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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC1741-2025
Radicación n° 08001-31-53-011-2019-00259-01
(Aprobado en sesión de veintiséis de junio de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veinticinco
(2025).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Holding Minero S.A.S., frente a la sentencia de 13 de
septiembre de 2024, proferida por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el
proceso verbal que le promovió al Banco de Bogotá S.A.,
Bancolombia S.A. Panamá e Itaú S.A., Panamá.
I. EL LITIGIO
1. Holding Minero S.A.S. pidió declarar que el Acuerdo
Privado de Reestructuración (en adelante el Acuerdo)
suscrito en octubre de 2014 por Masering Holding S.A.S. y
Masering Mining S.A.S. con las entidades convocadas
reestructuró las obligaciones financieras de operaciones
leasing, nacionales e internacionales, así como todas las
vencidas, conforme a los contratos vigentes.
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Asimismo, solicitó declarar que los otrosíes a los
contratos de leasing n.° 6048, 6050, 6134, 6135, 6136, 6141
y 6199 celebrados con el Banco de Bogotá S.A.; los n.° 664,
688, 737 y 740 con Bancolombia, Panamá; el de 27 de
octubre de 2012 en el leasing financiero 007 de 2011, los n.°
007, 008, 010, 011, 021, 157 y 159 con Helm Bank S.A.,
fueron coligados al Acuerdo porque instrumentalizaron sus
obligaciones, y reconocer que, al darse las causales de
incumplimiento de la estipulación décima octava, ese
acuerdo «quedó resuelto sin necesidad de declaración judicial,
y sin efecto alguno los otrosíes», según la cláusula 19ª.
De igual manera, pidió declarar que Holding Minero
S.A.S. incumplió el numeral 22 de la cláusula vigésima del
Acuerdo, relativo a los activos de importación temporal objeto
de los leasing internacional de Helm Bank Panamá, hoy
Banco Itaú de Colombia, y Bancolombia S.A., Panamá, y del
Banco de Bogotá S.A., y que sus débitos son exigibles según
los contratos originales, dado que el Acuerdo y sus otrosíes
se resolvieron ipso iure. Finalmente, instó declarar que, para
el 4 de agosto de 2016, cuando Holding Minero S.A.S. fue
admitida a reorganización debía $83.703’247.790 por
cánones de arrendamiento financiero, distribuidos, así:
$41.834’434.249 a Bancolombia S.A.; 26.987’211.382 Al
Banco de Bogotá y $14.881’602.160 A Helm Bank S.A. En
consecuencia, extender los efectos de la sentencia a la
reorganización empresarial que adelanta ante la
Superintendencia de Sociedades, para que esas deudas,
vencidas antes del 5 de agosto de 2016, sean incorporadas a
dicho trámite.
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Expuso que Masering Holding S.A.S. y Masering Mining
S.A.S., celebraron los contratos de leasing n.° 6048, 6050,
6134,6135, 6136, 6141 y 6199 con el Banco de Bogotá S.A.;
n.° 664, 688, 737 y 740 con Bancolombia, Panamá; y n.° 007,
008, 010, 011, 021, 157 y 159 con Helm Bank S.A. sin
embargo, ante la crisis del sector minero, las empresas
propietarias de las minas que operaba suspendieron sus
labores, lo que produjo la cesación de la mayor parte de los
equipos adquiridos en leasing. Ante esta situación y otros
factores, en 2014 inició proceso de negociación que culminó
en un Acuerdo de Reestructuración que consolidó toda su
deuda financiera y la de Masering Mining S.A.S.,
estableciendo nuevos términos y condiciones para su pago.
A ese trámite acudieron Helm Bank (Panamá), hoy
Banco Itaú de Colombia, Bancolombia S.A., el Banco de
Bogotá S.A., y otros acreedores. Allí se estableció en
$63.268’839.641 y US$31’276.457,38 la deuda vencida y
reestructurada, según la discriminación hecha en el acuerdo.
La cláusula décima fijó las condiciones y plazos para el pago,
según las tablas de amortización que cubren desde el 30 de
diciembre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2019, tanto
para las obligaciones en pesos como en dólares, sin distinguir
entre ordinarias y de leasing, ya que fueron unificadas.
En la cláusula décima octava del Acuerdo se regularon
los eventos de incumplimiento, entre ellos, la mora por más
de 30 días calendario en el pago del capital o intereses (18.1),
la infracción de las obligaciones de hacer (18.59 y la
iniciación del trámite concursal o liquidatario de las
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deudoras (18.8). y, en la décima novena, se pactó una
cláusula resolutoria, según la cual «[s]e conviene que en caso de
presentarse cualquiera de las causales de incumplimiento señaladas en
la cláusula Décima Octava se resolverá el presente ACUERDO sin
necesidad de declaración judicial y LOS ACREEDORES FINANCIEROS
podrán hacer efectivas individual y conjuntamente las garantías y
adelantar las acciones judiciales respectivas sin necesidad de
requerimiento previo a LAS DEUDORAS. Las garantías que se
constituyen en virtud del presente acuerdo se mantendrán vigentes,
aunque se llegue a incumplir y/o resolver el presente ACUERDO lo cual
consienten expresamente LAS DEUDORAS».
La cláusula vigésima, numeral segundo, previó como
causales de su terminación, entre otras, algún evento de
incumplimiento, especialmente los señalados en la cláusula
décima octava, o cualquier otra del Acuerdo, así como la
iniciación del trámite concursal o liquidatario de cualquier
naturaleza de las deudoras y se excluyó la novación.
Cada acreedor financiero decidió la manera como las
sociedades deudoras instrumentalizarían en actos coligados
las obligaciones que debían cumplir en el Acuerdo. El Banco
de Bogotá S.A. elaboró los otrosíes n.° 6048, 6050, 6134,
6135, 6136, 6141 y 6199; Bancolombia Panamá redactó los
n.°5, 6, 6 y 7; y Helm Bank Panamá, los n.° 001, 007 de 2011,
007 de 2012, 008, 010, 011, 021, 157 y 159. Estos otrosíes
eran coligados y conexos al Acuerdo, en cuanto a valor, plazo
e intereses. Por lo tanto, de resolverse tal pacto de
reestructuración, estos quedaban sin efectos.
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Las circunstancias económicas impredecibles del sector
del carbón se agravaron después de 2014. Esto provocó que
Masering Holding S.A.S., hoy Holding Minero S.A.S., quien
es controlante de Masering Mining S.A.S. quedara sin
operación minera y cayera en mora en el pago de las
obligaciones reestructuradas. Por ello, acudió a los
acreedores financieros para que revisaran los términos del
Acuerdo y le dieran un plazo adicional para cumplir la deuda
reestructurada, pero durante la revisión de los plazos y
garantías, nuevas circunstancias la motivaron a iniciar su
reorganización empresarial.
Al iniciar ese trámite judicial, Holding Minero S.A.S. ya
había incurrido en la causal de incumplimiento del numeral
18.1 de la cláusula décima octava del Acuerdo, consistente
en la mora por más de 30 días calendario en el pago de las
cuotas de capital o de intereses, y el inicio de ese proceso
configuró la causal 18.8 de la misma estipulación,
activándose los efectos de la cláusula décima novena. Como
resultado, el Acuerdo se resolvió sin necesidad de declaración
judicial. Esto les permitió a sus acreedoras hacer efectivas
las garantías y adelantar las acciones correspondientes.
Según el Acuerdo, solo las garantías constituidas en
virtud de este se mantendrían vigentes, aun en caso de su
incumplimiento o resolución. Estas se referían
exclusivamente a la constitución de un fideicomiso y fuente
de pago, al que se le cederían ciertos derechos económicos y
acciones a título de garantía mobiliaria, respaldando la
deuda reestructurada, pero estas no fueron constituidas.
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Ante el incumplimiento del Acuerdo, este se resolvió
automáticamente, y sin necesidad de declaración judicial,
pero las garantías constituidas permanecieron vigentes.
Holding Minero S.A.S. incurrió en mora por más de 30 días
calendario en el pago de la deuda reestructurada, no
constituyó las garantías acordadas y se acogió a
reorganización empresarial. Ante ello, se extinguió la
obligación de cumplir el acuerdo y todo volvió a su estado
anterior. Esto implicó la resolución de los otrosíes accesorios
y conexos. Luego, las cuotas vencidas corresponden a las
establecidas en los contratos de leasing. Además, no pudo
cumplir las obligaciones fiscales y aduaneras pactadas en la
cláusula vigésima del Acuerdo, relacionadas con los equipos
adquiridos bajo leasing en importación temporal.
En la reorganización empresarial, el promotor no
consideró los efectos del Acuerdo, sino que graduó y calificó
los créditos por leasing según lo allí acordado y en los
otrosíes coligados, a pesar de que el único soporte para ello
eran los contratos iniciales. Esto agravó su situación, ya que
en el nuevo acuerdo solo se incluyeron tres (3) cuotas
vencidas bajo el acuerdo anterior y sus otrosíes, mientras
que el saldo restante de la deuda fue tenido como gastos de
administración o cuotas post Ley 1116 de 2006, que deben
seguir pagándose cada mes, so pena de incumplimiento.
Aunque Holding Minero S.A.S. objetó la graduación y
solicitó a la Superintendencia de Sociedades aplicar los
efectos resolutivos de la cláusula décima novena del Acuerdo
y modificar la calificación del promotor, según el Código Civil,
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en particular el artículo 1624, ello fue negado en la audiencia
de 10 de julio de 2019 por falta de competencia de esa sede
concursal. Tal decisión le impidió reestructurar las
obligaciones de los leasing que, al 4 de agosto de 2016,
cuando inició la reorganización, eran de $18.313’274.310.
Esto hasta que un juez decida el alcance de la estipulación
resolutoria, para saber si esas cuotas estaban vencidas.
2. Las convocadas se opusieron, así:
2.1. Bancolombia S.A. Panamá alegó que «[n]o hay
contratos coligados, conexos o accesorios que permitan considerar que al
resolverse el acuerdo de reestructuración se extinguieron los efectos de
los otrosíes celebrados entre Bancolombia Panamá y Holding», «[e]l
incumplimiento de Holding no es fuente de derechos», «[l]a demandante
no puede invocar su propio incumplimiento o torpeza a su favor», «[l]o que
busca la demanda es revisar las decisiones que el juez especializado
adoptó en el trámite de la insolvencia de holding», «[m]ala fe de la
demandante», «[d]esconocimiento de los actos propios de holding no
prejudicialidad en la ley 1116 de 2006», «[e]l trámite de reorganización
de holding minero no puede estar suspendido ni sujeto a las resultas de
este proceso» y «[c]osa juzgada» (fls. 1-43, archivo digital n.° 065).
2.2. El Banco de Bogotá S.A. planteó «[c]osa juzgada», «[n]o
prejudicialidad de los procesos concursales», «[p]rincipio de nemo auditur
propriam turpitudinem allegans», «[p]lena validez jurídica de los
contratos de leasing financiero celebrados y sus respectivos otrosíes por
ser documentos autónomos e independientes» e «[i]mprocedencia de
solicitar la declaración judicial del incumplimiento del acuerdo privado
de reestructuración ya que contraviene lo pactado» (fls. 1-24, archivo
digital n.° 0049).
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2.3. El Banco Itaú S.A. Panamá excepcionó «[p]roscripción
legal de la prejudicialidad en el proceso de reorganización empresarial y
liquidación obligatoria (Concursales)», «[s]entencia no vinculante al
cuerdo de reorganización» y «[l]egalidad de los contratos de leasing,
otrosíes y pagarés instrumentados en garantía de estos u otras
obligaciones» (fls. 1-99, archivo digital n.° 0126).
3. El juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla, en
sentencia de 5 de febrero de 2024, negó las pretensiones y
condenó en costas a la actora (fls. 1 a 35, archivo digital n.°
0172).
4. Al resolver la alzada de la demandante, en fallo de 13
de septiembre de 2024, el Tribunal confirmó la decisión (fls.
1 a 39, archivo digital n.°26, cno.2).
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
a). El artículo 1546 del Código Civil establece la
condición resolutoria tácita para los contratos bilaterales
cuando uno de los contratantes incumpla lo pactado. Esta
disposición le otorga a la otra parte la opción de solicitar la
resolución o exigir su cumplimiento, con indemnización de
perjuicios, siempre que demuestre la validez del acuerdo, que
honró sus compromisos o se allanó a realizarlos y que el otro
extremo infringió los suyos.
b). Cuando las partes acuerdan cumplir de forma
simultánea, la accionante debe acreditar que hizo lo propio,
según el artículo 1609 del Código Civil, referido a la exceptio
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non adimpleti contractus. Si los débitos son sucesivos, quien
incumple primero exime a la otra parte de honrar la siguiente
obligación, ya que esta carece de exigibilidad al haberse
vulnerado la anterior. Quien infrinja delanteramente el
vínculo carece de acción resolutoria. Esta solo procede a
favor de quien satisfizo sus débitos o se allanó a atenderlos,
aunque en la SC1662-2019 se habilitó a cualquiera de los
contratantes para forzar la realización del pacto.
c). Las partes pueden prever supuestos en los que el
acuerdo de voluntades deje de existir, ya sea mediante
cláusula accidental del contrato o a través de un acto
posterior. Además, en la SC3978-2022, la Corte analizó los
presupuestos de la coligación contractual.
d). Se solicitó declarar que el Acuerdo suscrito con las
convocadas se resolvió al activarse la cláusula resolutoria
pactada y afectó los otrosíes, al ser coligados y accesorios. La
disposición estableció que, de presentarse alguna de las
causales de incumplimiento convenidas, el acuerdo se
resolvería ipso iure, sin necesidad de declaración judicial, y
los acreedores podrían activar las garantías y adelantar las
acciones judiciales. Según lo pactado, las deudoras pagarían
las sumas reestructuradas y cumplirían una serie de
obligaciones, tanto positivas (de hacer) como negativas (de no
hacer), según las cláusulas séptima y octava.
e). Al tenor de la estipulación décima sexta, las
deudoras constituirían a favor de las acreedoras financieras,
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a más tardar el 31 de enero de 2015, diversas garantías. En
caso de no hacerlo, a satisfacción de estas últimas, el
acuerdo quedaría incumplido, y cada parte sería libre de
acudir en defensa de sus intereses.
f). Holding Minero S.A.S. no pidió declarar resuelto el
Acuerdo, sino reconocer que este se deshizo de pleno derecho
desde que fue incumplido, extendiéndose este efecto a los
otrosíes. Esto frustra la pretensión, ya que la acción prevista
en los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de
Comercio exige declaración judicial. Si una de las partes
incumple un negocio, este no se resuelve per se. En tal caso,
la afectada puede destruirlo o persistir en él y pedir
perjuicios. Aunque las partes hayan previsto ese efecto, tal
disposición es inoperante por ir contra normas de orden
público que exigen acción judicial para romper el vínculo,
según la SC3674-2021.
g). Si se asumiera que la intención de la accionante es
declarar resuelto el acuerdo, el resultado sería el mismo, ya
que carecería de legitimación en la causa al ser quien lo
deshonró. La acción de resolución es solo para quien
cumplió, según la SC3674-2021. Distinto sería si ambos
extremos hubieren infringido recíprocamente sus débitos. La
actora no puede ampararse en una cláusula para justificar
su incumplimiento unilateral.
h). El negocio fue de ejecución continuada. Ello impide
deshacer las prestaciones realizadas. Si se aceptara que las
partes acordaron su terminación por incumplimiento, el
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resultado sería igual, pues Holding Minero S.A.S. debía
demostrar que honró sus obligaciones y que su contraparte,
no, lo cual está desvirtuado. Si se asumiera que la cláusula
en la que se apoya es de ineficacia por disposición de las
partes, esto no permitiría deshacer los débitos ejecutados.
Tal previsión haría cesar el negocio hacía el futuro.
i). Los representantes legales del Banco de Bogotá S.A.
y de Bancolombia S.A. Panamá coinciden en que el Acuerdo
perdió validez ante el incumplimiento de la accionante, sin
que ello implique aceptar que se configuró su ineficacia capaz
de retrotraer la situación a su estado previo a la celebración
del pacto (archivo digital n.° 26, cno. Tribunal).
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
La accionante interpuso recurso de casación y planteó
dos (2) cargos: el inicial por la causal segunda y el restante
por la primera. Serán desatados conjuntamente porque
comparten razonamientos y buscan desvirtuar las mismas
premisas de la sentencia frente a la naturaleza de la acción
ejercida, la extinción automática del vínculo contractual y la
legitimación en la causa de la accionante.
CARGO PRIMERO
Alega la infracción indirecta de los artículos 1602 y
1618 del Código Civil por omisión, y la indebida aplicación
de los artículos 1546 ibídem, y 870 del Código de Comercio,
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como consecuencia de errores de hecho probatorios y de la
indebida apreciación de la demanda y su reforma.
Lo sustenta en que el ad quem ignoró lo convenido en
las cláusulas décima novena y vigésima, núm. 2º y 22º, del
Acuerdo, respecto a su terminación especial, y asumió que lo
pactado y pedido fue la resolución prevista en los artículos
1546 Civil y 870 Comercial.
Ese error lo llevó a decir que la resolución por
incumplimiento de un contrato exige declaración judicial y
que la actora carece de legitimación para pedirla, al ser quien
deshonró el vínculo, pues lo contrario implicaría valerse de
sus propios actos. Ignoró que en el Acuerdo se convino una
forma particular de terminación por alguno de los supuestos
de las cláusulas décima octava y vigésima núm. 2º o 22º.
Tampoco es cierto que se haya invocado la acción resolutoria
de los artículos 1546 y 870 ibidem. Se solicitó reconocer los
efectos de las estipulaciones privadas que implicaban la
extinción del Acuerdo y de sus otrosíes al darse alguno de los
supuestos pactados. Sin embargo, el fallador apreció mal tal
pacto, supuso aspectos extraños y distorsionó el libelo. Ello
le impidió comprender la intención de los contratantes y
generó la infracción del artículo 1618 del Código Civil.
Se equivocó al colegir que la resolución pactada en la
cláusula décima novena y vigésima núm. 2 y 22, era la de los
artículos 1546 Civil y 870 ídem., sin necesidad de
declaración judicial, y que esto era inviable, ya que requería
la acción por el contratante cumplido y un pronunciamiento
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judicial. La cláusula décima novena incluyó la expresión «se
resolverá», pero el resto del acuerdo no lleva a esa conclusión.
El Acuerdo no permite concluir que las partes pactaron
o quisieron acordar esa acción resolutoria. Su intención era
que, al ocurrir alguna de las circunstancias de la cláusula
décima octava, se deshicieran los efectos del arreglo o, al
menos, se retrotrajeran las cosas hasta antes de su
celebración, al tratarse de un negocio de tracto sucesivo y
que, en tal caso, ciertos componentes del convenio debían
subsistir, como se acordó respecto de las garantías
constituidas (cláusula 19ª). Esto habría sido imposible si la
intención hubiera sido la resolución con las citadas normas.
El Tribunal no se refirió a las demás pruebas; sin
embargo, ninguna indica que lo pactado fue la resolución de
los artículos 1546 y 870 ejusdem. Las declaraciones de varios
representantes legales, como Adriana Villanueva y Sergio
Gutiérrez Yepes hacen ver que las partes admitieron que el
acuerdo perdió validez. Luego, el fallador erró al asumir que
lo planteado fue tal acción, y excluir el artículo 1618 del
Código Civil, sobre interpretación contractual.
El texto integral del acuerdo revela que se pactó una
terminación especial y de pleno derecho por alguna de las
circunstancias de las cláusulas décima octava y décima
novena núm. 2 y 22. El uso exacto de la expresión «se
resolverá» allí incluida, no respalda la tesis del ad quem, ya
que contradice el Acuerdo. La accionante sí tiene legitimación
en la causa. Al ocurrir las situaciones estipuladas, el pacto
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se terminó, sin necesidad de declaración judicial. Era
innecesario examinar si había incumplido por ser extraño a
la voluntad expresada en dicho pacto.
Erró dicho fallador al valorar la demanda, cuyas
pretensiones apuntaban a que se reconociera que el Acuerdo
terminó por las circunstancias contractuales pactadas, y no
a que se resolviera con la acción resolutoria. También
quebrantó el artículo 1602 del Código Civil, pues ni el arreglo,
ni sus cláusulas han sido anuladas.
Relegó la documental de la DIAN producida en los
procedimientos sancionatorios aduaneros, en especial, la
Resolución n.° 000692 que acreditó que Holding Minero
S.A.S. solicitó amparo policivo para proteger las maquinarias
en importación temporal, que la Alcaldía de La Jagua y el
Ministerio del Trabajo intervinieron por un asunto de orden
social en la mina, y que esto le impidió cumplir sus
obligaciones aduaneras de importación temporal, dado que
las máquinas fueron retenidas por terceros por un problema
social. Esto revela que existió fuerza mayor que le impidió
cumplir. No tiene sentido que la Dian estime que ciertos
eventos están probados y son fuerza mayor para atender esos
compromisos, mientras que la jurisdicción dicte lo contrario.
CARGO SEGUNDO
Denuncia la infracción directa de los artículos 1546 del
Código Civil y 870 del Código de Comercio por indebida
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aplicación, así como la omisión de los artículos 1544, 1602 y
1618 del Código Civil.
Aduce que el Tribunal desfiguró la ineficacia negocial
pactada, la cual estaba condicionada, y despojó de causa a
los otrosíes suscritos entre las partes, en virtud de la
coligación que los vinculó al Acuerdo, como acto principal.
De haber aplicado bien el artículo 1546 del Código Civil, no
habría deducido que se requiere una declaración judicial de
incumplimiento para terminar dicho convenio, que fue de
ejecución continuada. Debió acudir al artículo 1544 ibidem,
que regula la extinción cuando ocurre el evento previsto como
condición resolutoria. Lo que extingue el vínculo no es el
incumplimiento, sino un suceso acordado que genera
consecuencias jurídicas. El ad quem debió aplicar el artículo
1618 ejusdem sobre interpretación contractual.
El Acuerdo y sus otrosíes son contratos atípicos, de
naturaleza similar al leasing. Por ello, ninguno tiene una
disciplina concreta en el orden nacional. Los derechos y las
obligaciones que generaron son los que las partes pactaron
en virtud de la autonomía dispositiva, específicamente en las
cláusulas décima octava y décima novena núm. 2º y 22.
El Tribunal insistió en que la pretensión de la
accionante fue la resolución contractual de los artículos 1546
y 870 ejusdem, a partir de la cual juzgó los hechos de las
estipulaciones décima octava y décima novena núm. 2º y 22
del Acuerdo, que incluyeron una cláusula resolutoria. Aplicó
esas normas, sin advertir que el incumplimiento allí regulado
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no es un evento futuro e incierto del que dependa el
nacimiento (suspensiva) o la resolución (resolutiva) de una
obligación contractual.
No podía el ad quem acudir a los artículos 1546 civil y
870 ídem, porque las implicadas sustrajeron esos eventos de
los efectos de resolución allí previstos. Al darse los sucesos
pactados como causales de terminación del Acuerdo era
inviable acudir a esas normas. La ocurrencia y prueba de
esos eventos no se regía por la condición resolutoria tácita,
sino por la expresa, según el artículo 1544 del Código Civil,
en virtud de los artículos 1602 y 1618 ejusdem, que permiten
a las partes prever los efectos de las conductas y le ordenan
al intérprete atenerse a su verdadera intención más que a
sus palabras.
De haberle dado efectos a la condición resolutoria
pactada, sin vincularla al incumplimiento, el ad quem habría
colegido que la terminación del Acuerdo extinguió la causa
de los otrosíes. Se debió concluir que los contratos de leasing
financiero subsistieron, y declarar que los cánones vencidos
al 4 de agosto de 2016, previo a la admisión de Holding
Minero S.A.S. a reorganización empresarial, eran los listados
en la sexta pretensión, para extender los efectos del fallo a
ese litigio.
En lugar de ello, el Tribunal avaló la existencia y validez
de los otrosíes, cuya ineficacia había sido pactada, al margen
de la noción de incumplimiento.
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CONSIDERACIONES
1. La autonomía de la voluntad privada le otorga al
sujeto iuris la facultad de regular sus intereses dentro de los
límites del ius cogens, el orden público, la ética colectiva, la
moral social y las buenas costumbres. Este axioma
encuentra respaldo en el artículo 333 de la Constitución
Política de 1991, que reconoce la iniciativa privada1, así como
en los artículos 1602 del Código Civil y 870 del Código de
Comercio, que fortalecen la libertad contractual. Dicha pauta
les permite a las partes definir la forma y términos para
atender sus compromisos, bajo la premisa de que todo pacto
lícito debe cumplirse conforme al cronograma estipulado.
Acorde con esa lógica constitucional y legal,
recientemente, en la CSJ SC593-2025, se enfatizó que la
máxima pacta sunt servanda,
determina la fuerza vinculante, obligatoria y coercible del acuerdo
de voluntades, al advertir que si a él se llega de forma válida «no
podrá ser derogado sino por causas legales o por mutuo
consentimiento», lo que significa que ninguno de los contratantes
puede separarse -total o parcialmente- del programa obligacional,
so pena de infringir sus compromisos; en cuyo caso, la otra parte,
que sí satisfizo o estuvo dispuesta a atender los suyos en la forma
y tiempo debido, tiene a su disposición diversos remedios
contractuales de carácter jurídico, ya que puede exigir la
realización de lo pactado u optar por su extinción mediante la
resolución o la terminación (arts. 1546 C.C. y 870 C. de Co.) según
proceda, y reclamar, asimismo, la reparación del demérito sufrido
(CSJ SC1962-2022).
1 Cfr. “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin
autorización de la ley” (se resalta).
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La doctrina científica contemporánea, encabezada por
Luigi Ferri2, anota que «[l]a autonomía privada no es un poder
originario o soberano. Es un poder conferido a los individuos
por una norma superior, la cual regula su actuación,
estableciendo cargas y limitaciones».
Este principio, de corte liberal, tuvo su auge en la
antigüedad -particularmente en Roma3-, se consolidó en el
medioevo y mantiene plena vigencia en el derecho
contemporáneo. Su relevancia radica en que otorga a los
contratantes la facultad de seleccionar el vehículo jurídico
que rija sus intereses, permitiéndoles convenir libremente los
términos y condiciones que reflejen de manera auténtica su
voluntad, generen sinergias y se ajusten al marco legal. Así,
lo pactado se torna jurídicamente vinculante y exigible.
Tal es la fuerza que irradia la libertad de configuración
contractual provista por la autonomía de la voluntad privada,
que habilita a los sujetos de derecho no solo para acogerse a
las categorías del Código Civil, del Código de Comercio o de
otros regímenes especiales, sino también para estructurar
contratos atípicos, cuya validez y obligatoriedad se
garantizan por el Estado, siempre que cumplan los requisitos
mínimos de cualquier acuerdo de voluntades.
2 FERRI. Luigi. La Autonomía Privada. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid,
1968, pág. 51.
3 SORO RUSSELL. Olivier. El Principio de la Autonomía de la Voluntad Privada en
la Contratación: génesis y contenido actual. Colección Jurídica General. Madrid, 2016,
pág. 19.
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19
Al efecto, Cariota Ferrera4 afirma que «[e]l negocio
jurídico, en cuanto constituye uno de los medios para la
autorregulación de los propios intereses, en cuanto es medio
de actuación del dominio de la voluntad en la esfera jurídica
propia del sujeto, es el instrumento más calificado de la
autonomía privada». Igualmente, Renato Scognamiglio añade
que esta categoría jurídica «alude al poder de los particulares
para darse de por sí reglas en el campo de las relaciones
económico-sociales (…). A esta aptitud de los particulares para
disciplinar sus propias relaciones le está atribuida de suyo
relevancia jurídica»5.
2. Modalidades de las obligaciones civiles
Por regla general, las obligaciones cumplen sus efectos
de forma inmediata y no están sujetas a modalidades.
Excepcionalmente, ministerio legis, o disposición de las
partes, pueden ser sometidas a plazo, condición o modos.
El plazo, por antonomasia, es la época que se fija para
cumplir una prestación (art. 1494 C.C.). En estrictez, se trata
de un hecho futuro cierto, determinado o indeterminado, del
cual depende la exigibilidad o extinción de un derecho. La
condición, en cambio, también es un hecho futuro, pero
incierto, al cual se supedita el nacimiento o la extinción de
una prerrogativa y su débito correlativo (art. 1530 C.C.). Esta
4 CARIOTA FERRERA, Luigi. El Negocio Jurídico. Aguilar. Madrid. 1956, pp. 43-
44.
5 SCOGNAMIGLIO, Renato. Teoría General del Contrato. Universidad Externado de
Colombia. Bogotá. 1971, pág. 15-16.
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puede ser positiva, si se espera que el acontecimiento
acontezca; o negativa, si lo anhelado es que no surja (art.
1531 C.C.). No obstante, el Código Civil la clasifica de
diversas maneras.
Así, hay condiciones potestativas, causales y mixtas
(art. 1534 C.C.). Las primeras dependen de la voluntad del
acreedor o del deudor, y son nulas cuando consisten en la
simple voluntad de quien se obliga (art. 1535 id.); las
segundas se sujetan al querer de un tercero o de un acaso; y
las terceras penden tanto de la voluntad del acreedor como
de la de un tercero o de un acaso. Además, toda condición
puede estar pendiente, fallida o cumplida.
La ley también distingue entre condiciones suspensivas
y resolutorias (art. 1536 C.C.). En las primeras, mientras el
hecho condicionante no se cumpla, se suspende la
adquisición de un derecho. Esto no solo afecta la exigibilidad
de la obligación, sino que detiene su nacimiento. Por lo tanto,
si la condición es o se hace imposible, se tendrá por fallida.
Las resolutorias, en cambio, se presentan «cuando por su
cumplimiento se extingue un derecho». Aquí, ni la existencia
del débito ni su cumplimiento se suspenden, ya que este nace
puro y simple, solo que está llamado a desaparecer si la
condición se cumple (pura est obligatio sed resolvitur sub
conditione). No obstante, si la condición es imposible por su
naturaleza, o ininteligible, o inductiva a un hecho ilegal o
inmoral, se tendrá por no escrita.
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Esta distinción es crucial, ya que permite supeditar la
obligación a una condición -positiva o negativa- en
cualquiera de sus formas. Además, facilita anticipar las
consecuencias jurídicas según si el hecho futuro
condicionante se encuentra pendiente, no se realiza o llega
efectivamente a cumplirse.
3. La condición resolutoria en el ámbito contractual.
La condición resolutoria puede ser tácita o expresa. La
primera aplica ex lege en los contratos bilaterales, como un
elemento natural de estos y requiere declaración judicial (art.
1546 C.C.). En cambio, la expresa debe ser estipulada por las
partes, lo que la convierte en un elemento accidental del
negocio jurídico. En este caso, si el hecho previsto se verifica,
el contrato se extingue automáticamente (ipso iure), sin
necesidad de acudir a un juez.
Ambas modalidades -la expresa y la tácita- proceden
tanto en los contratos de ejecución instantánea como en los
de tracto sucesivo. Sin embargo, la naturaleza jurídica del
negocio determina los efectos de su extinción. Así, en los que
son de ejecución instantánea, como la compraventa, el
incumplimiento da lugar a la resolución con efectos
retroactivos (ex tunc), lo que implica la restitución de las
prestaciones y el retorno de las partes al estado anterior; en
cambio, en los de ejecución continuada o sucesiva, como el
arrendamiento o el suministro, produce la terminación con
efectos hacia el futuro (ex nunc), sin afectar las prestaciones
ya ejecutadas, que son irreversibles. Esta distinción es
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esencial para delimitar con precisión las consecuencias
jurídicas del incumplimiento (CSJ SC. 29 sept. 1944 G.J., t.
LVII, reiterada entre otras, en SC 26 abr.1955, G.J. n.° 2.153,
SC 26 ago. 2011, rad. 2002-00007-01, SC3951-2022 y
SC194-2023).
Específicamente, en la última de esas decisiones se
resaltó:
Los contratos de tracto sucesivo, precisamente, por tener esa
naturaleza, desde la perspectiva jurídica, no son susceptibles de
resolverse -disolución con efectos ex tunc- sino de
terminarse -disolución con efectos ex nunc-, en el entendido
que estas formas de finalización son diferentes y, por ende, no
pueden confundirse.
Como desde vieja data lo tiene establecido la Corporación:
“La Corte ha señalado ya con toda precisión los efectos de la
resolución y de la terminación de los contratos en la forma que
pasa a transcribirse: ‘Por terminación (o cesación) judicial, pierde
el contrato su fuerza para lo futuro, más quedan en pie los efectos
hasta entonces surtidos. Existió desde que fue concertado hasta
que tuvo fin, y mientras existió nacieron de él obligaciones y
derechos que se respetan. He aquí el sentido de la terminación,
aplicable de preferencia a los contratos llamados de tracto
sucesivo, ‘ejecutorios’ por oposición a ‘ejecutados’, cuyo
cumplimiento se hace en prestaciones periódicas o paulatinas.
‘No así la resolución judicial. Por ésta, el contrato cesa para lo
futuro; se extingue retroactivamente desde su nacimiento, y -como
anotaba el Magistrado Luis Eduardo Villegas, siguiendo a Rogron,
Maourlont, Laurent y Baudry Lacantinerie- ‘se borra’; se desatan
todos los derechos y obligaciones que del contrato emanaron; se
vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de
celebrarse; se tiene la convención por no celebrada…. La
resolución obra doblemente sobre el contrato: para lo futuro,
quitándole su fuerza; para lo pasado, deshaciendo sus efectos. La
cesación solamente produce el primer resultado…” (SC3951, 16
dic. 2022, rad. n.° 2016-00862-01).
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23
Esta diferenciación reviste particular relevancia, pues,
dentro de los márgenes establecidos por el ius cogens, el
orden público, la moral social, la ética colectiva y las buenas
costumbres, las partes pueden pactar mecanismos
destinados a modificar o extinguir sus acuerdos (accidentalia
negotii). En tal caso, cumplida la condición resolutoria
expresa, el vínculo jurídico se extingue automáticamente,
ipso iure, sin necesidad de declaración judicial.
Tal es la preeminencia de la autonomía de la voluntad
dispositiva en el ámbito negocial, que permite a las partes
establecer como condición resolutoria hechos distintos del
incumplimiento de las prestaciones pactadas, como se
expuso en la CSJ SC 30 ago. 2011, rad. 1999 01957 01 al
decir que «la cláusula resolutoria también podrá referir a
hipótesis diferentes al incumplimiento». Al efecto, el tratadista
Fueyo Laneri ejemplifica: «[t]e regalo esta casa; pero si te
separas de tu mujer me la restituyes»6. En este supuesto, la
producción del evento condicionante acordado provoca la
extinción automática e inmediata del contrato, sin necesidad
de determinar quién lo incumplió, pues en dicha hipótesis la
causa de extinción no es la infracción al sinalagma negocial.
Sin embargo, lo usual es que los contratantes
convengan que la condición resolutoria expresa consista en
el incumplimiento de una obligación derivada del negocio. En
este escenario, una vez producido el hecho resolutorio, si la
6 FUEYO LANERI. Fernando. Derecho Civil. Tomo IV. De las Obligaciones. Santiago
de Chile. 1958, pág. 114.
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parte que generó la infracción se niega a aceptar la extinción
o rehúsa sus efectos, la contraparte podrá acudir al juez para
que verifique la ocurrencia del hecho resolutorio y su
conformidad con lo pactado. La intervención judicial, en este
contexto, es de carácter declarativo y tendrá, en principio,
efectos retroactivos, salvo que las prestaciones ejecutadas no
puedan deshacerse, lo cual no modifica el carácter
automático de la cláusula ni su eficacia jurídica. Por lo tanto,
una vez acreditado el incumplimiento, el deudor no podrá
neutralizar el efecto extintivo previamente pactado.
La doctrina contemporánea considera que
[o]perando ipso iure no es el juez quien declara la resolución; sino
las partes las que la producen por obra de su voluntad. El contrato
respectivo queda resuelto sin que el juez, por su iniciativa y a
pretexto de favorecer a las partes, pueda hacer revivir la relación
de derecho que existió, lo que sólo podrán hacer los interesados.
El juez tiene un papel que no es el trascendental propiamente.
Verifica solamente si los hechos pertinentes se han realizado, y si
lo han sido de la manera preestablecida. Pero la resolución no la
pronuncia; es decir, no nace por su declaración en la sentencia7.
Al referirse a la condición resolutoria expresa inserta en
un contrato, específicamente respecto a que sus efectos se
producen de forma automática, un reconocido autor del
derecho civil subraya que «[e]n caso de controversia entre las
partes, la sentencia del juez, valga repetirlo, tendrá un
carácter declarativo»8.
7 Op cit. pág. 117.
8 BRECCIA, Umberto, BIGLIAZZI GERI, Lina, NATOLI, Ugo, BUSNELLI,
Francesco D. Derecho Civil, Hechos y Actos Jurídicos. Tomo I. Volumen 2. Traducido
por Fernando Hinestrosa. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1992, p. 1082.
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En síntesis, la condición resolutoria expresa, salvo que
esté prohibida por la ley, puede ser libremente pactada por
las partes y reviste carácter vinculante y exigible. Sus efectos
se producen automáticamente -ipso facto- al verificarse el
supuesto fáctico que la activa, extinguiéndose el vínculo
jurídico sin necesidad de declaración judicial. Así, la
voluntad contractual prevalece ipso iure, consolidando el
efecto extintivo convenido.
Precisamente, en la CSJ SC 19 jun. 1936 G.J. Tomo
XLIV n°. 1914-1915, pág. 63-67, la Corte dijo:
Pero también el derecho a resolver un contrato puede fundarse,
como ya se dijo, en la voluntad expresa de los contratantes. En
este caso se eleva a la categoría de causa de la obligación que
contrajo una de las partes, aquella cuyo incumplimiento, según lo
pactado expresamente, acarrearía la resolución.
Asimismo, en la CSJ SC 4 may. 2005, rad. 1999-00861-
01, recalcó que:
la “condición resolutoria estipulada expresamente por los
contratantes resuelve de pleno derecho el contrato, sin que
requiera declaración judicial. El artículo 1546 del C. C. se refiere a
la condición resolutoria tácita, es decir, a la que envuelve todo
contrato bilateral, y no a la expresa, o sea a la que libremente
hayan estipulado las partes” (LXXVII-264).
Años más tarde, en la SC 30 ago. 2011, rad. 1999-1957-
01, insistió en que las partes están facultadas para pactar
una condición resolutoria expresa que les permita poner fin
unilateralmente al vínculo jurídico e indicó:
(…) el legislador o, las partes, ceñidas a la ley, ética, corrección,
probidad, lealtad, buena fe, función, utilidad y relatividad del
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derecho, en ejercicio de su libertad contractual, pueden disponer
la terminación unilateral del contrato.
La figura, describe hipótesis de cesación, extinción o terminación
del contrato por acto dispositivo unilateral de una parte y engloba
un conjunto heterogéneo de supuestos señalados con expresiones
polisémicas, disimiles y anfibológicas, tales las de desistimiento
unilateral, receso, retracto, destrato, disolución, renuncia,
revocación, rescisión, resiliation o resolución unilateral
convencional, cláusulas resolutorias o de terminación
unilateral expresas, denuncia de contrato a término indefinido,
terminación in continenti por incumplimiento esencial, grave e
insuperable, entre otras (se resalta).
El contrato a partir de su existencia genera efectos vinculantes
para las partes, atadas u obligadas al cumplimiento, sea
espontáneo, sea forzado, y fenece por decisión exclusiva de una
porque la ley concede el derecho o se pacta accidentalia negotii,
como las cláusulas resolutorias expresas, con o sin preaviso e,
incluso, casos hay, donde la común negativa se ha tomado como
dissensus o distrato o concluye en éste (cas. civ. sentencia de 12
de marzo de 2004). El contrato existe ex ante, engendra efectos,
termina ex post sin eficacia retroactiva y sólo hacía el futuro.
Además, cumplimiento y terminación son distintos. Aquél, no
queda al simple arbitrio o mera voluntad de una parte, la última
se produce por decisión unilateral de una u otra sin afectar las
obligaciones cumplidas.
En este último pronunciamiento, esta Corte relievó que
una estipulación de esa naturaleza, al constituir un elemento
accidental del contrato, adquiere fuerza vinculante y se
convierte en ley para las partes.
Al respecto, expresó:
En general, ante la ausencia de prohibición normativa expresa, es
ineluctable concluir la validez de estas cláusulas, por obedecer a
la libertad contractual de las partes, facultadas para celebrar el
acto dispositivo y disponer su terminación, aún sin declaración
judicial, previendo el derecho a aniquilarlo, lo cual no significa ni
puede conducir en forma alguna a tomar justicia por mano propia,
por cuanto toda controversia respecto de su eficacia o ejercicio,
corresponde definirla a los jueces, como se explica más adelante.
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Partiendo de la precedente premisa, la jurisprudencia reconoce
validez a las cláusulas de terminación de los contratos bilaterales,
onerosos, conmutativos y de ejecución sucesiva (cas. civ. sentencia
de 3 de septiembre de 1941, LII, 1966, 36 y ss; 23 de febrero de
1961, XCIV, 549), y las relativas a “[l]a condición resolutoria
estipulada expresamente por los contratantes [que] resuelve
de pleno derecho el contrato sin que se requiera declaración
judicial. El artículo 1546 del C.C. se refiere a la condición
resolutoria tácita, es decir a la que envuelve todo contrato bilateral,
y no a la expresa, o sea a la que libremente hayan estipulado las
partes” (sentencia de 31 de mayo de 1892, VII, 243) (se resalta).
Este lineamiento jurisprudencial dicta que la condición
resolutoria expresa es una clara manifestación de la
autonomía de la voluntad dispositiva y adquiere eficacia
jurídica, sin intervención judicial, cuando se da el supuesto
que la estructura.
En este sentido, Abeliuk9 afirma que:
[d]eterminar la forma en que opera la condición resolutoria
ordinaria consiste en resolver si ella opera de pleno derecho o
requiere sentencia judicial. No hay problema alguno al respecto,
porque la unanimidad de los autores y de la jurisprudencia están
de acuerdo en que esta condición resolutoria opera de pleno
derecho, por el solo hecho de cumplirse el evento de la condición;
si el asunto se llega a llevar a pleito, la sentencia se limitará a
constatar que operó la condición resolutoria y a ordenar el efecto
pedido por el acreedor, ya sea la restitución de la cosa, etc., pero
ellos se han producido desde que se cumple la condición.
[t]oda condición opera en principio de pleno derecho, se requiere
disposición especial para que no sea así, y ello ocurre en la
condición resolutoria tácita (N° 535). No existiendo nada semejante
para la ordinaria, se aplica la regla general, que es muy fácil de
comprobar. En efecto el art. 1479 define la condición resolutoria
como la que extingue un derecho, y no como la que da derecho al
acreedor para que se declare extinguido; el art. 1487 dispone que
cumplida la condición resolutoria deberá restituirse lo que se ha
recibido a tal título, sin exigir en momento alguno la declaración
judicial. Ella, en cambio, está claramente establecida para
9 ABELIUK M. René. Las obligaciones. Tomo 1. Cuarta edición. Editorial Temis S.A.
Editorial Jurídica de Chile. Bogotá D.C., 2001, págs. 461-462.
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la condición resolutoria tácita por el artículo 1489, y debe
pedirse siempre al tribunal respectivo que la declare.
[d]el hecho de que la condición resolutoria ordinaria opere de pleno
derecho deriva otra consecuencia: que produce efectos
universales, y puede invocarla quien tenga interés en ella, pues no
proviene de una sentencia judicial de efectos relativos que la
declare, sino de la ley.
Con esa misma visión ideológica, el italiano Francesco
Messineo10 argumenta que:
[l]os contratantes podrán convenir expresamente que el contrato se
resuelva en el caso de que determinada obligación no se cumpla
según las modalidades establecidas. En este caso la resolución se
producirá de pleno derecho cuando la parte interesada declare a
la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria.
Igualmente, Acedo Penco11 indica:
[e]n un sentido práctico, la acción viene a ser la posibilidad -el
medio- del acreedor de acudir a los órganos e instituciones
previstos en las leyes (generalmente los tribunales de justicia)
para conseguir el cumplimiento, incluso por la fuerza, de una
prestación correlativa a la que está obligado el deudor, o para
lograr, en su caso, que se le impongan las sanciones e
indemnizaciones previstas, legal o contractualmente, por tal
incumplimiento.
[t]oda acción civil nace de una obligación incumplida por el deudor:
la acción será el poder jurídico y la posibilidad de acudir a los
órganos del Estado reclamando el cumplimiento de una obligación.
Para que la acción pueda ejercitarse debe existir un derecho previo
y correlativo del actor.
[e]n principio, no existe acción sin el derecho reflejo de una
obligación anterior; pero es posible ostentar un derecho sin tener
acción para hacerlo valer, pese al incumplimiento del obligado,
como ocurre con las obligaciones naturales y también con los
derechos de difícil o imposible coerción.
10 MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo I. Traducido
por Santiago Sentís Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-América, Chile, Buenos
Aires, 1954, pág. 287.
11 ACEDO P. Ángel. Teoría General de las obligaciones. Tercera edición. Dykinson
S.L. Madrid, 2016, pág. 197.
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La doctrina nacional, encabezada por Pérez Vives12, es
del criterio que «[l]a condición resolutoria llamada “ordinaria”
se produce ipso jure; su acaecimiento es definitivo: destruye
las obligaciones o la transferencia de los derechos…, aun sin
la intervención del juez, desde el momento en que se cumple,
y obra retroactivamente». Por su parte, Guillermo Ospina
Fernández13 considera que «[e]l evento de la condición
resolutoria extingue la obligación, es decir, que paraliza su
eficacia futura».
Bajo este entendido, cuando la condición resolutoria
convencional consista en un hecho diferente a las
obligaciones asumidas por las partes en el contrato,
cualquiera de ellas podrá reclamar los efectos derivados tan
pronto como el hecho condicionante se presente. Contrario
sensu, si dicho pacto accidental radica en el incumplimiento
de los débitos a cargo de los contratantes, únicamente el
afectado por esa infracción podrá obtener beneficios. En este
supuesto, dicha estipulación convencional, que se funda en
la libertad de configuración negocial reconocida ex lege
artículo 1602 del Código Civil, y constituye un modo de
extinguir las obligaciones civiles (art. 1625, núm. 9º C.C.),
procede exclusivamente en beneficio del acreedor de la
prestación insatisfecha. Esto porque el incumplimiento del
12 PÉREZ V. Álvaro. Teoría General de las Obligaciones. Segunda Edición. Vol. III.
Parte Segunda. Editorial Temis. Bogotá. 1955, pág. 430-431.
13 OSPINA F. Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Octava Edición.
Temis. Bogotá. 2018, pág. 234.
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deudor es el hecho que la activa, es decir, constituye su
germen o presupuesto fáctico.
Si fuera de otro modo, se permitiría que la sola
inejecución -culposa o no, de buena o mala fe- determinara
la suerte del contrato habilitando al propio deudor infractor
del vínculo negocial para beneficiarse de su conducta
transgresora. Sin embargo, el ordenamiento jurídico impide
tal resultado, pues los mecanismos legales diseñados para
hacer valer los efectos del incumplimiento contractual solo
pueden ser ejercidos por quien lo ha sufrido, y no por quien
lo ha causado.
En consecuencia, cuando las partes pactan una
condición resolutoria como causal de extinción del contrato
ante un eventual incumplimiento, y surgen discrepancias
sobre la existencia del hecho condicionante -en particular,
respecto de su producción, o de sus efectos jurídicos-, solo la
parte cumplidora, es decir, la acreedora afectada, está
legitimada para solicitar, no que sean declarados, -pues esto
ocurre de pleno derecho (ope legis)-, sino que se verifique la
realización del supuesto fáctico y se constate la extinción del
acuerdo contractual. Sostener lo contrario implicaría
permitir que quien incumple pueda, además, beneficiarse de
su propio proceder, lo cual no solo vulneraría el artículo 1602
del Código Civil, que le imprime fuerza vinculante a los
pactos privados válidos, sino también los principios
fundamentales del derecho de las obligaciones, en particular,
la buena fe (art. 1603 C.C. y art. 871 C.Co.), el equilibrio
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contractual y el axioma expresado con el brocardo nemo
auditur propriam turpitudinem allegans, que impide a alguien
alegar su propia falta en su beneficio, los cuales rigen el
proceder de las partes en el ámbito negocial,
independientemente de que sus actos sean típicos o estén
determinados por la atipicidad.
4. En este episodio, Holding Minero S.A.S. acusa al
Tribunal de incurrir en múltiples yerros, tanto fácticos como
jurídicos, al confirmar el fallo que desestimó sus
pretensiones, a pesar de que, según sostiene, existían
fundamentos suficientes para revocarlo y acceder a lo
solicitado en la demanda.
Cuando se invoca la infracción directa de la ley
sustancial, es indispensable identificar con precisión las
normas sustanciales que, en criterio del recurrente, fueron
vulneradas en la sentencia de segunda instancia. Para ello,
debe demostrarse que el Tribunal las omitió, aplicó las
inapropiadas o, acertó en su selección, pero les atribuyó
efectos ajenos. Esta labor exige una exposición clara de cómo
se produjo la desfiguración del marco jurídico, sin invadir el
campo de los hechos, dado que se entiende que quien
estructura su acusación por esta vía está conforme con la
ponderación fáctica realizada por el fallador.
Si la censura se formula con base en la causal segunda
de casación, en la modalidad de error de hecho, corresponde
demostrar que el Tribunal incurrió en una valoración
desacertada de la prueba, la demanda o su contestación, ya
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sea por omisión, tergiversación o adición indebida. En
cualquier caso, el yerro debe ser manifiesto y contraevidente,
pero también trascendente.
Para justificar adecuadamente este error, el
impugnante debe señalar con claridad los medios de
convicción que fueron desatendidos o mal apreciados,
contrastar su contenido material con la interpretación
adoptada por el juzgador, y demostrar cómo dicha desviación
de la realidad procesal lo condujo a una conclusión errada.
La acusación, además, ha de ser integral, es decir, debe
atacar todas las premisas esenciales del fallo y socavar su
núcleo argumentativo.
Sobre estas exigencias técnicas, en la CSJ SC593-2025
se enfatizó que, en este ámbito casacional, «la labor del
impugnante ‘no puede reducirse a una simple exposición de
puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o
lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento
el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige
la ley’» (CSJ, SC 15 jul. 2008, Rad. 2000-00257-01, CSJ SC
20 Mar. 2013, Rad. 1995-00037-01, SC2501-2021, SC4127-
2021, SC1468-2024 y SC593-2025).
5. Al confrontar la demanda y sus anexos con la
sentencia confutada, de inmediato se evidencia que el
Tribunal alteró no solo los hechos y las pretensiones del
libelo, sino también el Acuerdo Privado de Reestructuración
que vinculó a Masering Holding S.A.S., hoy Holding Minero
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S.A.S. y Masering Mining S.A.S., con las convocadas,
específicamente sus cláusulas décima octava, décima novena
y vigésima, que previeron la terminación de este pacto
jurídico si se estructuraba la condición resolutoria expresa.
Este desvarío lo llevó a resolver el pleito desde una
perspectiva diametralmente distinta a la planteada por la
accionante.
Es importante señalar que Holding Minero S.A.S.
solicitó declarar que el Acuerdo Privado de Reestructuración
celebrado con el Banco de Bogotá S.A., Bancolombia S.A. y
Helm Bank S.A. -estas dos últimas domiciliadas en Panamá-
reestructuró todas las obligaciones financieras derivadas de
operaciones de leasing nacionales e internacionales, así
como todas las vencidas, conforme a los contratos vigentes.
Además, pidió se reconociera que dicho vínculo se resolvió
automáticamente, sin necesidad de declaración judicial, al
haberse cumplido los supuestos previstos en las
estipulaciones décima octava y vigésima, las cuales
activaban la condición resolutoria expresa de la cláusula
décima novena. Finalmente, solicitó declarar que el proceso
de reorganización empresarial que adelantó ante la
Superintendencia de Sociedades después de haberse
resuelto el Acuerdo Privado de Reestructuración debía
regirse exclusivamente por los contratos de leasing, pues,
según argumentó, los otrosíes también habrían perdido
efecto ante la extinción ipso iure del referido pacto principal
al que estaban subordinados.
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Bajo esa óptica, es claro que la acción emprendida no
fue la resolutoria fundada en la condición resolutoria tácita
de los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de
Comercio, que tiene un efecto constitutivo (CSJ SC 3 nov.
1971 G.J n.° 2346-2351), sino una de carácter atípico y
declarativo, encaminada a que se constatara que el acuerdo
privado se terminó automáticamente tras haberse
configurado la condición resolutoria pactada, para que, tras
comprobar tal situación, se reconocieran otros efectos
derivados de esa consecuencia convencional, ello con
sustento en los artículos 1544 y 1602 ejusdem.
Ese marco litigioso fue claramente delimitado desde el
umbral del litigio, sin que existiera controversia al respecto
entre las partes, dado que las convocadas se defendieron de
esas pretensiones y formularon argumentos para solicitar su
desestimación. No obstante, el Tribunal desatendió dicho
contexto procesal porque alteró el contenido del libelo,
específicamente los hechos y las pretensiones, así como el
contenido objetivo del Acuerdo de Reestructuración, en
particular, sus cláusulas décima octava, décima novena y
vigésima que previeron su terminación si se configuraba la
condición resolutoria expresa, y, debido a esos desafueros
fácticos, abordó el asunto como si se tratara de la acción de
resolución contractual de los artículos 1546 ibidem y 870
ejusdem, es decir, bajo una categoría jurídica distinta y ajena
al planteamiento de la demanda. Este desajuste lo llevó a
estructurar una decisión desconectada de las súplicas y de
los supuestos que la fundamentaron, desacople que
configuró error de hecho manifiesto.
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Sin embargo, tal yerro es intrascendente, pues si la
Corte quebrara la sentencia impugnada y se situara en sede
de segunda instancia llegaría a la misma conclusión del ad
quem: la sociedad accionante no puede prevalerse en su
propio incumplimiento contractual para obtener beneficio
alguno, pues, al ser obligada contractual, debía ser diligente
en la ejecución de sus actos y, sobre todo, atender sus
compromisos. En particular, porque era la deudora de las
obligaciones cuyo incumplimiento activaba la condición
resolutoria expresa pactada como causal de terminación del
vínculo jurídico, y, además, reconoció haberlas infringido,
conforme lo expuso desde la demanda. Lo contrario,
implicaría que pudiera beneficiarse de su propia infracción.
Aunque el Acuerdo Privado de Reestructuración
benefició a la parte deudora -obligada al pago de las
prestaciones dinerarias objeto de modificación-, algunas de
sus cláusulas, en concreto la décima octava, décima novena
y vigésima, que preveían la extinción automática de ese
convenio particular ante la ocurrencia de alguno de los
supuestos que activaban la condición resolutoria expresa
pactada, fueron incorporadas con el firme propósito de
salvaguardar única y exclusivamente los derechos e intereses
de las entidades financieras acreedoras.
Lo anterior resulta claro si se observa que la cláusula
décima octava del Acuerdo enumeró diversos eventos de
incumplimiento, entre ellos «[l]a mora por más de treinta (30)
días calendario en el pago de las obligaciones financieras
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reguladas por este ACUERDO, ya sean cuotas de capital o
cuotas de intereses pactados» (18.1), «[e]l incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de hacer establecidas en el
presente ACUERDO, salvo que hayan sido puestas en
conocimiento del Comité de Vigilancia y éste haya dado un
plazo para subsanarlo en un término que no podrá superar
noventa (90) días», así como «[p]or la iniciación de trámite
concursal o liquidatorio de cualquier naturaleza de LAS
DEUDORAS, si así lo permite la ley» (18.8).
A su vez, la cláusula décima novena estableció que «[s]e
conviene que en caso de presentarse cualquiera de las
causales de incumplimiento señaladas en la cláusula Decima
Octava se resolverá el presente ACUERDO sin necesidad
de declaración judicial y LOS ACREEDORES
FINANCIEROS podrán hacer efectivas individual y
conjuntamente las garantías y adelantar las acciones
judiciales respectivas sin necesidad de requerimiento
previo a LAS DEUDORAS. Las garantías que se constituyen
en virtud del presente acuerdo se mantendrán vigentes,
aunque se llegue a incumplir y/o resolver el presente
ACUERDO, lo cual consienten expresamente LAS DEUDORAS»
(se enfatiza).
Por su parte, la estipulación vigésima dispuso la
terminación automática del Acuerdo ante la ocurrencia de
eventos de incumplimiento, entre ellos: «[e]l pago total de la
DEUDA REESTRUCTURADA» (20.1), «[l]a ocurrencia de alguno
de los eventos de incumplimiento especialmente, pero son
limitarse a ellos, los señalados en la cláusula decimoctava o
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cualquiera otra contemplada en el texto del presente
ACUERDO» (20.3), y «[l]a iniciación de trámite concursal o
liquidatorio de cualquier naturaleza de LAS DEUDORAS»
(20.5).
Esta remembranza permite contextualizar lo convenido
entre las partes y reafirma que la condición resolutoria
expresa prevista en la cláusula décima novena fue estipulada
exclusivamente en beneficio de las entidades financieras
firmantes. Este aspecto adquiere especial relevancia si se
considera que, en virtud de ese acuerdo, las entidades
financieras otorgaron ciertas prerrogativas a las deudoras.
Tales concesiones implicaron una modificación sustancial
del plan de pagos originalmente previsto en los contratos de
leasing vinculados a tal convención particular, lo que supuso
-desde la lógica de la negociación- un ajuste relevante de las
condiciones contractuales iniciales. Este cambio tuvo como
finalidad permitir que las locatarias pudieran cumplir con
sus obligaciones en un contexto marcado por la inminencia
de una cesación de pagos.
Desde esta perspectiva, resulta razonable que se haya
estipulado que, en caso de incumplimiento -total o parcial-
del Acuerdo por parte de las deudoras, con base en
cualquiera de los motivos expresamente previstos, este
quedaría sin efectos y habilitaría a las acreedoras para
ejercer las acciones legales correspondientes, con
fundamento en los contratos de leasing financiero celebrados
previamente.
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Ese fue el marco contractual definido por las partes al
regular los efectos del Acuerdo Privado de Reestructuración,
a través del cual modificaron los términos y condiciones de
los contratos de leasing suscritos previamente. Este aspecto
reviste especial relevancia si se tiene en cuenta que Holding
Minero S.A.S. solicitó que se declarara que dicho Acuerdo
reestructuró las obligaciones financieras originadas en
operaciones de leasing, incluidas aquellas vencidas conforme
a los contratos vigentes, y que, tras haberse resuelto
automáticamente al verificarse varios de los supuestos
resolutorios pactados, en particular, «la mora superior a treinta
(30) días en el pago de las obligaciones reestructuradas, la falta de
constitución de las garantías acordadas y la iniciación de un proceso de
reorganización empresarial, conforme a lo dispuesto en los numerales
18.1, 18.5 y 18.8 del Acuerdo», ello generó diversas consecuencias
jurídicas que pidió fueran reconocidas.
En tal sentido, resulta axiomático que la accionante
debía acreditar su calidad de contratante cumplida o, al
menos, demostrar que estuvo dispuesta a atender sus
débitos en los términos y condiciones del Acuerdo de
Reestructuración, ya que solo así podría sustentar su
legitimación en la causa por activa. De lo contrario, su
pretensión declarativa, fundada en la fuerza vinculante que
el artículo 1602 del Código Civil le confiere a todo pacto
jurídico válidamente concertado, aunque no correspondiera
a la prevista en los artículos 1546 del Código Civil y 870 del
Código de Comercio, carecía de fundamento y estaba
destinada al fracaso.
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Dicho de otro modo, al tratarse de una controversia de
índole contractual -según quedó establecido desde el inicio
del proceso-, la parte reclamante, que pretendía derivar
efectos jurídicos de una estipulación convencional pactada
con las convocadas en el marco de un Acuerdo Privado de
Reestructuración, debía acreditar el cumplimiento íntegro de
sus obligaciones contractuales, o que estuvo presta a
ejecutarlas conforme al cronograma concertado. En ausencia
de ello, su pretensión debía naufragar.
Es necesario insistir en que la condición resolutoria
expresa, como pacto accidental inserto en el Acuerdo, tenía
por finalidad proteger a las entidades acreedoras y otorgarles
certeza respecto de la extinción del vínculo jurídico en caso
de incumplimiento, total o parcial, por parte de las deudoras.
Por lo tanto, resulta insólito y jurídicamente improcedente
que quien infringió sus débitos intente prevalerse de dicha
cláusula negocial para obtener consecuencias jurídicas
favorables.
Es cierto que la accionante no ejerció ninguna de las
acciones directas que, ministerio legis o por disposición
contractual, están reservadas a la parte cumplidora en caso
de incumplimiento, valga decir, la declarativa prevista para
obtener la terminación del vínculo jurídico, o la de
cumplimiento con base en los artículos 1546 del Código Civil
y 870 del Código de Comercio, sino que, en cambio, optó por
una indirecta fundada en el artículo 1602 ibídem, es decir,
declarativa en sentido estricto, para que se verificara la
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configuración de la condición resolutoria expresa; sin
embargo, ello no constituye razón suficiente para reconocerle
legitimación activa. En realidad, lo que pretende es
beneficiarse de una situación que ella misma provocó: el
incumplimiento del Acuerdo celebrado con las convocadas,
circunstancia que, por ende, deslegitima su pretensión.
Aceptar lo contrario implicaría una vulneración grave,
no solo del artículo 1602 del Código Civil que les imprime
fuerza vinculante a los pactos privados, sino también de los
principios fundamentales que rigen las relaciones
contractuales, como la buena fe (art. 1603 C.C. y art. 871
C.Co.), el equilibrio entre las partes y el expresado bajo el
aforismo nemo auditur propriam turpitudinem allegans, según
el cual nadie puede favorecerse de su propio incumplimiento.
Estos axiomas están incardinados en las relaciones jurídicas
contractuales y orientan la conducta de las partes, a fin de
prevenir abusos y garantizar un trato justo y equitativo que
mantenga el equilibrio convencional.
En definitiva, permitir que la parte incumplida se
ampare en la cláusula resolutoria convencional para obtener
un beneficio derivado de su propia conducta infractora
supondría legitimar un provecho injusto, contrario a la
esencia del derecho y a la ética contractual. Esto
quebrantaría la confianza legítima depositada en el contrato
y erosionaría la seguridad jurídica, al autorizar que quien
falla en cumplir sus obligaciones pueda obtener ventaja de
su propia falta.
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La lógica negocial y la doctrina del derecho contractual
coinciden en que solo quien ha cumplido sus obligaciones, o
ha estado dispuesto a cumplirlas en los términos pactados,
puede invocar la extinción automática del contrato o derivar
beneficios de esa situación. Este principio es coherente con
la conmutabilidad obligacional, que exige reciprocidad y
equilibrio entre las prestaciones recíprocas propias del
sinalagma contractual. En consecuencia, reconocer derechos
a la parte incumplida desnaturalizaría el Acuerdo y
comprometería la estabilidad y la justicia en las relaciones
contractuales, en detrimento de la buena fe y la seguridad
jurídica.
Esta comprensión se alinea con el axioma de la exceptio
non adimpleti contractus, previsto en el artículo 1609 del
Código Civil, según el cual «[e]n los contratos bilaterales
ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir
lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se
allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos».
Al abordar los contratos bilaterales, un destacado
expositor14 del derecho ius privatista sostiene que:
[c]uando medie, para una de las partes, el deber de adelantar la
prestación, la situación jurídica es la siguiente:
1. Si el obligado a adelantar la prestación es el demandante, su
prestación es requisito previo para el vencimiento de su
derecho a reclamar. Por tanto, para demandar eficazmente
14 VON Tuhr. Alfred. Tratado de las obligaciones. Tomo II. Primera edición. Editorial
Reus S.A. Madrid, 1934, pág. 56.
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deberá probar que ha cumplido ya su prestación. No hace falta
que el demandado alegue ninguna excepción. Si el
demandado invoca el deber del demandante a adelantar la
prestación, pondrá en duda el fundamento de la demanda.
2. Si el deber de adelantar la prestación incumbe al demandado,
no le asistirá la excepción de contrato incumplido. Ni podrá
tampoco exigir que se le garantice su derecho, no vencido
todavía a la contraprestación.
Muy distinta es la situación cuando ambas partes
incumplen recíprocamente obligaciones cuya ejecución
estaba prevista de manera simultánea. En tal escenario, para
evitar que el conflicto se prolongue indefinidamente (ad
aeternum) y el contrato quede en estado de letargo y sin
solución, la Corte, en la sentencia SC1662-2019, adoptó un
criterio pragmático y equilibrado, fundado en los principios
de equidad y justicia, según el cual cualquiera de los
infractores puede solicitar el rompimiento del vínculo
contractual por las vías legales. Eso sí, sin derecho a
reclamar indemnización por perjuicios, pues no puede
derivarse beneficio alguno de una conducta infractora
propia. Esta postura busca restaurar el equilibrio
contractual sin premiar el incumplimiento.
Este novedoso enfoque refleja un equilibrio justo entre
la necesidad de definir las relaciones contractuales afectadas
por el mutuo incumplimiento y la protección frente a
enriquecimientos injustos, garantizando que ninguna parte
obtenga ventajas indebidas en una situación en la que ambas
han faltado al cumplimiento, total o parcial, de sus
obligaciones.
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No obstante, esta hermenéutica jurisprudencial es
inaplicable cuando una sola parte es quien infringió sus
débitos, ya que, en tal caso, su desatención contractual le
impide sacar ventaja de tal situación. En este evento, la
incumplida carece de legitimación para activar mecanismos
jurídicos con fundamento en su infracción, en tanto no puede
pretender obtener beneficios derivados de una conducta que
ella misma provocó. De lo contrario, se abriría la puerta a
que el deudor infringiera deliberadamente lo pactado con la
expectativa de obtener provecho, lo que sería jurídicamente
inadmisible al ser contrario al artículo 1602 ibídem.
En fin, como el fundamento toral de la acción
declarativa emprendida fue, stricto sensu, la condición
resolutoria pactada en el Acuerdo de Reestructuración supra,
y considerando que dicha estipulación privada tenía la
virtualidad de incidir de forma directa en la vigencia y
continuidad de ese pacto privado, es claro que la única parte
habilitada para derivar consecuencias jurídicas favorables de
su actividad era la acreedora de la prestación infringida, y no
la deudora, quien, por su propio incumplimiento, quedó
excluida de toda posibilidad legal de obtener cualquier
provecho derivado del rompimiento del vínculo negocial.
Por lo tanto, sí era, entonces, relevante indagar por la
causa específica que produjo la extinción de ese vínculo
jurídico, a fin de determinar si la accionante tenía
legitimación por activa para derivar efectos jurídicos de esa
consecuencia convencionalmente acordada. Ante este
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panorama, no resulta reprensible la tesitura del ad quem al
haber rehusado los argumentos de la accionante con
fundamento en que fue esta quien incumplió el Acuerdo y,
por ende, carecía de acción para obtener efectos derivados de
esa infracción contractual.
Se concluye, entonces, que la postura central del
Tribunal no evidencia desacuerdo con el contenido objetivo
de las distintas pruebas. Más bien, refleja una adecuada
valoración de la realidad fáctica, sin que ello implique
infracción inmediata o mediata de alguna norma o principio
jurídico. Así, fluye nítido que la decisión se sustentó en los
hechos y en la legislación aplicable, motivo por el cual las
acusaciones carecen de fundamento.
Por consiguiente, no proceden los cargos.
6. Como los embates no prosperaron, conforme a los
artículos 349 in fine y 365 del Código General del Proceso, se
impondrá a la impugnante el pago de las costas procesales
en el trámite de esta senda extraordinaria y para tasar las
agencias en derecho se tendrá en cuenta que dentro del
término legal se presentó réplica.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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NO CASA la sentencia de 13 de septiembre de 2024,
proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso de la
referencia.
Costas a cargo de la recurrente, a favor de la
contraparte. Inclúyase ($12’000.000) por agencias en
derecho, que fija el Magistrado ponente.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
(Ausencia justificada)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: D6CFB46F5EC226AC257928AF90CCFB7714C32EC463F5581B5467FF0B858F1CAC
Documento generado en 2025-08-12