien el Contrato que da origen a la
presente controversia fue suscrito entre Tyco y la UTET, quienes están
llamadas a comparecer como demandadas a este trámite arbitral, según
las normas aplicables, son las compañías que integran la UTET». Y, al
contestar esa demanda, las hoy recurrentes aceptaron ese rol
–de partes–, y no solamente respecto del procedimiento
arbitral, sino del contrato de obra en general, tal como
expresamente lo afirman en el numeral III de ese escrito («el
pacto arbitral ... aparece en la cláusula vigesimoquinta del Contrato de
Obra celebrado entre las partes...»).
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Es más, la única defensa de las convocadas se basó en
que su contraparte había incumplido las obligaciones a su
cargo; y siendo las obligaciones un concepto relacional, en
tanto vinculan jurídicamente a un deudor con un acreedor,
tras ese alegato subyace la idea de que existía un lazo
obligacional entre las cinco demandadas –acreedoras– y Tyco
Services S.A. –deudora–, cuya fuente no puede ser otra que
el pluricitado contrato de obra.
3.2.3. En este punto cabe anotar que las dos partes
–Tyco Services S.A. y las aquí recurrentes– transcribieron en
sus escritos de demanda y contestación la aludida cláusula
vigesimoquinta, que incorpora el pacto arbitral, aceptando
ser sus «partes». Por tanto, aun si se pudiera discutir la
condición de partes del contrato de las cinco sociedades que
impugnaron el laudo, sería irrefutable su posición de partes
del acuerdo de arbitraje. Ello en armonía con lo dispuesto en
el artículo 69, lit. c), del Estatuto de Arbitraje, a cuyo tenor
«se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando esté
contenido en un intercambio de escritos de demanda y
contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada
por una parte sin ser negada por la otra».
La aquiescencia frente a la competencia del tribunal
arbitral, y el comportamiento de las convocadas a lo largo de
ese procedimiento, parece incompatible con su actual
desconocimiento del pacto arbitral. De hecho, como viene de
verse, ese acuerdo podría reconstruirse con base en la
demanda y su contestación, ya que la totalidad de las
convocadas transcribieron en su escrito de réplica la
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cláusula vigesimoquinta del «contrato de obra para la construcción
de comunicaciones LAN, sistema detección (sic) de incendio y extinción
con agente limpio» –es decir, el pacto arbitral–, diciéndose
partícipes directos de lo allí concertado.
Existe, pues, un acuerdo de arbitraje que involucra a
las cinco recurrentes con Tyco Services S.A., conclusión que
podría soportarse en su comportamiento desde el inicio del
trámite –radicalmente orientado a reconocer los efectos
vinculantes de ese pacto–, o en la aplicación de la citada regla
del literal c) del precepto 69. Y como, se reitera, ese acuerdo
arbitral se refiere a las mismas materias sobre las que se
pronunció el tribunal arbitral, de nuevo parece que la causa
de anulación invocada estaría descartada.
3.2.4. Como los hechos previamente compendiados
dan cuenta, de manera irrefutable, que el pacto arbitral
vincula a las cinco recurrentes, su único argumento podría
traducirse en una simple afirmación: el laudo arbitral es
inconsonante, porque asigna las consecuencias de una
infracción contractual a personas jurídicas ajenas al contrato
de obra sobre el que versaba la disputa –o, en su defecto,
porque lo hizo obviando las reglas previstas en el contrato de
asociación que dio origen a la unión temporal–.
El alegato de Morris Group (Sudbury) Inc.; Workforce,
Inc.; David Morris Dentistry Professional Corp.; Smartbrix
Espacios Modulares S.A.S.; Montajes Modulares y
Almacenamientos S.A.S., y Solinoff Corporation S.A.S.,
entonces, consistiría en que el tribunal arbitral no podía
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imponerles condena alguna, porque su competencia deriva
de un contrato –el pluricitado «contrato de obra para la
construcción de comunicaciones LAN, sistema detección (sic) de incendio
y extinción con agente limpio»– en el que ninguna de esas
personas jurídicas tuvo participación directa.
Prima facie, este modo de interpretar los hechos
fundantes de la anulación parecería consistente con el
propósito de las recurrentes, y permitiría que su censura
fuera inteligible, a pesar de estar probado que se atribuyeron
la condición de partes del acuerdo de arbitraje durante todo
el trámite arbitral. Pero sucede que ese cuestionamiento
abandonaría la esfera formal, y se adentraría en una cuestión
sustantiva: la legitimación en la causa de las convocadas de
cara a la acción contractual que promovió Tyco Services S.A.
Ciertamente, la decisión adoptada en el laudo recurrido
solo resulta coherente bajo el entendido de que las citadas
entidades –Morris Group (Sudbury) Inc.; Workforce, Inc.;
David Morris Dentistry Professional Corp.; Smartbrix
Espacios Modulares S.A.S.; Montajes Modulares y
Almacenamientos S.A.S., y Solinoff Corporation S.A.S.– son
partes tanto en el procedimiento de arbitraje internacional,
como también en el «contrato de obra para la construcción de
comunicaciones LAN, sistema detección (sic) de incendio y extinción con
agente limpio» al que se refirió el tribunal arbitral.
Cabe aclarar que la cuestión no aparece expresamente
abordada en el laudo recurrido, pero las cosas no podrían ser
de un modo diverso del anunciado, porque lo que justifica las
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condenas impuestas a las cinco sociedades convocadas, hoy
recurrentes, no es su condición de partes de un acuerdo de
arbitraje, sino de contratantes incumplidas del contrato de
obra. Y esa calificación es, a no dudarlo, cuestión de derecho
sustantivo, por lo que no puede debatirse ante esta sede
excepcional, en virtud del comentado principio de mínima
intervención judicial en el arbitraje comercial internacional.
3.2.5. Así las cosas, aunque se hubiera presentado
como un reproche meramente formal, el juicio de corrección
del laudo arbitral que promueven las recurrentes impone
elucidar cuestiones de linaje sustantivo, como, por ejemplo,
si el señor Lega Barco ejerció (o no) la representación de las
sociedades integrantes de la Unión Temporal Estructura
Temporal 2019 – UTET al firmar el «contrato de obra para la
construcción de comunicaciones LAN (...)»; o si es posible (o no) que
una unión temporal participe de un contrato comercial
sometido a las leyes colombianas.
Pero tales materias escapan a la habilitación de la Sala,
de modo que el alegato principal de las impugnantes no
puede abrirse paso. Y lo mismo cabe predicar del secundario,
atinente al modo en el que se debió distribuir la condena
impuesta por el árbitro. El debate acerca de si esa prestación
debe ser conjunta o solidaria es eminentemente sustantivo;
no tiene ninguna conexión con la habilitación formal de los
árbitros, sino con el acierto de sus inferencias –implícitas– en
torno al contenido jurídico del contrato de obra (sus partes,
las prestaciones a su cargo, etc.), temática que, se reitera, es
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totalmente ajena a la labor que asignó el legislador a esta
Corporación en sede de anulación.
3.3. En conclusión, las recurrentes no demostraron
que el laudo de 20 de diciembre de 2023 «verse sobre una
controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contenga decisiones
que exceden los términos del acuerdo». Por consiguiente, se
declarará infundado el recurso, y se condenará en costas a
las sociedades impugnantes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR IMPRÓSPERO el recurso de
anulación interpuesto por Morris Group (Sudbury) Inc.;
Workforce, Inc.; David Morris Dentistry Professional Corp.;
Smartbrix Espacios Modulares S.A.S.; Montajes Modulares y
Almacenamientos S.A.S., y Solinoff Corporation S.A.S.,
contra el laudo arbitral emitido el 20 de diciembre de 2023.
SEGUNDO. Costas a cargo de las recurrentes.
Liquídense, incluyendo la cantidad de diez salarios mínimos
legales mensuales vigentes (10 SMLMV), que fija la
Magistrada Sustanciadora como agencias en derecho.
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Notifíquese y cúmplase
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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