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clave: "corte_suprema:providencia:SC1757-2025 [2022-02404-01]"
titulo: "Corte Suprema: regulación especial del consumidor financiero Como se explicó en precedencia"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-08-15"
radicado: "2022-02404-01"
numero: "SC1757-2025"
ponente: "Fernando Augusto Jiménez Valderrama"
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# Corte Suprema: regulación especial del consumidor financiero Como se explicó en precedencia

- **Título oficial / radicado:** SC1757-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-08-15
- **Radicado:** 2022-02404-01
- **Número:** SC1757-2025
- **Ponente:** Fernando Augusto Jiménez Valderrama
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1757-2025%20%5B2022-02404-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1757-2025%20%5B2022-02404-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI1L0RyLiBGZXJuYW5kbyBBdWd1c3RvIEppbeluZXogVmFsZGVycmFtYS84Li0gQWdvc3RvL1NlbnRlbmNpYXMvU0MxNzU3LTIwMjUgWzIwMjItMDI0MDQtMDFdLnBkZg%3D%3D/Civil/interpretaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1480 de 2011
- Ley 1328 de 2009
- Ley 57 de 1887

## Extracto

Protección constitucional de los derechos del consumidor En la actividad empresarial actual se destacan técnicas de producción en masa en donde se producen y distribuyen mercancías idénticas a través de mecanismos homogéneos frente a los cuales aparece una parte contractual que, dada la celeridad de las operaciones mercantiles, debe aceptar los contenidos contractuales que le impone la contraparte en una posición predominante. Noción que descansa en un criterio finalista en el que adquiere relevancia el propósito de la adquisición6. Precedentes de la Corte Suprema de Justicia Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02404-01 28 El entendimiento que ahora se presenta no es totalmente novedoso si en cuenta se tiene que esta Sala de Casación ha acudido a la definición de consumidor financiero de la Ley 1328 de 2009 sin ligarla o condicionarla necesariamente al marco general de la Ley 1480, en varios casos de su conocimiento.

## Texto del documento

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado ponente
SC1757-2025
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02404-01
(Aprobado en sesión de veinticuatro de julio de dos mil veinticinco)
Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil
veinticinco (2025).
Se decide el recurso extraordinario de casación
interpuesto por Seteyco S.A.S., Puerta de Rosales S.A.S. en
reorganización e Inversiones Cafi S.A.1, frente a la sentencia
de 4 de abril de 2024, proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción
de protección al consumidor financiero que aquellas
promovieron contra Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1 Denominaciones contenidas en la demanda. Según consulta en REUS, la sociedad Puerta de Rosales
S.A.S. entró en liquidación judicial simplificada, y Cafi S.A. se encuentra actualmente en proceso de
liquidación.
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Las sociedades demandantes pidieron declarar que
Acción Sociedad Fiduciaria S.A. incumplió las obligaciones
derivadas de dos contratos de fiducia de administración
celebrados para desarrollar el proyecto inmobiliario Uraku
Suites, y que con su conducta puso en peligro «los intereses
jurídicos de la confianza pública en el sistema financiero».
Como consecuencia, solicitaron (i) la remoción de la
fiduciaria como vocera de los patrimonios autónomos
denominados «Fideicomiso Lote Proyecto Uraku Suites» y «Fideicomiso
Recursos Proyecto Uraku Suites»; y (ii) la cesión de su posición
contractual a la compañía fiduciaria designada por ellas o
por el despacho.
2. Fundamentos fácticos de la demanda
2.1. Afirman las convocantes que, en calidad de
fideicomitentes, celebraron dos contratos de fiducia de
administración con Acción Sociedad Fiduciaria, para que
actuara como vocera y administradora de sendos
patrimonios autónomos que les permitirían desarrollar un
proyecto inmobiliario, denominado Uraku Suites.
2.2. Durante la ejecución de los convenios, la fiduciaria
«incumplió de manera reiterada y sistemática los contratos fiduciarios»,
debido a (i) la tardanza en la transferencia a los fideicomisos
de los recursos entregados por los clientes; (ii) el cobro de
comisiones que no se causaron; (iii) la negativa a registrar el
avalúo del inmueble y del negocio y a actualizar los estados
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financieros del fideicomiso; (iv) la falta de seguimiento de las
obras y de elaboración de avalúos, omisión del deber de
rendir cuentas y de entregar información a los
fideicomitentes; y (v) la terminación unilateral de los
contratos fiduciarios y la declaratoria de su estado de
liquidación.
2.3. Con su conducta descuidada y negligente, Acción
Sociedad Fiduciaria ha incurrido en las causales previstas en
el canon 1239 mercantil para la remoción del fiduciario y,
con ello, ha defraudado la confianza de los fideicomitentes,
afectando su reputación personal y comercial.
2.4. Incluso, la Superintendencia Financiera ha
sancionado a la fiduciaria por incumplimiento de sus
obligaciones en otros fideicomisos, lo que genera fundadas
dudas en el buen resultado de la gestión encomendada y
justifica la solicitud de remoción.
3. Actuación procesal
3.1. Notificada de la admisión de la demanda, la
convocada Acción Sociedad Fiduciaria S.A. se opuso a las
pretensiones y propuso las siguientes excepciones: «No existe
pronunciamiento judicial que haya declarado que acción sociedad
fiduciaria haya incumplido los contratos de fiducia mercantil que dieron
origen a los fideicomisos lote y recursos proyecto Uraku Suites»; «Acción
Sociedad Fiduciaria S.A. ha cumplido a cabalidad con las obligaciones
previstas en los contratos y en la ley»; «No existe ningún acto
administrativo en el que la Superintendencia Financiera haya
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sancionado a Acción Sociedad Fiduciaria S.A. a título de dolo»; e
«Imposibilidad de dictar sentencia sin la presencia de todas las partes
de la relación negocial que se discute».
3.2. Mediante sentencia de 10 de octubre de 2023, la
Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la
Superintendencia Financiera de Colombia negó las
pretensiones de la demanda por considerar que no se había
probado la causal de remoción alegada, toda vez que los
presuntos incumplimientos no afectaron el desarrollo
inmobiliario, al punto que el proyecto constructivo
efectivamente se realizó. Sobre las infracciones denunciadas,
encontró que algunas no se probaron y otras fueron
corregidas, sin que revistieran una gravedad tal que diera
lugar a la remoción del fiduciario.
En lo que atañe al «Fideicomiso Lote Proyecto Uraku Suites»,
consideró que se está ante una carencia de objeto debido a
que, al interior del proceso de liquidación judicial, la
Superintendencia de Sociedades admitió ese patrimonio
autónomo y designó liquidador, por lo que la convocada ya
no tiene la calidad de fiduciario y, por ende, cualquier orden
de remoción caería al vacío.
3.3. Inconformes con lo decidido, las demandantes
interpusieron recurso de apelación.
4. La Sentencia Impugnada
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Mediante providencia del 4 de abril de 2024, la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá modificó lo decidido por
el a quo, declarando probada de oficio la excepción de falta
de legitimación en la causa por activa, conforme a
consideraciones que admiten el siguiente compendio:
4.1. La calidad de consumidor financiero es
presupuesto ineludible para: (i) acudir a la acción de
protección consagrada en el artículo 57 de la Ley 1480 de
2011; (ii) hacer extensibles los efectos de las leyes 1328 de
2009 y 1480 de 2011 y (iii) que la discusión pueda ser
ventilada ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
4.2. En este caso, las sociedades demandantes carecen
de legitimación en la causa por activa debido a que ninguna
tiene la calidad de consumidor financiero, requisito
indispensable para accionar por esta vía. Lo anterior debido
a que la acción de protección al consumidor financiero
promovida ante la Superintendencia Financiera exige la
concurrencia de varios elementos, a saber: que la
demandante tenga efectivamente la calidad de consumidor
financiero, que la convocada sea una persona jurídica
vigilada por dicha autoridad y que el litigio verse sobre la
ejecución y acatamiento de las obligaciones adquiridas en
desarrollo de su actividad.
4.3. Si bien el literal d) del artículo 2° de la Ley 1328 de
2009 definió al consumidor financiero como «todo cliente,
usuario, o cliente potencial de las entidades vigiladas»; lo cierto es
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que esa norma fue objeto de examen de constitucionalidad a
través de la sentencia CC, C-909 de 2012, en la que se
hicieron «importantes precisiones sobre el verdadero alcance del
concepto de consumidor financiero» contenido en dicha
disposición, al punto que, para la Corte Constitucional, el
consumidor financiero es aquel que adquiere un bien o
servicio «para satisfacer una necesidad propia, no ligada
intrínsecamente a su actividad económica».
4.4. Conforme al precedente constitucional contenido
en la referida sentencia CC, C-909 de 2012, ha de entenderse
como consumidor financiero «por extensión del simple consumidor,
a la persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera,
disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea la
naturaleza del consumidor, para la satisfacción de una necesidad
propia, privada, familiar o doméstica, solo que el producto o servicio es
obtenido en razón de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión
de los recursos captados al público».
4.5. De conformidad con estas reglas, consideró que las
actoras carecen de la calidad de consumidores financieros,
pues la celebración de los contratos en virtud de los cuales
pidieron la remoción del fiduciario «obedece a la verificación de
un acto de comercio de carácter financiero, que está ligado
intrínsecamente a las actividades económicas de Inversiones Cafi S.A.,
Puerta de Rosales S.A. en reorganización y Seteyco S.A.S.».
4.6. Valorados los certificados de existencia y
representación de las convocantes, encontró el colegiado que
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se trata de sociedades dedicadas a la construcción y
ejecución de negocios inmobiliarios, pues el objeto social de
Seteyco es la construcción y consultoría de toda clase de
bienes inmuebles y finca raíz y la ejecución de contratos de
arriendo, permuta, compra, venta, comodato; y el objeto
social de Inversiones Cafi y de Puerta de Rosales S.A. es la
construcción y consultoría de toda clase de bienes inmuebles
y finca raíz, la ejecución de todo tipo de negocios
inmobiliarios y la prestación de asesorías relacionadas con la
construcción.
4.7. Analizados los contratos de fiducia, concluyó el
Tribunal que su finalidad no era otra que llevar a cabo la
construcción de un proyecto inmobiliario con intervención de
la fiduciaria demandada, en el que Seteyco «urbanizaría un
complejo inmobiliario que se compone, entre otros, de (81) suites o
aparta-suites privadas y tres (3) suites o aparta-suites de la
copropiedad; la edificación tendría lugar en los inmuebles que Puerta de
Rosales (…) le transfirió a la Fiduciaria para que se constituyera el
patrimonio autónomo lote proyecto Uraku Suites y, por último,
Inversiones Cafi S.A. tendría a su cargo la gerencia técnica y financiera
del proyecto constructivo Uraku Suites»; de donde se desprende que
los convenios se encuentran intrínsecamente ligados a las
actividades económicas de las convocantes, quienes, por
tanto, no pueden tenerse como consumidoras financieras.
4.8. Por esa vía, vistas las relaciones jurídicas que se
gestaron con la fiduciaria demandada, no cabe afirmar que
las actoras «hayan adquirido productos y/o servicios como
destinatario final, sino que corresponden a negocios jurídicos claramente
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ligados a la actividad económica de tales compañías, dedicadas al sector
de la construcción», los cuales fueron celebrados a fin de que se
dieran las condiciones técnicas y financieras necesarias para
llevar a cabo un proyecto inmobiliario con propósitos
evidentemente lucrativos, «para que, a posteriori los eventuales
beneficiarios de área (verdaderos consumidores finales), adquirieran la
titularidad de las suites o aparta-suites allí construidas, junto con otros
derechos comunes».
4.9. En conclusión, las convocantes carecen de
legitimación en la causa para promover la acción de
protección del consumidor financiero, consagrada en el
artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 numeral
2° del estatuto procesal.
DEMANDA DE CASACIÓN
Las demandantes interpusieron oportunamente
recurso extraordinario de casación y, tras su admisión,
presentaron la demanda de sustentación que se estudia, en
la cual enarbolaron un cargo al amparo de la causal primera
del artículo 336 del Código General del Proceso.
CARGO ÚNICO
Con base en la causal primera de casación, se acusa al
fallo de violar directamente el literal d) del artículo 2° de la
Ley 1328 de 2009, por falta de aplicación, pues «fue pasad[o]
por alto por parte del Honorable Tribunal al decretar de oficio la falta de
legitimación en la causa por activa», bajo el argumento de que las
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demandantes no tenían la calidad de consumidor financiero
en los términos de la Ley 1480 de 2011, cuando existe una
norma especial que la define sin las restricciones propias del
Estatuto del Consumidor.
Después de hacer un recuento del interés público
involucrado en la actividad financiera y del imperativo
constitucional de protección del consumidor, adujeron que la
Ley 1328 de 2009 define como consumidor financiero a toda
persona que, sin distinción alguna, tenga la calidad de
cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas,
siendo los clientes aquellas personas naturales o jurídicas
con quienes la entidad vigilada establece relaciones de origen
legal o contractual para el suministro de productos o
servicios, en desarrollo de su objeto social.
Cuando se cumplen tales condiciones, es posible acudir
a la acción de protección ante la Superintendencia
Financiera, motivo por el cual no se puede limitar el acceso
a ese mecanismo tuitivo al adoptar una definición «más
genérica de lo que se comprende como consumidor», como la
contenida en la Ley 1480 de 2011, toda vez que aquella «no
aplica para el sector financiero, al tener una definición más amplia
respecto a las personas que realizan actividades con instituciones
financieras», más aún cuando en esta materia debe prevalecer
el principio de especialidad, en virtud del cual debe primar la
norma especial sobre la general.
Así las cosas, el ad quem se equivocó al declarar la falta
de legitimación por activa con fundamento en el concepto de
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consumidor

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

lante la citada Corporación adveró:
También ha de precisar esta Corte que la expresión “todo”
converge en quien entrañe una relación de consumo ante las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
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Colombia, de manera que, como consumidor financiero, (i) refiere a
un determinado sector de la economía, (ii) frente a la
adquisición de un bien o servicio, para satisfacer una
necesidad propia, no ligada intrínsecamente a su actividad
económica, componentes que coetáneamente permiten establecer
que, (iii) aunque no sea habitual consumidor financiero, ello no
enerva ni impide que llegue a serlo, manteniéndose como potencial
consumidor, que se materializará al mostrar interés por un bien o
servicio, y (iv) lo será todo aquel vinculado de una u otra forma,
directa o indirectamente, con las entidades vigiladas por razón del
producto o servicio ofrecido y adquirido o por adquirir, propio de
tal actividad económica”.
3.2.7.- Luego, de lo hasta ahora anotado, se concluye
que tanto la Ley 1480 de 2011 como la Ley 1328 de 2009, de
acuerdo con la interpretación que de la última realizó el
Tribunal de lo Constitucional en el pronunciamiento C-909-
2012 reclaman, como requisito para reconocer a una persona
natural o jurídica la calidad de «consumidor financiero», una
especial calificación en el acto por el cual se pretende acudir
a la acción especial de protección al consumidor, consistente
en que debe recaer sobre una actividad no relacionada
intrínsecamente con la desplegada de manera ordinaria por
el cliente, usuario o cliente potencial del bien o servicio
adquirido al sector financiero, asegurador, bursátil o en el
marco de cualquier operación relacionada con el manejo,
aprovechamiento o inversión de recursos captados del
público.
4.- Por consiguiente, no resulta de recibo afirmar que el
Tribunal, al modificar el veredicto de primer grado, por hallar
probada la falta de legitimación en la causa de la sociedad
demandantes al no ostentar la calidad de consumidora
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financiera, hizo una interpretación restrictiva que «compromete
gravemente las garantías fundamentales de quienes, como
demandantes, entablan con las entidades vigiladas auténticas
relaciones de consumo, excluyéndolas del régimen tuitivo de protección
legalmente establecido en su favor y afectando, como se verifica en este
caso, su derecho de acceso a la administración de justicia» amén de
que en este particular caso no se avizora esa relación
asimétrica entre las partes que permita calificar con
contundencia a la demandante como consumidora financiera
que habilite la senda de la acción de protección a la que
acudió, pues, tal como lo estimó el sentenciador de segundo
grado, corresponde a un acto de comercio de carácter
financiero, ligado intrínsecamente a las actividades
económicas de las convocantes y la ausencia de este vínculo
material es un elemento exigido por la Ley 1480 de 2011 y la
Ley 1328 de 2009 -según el entendimiento que le dio la Corte
Constitucional a la noción de «consumidor financiero» en la
sentencia C-909-2012- para el correcto entendimiento de la
relación de consumo en el mercado financiero, asegurador y
bursátil y no una adición que no reclaman el fallo de
constitucionalidad ni la ley, como se aduce en la providencia
mayoritaria.
En suma, no puede achacarse al Tribunal el desvío en
la hermenéutica del literal d) del artículo 2° de la Ley 1328
de 2009 cuando, precisamente, en su interpretación de ese
precepto, se atuvo a las consideraciones de la Corte
Constitucional vertidas en el citado pronunciamiento.
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Agréguese que la circunstancia de no recurrir la
indicada Corporación, en la sentencia mencionada, a la
figura de la integración de la Ley 1328 de 2009 con la Ley
1480 de 2011, no puede colegirse, como lo hizo la Sala, que
son regulaciones autónomas que no se replican, cuando la
sentencia C-909-2012 revela que se efectuó una
interpretación armónica, muestra de ello es que
complementó la normativa especial introduciendo elementos
como los de destinatario final y que el bien o servicio
adquirido no lo destine el reclamante a un uso
intrínsecamente relacionado con su actividad económica.
Y es que si bien no se discute «que por la especial naturaleza
de la actividad financiera, la superioridad técnica y creciente
especialización de las entidades vigiladas y las particulares
características de los productos que ofrecen, realidades que exigen una
protección reforzada para el consumidor financiero en este sector de la
economía» -como indica la ponencia- ello no apareja que ese
régimen de protección especial desconozca el presupuesto
que para su viabilidad se exija que se acredite que el
reclamante tenga la condición de destinatario final, amen
que si bien en la sentencia C909-2012 no se condicionó la
constitucionalidad de la norma que contiene la definición de
consumidor financiero tal condicionamiento no parecía
necesaria al considerarse que podía realizarse una
interpretación armónica de ambas leyes.
5.- Es más, de encontrarse un conflicto entre las
mencionadas normativas, es imperativo acudir a las reglas
de interpretación contenidas en la Ley 153 de 1887, según
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las cuales, al existir una antinomia entre la ley posterior y
una ley anterior, prevalece la posterior y en caso de ser esta
contraria a la norma anterior «y ambas preexistentes al hecho que
se juzga, se aplicará la ley posterior» (art. 2).
Con todo, la interpretación de una de las regulaciones
en un sector particular del mercado -financiero en este caso-
debe ser complementaria y armónica con el estatuto general
de protección al consumidor; y no realizarse de forma
aislada, para deducir que sus disposiciones son tan
especiales que ameritan diferenciarse, incluso, en la
aplicación de los principios de derecho de consumo y en
aspectos esenciales de este como la noción de consumidor,
la finalidad de la protección y los rasgos distintivos que
configuran la relación de consumo, presupuestos para
autorizar la procedencia de una vía diferente a la ordinaria.
6.- Consecuente con lo consignado en estas líneas,
considero que la sentencia impugnada no debió casarse.
En los términos precedentes, salvo mi voto.
Fecha ut supra,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Salvamento de voto
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Juan Carlos Sosa Londoño
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1757-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2025-08-15. C.P. Fernando Augusto Jiménez Valderrama. Rad. 2022-02404-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1757-2025%20%5B2022-02404-01%5D).
