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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado ponente
SC1757-2025
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02404-01
(Aprobado en sesión de veinticuatro de julio de dos mil veinticinco)
Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil
veinticinco (2025).
Se decide el recurso extraordinario de casación
interpuesto por Seteyco S.A.S., Puerta de Rosales S.A.S. en
reorganización e Inversiones Cafi S.A.1, frente a la sentencia
de 4 de abril de 2024, proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción
de protección al consumidor financiero que aquellas
promovieron contra Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1 Denominaciones contenidas en la demanda. Según consulta en REUS, la sociedad Puerta de Rosales
S.A.S. entró en liquidación judicial simplificada, y Cafi S.A. se encuentra actualmente en proceso de
liquidación.
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Las sociedades demandantes pidieron declarar que
Acción Sociedad Fiduciaria S.A. incumplió las obligaciones
derivadas de dos contratos de fiducia de administración
celebrados para desarrollar el proyecto inmobiliario Uraku
Suites, y que con su conducta puso en peligro «los intereses
jurídicos de la confianza pública en el sistema financiero».
Como consecuencia, solicitaron (i) la remoción de la
fiduciaria como vocera de los patrimonios autónomos
denominados «Fideicomiso Lote Proyecto Uraku Suites» y «Fideicomiso
Recursos Proyecto Uraku Suites»; y (ii) la cesión de su posición
contractual a la compañía fiduciaria designada por ellas o
por el despacho.
2. Fundamentos fácticos de la demanda
2.1. Afirman las convocantes que, en calidad de
fideicomitentes, celebraron dos contratos de fiducia de
administración con Acción Sociedad Fiduciaria, para que
actuara como vocera y administradora de sendos
patrimonios autónomos que les permitirían desarrollar un
proyecto inmobiliario, denominado Uraku Suites.
2.2. Durante la ejecución de los convenios, la fiduciaria
«incumplió de manera reiterada y sistemática los contratos fiduciarios»,
debido a (i) la tardanza en la transferencia a los fideicomisos
de los recursos entregados por los clientes; (ii) el cobro de
comisiones que no se causaron; (iii) la negativa a registrar el
avalúo del inmueble y del negocio y a actualizar los estados
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financieros del fideicomiso; (iv) la falta de seguimiento de las
obras y de elaboración de avalúos, omisión del deber de
rendir cuentas y de entregar información a los
fideicomitentes; y (v) la terminación unilateral de los
contratos fiduciarios y la declaratoria de su estado de
liquidación.
2.3. Con su conducta descuidada y negligente, Acción
Sociedad Fiduciaria ha incurrido en las causales previstas en
el canon 1239 mercantil para la remoción del fiduciario y,
con ello, ha defraudado la confianza de los fideicomitentes,
afectando su reputación personal y comercial.
2.4. Incluso, la Superintendencia Financiera ha
sancionado a la fiduciaria por incumplimiento de sus
obligaciones en otros fideicomisos, lo que genera fundadas
dudas en el buen resultado de la gestión encomendada y
justifica la solicitud de remoción.
3. Actuación procesal
3.1. Notificada de la admisión de la demanda, la
convocada Acción Sociedad Fiduciaria S.A. se opuso a las
pretensiones y propuso las siguientes excepciones: «No existe
pronunciamiento judicial que haya declarado que acción sociedad
fiduciaria haya incumplido los contratos de fiducia mercantil que dieron
origen a los fideicomisos lote y recursos proyecto Uraku Suites»; «Acción
Sociedad Fiduciaria S.A. ha cumplido a cabalidad con las obligaciones
previstas en los contratos y en la ley»; «No existe ningún acto
administrativo en el que la Superintendencia Financiera haya
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sancionado a Acción Sociedad Fiduciaria S.A. a título de dolo»; e
«Imposibilidad de dictar sentencia sin la presencia de todas las partes
de la relación negocial que se discute».
3.2. Mediante sentencia de 10 de octubre de 2023, la
Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la
Superintendencia Financiera de Colombia negó las
pretensiones de la demanda por considerar que no se había
probado la causal de remoción alegada, toda vez que los
presuntos incumplimientos no afectaron el desarrollo
inmobiliario, al punto que el proyecto constructivo
efectivamente se realizó. Sobre las infracciones denunciadas,
encontró que algunas no se probaron y otras fueron
corregidas, sin que revistieran una gravedad tal que diera
lugar a la remoción del fiduciario.
En lo que atañe al «Fideicomiso Lote Proyecto Uraku Suites»,
consideró que se está ante una carencia de objeto debido a
que, al interior del proceso de liquidación judicial, la
Superintendencia de Sociedades admitió ese patrimonio
autónomo y designó liquidador, por lo que la convocada ya
no tiene la calidad de fiduciario y, por ende, cualquier orden
de remoción caería al vacío.
3.3. Inconformes con lo decidido, las demandantes
interpusieron recurso de apelación.
4. La Sentencia Impugnada
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Mediante providencia del 4 de abril de 2024, la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá modificó lo decidido por
el a quo, declarando probada de oficio la excepción de falta
de legitimación en la causa por activa, conforme a
consideraciones que admiten el siguiente compendio:
4.1. La calidad de consumidor financiero es
presupuesto ineludible para: (i) acudir a la acción de
protección consagrada en el artículo 57 de la Ley 1480 de
2011; (ii) hacer extensibles los efectos de las leyes 1328 de
2009 y 1480 de 2011 y (iii) que la discusión pueda ser
ventilada ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
4.2. En este caso, las sociedades demandantes carecen
de legitimación en la causa por activa debido a que ninguna
tiene la calidad de consumidor financiero, requisito
indispensable para accionar por esta vía. Lo anterior debido
a que la acción de protección al consumidor financiero
promovida ante la Superintendencia Financiera exige la
concurrencia de varios elementos, a saber: que la
demandante tenga efectivamente la calidad de consumidor
financiero, que la convocada sea una persona jurídica
vigilada por dicha autoridad y que el litigio verse sobre la
ejecución y acatamiento de las obligaciones adquiridas en
desarrollo de su actividad.
4.3. Si bien el literal d) del artículo 2° de la Ley 1328 de
2009 definió al consumidor financiero como «todo cliente,
usuario, o cliente potencial de las entidades vigiladas»; lo cierto es
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que esa norma fue objeto de examen de constitucionalidad a
través de la sentencia CC, C-909 de 2012, en la que se
hicieron «importantes precisiones sobre el verdadero alcance del
concepto de consumidor financiero» contenido en dicha
disposición, al punto que, para la Corte Constitucional, el
consumidor financiero es aquel que adquiere un bien o
servicio «para satisfacer una necesidad propia, no ligada
intrínsecamente a su actividad económica».
4.4. Conforme al precedente constitucional contenido
en la referida sentencia CC, C-909 de 2012, ha de entenderse
como consumidor financiero «por extensión del simple consumidor,
a la persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera,
disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea la
naturaleza del consumidor, para la satisfacción de una necesidad
propia, privada, familiar o doméstica, solo que el producto o servicio es
obtenido en razón de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión
de los recursos captados al público».
4.5. De conformidad con estas reglas, consideró que las
actoras carecen de la calidad de consumidores financieros,
pues la celebración de los contratos en virtud de los cuales
pidieron la remoción del fiduciario «obedece a la verificación de
un acto de comercio de carácter financiero, que está ligado
intrínsecamente a las actividades económicas de Inversiones Cafi S.A.,
Puerta de Rosales S.A. en reorganización y Seteyco S.A.S.».
4.6. Valorados los certificados de existencia y
representación de las convocantes, encontró el colegiado que
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se trata de sociedades dedicadas a la construcción y
ejecución de negocios inmobiliarios, pues el objeto social de
Seteyco es la construcción y consultoría de toda clase de
bienes inmuebles y finca raíz y la ejecución de contratos de
arriendo, permuta, compra, venta, comodato; y el objeto
social de Inversiones Cafi y de Puerta de Rosales S.A. es la
construcción y consultoría de toda clase de bienes inmuebles
y finca raíz, la ejecución de todo tipo de negocios
inmobiliarios y la prestación de asesorías relacionadas con la
construcción.
4.7. Analizados los contratos de fiducia, concluyó el
Tribunal que su finalidad no era otra que llevar a cabo la
construcción de un proyecto inmobiliario con intervención de
la fiduciaria demandada, en el que Seteyco «urbanizaría un
complejo inmobiliario que se compone, entre otros, de (81) suites o
aparta-suites privadas y tres (3) suites o aparta-suites de la
copropiedad; la edificación tendría lugar en los inmuebles que Puerta de
Rosales (…) le transfirió a la Fiduciaria para que se constituyera el
patrimonio autónomo lote proyecto Uraku Suites y, por último,
Inversiones Cafi S.A. tendría a su cargo la gerencia técnica y financiera
del proyecto constructivo Uraku Suites»; de donde se desprende que
los convenios se encuentran intrínsecamente ligados a las
actividades económicas de las convocantes, quienes, por
tanto, no pueden tenerse como consumidoras financieras.
4.8. Por esa vía, vistas las relaciones jurídicas que se
gestaron con la fiduciaria demandada, no cabe afirmar que
las actoras «hayan adquirido productos y/o servicios como
destinatario final, sino que corresponden a negocios jurídicos claramente
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ligados a la actividad económica de tales compañías, dedicadas al sector
de la construcción», los cuales fueron celebrados a fin de que se
dieran las condiciones técnicas y financieras necesarias para
llevar a cabo un proyecto inmobiliario con propósitos
evidentemente lucrativos, «para que, a posteriori los eventuales
beneficiarios de área (verdaderos consumidores finales), adquirieran la
titularidad de las suites o aparta-suites allí construidas, junto con otros
derechos comunes».
4.9. En conclusión, las convocantes carecen de
legitimación en la causa para promover la acción de
protección del consumidor financiero, consagrada en el
artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 numeral
2° del estatuto procesal.
DEMANDA DE CASACIÓN
Las demandantes interpusieron oportunamente
recurso extraordinario de casación y, tras su admisión,
presentaron la demanda de sustentación que se estudia, en
la cual enarbolaron un cargo al amparo de la causal primera
del artículo 336 del Código General del Proceso.
CARGO ÚNICO
Con base en la causal primera de casación, se acusa al
fallo de violar directamente el literal d) del artículo 2° de la
Ley 1328 de 2009, por falta de aplicación, pues «fue pasad[o]
por alto por parte del Honorable Tribunal al decretar de oficio la falta de
legitimación en la causa por activa», bajo el argumento de que las
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demandantes no tenían la calidad de consumidor financiero
en los términos de la Ley 1480 de 2011, cuando existe una
norma especial que la define sin las restricciones propias del
Estatuto del Consumidor.
Después de hacer un recuento del interés público
involucrado en la actividad financiera y del imperativo
constitucional de protección del consumidor, adujeron que la
Ley 1328 de 2009 define como consumidor financiero a toda
persona que, sin distinción alguna, tenga la calidad de
cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas,
siendo los clientes aquellas personas naturales o jurídicas
con quienes la entidad vigilada establece relaciones de origen
legal o contractual para el suministro de productos o
servicios, en desarrollo de su objeto social.
Cuando se cumplen tales condiciones, es posible acudir
a la acción de protección ante la Superintendencia
Financiera, motivo por el cual no se puede limitar el acceso
a ese mecanismo tuitivo al adoptar una definición «más
genérica de lo que se comprende como consumidor», como la
contenida en la Ley 1480 de 2011, toda vez que aquella «no
aplica para el sector financiero, al tener una definición más amplia
respecto a las personas que realizan actividades con instituciones
financieras», más aún cuando en esta materia debe prevalecer
el principio de especialidad, en virtud del cual debe primar la
norma especial sobre la general.
Así las cosas, el ad quem se equivocó al declarar la falta
de legitimación por activa con fundamento en el concepto de
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consumidor que trae la Ley 1480 de 2011, bajo el entendido
de que las demandantes realizan actividades de
construcción, «obviando que, [aquellas] cumplen la calidad de
consumidor financiero bajo la categoría de cliente al ser usuarios de un
servicio especializado como es la administración y vocería de los
patrimonios autónomos por parte de ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA».
Concluye el embate señalando que el Tribunal
desconoció precedentes de esta Corporación en los que se
resolvieron acciones de protección del consumidor financiero
en contra de la misma demandada –caso Marcas Mall-, en
los cuales los demandantes «obran como personas que ejecutan
actividades de enajenación o alquiler de locales comerciales».
CONSIDERACIONES
I. Precisiones preliminares
1. El carácter no sustancial de la norma cuya
infracción se denuncia
El cargo formulado por las censoras tiene un defecto
técnico evidente, pues no denuncia la infracción directa de
una disposición de naturaleza sustancial. La única norma
cuya vulneración se acusa es el literal d) del artículo 2° de la
Ley 1328 de 2009, precepto estrictamente definitorio que no
crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de carácter
particular.
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La alegación de la causal primera de casación exige al
censor demostrar que el Tribunal incurrió en un yerro del
que surja patente la transgresión de, al menos, un precepto
de carácter sustantivo. El ataque enfilado por esta vía
requiere de la individualización de los cánones de ese linaje
presuntamente quebrantados, estando vedado para la Corte
suplir eventuales deficiencias en la formulación del cargo,
dado el carácter excepcional y dispositivo del recurso
extraordinario.
Recuérdese que, según el precedente de la Sala, una
norma es de estirpe sustancial «cuando contiene una prescripción
enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas
concretas” (G.J. CLI, pág.254) y por ende carecen de tal connotación “los
preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a
precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente
enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de
disciplina probatoria” (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01;
reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)»
(CSJ, AC4591-2018).
Este defecto cerraría el paso a la demanda de casación,
pero no así a la intervención oficiosa de la Corte, que en este
caso resulta indispensable en la medida en que la decisión
del Tribunal desconoce los derechos y garantías
constitucionales de las demandantes, como se pasa a
explicar.
2. Intervención oficiosa de la Corte
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El artículo 336 del estatuto procesal habilita a la Sala
de Casación Civil, Agraria y Rural para casar de oficio la
sentencia de segundo grado «cuando sea ostensible que la misma
compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra
los derechos y garantías constitucionales». Es decir, esta
intervención oficiosa resulta procedente cuando se verifica
alguno de estos eventos excepcionales, caso en el cual «la
Corte puede separarse de los estrictos linderos que impone el carácter
dispositivo del recurso, con el fin de enmendar yerros de la magnitud de
los anunciados, sirviéndose de razones diferentes a las esgrimidas por
el recurrente extraordinario en su escrito de sustentación» (CSJ,
SC963-2022).
Esta facultad resulta justificada si en cuenta se tiene
que la Constitución Política atribuye a la Corte Suprema de
Justicia la función de actuar como Tribunal de Casación,
recurso extraordinario que tiene como finalidad «defender la
unidad e integridad del ordenamiento jurídico» y «unificar la
jurisprudencia nacional» (art. 333 ib.). Se trata de una labor
nomofiláctica, consistente en garantizar la interpretación
uniforme y adecuada de las normas jurídicas, preservando
no solo la unidad sino la coherencia de la jurisprudencia,
pues en virtud de los lineamientos de la Sala los jueces y
tribunales pueden aplicar la ley de manera consistente,
evitando contradicciones que atenten contra la seguridad
jurídica y la igualdad de los ciudadanos.
En este caso, el entendimiento de la noción de
consumidor financiero tiene profundas consecuencias
sustantivas y procesales, lo que impone a la Corte intervenir
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de manera oficiosa para precisar el alcance de la definición
contenida en el literal d) del artículo 2° de la Ley 1328 de
2009, toda vez que la interpretación restrictiva dada por el
ad quem compromete gravemente las garantías
fundamentales de quienes, como las demandantes, tienen
dicha calidad y entablan con las entidades vigiladas
auténticas relaciones de consumo, excluyéndolas del
régimen tuitivo de protección legalmente establecido en su
favor y afectando, como se verifica en este caso, su derecho
de acceso a la administración de justicia.
Con estas precisiones, debe señalarse que el problema
jurídico que ahora ocupa la atención de la Corte consiste en
determinar si la noción de consumidor financiero contenida
en la Ley 1328 de 2009 debe entenderse en la amplitud que
tal normativa consagra o si, por el contrario, su correcta
intelección exige analizar la categoría bajo los parámetros
finalistas consagrados en la Ley 1480 de 2011, contentiva del
Estatuto General del Consumidor.
La Sala no pasa por alto que la controversia está
atravesada por el pronunciamiento realizado por la Corte
Constitucional en sentencia C-909/12, por medio de la cual
estudió la constitucionalidad de la expresión todo contenida
en el literal d) del artículo 2° de la Ley 1328 de 2009 y en
cuyas consideraciones pareció colegir que la noción de
consumidor financiero allí consagrada debía analizarse bajo
los parámetros finalistas contenidos en el Estatuto del
Consumidor. En tal virtud, corresponde ahora a la Sala, en
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sede de casación, realizar la interpretación de la norma bajo
los criterios establecidos en la sentencia constitucional
mencionada, como se pasa a explicar.
II. El alcance de la sentencia C-909 de 2012.
Protección constitucional de los derechos del
consumidor
1. Sea lo primero indicar que la sentencia CC, C-909/12
es vinculante para las autoridades judiciales, pues resuelve,
con fuerza de cosa juzgada constitucional, sobre la
exequibilidad de una norma, en este caso, el mencionado
literal d) del artículo 2° de la Ley 1328 de 2009.
En dicha sentencia, la Corte Constitucional afirma que
el régimen jurídico del consumo está regulado a través de
una normativa general, contenida en la Ley 1480 de 2011, y
de otras reglamentaciones específicas, entre las que se
encuentra la establecida en la Ley 1328 de 2009.
El mismo texto de la Ley 1480 de 2011 (Régimen
General de Consumo) establece en su artículo 2° que, las
disposiciones contenidas en ese cuerpo normativo «son
aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad
de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los
sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación
especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y
suplementariamente las normas establecidas en esta Ley».
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En ese sentido, cuando la Sentencia C-909/12 afirma
que las normas que protegen al consumidor financiero,
contenidas en la Ley 1328 de 2009, deben interpretarse a la
luz de las reglas generales establecidas en el Régimen
General de Consumo, está dando alcance a la interpretación
mencionada.
Para comprender correctamente el alcance de la referida
sentencia de constitucionalidad, es indispensable recordar el
origen y finalidad del derecho de consumo, análisis que
permite armonizar las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional con la noción amplia de consumidor
financiero contenida en la norma sectorial.
2. El derecho del consumo surgió como respuesta a la
necesidad de protección de la parte más débil en el contrato,
constituyéndose en un régimen especial y tuitivo que busca
superar las reales asimetrías existentes en los procesos de
contratación modernos, que con frecuencia reflejan la
existencia de una parte con una clara superioridad técnica,
financiera, de conocimiento y negociación, frente a otra que
cuenta con poca información para tomar decisiones y no
tiene poder de negociación ni capacidad de litigio que permita
la tutela efectiva de sus derechos.
Por esa senda, la normativa protectora del derecho de
consumo tuvo origen en desarrollos legislativos con el
propósito de proteger a la parte débil, que se entendía
merecedora de protección dados los posibles abusos que
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podía sufrir frente a la parte fuerte económicamente en el
contrato. En la actividad empresarial actual se destacan
técnicas de producción en masa en donde se producen y
distribuyen mercancías idénticas a través de mecanismos
homogéneos frente a los cuales aparece una parte
contractual que, dada la celeridad de las operaciones
mercantiles, debe aceptar los contenidos contractuales que
le impone la contraparte en una posición predominante.
A comienzos del siglo XIX, Saleilles2 había destacado el
profundo cambio que en la realidad económica se estaba
presentado en su época y propuso una solución a través de
la llamada doctrina de los contratos de adhesión, mediante la
cual, a partir de la aplicación del criterio de interpretación
contra profeterem, en aquellos contratos con cláusulas
uniformes impuestos a una parte en el contrato sin
posibilidad de discusión por su parte, las cláusulas que
resultaran oscuras o con vacíos de regulación debían
interpretarse a favor de aquella a la que se le imponía el
negocio jurídico y en contra de quien “lo profería”.
Posteriores desarrollos económicos permitieron llegar al
convencimiento de que la aplicación de esta doctrina
resultaba aún insuficiente dado que se mantenían, en
muchos casos, las condiciones de abuso por la parte que
detentaba un mayor poder económico.
2 Cfr. Saleilles, Raymond, De la déclaration de volonté: contibution a l’étude de l’acte juridique dans
le Code Civil allemand, arts. 116 à 144, Paris, F. Pichon Successeur Editeur, 1901, p. 421.
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3. En el ámbito político, un nuevo movimiento social
empezó a gestarse, expresado, entre otras intervenciones, en
la voluntad política bajo la presidencia de John F. Kennedy,
quien el 15 de marzo de 1962 pronunció un emotivo discurso
ante el Congreso de los Estados Unidos, a favor de la
protección de los consumidores, abogando por el
reconocimiento de derechos fundamentales a la información,
seguridad, elección y defensa. Esa sentida alocución marcó
una nueva actitud del poder político que fundamentó la
creación de novedosos instrumentos jurídicos sobre los
cuales se iba a construir la nueva estructura de protección
al consumidor.
Fue así como a partir de entonces, el Estado, haciendo
uso de sus poderes de intervención, empezó a actuar
estableciendo una regulación particular con la finalidad de
proteger al consumidor como sujeto indispensable para el
adecuado desarrollo económico. Este nuevo marco de
intervención estatal se producirá cuando una de las partes
contractuales es un consumidor. En estos eventos, a través
de las normas de protección a la parte débil, se establecieron
garantías a favor del consumidor que permitieran equilibrar
la situación negocial tanto en las etapas de formación como
de celebración y ejecución de los contratos de consumo.
Por otro lado, la vinculación de la protección a los
consumidores con la necesidad de amparar los derechos
humanos llevó a la idea que el derecho de consumo también
atendía la dignidad humana, el libre desarrollo de la
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personalidad y los llamados derechos económicos, cuya
trasgresión implicaba una afrenta a los derechos inherentes
a las personas, por tanto, relevantes constitucionalmente3.
De allí en adelante, la protección del consumidor entró
a hacer parte del grupo de derechos reconocidos como
inherentes a la persona en las constituciones, que empezaron
a reconocer derechos y garantías a ese colectivo, de donde se
desprende la obligación estatal de establecer políticas
públicas y herramientas jurídicas para cumplir con ese
objetivo de protección.
4. La estrecha vinculación entre el derecho del consumo
y el derecho constitucional ha permitido a la Corte
Constitucional interpretar las reglas de consumo a través de
algunos criterios como el de progresividad, en virtud del cual
los derechos de los consumidores no pueden restringirse,
particularmente a través de la promulgación de regulaciones
especiales, como en este caso es la normativa sectorial de
protección al consumidor financiero.
Bajo esta perspectiva es dable colegir que la
interpretación contenida en la sentencia CC, C-909/2012
parte del hecho indiscutible de que el régimen especial del
consumidor financiero debe respetar los mínimos
establecidos en el Régimen General de Consumo (Ley 1480
de 2011), y que si bien las reglas especiales no pueden
restringir los derechos ya reconocidos, sí pueden regular con
3 Cfr. CC, C1141 de 2000, CC, C749 de 2009, CC. C133 de 2014; CC, C973 de 2002.
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mayor precisión las situaciones particulares de consumo y
en todo caso pueden ampliar dichos derechos, como sucede
particularmente en el sector financiero, en el cual la Ley 1328
de 2009 ha establecido un concepto amplio de consumidor
financiero para incluir dentro de dicha categoría a «todo cliente,
usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas».
III. La noción de consumidor financiero en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
Establecido el alcance del fallo de constitucionalidad en
que se basó el Tribunal para declarar la falta de legitimación
de las demandantes en el sub-lite, procede la Corte a
desarrollar la adecuada interpretación de la norma referida
supra, con observancia en los principios que orientan el
especial régimen tuitivo para los consumidores, siendo ello
su función como máximo órgano de la justicia ordinaria y
tribunal de casación, para lo cual se ofrecen las siguientes
consideraciones.
1. Especialidad de la regulación de la protección del
consumidor financiero
1.1. En cumplimiento de las funciones de intervención
y con el ánimo de adecuar, reorganizar y modernizar el marco
regulatorio e institucional del sistema financiero, se expidió
la Ley 1328 de 2009, «por la cual se dictan normas en materia
financiera, de seguros y del mercado de valores»; normativa que
establece el régimen especial de protección «de los consumidores
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financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia» (art. 1º).
Este régimen encuentra su justificación en el carácter
de interés público que la Constitución atribuye a las
actividades financiera, bursátil, aseguradora y, en general, a
las relacionadas con la administración, aprovechamiento e
inversión de los recursos captados del público.
1.2. En la exposición de motivos del proyecto de ley se
indicó que el crecimiento del sistema financiero, el propósito
gubernamental de bancarizar al mayor porcentaje de la
población y el uso creciente de las nuevas tecnologías hacían
necesario fortalecer el marco normativo de protección del
consumidor de este sector, buscando consolidar su confianza
para acceder al sistema. En esa oportunidad, se dijo:
La consagración de un régimen especial dentro del proyecto de
reforma financiera, obedece al propósito claro de consolidar la
protección al consumidor financiero, entendiendo por este
toda persona natural o jurídica que accede a cualquiera de
los productos y servicios ofrecidos por las instituciones
vigiladas por la Superintendencia Financiera.
Ahora, no es el primer conjunto normativo que se adopta sobre la
materia. Desde los desarrollos iniciales de la regulación
financiera se ha considerado que es justificable una
protección especial a este tipo de consumidor, dado el hecho
de que la actividad financiera es una actividad de interés
público, [en] el que existe un criterio evidente de necesidad
por cuanto, por regla general, la población requiere acceder a un
producto o servicio financiero con el ánimo de alcanzar un
bienestar económico y que existe una relación contractual
generalmente asimétrica.
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La relación que se crea entre las dos partes en la instrumentación
de un servicio financiero es, por principio, asimétrica por cuanto
una de las partes, institución financiera, conoce en mejor forma el
mercado, los riesgos y el régimen jurídico de la operación.
Adicionalmente, en su condición de proveedor de servicios en
forma masiva, la institución financiera establece sus relaciones
jurídicas a través de esquemas contractuales previamente
elaborados, no sujetos a discusión o modificación. Generalmente
el cliente sólo puede aceptar el producto o servicio en los términos
o condiciones en que es ofrecido o rechazarlo.
En adición a lo anterior, debe considerarse que tratándose de las
relaciones de consumo, en la actividad financiera no se está
frente a un esquema tradicional de suministro de información,
publicidad, defectos o garantías, razón que fortalece la necesidad
de adoptar un régimen particular de protección. Por lo tanto, la
especialidad de las operaciones y los riesgos implícitos en
ellas ha promovido la adopción de un régimen particular
dirigido a la protección del consumidor de tales servicios
que procure el equilibrio contractual entre las partes intervinientes
y que propenda, entre otras cosas, por: -Evitar la asimetría en la
información. -Radicar obligaciones especiales en las entidades. -
Diseñar figuras especiales de protección. -Establecer
procedimientos de atención de solicitudes4.
La exposición de motivos -y la redacción final de la
norma- evidencia una decisión legislativa de implementar
un régimen jurídico especial de protección a los clientes,
usuarios y clientes potenciales de las entidades financieras,
que no puede entenderse como una mera variante del
régimen general, sino como un sistema normativo autónomo
y funcionalmente diferenciado, cuya finalidad es garantizar
la confianza pública, corregir las asimetrías estructurales
presentes en el sector financiero y promover relaciones más
justas y equilibradas entre las entidades vigiladas y sus
usuarios.
4 Exposición de Motivos de la Ley 1328 de 2009. Gaceta del Congreso 138 de 2008.
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1.3. Por esa vía, la regulación protectora consagrada en
el Título I de la referida Ley 1328 de 2009 estableció una serie
de definiciones «para efectos de [ese] régimen», de las que se
extraen, por su pertinencia (art. 2°):
a) Cliente: Es la persona natural o jurídica con quien las
entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o
contractual, para el suministro de productos o servicios, en
desarrollo de su objeto social.
b) Usuario: Es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente,
utiliza los servicios de una entidad vigilada.
c) Cliente Potencial: Es la persona natural o jurídica que se
encuentra en la fase previa de tratativas preliminares con la
entidad vigilada, respecto de los productos o servicios ofrecidos
por esta.
d) Consumidor financiero: Es todo cliente, usuario o cliente
potencial de las entidades vigiladas.
Esta amplitud en cuanto a los destinatarios del
esquema tuitivo se encuentra justificada por la especial
naturaleza de la actividad financiera, la superioridad técnica
y creciente especialización de las entidades vigiladas y las
particulares características de los productos que ofrecen,
realidades que exigen una protección reforzada para el
consumidor financiero en este sector de la economía.
1.4. La actividad financiera tiene una relevancia
estructural en la economía nacional, al estar estrechamente
vinculada con el sostenimiento del orden público económico,
la creación secundaria de dinero, el manejo del ahorro
público y el sistema de medios de pago, entre otras funciones
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que tienen incidencia directa en la estabilidad y crecimiento
macroeconómico5. Dada su trascendencia e incidencia en
todos los sectores de la economía y su íntima relación con la
garantía y satisfacción de derechos de los ciudadanos, el
legislador consagró un régimen de protección ampliado que
se justifica por la especial naturaleza de esta actividad.
Por esa senda, el régimen especial de protección al
consumidor financiero no solo es una concreción del artículo
78 constitucional, sino también una respuesta a las
especificidades del sector, al carácter de interés público de la
actividad financiera y a los riesgos estructurales que la
caracterizan, particularidades que explican y justifican la
decisión legislativa consistente en ampliar la cobertura del
régimen tuitivo a todos los clientes, usuarios y clientes
potenciales del sistema.
2. Aplicación prevalente del régimen especial del
consumidor financiero contenido en la Ley 1328 de 2009
y la aplicación complementaria del Estatuto General del
Consumidor (Ley 1480 de 2011)
2.1. De acuerdo con el numeral 1° del artículo 5° de la
Ley 57 de 1887, «la disposición relativa a un asunto especial prefiere
a la que tenga carácter general». Por medio de la Ley 1328 de
2009, el legislador expidió la normativa sectorial de
protección del consumidor financiero, que, en virtud del
referido principio de especialidad, prevalece sobre las
5 Cfr. CC, C-1062/2003, C-314/2009, C-793/2014.
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disposiciones del Estatuto General del Consumidor, que se
aplican, como se verá, solo de forma supletiva.
Por esa vía, debe resaltarse que la norma especial
determinó expresamente su objeto y ámbito de aplicación,
cuando en su artículo 1° dispuso que el régimen en ella
contenido pretende «establecer los principios y reglas que rigen
la protección de los consumidores financieros en las relaciones
entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que
complementen medidas e instrumentos especiales de protección»;
añadiendo en el segundo inciso que, para efectos del Título I
-régimen de protección-, «se incluye dentro del concepto de
consumidor financiero, toda persona que sea consumidor en el
sistema financiero, asegurador y del mercado de valores».
La misma Ley define que, para efectos del régimen
tuitivo por ella establecido, se tendrá como consumidor
financiero a «todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades
vigiladas», consagrando así una definición particular de
consumidor financiero, fundada en un criterio subjetivo, esto
es, determinada por los sujetos destinatarios del andamiaje
protector.
2.2. Por otra parte, la Ley 1480 de 2011 contiene las
normas que, de manera general, garantizan la protección de
los derechos de consumidores y usuarios en cualquier sector
de la economía en el que no exista normativa especial,
regulando los derechos y las obligaciones surgidas entre los
productores, proveedores y consumidores, así como la
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responsabilidad de aquellos, a través de herramientas
sustanciales y procesales.
El Estatuto General define en su artículo 5° al
consumidor o usuario como «toda persona natural o jurídica que,
como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado
producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una
necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando
no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica»;
noción que descansa en un criterio finalista en el que
adquiere relevancia el propósito de la adquisición6.
Ahora bien, la misma Ley 1480 delimita puntualmente
su ámbito de aplicación, señalando expresamente que sus
disposiciones se aplican de manera general a las relaciones
de consumo en todos los sectores de la economía «respecto de
los cuales no exista regulación especial, evento en el cual
aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas
establecidas en esta Ley» (art. 2°), de donde se desprende la
clara concurrencia de los regímenes de protección, siendo el
general aplicable de forma complementaria de las normas
especiales.
Es el caso del sistema financiero, donde existe una
regulación especial que responde a las particularidades de
6 La definición de consumidor adoptada por la Ley 1480 de 2011 descansa en un criterio finalista en el
que es determinante el propósito de la adquisición, pues se exige que quien intervenga en la relación de
consumo (i) tenga la calidad de destinatario final, esto es, aquel que adquiere los bienes o servicios para
utilizarlos él mismo, agotándose en él su uso; y (ii) que su adquisición haya estado encaminada a
satisfacer una necesidad que se encuentre por fuera del ámbito de la actividad económica o comercial
del adquirente. Si, por el contrario, se busca satisfacer un requerimiento económico o empresarial
íntimamente relacionado con aquella, se excluye la relación de consumo y la aplicación del régimen
tuitivo.
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ese sector de la economía y que consagra una noción más
amplia de consumidor que no está restringida o delimitada
por el criterio finalista propio del Estatuto General, mismo
que se aplica de manera suplementaria, es decir, cuando no
se cuente con regulación especial, lo que no ocurre en este
sector de la economía.
2.3. En ese escenario se impone aceptar que la noción
de consumidor financiero consagrada en la ley especial es,
sin duda, más amplia que la contenida en el Estatuto del
Consumidor y se identifica con el concepto mismo de cliente
(usuario o cliente potencial) de la institución financiera, de
donde se desprende que, a efectos de la normativa sectorial,
basta con que exista una relación legal o contractual con la
entidad vigilada para que aquel sea considerado como
consumidor financiero, sin importar el destino final de la
adquisición del producto o servicio ni la conexión intrínseca
con su actividad económica (condicionamientos que sí
contempla el Estatuto General).
Desde esta perspectiva, no puede equipararse al
consumidor financiero con el general, pues el primero se
relaciona con proveedores que no son simples comerciantes,
sino instituciones de interés público, sometidas a vigilancia
permanente y dotadas de una posición de superioridad
técnica, jurídica y económica. La concepción amplia
consagrada en la Ley 1328 parte de un enfoque (i) sectorial,
esto es, circunscrito al ámbito de las actividades financiera,
aseguradora y del mercado de valores; y (ii) funcional, en
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cuanto reconoce la especial posición de poder que ostentan
las entidades vigiladas en dichas relaciones al desarrollar
actividades de interés público.
Esta diferencia de contextos obliga a interpretar la
noción de consumidor financiero con una mayor amplitud,
flexibilidad y funcionalidad, de modo que sea posible
garantizar la realización efectiva de los derechos que nacen
de esa especial relación de confianza.
2.4. Con base en lo expuesto, es válido colegir que: (i) el
Estatuto del Consumidor, como normativa orientadora del
sistema tuitivo de las relaciones de consumo, constituye un
régimen que establece los mínimos de protección, y que se
aplica de manera suplementaria en aquellos eventos en que,
para el sector específico de que se trate, no exista regulación
especial o que, existiendo, presenta vacíos insuperables; (ii)
los preceptos de la Ley 1328, en tanto especiales para los
consumidores financieros, deben preferirse ante eventuales
contradicciones, pues así lo exige el criterio de especialidad
contenido en la Ley 153 de 1887; y (iii) resulta más
garantista, desde la perspectiva constitucional, el concepto
de consumidor financiero adoptado por la normativa
sectorial, pues es más amplio y abarca más sujetos de
protección, lo que se explica a partir de las particularidades
de este específico sector de la economía.
3. Precedentes de la Corte Suprema de Justicia
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El entendimiento que ahora se presenta no es
totalmente novedoso si en cuenta se tiene que esta Sala de
Casación ha acudido a la definición de consumidor financiero
de la Ley 1328 de 2009 sin ligarla o condicionarla
necesariamente al marco general de la Ley 1480, en varios
casos de su conocimiento.
Por mencionar solo algunos, recuérdese que en
sentencia CSJ, SC18614-2016, se sostuvo: «no se puede pasar
por alto que la razón de ser de la derogatoria fue que en la Ley 1328 de
2009, se desarrolló lo concerniente al Régimen de Protección del
Consumidor Financiero, con el propósito de “establecer los principios y
reglas que rigen la protección de los consumidores financieros en las
relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que
contemplen medidas e instrumentos especiales de protección”».
Así mismo, en providencia CSJ, SC1301-2022 la Sala
reconoció que «la Ley 1328 de 2009 establece un régimen de
«protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos
y las entidades vigiladas», como es el caso de las aseguradoras,
precisando en su artículo primero (sic) quienes son considerados
consumidores financieros».
En la CSJ, STC4826-2023, se consignó que: «no todos los
consumidores son iguales, en especial si se trata de los financieros, pues
al pertenecer a esa categoría todo cliente, usuario o cliente potencial de
las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, pueden
tener esa calidad las personas naturales que, simplemente, buscan
satisfacer sus necesidades ordinarias e, igualmente, las empresas,
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profesionales en determinado ramo del mercado, que anhelan gestionar
sus intereses económicos».
Incluso, en la CSJ, SC2879-2022, -primera de varias
sentencias proferidas respecto de un mismo proyecto
inmobiliario-, la Corte conoció y resolvió sendas acciones de
protección al consumidor financiero en las que los
demandantes habían suscrito contratos fiduciarios de cara a
la adquisición de locales comerciales, sin que su finalidad
fuera impedimento para que tanto los jueces de instancia
como la Sala se pronunciaran de fondo.
Recientemente, en CSJ, STC8865-2025, la Sala
encontró configurada una vía de hecho en una decisión
judicial en la que se declaró la falta de legitimación en la
causa por activa de una demandante que no tenía la calidad
de destinatario final, cuando buscaba la protección del
consumidor financiero contenida en la normativa sectorial.
Pues bien, pese a que en otras oportunidades esta
Corporación ha aludido a la noción de consumidor financiero
consagrada en la Ley 1328 de 2009, en esta ocasión la Corte
estima necesario unificar la interpretación que, sobre el
particular, se ha dado en la jurisprudencia, en aras de
garantizar la seguridad jurídica y de efectivizar, en mayor
grado, la protección de los derechos de los consumidores
financieros, adoptando en consecuencia la noción amplia
contenida en dicha normativa.
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4. Regulación especial del consumidor financiero
Como se explicó en precedencia, la especial regulación
contenida en la normativa sectorial de protección considera
consumidor financiero a toda persona natural o jurídica que
establezca relaciones legales o contractuales con las
entidades vigiladas en calidad de cliente, usuario o cliente
potencial.
La amplitud de la definición implica que en ella quedan
incluidos consumidores de las más disímiles condiciones, en
cuyas relaciones con las entidades vigiladas no siempre
estarán presentes las mismas circunstancias de asimetría.
La propia normativa del sistema financiero reconoce diversas
subcategorías de consumidores, por ejemplo, ahorradores o
depositantes a la vista o a plazo, deudores o tarjetahabientes,
deudores de crédito vivienda, de leasing habitacional familiar
y no familiar o mercantil, deudores de créditos
agropecuarios, para construcción, etc.; tomadores de
seguros, asegurados y beneficiarios; cliente inversionista,
inversionista profesional en el mercado de valores; afiliados
a pensiones, aportantes calificados, aportantes no
calificados, fideicomitentes, entre muchas otras categorías de
sujetos que, si bien comparten la calidad de consumidores
financieros, se pueden distinguir según el tipo de producto o
servicio utilizado y la posición específica que ocupan en la
relación con la entidad vigilada.
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En ese sentido, aunque todos son consumidores
financieros en virtud de lo establecido en la Ley 1328 de
2009, existen otras regulaciones especiales que otorgan
distintos resguardos a diferentes tipos de consumidores, en
respuesta a las particularidades de las relaciones que
entablan con las instituciones financieras o del tipo de
producto o servicio adquirido.
Para la Corte, el análisis armónico de las Leyes 1328 de
2009 y 1480 de 2011 permite afirmar que ambas forman
parte de un sistema normativo coherente que reconoce la
coexistencia de categorías amplias y subcategorías
específicas de consumidores, cuya protección puede variar
de acuerdo con lo establecido en regulaciones especiales que
complementan ese amparo en función del tipo de entidad o
del contrato celebrado.
Esas particularidades en la protección se reflejan en la
misma normativa sectorial, donde se contempla un trato
especial para distintas categorías de consumidores
financieros. Por señalar sólo algunos ejemplos, véase cómo el
artículo 5° literal g) de la Ley 1328 consagra el derecho a
efectuar pagos anticipados sin incurrir en penalización, sin
embargo, «este derecho del consumidor financiero no será aplicado a
operaciones de crédito cuyo saldo supere los ochocientos ochenta (880)
smmlv. Para los créditos superiores a este monto, las condiciones del
pago anticipado serán las establecidas en las cláusulas contractuales
pactadas entre las partes», lo que muestra un trato particular
para quienes celebran operaciones de alto valor, que
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suponen una capacidad crediticia y, por ende, una posición
negocial superior.
En el mismo sentido, el precepto 14, literal i), ib. dispone
que estarán exceptuados del conocimiento y trámite ante el
Defensor del Consumidor Financiero aquellos asuntos cuya
cuantía supere los cien (100) salarios mínimos al momento
de su presentación; y, en su literal j) establece la posibilidad
de que otros asuntos, definidos por el Gobierno Nacional,
queden también por fuera de este mecanismo de protección.
Muestra de esa última disposición es lo establecido en
el Decreto 1984 de 2018, relativo a la gestión y
administración de fondos de capital privado, en cuyo artículo
3.3.8.5.2. se establece que «las sociedades que solo administren
fondos de capital privado no estarán obligadas a tener defensor del
consumidor financiero», lo que adquiere sentido si en cuenta se
tiene que el monto mínimo para constituir participaciones en
tales fondos es de seiscientos salarios mínimos (art.
3.3.2.2.3), lo que hace pensar en una relación donde el
inversionista tiene capacidad económica, poder de
negociación y, posiblemente, conocimiento o experticia en
este tipo de productos financieros especializados, lo que
haría innecesaria la existencia de un defensor de este tipo
para la protección de sus derechos.
Por la misma senda, el Decreto 2555 de 2010 diferencia
entre «cliente inversionista» e «inversionista profesional» del mercado
bursátil, siendo considerado cliente «quien intervenga en
cualquier operación de intermediación en la que a su vez participe un
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intermediario de valores» (art. 7.2.1.1.1), y teniendo como
inversionista profesional a «todo cliente que cuente con la
experiencia y conocimientos necesarios para comprender, evaluar y
gestionar adecuadamente los riesgos inherentes a cualquier decisión de
inversión» (art. 7.2.1.1.2). El mismo Decreto establece que para
ser considerado inversionista profesional se debe cumplir
con ciertos requisitos patrimoniales y de experticia y
habitualidad en el mercado, siendo dicha categorización
obligatoria (art. 7.2.1.1.5) en la medida en que de ella
depende el régimen de protección aplicable a cada uno,
siendo los «clientes inversionistas» los únicos frente a los cuales
las entidades vigiladas tienen el deber de asesoría en los
términos consagrados en dicha norma.
5. La acción judicial de protección del consumidor
financiero
Finalmente, es oportuno resaltar que el legislador de
2011, conocedor -y respetuoso- de la existencia del régimen
especial de protección del consumidor financiero expedido
dos años antes, consagró en el artículo 57 del Estatuto
General una acción jurisdiccional que la norma sectorial no
contempló, y lo hizo a sabiendas de que se trataba de una
prerrogativa judicial necesaria para la efectiva garantía de
derechos de un colectivo específico, a saber, los
consumidores financieros7.
7 Cfr. Debates en Plenaria del 29 de marzo (Gaceta del Congreso 347 de 2011) y del 10 de agosto de
2011 (Gaceta del Congreso 684 de 2011).
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Para los demás consumidores amparados por el
Estatuto General, la Ley 1480 estableció otras acciones
jurisdiccionales, lo que muestra la consciente decisión
legislativa de consagrar, en el marco de la norma general,
una prerrogativa procesal omitida por la regulación especial
y necesaria para otorgar a los consumidores financieros una
herramienta expedita y especializada de acceso a la
administración de justicia.
Por esa senda, el artículo 56 de la referida Ley dispuso
que, sin perjuicio de otras formas de protección, las acciones
de protección al consumidor serían: (i) las populares y de
grupo; (ii) las de responsabilidad por productos defectuosos;
y (iii) la acción de protección al consumidor. Esta última
podría ser conocida por autoridades administrativas
investidas de facultades jurisdiccionales, a saber, la
Superintendencia de Industria y Comercio y la
Superintendencia Financiera de Colombia, en lo de su
competencia.
Conforme al referido canon 57 ib., ante esta última
entidad podrán acudir «los consumidores financieros de las
entidades vigiladas», siempre y cuando tales controversias «estén
relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad
financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el
manejo, aprovechamiento [e] inversión de los recursos captados del
público».
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Así las cosas, la efectividad de los derechos del
consumidor se articula con la garantía fundamental de
acceso a la justicia, lo cual ha justificado la existencia de
mecanismos procesales especiales. Además de las acciones
propias del derecho civil, el legislador previó la acción de
protección al consumidor financiero como un mecanismo
judicial dispuesto en favor de ese colectivo, sin distingos,
para la efectividad de los derechos y prerrogativas
establecidos en el régimen de protección, tornándose en el
escenario natural de resolución de las controversias
relacionadas con la ejecución y cumplimiento de las
obligaciones contractuales asumidas por las entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
6. Conclusión
En virtud de las consideraciones expuestas, para la
Sala es válido y constitucionalmente admisible colegir que,
dadas las particularidades del sector financiero, el legislador,
en atención a la reserva de ley8, definió el marco normativo
en el que se desarrollarían este tipo de relaciones de
consumo.
Es decir, previendo las particulares dinámicas de la
actividad financiera, optó por establecer un régimen que, en
8 En especial, para este ámbito, debe tenerse en cuenta la previsión del canon 78 constitucional: «La ley
regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la
información que debe suministrarse al público en su comercialización»; en concordancia con el artículo
335 ejusdem: «Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del
numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del
Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y
promoverá la democratización del crédito».
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varios aspectos -desde la propia noción de consumidor
financiero-, confiere una protección más amplia y/o
reforzada que la prevista en el Estatuto General, dada la
complejidad de la materia, las especiales características de la
actividad financiera y su marcado impacto en las relaciones
económicas y sociales del país.
En tal virtud, para esta Sala de Casación una adecuada
interpretación como la que se ofrece es constitucionalmente
válida y más garantista de los derechos de los consumidores
financieros, en tanto que (i) comparada con el Estatuto
General -Ley 1480 de 2011-, la norma especial del sistema
financiero es más protectora para los consumidores de ese
sector, en la medida en que abarca a «todo cliente, usuario o
cliente potencial» sin las limitaciones referidas, a saber, la
destinación final del producto y la imposibilidad de su
adquisición con miras a satisfacer una necesidad ligada a la
actividad económica; aunado a que, ciertamente, (ii) en la
sentencia CC, C-909/12, no se condicionó la
constitucionalidad de la norma que contiene la definición de
consumidor financiero, lo que permite a la Sala hacer una
lectura renovada en función de la labor de unificación de la
jurisprudencia prevista para el órgano de cierre de la
jurisdicción ordinaria.
Y es que, se repite, la Corte Constitucional ha señalado
que los derechos de los consumidores son derechos
económicos y sociales, y que el Estado tiene el deber de
ampliar progresivamente su protección; no adoptar
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medidas regresivas que reduzcan su eficacia o cobertura y
garantizar estándares equivalentes o superiores entre los
distintos regímenes (CC, C-313/13). Por ello, el régimen
especial no puede ser interpretado de forma más restrictiva
que el general, sino como una evolución adecuada a las
particularidades del sector financiero. El principio de
progresividad impide reducir el nivel de protección
previamente alcanzado por el legislador o la jurisprudencia.
Así las cosas, se colige que la noción de consumidor
financiero de la Ley 1328 de 2009 responde a una
consagración más amplia contenida en una norma especial,
de modo que debe preferirse no solo por su carácter
prevalente, sino porque materialmente prevé una protección
mayor y dirigida a ese específico ámbito.
En consecuencia, aplicar, contrario sensu, la noción de
consumidor de la Ley 1480 a las relaciones de consumo
financiero desconoce los criterios expuestos,
particularmente, el de especialidad y afecta gravemente
derechos de ese colectivo, como el de acceso a la
administración de justicia.
IV. El caso concreto
La sentencia de segundo grado declaró probada, de
oficio, la falta de legitimación en la causa por activa de las
demandantes, por entender que no tenían la calidad de
consumidores financieros. Para llegar a esa conclusión, el
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colegiado se apoyó en las consideraciones contenidas en la
sentencia CC, C-909/12, antes comentada.
Resaltó el ad quem que, al estudiar la
constitucionalidad del precepto que definía al consumidor
financiero, la referida sentencia hizo importantes precisiones
sobre esta noción y, una vez traídos a colación los
razonamientos del tribunal constitucional, coligió que:
Ha de entenderse como consumidor financiero, por extensión del
simple consumidor, a la persona natural o jurídica que, como
destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado
producto, cualquiera que sea la naturaleza del consumidor, para
la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o
doméstica, solo que el producto o servicio es obtenido en razón de
la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los
recursos captados al público.
Por esa senda, examinó la calidad en la que actuaban
las demandantes partiendo del criterio finalista que, para
definir al consumidor, consagra el Estatuto General y
concluyendo que, en este caso, aquellas no tenían la calidad
de destinatarias finales y que celebraron los contratos de
fiducia con el ánimo de satisfacer una necesidad empresarial
–el proyecto inmobiliario– intrínsecamente ligada a su
actividad económica –la construcción–, motivo por el cual no
podían ser consideradas consumidoras financieras y, por
ende, no podían acudir a la acción de protección consagrada
en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011.
Esa forma de razonar tuvo como consecuencia que la
magistratura de segundo grado restringiera la noción de
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consumidor financiero contenida en el literal d) del artículo
2° de la Ley 1328 de 2009 a los más estrictos contornos de
la definición general de consumidor, perdiendo de vista que
la parte resolutiva de la sentencia en la que basó su
razonamiento no condicionó, en modo alguno, la
constitucionalidad de la norma en comento, cuyo tenor literal
tiene plena vigencia, como se explicó en consideraciones
previas a las que la Sala se remite en aras de la brevedad.
Lo anterior es suficiente para colegir que el Tribunal
incurrió en un error de juzgamiento, que abre paso a la
casación de la sentencia. Ese desacierto resulta relevante
debido a que, de no haber incurrido en él, el juzgador habría
ido por otra senda, pues lejos de negar las pretensiones por
la falta de legitimación en la causa, habría reconocido a las
demandantes como consumidoras financieras, en la medida
en que adquirieron un servicio financiero con una entidad
vigilada. Por esa senda, el ad quem habría analizado los
motivos de inconformidad de las apelantes frente al fallo de
primer grado y habría ofrecido una decisión de fondo, en
garantía de su derecho al acceso a la administración de
justicia.
En estos términos, procede la Corte a casar la sentencia
impugnada y a proferir sentencia sustitutiva, en sede de
instancia. Ante la prosperidad del recurso, no se impondrán
costas en sede extraordinaria.
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40
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. Los fundamentos de la decisión del a quo
La Superintendencia Financiera de Colombia denegó
las pretensiones de la demanda y declaró probadas, de oficio,
las excepciones de «ausencia de prueba que permita la remoción de
la demandada» y «hecho superado», por colegir que los
incumplimientos referidos como generadores de la pérdida de
confianza en el desarrollo de la gestión encomendada o bien
no se probaron, o fueron corregidos y no afectaron en modo
alguno la marcha del proyecto inmobiliario, mismo que, en
efecto, se desarrolló en el año 2015.
Adujo que la causal de remoción alegada exige la
demostración de dolo, grave negligencia o descuido en las
funciones de la fiduciaria, que conduzcan a dudar
fundadamente del buen resultado de la gestión que le fuera
encomendada, sin que los incumplimientos de escasa
importancia den lugar a dicha remoción, esto debido a que la
conducta reprochada debe ser de tal entidad que ponga en
riesgo los bienes, el patrimonio autónomo o atente contra el
cumplimiento de la finalidad del contrato.
En el caso bajo estudio, encontró el a quo que lo que
demostraban las pruebas no eran los elementos constitutivos
de la causal de remoción alegada, sino «situaciones y diferencias
contractuales en interpretaciones», conductas soportables que no
configuran la causal, que exige incumplimientos de
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gravedad; y sin que las sanciones impuestas a la fiduciaria
en otros casos (menos del 1% de los negocios a su cargo)
tengan la virtualidad de afectar la confianza, menos aun
cuando el proyecto inmobiliario efectivamente se desarrolló.
Por el contrario, encontró probado que lo que se dio en
este caso fue la defensa del fideicomiso por parte de la
convocada, puesto que fueron las demandantes quienes
buscaron cambiar el objeto contractual modificando las
condiciones de vinculación de los adquirentes y poniendo en
riesgo sus derechos, pues a pesar de que se ofertó un
proyecto en el cual se adquiriría la propiedad de las
unidades inmobiliarias (al ser una propiedad horizontal con
fines de vivienda turística) lo que en realidad se quería
escriturar eran derechos fiduciarios, cambio exigido por la
cadena hotelera que entraría a encargarse de la operación
comercial.
En ese sentido, la Superintendencia encontró razonable
que la fiduciaria se opusiera a algo que no era una simple
modificación contractual, sino una «maquinación conducente a
cambiar todas las reglas contractuales ofertadas a los
adherentes», pues ella tenía la obligación de proteger a los
beneficiarios de área como clientes suyos y como
consumidores financieros, incluso «en contra de las mismas
instrucciones de los fideicomitentes».
En tal virtud, consideró que las convocantes buscaban
remover a la fiduciaria no por el riesgo en el éxito de la gestión
encomendada, sino porque esa fue la condición impuesta por
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la cadena hotelera para continuar con el proyecto, tal como
lo reconoció en su interrogatorio el representante legal de la
demandante, de modo que la entidad vigilada «se convirtió en
un problema que le impedía modificar la oferta a la cual se vincularon
los beneficiarios de área».
Así las cosas, si lo que buscaban las actoras era
modificar las condiciones contractuales, debían hacerlo
mediante la transformación del objeto por acuerdo de todas
las partes o la creación de un nuevo fideicomiso, asumiendo
las consecuentes indemnizaciones, sin que esa finalidad
pueda lograrse por la vía de la remoción del fiduciario.
Finalmente, respecto del segundo contrato de fiducia
(«Fideicomiso Lote Proyecto Uraku Suites»), encontró que, al haber
entrado el patrimonio autónomo en liquidación judicial, la
fiduciaria fue removida de dicha calidad, tomando su papel
el liquidador judicial designado por la Superintendencia de
Sociedades, motivo por el cual cualquier orden de remoción
caería en el vacío.
2. Los motivos de inconformidad de las apelantes
Las convocantes denuncian la comisión de un yerro en
la interpretación de la causal alegada, esto debido a que pese
a estar acreditada la negligencia grave y el descuido de la
fiduciaria, el a quo no accedió a la pretendida remoción.
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Sostienen que la prueba de esas conductas son las
sentencias que declararon el incumplimiento de deberes de
la pasiva en los fideicomisos Marcas Mall, Bacatá Hotel Fase
2 y Palmarés de Mónaco, de donde se deriva la desconfianza
respecto de los negocios por ella administrados. Por eso, es
irrelevante que el porcentaje de sanciones sea mínimo porque
la causal «es objetiva» y no exige un factor cuantitativo, sino la
existencia efectiva de negligencia grave o descuido.
En el mismo sentido, censuran la valoración probatoria
del juzgador al concluir «la inexistencia de culpa o grave
negligencia», cuando las sanciones que se han impuesto a la
fiduciaria «son de público conocimiento y se constituyen como hechos
notorios», además, insisten en que la fiduciaria incurrió en
varios incumplimientos «los cuales fueron corroborados mediante el
interrogatorio de parte y las pruebas presentadas y decantadas de oficio
que omitió el a quo»; a saber: cobró rubros sin razón, no anexó
el avalúo comercial de los bienes fideicomitidos, no rindió
cuentas y dilató la entrega de información a sociedades
bancarias para buscar el apalancamiento del proyecto.
Finalmente, reprochan la «desvinculación de responsabilidad
(…) respecto al fideicomiso lote proyecto Uraku Suites», pues a pesar
de que el mismo entró en liquidación judicial, la fiduciaria
aún tiene injerencia dentro del fideicomiso y administra sus
bienes.
3. Análisis de los reparos concretos
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Visto el caso debe señalarse que no les asiste razón a
las impugnantes, porque sus argumentos no atacan los
elementos centrales de la decisión ni lograron desvirtuar la
presunción de acierto de la sentencia de primer grado, motivo
por el cual se impone confirmar la decisión del a quo, por los
motivos que se exponen a continuación.
3.1. En primer lugar, debe resaltarse que la razón de la
decisión de primera instancia fue la constatación de que, en
este caso, se acudió a la vía del proceso de remoción de la
fiduciaria para poder cumplir con las exigencias de la cadena
hotelera que habría de operar el proyecto comercial, debido
a que se encontró probado que las demandantes pretendían
modificar las condiciones de la oferta en virtud de la cual los
beneficiarios de área se vincularon al proyecto inmobiliario,
y que fue la fiduciaria quien brindó la información sobre las
consecuencias que ello tendría de cara a los derechos de los
adquirentes.
Sobre ese punto, señaló la Superintendencia que:
Si bien se adujo que se obstruyó el desarrollo del proyecto por
parte de la demandada al negarse a acceder a la aceptación del
operador hotelero con fundamento que no cumple con sus políticas
pese a que era un operador reconocido como la cadena Hilton, no
del todo es acertado al postulado, pues ciertamente lo que se
advierte sucedió es que la cadena hotelera al ver que el proyecto
no es propiamente destinado a la hotelería y turismo sino que es
de la connotación de vivienda de propiedad horizontal con
destinación a vivienda turística, le llevó a solicitar para poder
efectuar sus actos de operador, el modificar nada más y nada
menos que el mismo objeto del contrato, situación que se tiene
como advertida de los interrogatorios llevados a cabo en tanto se
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señaló precisamente que se requería esta modificación para que la
cadena hotelera pudiera ingresar, pues era una de sus exigencias.
Por ende, no es simplemente como lo quiere hacer ver la actora que
se cambian los derechos de los beneficiarios de área, pues no es
lo mismo tener una propiedad final del negocio que se celebró a
contar con la condición de dueño de derechos fiduciarios hoteleros,
cuestión que solamente algunos, no todos (…) suscribieron las
transacciones (…), en tanto los señores (…) adujeron no estar de
acuerdo con desprenderse de su derecho de beneficio de área
prometido.
Por esa senda, el a quo encontró demostrado que la
fiduciaria se opuso al cambio de las condiciones
contractuales en la medida en que no todos los beneficiarios
de área estaban de acuerdo con ello, pues algunos no querían
desprenderse de su derecho, resaltando que no es lo mismo
«ser propietario de un bien inmueble con zonas comunes y destinado a
vivienda turística, que modificar la condición a tener derechos fiduciarios
que implican dejar de lado la capacidad y calidad de futuro propietario
de un terreno para simplemente tener derechos de operación hotelera
sustitutos de un alea que trata del ejercicio hotelero en su propio
adelantamiento correlativo sea ingresos, gastos, rendimientos y/o
pérdidas».
Así, concluyó que lo que se buscaba con este pleito era
la remoción judicial de la fiduciaria porque, como lo dijo el
representante legal de una de las demandantes en su
interrogatorio, la cadena hotelera seguiría con el proyecto
«pero si la Sociedad Fiduciaria se retiraba e ingresaba otro fiduciario»,
de modo que lo que realmente buscaban las convocantes era
salir de la convocada para poder modificar «todas las reglas
contractuales ofertadas a los adherentes», cuando la vía para lograr
ese fin debía ser la transformación del proyecto mediando el
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acuerdo de todas las partes o creando un nuevo fideicomiso
con las consecuencias indemnizatorias que eso conllevaría.
Pues bien, esta forma de razonar muestra cómo los
argumentos que subyacen a la solicitud de remoción no se
acompasan con la pérdida de la confianza en el resultado de
la gestión a causa de la conducta de la fiduciaria, sino con el
interés de las promotoras de cumplir con las exigencias de la
cadena hotelera con la que buscaban cerrar su alianza y
facilitar la modificación de las condiciones contractuales, a
las que se opuso la fiduciaria en cumplimiento de su
obligación de defender el patrimonio autónomo aun frente a
los mismos fideicomitentes.
Estas conclusiones no fueron, en modo alguno,
combatidas por las apelantes, quedando incólume el
argumento central de la decisión impugnada, circunstancia
que por sí sola permitiría la confirmación de la decisión del a
quo, quien encontró que el interés que subyacía a las
pretensiones de la demanda no correspondía con el interés
jurídico protegido con la causal de remoción del fiduciario
consagrado en el numeral 3 del artículo 1239 del estatuto
mercantil.
3.2. Incluso si esto no fuera suficiente, los motivos de
inconformidad tampoco están llamados a prosperar puesto
que no es cierto, como afirman las censoras, que la causal de
remoción alegada opere de manera objetiva con la sola
existencia de negligencia grave o descuido, pues la norma
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exige que esa conducta tenga una consecuencia insoslayable,
a saber, que lleve a dudar, fundadamente, del buen resultado
de la gestión encomendada.
La remoción del fiduciario es una medida excepcional y
grave que permite separarlo del cargo con el objetivo de
proteger el patrimonio autónomo, garantizar el cumplimiento
de la finalidad de la fiducia y proteger la confianza
depositada, de modo que, ante situaciones que comprometan
seriamente la viabilidad de la gestión, los fideicomitentes o
beneficiarios están facultados para solicitar dicha remoción.
El artículo 1289 del Código de Comercio establece que,
a solicitud de parte interesada, el fiduciario podrá ser
removido judicialmente cuando se presente alguno de los
motivos allí establecidos, siendo todos eventos que afectan
de manera significativa el rol mismo de la fiduciaria y
contrarían el principio de la fides, característica esencial de
la fiducia. La causal tercera establece la posibilidad de
separar al fiduciario de su cargo «si se le comprueba dolo o grave
negligencia o descuido en sus funciones como fiduciario, o en cualquiera
otros negocios propios o ajenos, de tal modo que se dude fundadamente
del buen resultado de la gestión encomendada».
Como surge de su texto, este motivo de remoción exige
el cumplimiento de dos requisitos, de manera concurrente:
(i) que se compruebe dolo o grave negligencia o descuido en
sus deberes, en los negocios propios o ajenos, por un lado; y
por el otro, (ii) que ese modo de proceder permita dudar
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fundadamente del buen resultado de la gestión
encomendada.
En ese sentido, y para lo que nos ocupa en este caso,
no basta con que exista efectivamente una conducta
reprochable de la fiduciaria en el manejo de negocios propios
o ajenos (a título de dolo, negligencia grave o descuido), sino
que también es necesario que aquella tenga una
consecuencia que recae puntualmente en la expectativa del
buen resultado de la gestión, es decir, debe existir un
potencial riesgo de que la conducta del fiduciario pueda
afectar la fiducia en cuestión.
La «duda fundada» no puede ser una mera especulación o
sospecha subjetiva, sino que debe basarse en hechos
objetivos y probados que generen una incertidumbre
razonable y material sobre la capacidad del fiduciario para
cumplir con los fines de la fiducia. Por esa vía, la duda debe
ser de tal magnitud que la continuidad del fiduciario en el
cargo represente un riesgo real y significativo para el
patrimonio autónomo y los intereses de los beneficiarios, por
lo tanto, una «duda fundada» sobre este buen resultado debe
originarse en incumplimientos lo suficientemente
significativos como para socavar esta expectativa elevada de
desempeño profesional y conforme a la normativa.
Por lo anterior, es válido colegir que, en este caso, y tal
como lo consideró el a quo¸ no puede hablarse de una duda
fundada en el buen resultado de la gestión encomendada
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debido a que el objeto del contrato («fideicomiso recursos proyecto
Uraku Suites») fue efectivamente cumplido, puesto que su
finalidad era el manejo de los recursos que permitieran el
desarrollo del proyecto inmobiliario Uraku Suites, mismo que
efectivamente se llevó a cabo pues, como lo reconocieron las
demandantes, se construyó y dotó en el año 2015, al punto
que para la época en que se recibieron las declaraciones de
parte, el proyecto había sido desarrollado en un 95%.
Estos razonamientos del juzgador de primer grado no
fueron atacados por las apelantes, quienes se limitaron a
señalar que las sanciones y condenas impuestas a la
fiduciaria en otros tres negocios inmobiliarios demostraban
su negligencia y minaban su confianza en la gestión, sin
desvirtuar la conclusión probatoria relacionada con el éxito
de dicha labor, que ya había sido cumplida.
Y es que, llamó la atención de la Superintendencia, y
sobre eso también guardaron silencio las censoras, el lapso
transcurrido entre los supuestos incumplimientos
(acontecidos entre 2014 y 2016) y la solicitud de remoción
(2022), sospecha que se refuerza si en cuenta se tiene que
las sentencias en las que fundan las actoras sus argumentos
en sede de alzada son incluso posteriores a la presentación
de la demanda, lo que desvirtúa la configuración de la causal
en cuanto a la duda sobre el buen resultado de un proyecto
que, efectivamente, fue llevado a cabo.
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50
3.3. Como si lo anterior fuera poco, debe señalarse que
en la apelación se insistió en la existencia de los
incumplimientos denunciados en la demanda, sin indicar en
modo alguno de qué manera ellos fueron acreditados y cómo
la valoración del juzgador fue incorrecta, limitándose las
censoras a ofrecer su propio criterio respecto de las
conclusiones probatorias de la Superintendencia y
ofreciendo sus particulares consideraciones sobre cómo
habría debido acreditarse el actuar correcto de la convocada.
Véase como en sede de alzada las promotoras
insistieron en que la fiduciaria incurrió en varios
incumplimientos, pero no indicaron cómo la valoración del
juzgador fue incorrecta. Insistieron en que hubo tardanza en
la transferencia de pagos realizados por los clientes a la
cuenta del fideicomiso por más de un año, pero no rebatieron
la conclusión probatoria según la cual efectivamente hubo
una tardanza de tres meses en la transferencia de unas
sumas pero que el asunto fue aclarado y los recursos
transferidos sin afectación alguna del proyecto inmobiliario.
También reiteraron el cobro indebido de la suma de
$17´739.252 por concepto de comisión por una escrituración
no realizada, pero lejos de demostrar el dislate del a quo al
atribuir lo sucedido a un error en la conceptualización del
pago (que aludía a comisiones pactadas contractualmente y
no a la referida escrituración) y al entenderlo corregido sin
afectación del desarrollo del proyecto, se limitaron a
señalar que debería haberse emitido una «nota crédito» o una
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«conciliación contable», sin desvirtuar, se insiste, las pruebas en
las que se basó el a quo para llegar a su conclusión.
Insistieron en censurar la negativa de la fiduciaria a
registrar el avalúo del inmueble y del negocio y a actualizar
con ello los estados financieros, sin atacar el razonamiento
del juez conforme al cual la negativa de la convocada estuvo
justificada y fue debidamente comunicada, pues el objeto del
contrato no incluía la administración de las unidades
inmobiliarias sino de los recursos, sin que fuera la entidad la
llamada a realizar la operación hotelera.
Así mismo, reiteraron el reproche sobre la falta de
seguimiento a las obras y la elaboración de avalúos,
guardando silencio sobre el hecho de que, según el contrato,
esas no eran obligaciones de la demandada, pues el proyecto
tenía su propia interventoría y era ella quien debía rendir
informes a las fideicomitentes e incluso a la fiduciaria.
Como puede verse, las demandantes se limitaron a
insistir en sus argumentos primigenios sin señalar en forma
puntual los errores de valoración de la Superintendencia, las
pruebas que dejaron de apreciarse o sobre las que pudo
haber recaído un desacierto del juzgador, y sin combatir, de
ninguna manera, los fundamentos del fallo impugnado, que,
en este punto, encontró que lo que se denunció como
incumplimiento o no fue probado o fue oportunamente
solucionado sin repercusiones negativas en el desarrollo del
proyecto, siendo necesario que las inobservancias
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presentadas sean de tal magnitud que socaven la confianza
en el fiduciario y en su gestión, pues solo así puede abrirse
paso la remoción.
3.4. Finalmente, reprocharon la decisión de primer
grado respecto del «fideicomiso lote proyecto Uraku Suites», por
considerar que, a pesar de que el mismo entró en liquidación
judicial, la fiduciaria «aún tiene injerencia» dentro del
fideicomiso y administra sus bienes, consideración que no
tiene la virtualidad para infirmar la sentencia impugnada en
la medida en que está probado que ese patrimonio autónomo
entró a liquidación judicial, y que en el auto de apertura (6
mar. 2023), la Superintendencia de Sociedades dispuso:
Quinto. Advertir a los administradores, exadministradores,
asociados y controlantes que, a partir de la expedición del presente
auto, están imposibilitados para realizar operaciones de desarrollo
de su objeto social, toda vez que únicamente conserva su
capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios
tendientes a la inmediata liquidación del patrimonio, sin perjuicio
de aquellos que busquen una adecuada conservación de los
activos. Los actos celebrados en contravención a lo anteriormente
dispuesto, serán ineficaces de pleno derecho.
Sexto. Prevenir a los administradores, exadministradores,
asociados y controlantes, sobre la prohibición de disponer de
cualquier bien que forme parte del patrimonio liquidable de la
deudora o de realizar pagos o arreglos sobre obligaciones
anteriores al inicio del proceso de liquidación judicial, a partir de
la fecha de la presente providencia, so pena de ineficacia (…).
En el mismo sentido, el auto de apertura -que se
encuentra debidamente ejecutoriado- dispuso una serie de
órdenes dirigidas a «la ex vocera», previniéndola para que
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presente inventario, rinda cuentas, presente la contabilidad
y se siga responsabilizando de la guarda y custodia de los
documentos sociales y de los activos reportados con la
solicitud de liquidación judicial «hasta que se lleve a cabo la
diligencia de embargo y secuestro de bienes y entrega de libros y papeles
sociales». En la misma providencia, se designó liquidador
judicial, mismo que, según consta en el expediente, aceptó y
tomó posesión de su cargo (5 may. 2023).
Como puede observarse, la demandada ya no ostenta la
calidad de fiduciaria en el «fideicomiso lote proyecto Uraku Suites»,
pues fue removida por decisión judicial en firme, tomada en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 de la Ley
1116 de 2006, conforme al cual «la providencia de apertura del
proceso de liquidación judicial dispondrá: 1. El nombramiento de un
liquidador, quien tendrá la representación legal, advirtiendo que su
gestión deberá ser austera y eficaz», de donde se desprende que,
al no ser Acción Sociedad Fiduciaria vocera de ese patrimonio
autónomo, cualquier decisión de remoción caería al vacío,
como acertadamente lo concluyó el juzgador de primer grado.
3.5. Conforme a lo anotado, ninguno de los argumentos
centrales de la sentencia impugnada fue desvirtuado por las
apelantes, quienes se limitaron a insistir en sus argumentos
iniciales sobre incumplimientos -que no probaron- y pérdida
de confianza derivada de sanciones y condenas -la mayoría
proferidas con posterioridad a la presentación de la
demanda-, sin rebatir los razonamientos del a quo.
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En ese sentido, como los motivos de inconformidad de
las convocantes no lograron infirmar las conclusiones que
llevaron a la Superintendencia Financiera a negar la solicitud
de remoción del fiduciario, se confirmará la sentencia de
primer grado, por encontrar la Corte en sede de instancia
suficientemente fundados los tres motivos en virtud de los
cuales se negó la remoción perseguida, y que se resumen a
modo de colofón:
(i) El interés que subyace a la petición judicial no se
acompasa con la causal de remoción invocada, sino a la
necesidad de las demandantes de cambiar a la fiduciaria
para cumplir con la exigencia de la cadena hotelera con la
que esperaban iniciar la operación, debido a la negativa de la
demandada de modificar el objeto del contrato ante la falta
de acuerdo entre los beneficiarios de área; (ii) algunas de las
situaciones que se denunciaron como incumplimientos no se
probaron y otras se corrigieron sin incidencia negativa en el
desarrollo del proyecto, que efectivamente se ejecutó,
cumpliéndose el fin de las gestiones encomendadas; y (iii) al
haber entrado el «fideicomiso lote» en liquidación judicial, la
fiduciaria fue removida de la vocería y representación legal
del patrimonio autónomo, por lo que cualquier orden de
remoción caería en el vacío.
Así las cosas, situada la Corte como tribunal de
instancia encuentra que la decisión de la Superintendencia
Financiera de Colombia se encuentra ajustada a derecho y,
por ende, debe ser confirmada.
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55
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. CASAR la sentencia de 4 de abril de
2024, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de protección
al consumidor financiero promovida por Seteyco S.A.S.,
Puerta de Rosales S.A.S. en Reorganización e Inversiones
Cafi S.A. contra Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
Sin costas en casación, dada la prosperidad del recurso.
Y situada la Corte en sede de instancia,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 10 de
octubre de 2023, la Delegatura para Funciones
Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
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SEGUNDO. COSTAS de segunda instancia a cargo
de las demandantes. Liquídense en la forma que prevé el
canon 366 del Código General del Proceso, teniendo en
cuenta como agencias en derecho la suma de $5’000.000.
TERCERO. REMÍTASE el expediente a la autoridad
judicial competente.
Notifíquese y cúmplase
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
(Salvamento de voto)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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MAGISTRADA
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
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SALVAMENTO DE VOTO
Con respeto hacia la mayoría de la Sala que suscribió la
providencia, me permito expresar las razones por las cuales
discrepo de la determinación que se adoptó en ella, en cuanto
abrió paso a la impugnación extraordinaria invocada Seteyco
S.A.S., Puerta de Rosales S.A.S. en reorganización e
Inversiones Cafi S.A.
1.- Apreció la Sala que el sentenciador ad quem incurrió
en violación directa del literal d) del artículo 2° de la Ley 1328
de 2009, por cuanto la interpretación que efectuó de la
indicada norma no se acompasa con la hermenéutica que a
la misma debe darse y que se plasma en el proveído del cual
me aparto, precisando allí que pese a que el único precepto
denunciado no tiene el carácter de norma sustancial es
indispensable la intervención de la Corte «en la medida en que
la decisión del Tribunal desconoce los derechos y garantías
constitucionales de las demandantes».
2.- En el proyecto se trae a colación apartes de la
sentencia C-909-2012 de la Corte Constitucional para
indicar «que la interpretación contenida en la sentencia CC, C-
909/2012 parte del hecho indiscutible de que el régimen especial del
consumidor financiero debe respetar los mínimos establecidos en el
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Régimen General de Consumo (Ley 1480 de 2011), y que si bien las
reglas especiales no pueden restringir los derechos ya reconocidos, sí
pueden regular con mayor precisión las situaciones particulares de
consumo y en todo caso pueden ampliar dichos derechos, como sucede
particularmente en el sector financiero, en el cual la Ley 1328 de 2009
ha establecido un concepto amplio de consumidor financiero para incluir
dentro de dicha categoría a «todo cliente, usuario o cliente potencial de
las entidades vigiladas»».
3.- Mi disenso se funda en dos aspectos fundamentales:
1) lo concerniente a la facultad de la Corte para la casación
oficiosa y 2) Referente a la definición del consumidor
financiero cuyas razones expongo a continuación.
3.1.- La casación de oficio
3.1.1.- Dice el artículo 336 del Código General del
Proceso que «La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación
distintas de las que han sido expresamente alegadas por el
demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia, aún de oficio,
cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o
el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías
constitucionales».
Tal disposición, necesariamente, se debe armonizar con
el artículo 333 del ordenamiento adjetivo a cuyo tenor «El
recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e
integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los
instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho
interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de
los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios
irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida».
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02404-01
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Esto, por cuanto como se ha indicado, insistentemente,
el recurso de casación no constituye una instancia adicional
de los pleitos, por manera que la tramitación y decisión de la
súplica extraordinaria estará supeditado al cumplimiento
debido de las exigencias formales que prevé el ordenamiento,
de suerte que la casación de oficio constituye una potestad
excepcional de la Corporación que sólo podrá ejercerse en los
precisos eventos que delimita el legislador, por cuando
proceder contrario podría tornar ese mecanismo en
caprichoso o subjetivo, lo cual trasgrede el derecho a la
igualdad y de acceso a la justicia.
Así lo ha adoctrinado esta Sala al señalar que:
esta posibilidad no puede asumirse como una causal autónoma,
que pueda invocar válidamente el recurrente cuando sus
alegaciones resultan insuficientes para quebrar la sentencia del
ad quem, sino que constituye una herramienta para superar los
requerimientos formales propios de todo recurso extraordinario, en
orden a impedir que un fallo abiertamente contrario al
ordenamiento produzca efectos.
Y, justamente para no alterar la rigurosa naturaleza de la
casación, a la comentada facultad oficiosa solo puede acudirse de
manera excepcional, y ante la inequívoca evidencia de la lesión
que la sentencia recurrida irroga al orden o el patrimonio público,
los derechos o las garantías constitucionales» (SC820-2020).
3.1.2.- Ahora bien, es lo cierto que la Corte Suprema de
Justicia, como todos los juzgadores, son jueces
constitucionales llamados a procurar la protección de las
prerrogativas ius fundamentales, cuando quiera que estas
resulten amenazadas o vulneradas, motivo por el cual,
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60
cuando advierta que la decisión del tribunal
injustificadamente trasgredió tales garantías estará llamada
a intervenir, aún de oficio, para procurar la salvaguarda de
estos, teniendo presente que «la justicia como valor constitucional
y eje central del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, exige
que los juzgadores, en cualquier escala o grado, allanen los caminos
para la efectiva y civilizada composición de los litigios» (SC3666-
2021).
No obstante, cuando se acude a la casación oficiosa por
la presunta afectación de «los derechos y garantías
constitucionales», el legislador hizo énfasis en la «gravedad» de
la afectación, habida cuenta que una decisión adversa a los
intereses del recurrente no constituye per se vulneración a
tales prerrogativas, como tampoco lo es que, eventualmente,
el juzgador haya errado en sus motivaciones, cuando de
cualquier modo el sentido de la decisión hubiera sido el
mismo, al punto que el propio legislador dispuso que «La Sala
no casará la sentencia por el solo hecho de hallarse erróneamente
motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho» (negrillas ajenas)
(art. 349 C.G.P.)
De ahí, que frente al concepto de gravedad se ha dicho
que la pifia debió ser «determinante en el sentido de la decisión
confutada, ‘vale decir, en la medida que haya sido determinante de la
decisión final, en una relación necesaria de causa a efecto’» (SC4232-
2021).
3.1.3.- Sin embargo, en el asunto examinado, pese a
que la ponencia reconoce que el recurrente en casación no
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satisfizo las exigencias formales para soportar su única
acusación, fincada en la causal primera de anunciar los
preceptos de carácter sustancial que el tribunal transgredió
por falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación
errónea, por cuanto el casacionista solo adujo el quebranto
del literal d) del artículo 2° de la Ley 1328 de 2009, el cual
carece de contenido material, considera necesario asumir
una casación de oficio por presunta vulneración de los
derechos y garantías fundamentales.
Empero, es contundente que el soporte de esa
determinación no se acompasa con lo dispuesto por el
legislador ni la jurisprudencia nacional para habilitar la
casación de oficio, ya que el soporte medular para ello es,
según indica la providencia, el ostensible error de
interpretación del mentado precepto por parte del juzgador
ad quem, sin que tal dislate siquiera pueda ser calificado de
trascendente y grave.
Afirmase esto, por cuanto el juzgador de primer grado
en su sentencia determinó:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción
IMPOSIBILIDAD DE DICTAR SENTENCIA SIN LA PRESENCIA DE
TODAS LAS PARTES DE LA RELACIÓN NEGOCIAL QUE SE
DISCUTE.
SEGUNDO: DECLARAR probadas de oficio las excepciones
AUSENCIA DE PRUEBA QUE PERMITA LA REMOCIÓN DE LA
DEMANDADA y HECHO SUPERADO.
TERCERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02404-01
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Apelada dicha decisión el Tribunal Superior de Bogotá
al desatar la instancia y colegir que el demandante no ostenta
la calidad de consumidor decidió confirmar con modificación
el fallo impugnado en el sentido de «declara[r] a probada, de oficio,
la excepción de fondo de falta de legitimación en la causa por activa».
En lo restante mantuvo incólume aquel proveído.
Por su parte, esta Sala, luego de estimar viable la
casación de oficio, decide casar la sentencia y puesta en sede
de instancia dictaminó: «CONFIRMAR la sentencia de 10 de octubre
de 2023, [proferida por] la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales
de la Superintendencia Financiera de Colombia».
Obsérvese que, más allá de la excepción perentoria que
se acogió en las instancias9, en lo medular, el sentido del fallo
es el mismo, esto es, negar las pretensiones de la
demanda, de tal modo que aquella errada interpretación no
tuvo una incidencia grave en el sentido de la decisión.
Es más, podría afirmarse que la determinación que en
sede de instancia prohíja la Sala hace más gravosa la
situación del apelante único, como quiera que en esta
determinación le impone costas superiores a las que había
fijado en tribunal.
3.1.4.- En suma, al margen del errado entendimiento o
no que pudiera tener el tribunal frente al concepto de
9 La primera instancia «Ausencia de prueba que permita la remoción de la demandada
y hecho superado”.
La segunda instancia «falta de legitimación en la causa por activa».
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02404-01
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consumidor financiero, no se advierte una verdadera
trasgresión grave de los derechos fundamentales del
recurrente que justificara que, pese a que la demanda de
casación no satisfizo los requisitos de ley se hubiera decidido
casar de oficio.
3.2. Alcance de la noción de consumidor financiero
3.2.1.- El otro aspecto del cual discreto es lo atinente al
alcance que se da al concepto de consumidor financiero,
como presupuesto indispensable para acceder al mecanismo
especial por el cual se decantó la demandante al presentar la
demanda, esto es, la acción de protección al consumidor
Es punto controversial lo referente al concepto de
consumidor financiero, dadas diferencia existente entre las
definiciones que traen las leyes 1328 de 2009 y 1480 de
2011, a cuyo tenor tienen dicha condición:
-Ley 1328 de 2009. Art. 2º, lit. d): «todo cliente, usuario o
cliente potencial de las entidades vigiladas»
-Ley 1480 de 2011. Art. 5º, núm. 3 «Toda persona natural
o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un
determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la
satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y
empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad
económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de
usuario».
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Como se ve la diferencia fundamental entre ambas
definiciones está en que en la ley 1480 de 2011 incluye como
presupuesto que el sujeto adquiera el bien o servicio «como
destinatario final».
3.2.2.- Resulta oportuno recordar que, en Colombia,
según lo interpretó esta Colegiatura, con el Decreto 3966 de
1982 se optó por un modelo estricto donde se exige que el
acto de consumo no esté ligado intrínsecamente a la
actividad económica de quien reclama la protección por el
régimen excepcional de los consumidores.
Al respecto la Sala precisó, que:
En este orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que, con
estrictez, siempre será forzoso indagar en torno a la
finalidad concreta que el sujeto - persona natural o jurídica
- persigue con la adquisición, utilización o disfrute de un
determinado bien o servicio, para reputarlo consumidor
sólo en aquellos eventos en que, contextualmente, aspire a
la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar,
doméstica o empresarial - en tanto no esté ligada
intrínsecamente a su actividad económica propiamente
dicha, aunque pueda estar vinculada, de algún modo, a su
objeto social -, que es lo que constituye el rasgo característico de
una verdadera relación de consumo -negrilla y subraya para
destacar- (CSJ, SC 3 may. 2005, rad. 1999-04421-01).
3.2.3- La Ley 1480 de 2011 mantuvo el concepto de
consumidor como destinatario final y la exigencia de que el
bien o servicio sea adquirido «para la satisfacción de una
necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial
cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica»
(CSJ, SC395-2023 y CSJ, SC443-2023). En esa dirección, el
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02404-01
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último precedente citado explicó que «una compañía que actúa
dentro del marco su objeto social no puede, en principio, ser considerada
consumidor».
3.2.4.-La Ley 1328 de 2009 define al consumidor
financiero como «todo cliente, usuario o cliente potencial de las
entidades vigiladas» y proporciona las definiciones de los tres
mencionados conceptos (art. 1). Para el caso analizado por la
Sala, interesa la definición de cliente que es, según la ley, «la
persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas establecen
relaciones de origen legal o contractual, para el suministro de
productos o servicios, en desarrollo de su objeto social».
Y, en cuanto al acto de consumo, se exige que recaiga
sobre «un bien o servicio financiero, asegurador, bursátil o cualquier otro
que implique captación de recursos del público».
En la sentencia C-909-2012, que analizó la
constitucionalidad de algunas normas de la Ley 1328 de
2009, entre ellas el canon 2° que consagra varias definiciones
importantes en el régimen de protección al consumidor
financiero, se declaró exequible dicha disposición,
refiriéndose la Corte Constitucional al desequilibrio o
desigualdad entre el proveedor o productor y el consumidor
o usuario, el cual, sostuvo, es inherente al sistema financiero
y bursátil, dada la naturaleza de los productos y las calidades
de los sujetos que en ellos intervienen, pero si no existe esa
asimetría se elimina el sustrato de la relación de consumo,
acarreando la exclusión de las normas protectoras en ese
sector.
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02404-01
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3.2.5- En todo caso, creo que el hecho de que la
asimetría sea inmanente al mercado financiero no conlleva
necesariamente, como lo concluyó la mayoría, que la
relación sea de consumo, porque en muchos casos a pesar
de recaer sobre actividades financieras, no se predica la
asimetría como ocurre, por ejemplo, en las operaciones
interbancarias o entre entidades financieras del mismo ramo,
donde conforme a la definición del artículo 2° de la Ley 1328
de 2009, al ser una de las entidades cliente de la otra, se
convertiría en consumidor financiero. En una situación como
la descrita sería impropio aceptar que la entidad cliente
puede reclamar la aplicación en su favor del régimen especial
de protección al consumidor y de la acción judicial que lo
acompaña.
Lo determinante es, entonces, la relación de asimetría
sí, pero no todos los consumidores financieros se encuentran
en desequilibrio o en asimetría con el proveedor del bien o
servicio financiero, y esta es una circunstancia que debe
constatarse en cada caso con el propósito de establecer si
aplican las pautas tuitivas de los consumidores financieros y
la acción especial consagrada en el precepto 58 de la Ley
1480 de 2011 o si el reclamo debe encausarse por la vía
ordinaria del proceso declarativo.
3.2.6.- De otra parte, no podía la Sala especializada
realizar, como lo hizo, una nueva labor de hermenéutica del
literal d) de la Ley 1328 de 2009 cuando la Corte
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Constitucional en el referido pronunciamiento de
constitucionalidad y en cumplimiento de su función de
guardiana de la Carta Política, al contrastar el postulado
normativo con los principios y disposiciones
constitucionales, delimitó los contornos del recto
entendimiento de la regla legal, de ahí que una nueva
interpretación, ahora por la Sala de Casación, estimo no tiene
cabida.
Y menos aún puede interpretar la norma otorgándole
un alcance que no tiene y soslayando la exegesis
proporcionada por la Corte Constitucional que expresamente
indicó que la noción de consumidor financiero está referida
a «(…) la adquisición de un bien o servicio, para satisfacer una necesidad
propia, no ligada intrínsecamente a su actividad económica»
(negrilla y subraya para destacar).
La sentencia de constitucionalidad, tal como se deduce
de la anterior cita, preservó la exigencia en torno a que el acto
de consumo, esto es, aquel que amerita recurrir al régimen
especial de protección al consumidor, no debe hallarse
vinculado de manera intrínseca a la actividad económica del
reclamante, y este presupuesto es un elemento definitorio del
concepto de «consumidor financiero» y no un obiter dictum, del
pronunciamiento de exequibilidad de la norma examinada.
Y es que no puede entenderse como un mero «dicho de
paso» una consideración que se encuentra consignada en un
párrafo donde la Corte Constitucional delimita el concepto de
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02404-01
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«consumidor financiero» por vía de acudir a precisar los
elementos que componen la definición.
Obsérvese que con claridad el fallo de
constitucionalidad destacó que:
«Resulta imperativo insistir de manera previa, en que el concepto
censurado se subsume en el objeto y ámbito de aplicación de la
Ley 1328 de 2009, que regula los principios y las reglas sobre la
protección del consumidor de bienes y servicios, ofrecidos por las
empresas vinculadas a dichos sistemas (financiero, asegurador y
de valores, art. 1°).
Esta realidad incontrastable arroja un rol identificado de manera
análoga con una de las actividades de la economía con la que se
relaciona, resumida en el título de la ley y la jurisprudencia atrás
enunciadas, como “materia financiera” o “actividad financiera”,
esto es, la persona natural o jurídica será “consumidor financiero”,
que por obvias razones refiere al sujeto de la relación de consumo,
que busca en las entidades del sistema un producto de esa
naturaleza, para adquirirlo, disfrutarlo o utilizarlo con el fin de
satisfacer una necesidad propia.
Consecuencialmente, tal nominación comporta de la persona una
condición que le es propia, ligada a la relación productor /
proveedor – consumidor, esto es, por antonomasia, descripción y
dirección, la cual en cuanto a la norma examinada, es “todo cliente,
usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas”, definición
ajustada al medio, porque participa de los propósitos de esa
actividad económica en la que el consumidor funge como un
extremo mercantil o contractual de esa relación, cuyos elementos
constitutivos han sido a su vez descritos en los literales a), b) y c)
del artículo 2° de la Ley 1328 de 2009» (Se subraya).
Incluso, más adelante la citada Corporación adveró:
También ha de precisar esta Corte que la expresión “todo”
converge en quien entrañe una relación de consumo ante las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
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Colombia, de manera que, como consumidor financiero, (i) refiere a
un determinado sector de la economía, (ii) frente a la
adquisición de un bien o servicio, para satisfacer una
necesidad propia, no ligada intrínsecamente a su actividad
económica, componentes que coetáneamente permiten establecer
que, (iii) aunque no sea habitual consumidor financiero, ello no
enerva ni impide que llegue a serlo, manteniéndose como potencial
consumidor, que se materializará al mostrar interés por un bien o
servicio, y (iv) lo será todo aquel vinculado de una u otra forma,
directa o indirectamente, con las entidades vigiladas por razón del
producto o servicio ofrecido y adquirido o por adquirir, propio de
tal actividad económica”.
3.2.7.- Luego, de lo hasta ahora anotado, se concluye
que tanto la Ley 1480 de 2011 como la Ley 1328 de 2009, de
acuerdo con la interpretación que de la última realizó el
Tribunal de lo Constitucional en el pronunciamiento C-909-
2012 reclaman, como requisito para reconocer a una persona
natural o jurídica la calidad de «consumidor financiero», una
especial calificación en el acto por el cual se pretende acudir
a la acción especial de protección al consumidor, consistente
en que debe recaer sobre una actividad no relacionada
intrínsecamente con la desplegada de manera ordinaria por
el cliente, usuario o cliente potencial del bien o servicio
adquirido al sector financiero, asegurador, bursátil o en el
marco de cualquier operación relacionada con el manejo,
aprovechamiento o inversión de recursos captados del
público.
4.- Por consiguiente, no resulta de recibo afirmar que el
Tribunal, al modificar el veredicto de primer grado, por hallar
probada la falta de legitimación en la causa de la sociedad
demandantes al no ostentar la calidad de consumidora
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02404-01
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financiera, hizo una interpretación restrictiva que «compromete
gravemente las garantías fundamentales de quienes, como
demandantes, entablan con las entidades vigiladas auténticas
relaciones de consumo, excluyéndolas del régimen tuitivo de protección
legalmente establecido en su favor y afectando, como se verifica en este
caso, su derecho de acceso a la administración de justicia» amén de
que en este particular caso no se avizora esa relación
asimétrica entre las partes que permita calificar con
contundencia a la demandante como consumidora financiera
que habilite la senda de la acción de protección a la que
acudió, pues, tal como lo estimó el sentenciador de segundo
grado, corresponde a un acto de comercio de carácter
financiero, ligado intrínsecamente a las actividades
económicas de las convocantes y la ausencia de este vínculo
material es un elemento exigido por la Ley 1480 de 2011 y la
Ley 1328 de 2009 -según el entendimiento que le dio la Corte
Constitucional a la noción de «consumidor financiero» en la
sentencia C-909-2012- para el correcto entendimiento de la
relación de consumo en el mercado financiero, asegurador y
bursátil y no una adición que no reclaman el fallo de
constitucionalidad ni la ley, como se aduce en la providencia
mayoritaria.
En suma, no puede achacarse al Tribunal el desvío en
la hermenéutica del literal d) del artículo 2° de la Ley 1328
de 2009 cuando, precisamente, en su interpretación de ese
precepto, se atuvo a las consideraciones de la Corte
Constitucional vertidas en el citado pronunciamiento.
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02404-01
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Agréguese que la circunstancia de no recurrir la
indicada Corporación, en la sentencia mencionada, a la
figura de la integración de la Ley 1328 de 2009 con la Ley
1480 de 2011, no puede colegirse, como lo hizo la Sala, que
son regulaciones autónomas que no se replican, cuando la
sentencia C-909-2012 revela que se efectuó una
interpretación armónica, muestra de ello es que
complementó la normativa especial introduciendo elementos
como los de destinatario final y que el bien o servicio
adquirido no lo destine el reclamante a un uso
intrínsecamente relacionado con su actividad económica.
Y es que si bien no se discute «que por la especial naturaleza
de la actividad financiera, la superioridad técnica y creciente
especialización de las entidades vigiladas y las particulares
características de los productos que ofrecen, realidades que exigen una
protección reforzada para el consumidor financiero en este sector de la
economía» -como indica la ponencia- ello no apareja que ese
régimen de protección especial desconozca el presupuesto
que para su viabilidad se exija que se acredite que el
reclamante tenga la condición de destinatario final, amen
que si bien en la sentencia C909-2012 no se condicionó la
constitucionalidad de la norma que contiene la definición de
consumidor financiero tal condicionamiento no parecía
necesaria al considerarse que podía realizarse una
interpretación armónica de ambas leyes.
5.- Es más, de encontrarse un conflicto entre las
mencionadas normativas, es imperativo acudir a las reglas
de interpretación contenidas en la Ley 153 de 1887, según
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02404-01
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las cuales, al existir una antinomia entre la ley posterior y
una ley anterior, prevalece la posterior y en caso de ser esta
contraria a la norma anterior «y ambas preexistentes al hecho que
se juzga, se aplicará la ley posterior» (art. 2).
Con todo, la interpretación de una de las regulaciones
en un sector particular del mercado -financiero en este caso-
debe ser complementaria y armónica con el estatuto general
de protección al consumidor; y no realizarse de forma
aislada, para deducir que sus disposiciones son tan
especiales que ameritan diferenciarse, incluso, en la
aplicación de los principios de derecho de consumo y en
aspectos esenciales de este como la noción de consumidor,
la finalidad de la protección y los rasgos distintivos que
configuran la relación de consumo, presupuestos para
autorizar la procedencia de una vía diferente a la ordinaria.
6.- Consecuente con lo consignado en estas líneas,
considero que la sentencia impugnada no debió casarse.
En los términos precedentes, salvo mi voto.
Fecha ut supra,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Salvamento de voto
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Juan Carlos Sosa Londoño
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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