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clave: "corte_suprema:providencia:SC1791-2025 [2021-01481-00]"
titulo: "Corte Suprema: procedencia del pronunciamiento anticipado Conforme lo ha sostenido esta Corporación"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-09-04"
radicado: "2021-01481-00"
numero: "SC1791-2025"
ponente: "Fernando Augusto Jiménez Valderrama"
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# Corte Suprema: procedencia del pronunciamiento anticipado Conforme lo ha sostenido esta Corporación

- **Título oficial / radicado:** SC1791-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-09-04
- **Radicado:** 2021-01481-00
- **Número:** SC1791-2025
- **Ponente:** Fernando Augusto Jiménez Valderrama
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1791-2025%20%5B2021-01481-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1791-2025%20%5B2021-01481-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI1L0RyLiBGZXJuYW5kbyBBdWd1c3RvIEppbeluZXogVmFsZGVycmFtYS85Li0gU2VwdGllbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTc5MS0yMDI1IFsyMDIxLTAxNDgxLTAwXS5wZGY%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1448 de 2011
- Ley 527 de 1999
- Constitución Política

## Extracto

De lo anterior se colige que en este caso operó el fenómeno de la caducidad sobreviniente, sin que se observe que la consumación del término se haya verificado por causas completamente ajenas al recurrente, pues fue finalmente él quien, motu proprio, presentó su censura a solo tres meses de cumplirse el término extintivo extendido en virtud de la emergencia sanitaria por Coronavirus; decisión que a la postre ocasionó que el amplio margen con el que en principio contaba para sortear las eventualidades que normalmente se presentan en un juicio como este en la fase de notificaciones24 no le resultara suficiente para evitar la definitiva consumación del plazo25. R-7700 que remite a la sentencia 071 de 21 de agosto de 1998, CCVL-413, reiterada en CSJ, SC5614-2021, entre otras).

## Texto del documento

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado ponente
SC1791-2025
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01481-00
(Aprobado en sesión de veinticuatro de julio de dos mil veinticinco)
Bogotá, D. C., cuatro (04) de septiembre de dos mil
veinticinco (2025).
Procede la Corte a dictar sentencia anticipada que
decide el recurso extraordinario de revisión formulado por
Sergio León Montoya Díaz contra la sentencia de 23 de abril
de 2019, proferida por la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia.
ANTECEDENTES
1. El proceso de restitución de tierras y la sentencia
impugnada
1.1. A través de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el señor Fabio
de Jesús Sierra Sierra elevó solicitud de restitución de los
predios «La Estrella» y «El Lucero», ubicados en el municipio de
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San Roque y englobados bajo el folio de matrícula
inmobiliaria n.° 026-20291 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Santo Domingo.
1.2. Según la demanda, Sierra Sierra se vio obligado a
abandonar los predios de su propiedad a causa de la
violencia generalizada en el municipio y al incendio y saqueo
de su finca panelera en 1996. En el año 2002, «un comisionista
de la región» le ofreció comprar los predios, que transfirió por
poder a Luisa Jaramillo -pareja de alias “El Panadero”-, sin
embargo, quien apareció en la escritura como comprador fue
Juan Guillermo Sierra Monsalve, alias “El Gavilán”.
1.3. Tras varias ventas sucesivas, los inmuebles fueron
adquiridos en el año 2010 por Sergio León Montoya Díaz,
quien compareció al trámite de restitución como opositor y
defendió en el curso del proceso su buena fe y sus derechos
como titular del derecho de dominio de los bienes en litigio.
1.4. Mediante sentencia de 23 de abril de 2019, la Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior de Antioquia encontró probada la calidad de víctima
de Fabio de Jesús Sierra Sierra y el despojo sufrido, motivo
por el cual ordenó la restitución de los predios reclamados.
Así mismo, declaró impróspera la oposición de Sergio León
Montoya Díaz y, en consecuencia, le negó tanto la calidad de
segundo ocupante como su petición de compensación por no
haber acreditado la buena fe exenta de culpa en su actuar.
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1.5. Dicha sentencia, de única instancia, quedó
ejecutoriada el día 29 de abril de 2019, según consta en el
expediente digital.
2. El recurso de revisión
2.1. Mediante demanda presentada el 7 de mayo de
2021, Sergio León Montoya Díaz formuló recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del Tribunal,
fundando su reclamo en la causal octava del artículo 355 del
Código General del Proceso, consistente en «existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible
de recurso alguno».
2.2. Para fundamentar la causal invocada, adujo el
recurrente que la providencia impugnada tiene «deficiencias
graves de motivación», que sustenta en argumentos que admiten
el siguiente compendio:
2.2.1. La sentencia no discriminó las razones por las
cuales consideró que el censor no era un tercero de buena fe
exenta de culpa, análisis indispensable para acceder a
la compensación económica prevista en el artículo 91 de la
Ley 1448 de 2011 y que el juzgador no acometió. Por el
contrario, si el colegiado hubiese valorado las pruebas habría
concluido que el recurrente no tuvo relación directa ni
indirecta con los hechos de violencia y que su actuar se
enmarcó en la buena fe y en la confianza legítima.
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La sentencia se limitó a invocar el hecho notorio de que
el predio estaba ubicado en una zona históricamente
afectada por violencia sin analizar que el señor Montoya Díaz
lo adquirió años después, en un contexto de paz y
cumpliendo los requisitos de ley, sin explicar por qué el
opositor no cumplía con los requisitos para ser considerado
tercero de buena fe exenta de culpa.
2.2.2. En el mismo sentido, indica que la sentencia
impugnada incurrió en «falta de motivación absoluta» al omitir
valorar los medios de prueba que acreditaban dicha
condición del opositor, pues no se realizó un análisis
concreto de las pruebas aportadas ni se explicó por qué
aquellas resultaron insuficientes, perdiendo de vista que la
adquisición del predio fue legal, con precio justo, sin vicios
del consentimiento y en una época en la que no existía
violencia en la zona. Además, el inmueble estaba libre de
gravámenes y no existía ninguna medida que alertara sobre
su posible restitución.
2.2.3. Asimismo, la sentencia reprocha al opositor por
no desvirtuar la calidad de víctima del solicitante de tierras,
cuando esa es una comprobación que debe hacer el juzgador
con independencia de la actividad probatoria de las partes.
En este caso, las pruebas obrantes en el expediente no
permitían identificar a ningún grupo armado responsable del
supuesto despojo e incluso se refiere a un «bandido de la zona»,
lo cual sugiere un hecho de delincuencia común que excluiría
la aplicación de la Ley 1448, situaciones que no valoró el
Tribunal.
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2.2.4. Finalmente, la sentencia impugnada no contiene
ningún análisis sobre el derecho a la compensación
solicitado por el opositor, quien, insiste, acreditó su
condición de tercero de buena fe exenta de culpa y de
segundo ocupante, omisión especialmente grave debido a
que, tratándose de un proceso de única instancia, el Tribunal
debía ofrecer una motivación rigurosa y completa.
Por esa senda, insiste en la diligencia y el
comportamiento del señor Montoya Díaz como un «buen
hombre de negocios», quien celebró un negocio jurídico
transparente, verificó la situación jurídica de la heredad, la
identidad y legitimidad del vendedor y la inexistencia de
litigios o gravámenes sobre el inmueble, además del contexto
de paz en el que celebró el contrato, todo lo cual refuerza su
buena fe.
2.2.5. Colige el censor que la falta de motivación de la
sentencia impugnada no solo constituye una causal de
nulidad procesal, sino que además vulnera sus derechos
fundamentales (i) a la propiedad privada, al constituir lo
decidido una forma de expropiación sin indemnización
previa; y (ii) a la confianza legítima puesta en la legalidad del
contrato celebrado, rompiendo con el principio de seguridad
jurídica y la previsibilidad del actuar estatal.
3. Trámite del recurso extraordinario
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3.1. La demanda de revisión fue admitida -previa
subsanación- mediante auto de 17 de septiembre de 2021,
en el que se ordenó correr traslado a los intervinientes en el
proceso restitutivo. Ante la falta de gestión en la integración
del contradictorio, mediante auto de 18 de enero de 2022 se
requirió al recurrente extraordinario para que cumpliera con
la vinculación ordenada.
3.2. Aunque el 9 de febrero siguiente el censor allegó
«constancia de notificación interesados»1, en esa oportunidad no se
notificó a los intervinientes en el proceso de restitución de
tierras, sino que se dirigieron comunicaciones a la Unidad de
Restitución, al Tribunal Superior de Antioquia, a la Fiscalía
y al Ministerio Público2.
3.3. Debido a la finalización del periodo constitucional
del magistrado sustanciador (22 abr. 2022), el 1° de marzo
de 20233 el proceso fue reasignado al despacho del entonces
magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, quien mediante
providencia de fecha 13 de septiembre de 20234 realizó un
control de legalidad del auto admisorio de la demanda y
precisó quiénes debían ser convocados como partes y como
intervinientes al trámite de revisión, ordenando:
3.3.1. La notificación de las partes en el proceso
primigenio, a saber: (i) Fabio de Jesús Sierra Sierra -a través
de la Unidad de Restitución-, (ii) herederos de Lucrecia de
1 Cfr. ESAV consecutivo 17.
2 Mediante auto de 5 de abril de 2022, se requirió al recurrente para que allegara copias legibles de esas
comunicaciones, requerimiento cumplido el día 27 de abril siguiente.
3 Cfr. ESAV consecutivo 24.
4 Cfr. ESAV consecutivo 27.
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Jesús Londoño de Sierra y (iii) Gramalote Colombia Limited;
a quienes dispuso notificar en forma personal y correr
traslado de la demanda por el término de cinco días.
3.3.2. Además, ordenó que, por la Secretaría de la Sala,
se vinculara a las siguientes entidades: Unidad de
Restitución de Tierras, Ministerio Público, Alcaldía de San
Roque, Unidad de Víctimas, SENA Regional Antioquia,
Catastro Departamental de Antioquia, Agencia Nacional de
Minería y Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, para que
en el mismo término comparecieran al proceso.
3.4. Para lo que ahora interesa, la Unidad de
Restitución de Tierras compareció al proceso y contestó la
demanda mediante escrito presentado el 5 de octubre de
20235, oponiéndose a la prosperidad del recurso. En esa
oportunidad, no manifestó notificarse ni actuar en nombre
del reclamante Fabio de Jesús Sierra Sierra6.
3.5. El recurrente allegó escrito con sendas constancias
de notificación el día 17 de octubre de 20237, solicitando el
emplazamiento de los herederos de Lucrecia de Jesús
Londoño de Sierra por desconocer su paradero.
5 Cfr. ESAV consecutivo 34.
6 En este punto es indispensable señalar que aunque ciertamente la Unidad de Restitución de Tierras
actuó como representante del señor Sierra Sierra en el proceso de restitución de tierras en virtud de la
representación judicial otorgada a petición de parte y permitida por la Ley 1448 de 2011 para adelantar
la etapa judicial del trámite restitutivo; una vez finalizado ese proceso con sentencia definitiva y en firme
(como ocurre en este caso), esa representación cesa, de modo que no podría considerarse, de ninguna
manera, que dicha entidad pública continuaba representando los intereses de Fabio de Jesús Sierra Sierra
más allá de aquél trámite judicial primigenio, por lo que la notificación de la Unidad de ninguna manera
supone la notificación de un ciudadano con el que aquella ya no tiene ningún tipo de vínculo.
7 Cfr. ESAV consecutivo 37.
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3.6. Remitido nuevamente el asunto a este despacho8,
con providencia de 12 de abril de 20249 se tuvo por notificada
a la empresa Gramalote de Colombia Limited y se dispuso el
emplazamiento de los herederos de Lucrecia de Jesús
Londoño, a quienes posteriormente se les designó curador ad
litem. En esa oportunidad no se tuvo por notificado a Fabio
de Jesús Sierra Sierra porque la comunicación se envió a un
correo electrónico respecto del cual no existía certeza de que
efectivamente le perteneciera.
3.7. Después de múltiples requerimientos a la Unidad
de Restitución de Tierras para lograr la efectiva notificación
del señor Sierra Sierra10, se dispuso su emplazamiento en
auto de 15 de agosto de 2024, sin embargo, días después la
Unidad informó que había recibido solicitud de
representación del reclamante de tierras, motivo por el cual
se le tuvo por notificado mediante providencia de 27 de
septiembre de 202411.
3.8. Fabio de Jesús Sierra Sierra, a través de apoderada
designada por la Unidad de Restitución de Tierras, contestó
la demanda de revisión el 7 de octubre de 202412,
oponiéndose a las pretensiones del censor.
8 Debido a la elección del magistrado titular de este despacho, el proceso fue remitido nuevamente el día
29 de enero de 2024. Mediante auto de 16 de febrero siguiente, se reasumió la competencia del proceso
y se avocó su conocimiento. Cfr. ESAV consecutivo 44.
9 Cfr. ESAV consecutivo 45.
10 Cfr. ESAV consecutivo 53 y 59.
11 Cfr. ESAV consecutivo 68.
12 Cfr. ESAV consecutivo 70.
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9
3.9. Mediante providencia de 18 de diciembre de 202413
se abrió el proceso a pruebas y se anunció la emisión de
sentencia anticipada.
CONSIDERACIONES
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado
Conforme lo ha sostenido esta Corporación, cuando no
existen pruebas pendientes de práctica –como ocurre en este
caso–, resulta procedente resolver el litigio
anticipadamente14, prescindiendo de las etapas procesales
que prevé el artículo 358 del Código General del Proceso para
el juicio de revisión.
Sobre el particular, la Sala ha sostenido:
el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se
torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal
de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuración, la
naturaleza de la actuación y la clase de pruebas requeridas para
la resolución del asunto, imponen un pronunciamiento con las
características reseñadas.
En efecto, de conformidad con el artículo 278 del Estatuto General
de Procedimiento, el Juez deberá dictar sentencia anticipada, total
o parcial “en cualquier estado del proceso”, entre otros eventos,
“Cuando no hubiere pruebas por practicar”, siendo este el
supuesto que como se había antelado se ed

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

lado, no se dirigieron a las personas naturales y jurídicas que intervinieron en el proceso de restitución
de tierras; y por el otro, se enviaron comunicaciones a la Procuraduría y a la Unidad de Restitución de
Tierras, sin éxito, como se indicó en providencias sucesivas, ejecutoriadas sin oposición del censor.
19 Aproximadamente 17 meses.
20 Cfr. ESAV consecutivo 27.
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efectos el auto admisorio de la demanda, simplemente
puntualizó qué personas debían ser vinculadas al trámite
extraordinario, toda vez que hasta ese momento no habían
sido notificadas pese a que la orden venía dada desde el
auto admisorio de 17 de septiembre de 2021.
En ese sentido, el auto de 13 de septiembre de 2023
reiteró la necesidad de vincular a este trámite a quienes
fueron parte en el proceso de restitución de tierras,
precisando que la notificación personal debía dirigirse a
Fabio de Jesús Sierra Sierra (reclamante), a los herederos de
Lucrecia de Jesús Londoño de Sierra (reclamante) y a la
empresa Gramalote Colombia Limited (opositora); y
disponiendo, en forma adicional, la convocatoria por vía
secretarial de las entidades destinatarias de las órdenes
contenidas en la sentencia de restitución21.
Véase cómo ese auto simplemente reiteró la orden de
vinculación de los intervinientes en el proceso primigenio, y
convocó al trámite a las demás entidades, pero sin imponer
dicha carga al censor, toda vez que aquellas no hacían parte
del litisconsorcio necesario conformado por las partes
intervinientes en el proceso de restitución, a saber: los
reclamantes de tierras y los opositores.
Por esa senda, debe señalarse que incluso si,
nuevamente en gracia de discusión, se considerara que el
control de legalidad renovaba lo actuado -que no lo hizo-,
21 Todas esas entidades fueron debidamente convocadas por la Secretaría de esta Sala Especializada, tal
como consta en informe secretarial de 15 de noviembre de 2023 (ESAV, consecutivo 38).
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también se estaría en presencia del fenómeno de la
caducidad sobreviniente puesto que, si dicho auto se notificó
el 21 de septiembre de 202322, el contradictorio debía
integrarse a más tardar el 21 de septiembre de 2024, lo que
tampoco ocurrió, pues la notificación de Fabio de Jesús
Sierra Sierra no pudo lograrse23 antes del 27 de septiembre
de 2024, con lo que la suerte del recurso sería la misma.
3.4. De lo anterior se colige que en este caso operó el
fenómeno de la caducidad sobreviniente, sin que se observe
que la consumación del término se haya verificado por
causas completamente ajenas al recurrente, pues fue
finalmente él quien, motu proprio, presentó su censura a solo
tres meses de cumplirse el término extintivo extendido en
virtud de la emergencia sanitaria por Coronavirus; decisión
que a la postre ocasionó que el amplio margen con el que en
principio contaba para sortear las eventualidades que
normalmente se presentan en un juicio como este en la fase
de notificaciones24 no le resultara suficiente para evitar la
definitiva consumación del plazo25.
3.5. Así las cosas, como en este asunto la integración
del contradictorio ocurrió más de un año después del día en
que se notificó al censor el auto admisorio de su demanda
extraordinaria y más de dos años después de la fecha en que
cobró ejecutoria la sentencia objeto de censura, se concluye
22 Cfr. ESAV consecutivo 29.
23 Cfr. Autos de 12 de abril de 2024 (ESAV consecutivo 48), 21 de junio de 2024 (ESAV consecutivo
53) y 15 de agosto de 2024 (ESAV consecutivo 59), todos ejecutoriadas sin oposición del recurrente.
24 Como el cambio de magistrado ponente o las demoras de los auxiliares de la justicia para aceptar la
designación, por ejemplo.
25 Ver, en el mismo sentido, G.J. t. CLXXXVII, 2°, págs. 536 y 537, reiterado en SC 6 jul. 2005, exp.
2000-00209-00.
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21
que operó la caducidad sobreviniente de la acción de revisión
pues, como ha dicho la Corte:
si de ‘entrada se advierte que la caducidad ya está consumada, el
juzgador deberá rechazar in limine la impugnación’. Pero si no lo está,
para que la presentación oportuna de la demanda impida que el término
de caducidad continúe corriendo, al recurrente le corresponde cumplir la
‘carga de notificación al demandado dentro del término del artículo 90’ del
Código de Procedimiento Civil, pues si la inobserva, ‘pierde la presentación
de la demanda aquél efecto inicial, porque la caducidad ya no se detendrá
sino cuando efectivamente se notifique al demandado; hipótesis ésta que
alude a una consumación de caducidad sobreviniente, la que por razones
obvias, ha de ser analizada y decidida en la sentencia misma con que
concluya el trámite de la revisión’” (CSJ, SC 18 de octubre de 2006,
Exp. R-7700 que remite a la sentencia 071 de 21 de agosto
de 1998, CCVL-413, reiterada en CSJ, SC5614-2021, entre
otras).
3.6. Por lo expuesto se declarará probada de oficio la
excepción de caducidad sobreviniente de la causal invocada,
por lo que la Sala se releva de analizar el fundamento de la
causal y se impondrán las condenas pertinentes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar la caducidad de la causal 8°
invocada en el recurso extraordinario de revisión formulado
por Sergio León Montoya Díaz contra la sentencia de 23 de
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01481-00
22
abril de 2019, proferida por la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia.
SEGUNDO. CONDENAR al recurrente en costas y
perjuicios, de conformidad con el artículo 359 del Código
General del Proceso. Liquídense en la forma legalmente
prevista, incluyendo, para las primeras, la suma de
$6.000.000, como agencias en derecho, según estimación del
Magistrado Ponente.
TERCERO. Infórmese lo aquí decidido a los
falladores de instancia del juicio sobre el que versó esta
actuación.
CUARTO. Cumplido lo anterior, archívense las
diligencias.
Notifíquese y cúmplase
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01481-00
23
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Juan Carlos Sosa Londoño
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1791-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2025-09-04. C.P. Fernando Augusto Jiménez Valderrama. Rad. 2021-01481-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1791-2025%20%5B2021-01481-00%5D).
