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clave: "corte_suprema:providencia:SC1748-2025 [2022-00227-00]"
titulo: "Corte Suprema: el recurso podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-09-10"
radicado: "2022-00227-00"
numero: "SC1748-2025"
ponente: "Fernando Augusto Jiménez Valderrama"
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# Corte Suprema: el recurso podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna

- **Título oficial / radicado:** SC1748-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-09-10
- **Radicado:** 2022-00227-00
- **Número:** SC1748-2025
- **Ponente:** Fernando Augusto Jiménez Valderrama
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1748-2025%20%5B2022-00227-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1748-2025%20%5B2022-00227-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI1L0RyLiBGZXJuYW5kbyBBdWd1c3RvIEppbeluZXogVmFsZGVycmFtYS85Li0gU2VwdGllbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTc0OC0yMDI1IFsyMDIyLTAwMjI3LTAwXS5wZGY%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Regla de decisión

El recurso podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9 del artículo precedente.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887

## Extracto

Ya se indicó al inicio de las presentes consideraciones que las hipótesis frente a las cuales el ordenamiento jurídico habilita el remedio de la revisión son de carácter taxativo e interpretación restringida. 24 Fl. 5 y 6, PDF CuadernoNo.28AcumuladaJ5CV2013-46. En el escenario fáctico que así se configuró, tampoco resulta viable asumir, como lo requería el éxito del recurso, que la impugnante fue por entero ajena a las razones por las cuales no se recaudaron oportunamente las copias auténticas de los dos documentos que ahora se intentan hacer valer, pues además de que no hizo mayor esfuerzo por conseguir directamente esas probanzas antes de promover su demanda (cuando todavía nada se lo impedía), desatendió los requerimientos y desaprovechó los insistentes esfuerzos que en ese sentido desplegó el juzgado de primer grado, el cual incluso libró en más de una oportunidad los oficios que, a la postre, la impugnante ni siquiera retiró.

## Cita textual

> Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes

## Texto del documento

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado ponente
SC1748-2025
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
(Aprobado en sesión de diez de julio de dos mil veinticinco)
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil
veinticinco (2025).
Se decide anticipadamente el recurso extraordinario de
revisión que formuló Martha Bibiana Pan Merchán contra la
sentencia de 28 de noviembre de 2019, proferida por la Sala
Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta1 en el proceso ordinario (de lesión enorme) que
la hoy recurrente, junto a Jaime y Herly Johana Pan
Merchán, promovieron contra los demás herederos de
Horacio Pan Barragán.
ANTECEDENTES
1 Aunque el proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Villavicencio y, en ese sentido, el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado debía ser
resuelto por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal de esa localidad, la resolución de la alzada le fue
asignada, como medida de descongestión, a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta,
mediante Acuerdo PCSJA19-11327 de 26 de junio de 2019, del Consejo Superior de la Judicatura.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
2
1. Del juicio ordinario en el que se dictó la
sentencia objeto de revisión - rescisión por lesión enorme
en liquidación de masa sucesoral
1.1. Horacio Pan Barragán procreó trece hijos: diez de
ellos con su entonces esposa, Dora María Avella (Dora María,
Cielo Astrid, Yamile, Martha Lucía, Mirta Lucy, José Horacio,
Carlos Alberto, Carmen, Flor Angela y Yesid Fernando Pan
Avella) y otros tres, producto de la relación extramatrimonial
que sostuvo con Ana Isabel Merchán (Jaime, Herly Johana y
la aquí demandante, Martha Bibiana Pan Merchán).
1.2. El señor Pan Barragán falleció en el municipio de
Trinidad (Casanare) el 11 de diciembre de 1990 y su sucesión
fue tramitada ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia
de Villavicencio.
1.3. Mediante sentencia de 15 de diciembre de 1993,
ese despacho aprobó la partición del acervo hereditario, en la
que a los hermanos Pan Merchán se les adjudicó (i) «la casa
habitación junto con el lote en que está construida con dirección en la
Carrera 33ª No. 26-41 de la ciudad de Villavicencio, referenciada como
lote número 9 de la manzana D, del barrio Nuevo Maizaro» y (ii) «150
reses, de las 2.500 inventariadas en la sucesión».
1.4. El 17 de agosto de 1994, Jaime, Martha Bibiana y
Herly Johana Pan Merchán (esta última sucedida
procesalmente por Laura Daniela Guarín Pan), demandaron
la rescisión de la partición, por lesión enorme, por
considerarla notoriamente desbalanceada en la medida en
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que «a tres herederos les adjudican un solo bien inmueble y 150 reses
y al otro grupo de 10 herederos (que coincidencialmente son los
integrantes del seno matrimonial) les corresponden cerca de 30 activos
distintos y 2.350 cabezas de ganado».
1.5. La demanda de rescisión se admitió por auto de 23
de agosto de 1994 y, tras la integración del contradictorio, la
actuación se abrió a pruebas el 7 de febrero de 20032. Dado
que para ese momento no reposaban en el expediente las
copias auténticas del trabajo de partición, la sentencia
aprobatoria y la escritura pública de protocolización de la
liquidación de la herencia del señor Pan Barragán, el juez a
quo ordenó oficiar a la Notaría Primera de Villavicencio, «con
el fin de que se sirva compulsar copias de todo el proceso de sucesión»3.
1.6. Al no encontrar prueba en el expediente del
trámite del oficio que se libró para atender dicho
requerimiento4, por auto de 3 de abril de 20135 el fallador de
primer grado instó a las partes a que procedieran de
conformidad6. Como tampoco recibió noticia, en proveído de
5 de junio siguiente ordenó a la secretaría «requerir mediante
notificación personal a los apoderados de las partes, para que en el
término de ejecutoria se allegue lo requerido»7, pero nuevamente los
litigantes guardaron silencio.
1.7. Sin que se hubieran recaudado las pruebas
documentales requeridas, el juzgado de primera instancia
2 Fls 181 a 195, PDF “CuadernoNo.01Folio301”.
3 Fl. 187, PDF “CuadernoNo01Folio301”.
4 Fl. 222, ib.
5 Fl. 5 y 6, PDF “CuadernoNo.28AcumuladaJ5CV2013-46”.
6 Fl. 7, ib.
7 Fl. 42, ib.
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dictó sentencia el 19 de junio de 2013, mediante la cual
desestimó las pretensiones por considerar que «no se encuentra
dentro del plenario prueba que acredite la fecha de aprobación de la
partición de los bienes del causante, Horacio Pan Barragán»8.
1.8. Ese fallo fue posteriormente anulado por la Sala
Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio, en auto de 12 de junio de 20149. La
decisión de reemplazo la dictó la juez a quo el 10 de agosto
de 2015 y con ella denegó nuevamente la demanda por las
mismas razones que expuso en su providencia primigenia10.
1.9. Inconformes con esa decisión, los demandantes
apelaron.
2. La sentencia impugnada en revisión
El Tribunal confirmó la desestimación de las
pretensiones.
Sostuvo, como premisa basilar, que el éxito de la
demanda estaba supeditado, entre otras cuestiones que no
vienen al caso, a que los actores demostraran que el trabajo
de partición cuyos fundamentos reprocharon, fue
efectivamente aprobado «por autoridad judicial o notarial y que
dicha determinación está debidamente ejecutoriada y en firme».
8 Fls. 45 a 66, PDF “CuadernoNo.28AcumuladaJ5CV2013-46”.
9 Oportunidad en la que el juzgador ad quem consideró que el silencio que guardó el juzgador de primera
instancia respecto de la demanda ad excludendum que formuló Rosalba Montañez Viuda de Lombana
configuraba el vicio invalidante que preveía el entonces vigente numeral 4º del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil. Fls. 249 a 253, PDF “CuadernoNo.15”.
10 Págs. 115 a 143, ib.
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Anotó que en el asunto no concurrían las exigencias que
jurisprudencialmente se han decantado para que la juez de
primer grado se entendiera obligada a recaudar de oficio la
prueba de las aludidas circunstancias y que, colegir lo
contrario, implicaría «suplir totalmente una actividad propia de
parte, por demás justificada, proporcional y razonable (…) y se premiaría
la incuria del litigante que se abstuvo de desplegar una actividad
probatoria mínima y esencial para lograr su objetivo».
Señaló que, bajo ese entendido, ningún reproche cabía
efectuarle a dicha falladora por haberse negado a dar por
hecho que la liquidación del acervo sucesoral del señor Pan
Barragán sí se dio en los términos en que se manifestó en la
demanda, puesto que al expediente no se incorporó
formalmente el trabajo de partición, la sentencia aprobatoria,
ni la constancia de su ejecutoria; elementos de juicio que
resultaban de indispensable recaudo, «pues es la forma de
evidenciar el valor nominal y los bienes que representan, en la realidad,
lo adjudicado a cada interesado».
Señaló igualmente que no pasaba por alto que, en el
trámite de la apelación que se surtió ante el Tribunal de
Villavicencio, respecto de la primera sentencia que dictó la
juez de primer grado el 19 de junio de 2013, los demandantes
aportaron «las fotocopias simples de la mentada partición, así como de
la sentencia que la aprobó y de la providencia que posteriormente aclaró
esta, además de la constancia de sus respectivos registros en los folios
de matrícula inmobiliaria de los inmuebles y las copias autenticadas de
la escritura pública n° 6373 del 2 de septiembre de 1994 que protocolizó
parcialmente la partición».
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Precisó, sin embargo, que la colegiatura del distrito de
Villavicencio declaró la nulidad de ese primer fallo sin emitir
pronunciamiento alguno sobre la incorporación de los
documentos y que la falladora de primera instancia tampoco
suplió esa omisión, de manera que «nunca se profirió, ni en
primera, ni en segunda instancia, un auto ordenando tener como
pruebas las documentales arrimadas con ocasión de la apelación y
tampoco se otorgó a los contradictores procesales del aportante la
oportunidad de controvertirlas, por lo que no podrían tenerse por válidas
en los términos del acápite final del inciso primero del artículo 146 del
Código de Procedimiento Civil».
Agregó que, si en gracia de discusión se pasara por alto
lo anterior, de cualquier manera los documentos allegados
no tienen la virtud de revertir la desestimación de las
pretensiones, en tanto que «los duplicados de la partición y su
sentencia aprobatoria no militan en copia auténtica, como lo proclama la
censura, sino en reproducción simple y la última de ellas en copia simple
de copia auténtica (…) por lo que ningún mérito demostrativo podría
concedérseles de conformidad con el artículo 154 del Código de
Procedimiento Civil».
Destacó, finalmente, que el referido vacío probatorio no
podía entenderse justificado a partir del argumento
esgrimido por los demandantes, consistente en «la retención
ilícita del expediente en manos de uno de los herederos Pan Avella, pues
conocida que fue esa circunstancia, contaban los interesados, como
intervinientes directos en el proceso de sucesión de Horacio Pan
Barragán, con la facultad de solicitar la reconstrucción del expediente,
por ejemplo, y así obtener las multicitadas reproducciones auténticas».
3. El recurso de revisión
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Martha Bibiana Pan Merchán formuló recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia que el 28 de
noviembre de 2019 profirió la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior de Santa Marta, con fundamento en la causal
primera del artículo 355 del Código General del Proceso,
consistente en «[h]aberse encontrado después de pronunciada la
sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella,
y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria».
Los documentos en los que se apoyó la impugnación
son «la copia de la sentencia aprobatoria de la sucesión de 15 de
diciembre de 1993 proferida por el Juzgado Segundo de Familia de la
ciudad de Villavicencio y la escritura pública No. 6373 de 1994 de la
Notaría Primera del Círculo Notarial de Villavicencio», elementos de
juicio que la recurrente dijo no haber podido presentar
oportunamente a los jueces de instancia, «por culpa de la parte
contraria, ya que el 5 de febrero de 1998, la documental mencionada fue
retirada junto con todo el expediente del archivo del juzgado, por Alberto
Pan Abella (…), sin que este haya sido devuelto a la fecha».
Manifestó que, aun cuando esos dos documentos
fueron conocidos por ella antes de interponer la demanda de
rescisión, por tratarse de «una providencia judicial que surgía de un
proceso en el que intervenía como sucesora», la sustracción del
expediente en el cual reposaba dicho fallo le impidió «adquirir
la copia autorizada de la sentencia (…), requisito legalmente establecido
para que la copia de un documento tuviese valor probatorio en el régimen
del Código de Procedimiento Civil».
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Agregó que fue solo a partir de la entrada en vigor del
Código General del Proceso, con el «cambio normativo acerca del
valor probatorio de las copias simples», que adquirieron
«preponderancia y valor probatorio los documentos que aquí se
pretenden hacer valer», pero que, para el momento en que
empezó a regir dicha codificación, «ya había precluido la
oportunidad para aportar pruebas en el proceso».
Con fundamento en ese cambio normativo, propuso una
distinción conceptual entre «hallazgo material» y «hallazgo
jurídico», entendido el primero como «la averiguación y obtención
física de un documento en un lugar y tiempo determinado» y el
segundo como «la posibilidad de hacer uso del documento en forma
legal y cumpliendo todos los requerimientos de la ley procesal, para el
devenir de un proceso judicial».
A partir de esa diferenciación, sostuvo que, «al momento
de presentarse la demanda, al abrirse la etapa probatoria en el proceso
primigenio en primera instancia, y aun al momento de presentarse el
recurso de apelación por los demandantes, era jurídicamente imposible
aportar la sentencia aprobatoria de la sucesión de 15 de diciembre de
1993 proferida por el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de
Villavicencio. Por ello, por más que existiese conocimiento de la existencia
del documento, es decir, por más que hubiese hallazgo material, no había
hallazgo jurídico o procesal, pues la norma no permitía que este tuviese
valor probatorio».
Agregó, en lo atinente a la relevancia de los dos
documentos sobre los que versa su recurso, que «la prueba
fundamental para poder concluir el proceso mediante una sentencia de
fondo (y no inhibitoria) que conceda las pretensiones de la demanda es
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la sentencia aprobatoria de la sucesión de 15 de diciembre de 1993
pr

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

de
la acción) y porque la eventual prescindencia de esa
extemporaneidad devendría intrascendente ante la falta de
comprobación de los presupuestos propios de la causal
invocada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR la caducidad del recurso
extraordinario de revisión que formuló Martha Bibiana Pan
Merchán contra la sentencia de 28 de noviembre de 2019,
proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta.
SEGUNDO. CONDENAR a la recurrente en costas y
perjuicios, de conformidad con el artículo 359 del Código
General del Proceso. Liquídense en la forma legalmente
prevista, incluyendo, para las primeras, la suma de
$6.000.000, como agencias en derecho, según estimación del
Magistrado Ponente.
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TERCERO. Infórmese lo aquí decidido a los
falladores de instancia del juicio sobre el que versó esta
actuación.
CUARTO. Cumplido lo anterior, archívense las
diligencias.
Notifíquese y cúmplase
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
(con aclaración de voto)
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
(con aclaración de voto)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
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Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
ACLARACIÓN DE VOTO
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Con el debido respeto por la decisión mayoritaria –que
comparto tanto en la declaratoria de caducidad sobreviniente
del recurso, originada en la tardía integración del
contradictorio, como en sus razones esenciales–, considero
pertinente aclarar mi voto con relación al examen subsidiario
de la censura formulada por la vía de la causal primera de
revisión, por lo siguiente:
(i) Está suficientemente decantado que la caducidad
es una regla de cierre al servicio de la seguridad jurídica:
evita la perpetuación de litigios y, una vez verificada, excluye
el estudio de fondo del asunto. Admitir un análisis del mérito
después de declararla, desvanece esa función.
(ii) En el presente asunto se da la casualidad de que
el análisis subsidiario confirma el fracaso del recurso. Pero
si el examen subsidiario llegare a acoger la acusación, ¿cuál
el camino a seguir ante la tensión que se producirá entre
justicia material y seguridad jurídica?, ¿se reconocería la
caducidad, que impide decidir el fondo, y, al tiempo, se
emitiría un juicio favorable sobre el mérito?
Por lo anterior, estimo que la declaratoria de caducidad
constituía razón autónoma y suficiente para desestimar el
recurso, sin necesidad de validaciones complementarias.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
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Fecha ut supra,
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
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Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
ACLARACIÓN DE VOTO
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Con el respeto acostumbrado por los demás integrantes
de la Sala, brevemente expreso las razones por las cuales
debo aclarar el voto con el que acompaño la decisión
adoptada en el asunto de la referencia.
Aunque efectivamente debe desestimarse el recurso
extraordinario de revisión bajo la declaratoria de caducidad,
resulta necesario destacar que tan puntuales argumentos
han debido ser los únicos que respalden la motivación de la
sentencia dictada por la Honorable Sala.
En los apartados «3. Particularidades de la causal primera de
revisión» y «4.2. inviabilidad de la acusación», la ponencia acogida
por la Sala aborda el examen jurídico que concluye el
carácter infundado de la causal de revisión que invocó la
demandante. Lo anterior en adición a las motivaciones
protagónicas sobre caducidad, las cuales se reconocen
expresamente como suficientes para sellar la suerte adversa
de la censura extraordinaria.
Contrario a lo sostenido mayoritariamente, estimo
inconveniente desbordar la argumentación de la providencia
hacia tópicos que superen su razón principal y suficiente, por
cuanto tal proceder desmejora la congruencia interna de la
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decisión judicial. Esto ocurre especialmente cuando el
fundamento principal expuesto refiere a la insatisfacción de
un presupuesto procesal como la ausencia de caducidad,
mismo que, por definición, reprime el estudio sobre el fondo
del debate propuesto, en tanto se agota la posibilidad de
cuestionamiento jurisdiccional.
En esa clase de eventos y por regla general -cuya
excepción debe estar debidamente cimentada-, resulta
inconveniente incluir consideraciones adicionales sobre el
mérito del litigio, en tanto que no sólo se desvirtúa la técnica
procesal aplicable, sino que se compromete la solidez de la
actuación judicial objeto de censura y los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica que deben beneficiar el conflicto
de intereses que subyace al proceso.
El artículo 282 del Código General del Proceso
contempla las pautas generales de resolución de excepciones
en todo tipo de proceso y establece en su inciso tercero, con
carácter indiscutiblemente imperativo, que «Si el juez encuentra
probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones
de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes».
Proceder en sentido contrario conlleva la apertura de un
debate innecesario que compromete sin propósito la
deliberación y criterio del juez colegiado, no reporta beneficio
para los justiciables e incide negativamente en la pacificación
del conflicto.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00227-00
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Lo destacado, en contravía de los fines jurisdiccionales
generales y, especialmente, de la naturaleza restrictiva del
recurso extraordinario de revisión, sus efectos sobre la cosa
juzgada y el carácter preclusivo propio de la caducidad,
tópicos estos que fueron debidamente abordados en el fallo,
pero que decaen con la motivación complementaria que
afecta su coherencia, claridad y congruencia con la resolutiva
finalmente adoptada.
En los anteriores términos, precisando por coherencia
que no comprometo criterio sobre la configuración de la
causal invocada, dejo expuesta la aclaración de mi voto con
reiteración de respeto por la Honorable Sala de Casación
Civil, Agraria y Rural.
Fecha ut supra.
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aclaración de voto
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Juan Carlos Sosa Londoño
Magistrado
Aclaración de voto
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
No firma impedimento
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1748-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2025-09-10. C.P. Fernando Augusto Jiménez Valderrama. Rad. 2022-00227-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1748-2025%20%5B2022-00227-00%5D).
