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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado ponente
SC1748-2025
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
(Aprobado en sesión de diez de julio de dos mil veinticinco)
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil
veinticinco (2025).
Se decide anticipadamente el recurso extraordinario de
revisión que formuló Martha Bibiana Pan Merchán contra la
sentencia de 28 de noviembre de 2019, proferida por la Sala
Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta1 en el proceso ordinario (de lesión enorme) que
la hoy recurrente, junto a Jaime y Herly Johana Pan
Merchán, promovieron contra los demás herederos de
Horacio Pan Barragán.
ANTECEDENTES
1 Aunque el proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Villavicencio y, en ese sentido, el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado debía ser
resuelto por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal de esa localidad, la resolución de la alzada le fue
asignada, como medida de descongestión, a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta,
mediante Acuerdo PCSJA19-11327 de 26 de junio de 2019, del Consejo Superior de la Judicatura.
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1. Del juicio ordinario en el que se dictó la
sentencia objeto de revisión - rescisión por lesión enorme
en liquidación de masa sucesoral
1.1. Horacio Pan Barragán procreó trece hijos: diez de
ellos con su entonces esposa, Dora María Avella (Dora María,
Cielo Astrid, Yamile, Martha Lucía, Mirta Lucy, José Horacio,
Carlos Alberto, Carmen, Flor Angela y Yesid Fernando Pan
Avella) y otros tres, producto de la relación extramatrimonial
que sostuvo con Ana Isabel Merchán (Jaime, Herly Johana y
la aquí demandante, Martha Bibiana Pan Merchán).
1.2. El señor Pan Barragán falleció en el municipio de
Trinidad (Casanare) el 11 de diciembre de 1990 y su sucesión
fue tramitada ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia
de Villavicencio.
1.3. Mediante sentencia de 15 de diciembre de 1993,
ese despacho aprobó la partición del acervo hereditario, en la
que a los hermanos Pan Merchán se les adjudicó (i) «la casa
habitación junto con el lote en que está construida con dirección en la
Carrera 33ª No. 26-41 de la ciudad de Villavicencio, referenciada como
lote número 9 de la manzana D, del barrio Nuevo Maizaro» y (ii) «150
reses, de las 2.500 inventariadas en la sucesión».
1.4. El 17 de agosto de 1994, Jaime, Martha Bibiana y
Herly Johana Pan Merchán (esta última sucedida
procesalmente por Laura Daniela Guarín Pan), demandaron
la rescisión de la partición, por lesión enorme, por
considerarla notoriamente desbalanceada en la medida en
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que «a tres herederos les adjudican un solo bien inmueble y 150 reses
y al otro grupo de 10 herederos (que coincidencialmente son los
integrantes del seno matrimonial) les corresponden cerca de 30 activos
distintos y 2.350 cabezas de ganado».
1.5. La demanda de rescisión se admitió por auto de 23
de agosto de 1994 y, tras la integración del contradictorio, la
actuación se abrió a pruebas el 7 de febrero de 20032. Dado
que para ese momento no reposaban en el expediente las
copias auténticas del trabajo de partición, la sentencia
aprobatoria y la escritura pública de protocolización de la
liquidación de la herencia del señor Pan Barragán, el juez a
quo ordenó oficiar a la Notaría Primera de Villavicencio, «con
el fin de que se sirva compulsar copias de todo el proceso de sucesión»3.
1.6. Al no encontrar prueba en el expediente del
trámite del oficio que se libró para atender dicho
requerimiento4, por auto de 3 de abril de 20135 el fallador de
primer grado instó a las partes a que procedieran de
conformidad6. Como tampoco recibió noticia, en proveído de
5 de junio siguiente ordenó a la secretaría «requerir mediante
notificación personal a los apoderados de las partes, para que en el
término de ejecutoria se allegue lo requerido»7, pero nuevamente los
litigantes guardaron silencio.
1.7. Sin que se hubieran recaudado las pruebas
documentales requeridas, el juzgado de primera instancia
2 Fls 181 a 195, PDF “CuadernoNo.01Folio301”.
3 Fl. 187, PDF “CuadernoNo01Folio301”.
4 Fl. 222, ib.
5 Fl. 5 y 6, PDF “CuadernoNo.28AcumuladaJ5CV2013-46”.
6 Fl. 7, ib.
7 Fl. 42, ib.
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dictó sentencia el 19 de junio de 2013, mediante la cual
desestimó las pretensiones por considerar que «no se encuentra
dentro del plenario prueba que acredite la fecha de aprobación de la
partición de los bienes del causante, Horacio Pan Barragán»8.
1.8. Ese fallo fue posteriormente anulado por la Sala
Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio, en auto de 12 de junio de 20149. La
decisión de reemplazo la dictó la juez a quo el 10 de agosto
de 2015 y con ella denegó nuevamente la demanda por las
mismas razones que expuso en su providencia primigenia10.
1.9. Inconformes con esa decisión, los demandantes
apelaron.
2. La sentencia impugnada en revisión
El Tribunal confirmó la desestimación de las
pretensiones.
Sostuvo, como premisa basilar, que el éxito de la
demanda estaba supeditado, entre otras cuestiones que no
vienen al caso, a que los actores demostraran que el trabajo
de partición cuyos fundamentos reprocharon, fue
efectivamente aprobado «por autoridad judicial o notarial y que
dicha determinación está debidamente ejecutoriada y en firme».
8 Fls. 45 a 66, PDF “CuadernoNo.28AcumuladaJ5CV2013-46”.
9 Oportunidad en la que el juzgador ad quem consideró que el silencio que guardó el juzgador de primera
instancia respecto de la demanda ad excludendum que formuló Rosalba Montañez Viuda de Lombana
configuraba el vicio invalidante que preveía el entonces vigente numeral 4º del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil. Fls. 249 a 253, PDF “CuadernoNo.15”.
10 Págs. 115 a 143, ib.
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Anotó que en el asunto no concurrían las exigencias que
jurisprudencialmente se han decantado para que la juez de
primer grado se entendiera obligada a recaudar de oficio la
prueba de las aludidas circunstancias y que, colegir lo
contrario, implicaría «suplir totalmente una actividad propia de
parte, por demás justificada, proporcional y razonable (…) y se premiaría
la incuria del litigante que se abstuvo de desplegar una actividad
probatoria mínima y esencial para lograr su objetivo».
Señaló que, bajo ese entendido, ningún reproche cabía
efectuarle a dicha falladora por haberse negado a dar por
hecho que la liquidación del acervo sucesoral del señor Pan
Barragán sí se dio en los términos en que se manifestó en la
demanda, puesto que al expediente no se incorporó
formalmente el trabajo de partición, la sentencia aprobatoria,
ni la constancia de su ejecutoria; elementos de juicio que
resultaban de indispensable recaudo, «pues es la forma de
evidenciar el valor nominal y los bienes que representan, en la realidad,
lo adjudicado a cada interesado».
Señaló igualmente que no pasaba por alto que, en el
trámite de la apelación que se surtió ante el Tribunal de
Villavicencio, respecto de la primera sentencia que dictó la
juez de primer grado el 19 de junio de 2013, los demandantes
aportaron «las fotocopias simples de la mentada partición, así como de
la sentencia que la aprobó y de la providencia que posteriormente aclaró
esta, además de la constancia de sus respectivos registros en los folios
de matrícula inmobiliaria de los inmuebles y las copias autenticadas de
la escritura pública n° 6373 del 2 de septiembre de 1994 que protocolizó
parcialmente la partición».
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Precisó, sin embargo, que la colegiatura del distrito de
Villavicencio declaró la nulidad de ese primer fallo sin emitir
pronunciamiento alguno sobre la incorporación de los
documentos y que la falladora de primera instancia tampoco
suplió esa omisión, de manera que «nunca se profirió, ni en
primera, ni en segunda instancia, un auto ordenando tener como
pruebas las documentales arrimadas con ocasión de la apelación y
tampoco se otorgó a los contradictores procesales del aportante la
oportunidad de controvertirlas, por lo que no podrían tenerse por válidas
en los términos del acápite final del inciso primero del artículo 146 del
Código de Procedimiento Civil».
Agregó que, si en gracia de discusión se pasara por alto
lo anterior, de cualquier manera los documentos allegados
no tienen la virtud de revertir la desestimación de las
pretensiones, en tanto que «los duplicados de la partición y su
sentencia aprobatoria no militan en copia auténtica, como lo proclama la
censura, sino en reproducción simple y la última de ellas en copia simple
de copia auténtica (…) por lo que ningún mérito demostrativo podría
concedérseles de conformidad con el artículo 154 del Código de
Procedimiento Civil».
Destacó, finalmente, que el referido vacío probatorio no
podía entenderse justificado a partir del argumento
esgrimido por los demandantes, consistente en «la retención
ilícita del expediente en manos de uno de los herederos Pan Avella, pues
conocida que fue esa circunstancia, contaban los interesados, como
intervinientes directos en el proceso de sucesión de Horacio Pan
Barragán, con la facultad de solicitar la reconstrucción del expediente,
por ejemplo, y así obtener las multicitadas reproducciones auténticas».
3. El recurso de revisión
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Martha Bibiana Pan Merchán formuló recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia que el 28 de
noviembre de 2019 profirió la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior de Santa Marta, con fundamento en la causal
primera del artículo 355 del Código General del Proceso,
consistente en «[h]aberse encontrado después de pronunciada la
sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella,
y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria».
Los documentos en los que se apoyó la impugnación
son «la copia de la sentencia aprobatoria de la sucesión de 15 de
diciembre de 1993 proferida por el Juzgado Segundo de Familia de la
ciudad de Villavicencio y la escritura pública No. 6373 de 1994 de la
Notaría Primera del Círculo Notarial de Villavicencio», elementos de
juicio que la recurrente dijo no haber podido presentar
oportunamente a los jueces de instancia, «por culpa de la parte
contraria, ya que el 5 de febrero de 1998, la documental mencionada fue
retirada junto con todo el expediente del archivo del juzgado, por Alberto
Pan Abella (…), sin que este haya sido devuelto a la fecha».
Manifestó que, aun cuando esos dos documentos
fueron conocidos por ella antes de interponer la demanda de
rescisión, por tratarse de «una providencia judicial que surgía de un
proceso en el que intervenía como sucesora», la sustracción del
expediente en el cual reposaba dicho fallo le impidió «adquirir
la copia autorizada de la sentencia (…), requisito legalmente establecido
para que la copia de un documento tuviese valor probatorio en el régimen
del Código de Procedimiento Civil».
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Agregó que fue solo a partir de la entrada en vigor del
Código General del Proceso, con el «cambio normativo acerca del
valor probatorio de las copias simples», que adquirieron
«preponderancia y valor probatorio los documentos que aquí se
pretenden hacer valer», pero que, para el momento en que
empezó a regir dicha codificación, «ya había precluido la
oportunidad para aportar pruebas en el proceso».
Con fundamento en ese cambio normativo, propuso una
distinción conceptual entre «hallazgo material» y «hallazgo
jurídico», entendido el primero como «la averiguación y obtención
física de un documento en un lugar y tiempo determinado» y el
segundo como «la posibilidad de hacer uso del documento en forma
legal y cumpliendo todos los requerimientos de la ley procesal, para el
devenir de un proceso judicial».
A partir de esa diferenciación, sostuvo que, «al momento
de presentarse la demanda, al abrirse la etapa probatoria en el proceso
primigenio en primera instancia, y aun al momento de presentarse el
recurso de apelación por los demandantes, era jurídicamente imposible
aportar la sentencia aprobatoria de la sucesión de 15 de diciembre de
1993 proferida por el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de
Villavicencio. Por ello, por más que existiese conocimiento de la existencia
del documento, es decir, por más que hubiese hallazgo material, no había
hallazgo jurídico o procesal, pues la norma no permitía que este tuviese
valor probatorio».
Agregó, en lo atinente a la relevancia de los dos
documentos sobre los que versa su recurso, que «la prueba
fundamental para poder concluir el proceso mediante una sentencia de
fondo (y no inhibitoria) que conceda las pretensiones de la demanda es
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la sentencia aprobatoria de la sucesión de 15 de diciembre de 1993
proferida por el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de
Villavicencio, por lo que es suficientemente trascendental y cumple con
los requisitos establecidos para la procedencia del presente recurso».
4. Trámite del recurso extraordinario
4.1. La demanda de revisión fue inadmitida mediante
auto de 5 de abril de 202211 y tras recibirse el escrito de
subsanación, en providencia de 15 de diciembre de 2023, se
dispuso su admisión.
4.2. Mediante providencia CSJ AC5668-2024, 27 sep.,
se designaron dos curadores ad litem: uno de ellos, para
representar los intereses de Laura Daniela Guarín Pan (como
heredera de Herly Johana Pan Merchán) y Jaime Pan
Merchán y el otro para ejercer el derecho de defensa de Flor
Ángela Pan Avella y de los herederos indeterminados de
Horacio Pan Barragán, Dora María Avella Riveros y Mirta
Lucy, Horacio y Carmen Pan Avella.
11 En ese proveído se pidió al memorialista subsanar las siguientes deficiencias: “1. Indicará la fecha en
la que quedó ejecutoriada la sentencia impugnada, pues en el libelo inicial se relaciona el día en que se
notificó, que jurídicamente es diferente al de la firmeza de la decisión (…) 2. se señalarán con total
precisión y con la debida clasificación, los documentos encontrados «después de pronunciada la
sentencia» impugnada, y las circunstancias por las cuales no se pudieron aportar al plenario
oportunamente (…). Sobre esto no bastará manifestar la forma en la que la demandante tuvo acceso o
conoció los documentos, sino que será menester explicitar cómo se configura alguno de los eximentes
mencionados, que imposibilitaron la aportación oportuna de la prueba. 3. Se deberá precisar, además, de
qué forma el fallo cuestionado no tuvo como sustento cardinal la documental encontrada después de la
sentencia, pues es presupuesto de esos motivos de revisión que los documentos hubiesen sido decisivos
para la adopción de la determinación confutada. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la demanda se
señala que la sentencia reclamada, aprobatoria de la sucesión de 15 de noviembre de 1993 y la escritura
pública No 6373 de 1994, si yacían en el expediente, lo que luce contrario a lo señalado por la norma,
pues, no se trata de darle un nuevo valor probatorio a documentos que ya reposan en el expediente y que
fueron descartados por el Tribunal, de controvertir otros a los cuales no se les dio valor probatorio y
mucho menos, de realizar análisis sobre suposiciones, o de discutir sobre asuntos que pudieron ser
controvertidos en el curso del proceso. 4. Expresará con detalle la identificación de quienes fueron parte
en el proceso, su lugar para notificarlos y el Rad. N° 11001-02-03-000-2022-00227-00 3 correo el
electrónico que detentan, según aparece en el proceso que origina la sentencia ahora censurada”.
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Notificados debidamente y habiendo recibido copia del
expediente12, los auxiliares de la justicia guardaron silencio
dentro del término con el que contaban para pronunciarse
frente al recurso extraordinario.
4.3. Por su parte, Dora María, Cielo Astrid, Yamile,
Martha Lucia, Carlos Alberto y Yesid Fernando Pan Avella,
así como los herederos determinados de José Horacio Pan
Avella (Fabián Horacio Pan Hernández), Carmen Pan Avella
(Natalia Corredor Pan) y Mirta Lucy Pan Avella (Dora Sofia y
Katerine Barragán Pan), comparecieron al proceso mediante
apoderado de confianza y oportunamente presentaron escrito
de contestación en el que se opusieron al éxito del recurso
extraordinario.
En síntesis, alegaron que «no se cumplen los presupuestos
dispuestos por el numeral primero del artículo 355 del C.G.P.», en tanto
que «la prueba documental alegada no era nueva, ya que se había
aportada desde el inicio al proceso, sin embargo, incumpliendo cargas
procesales que en su momento ordenaba la ley procesal y que fueron
omitidas por el demandante, así como las oportunidades de subsanarla
que ofreció el Juzgado que instruyó el proceso, adicional a lo anterior,
con las pruebas obrantes en el expediente, se puede demostrar que la
prueba en debida forma no fue aportada por negligencia y omisión del
apoderado de la parte demandante, quien a pesar de los múltiples
requerimientos hechos por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Villavicencio de aportar copia de la escritura pública en la que se
protocolizó la partición y la sentencia aprobatoria de la misma, no lo hizo
irresponsablemente».
12 Cfr. Consecutivo número 065 del expediente digital.
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4.4. Por auto de 1º de abril de 2025, se decretaron las
pruebas solicitadas (todas ellas de naturaleza documental) y
se anunció que se dictaría sentencia anticipada.
CONSIDERACIONES
1. Legislación aplicable
Como la demanda de revisión se radicó el 14 de enero
de 2022, su estudio debe agotarse bajo las previsiones del
Código General del Proceso (vigente desde el 1º de enero de
201613), de conformidad el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,
según el cual «los recursos interpuestos (…) se regirán por las
leyes vigentes cuando se interpusieron (…)».
2. Naturaleza del recurso y sus efectos
Insistentemente, esta Corporación ha recabado en que
la revisión es un mecanismo de impugnación
extraordinario, que involucra una excepción al principio de
cosa juzgada material (CSJ SC 13 dic. 2002, rad. 2001-
00167-01) y que apunta a revertir la inicial inmutabilidad de
las sentencias que han cobrado ejecutoria, con el fin de
resguardar el predominio de la justicia frente a puntuales
irregularidades exógenas al proceso que el ordenamiento
considera insostenibles (CSJ, SC5052-2021).
Sobre el particular, tiempo atrás explicó la Corte lo
siguiente:
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Artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura.
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sería un enorme gravamen para el sistema jurídico permitir que
los asuntos resueltos definitivamente por los jueces, en las
instancias legales y conforme a los procedimientos previamente
establecidos, pudieran ser reabiertos en cualquier tiempo a
iniciativa de una o de ambas partes, con el mero propósito de
prolongar indefinidamente discusiones sobre las cuales ya ha
recaído la impronta de la cosa juzgada…
Ese retorno circular a la controversia, indudablemente, implicaría
no sólo afectar la legitimidad del aparato jurisdiccional, sino que,
además, iría en detrimento de la seguridad jurídica, todo, desde
luego, en perjuicio de la expectativa que los ciudadanos se hacen
sobre la conducta de los demás y sobre la fuerza correctora del
ordenamiento jurídico cuando en su fase de aplicación regula un
caso concreto.
Sin embargo, la experiencia muestra que, en veces, después del
proferimiento del fallo se revelan hechos de particular importancia
que de haber sido sometidos a la consideración del juez,
indudablemente habrían cambiado el norte de la decisión.
En tales eventos, mantener tozudamente una providencia
ejecutoriada por el mero hecho de estarlo, sería tanto como
patrocinar el desconocimiento mismo del ordenamiento jurídico,
razón por la cual el propio sistema procesal ha creado un
mecanismo de solución a tales casos y, en su seno, ha previsto la
posibilidad de que ante hipótesis taxativamente reguladas y
dentro de plazos bien precisos, se pueda solicitar la revisión de un
fallo, con miras a evitar groseras situaciones de inequidad
manifiesta y bajo la consideración de que con todo y las
consecuencias que ello apareja, hay menor agravio cuando se
intenta un nuevo examen a la sentencia que agota las instancias,
que cuando se mantienen contra toda lógica aquellas providencias
que pese a estar ejecutoriadas se fundan en pilares insostenibles
(CSJ SC 16 feb., 2004, rad. 2001-0218-01).
Del carácter excepcional de la revisión, se producen
efectos de distinta naturaleza (procesal, probatoria,
sustancial, etc.) de los cuales dos cobran especial
trascendencia en este asunto y, por tanto, en ellos reparará
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particularmente la Corte: uno de entidad temporal y otro
atinente al alcance restringido del remedio extraordinario.
2.1. La caducidad. En aras de proteger el principio de
seguridad jurídica como elemento fundante de la
jurisdicción, el ordenamiento prevé un riguroso límite
temporal, dirigido a impedir que las relaciones jurídicas
particulares queden indefinidamente expuestas a una
eventual impugnación (CSJ, SC 20 nov., 2006, rad. 2000-
00028-01).
De lo que se trata, en resumidas cuentas, es de ponerle
fin al estado de zozobra «generado por las expectativas de un posible
pleito, imponiéndole al interesado la carga de ejercitar un acto específico,
tal la presentación de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo,
con lo cual limita con precisión, la oportunidad que se tiene para hacer
actuar un derecho, de manera que no afecte más allá de lo
razonablemente tolerable los intereses de otros» (CSJ, SC2313-2018,
retomado en SC4065-2020 y SC490-2023).
En esa dirección, el artículo 356 del Código General del
Proceso prevé un término extintivo que se computa de
manera diferenciada, atendiendo el supuesto de revisión del
que se trate:
El recurso podrá interponerse dentro de los dos (2) años
siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando
se invoque alguna de las causales consagradas en los
numerales 1, 6, 8 y 9 del artículo precedente.
Cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7 del
mencionado artículo, los dos (2) años comenzarán a correr
desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o
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su representante haya tenido conocimiento de ella, con
límite máximo de cinco (5) años. No obstante, cuando la
sentencia debe ser inscrita en un registro público, los
anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de la
fecha de la inscripción.
En los casos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del
mismo artículo deberá interponerse el recurso dentro del
término consagrado en el inciso 1o, pero si el proceso penal
no hubiere terminado se suspenderá la sentencia de
revisión hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo
penal y se presente la copia respectiva. Esta suspensión no
podrá exceder de dos (2) años.
Al interpretar el citado precepto, en conjunto con el
artículo 94 del estatuto procedimental, la Corte ha precisado
que la carga de celeridad que le incumbe cumplir al
recurrente en revisión no se agota con la sola radicación
oportuna de su demanda, sino que se mantiene hasta lograr
la adecuada integración del contradictorio (CSJ, SC499-
2023), lo que, en el caso de la revisión, solo se verifica con la
notificación de la totalidad de las personas que fungieron
como parte en el proceso primigenio, dado el litisconsorcio
necesario que se presenta en estos casos (núm.. 2º, art. 357
ibidem).
Esa conformación de la contraparte, según el citado
canon 94, debe ocurrir dentro del año siguiente a la fecha en
que se admite el escrito introductor, so pena de que el
término de caducidad se compute como si el recurso no se
hubiere interpuesto y se extienda hasta que, finalmente, se
logre la efectiva vinculación de las personas que están
llamadas a integrar el extremo pasivo de la actuación.
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De llegarse, entonces, a integrar el contradictorio más
de un año después de la fecha en que al demandante en
revisión le fue notificado el auto admisorio de la demanda, el
fenómeno de la interrupción ya no se entenderá producido
con la radicación del recurso, sino que quedará condicionado
a que el acto de enteramiento se complete; y si ello ocurre
después de consumarse el término de dos (o cinco) años que
prevé el citado artículo 356, se producirá la «caducidad
sobreviniente» de la acción, la cual tendrá que ser declarada,
aun de oficio, «en la sentencia misma con que concluya el trámite de
la revisión» (CSJ, SC 21 ago., 1998, CCLV, p. 415, reiterada,
entre muchas otras, en SC 6 jul., 2005, rad. 2000-0209,
SC4854-2021 y SC3729-2022).
2.2. Alcance restrictivo de la revisión. Otra de las
consecuencias que se derivan de la naturaleza exceptiva de
este mecanismo, consiste en que las causales que dan pie a
su prosperidad son taxativas y de interpretación restringida
(expresso specialis, omnem impedit extensionem), lo cual
resulta apenas lógico en la medida en que los «casos que no
entran en la norma excepcional» han de entenderse
necesariamente comprendidos «en la regla general que existe en la
ley misma, explícita o implícitamente» (CSJ, SC 6 jul., 2007, exp.
1998-00058-01).
En efecto, si el legislador se dio a la tarea de definir de
manera puntual los específicos eventos frente a los cuales
considera necesario romper el principio de cosa juzgada de
los fallos ejecutoriados, no puede el recurrente, ni tampoco
el juez de revisión, so pretexto de revertir situaciones
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particulares de aparente injusticia o desequilibrio,
ensanchar el espectro de esos supuestos previamente
definidos, ni tampoco ampliar el catálogo que los contempla.
El silencio que respecto de tales supuestos guarda la norma,
ha de tenerse como razón suficiente de su intrascendencia.
Lo anterior implica que el éxito de la demanda de
revisión depende en buena medida de que los fundamentos
fácticos que se expongan en su respaldo se ajusten de
manera precisa a los contornos de la causal esgrimida, en
los términos definidos por la ley y desarrollados por la
jurisprudencia (CSJ, AC3952-2017).
No se trata, entonces, de revivir oportunidades
perdidas, ni reabrir debates clausurados, sino de conjurar
una específica y manifiesta iniquidad judicial, que se
enmarca en alguno de los supuestos que precisamente previó
el legislador.
A este respecto, la Corte ha enfatizado que el recurso de
revisión,
no tiene por finalidad reabrir el debate original, de manera que no
constituye una instancia adicional del proceso, como lo ha
señalado la Corte al advertir que “no es posible discutir en
dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el
proceso fuente de la mencionada relación ni tampoco hay
lugar a la fiscalización de las razones fácticas y jurídicas
en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia
motivaciones distintas y específicas que, constituyendo
verdaderas anomalías, condujeron a un fallo erróneo o injusto,
motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas
anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez más, la revisión
no puede confundirse con una nueva instancia pues supone,
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según se dejó apuntado, el que se llegó a una definitiva situación
de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material
que sólo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una
cualquiera de las anómalas circunstancias que en ‘numerus
clausus’ y por ello con un claro sentido de necesaria
taxatividad (...)” (G.J. CCXLIX. Vol. I, 117) (CSJ, SC, 8 abr.
2011, rad. 2009-00125-00; reiterada en SC5208-2017).
3. Particularidades de la causal primera de revisión
Conforme al texto que la consagra, esta hipótesis se
configura por «[h]aberse encontrado después de pronunciada la
sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella,
y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria».
Con base en esa construcción normativa,
jurisprudencialmente se ha explicado que los presupuestos
de este evento de revisión (cuya concurrencia le incumbe
demostrar el demandante, conforme a la carga de
acreditación que contempla el artículo 167 del Código
General del Proceso) son los siguientes:
(i) que la prueba sobre la que se edifica el recurso sea
de naturaleza documental y no de otro linaje (CSJ,
SC, 17 mar. 2014, rad. 2013-02413-00);
(ii) que la existencia del medio de convicción anteceda
a la presentación de la demanda o, por lo menos,
a la finalización de la última etapa legalmente
prevista para elevar solicitudes probatorias (CSJ,
SC 13 dic. 2002, rad. 2001-00167);
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
18
(iii) que su hallazgo hubiere ocurrido con
posterioridad a la emisión de la sentencia
recurrida en revisión (CSJ, AC1270-2014,
reiterado en AC1508-2022 y AC3304-2024);
(iv) que la imposibilidad de aducirlos tempestivamente
a la actuación se hubiere dado por caso fortuito,
fuerza mayor o maniobras de la contraparte (CSJ,
SC355-2023); y
(v) que, en sí mismo, el documento resulte suficiente
para impulsar un cambio sustancial de la
sentencia recurrida (CSJ, SC 1º mar. 2011, rad.
2009-00068).
4. Caso concreto
4.1. Caducidad sobreviniente de la acción
La sentencia objeto del recurso la dictó la Sala Civil
Familia del Tribunal Superior de Santa Marta el 28 de
noviembre de 201914, pero su notificación la llevó a cabo la
Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de
Villavicencio, el 24 de enero siguiente15.
El 4 de marzo de la misma anualidad, se resolvió -
desfavorablemente- la solicitud de «aclaración, adición y/o
complementación» que formularon los allí demandantes
14 Fls. 11 a 23, PDF CuadernoNo.27-1
15 Fls. 154 a 160, PDF CuadernoNo.26
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
19
(mediante auto notificado el día siguiente) y, por tal motivo,
la ejecutoria de la sentencia se produjo finalmente el 10 de
marzo de 2020 (art. 331, Código de Procedimiento Civil).
Lo anterior implica que el término de caducidad de dos
años que contempla el ya citado artículo 356 del Código
General del Proceso (para la causal 1ª de revisión), vencía el
28 de junio de 2022 (arts. 118 y 356 ib.16), de manera que la
presentación del recurso extraordinario, ocurrida el 14 de
enero de esta última anualidad, fue oportuna.
Ahora bien, como la demanda se admitió por auto
proferido el 15 de diciembre de 2023 y notificado en estado
del día 18 siguiente, la integración del contradictorio debía
ocurrir, para que cobrara eficacia la interrupción del término
de caducidad que, en principio, se dio con la tempestiva
radicación del recurso, a más tardar el 19 de diciembre de
2024.
Tal condición no llegó a acaecer, puesto que la curadora
ad litem de Flor Ángela Pan Avella y los herederos
indeterminados de los señores Dora María Avella Riveros,
Mirta Lucy Pan Avella, Horacio Pan Avella, Carmen Pan
Avella y Horacio Pan Barragán (últimos demandados en
integrarse al juicio), se notificó del auto admisorio de la
demanda de revisión, mediante correo electrónico enviado el
24 de enero de 202517; fecha para la cual ya había vencido,
16 Aplicados en conjunto con las previsiones del Decreto Legislativo 564 de 2020 y el Acuerdo
PCSJA20-11567 de 2020, por cuya virtud los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de
marzo y el 1º de julio de 2020, es decir, durante 107 días, debido a la emergencia sanitaria que provocó
el virus SARS Cov-2.
17 Cfr. Consecutivo número 065 del expediente digital.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
20
tanto el término de un año que contempla el artículo 94 del
Estatuto Procesal, como el de dos años que prevé el canon
356 de esa misma codificación (contado, ante la ineficacia de
la radicación de la demanda, desde el 11 de marzo de 2020,
que corresponde al día siguiente en que cobró ejecutoria la
sentencia objeto del recurso).
Cierto es que, en pretéritas oportunidades, esta
Corporación ha optado por modular el cómputo del referido
término de caducidad, en atención a particularísimas
circunstancias que, por su gravedad o trascendencia, se
sobrepusieron a la consumación del plazo (Cfr. CSJ, SC 20
sep. 2005, exp. 7814, SC1727-2016, 15 feb., y SC001-2021,
18 ene.).
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en esos eventos
aislados, la Sala no observa en este asunto vicisitudes de
especial o extraordinaria trascendencia que conduzcan a
morigerar el rigorismo propio del término de caducidad, cuyo
cómputo, según lo ha puntualizado la Corte como regla
general, «debe hacerse de manera objetiva, lo que significa que debe
efectuarse de corrido y sin ninguna clase de interrupción» (CSJ, SC 20
sep. 2005, exp. 7814 y SC 4 ago. 2010, exp. 2007-01946).
Ciertamente, el sustrato fáctico de la demanda de
revisión no hace patente que, en el curso de las instancias
del juicio que acá interesa y por cuenta de las irregularidades
probatorias que se denunciaron en ese escrito incoativo, se
hubiere materializado una violación grosera y evidente del
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
21
ordenamiento jurídico (tema sobre el cual regresará la Corte
al abordar los fundamentos de la impugnación).
Tampoco que la consumación del término de caducidad
se haya verificado por causas completamente ajenas a la
recurrente, pues fue finalmente ella quien, motu proprio,
presentó su censura cuando ya había transcurrido casi la
totalidad del término extintivo; decisión que a la postre
ocasionó que el amplio margen con el que en principio
contaba para sortear las eventualidades que normalmente se
presentan en un juicio como este en la fase de notificaciones
(como el trámite de impedimento que aquí se surtió, el
cambio de Magistrado Ponente o las demoras de los
auxiliares de justicia para aceptar la designación) no le
resultara suficiente para evitar la definitiva consumación del
plazo18.
Así las cosas, como la integración del contradictorio
ocurrió en este proceso más de un año después del día en
que se notificó a la recurrente el auto admisorio de su
demanda extraordinaria y pasados casi cinco años desde el
momento en que cobró ejecutoria la sentencia objeto del
recurso, se concluye que operó la caducidad sobreviniente de
la acción de revisión.
4.2. Inviabilidad de la acusación
18 Ver, en el mismo sentido, G.J. t. CLXXXVII, 2°, págs. 536 y 537, reiterado en SC 6 jul. 2005, exp.
2000-00209-00.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
22
Aunque lo anotado en precedencia es suficiente para
sellar la suerte adversa de la censura extraordinaria, la Sala
estima conveniente explicar por qué la causal esgrimida, en
todo caso, no se configuró.
Ya se indicó al inicio de las presentes consideraciones
que las hipótesis frente a las cuales el ordenamiento jurídico
habilita el remedio de la revisión son de carácter taxativo e
interpretación restringida. Justamente por ello, en esta
oportunidad no resulta factible efectuar mayores
pronunciamientos sobre las «injusticias», los «desequilibrios» y la
lesión «al estado de derecho y a la legalidad» que, según la
impugnante, se consolidarían en caso de mantenerse
incólume la sentencia que hoy se cuestiona.
Tales apreciaciones, al igual que las vicisitudes
probatorias que con ellas se quiso ventilar, solo podrían tener
incidencia en este asunto si encarnaran alguno de los
puntuales eventos que contempla el artículo 355 del Código
General del Proceso, concretamente el numeral primero, que
fue el invocado en la demanda.
No se olvide que «con este recurso no es factible controvertir, en
línea de principio, los fundamentos que sustentan la sentencia
impugnada, o discutir los problemas debatidos en el proceso, o propiciar
una nueva oportunidad para formular hechos exceptivos, ni mucho
menos mejorar la prueba aportada al litigio, pues ello implicaría abrir la
compuerta a una tercera instancia. Y es que la interposición del mismo
presupone una relación procesal ya cerrada y, por eso, en su ámbito, que
en cierta forma corresponde a las llamadas “acciones impugnativas” con
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
23
efectos rescisorios, no es posible replantear el conflicto» (CSJ, SC 4
ago. 2010, exp. 2007-01946).
La demanda de revisión en estudio no satisface ese
presupuesto de adecuación normativa, por las razones que
en seguida pasan a explicarse:
(i) Aunque los dos medios de prueba sobre los que se
estructuró el recurso son de naturaleza documental («copia de
la sentencia aprobatoria de la sucesión de 15 de diciembre de 1993
proferida por el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de
Villavicencio y escritura pública No. 6373 de 1994 de la Notaría Primera
del Círculo Notarial de Villavicencio») su hallazgo por parte de la
impugnante no ocurrió con posterioridad a la preclusión de
la etapa instructiva del proceso declarativo sobre el que versa
este trámite, ni tampoco a la emisión de la sentencia de
segunda instancia.
Expresa y abiertamente, la señora Pan Merchán
reconoció en su escrito introductor que esos dos elementos
de juicio eran conocidos por ella incluso antes de la
radicación de la demanda de rescisión por lesión enorme,
pues ambos se produjeron con motivo y en el decurso de un
juicio de sucesión del que ella formó parte; y que, tanto ella,
como sus dos hermanos, Jaime y Herly Johana, le pidieron
al juez a quo que intermediara para su recaudo en copia
auténtica.
De hecho, la impugnante resaltó que, para el momento
en que se dictó la sentencia de segunda instancia, ya obraba
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
24
en el expediente copia simple de la sentencia aprobatoria y
auténtica de la escritura pública de protocolización, puesto
que, «en un actuar diligente pero ineficiente, la parte demandante
presentó y solicitó que se decretaran en el trámite de la apelación» y
que, por ello, «los documentos enunciados ya se encuentran en el
expediente, específicamente desde el folio 35 al folio 136 del cuaderno
No. 15»19.
En esas condiciones, resulta claro que la causal primera
de revisión no se pudo configurar en este caso, puesto que,
para esos efectos, según recientemente lo recordó la Corte,
«el documento, además de preexistir, no puede haber sido de aquellos
aportados por las partes, pero que se descartaron, o no fueron
valorados por los jueces ordinarios» (CSJ, SC2643-2024).
Por tal motivo, ninguna relevancia tiene en este asunto
el cambio normativo que, en punto a la admisibilidad de
copias simples, produjo la promulgación y vigencia del
artículo 246 del Código General del Proceso, puesto que el
supuesto de revisión del que intentó prevalerse la recurrente
se verifica única y exclusivamente en virtud del novedoso
descubrimiento de un medio de prueba y no ante su
sobreviniente admisibilidad procesal.
Asumir lo contrario, como lo sugiere la recurrente,
implicaría tener que aceptar que todas o al menos una gran
cantidad de las providencias dictadas en vigencia del hoy
derogado Código de Procedimiento Civil, en las que se
hubieran dejado de valorar documentos por no haberse
19 Fls. 7 y 9, numeral 2.31 del escrito de subsanación.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
25
allegado en copia auténtica, serían susceptibles de ser
recurridas en revisión; lo cual va en abierta contravía no solo
con la naturaleza extraordinaria y excepcional de este
mecanismo de impugnación, sino también con la regla de
ultraactividad que rige en materia probatoria (art. 40, Ley
153 de 188720, mod. art. 624, C.G.P.).
(ii) De otro lado, recuerda la Sala que, para explicar
por qué le habría sido «imposible» allegar oportunamente los
documentos ante los juzgadores de instancia, la impugnante
manifestó que «[e]l motivo que impidió la aportación oportuna de las
pruebas al expediente del proceso fue por culpa de la parte contraria, ya
que el 5 de febrero de 1998, la documental mencionada fue retirada junto
con todo el expediente del archivo del juzgado, por Alberto Pan Abella»21.
En ese relato no se advierte alguno de los tres eventos
de extrañeza o ajenidad que contempla el numeral 1º del
artículo 355 del estatuto procesal («fuerza mayor o caso fortuito o
por obra de la parte contraria»).
Véase, de un lado, que tanto la sentencia aprobatoria,
como la escritura pública de protocolización, existían y
fueron conocidos por la señora Pan Merchán, desde el año
1994, es decir, aproximadamente cuatro años antes de la
fecha en que se habría generado la sustracción indebida del
expediente (5 de febrero de 1998), tiempo más que suficiente
20 “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas,
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”.
21 Fl. 6, ib.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
26
para que la recurrente hubiese logrado obtener, si es que era
de su interés, copia auténtica de esos dos medios de prueba
por conducto del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Villavicencio.
A ello se suma que, incluso con posterioridad a la fecha
en que el expediente fue retirado del juzgado de
conocimiento, la recurrente también contaba con la
posibilidad de solicitar un ejemplar auténtico de ambos
documentos ante la Notaría Primera de Villavicencio, oficina
en la que se protocolizaron, se insiste, desde 1994, el trabajo
de partición y la sentencia aprobatoria.
Además, mediante auto de 7 de febrero de 2003, el
Juzgado Primero de Familia (inicial cognoscente del juicio de
rescisión) dispuso, de oficio, «solicitar a la Notaría Primera de esta
ciudad (…) copia de todo el proceso de sucesión del señor Horacio Pan
Barragán»22.
El 21 de febrero de ese mismo año se libró oficio para
atender esa instrucción23. Diez años más tarde, por auto de
3 de abril de 201324, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Villavicencio (al que le fue asignada la causa, luego de que el
fallador de familia se declarara incompetente25), requirió a las
partes para que dieran cuenta del trámite de aquella misiva.
22 Fl. 187, PDF CuadernoNo01Folio301.
23 Fl. 222, ib.
24 Fl. 5 y 6, PDF CuadernoNo.28AcumuladaJ5CV2013-46.
25 Fl. 315, ib
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
27
Como no se recibió respuesta de parte de los litigantes,
ni tampoco se retiró el segundo oficio que se libró con destino
a la Notaría Primera (de 19 de abril de 201326), por auto de 5
de junio de esa anualidad, la juez a quo ordenó a la secretaría
«requerir mediante notificación personal a los apoderados de las partes,
para que en el término de ejecutoria se allegue lo requerido»27;
insistencia que a la postre también devino infructuosa, según
de ello se dejó constancia en informe secretarial de 14 de
junio del mismo año, en el cual se recalcó que «no se retiró el
oficio ordenado en auto anterior, pese a que se surtió en debida forma la
notificación del citado proveído e incluso se notificaron en forma personal
los doctores Jesús Antonio Rojas Basto y María Elvia Bulla
Castellanos»28.
En el escenario fáctico que así se configuró, tampoco
resulta viable asumir, como lo requería el éxito del recurso,
que la impugnante fue por entero ajena a las razones por las
cuales no se recaudaron oportunamente las copias
auténticas de los dos documentos que ahora se intentan
hacer valer, pues además de que no hizo mayor esfuerzo por
conseguir directamente esas probanzas antes de promover
su demanda (cuando todavía nada se lo impedía), desatendió
los requerimientos y desaprovechó los insistentes esfuerzos
que en ese sentido desplegó el juzgado de primer grado, el
cual incluso libró en más de una oportunidad los oficios que,
a la postre, la impugnante ni siquiera retiró.
26 Fl. 7, ib.
27 Fl. 42, ib.
28 Fl. 42, ib.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
28
Tales circunstancias redundan igualmente en el fracaso
de la demanda.
Recuérdese que el motivo de revisión del numeral 1º,
también impone acreditar que «las documentales no se aportaron
tempestivamente sin culpa del recurrente porque le fue imposible
aducirlas. Acepta el legislador que tal impedimento es únicamente el
que proviene de fuerza mayor o caso fortuito (hecho externo, imprevisto
e irresistible), o de obra de la parte favorecida con el fallo (conducta
dolosa imputable a la contraparte) (CSJ SR, 5 dic. 2012, Rad. 2003-
00164-01), de modo que, si la falta de aportación se debió a
negligencia inexcusable del impugnante o por otra causa que no
coincida con las señaladas por la codificación adjetiva, no existe un
‘documento recobrado’ en que sea admisible apoyar la causal»
(CSJ, SC664-2020, 3 mar.).
(iii) La trascendencia de los documentos tampoco es
un asunto que pueda darse por acreditado. Para convenir en
ello, lo primero que incumbe precisar es que no le asiste
razón a la impugnante en cuanto tildó de «inhibitorios» los fallos
de primera y segunda instancia del juicio de rescisión.
Tal denominación se predica únicamente de las
sentencias que no definen el fondo de la controversia, a causa
de la no concurrencia de los presupuestos procesales (CSJ,
SC 7 mar. 1996, exp. 4596) y de esa categoría no forman
parte las providencias que antecedieron a esta actuación, en
la medida en que ambos fallos involucran un
pronunciamiento de mérito, aunque desfavorable, sobre la
pretensión de rescisión.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
29
Para ilustrar mejor el punto, vale recordar las premisas
fundamentales del fallo de segunda instancia:
correspondía a los demandantes demostrar la efectiva
aprobación de la partición, en este caso por sentencia judicial,
como prueba de la existencia y validez del acto judicial de
adjudicación a cuya invalidación aspira,, pues es la forma de
evidenciar el valor nominal y los bienes que representan en la
realidad lo adjudicado a cada interesado; piénsese, por ejemplo,
en que el juez director del proceso de sucesión puede improbar
la partición en caso de prosperar alguna objeción, o aun si no se
proponen, cuantas veces sea necesario refaccionarla para que se
encuentre ajustada a derecho. Es decir, si no existe certeza de
que el trabajo de partición que fue aportado con el memorial
primigenio en calidad de anexo haya sido efectivamente el
aprobado por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Villavicencio.
Es pues, indiscutible, que dichas probanzas devienen
absolutamente indispensables para decretar la rescisión, como
tanto se ha dicho, pero no por ello puede afirmarse que la
sentenciadora de instancia debía suplir la actividad
demostrativa no desplegada por quien tiene la legítima carga
normativa de desplegarla.
Luego entonces, dar viabilidad a los argumentos del recurso que
ahora se desata, no sería otra cosa que incurrir en el dislate
desequilibrante de la balanza de la justicia que denuncian los
alzantes, pues ninguna exigencia desproporcionada, excesiva,
poco razonable o injustificada efectuó la juzgadora que desató el
lazo de la primera instancia, ya que se acató la normatividad
vigente en materia de apreciación de la prueba documental, y de
contera se entraría a suplir totalmente una actividad propia de
parte, por demás justificada, proporcional y razonable desde la
perspectiva constitucional, como viene de verse. Y de contera, se
premiaría la incuria del litigante que se abstuvo de desplegar
una actividad probatoria mínima y esencial para lograr su
objetivo, a sabiendas de que nuestro sistema procesal se la
impone a título de carga procesal.
Las hasta ahora enumeradas son razones de suyo suficientes
para estimar que asiste razón a la sentenciadora de primer grado
cuando concluye que no está confirmada la concurrencia de las
condiciones que permitan la declaratoria de rescisión de
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
30
partición deprecada por los libelistas y que, por ende, están
destinadas al fracaso de las pretensiones.
Como se ve, el Tribunal confirmó el fracaso de la acción
rescisoria, no porque hubiera entendido que la aportación de
la sentencia aprobatoria del trabajo de partición y la
escritura pública de protocolización eran indispensables
para emitir sentencia de mérito, sino porque, en su criterio,
la ausencia de esos dos elementos de juicio impedía tener por
probada la concurrencia de los presupuestos sustanciales
de la acción.
Ello es relevante porque, ante la presencia de una
sentencia de mérito, desestimatoria de las pretensiones, se
desdibuja la idea que quiso construir la recurrente, de que la
sola aportación de los referidos documentos habría sido
suficiente para provocar un pronunciamiento
significativamente distinto del que recibió de parte de los
jueces de instancia.
La relevancia de una prueba, al menos desde la óptica
del recurso de revisión, no viene dada por su aptitud de
modificar argumentos, sino decisiones y, por tal motivo, la
labor que le incumbía agotar a la recurrente implicaba
demostrar que, ante la oportuna y adecuada aportación de la
sentencia aprobatoria y de la escritura de protocolización, al
Tribunal no le habría quedado más remedio que disponer la
rescisión, por lesión enorme, del trabajo de partición.
Sin embargo, la señora Pan Merchán no ofreció
argumentos dirigidos a afirmar los presupuestos de la acción
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
31
rescisoria por lesión enorme; desandar esas exigencias para
acoplarlas a su caso particular; y señalar de qué manera y
porqué razón, tales requisitos habrían sido cabalmente
demostrados en el juicio que concierne a esta actuación.
La parquedad que sobre este aspecto refleja la
demanda, produce -por igual- el fracaso del recurso, puesto
que, conforme al precedente inalterado de esta Corporación:
La primera causal de revisión (...) se refiere (...) a medios
probatorios preexistentes desde el primer litigio y que no obran en
ese plenario, ya que es de la esencia su aparición repentina
posterior con efectos trascendentes, como producto de una
recuperación de lo que estaba perdido o el descubrimiento de algo
que se desconocía (...). Sobre el particular en CSJ SC 25 jun. 2009,
rad. 2005-00251-01, se precisó que, dada “(...) la finalidad propia
del recurso, no se trata de mejorar la prueba aducida
deficientemente al proceso en el que se dictó la sentencia cuyo
aniquilamiento se busca, o de producir otra después de
pronunciado el fallo; se contrae (...) a demostrar que la justicia, por
absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su
preexistencia fue imposible de oportuna aducción por el litigante
interesado, profirió́ un fallo que resulta a la postre paladinamente
contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente
injusto. Es por eso por lo que, como se reiteró́ en CSJ SCJ, 5 dic.
2012, rad. 2003- 00164-01, ‘...para la cabal estructuración del
referido motivo, como condición sine qua non determinante del
éxito del recurso de revisión, es indispensable probar, de modo
fehaciente (...) que el alcance del valor persuasivo de tales
probanzas habría transformado la decisión contenida en
ese proveído, por cuanto el documento nuevo, per se, debe
ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para
determinar un cambio sustancial de la sentencia
recurrida...’ (Sent. Cas. Civ. 1 de marzo de 2011, rad. 2009-
00068)” (CSJ SC22055-2017, reiterada en CSJ AC2611-2021)»
(CSJ, SC1186-2022, reiterada en SC2643-2024).
5. Conclusión
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
32
En resumidas cuentas, no se acogerá el recurso
extraordinario en referencia, por la tardía integración del
contradictorio (que redundó en la caducidad sobreviniente de
la acción) y porque la eventual prescindencia de esa
extemporaneidad devendría intrascendente ante la falta de
comprobación de los presupuestos propios de la causal
invocada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR la caducidad del recurso
extraordinario de revisión que formuló Martha Bibiana Pan
Merchán contra la sentencia de 28 de noviembre de 2019,
proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta.
SEGUNDO. CONDENAR a la recurrente en costas y
perjuicios, de conformidad con el artículo 359 del Código
General del Proceso. Liquídense en la forma legalmente
prevista, incluyendo, para las primeras, la suma de
$6.000.000, como agencias en derecho, según estimación del
Magistrado Ponente.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
33
TERCERO. Infórmese lo aquí decidido a los
falladores de instancia del juicio sobre el que versó esta
actuación.
CUARTO. Cumplido lo anterior, archívense las
diligencias.
Notifíquese y cúmplase
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
(con aclaración de voto)
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
(con aclaración de voto)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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34
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
ACLARACIÓN DE VOTO
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Con el debido respeto por la decisión mayoritaria –que
comparto tanto en la declaratoria de caducidad sobreviniente
del recurso, originada en la tardía integración del
contradictorio, como en sus razones esenciales–, considero
pertinente aclarar mi voto con relación al examen subsidiario
de la censura formulada por la vía de la causal primera de
revisión, por lo siguiente:
(i) Está suficientemente decantado que la caducidad
es una regla de cierre al servicio de la seguridad jurídica:
evita la perpetuación de litigios y, una vez verificada, excluye
el estudio de fondo del asunto. Admitir un análisis del mérito
después de declararla, desvanece esa función.
(ii) En el presente asunto se da la casualidad de que
el análisis subsidiario confirma el fracaso del recurso. Pero
si el examen subsidiario llegare a acoger la acusación, ¿cuál
el camino a seguir ante la tensión que se producirá entre
justicia material y seguridad jurídica?, ¿se reconocería la
caducidad, que impide decidir el fondo, y, al tiempo, se
emitiría un juicio favorable sobre el mérito?
Por lo anterior, estimo que la declaratoria de caducidad
constituía razón autónoma y suficiente para desestimar el
recurso, sin necesidad de validaciones complementarias.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
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Fecha ut supra,
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
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Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
ACLARACIÓN DE VOTO
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Con el respeto acostumbrado por los demás integrantes
de la Sala, brevemente expreso las razones por las cuales
debo aclarar el voto con el que acompaño la decisión
adoptada en el asunto de la referencia.
Aunque efectivamente debe desestimarse el recurso
extraordinario de revisión bajo la declaratoria de caducidad,
resulta necesario destacar que tan puntuales argumentos
han debido ser los únicos que respalden la motivación de la
sentencia dictada por la Honorable Sala.
En los apartados «3. Particularidades de la causal primera de
revisión» y «4.2. inviabilidad de la acusación», la ponencia acogida
por la Sala aborda el examen jurídico que concluye el
carácter infundado de la causal de revisión que invocó la
demandante. Lo anterior en adición a las motivaciones
protagónicas sobre caducidad, las cuales se reconocen
expresamente como suficientes para sellar la suerte adversa
de la censura extraordinaria.
Contrario a lo sostenido mayoritariamente, estimo
inconveniente desbordar la argumentación de la providencia
hacia tópicos que superen su razón principal y suficiente, por
cuanto tal proceder desmejora la congruencia interna de la
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
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decisión judicial. Esto ocurre especialmente cuando el
fundamento principal expuesto refiere a la insatisfacción de
un presupuesto procesal como la ausencia de caducidad,
mismo que, por definición, reprime el estudio sobre el fondo
del debate propuesto, en tanto se agota la posibilidad de
cuestionamiento jurisdiccional.
En esa clase de eventos y por regla general -cuya
excepción debe estar debidamente cimentada-, resulta
inconveniente incluir consideraciones adicionales sobre el
mérito del litigio, en tanto que no sólo se desvirtúa la técnica
procesal aplicable, sino que se compromete la solidez de la
actuación judicial objeto de censura y los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica que deben beneficiar el conflicto
de intereses que subyace al proceso.
El artículo 282 del Código General del Proceso
contempla las pautas generales de resolución de excepciones
en todo tipo de proceso y establece en su inciso tercero, con
carácter indiscutiblemente imperativo, que «Si el juez encuentra
probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones
de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes».
Proceder en sentido contrario conlleva la apertura de un
debate innecesario que compromete sin propósito la
deliberación y criterio del juez colegiado, no reporta beneficio
para los justiciables e incide negativamente en la pacificación
del conflicto.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
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Lo destacado, en contravía de los fines jurisdiccionales
generales y, especialmente, de la naturaleza restrictiva del
recurso extraordinario de revisión, sus efectos sobre la cosa
juzgada y el carácter preclusivo propio de la caducidad,
tópicos estos que fueron debidamente abordados en el fallo,
pero que decaen con la motivación complementaria que
afecta su coherencia, claridad y congruencia con la resolutiva
finalmente adoptada.
En los anteriores términos, precisando por coherencia
que no comprometo criterio sobre la configuración de la
causal invocada, dejo expuesta la aclaración de mi voto con
reiteración de respeto por la Honorable Sala de Casación
Civil, Agraria y Rural.
Fecha ut supra.
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aclaración de voto
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Juan Carlos Sosa Londoño
Magistrado
Aclaración de voto
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
No firma impedimento
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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