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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado ponente
SC1791-2025
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01481-00
(Aprobado en sesión de veinticuatro de julio de dos mil veinticinco)
Bogotá, D. C., cuatro (04) de septiembre de dos mil
veinticinco (2025).
Procede la Corte a dictar sentencia anticipada que
decide el recurso extraordinario de revisión formulado por
Sergio León Montoya Díaz contra la sentencia de 23 de abril
de 2019, proferida por la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia.
ANTECEDENTES
1. El proceso de restitución de tierras y la sentencia
impugnada
1.1. A través de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el señor Fabio
de Jesús Sierra Sierra elevó solicitud de restitución de los
predios «La Estrella» y «El Lucero», ubicados en el municipio de
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San Roque y englobados bajo el folio de matrícula
inmobiliaria n.° 026-20291 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Santo Domingo.
1.2. Según la demanda, Sierra Sierra se vio obligado a
abandonar los predios de su propiedad a causa de la
violencia generalizada en el municipio y al incendio y saqueo
de su finca panelera en 1996. En el año 2002, «un comisionista
de la región» le ofreció comprar los predios, que transfirió por
poder a Luisa Jaramillo -pareja de alias “El Panadero”-, sin
embargo, quien apareció en la escritura como comprador fue
Juan Guillermo Sierra Monsalve, alias “El Gavilán”.
1.3. Tras varias ventas sucesivas, los inmuebles fueron
adquiridos en el año 2010 por Sergio León Montoya Díaz,
quien compareció al trámite de restitución como opositor y
defendió en el curso del proceso su buena fe y sus derechos
como titular del derecho de dominio de los bienes en litigio.
1.4. Mediante sentencia de 23 de abril de 2019, la Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior de Antioquia encontró probada la calidad de víctima
de Fabio de Jesús Sierra Sierra y el despojo sufrido, motivo
por el cual ordenó la restitución de los predios reclamados.
Así mismo, declaró impróspera la oposición de Sergio León
Montoya Díaz y, en consecuencia, le negó tanto la calidad de
segundo ocupante como su petición de compensación por no
haber acreditado la buena fe exenta de culpa en su actuar.
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1.5. Dicha sentencia, de única instancia, quedó
ejecutoriada el día 29 de abril de 2019, según consta en el
expediente digital.
2. El recurso de revisión
2.1. Mediante demanda presentada el 7 de mayo de
2021, Sergio León Montoya Díaz formuló recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del Tribunal,
fundando su reclamo en la causal octava del artículo 355 del
Código General del Proceso, consistente en «existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible
de recurso alguno».
2.2. Para fundamentar la causal invocada, adujo el
recurrente que la providencia impugnada tiene «deficiencias
graves de motivación», que sustenta en argumentos que admiten
el siguiente compendio:
2.2.1. La sentencia no discriminó las razones por las
cuales consideró que el censor no era un tercero de buena fe
exenta de culpa, análisis indispensable para acceder a
la compensación económica prevista en el artículo 91 de la
Ley 1448 de 2011 y que el juzgador no acometió. Por el
contrario, si el colegiado hubiese valorado las pruebas habría
concluido que el recurrente no tuvo relación directa ni
indirecta con los hechos de violencia y que su actuar se
enmarcó en la buena fe y en la confianza legítima.
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La sentencia se limitó a invocar el hecho notorio de que
el predio estaba ubicado en una zona históricamente
afectada por violencia sin analizar que el señor Montoya Díaz
lo adquirió años después, en un contexto de paz y
cumpliendo los requisitos de ley, sin explicar por qué el
opositor no cumplía con los requisitos para ser considerado
tercero de buena fe exenta de culpa.
2.2.2. En el mismo sentido, indica que la sentencia
impugnada incurrió en «falta de motivación absoluta» al omitir
valorar los medios de prueba que acreditaban dicha
condición del opositor, pues no se realizó un análisis
concreto de las pruebas aportadas ni se explicó por qué
aquellas resultaron insuficientes, perdiendo de vista que la
adquisición del predio fue legal, con precio justo, sin vicios
del consentimiento y en una época en la que no existía
violencia en la zona. Además, el inmueble estaba libre de
gravámenes y no existía ninguna medida que alertara sobre
su posible restitución.
2.2.3. Asimismo, la sentencia reprocha al opositor por
no desvirtuar la calidad de víctima del solicitante de tierras,
cuando esa es una comprobación que debe hacer el juzgador
con independencia de la actividad probatoria de las partes.
En este caso, las pruebas obrantes en el expediente no
permitían identificar a ningún grupo armado responsable del
supuesto despojo e incluso se refiere a un «bandido de la zona»,
lo cual sugiere un hecho de delincuencia común que excluiría
la aplicación de la Ley 1448, situaciones que no valoró el
Tribunal.
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2.2.4. Finalmente, la sentencia impugnada no contiene
ningún análisis sobre el derecho a la compensación
solicitado por el opositor, quien, insiste, acreditó su
condición de tercero de buena fe exenta de culpa y de
segundo ocupante, omisión especialmente grave debido a
que, tratándose de un proceso de única instancia, el Tribunal
debía ofrecer una motivación rigurosa y completa.
Por esa senda, insiste en la diligencia y el
comportamiento del señor Montoya Díaz como un «buen
hombre de negocios», quien celebró un negocio jurídico
transparente, verificó la situación jurídica de la heredad, la
identidad y legitimidad del vendedor y la inexistencia de
litigios o gravámenes sobre el inmueble, además del contexto
de paz en el que celebró el contrato, todo lo cual refuerza su
buena fe.
2.2.5. Colige el censor que la falta de motivación de la
sentencia impugnada no solo constituye una causal de
nulidad procesal, sino que además vulnera sus derechos
fundamentales (i) a la propiedad privada, al constituir lo
decidido una forma de expropiación sin indemnización
previa; y (ii) a la confianza legítima puesta en la legalidad del
contrato celebrado, rompiendo con el principio de seguridad
jurídica y la previsibilidad del actuar estatal.
3. Trámite del recurso extraordinario
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3.1. La demanda de revisión fue admitida -previa
subsanación- mediante auto de 17 de septiembre de 2021,
en el que se ordenó correr traslado a los intervinientes en el
proceso restitutivo. Ante la falta de gestión en la integración
del contradictorio, mediante auto de 18 de enero de 2022 se
requirió al recurrente extraordinario para que cumpliera con
la vinculación ordenada.
3.2. Aunque el 9 de febrero siguiente el censor allegó
«constancia de notificación interesados»1, en esa oportunidad no se
notificó a los intervinientes en el proceso de restitución de
tierras, sino que se dirigieron comunicaciones a la Unidad de
Restitución, al Tribunal Superior de Antioquia, a la Fiscalía
y al Ministerio Público2.
3.3. Debido a la finalización del periodo constitucional
del magistrado sustanciador (22 abr. 2022), el 1° de marzo
de 20233 el proceso fue reasignado al despacho del entonces
magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, quien mediante
providencia de fecha 13 de septiembre de 20234 realizó un
control de legalidad del auto admisorio de la demanda y
precisó quiénes debían ser convocados como partes y como
intervinientes al trámite de revisión, ordenando:
3.3.1. La notificación de las partes en el proceso
primigenio, a saber: (i) Fabio de Jesús Sierra Sierra -a través
de la Unidad de Restitución-, (ii) herederos de Lucrecia de
1 Cfr. ESAV consecutivo 17.
2 Mediante auto de 5 de abril de 2022, se requirió al recurrente para que allegara copias legibles de esas
comunicaciones, requerimiento cumplido el día 27 de abril siguiente.
3 Cfr. ESAV consecutivo 24.
4 Cfr. ESAV consecutivo 27.
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Jesús Londoño de Sierra y (iii) Gramalote Colombia Limited;
a quienes dispuso notificar en forma personal y correr
traslado de la demanda por el término de cinco días.
3.3.2. Además, ordenó que, por la Secretaría de la Sala,
se vinculara a las siguientes entidades: Unidad de
Restitución de Tierras, Ministerio Público, Alcaldía de San
Roque, Unidad de Víctimas, SENA Regional Antioquia,
Catastro Departamental de Antioquia, Agencia Nacional de
Minería y Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, para que
en el mismo término comparecieran al proceso.
3.4. Para lo que ahora interesa, la Unidad de
Restitución de Tierras compareció al proceso y contestó la
demanda mediante escrito presentado el 5 de octubre de
20235, oponiéndose a la prosperidad del recurso. En esa
oportunidad, no manifestó notificarse ni actuar en nombre
del reclamante Fabio de Jesús Sierra Sierra6.
3.5. El recurrente allegó escrito con sendas constancias
de notificación el día 17 de octubre de 20237, solicitando el
emplazamiento de los herederos de Lucrecia de Jesús
Londoño de Sierra por desconocer su paradero.
5 Cfr. ESAV consecutivo 34.
6 En este punto es indispensable señalar que aunque ciertamente la Unidad de Restitución de Tierras
actuó como representante del señor Sierra Sierra en el proceso de restitución de tierras en virtud de la
representación judicial otorgada a petición de parte y permitida por la Ley 1448 de 2011 para adelantar
la etapa judicial del trámite restitutivo; una vez finalizado ese proceso con sentencia definitiva y en firme
(como ocurre en este caso), esa representación cesa, de modo que no podría considerarse, de ninguna
manera, que dicha entidad pública continuaba representando los intereses de Fabio de Jesús Sierra Sierra
más allá de aquél trámite judicial primigenio, por lo que la notificación de la Unidad de ninguna manera
supone la notificación de un ciudadano con el que aquella ya no tiene ningún tipo de vínculo.
7 Cfr. ESAV consecutivo 37.
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3.6. Remitido nuevamente el asunto a este despacho8,
con providencia de 12 de abril de 20249 se tuvo por notificada
a la empresa Gramalote de Colombia Limited y se dispuso el
emplazamiento de los herederos de Lucrecia de Jesús
Londoño, a quienes posteriormente se les designó curador ad
litem. En esa oportunidad no se tuvo por notificado a Fabio
de Jesús Sierra Sierra porque la comunicación se envió a un
correo electrónico respecto del cual no existía certeza de que
efectivamente le perteneciera.
3.7. Después de múltiples requerimientos a la Unidad
de Restitución de Tierras para lograr la efectiva notificación
del señor Sierra Sierra10, se dispuso su emplazamiento en
auto de 15 de agosto de 2024, sin embargo, días después la
Unidad informó que había recibido solicitud de
representación del reclamante de tierras, motivo por el cual
se le tuvo por notificado mediante providencia de 27 de
septiembre de 202411.
3.8. Fabio de Jesús Sierra Sierra, a través de apoderada
designada por la Unidad de Restitución de Tierras, contestó
la demanda de revisión el 7 de octubre de 202412,
oponiéndose a las pretensiones del censor.
8 Debido a la elección del magistrado titular de este despacho, el proceso fue remitido nuevamente el día
29 de enero de 2024. Mediante auto de 16 de febrero siguiente, se reasumió la competencia del proceso
y se avocó su conocimiento. Cfr. ESAV consecutivo 44.
9 Cfr. ESAV consecutivo 45.
10 Cfr. ESAV consecutivo 53 y 59.
11 Cfr. ESAV consecutivo 68.
12 Cfr. ESAV consecutivo 70.
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3.9. Mediante providencia de 18 de diciembre de 202413
se abrió el proceso a pruebas y se anunció la emisión de
sentencia anticipada.
CONSIDERACIONES
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado
Conforme lo ha sostenido esta Corporación, cuando no
existen pruebas pendientes de práctica –como ocurre en este
caso–, resulta procedente resolver el litigio
anticipadamente14, prescindiendo de las etapas procesales
que prevé el artículo 358 del Código General del Proceso para
el juicio de revisión.
Sobre el particular, la Sala ha sostenido:
el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se
torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal
de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuración, la
naturaleza de la actuación y la clase de pruebas requeridas para
la resolución del asunto, imponen un pronunciamiento con las
características reseñadas.
En efecto, de conformidad con el artículo 278 del Estatuto General
de Procedimiento, el Juez deberá dictar sentencia anticipada, total
o parcial “en cualquier estado del proceso”, entre otros eventos,
“Cuando no hubiere pruebas por practicar”, siendo este el
supuesto que como se había antelado se edificó en el caso que hoy
ocupa a la Sala, situándola en posición de resolver de fondo y
abstenerse de adelantar proceder diverso. Por supuesto que la
esencia del carácter anticipado de una resolución definitiva
supone la pretermisión de fases procesales previas que de
ordinario deberían cumplirse; no obstante, dicha situación está
13 Cfr. ESAV consecutivo 76.
14 Cfr. CSJ SC4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras.
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justificada en la realización de los principios de celeridad y
economía que informan el fallo por adelantado en las
excepcionales hipótesis que el legislador habilita dicha forma de
definición de la litis.
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquemática
preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil,
supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es
evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que
es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de
fondo por anticipado se configuró cuando la serie no ha superado
su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane
(CSJ, SC12137-2017, reiterada en CSJ, SC3107-2019,
entre otras).
Por lo anterior, es viable resolver de fondo el asunto a
través de sentencia anticipada.
2. Naturaleza del recurso y sus efectos
De acuerdo con el artículo 354 del Código General del
Proceso, «[e]l recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas» y por los motivos instituidos en el
referido precepto 355 ejusdem.
El recurso de revisión es un medio de impugnación
extraordinario de las sentencias en firme, consagrado con
miras a enmendar los yerros cometidos en su emisión, para
lo cual el legislador ha dispuesto unos requisitos, dentro de
ellos, su formulación dentro de los términos igualmente
previstos y por los motivos específicamente contemplados en
las causales establecidas, todo con el fin de evitar la
transgresión de principios como los de seguridad jurídica y
cosa juzgada.
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El remedio es extraordinario porque involucra una
excepción al principio de cosa juzgada material (CSJ, SC 13
dic. 2002, rad. 2001-00167-01) y apunta a revertir la inicial
inmutabilidad de las sentencias que han cobrado ejecutoria,
con el fin de resguardar el predominio de la justicia frente a
puntuales irregularidades, exógenas al proceso, que el
ordenamiento considera insostenibles (CSJ, SC5052-2021).
Sobre el particular, de tiempo atrás tiene dicho la Corte:
(…) sería un enorme gravamen para el sistema jurídico permitir
que los asuntos resueltos definitivamente por los jueces, en las
instancias legales y conforme a los procedimientos previamente
establecidos, pudieran ser reabiertos en cualquier tiempo a
iniciativa de una o de ambas partes, con el mero propósito de
prolongar indefinidamente discusiones sobre las cuales ya ha
recaído la impronta de la cosa juzgada.
Ese retorno circular a la controversia, indudablemente, implicaría
no sólo afectar la legitimidad del aparato jurisdiccional, sino que,
además, iría en detrimento de la seguridad jurídica, todo, desde
luego, en perjuicio de la expectativa que los ciudadanos se hacen
sobre la conducta de los demás y sobre la fuerza correctora del
ordenamiento jurídico cuando en su fase de aplicación regula un
caso concreto.
Sin embargo, la experiencia muestra que, en veces, después del
proferimiento del fallo se revelan hechos de particular importancia
que de haber sido sometidos a la consideración del juez,
indudablemente habrían cambiado el norte de la decisión.
En tales eventos, mantener tozudamente una providencia
ejecutoriada por el mero hecho de estarlo, sería tanto como
patrocinar el desconocimiento mismo del ordenamiento jurídico,
razón por la cual el propio sistema procesal ha creado un
mecanismo de solución a tales casos y, en su seno, ha previsto la
posibilidad de que ante hipótesis taxativamente reguladas y
dentro de plazos bien precisos, se pueda solicitar la revisión de un
fallo, con miras a evitar groseras situaciones de inequidad
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manifiesta y bajo la consideración de que con todo y las
consecuencias que ello apareja, hay menor agravio cuando se
intenta un nuevo examen a la sentencia que agota las instancias,
que cuando se mantienen contra toda lógica aquellas providencias
que pese a estar ejecutoriadas se fundan en pilares insostenibles
(CSJ, SC 16 feb., 2004, rad. 2001-0218-01).
Ahora bien, la decisión de fondo del recurso exige
analizar dos circunstancias sin las cuales estaría vedado
para la Corte emitir un pronunciamiento favorable, a saber,
que la demanda de revisión atienda los parámetros
temporales previstos legalmente y que los supuestos de
hecho expuestos y acreditados tengan la idoneidad para
configurar la causal de revisión alegada por el censor, esto
debido a los alcances restrictivos del remedio extraordinario.
2.1. La caducidad
En aras de proteger el principio de seguridad jurídica
como elemento fundante de la jurisdicción, el ordenamiento
prevé un riguroso límite temporal, dirigido a impedir que las
relaciones jurídicas particulares queden indefinidamente
expuestas a una eventual impugnación (CSJ, SC 20 nov.
2006, rad. 2000-00028-01).
De lo que se trata, en resumidas cuentas, es de ponerle
fin al estado de zozobra «generado por las expectativas de un posible
pleito, imponiéndole al interesado la carga de ejercitar un acto específico,
tal la presentación de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo,
con lo cual limita con precisión, la oportunidad que se tiene para hacer
actuar un derecho, de manera que no afecte más allá de lo
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razonablemente tolerable los intereses de otros» (CSJ, SC2313-2018,
retomado en SC4065-2020 y SC490-2023).
En esa dirección, el artículo 356 del Código General del
Proceso prevé un término extintivo que se computa de
manera diferenciada, atendiendo el supuesto de revisión del
que se trate:
El recurso podrá interponerse dentro de los dos (2) años
siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se
invoque alguna de las causales consagradas en los numerales
1, 6, 8 y 9 del artículo precedente.
Cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7 del
mencionado artículo, los dos (2) años comenzarán a correr desde
el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su
representante haya tenido conocimiento de ella, con límite
máximo de cinco (5) años. No obstante, cuando la sentencia debe
ser inscrita en un registro público, los anteriores términos sólo
comenzarán a correr a partir de la fecha de la inscripción.
En los casos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del
mismo artículo deberá interponerse el recurso dentro del término
consagrado en el inciso 1o, pero si el proceso penal no hubiere
terminado se suspenderá la sentencia de revisión hasta cuando
se produzca la ejecutoria del fallo penal y se presente la copia
respectiva. Esta suspensión no podrá exceder de dos (2) años.
Al interpretar el citado precepto, en conjunto con el
artículo 94 del estatuto procedimental, la Corte ha precisado
que la carga de celeridad que le incumbe cumplir al
recurrente en revisión no se agota con la sola radicación
oportuna de su demanda, sino que se mantiene hasta lograr
la adecuada integración del contradictorio (CSJ, SC499-
2023), lo que, en el caso de la revisión, solo se verifica con la
notificación de la totalidad de las personas que
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comparecieron como parte en el proceso primigenio, dado el
litisconsorcio necesario que se presenta en estos casos (art.
357, num. 2º ibidem).
Esa conformación de la contraparte, según el citado
canon 94, debe ocurrir dentro del año siguiente a la fecha en
que se notifica el auto admisorio de la demanda, so pena de
que el término de caducidad se compute como si el recurso
no se hubiere interpuesto y se extienda hasta que,
finalmente, se logre la efectiva vinculación de las personas
que están llamadas a integrar el extremo pasivo de la
actuación.
De llegarse, entonces, a integrar el contradictorio más
de un año después de la fecha en que al demandante en
revisión le fue notificado el auto admisorio de la demanda, el
fenómeno de la interrupción ya no se entenderá producido
con la radicación del recurso, sino que quedará condicionado
a que el acto de enteramiento se complete; y si ello ocurre
después de consumarse el término de dos (o cinco) años que
prevé el citado artículo 356, se producirá la «caducidad
sobreviniente» de la acción, la cual tendrá que ser declarada,
aun de oficio, «en la sentencia misma con que concluya el trámite de
la revisión» (CSJ, SC 21 ago., 1998, GJ. T CCLV, p. 415,
reiterada, entre otras, en SC4854-2021, SC3729-2022 y
SC499-2023).
2.2. Alcance restrictivo de la revisión
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Otra de las consecuencias que se derivan de la
naturaleza exceptiva de este mecanismo, consiste en que las
causales que dan pie a su prosperidad son taxativas y de
interpretación restringida (expresso specialis, omnem impedit
extensionem), lo cual resulta apenas lógico en la medida en
que los «casos que no entran en la norma excepcional» han de
entenderse necesariamente comprendidos «en la regla general
que existe en la ley misma, explícita o implícitamente» (CSJ, SC 6 jul.,
2007, exp. 1998-00058-01).
En efecto, si el legislador se dio a la tarea se definir de
manera puntual los específicos eventos frente a los cuales
considera necesario romper el principio de cosa juzgada de
los fallos ejecutoriados, no puede el recurrente, ni tampoco
el juez de revisión, so pretexto de revertir situaciones
particulares de aparente injusticia o desequilibrio,
ensanchar el espectro de esos supuestos previamente
definidos, ni tampoco ampliar el catálogo que los contempla.
El silencio que respecto de tales supuestos guarda la norma,
ha de tenerse como razón suficiente de su intrascendencia.
Lo anterior implica que el éxito de la demanda de
revisión depende en buena medida de que los fundamentos
fácticos que se expongan en su respaldo se ajusten de
manera precisa a los contornos de la causal esgrimida, en los
términos definidos por la ley y desarrollados por la
jurisprudencia (CSJ, AC3952-2017).
No se trata, entonces, de revivir oportunidades
perdidas, ni reabrir debates clausurados, sino de conjurar
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una específica y manifiesta iniquidad judicial, que se
enmarca en alguno de los supuestos que precisamente previó
el legislador.
A este respecto, la Corte ha enfatizado que el recurso de
revisión,
no tiene por finalidad reabrir el debate original, de manera que no
constituye una instancia adicional del proceso, como lo ha
señalado la Corte al advertir que “no es posible discutir en
dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el
proceso fuente de la mencionada relación ni tampoco hay
lugar a la fiscalización de las razones fácticas y jurídicas
en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia
motivaciones distintas y específicas que, constituyendo
verdaderas anomalías, condujeron a un fallo erróneo o injusto,
motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas
anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez más, la revisión
no puede confundirse con una nueva instancia pues supone,
según se dejó apuntado, el que se llegó a una definitiva situación
de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material
que sólo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una
cualquiera de las anómalas circunstancias que en ‘numerus
clausus’ y por ello con un claro sentido de necesaria
taxatividad (...)” (G.J. CCXLIX. Vol. I, 117) (CSJ SC, 8 abr.
2011, rad. 2009-00125-00; reiterada en SC5208-2017).
3. El caso concreto. Caducidad sobreviniente de la
acción
3.1. La sentencia objeto del recurso fue dictada por la
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 23 de
abril de 2019 y quedó ejecutoriada el día 29 del mismo mes
y año, según consta en el expediente digital remitido por esa
colegiatura.
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Lo anterior implica que el término de caducidad de dos
años establecido en el citado artículo 356 del Código General
del Proceso para la causal 8ª de revisión, habría vencido el
30 de abril de 2021; sin embargo, en razón a la suspensión
de términos dispuesta en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica por causa del Coronavirus
COVID-19, ese plazo se extendió hasta el 17 de agosto de ese
año15, gracias a lo cual la presentación del recurso de
revisión, ocurrida el 7 de mayo de 2021, fue oportuna.
3.2. Ahora bien, como el auto admisorio de la demanda
(17 sep. 2021)16 se notificó al censor mediante estado del día
20 de septiembre de 202117; para que el fenómeno
impeditivo de la caducidad que inicialmente se dio con la
tempestiva radicación del recurso cobrara eficacia, la
integración del contradictorio debía darse, a más tardar, el
20 de septiembre de 2022.
Ello no llegó a ocurrir porque, tal como se expuso en
precedencia, el contradictorio sólo se integró en debida forma
con la efectiva notificación de Fabio de Jesús Sierra Sierra,
lo cual sólo ocurrió el día 27 de septiembre de 2024, cuando
mediante providencia ejecutoriada se lo tuvo por enterado; es
15 En virtud de lo establecido en el Decreto Legislativo 564 de 2020 y el Acuerdo PCSJA20-11567 de
2020, los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 1 de julio de 2020, es
decir, durante 107 días, en razón de la emergencia sanitaria del COVID-19. Teniendo en cuenta los 107
días de suspensión, se tiene que el término de caducidad del recurso extraordinario vencía el día 15 de
agosto de 2021; sin embargo, como aquella calenda era domingo y el día siguiente festivo, debe
entenderse que el término vencía el día 17 de agosto de 2021 (Cfr. art. 118 C.G.P).
16 Cfr. ESAV consecutivo 12.
17 Cfr. ESAV consecutivo 13.
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decir, más de tres años después de notificado el auto
admisorio de la demanda18.
La Sala no pierde de vista que, en este caso en
particular, se produjo la culminación del periodo
constitucional del primer magistrado sustanciador (22 abr.
2022) y que la actuación siguiente realizada mediante un
nuevo auto de trámite, esta vez a cargo de otro ponente
debido a la reasignación del asunto, ordenada por esta Sala,
se dio el 13 de septiembre de 2023.
Sin embargo, es claro que, incluso descontando ese
lapso19, se habría excedido con creces el tiempo previsto en
el artículo 94 del C.G.P. para que la presentación de la
demanda impidiera el acaecimiento de la caducidad, pues en
ese escenario, el contradictorio se habría integrado un año y
siete meses después de notificada la providencia admisoria.
3.3. Por otra parte, aunque mediante auto de fecha 13
de septiembre de 202320 el nuevo ponente realizó «control de
legalidad sobre el auto admisorio del remedio extraordinario, en orden a
puntualizar quienes fueron partes e intervinientes en el proceso de
restitución de tierras donde fuera dictada la sentencia materia de
revisión, con el fin de ordenar su vinculación en debida forma al presente
trámite»; lo cierto es que dicho control de legalidad no dejó sin
18 En este punto es importante resaltar que en la referida providencia admisoria se dispuso la vinculación
de «los intervinientes en este asunto, distintos del actual accionante», sin que el censor desplegara
ninguna actividad tendiente a cumplir con esa orden judicial, motivo por el cual debió ser requerido
mediante auto de 18 de enero de 2022. Las gestiones posteriores no fueron exitosas, puesto que, por un
lado, no se dirigieron a las personas naturales y jurídicas que intervinieron en el proceso de restitución
de tierras; y por el otro, se enviaron comunicaciones a la Procuraduría y a la Unidad de Restitución de
Tierras, sin éxito, como se indicó en providencias sucesivas, ejecutoriadas sin oposición del censor.
19 Aproximadamente 17 meses.
20 Cfr. ESAV consecutivo 27.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01481-00
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efectos el auto admisorio de la demanda, simplemente
puntualizó qué personas debían ser vinculadas al trámite
extraordinario, toda vez que hasta ese momento no habían
sido notificadas pese a que la orden venía dada desde el
auto admisorio de 17 de septiembre de 2021.
En ese sentido, el auto de 13 de septiembre de 2023
reiteró la necesidad de vincular a este trámite a quienes
fueron parte en el proceso de restitución de tierras,
precisando que la notificación personal debía dirigirse a
Fabio de Jesús Sierra Sierra (reclamante), a los herederos de
Lucrecia de Jesús Londoño de Sierra (reclamante) y a la
empresa Gramalote Colombia Limited (opositora); y
disponiendo, en forma adicional, la convocatoria por vía
secretarial de las entidades destinatarias de las órdenes
contenidas en la sentencia de restitución21.
Véase cómo ese auto simplemente reiteró la orden de
vinculación de los intervinientes en el proceso primigenio, y
convocó al trámite a las demás entidades, pero sin imponer
dicha carga al censor, toda vez que aquellas no hacían parte
del litisconsorcio necesario conformado por las partes
intervinientes en el proceso de restitución, a saber: los
reclamantes de tierras y los opositores.
Por esa senda, debe señalarse que incluso si,
nuevamente en gracia de discusión, se considerara que el
control de legalidad renovaba lo actuado -que no lo hizo-,
21 Todas esas entidades fueron debidamente convocadas por la Secretaría de esta Sala Especializada, tal
como consta en informe secretarial de 15 de noviembre de 2023 (ESAV, consecutivo 38).
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01481-00
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también se estaría en presencia del fenómeno de la
caducidad sobreviniente puesto que, si dicho auto se notificó
el 21 de septiembre de 202322, el contradictorio debía
integrarse a más tardar el 21 de septiembre de 2024, lo que
tampoco ocurrió, pues la notificación de Fabio de Jesús
Sierra Sierra no pudo lograrse23 antes del 27 de septiembre
de 2024, con lo que la suerte del recurso sería la misma.
3.4. De lo anterior se colige que en este caso operó el
fenómeno de la caducidad sobreviniente, sin que se observe
que la consumación del término se haya verificado por
causas completamente ajenas al recurrente, pues fue
finalmente él quien, motu proprio, presentó su censura a solo
tres meses de cumplirse el término extintivo extendido en
virtud de la emergencia sanitaria por Coronavirus; decisión
que a la postre ocasionó que el amplio margen con el que en
principio contaba para sortear las eventualidades que
normalmente se presentan en un juicio como este en la fase
de notificaciones24 no le resultara suficiente para evitar la
definitiva consumación del plazo25.
3.5. Así las cosas, como en este asunto la integración
del contradictorio ocurrió más de un año después del día en
que se notificó al censor el auto admisorio de su demanda
extraordinaria y más de dos años después de la fecha en que
cobró ejecutoria la sentencia objeto de censura, se concluye
22 Cfr. ESAV consecutivo 29.
23 Cfr. Autos de 12 de abril de 2024 (ESAV consecutivo 48), 21 de junio de 2024 (ESAV consecutivo
53) y 15 de agosto de 2024 (ESAV consecutivo 59), todos ejecutoriadas sin oposición del recurrente.
24 Como el cambio de magistrado ponente o las demoras de los auxiliares de la justicia para aceptar la
designación, por ejemplo.
25 Ver, en el mismo sentido, G.J. t. CLXXXVII, 2°, págs. 536 y 537, reiterado en SC 6 jul. 2005, exp.
2000-00209-00.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01481-00
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que operó la caducidad sobreviniente de la acción de revisión
pues, como ha dicho la Corte:
si de ‘entrada se advierte que la caducidad ya está consumada, el
juzgador deberá rechazar in limine la impugnación’. Pero si no lo está,
para que la presentación oportuna de la demanda impida que el término
de caducidad continúe corriendo, al recurrente le corresponde cumplir la
‘carga de notificación al demandado dentro del término del artículo 90’ del
Código de Procedimiento Civil, pues si la inobserva, ‘pierde la presentación
de la demanda aquél efecto inicial, porque la caducidad ya no se detendrá
sino cuando efectivamente se notifique al demandado; hipótesis ésta que
alude a una consumación de caducidad sobreviniente, la que por razones
obvias, ha de ser analizada y decidida en la sentencia misma con que
concluya el trámite de la revisión’” (CSJ, SC 18 de octubre de 2006,
Exp. R-7700 que remite a la sentencia 071 de 21 de agosto
de 1998, CCVL-413, reiterada en CSJ, SC5614-2021, entre
otras).
3.6. Por lo expuesto se declarará probada de oficio la
excepción de caducidad sobreviniente de la causal invocada,
por lo que la Sala se releva de analizar el fundamento de la
causal y se impondrán las condenas pertinentes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar la caducidad de la causal 8°
invocada en el recurso extraordinario de revisión formulado
por Sergio León Montoya Díaz contra la sentencia de 23 de
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01481-00
22
abril de 2019, proferida por la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia.
SEGUNDO. CONDENAR al recurrente en costas y
perjuicios, de conformidad con el artículo 359 del Código
General del Proceso. Liquídense en la forma legalmente
prevista, incluyendo, para las primeras, la suma de
$6.000.000, como agencias en derecho, según estimación del
Magistrado Ponente.
TERCERO. Infórmese lo aquí decidido a los
falladores de instancia del juicio sobre el que versó esta
actuación.
CUARTO. Cumplido lo anterior, archívense las
diligencias.
Notifíquese y cúmplase
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01481-00
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Juan Carlos Sosa Londoño
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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