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clave: "corte_suprema:providencia:SC1988-2024 [2024-01138-00]"
titulo: "Corte Suprema: en su acuerdo de arbitraje las partes pueden elegir las normas que regirán el procedimiento"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-08-15"
radicado: "2024-01138-00"
numero: "SC1988-2024"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte Suprema: en su acuerdo de arbitraje las partes pueden elegir las normas que regirán el procedimiento

- **Título oficial / radicado:** SC1988-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-08-15
- **Radicado:** 2024-01138-00
- **Número:** SC1988-2024
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1988-2024%20%5B2024-01138-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1988-2024%20%5B2024-01138-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzguLSBBZ29zdG8vU2VudGVuY2lhcy9TQzE5ODgtMjAyNCBbMjAyNC0wMTEzOC0wMF0ucGRm/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

En su acuerdo de arbitraje las partes pueden elegir las normas que regirán el procedimiento, el lugar del arbitraje, el idioma del arbitraje, la ley que rige el arbitraje y, con frecuencia, las personas encargadas de tomar las decisiones, que las partes pueden elegir por su experiencia particular en la materia objeto de la disputa de las partes.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1563 de 2012
- Ley 510 de 1999
- Constitución Política

## Extracto

En el presente caso no se configura la fuerza mayor como eximente de responsabilidad derivado de la pandemia por el Covid-19… . En consecuencia, podría descartarse, al menos desde la perspectiva explicada, que el laudo recurrido «verse sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contenga decisiones que exceden los términos del acuerdo». Así las cosas, aunque se hubiera presentado como un reproche meramente formal, el juicio de corrección del laudo arbitral que promueven las recurrentes impone elucidar cuestiones de linaje sustantivo, como, por ejemplo, si el señor Lega Barco ejerció (o no) la representación de las sociedades integrantes de la Unión Temporal Estructura Temporal 2019 – UTET al firmar el «contrato de obra para la construcción de comunicaciones LAN… »; o si es posible (o no) que una unión temporal participe de un contrato comercial sometido a las leyes colombianas.

## Síntesis temática

El legislador destina una sección autónoma del Estatuto de Arbitraje para regular el arbitraje internacional en aquellos eventos donde las partes tengan domicilios en Estados diferentes o el lugar de cumplimiento de las obligaciones esté situado fuera del Estado, estableciendo en el marco de dicha normativa especial que contra el laudo arbitral solamente procederá el recurso de anulación por las causales taxativamente establecidas en el artículo 108 de la Ley 1563 de 2012 que reproduce la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, rigiéndose por el principio de mínima intervención judicial que busca garantizar un control excepcional y limitado a aspectos extrínsecos y formales para mantener el arbitraje como un mecanismo eficaz y autónomo de resolución de disputas.

## Texto del documento

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
SC1988-2024
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01138-00
(Discutido en sesión de veinticinco de julio de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil
veinticuatro (2024)
Se decide el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por las convocadas, Morris Group (Sudbury) Inc.;
Workforce, Inc.; David Morris Dentistry Professional Corp.;
Smartbrix Espacios Modulares S.A.S.; Montajes Modulares y
Almacenamientos S.A.S., y Solinoff Corporation S.A.S.,
contra el laudo arbitral de 20 de diciembre de 2023, emitido
en el trámite del arbitraje internacional convocado por Tyco
Services S.A.
ANTECEDENTES
1. Mediante el laudo de 20 de diciembre de 2023, el
Tribunal arbitral compuesto por el árbitro único José
Fernando Torres Fernández de Castro acogió parcialmente
los reclamos de la convocante, y dispuso, entre otras cosas,
«declarar que la demandada y sus miembros, solidariamente, deben
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pagar a Tyco Services S.A. el saldo del precio del contrato, descontado el
valor de la multa de COP $205.177.362, es decir, un saldo neto de COP
$3.908.811.597,35», junto con los intereses de mora causados.
Cabe señalar que (i) esas determinaciones se refieren a
un «contrato de obra para la construcción de comunicaciones LAN,
sistema detección (sic) de incendio y extinción con agente limpio»,
negocio jurídico que ajustaron «el representante legal de la Unión
Temporal Estructura Temporal 2019 – UTET», como contratante, y
Tyco Services S.A., como contratista; y que (ii) las sociedades
impugnantes integran la referida unión temporal, según se
sigue de su documento de constitución.
2. En oportunidad, las convocadas interpusieron
recurso de anulación contra el laudo de 20 de diciembre de
2023, invocando la causal que prevé el artículo 108-1, lit. c),
de la Ley 1563 de 2012, a cuyo tenor: «La autoridad judicial podrá
anular el laudo arbitral a solicitud de parte o de oficio: 1. A solicitud de
parte, cuando la parte recurrente pruebe: (...) c) Que el laudo versa sobre
una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene
decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje (...)».
En sustento de su censura, adujeron que «el contrato de
obra que fue analizado en el laudo arbitral (...) y que incluyó el pacto
arbitral que habilitó al Tribunal de Arbitraje para resolver la controversia,
fue celebrado entre la Unión Temporal Estructura Temporal 2019, como
Contratante, y Tyco Services S.A., como Contratista». Por tanto,
siendo «partes del contrato de obra y del acuerdo de arbitraje (...) la
UTET y TYCO (...), el laudo arbitral incurrió en un yerro que debe conducir
a su anulación: resolvió una controversia en contra de sociedades
comerciales nacionales y extranjeras que no celebraron el Acuerdo de
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Arbitraje, razón por la cual el H. Tribunal de Arbitraje desbordó el
acuerdo arbitral».
Por esa vía, reiteraron que, «a partir de una lectura del
acuerdo de arbitraje y del laudo arbitral, quienes resultaron vinculados
al proceso y posteriormente condenados solidariamente fueron los
miembros de la UTET, es decir, sociedades comerciales independientes
y con personería jurídica propia, que jamás dieron su consentimiento
para suscribir el contrato de obra o el acuerdo de arbitraje», y que «fue
la UTET la que podía ser vinculada al proceso, la que prestó su
consentimiento y la que expresamente manifestó su voluntad de someter
las controversias que se derivaran del contrato de obra a arbitraje. Nadie
más. En tal sentido, solo la UTET podría ser sujeto de una decisión».
También sostuvieron que «el Tribunal de Arbitraje desconoció
que en arbitraje internacional no era procedente la vinculación individual
que se hizo en la demanda arbitral y en el proceso a las sociedades que
conforman la UTET, simplemente porque la limitación, reglas procesales
existentes o decisiones jurisprudenciales en torno a la vinculación de las
figuras asociativas (como la UTET) a arbitrajes, es decir, aquellas reglas
procesales que impiden demandar directamente a las uniones
temporales y consorcios por - supuestamente-no tener capacidad para
ser parte en los procesos judiciales, tienen su fuente única en la
legislación procesal colombiana (Código General del Proceso), las cuales
eran del todo inaplicables a este trámite arbitral».
Por esa misma senda, indicaron que «acudir a estándares
locales en la tramitación de procedimientos de arbitraje internacional
atenta contra lo que la ley de arbitraje pretende, de ahí que resulte
menester que se anule el Laudo Arbitral para mantener la armonía en
las decisiones de arbitraje internacional», a lo que añadieron que,
«cuando el laudo arbitral resolvió efectuar declaraciones y condenas en
contra de los recurrentes como personas jurídicas individualmente
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consideradas y, tras ello, imponer condena solidaria, decidió “sobre una
controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje”» y, por esta vía,
«“contuvo decisiones que excedieron los términos del acuerdo de
arbitraje” en los términos del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012 pues
esta decisión no era objeto del acuerdo de arbitraje establecido para la
presente controversia, cuyo signatario fue la UTET y, desde tal condición,
era este sujeto de derechos y obligaciones la única que podía ser objeto
de las declaraciones y condenas contenidas en el laudo arbitral».
Por último, destacaron que «el tribunal de arbitraje jamás
vinculó a la UTET al proceso de arbitraje internacional y, al contrario, en
el laudo arbitral se impusieron declaraciones y condenas contra
sociedades comerciales individuales, con ello se alteró por completo la
controversia que habría de ser resuelta mediante arbitraje, según lo
pactado en el acuerdo de arbitraje», y que «tan probado está que el
Laudo Arbitral resolvió otra controversia, que muy a pesar de que el
Acuerdo de la UTET expresamente estableció los porcentajes a partir de
los cuales respondería cada integrante, el Tribunal prescindió por
completo de su aplicación y, como había vinculado a sociedades
comerciales individualmente consideradas, las condenó solidariamente
en aplicación del artículo 825 del Código de Comercio».
3. Mediante auto de 19 de abril de 2024 se admitió el
recurso de anulación en comento. Enterada de dicha
providencia, la sociedad opositora –convocante del trámite de
arbitraje internacional– alegó que «las recurrentes no demostraron
que se hubieran presentado los presupuestos para que se configurara la
causal de anulación contenida en el literal c del numeral primero del
artículo 108 de la Ley 1563».
Recordó que, en principio, Tyco Services S.A. había
convocado a un arbitraje doméstico a la UTET, y que, en el
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decurso de ese trámite, el árbitro designado había emitido
una providencia teniendo por no contestada la demanda y
declarando la naturaleza internacional del arbitraje. Contra
esa decisión, las ahora recurrentes «presentaron un recurso de
reposición», afirmando que «la UTET no puede ser parte del proceso,
y que por lo tanto las verdaderas demandadas son las sociedades
integrantes de la UTET, e insist[iendo] en que el Sr. Lega [representante
de la UTET] está expresamente facultado para la representación de
todas y cada una de las recurrentes, individualmente consideradas».
A ello añadió que «las recurrentes dieron su consentimiento a
la cláusula compromisoria que invoco Tyco desde el documento de
constitución de la UTET. Y aún si no lo hubieran hecho, dicho
consentimiento se formó durante el trámite del arbitraje internacional,
pues las recurrentes no negaron que la cláusula compromisoria invocada
por Tyco les fuera aplicable. Por el contrario, confirmaron que dicha
cláusula era válida y vinculante para ellas. Lo anterior en cumplimiento
de lo establecido en el literal c) del artículo 69 de la Ley 1563 respecto
de la convalidación de la existencia de un acuerdo de arbitraje escrito».
De otro lado, precisó que, «aunque se aceptara la falsa tesis
de las recurrentes de que nunca dieron su consentimiento para el
acuerdo de arbitraje, que sí lo dieron, lo cierto es que las recurrentes
tampoco objetaron la existencia del acuerdo de arbitraje y, por lo tanto,
renunciaron al derecho a objetar o recurrir por esta razón». También
señaló que «la UTET no tenía la capacidad para ser parte del Arbitraje
Internacional», tal como «fue reconocido por las recurrentes en la
solicitud de aclaración y corrección del laudo presentado en enero de este
año. En dicha oportunidad, las recurrentes afirmaron que las uniones
temporales no tienen capacidad para concurrir al proceso».
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Para finalizar, puso de presente que «la responsabilidad
solidaria de las recurrentes no fue una cuestión disputada por las
recurrentes a lo largo del trámite del arbitraje internacional», y que «la
aplicación de las normas sobre la solidaridad no es una cuestión que
pueda ser controvertida a través de un recurso de anulación, pues se
trata de un asunto del fondo del litigio. Mucho menos cuando dicho
asunto no fue objeto de discusión durante el Arbitraje Internacional, en
donde se le garantizaron a las Recurrentes las oportunidades para
ejercer de forma oportuna su derecho de contradicción».
4. Por solicitud de la Sala, el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá remitió el
expediente digital del trámite de arbitraje internacional.
CONSIDERACIONES
1. Anulación de laudos arbitrales internacionales
y principio de mínima intervención judicial en el
arbitraje comercial internacional.
1.1. El ordenamiento patrio, siguiendo una moderna
tendencia legislativa, destinó una sección autónoma del
Estatuto de Arbitraje para regular el arbitraje internacional,
esto es, aquel en el que «a) Las partes en un acuerdo de arbitraje
tengan, al momento de [su] celebración, (...) domicilios en Estados
diferentes; o b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las
obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación
más estrecha, está situado fuera del Estado en el cual las partes tienen
sus domicilios; o c) La controversia sometida a decisión arbitral afecte los
intereses del comercio internacional» (art. 62, Ley 1563 de 2012).
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En el marco de esa normativa especial, se estableció que
«contra el laudo arbitral solamente procederá el recurso de
anulación por las causales taxativamente establecidas en esta
sección», esto es, los motivos enlistados en el artículo 108 de
la Ley 1563 de 2012 –que, en lo medular, reproduce el
contenido de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje
Comercial Internacional (art. 34)–. Cabe anotar que las
causales de anulación están divididas en dos subgrupos; de
un lado, las que requieren alegación de parte (num. 1):
«a) Que para el momento del acuerdo de arbitraje estaba
afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es válido
en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se
hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley colombiana; o
b) Que no fue debidamente notificada de la designación de un
árbitro o de la iniciación de la actuación arbitral o no pudo, por
cualquiera otra razón, hacer valer sus derechos; o
c) Que el laudo versa sobre una controversia no prevista en el
acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los
términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones
del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje
pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular
estas últimas; o
d) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento
arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las partes, salvo que
dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta
sección de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de
dicho acuerdo, que no se ajustaron a las normas contenidas en
esta sección de la ley».
Y, de otro, las que admiten reconocimiento de oficio por
parte de esta Corporación –autoridad encargada de resolver
los recursos de anulación contra laudos dictados en trámites
de arbitraje internacional (art. 68)–; a saber, que «a) Según la
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ley colombiana, el objeto de la controversia no [sea] susceptible de
arbitraje», o que «b) El laudo sea contrario al orden público internacional
de Colombia» (num. 2).
1.2. Además del carácter taxativo de las causales de
anulación, el ordenamiento jurídico colombiano establece
claramente que «la autoridad judicial no se pronunciará sobre el fondo
de la controversia ni calificará los criterios, valoraciones probatorias,
motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral» (art.
107). Esta disposición refuerza el principio de mínima
intervención de la jurisdicción estatal en los conflictos
sometidos a la

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

acuerdo podría reconstruirse con base en la
demanda y su contestación, ya que la totalidad de las
convocadas transcribieron en su escrito de réplica la
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cláusula vigesimoquinta del «contrato de obra para la construcción
de comunicaciones LAN, sistema detección (sic) de incendio y extinción
con agente limpio» –es decir, el pacto arbitral–, diciéndose
partícipes directos de lo allí concertado.
Existe, pues, un acuerdo de arbitraje que involucra a
las cinco recurrentes con Tyco Services S.A., conclusión que
podría soportarse en su comportamiento desde el inicio del
trámite –radicalmente orientado a reconocer los efectos
vinculantes de ese pacto–, o en la aplicación de la citada regla
del literal c) del precepto 69. Y como, se reitera, ese acuerdo
arbitral se refiere a las mismas materias sobre las que se
pronunció el tribunal arbitral, de nuevo parece que la causa
de anulación invocada estaría descartada.
3.2.4. Como los hechos previamente compendiados
dan cuenta, de manera irrefutable, que el pacto arbitral
vincula a las cinco recurrentes, su único argumento podría
traducirse en una simple afirmación: el laudo arbitral es
inconsonante, porque asigna las consecuencias de una
infracción contractual a personas jurídicas ajenas al contrato
de obra sobre el que versaba la disputa –o, en su defecto,
porque lo hizo obviando las reglas previstas en el contrato de
asociación que dio origen a la unión temporal–.
El alegato de Morris Group (Sudbury) Inc.; Workforce,
Inc.; David Morris Dentistry Professional Corp.; Smartbrix
Espacios Modulares S.A.S.; Montajes Modulares y
Almacenamientos S.A.S., y Solinoff Corporation S.A.S.,
entonces, consistiría en que el tribunal arbitral no podía
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imponerles condena alguna, porque su competencia deriva
de un contrato –el pluricitado «contrato de obra para la
construcción de comunicaciones LAN, sistema detección (sic) de incendio
y extinción con agente limpio»– en el que ninguna de esas
personas jurídicas tuvo participación directa.
Prima facie, este modo de interpretar los hechos
fundantes de la anulación parecería consistente con el
propósito de las recurrentes, y permitiría que su censura
fuera inteligible, a pesar de estar probado que se atribuyeron
la condición de partes del acuerdo de arbitraje durante todo
el trámite arbitral. Pero sucede que ese cuestionamiento
abandonaría la esfera formal, y se adentraría en una cuestión
sustantiva: la legitimación en la causa de las convocadas de
cara a la acción contractual que promovió Tyco Services S.A.
Ciertamente, la decisión adoptada en el laudo recurrido
solo resulta coherente bajo el entendido de que las citadas
entidades –Morris Group (Sudbury) Inc.; Workforce, Inc.;
David Morris Dentistry Professional Corp.; Smartbrix
Espacios Modulares S.A.S.; Montajes Modulares y
Almacenamientos S.A.S., y Solinoff Corporation S.A.S.– son
partes tanto en el procedimiento de arbitraje internacional,
como también en el «contrato de obra para la construcción de
comunicaciones LAN, sistema detección (sic) de incendio y extinción con
agente limpio» al que se refirió el tribunal arbitral.
Cabe aclarar que la cuestión no aparece expresamente
abordada en el laudo recurrido, pero las cosas no podrían ser
de un modo diverso del anunciado, porque lo que justifica las
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condenas impuestas a las cinco sociedades convocadas, hoy
recurrentes, no es su condición de partes de un acuerdo de
arbitraje, sino de contratantes incumplidas del contrato de
obra. Y esa calificación es, a no dudarlo, cuestión de derecho
sustantivo, por lo que no puede debatirse ante esta sede
excepcional, en virtud del comentado principio de mínima
intervención judicial en el arbitraje comercial internacional.
3.2.5. Así las cosas, aunque se hubiera presentado
como un reproche meramente formal, el juicio de corrección
del laudo arbitral que promueven las recurrentes impone
elucidar cuestiones de linaje sustantivo, como, por ejemplo,
si el señor Lega Barco ejerció (o no) la representación de las
sociedades integrantes de la Unión Temporal Estructura
Temporal 2019 – UTET al firmar el «contrato de obra para la
construcción de comunicaciones LAN (...)»; o si es posible (o no) que
una unión temporal participe de un contrato comercial
sometido a las leyes colombianas.
Pero tales materias escapan a la habilitación de la Sala,
de modo que el alegato principal de las impugnantes no
puede abrirse paso. Y lo mismo cabe predicar del secundario,
atinente al modo en el que se debió distribuir la condena
impuesta por el árbitro. El debate acerca de si esa prestación
debe ser conjunta o solidaria es eminentemente sustantivo;
no tiene ninguna conexión con la habilitación formal de los
árbitros, sino con el acierto de sus inferencias –implícitas– en
torno al contenido jurídico del contrato de obra (sus partes,
las prestaciones a su cargo, etc.), temática que, se reitera, es
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totalmente ajena a la labor que asignó el legislador a esta
Corporación en sede de anulación.
3.3. En conclusión, las recurrentes no demostraron
que el laudo de 20 de diciembre de 2023 «verse sobre una
controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contenga decisiones
que exceden los términos del acuerdo». Por consiguiente, se
declarará infundado el recurso, y se condenará en costas a
las sociedades impugnantes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR IMPRÓSPERO el recurso de
anulación interpuesto por Morris Group (Sudbury) Inc.;
Workforce, Inc.; David Morris Dentistry Professional Corp.;
Smartbrix Espacios Modulares S.A.S.; Montajes Modulares y
Almacenamientos S.A.S., y Solinoff Corporation S.A.S.,
contra el laudo arbitral emitido el 20 de diciembre de 2023.
SEGUNDO. Costas a cargo de las recurrentes.
Liquídense, incluyendo la cantidad de diez salarios mínimos
legales mensuales vigentes (10 SMLMV), que fija la
Magistrada Sustanciadora como agencias en derecho.
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Notifíquese y cúmplase
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 5379FE66682366497C447F7C2B8B058C8787EBC37E7C07A5176FCC9B2635F7AF
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1988-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-08-15. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2024-01138-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1988-2024%20%5B2024-01138-00%5D).
