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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC1718-2025
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
(Aprobada en sesión de diez de julio de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil
veinticinco (2025).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Vivienda para todos de Colombia S.A.S. y Construcciones de
Colombia J&J S.A.S., integrantes del consorcio «Vivienda
para todos San Cristóbal», frente a la sentencia del 15 de abril
de 2024, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de protección al
consumidor financiero que promovieron contra Alianza
Fiduciaria S.A., trámite al que se vincularon el Fideicomiso
«Ciudadela La Hacienda», cuya vocera y administradora es la
misma demandada, y la Caja de Compensación Familiar del
Valle del Cauca Comfamiliar Andi -Comfandi-.
I.- EL LITIGIO
1.- Conforme a la demanda (archivo digital 001
Demanda.pdf) y su subsanación (archivo digital 020
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Anexos.pdf), las promotoras pidieron declarar que la
convocada incumplió las cláusulas novena y vigesimoquinta
-numeral 2° y 3°- del contrato de «fiducia mercantil de
administración de proyecto inmobiliario modalidad VIS
exención tributaria, fideicomiso ‘Ciudadela La Hacienda’»,
firmado el 3 de noviembre de 2015, así como la escritura
pública n.° 2243 del 30 de noviembre de 2016.
En consecuencia, deprecaron la terminación inmediata
del mencionado negocio fiduciario, la liquidación del
fideicomiso y la restitución al consorcio de los bienes
inmuebles transferidos -identificados con folio de matrícula
inmobiliaria n.° 384-141553, 384-141554 y 384-141555-.
También suplicaron aplicar la facultad revocatoria
contenida en la escritura pública a que se refiere la
pretensión principal.
2.- Basaron sus aspiraciones en los hechos que admiten
este compendio:
2.1.- El 3 de noviembre de 2015 se suscribió contrato
de fiducia mercantil con las siguientes partes: (a) tradentes:
María Gissela González, Katherine Bueno González, Karen
Andrea Bueno González y Luis Miguel Bueno González; (b)
desarrollador del proyecto o fideicomitente A: el Consorcio
Vivienda para todos San Cristóbal; (c) promotor del proyecto
o fideicomitente B: Comfandi y la Alianza Fiduciaria; y (iv)
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beneficiarios: el desarrollador del proyecto y los
fideicomitentes.
La finalidad de la convención era desarrollar el proyecto
de vivienda de interés social «Ciudadela la Hacienda», en el
municipio de Tuluá, con plazo de ejecución de 3 años,
prorrogable automáticamente.
2.2.- Por escrituras públicas n.° 1678 del 3 de
noviembre de 2015 y 2243 del 30 de noviembre de 2016, el
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria n.°
384-123621 fue adicionado al fideicomiso, reservándose la
tradente la posibilidad de revocar la enajenación en el último
de los documentos públicos. Este fundo se dividió y segregó,
según escritura pública n.° 318 del 9 de marzo de 2021, en
los lotes con folios n.° 384-141553, 384-141554 y 384-
141555.
2.3.- Los tradentes cedieron sus derechos sobre los
bienes fideicomitidos al Consorcio Vivienda para todos San
Cristóbal.
2.4.- Según la cláusula novena del contrato, la
ejecución del negocio se dividió en dos períodos. El primero,
denominado preoperativo, con duración de seis meses, a
cuyo vencimiento debía pasarse al operativo o, de fracasar,
restituir el inmueble aportado, devolver los recursos
entregados por los adquirentes, trasladar los remanentes al
desarrollador y liquidar el fideicomiso.
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A pesar de que el proyecto inmobiliario no pudo
adelantarse, la fiduciaria se ha abstenido de terminar y
liquidar el patrimonio autónomo.
2.5.- Tampoco se ha avanzado en la liquidación, a pesar
de existir imposibilidad de ejecutar el objeto fiduciario,
consagrada como causal de terminación en el contrato.
2.6.- El fideicomiso carece de pasivos externos, como
reluce del balance general presentado por la fiduciaria.
2.7.- El consorcio requirió a la fiduciaria para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, a lo que ésta
respondió que la terminación sólo era viable por petición
conjunta entre los fideicomitentes, lo que no ha sucedido.
3.- Admitida la demanda, el sentenciador dispuso
convocar al trámite a «Alianza Fiduciaria S.A., en su condición
de administradora y vocera del Fideicomiso Ciudadela La
Hacienda y a la Caja de Compensación Familiar del Valle del
Cauca COMFAMILIAR ANDI» (archivo digital 028
AutoAdmisorioVerbal.pdf).
4.- Una vez se agotó el proceso de enteramiento, Alianza
Fiduciaria se refirió a la plataforma fáctica y adujo como
defensas los intituladas «existencia del beneficiario y
fideicomitente B Comfandi», «inexistencia de modificación a la
cláusula tercera del contrato de fiducia por ausencia de
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consentimiento», «modificación contractual por
comportamiento de las partes a clausula resolutoria del
periodo preoperativa», «inexistencia de causal de
imposibilidad de ejecución del objeto contractual» y
«cumplimiento y desarrollo contractual de buena fe por parte
de Alianza Fiduciaria» (archivo digital 055 Anexos.pdf).
La vocera del Fideicomiso Ciudadela La Hacienda y
Comfandi, en escrito conjunto, se opusieron a los pedimentos
y excepcionaron «prescripción», «mala fe», «teoría del acto
propio», «contrato no cumplido» y la genérica (archivo digital
048 Contestación.pdf).
5.- La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la
Superintendencia Financiera de Colombia, en sentencia de
primer grado del 24 de octubre de 2023, desestimó las
excepciones y declaró civil y contractualmente responsable a
Alianza Fiduciaria S.A., ordenándole adelantar las gestiones
para liquidar el fideicomiso «Ciudadela La Hacienda» en
máximo un mes, conforme a las reglas contenidas en la
cláusula vigésima séptima del contrato (archivo digital 207
SentenciaEscritaAccede.pdf).
6.- Las contradictoras acudieron al remedio vertical
(archivos digitales 208 Anexos.pdf y 211 Anexos.pdf), que se
desató en sentencia del 15 de abril de 2024 por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el
sentido de revocar el fallo de primera instancia por falta de
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legitimación en la causa por activa (archivo digital
13SentenciaRevocatoria.pdf).
7.- Las demandantes interpusieron recurso de casación
(archivo digital 14RecursoExtraordinarioCasacion.pdf), el
cual fue concedido por auto del 25 de abril de 2024 (archivo
digital 16AutoConcedeCasacion.pdf), admitido el 18 de junio
siguiente (archivo digital 0008Auto.pdf), sustentado en su
oportunidad (archivo digital 0011Demanda.pdf) y asentido a
estudio de fondo por esta Corporación (archivo digital
0032Auto.pdf).
II.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1.- Manifestó que la legitimación es un presupuesto
para el éxito de las pretensiones, de allí que su inexistencia
debe declararse oficiosamente, como lo ha reconocido la
Corte Suprema de Justicia en varias providencias y en el
precedente horizontal del 4 de abril de 2024.
2.- Aseveró, después de transcribir los artículos 2° -
literal d-, 57 de la ley 1328 de 2009, y 24 -numeral 2°- del
Código General del Proceso, y varios acápites de la sentencia
C-909 del 7 de noviembre de 2012, que las demandantes
carecen de la connotación de consumidoras financieras, «por
manera que no le era dado a la parte actora, impetrar sus
pretensiones ante la autoridad administrativa encargada de
funciones jurisdiccionales, habilitada exclusivamente para
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dirimir conflictos entre consumidores financieros y entidades
vigiladas».
Señaló que el consumidor financiero, según la Corte
Constitucional, debe ser destinatario final y adquirir,
disfrutar o utilizar un determinado producto para una
necesidad propia, privada, familiar o doméstica, «solo que el
producto o servicio es obtenido en razón de la actividad
financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos
captados al público».
3.- Aseguró que el contrato de fiducia mercantil del 3 de
noviembre de 2015 fue un acto de comercio ligado
intrínsecamente a las actividades económicas del Vivienda
para Todos de Colombia S.A.S. y Construcciones de
Colombia J&J S.A.S., como refulge de comparar los objetos
sociales y las cláusulas contractuales.
Esgrimió que «es latente que el motivo principal de la
celebración de ese contrato consistió en que, a través del
convenio tantas veces mencionado, se dispensaran las
condiciones técnicas y financieras para finiquitar una obra de
infraestructura con fines claramente lucrativos -como lo
permite su objeto social-, para que, a posteriori los eventuales
beneficiarios de área (verdaderos consumidores finales),
adquirieran la titularidad de las viviendas “VIS” y “VIP” allí
construidas, junto con otros derechos comunes», por lo que se
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descarta que la convención se haya celebrado como
destinataria final a la actividad económica de las compañías.
Por lo expuesto infirió que las demandantes no estaban
facultadas para promover la acción impetrada.
III.- DEMANDA DE CASACIÓN
Las gestoras formularon tres cargos, los dos primeros
por la senda directa y el final por la indirecta. Para su
resolución se conjuntarán los iniciales, por abordar el mismo
problema jurídico. Ante la prosperidad de éstos, no se
abordará el estudio del final por sustracción de materia.
Aclárese que, si bien en aquéllos pudiera argüirse que
algunas de las normas invocadas no son sustanciales, lo
cierto es que, cuando menos, el canon 1236 del Código de
Comercio si tiene este linaje, por señalar los derechos que
emanan para el constituyente de la fiducia mercantil, siendo
suficiente para soportar las acusaciones conjuntadas, según
el parágrafo 1° del artículo 344 del Código General del
Proceso.
PRIMER CARGO
Denunció la violación directa de los artículos 2 de la
«Ley 1238 de 2009» (sic); 1226, 1229, 1234 -numeral 4-,
1235 -numeral 4-, 1236 y 1240 del Código de Comercio; 3
del decreto 663 de 1993; 146 del decreto 663 de 1993;
2.5.2.1.1 y 2.5.2.1.2 del decreto 2555 de 2010 y la Circular
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Básica Jurídica -C.E. 029/14- parte II, título II, capítulo I,
puntos 1.1 y 2.2.1., por errónea interpretación y falta de
aplicación, en su orden.
Yerro que se configuró, en su sentir, por cuanto el ad
quem centró su estudio en el concepto de consumidor
financiero, sin conjugarlo con todos los elementos
sustanciales del caso, en particular, la institución de la
fiducia mercantil.
En soporte, y después de transcribir múltiples apartes
doctrinales y jurisprudenciales sobre la finalidad de la
fiducia, algunas de sus características, y la noción de
consumidor según la sentencia C-909 de 2012, afirmó que la
fiduciaria es una entidad profesional avalada por la
Superintendencia Financiera, facultada con exclusividad
para administrar patrimonios autónomos, en razón de su
experiencia, capacidad y good will, como ha sido reconocido
en las sentencias C-086 de 1995 y C-368 de 2012.
De esta calidad, así como de la posibilidad de que el
constituyente sea cualquier persona, dedujo que «existe una
relación asimétrica entre el fiduciario y el fideicomitente», para
lo cual invocó las providencias C-438 de 2017 y C-269 de
2021, y, refiriéndose al fiduciario, rememoró que hay
«asimetría de poderes que la dinámica del negocio genera en
su favor», según lo manifestado por la Corte Suprema de
Justicia en proveído SC2879-2022.
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Previo señalamiento de la naturaleza cooperativa de la
fiducia y del profesionalismo de la fiduciaria, equivalente a
un buen hombre de negocios, criticó al sentenciador que
pasara por alto que estas entidad financieras son vigiladas y
autorizada por un ente administrativo de supervisión, de allí
la asimetría de poderes con el fiduciante, que se constituye
en el extremo débil de la relación contractual, calidad que
también se predica de los beneficiarios.
Por lo expuesto, reclamó reconocer la legitimación en la
causa por activa del Consorcio Vivienda para todos San
Cristóbal.
SEGUNDO CARGO
Señaló infringidos en forma directa los artículos 2 de la
ley 1328 de 2009, por interpretación errónea, y 24 del Código
General del Proceso, 34, 57 y 58 de la ley 1480 de 2011, por
falta de aplicación.
De forma similar a la acusación inicial, alegó que no se
conjugó el concepto de consumidor financiero con las normas
y elementos sustanciales aplicables al caso, por cuanto la ley
1328 incorpora definiciones que tienen un alcance y
contenido que no pueden ser reducidos, menos aún para
desconocer que el fideicomitente y los beneficiarios se
subsumen dentro del concepto de clientes o potenciales
clientes.
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Citó la sentencia C-909 de 2012 para remarcar que el
consumidor puede ser innato o calificado, en tanto lo
relevante es la desigualdad o desequilibrio inmanentes en el
mercado, de allí que «la protección al consumidor está dirigida
para poner en igualdad de condiciones a los consumidores y
las entidades».
Remarcó el elemento de la profesionalidad, que es
propio a la autorización que emite la Superintendencia para
prestar un determinado servicio, de allí que los clientes o
usuarios se encuentren en una relación de consumo, al no
tener la capacidad para desarrollar la actividad por sí
mismos.
Incluso de «dar gracia a cualquier discusión, habría de
aplicarse la interpretación más favorable al consumidor,
principio pro consumitore, luego al tener dos disposiciones con
definición de consumidor y resultar una restrictiva y la otra
más benéfica, la segunda debe prevalecer», sin que con ello
se quiera decir que «por hacer uso de las normas de la Ley
1480 de 2011 se esté diciendo o siquiera insinuando que esta
norma tiene un efecto respecto de las disposiciones contenidas
en la Ley 1328 de 2009».
Coligió que «verificada la Ley 1328 de 2009 por vía de
regulación del consumidor financiero es posible acudir sea por
vacíos ora para mejor proveer a la Ley 1480 de 2011, aspecto
que para nada es contrario a derecho, pero ello en modo
alguno implica acompasar ambas normas como si fueran una
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sola, que no lo son como quedara expuesto, para entrar a
interpretaciones por demás restrictivas a propósito de las
cuales debe prevalecer la norma especial, en su defecto la más
razonable y benéfica al consumidor financiero y al final de
cuentas aquella que le permita el acceso a la administración
de justicia y no la que le restrinja».
III.- CONSIDERACIONES
Con el propósito de delimitar el ámbito de aplicación
subjetivo de la ley 1328 de 2009, que es el núcleo de los
cargos en casación, se hará un análisis general de la noción
de consumidor, apoyado en referentes internacionales, con el
fin de contar con insumos para establecer semejanzas y
diferencias con la ley 1480 de 2011. Con posterioridad se
mostrarán cómo en el sistema jurídico patrio se aborda esta
noción, tanto a nivel normativo como jurisprudencial. Con
estos insumos se resolverán las censuras.
1.- El consumidor y el derecho de consumo.
1.1.- La producción de bienes, más allá de las
necesidades individuales, obedece a diversos motivos,
destacándose, dentro de ellos, su posterior colocación en
terceras personas, para permitir el trueque o convertirlos en
recursos monetarios que faciliten el acceso a otros activos o
servicios.
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De este modo, los productos adquirieron una doble
dimensión -valor-, dependiendo de si están destinados al uso
o al intercambio. Total, «la palabra VALOR tiene dos
significados distintos. A veces expresa la utilidad de algún
objeto en particular, y a veces el poder de compra de otros
bienes que confiere la propiedad de dicho objeto. Se puede
llamar a lo primero ‘valor de uso’ y a lo segundo ‘valor de
cambio’»1. Diferenciación que se hizo más evidentes con la
tecnificación e industrialización, al permitir una mayor
disponibilidad de bienes y servicios en el mercado.
Este incremento, con el paso del tiempo, revolucionó los
sistemas social y económico, dando lugar a nuevos actores -
comerciantes y burgueses-, quienes promovieron la libre
competencia, la movilización de capitales para aumentar la
productividad, la acumulación de riqueza y la centralidad de
la oferta y la demanda en el circuito económico.
La industrialización venidera acentuó esta ecuación, al
provocar que el proceso de colocación se complejizara con la
aparición de intermediarios entre los productores y los
consumidores, así como la concentración del poder
económico en aquéllos.
El adquirente, inerme ante la sofisticación y la falta de
reglas sobre calidad y seguridad, fue impulsado a contratar,
incluso en desmedro de su estabilidad patrimonial y de
1 SMITH, Adam, La Riqueza de las Naciones, Titivillus (ed), Carlos Rodríguez Braun
(trad.), 1776 (original), p. 38.
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salud, para satisfacer necesidades, tanto esenciales, como
impuestas por la publicidad y la economía del consumo.
La doctrina especializada afirma:
Agotadas las posibilidades dinamizadoras del consumo (como
necesidad) fue necesario generar socionecesidades, dando lugar a
un consumo sustituyente y/o complementario (dinámico en su
constante ampliación) que permita dinamizar los procesos de
reproducción del sistema (subsistemas, financiamientos, cambios
de modelo ficticio, etc.).
De esta forma, al consumo como variable, podemos señalarle
mínimamente tres cualidades: desde la salud (como necesidad de
creación, existencia y supervivencia); desde lo sociológico (como
elemento de distinción y categorización, los gustos, las modas,
etc.) y por último, desde lo económico (como reproductor del
sistema2.
1.2.- El derecho respondió a estos cambios. De un lado,
con el reconocimiento prevalente de la autonomía de la
voluntad, para viabilizar que los sujetos puedan gobernar
sus relaciones según sus designios, siempre que su
determinación esté exenta de vicios y se emita de forma
consciente. Por otra parte, con la aceptación del valor
normativo de los contratos, incluso consensuales, como
fuente de derechos y obligaciones entre quienes manifiestan
su aquiescencia. Finalmente, con la limitación a la
intervención estatal, de suerte que se restrinja a cuestiones
de orden público o de interés general.
En otras palabras, «el desarrollo alcanzado por la
industria y el comercio, la aparición del capitalismo industrial;
2 GHERSI, Carlos, Teoría General del Derecho del Consumo. En GHERSI, Carlos y
WEINGARTEN, Celia, Manual de los Derechos de Usuarios y Consumidores, La Ley,
Buenos Aires, 2013, p. 18.
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el crecimiento y volumen de las transacciones y la magnitud
del comercio marítimo que suponían riesgos, cálculos,
previsiones y especulaciones mayores a los del siglo XIV,
hicieron indispensable una libertad completa para todas las
transacciones»3.
Sin embargo, el mayor poder de negociación de los
profesionales y las dificultades del consumidor para
comprender las características y riesgos de los cada vez más
complejos bienes y servicios, acortaron el contenido de la
libertad contractual, haciéndose forzosa la consagración de
instrumentos de protección especiales en favor de este
último, tales como las garantías legales, el valor normativo
de la buena fe, la protección a la confianza, entre otros.
Además, como respuesta a la masificación y
despersonalización de las relaciones económicas,
aparecieron los controles de incorporación -inclusión- y de
contenido en el contrato. Aquéllos, para garantizar que el
adherente pueda acceder y comprender las cláusulas
predispuestas; los últimos, para proscribir cláusulas que
atenten contra el equilibrio jurídico de las partes en el
contrato o limitar ciertas operaciones por su potencial
abusividad.
Y es que, frente a la adhesión contractual, requerida
para agilizar el tráfico patrimonial, debe «reforzar[se] la
3 VALLESPINOS, Carlos Gustavo, El Contrato por Adhesión a Condiciones General, Ed.
Universidad, Buenos Aires, 1984, p. 77.
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autonomía privada del adherente y posibilitar cierta medida
de transparencia y justicia, las cláusulas no negociadas
individualmente suelen someterse a dos controles con diversa
naturaleza y función: por un lado, el control de incorporación,
que, concebido con alcance amplio, resguarda la
cognoscibilidad, comprensibilidad y razonable previsibilidad
del clausulado; y, por otro, el control de contenido, que cautela
un determinado grado de equilibrio normativo de las
cláusulas»4.
1.3.- Otro de los instrumentos que se hizo presente, a
principios del siglo XX, fue el reconocimiento jurídico del
consumidor, como sujeto de especial protección, en atención
a la situación de debilidad en la que se encontraba dentro del
circuito económico.
John Fitzgerald Kennedy, en su discurso al Congreso de
los Estados Unidos del 15 de marzo de 1962, dejó en claro
que los «Consumidores, por definición, somos todos. Son el
grupo mayoritario de la economía, afectando y siendo
afectados por la práctica totalidad de las decisiones
económicas públicas y privadas. Dos tercios del gasto total en
la economía provienen de los consumidores. Pero son el único
grupo importante en la economía que no están organizados
eficazmente, cuya opinión es a menudo ignorada». En
4 HERNÁNDEZ PAULSEN, Gabriel y CAMPOS MICIN, Sebastián, Funciones y alcances
del control de incorporación, con especial referencia a la contratación de productos y
servicios financieros. En Revista de Derecho (Valdivia), Vol. XXXIV, n.° 1, junio 2021,
p. 52.
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consecuencia, propugnó abrigarlos con los derechos a la
seguridad, información, a elegir y a ser oídos.
Los movimientos de consumidores hicieron aparición
prontamente, con el propósito de defender sus derechos e
impulsar reformas legislativas favorables a sus intereses. La
Liga Nacional de Consumidores de Nueva York, fundada en
1891, es la más antigua de estas organizaciones. A esta
siguieron la Unión de Consumidores de 1936, el Consejo
Danés del Consumidor de 1947 y la Asociación alemana de
Consumidores de 1960. En otros países, los grupos de
defensa fueron consecuencia de los programas de educación
promovidos por los gobiernos, quienes tomaron las banderas
del consumo para adelantar reformas normativas.
Las reivindicaciones de estas organizaciones apuntaron
«a la necesidad de reformular las reglas de formación del
contrato de modo que abarquen las nuevas realidades
negociales, concretamente, la contratación masiva; hacia la
apremiante necesidad de consagrar un período de reflexión
seguido del derecho de arrepentimiento del consumidor; a
vigorizar la tutela de éste en relación con los vicios del
consentimiento frente a las dificultades propias de la
contratación masiva; a destacar la importancia de la
publicidad y, en general, de la información en los procesos
contractuales; a regular lo concerniente con las cláusulas
limitativas de responsabilidad; a robustecer el régimen de
responsabilidad del fabricante y los proveedores, entre otras»
(SC, 30 ab. 2009, rad. n.° 1999-00629-01).
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1.4.- Las primeras normas que se profirieron se
remontan a Inglaterra, con el Consumer Protection Act del 19
de julio de 1961. Esta ley estableció que los productos -o sus
componentes- podían someterse a requisitos técnicos para
prevenir o reducir los riesgos de muerte o lesiones
personales. Posteriormente, se promulgaron el Fair Trading
Act de 1973 y el Unfair Trading de 1977.
La Convención de Bruselas del 27 de septiembre de
1968, de la entonces Comunidad Económica Europea, sobre
«competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil», fue uno de los primeros
instrumentos internacionales en abordar la especialidad de
los contratos de consumo.
Con posterioridad se profirieron múltiples normas,
tanto multilaterales y subregionales, como locales. Por su
representatividad se resaltan la Ley Básica sobre Protección
de los Consumidores del 30 de mayo de 1968 de Japón; Ley
sobre Protección del Consumidor del 17 de julio de 1971 de
Quebec (Canadá); la ley 72-1137 del 11 de diciembre de 1972
de Francia; la Ley sobre Condiciones Generales de los
Negocios Jurídicos del 9 de diciembre de 1976 de Alemania;
la Ley Federal de Protección al Consumidor del 30 de marzo
de 1979 de Austria; la Ley de Defensa del Consumidor del 22
de agosto de 1981 de Portugal; la ley 26 del 19 de julio de
1984 de España; la Resolución n.° 39/248 del 16 de abril de
1985 de la Naciones Unidas, sobre las Directrices de las
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Naciones Unidas para la Protección del Consumidor
(UNGCP); el decreto presidencial n.° 224 del 24 de mayo de
1988 de Italia; la Carta de Protección al Consumidor de la
Comunidad Europea; el Código de Protección y Defensa del
Consumidor Brasileño del 11 de septiembre de 1990; el
decreto legislativo n.° 716 del 11 de julio de 1991 de Perú; la
ley 24.240 de 1993 de Defensa del Consumidor de Argentina;
entre muchas otras.
2.- Diferentes acercamientos al concepto de
consumidor.
2.1.- Formular una definición jurídica de consumidor
es labor compleja, tanto por las implicaciones que tiene para
el funcionamiento del mercado de bienes y servicios, como
por la dificultad inherente de identificar a los sujetos que
realmente requieren de este régimen de protección.
Y es que, categorizar a una persona como consumidor,
no solo le otorga unos derechos especiales -que implican
cargas tanto para el Estado como para los productores-, sino
que también lo convierte en beneficiario de valiosas
salvaguardias, orientadas a evitar un aprovechamiento
indebido de la situación de vulnerabilidad que le es
inherente.
2.2.- Con todo, la doctrina ha acudido a unas categorías
con el fin de sistematizar las definiciones legislativas, que se
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explican en lo venidero, incorporando algunos ejemplos
concretos de los sistemas jurídicos que les dan cabida.
2.2.1.- De un lado, se distingue la «noción abstracta» y
la «noción concreta», según el vínculo jurídico existente entre
el consumidor y el empresario.
La abstracta considera que todas las personas son
consumidoras, al margen de que exista una relación
convencional o legal específica con un profesional. Calidad
que emerge de la potencialidad en que se encuentran todos
los ciudadanos de ingresar al mercado, expuestos a los
efectos del automatismo, la tecnificación y la publicidad,
necesitados de acciones legislativas y administrativas para
mitigar la situación de desventaja en que están.
Entendimiento que ha servido para diseñar programas
de educación, promocionar la negociación entre las
asociaciones de consumidores y las ligas de comerciantes,
viabilizar acciones de responsabilidad por información falsa
o engañosa, y proscribir la publicidad falaz.
En suma, «[l]a noción abstracta incluye como
consumidores a todos los ciudadanos en cuanto aspiran a
tener una calidad adecuada de vida… La protección del
consumidor, en este sentido, se asimila a la del individuo
particular, y es una manifestación de la repercusión del
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derecho frente a las marcadas desigualdades económicas y
sociales que impone la vida actual»5.
La concepción concreta, por su parte, reclama una
relación legal o contractual entre el adquirente y el
profesional, en virtud de la cual aquél adquiere, utiliza o
disfruta de bienes o servicios, que le son suministrados por
éste.
Contexto específico en el que, para evitar actos de
aprovechamiento de la parte fuerte sobre la débil, se
diseñaron mecanismos de protección contractual, que
garanticen la libertad de decisión y el equilibrio normativo,
tales como como la prohibición de cláusulas abusivas y
sorpresivas, o el principio «in dubio pro-adherente».
2.2.2.- La tesis concreta se subdivide en «intermedia»,
también conocida como «objetiva» o «no profesional», y
«estricta», que se denomina asimismo «subjetiva» o «final».
La primera -intermedia- reclama que el consumidor
adquiera un bien o servicio fuera del ámbito de su actividad
empresarial o profesional. Luego, la clave para determinar el
rol que asume una persona en el mercado radica en
establecer si la adquisición, uso o disfrute del producto
ocurre en el marco de una operación mercantil, ejercicio de
5 VALLESPINOS, Carlos Gustavo, El derecho de las obligaciones y la protección jurídica
del consumidor. introducción al derecho del consumo. lineamientos centrales de las
Leyes 24.240 y 26.361. En Obligaciones y Contratos en el Derecho Contemporáneo,
Ed. Universidad de La Sabana y Diké, Bogotá, 2010, p. 155.
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una profesión liberal o desempeño del comercio. De ser así,
no corresponde atribuir la condición de consumidor a quien
la realiza; en caso contrario, sí se le reconoce tal carácter.
Para que opere este concepto, en consecuencia, es
menester satisfacer «un componente positivo y otro negativo:
el elemento positivo consiste en la exigencia de que el acto de
intermediación sea realizado por un profesional del comercio,
y el elemento negativo atañe al sujeto calificado como
consumidor, que no debe actuar profesionalmente»6.
La segunda -estricta- identifica como consumidor al
sujeto que adquiere o disfruta del bien o servicio como
destinatario último, en el sentido de que lo consume sin darle
un uso económico ulterior, y «esos bienes o servicios quedan
detenidos dentro de su ámbito personal, familiar o domésticos,
sin que vuelvan a salir al mercado», esto es, «ajen[o]s a una
actividad económica dentro del mercado»7.
En consecuencia, no podrá tenerse como consumidor a
quien almacene o consuma bienes o servicios con el
propósito de reintroducirlos en el proceso económico, ya sea
mediante su incorporación en la producción de otros bienes,
su transformación o cualquier modalidad de
comercialización.
6 ALTERINI, Atilio Aníbal, AMEAL, Oscar José y LÓPEZ CABANA, Roberto, Derecho
de Obligaciones Civiles y Comerciales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 676.
7 MOSSET ITURRASPE, Jorge y LORENZETTI, Ricardo Luis, Defensa del Consumidor,
Rubinzal - Culzoni, Santafe, 1993, p. 60.
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Lo determinante para establecer si una persona es
considerada consumidor es el propósito de la adquisición: si
está destinada al uso personal o familiar, se le reconoce como
tal; cuando no cumple con este fin, no se le atribuye dicha
condición.
2.2.3.- La segunda clasificación diferencia entre
«consumidor jurídico» y «consumidor material», según el sujeto
titular de la relación jurídica.
El primer enfoque -jurídico-, la noción de consumidor
se limita a la persona que celebra el contrato, en tanto es
quien cuenta con la legitimación por activa para para ejercer
las acciones que de él se derivan. Esta perspectiva, por tanto,
se enfoca en la parte que interviene en la celebración del
negocio jurídico, reconociéndola como el consumidor.
Antes de que el contrato se perfeccione, se está frente a
un consumidor potencial, también merecedor de protección
jurídica, especialmente en lo que respecta al acceso a
información comprensible, suficiente y veraz, para que su
decisión de contratar sea fruto de un entendimiento libre y
reflexivo.
El segundo acercamiento -material- define al
consumidor como la persona que efectivamente hace uso del
producto, con independencia del vínculo jurídico que
mantenga con el profesional.
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Así, consumidores no son sólo los adquirentes, sino que
también los sujetos que, como consecuencia o con ocasión
del contrato, se benefician del bien o servicio, o resultan
afectados por su uso. Los primeros se denominan
«consumidores equiparados», y se consideran parte de la
relación de consumo debido a los efectos que ésta le genera,
aun cuando no haya sido el adquirente directo. Tal es la
situación del receptor de un producto a título gratuito, como
el donatario o beneficiario de una gratificación, o el grupo
familiar o social del adquirente. Los segundos se titulan
«consumidores expuestos» y, si bien no participan de la
relación contractual, pueden verse potencialmente
impactados por sus consecuencias, como los terceros
perjudicados por la puesta en funcionamiento o disfrute del
producto.
2.3.- De estas definiciones dan cuenta los ejemplos que
se citan, algunas de las cuales aparecen solitarias, mientras
que otras de forma concurrente.
(a) La definición intermedia, objetiva o no profesional,
sin combinación con otras, se refleja en estos mandatos:
(a.1.) En Italia el literal a) del artículo 3° del Decreto
Legislativo n.° 206 de 2005: «persona física que actúa con un
fin distinto al de la actividad empresarial o actividad
profesional eventualmente desempeñada» (negrilla fuera de
texto).
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(a.2.) En España el artículo 3° del Texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias, aprobada por el Real Decreto
Legislativo 1/2007: «son consumidores o usuarios las
personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su
actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son
también consumidores a efectos de esta norma las personas
jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen
sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad
comercial o empresarial» (negrilla fuera de texto).
(a.3.) En Francia el numeral 1° del artículo
introductorio del Código de Consumidor, modificado por la
ley 2024-364 del 22 de abril de 2024: «toda persona física que
actúe con fines ajenos al ámbito de su actividad
comercial, industrial, artesanal, liberal o agrícola»
(negrilla fuera de texto).
(a.4.) En la Unión Europea el ordinal 1° del canon 3° de
la Directiva 2020/1828 del Parlamento Europeo y el Consejo
de la Unión Europea, sobre las acciones de representación
para la protección de los intereses colectivos de los
consumidores: «toda persona física que actúe con fines
ajenos a su propia actividad comercial, negocio, oficio
o profesión» (negrilla fuera de texto)8.
8 De forma similar artículo 2° de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre los derechos de los consumidores; y artículo 2° de la Directiva
2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre prácticas comerciales
desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado
interior.
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En el mismo sentido el literal d) del precepto 1 de la
Directiva 2002/65/CE, relativa a la comercialización a
distancia de servicios financieros destinados a los
consumidores: «toda persona física que, en los contratos a
distancia, actúe con un propósito ajeno a su actividad
comercial o profesional» (negrilla fuera de texto).
(b) La tesis «intermedia», «objetiva» o «no profesional»,
conjuntada con la «jurídica», se manifiesta en estas
disposiciones:
(b.1.) En Europa el artículo 13 de la Convención de
Bruselas de 1968: es consumidor la persona que celebra un
contrato «con un propósito… ajeno a su actividad
comercial o profesional» (negrilla fuera de texto).
(b.2.) En Austria el parágrafo §1 de la Ley de Protección
al Consumidor de Austria, denomina consumidor a quien no
tenga la condición de que el negocio celebrado forme «parte
de la explotación de su empresa» (negrilla fuera de texto).
(b.3.) En Alemania el parágrafo § 13 del Código Civil: «Se
considera consumidor toda persona física que celebra un
negocio jurídico con un fin que no pueda atribuirse
predominantemente ni a su actividad comercial ni a su
actividad profesional independiente».
(b.4.) En la Comunidad Europea el literal e) del artículo
1 de la Directiva 98/6/CE, relativa a la protección de los
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consumidores en materia de indicación de los precios de los
productos ofrecidos a los consumidores: «cualquier persona
física que compre un producto con fines ajenos a su
actividad comercial o profesional».
(c) El enfoque «intermedio», «objetivo» o «no profesional»,
integrado por el criterio «material», se manifiesta en los
preceptos que se presentan:
(c.1.) En Perú el literal a) del canon 3 de la Ley de
Protección al Consumidor -Decreto Legislativo n.° 716-,
modificada por el Decreto Legislativo n.° 1045 de 2008: «[l]as
personas naturales que, en la adquisición, uso o disfrute
de un bien o contratación de un servicio, actúan en un ámbito
ajeno a una actividad empresarial o profesional y,
excepcionalmente, a los microempresarios que
evidencien una situación de asimetría informativa con el
proveedor respecto de aquellos productos o servicios no
relacionados con el giro propio del negocio» (negrilla fuera de
texto).
(c.2.) En Portugal el ordinal 1° del canon 2° de la ley n.°
24 de 1996, sobre régimen aplicable a la defensa de los
consumidores: «Se considera consumidor toda persona a
quien se suministren bienes, se presten servicios o se
transfieran derechos, destinados a un uso no profesional,
por una persona que realice profesionalmente una actividad
económica tendente a la obtención de beneficios» (negrilla
fuera de texto).
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(d) La noción «estricta», «subjetiva» o «final», sin
elementos adicionales se encuentra:
(d.1.) En la Organización de las Naciones Unidas el
acápite 3° del ordinal II de las Directrices para la Protección
del Consumidor: «persona física, con independencia de su
nacionalidad, que actúa principalmente con fines
personales, familiares o domésticos» (negrilla fuera de
texto).
(e) El concepto «estricto», «subjetivo» o «final», asociado al
«jurídico», se pone de relieve en estas normas:
(e.1.) En Panamá los cánones 32 y 33 de la ley n.° 45 de
2007, que definen como consumidores a los que adquieren
«de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier
naturaleza» (negrilla fuera de texto).
(f) La convergencia entre la noción «estricta», «subjetiva»
o «final», con la «material», se evidencia en las disposiciones
que se mencionan:
(f.1.) En Argentina el artículo 2° de la ley n.° 24240 de
1993: «persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en
forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar
o social», incluyendo a quien, «sin ser parte de una relación
de consumo», «adquiere o utiliza bienes o servicios» (negrilla
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fuera de texto). Criterio ratificado en el artículo 1092 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
(f.2.) En Costa Rica la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor: «[t]oda
persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como
destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes
o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para
ello» (negrilla fuera de texto).
(f.3.) En Paraguay la Ley de Defensa del Consumidor y
del Usuario: «toda persona física o jurídica… que adquiera,
utilice o disfrute como destinatario final de bienes o
servicios de cualquier naturaleza» (negrilla fuera de texto).
(f.4.) En Venezuela el artículo 4° de la Ley de Protección
al Consumidor y al Usuario: «[t]oda persona natural que
adquiera, utilice o disfrute bienes de cualquier naturaleza
como destinatario final» (negrilla fuera de texto).
(f.5.) En Ecuador el canon 2° de la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor: «[t]oda persona natural o jurídica
que como destinatario final, adquiera, utilice o disfrute
bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello» (negrilla fuera
de texto).
(f.6.) En El Salvador el literal a) del artículo 3° del
decreto n.° 776 de 2005: «toda persona natural o jurídica que
adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien, reciba
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oferta de los mismos, cualquiera que sea el carácter público o
privado, individual o colectivo de quienes los producen,
comercialicen, faciliten, suministren o expidan» (negrilla fuera
de texto).
(f.7.) En Chile el ordinal inicial del precepto 1° del
Decreto con Fuerza Legislativa n.° 3 de 2021: «las personas
naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico
oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como
destinatarios finales, bienes o servicios» (negrilla fuera de
texto).
2.4.- El recorrido normativo efectuado en precedencia
deja en evidencia estas conclusiones:
(a) Los ordenamientos jurídicos, por lo general, tienen
disposiciones específicas en materia de protección al
consumo, adoptando una noción concreta de consumidor.
(b) Mientras que los países europeos tienden a restringir
la condición de consumidor a las personas naturales -como
lo evidencian las Directivas de la Unión Europea y las
legislaciones de Francia, Alemania y Austria-, en América
Latina se ha seguido una orientación contraria, extendiendo
dicha condición a las personas jurídicas -como Argentina,
Costa Rica, Paraguay, Ecuador, El Salvador y Chile-.
(c) En Europa ha cobrado fuerza la concepción según la
cual el acto de consumo es aquel realizado al margen de una
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actividad empresarial o profesional -tal como lo reflejan las
Directivas europeas y las legislaciones de Italia, España,
Francia, Alemania, Austria y Portugal-. En contraste, en
América Latina predomina la noción del consumidor final -
adoptada por países como Panamá, Argentina, Costa Rica,
Paraguay, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Chile-.
(d) Con el paso del tiempo, la tesis de carácter material
ha ido ganando terreno frente a la concepción jurídica, lo que
ha permitido ampliar el ámbito de protección a los
consumidores equiparados y a los consumidores expuestos.
(e) La doctrina señala que «[h]oy la tendencia en el
derecho comparado es que la Ley de Defensa del Consumidor
pueda ser aplicada a otros agentes de la actividad económica
en situación de debilidad»9, esto es, la «situación de
desigualdad o asimetría informativa en relación con el
producto o servicio adquirido o contratado al respectivo
proveedor, sin importar si este es empleado para fines
personales, familiares o de entorno social inmediato (lo cual o
puede ser aplicable a las personas jurídicas) o si empleado
para fines propios de su giro social o actividad económica en
el mercado»10.
3.- Noción de consumidor en el derecho nacional.
9 WEINGARTEN, Celia, La defensa de los consumidores en el ámbito normativo. En
GHERSI, Carlos y WEINGARTEN, Celia,, op. cit., p. 53.
10 ALDANA RAMOS, Edwin y GAGLIUFFU, Piercechi, Lo noción de consumidor final.
En Ius et Veritas, n.° 29, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, p. 58
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3.1.- Antecedentes remotos.
En nuestro país, las primeras normas sobre consumo se
remontan a ley 155 de 1959, relativa a «prácticas comerciales
restrictivas», que otorgó al Gobierno Nacional la facultad de
intervenir en la economía, entre otros objetivos, para proteger
los intereses de los consumidores sobre «pesas y medidas,
calidad, empaque y clasificación de los productos, materias
primas y artículos o mercancías» (artículo 3) y «fijación de los
precios» (artículo 17).
Siguió el decreto 2416 de 1971, sobre «normas y
calidades, pesas y medidas», que en el artículo 13 determinó
que los intereses de los consumidores deben consultarse al
«estudiar la conveniencia de oficializar cualquier norma
técnica», y en el precepto 50 ordenó que «[t]oda empresa que
anuncie al público calidades o características especiales de un
producto, deberá garantizar al consumidor que el producto
satisface las especificaciones anunciadas».
La ley 9ª de 1979, sobre «medidas sanitarias», reconoció
el derecho a la salud de los consumidores, razón para vedar
algunas prácticas que calificó como contrarias al mismo. De
esta forma, prohibió la reutilización de «alimentos, bebidas,
sobrantes de salmuera, jugos, salsas, aceites o similares»
(artículo 258), el almacenamiento de «alimentos directamente
en el piso de los vehículos de transporte» (artículo 280), el uso
de aditivos (artículo 296), la comercialización de productos con
características anormales (artículo 304), o la extracción de
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leche «de animales que se encuentren sometidos a tratamiento
con drogas o medicamentos que se eliminen por la leche»
(artículo 376), en cuanto puedan ocasionar deméritos a la
salud. Además, impuso a los productores la obligación de
prevenir riesgos higiénico-sanitarios en la manipulación de
alimentos, mediante el uso de empaques o envases adecuados
(artículo 289).
El decreto 100 de 1980, por el cual se expidió el Código
Penal, previó como delito la alteración de modificación de la
calidad, cantidad, peso o medida de los bienes, cuando sea en
«perjuicio del consumidor».
Con posterioridad, la ley 73 de 1981 otorgó facultades
extraordinarias al Presidente de la República para establecer
«[m]ecanismos y procedimientos administrativos para
establecer la responsabilidad de los productores por la
idoneidad y calidad de sus bienes y servicios que ofrecen en el
mercado», así como expedir «normas sustantivas y de
procedimiento, que aseguren al consumidor el cumplimiento de
las cláusulas especiales de garantía que se incluyan en las
operaciones de compra venta de bienes y prestación de
servicios», entre otros tópicos tocantes al derecho de consumo.
Disposición reglamentada por el decreto 1320 de 1982,
para establecer los requisitos y obligaciones de las ligas de
consumidores. De forma concordante, el decreto 1441 de
1982, proferido en ejercicio de atribuciones extraordinarias,
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regló «la organización, el reconocimiento y el régimen de control
y vigilancia de las ligas y asociaciones de consumidores»
Normas que, cabe resaltar, no incorporan una
definición acabada del concepto; empero, reconocieron esta
categoría jurídica y le atribuyeron derechos especiales, tales
como la protección frente a deficiencias de calidad, cantidad
o peso de los productos, la prohibición de situaciones que
pongan en riesgo la salud, y la libertad de asociación en ligas
de usuarios.
3.2.- Antecedentes directos.
3.2.1.- El decreto 3466 de 1982, sobre «la idoneidad, la
calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las
propagandas y la fijación pública de precios de bienes y
servicios, la responsabilidad de sus productores,
expendedores y proveedores», incorporó por primera vez un
concepto general de consumidor en nuestro sistema jurídico,
a saber: Toda persona, natural o jurídica, que contrate la
adquisición, utilización o disfrute de un bien o la prestación de
un servicio determinado, para la satisfacción de una o más
necesidades (negrilla fuera de texto)11.
Descuella que se tomó partido por un concepto jurídico,
en el sentido de que cualquier persona puede ser
consumidor, siempre que sea parte del contrato que da lugar
11 Concepto replicado en variadas disposiciones, como las Resoluciones n.° 1949 y
1950 de 2009, y 538 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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a la relación. No obstante, con ocasión del cambio
constitucional de 1991, la jurisprudencia estimó que la
responsabilidad del productor o distribuidor es especial, de
naturaleza ex constitutione, «en orden a hacer efectivas las
garantías a que hubiere lugar o a reclamar el resarcimiento de
los daños que les fueran irrogados, sin que tal potestad pueda
ser coartada por la simple inexistencia de un vínculo de linaje
contractual» (SC, 7 feb. 2007, rad. n.° 1999-0097-01), por
tanto, «los efectos de la relación jurídica que liga a productores
y proveedores con el adquirente final pueden extenderse a
otros sujetos como los parientes de éste o sus acompañantes
circunstanciales en el momento en que se concreta el daño»
(SC, 30 ab. 2009, rad. n.° 1999-00629-01).
No se hizo alusión alguna a una noción concreta de
consumidor, y mucho menos a la exigencia de que se
adquiera el producto como destinatario final o que por fuera
del ámbito profesional o comercial. En consecuencia, la
aproximación adoptada se alineó más con un concepto
abstracto.
3.2.2.- Como la literalidad de esta norma daba lugar a
una ampliación inusual del derecho del consumo, haciéndole
perder su naturaleza excepcional, la Corporación acudió a
los criterios histórico y sistemático de interpretación para
establecer su verdadera hermenéutica, a partir de lo cual
coligió:
Aunque en la definición no se emplea ningún parámetro
relacionado, por ejemplo, con el hecho de que la persona deba ser
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consumidor o destinatario final del bien o servicio, o con la
circunstancia de que el uso o consumo se enmarque o no dentro de
una actividad profesional o empresarial, como ocurre en otros
países, ello no puede conducir, por la simple imprecisión
terminológica, a pensar que todos los sujetos que interactúan en el
tráfico de bienes y servicios conforman tal categoría -
consumidores - y que, por ende, a ellos indistintamente les sean
aplicables las normas especiales, pues con semejante
entendimiento se desnaturalizaría, por vía de la generalización, un
estatuto excepcional destinado a proteger a determinados sujetos
de las relaciones de intercambio…
En este orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que,
con estrictez, siempre será forzoso indagar en torno a la finalidad
concreta que el sujeto - persona natural o jurídica - persigue con la
adquisición, utilización o disfrute de un determinado bien o
servicio, para reputarlo consumidor sólo en aquellos eventos
en que, contextualmente, aspire a la satisfacción de una
necesidad propia, privada, familiar, doméstica o
empresarial - en tanto no esté ligada intrínsecamente a su
actividad económica propiamente dicha, aunque pueda
estar vinculada, de algún modo, a su objeto social -, que es
lo que constituye el rasgo característico de una verdadera relación
de consumo (negrilla fuera de texto, SC, 3 may. 2005, rad. n.°
1999-04421-01).
La jurisprudencia, de esta forma, no sólo demostró la
insuficiencia de la lectura textual del precepto de marras12,
sino que clarificó que en Colombia se optó por un modelo
estricto, como se extrae de los antecedentes históricos de este
derecho y de una lectura armónica de los conceptos de
consumidor y productor.
12 En la exposición de motivos del Proyecto de Ley n.° 82 de 2008 del Senado de la
República, por la que pretendía actualizarse el Decreto 3466 de 1982, justificó el
nuevo régimen por cuanto «[l]a definición del campo de aplicación de la ley [anterior]
es impreciso y carece de elementos de importancia como el concepto de destinatario
final» (G.C. n.° 502 del 5 ag. 2008).
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Por tanto, a partir de esta determinación
jurisprudencial, para demostrar la calidad de consumidor en
el contexto del decreto 3466 de 1982, no sólo era menester
acreditar la titularidad de la relación jurídica con el
empresario o profesional, sino que además debía probarse
que la adquisición del producto se hizo con el propósito, no
de ser reintroducido al mercado, sino de satisfacer
necesidades de carácter privado, personal o familiar.
3.3.- Noción actual.
3.3.1.- La entrada en vigencia de la ley 1480 de 2011,
«por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y
se dictan otras disposiciones», comportó innovaciones
relevantes en la materia, incluyendo un moderno enunciado
conceptual sobre consumidor, en el cual adoptó una postura
más perspicua.
En efecto, el ordinal 3° del artículo 5° de este cuerpo
normativo dispuso:
Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como
destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un
determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para
la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar
o doméstica y empresarial cuando no esté ligada
intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido
en el concepto de consumidor el de usuario» (negrilla fuera de
texto).
La nueva regulación, por tanto, adoptó de manera
expresa la tesis estricta, de orientación finalista, al exigir que,
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para que una persona natural o jurídica sea considerada
consumidora, el producto debe ser utilizado o disfrutado
para satisfacer una necesidad privada, no empresarial,
excluyéndose por tanto la adquisición o destinación que
tenga conexión «intrínseca» -inherente, esencial, o
connatural- con una actividad empresarial.
Así lo reconoció esta Corporación al indicar que son
consumidores «las personas naturales o jurídicas que
hubieren adquirido un bien, cualquiera sea su naturaleza, o
procurado la prestación de un servicio, en uno y otro caso,
para la satisfacción de una necesidad y como
destinatarias finales, es decir, siempre y cuando el acto
respectivo no forme parte de una cadena productiva
propia del adquirente o del receptor» (negrilla fuera de
texto, SC395-2023)
Ratificado de esta forma: «la referida calidad se adquiere
siempre que el contexto de las relaciones jurídico-económica
sea el destinatario final de un bien o un servicio. Y que tenga
por propósito satisfacer una necesidad propia, privada,
familiar, o doméstica y empresarial cuando no esté
ligada intrínsecamente a su actividad económica. En
consecuencia, una compañía que actúa dentro del marco su
objeto social no puede, en principio, ser considerada
consumidor» (negrilla fuera de texto, SC443-2023).
Además, con la ley 1480 de 2011 se transitó hacia la
noción material, en tanto la protección de este régimen es
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
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comprensivo, tanto del contratante o titular de la relación
jurídica, como de cualquier persona que disfrute o utilice el
producto. Así se extrae de la utilización de las expresiones
adquisición, disfrute y utilización, sin imponer que haya
fuente determinada para su configuración y, por el contrario,
consagrar que «[s]e entenderá incluido en el concepto de
consumidor el de usuario».
3.3.2.- Al comparar el literal c) del canon 1° del decreto
3466 de 1982, con el numeral 3° del artículo 5° de la ley 1480
de 2011, se advierten importantes cambios:
(i) El régimen anterior, por acudir a una redacción
amplia y ambigua, que aludía a cualquier persona adquirente
de bienes o servicios para satisfacer necesidades, sin precisar
el contexto o finalidad de dicha adquisición, daba lugar a
interpretaciones extensivas; el nuevo estatuto impide esas
hermenéuticas generales y, por el contrario, acude a un
concepto concreto.
(ii) La ley en vigencia se alinea con una perspectiva
subjetiva o finalista, es decir, se enfoca en la intención del
adquirente al momento de la compra, en coherencia con la
visión asentada por esta Corporación en la sentencia del 3 de
mayo de 2005.
(iii) Bajo el decreto derogado, el concepto de consumidor
era predominantemente jurídico-formal, o sea, basado en la
existencia de un contrato de adquisición o disfrute de bienes
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o servicios, aunque jurisprudencialmente se amplió esta
conceptualización. La ley actual introduce una noción
material, que considera no solo la existencia del vínculo
contractual, sino también la realidad económica y social de
la relación de consumo, para incluir a sujetos que no hacen
parte directa del contrato.
3.3.3.- El nuevo entendimiento tiene vocación de
aplicarse de forma general, pues no sólo gobierna el
contenido de la ley 1480 de 2011, sino que, además, llena los
vacíos existentes en otros regímenes de consumo.
Así se extrae del artículo 2° de esta normativa:
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general
a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los
productores y proveedores frente al consumidor en todos los
sectores de la economía respecto de los cuales no exista
regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación
especial y suplementariamente las normas establecidas en
esta Ley (negrilla fuera de texto).
Reluce de la enunciación, no sólo el reconocimiento de
que existen múltiples regímenes que gobiernan el consumo y
que conservan su vigencia, sino además la pretensión de que
la nueva regulación integre estas últimas para llenar los
vacíos que se detecten.
En otras palabras, la Ley 1480 de 2011 no derogó las
disposiciones específicas sobre consumo vigentes en
distintos sectores económicos; por el contrario, reafirmó su
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validez y estableció un marco supletorio aplicable en caso de
vacíos normativos o situaciones no reguladas.
Esto sucederá, por mencionar un ejemplo concreto, con
el numeral 2° del artículo 50 del decreto 2153 de 1992, que
calificó como abuso de posición dominante «[l]a aplicación de
condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes,
que coloquen a un consumidor… en situación desventajosa
frente a otro consumidor…» (negrilla fuera de texto).
La mismo sucede con el canon 7° de la ley 256 de 1996,
sobre competencia desleal, al estimar como desleal «todo acto
o hecho que se realice en el mercado con fines
concurrenciales… cuando esté encaminado a afectar o afecte
la libertad de decisión del comprador o consumidor» (negrilla
fuera de texto).
Análisis similares caben frente a los decretos 990 de
1998 y 2555 de 2011, así como las leyes 1340 y 1341 de
2009, y demás normas que guarden simetría con lo indicado.
4.- Noción de consumidor financiero.
4.1.- Con el propósito de «equilibrar los intereses de las
entidades financieras y de los consumidores de los productos
y servicios que estas proveen», así como «permitir que los
consumidores tengan las herramientas idóneas para ser
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activos y responsables de sus decisiones»13, se profirió la ley
1328 del 15 de julio de 2009, por la cual «se dictan normas
en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y
otras disposiciones».
Esta ley estableció «los principios y reglas que rigen la
protección de los consumidores financieros en las relaciones
entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia» (artículo 1°), destacándose la
«debida diligencia», «libertad de elección», «transparencia e
información cierta, suficiente y oportuna», «responsabilidad de
las entidades vigiladas en el trámite de quejas», «manejo
adecuado de los conflictos de interés» y «educación para el
consumidor financiero» (artículo 3°).
4.2.- Para definir el marco de aplicación de este
estatuto, se incluyeron definiciones relativas al consumidor,
las cuales son válidas para los «sistema[s] financiero,
asegurador y del mercado de valores» (artículo 1°), que se
transcriben a continuación para mayor perspicuidad.
a) Cliente: Es la persona natural o jurídica con quien las entidades
vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual,
para el suministro de productos o servicios, en desarrollo de
su objeto social.
b) Usuario: Es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente,
utiliza los servicios de una entidad vigilada.
c) Cliente Potencial: Es la persona natural o jurídica que se
encuentra en la fase previa de tratativas preliminares con la
13 Ponencia para primer debate al proyecto de ley n.° 282 de 2008 Cámara, 286 de
2008 Senado, G.C. n.° 341, 10 jun. 2008.
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entidad vigilada, respecto de los productos o servicios
ofrecidos por esta.
d) Consumidor financiero: Es todo cliente, usuario o cliente
potencial de las entidades vigiladas… (negrilla fuera de texto,
artículo 2°).
Estos preceptos, analizados de forma conjunta,
desvelan que desde la perspectiva subjetiva esta ley incluye
al (i) consumidor en sentido jurídico, es decir, a la persona
que celebra un contrato con una entidad partícipe del
sistema financiero, asegurador o bursátil, o se vincula con
cualquiera de éstas por fuerza de una disposición legal,
denominado cliente; (ii) consumidor material, esto es, aquel
que utiliza un servicio sin haber establecido previamente una
relación jurídica con la entidad financiera, conocido como
usuario; y (iii) consumidor potencial, es decir, quien se
encuentra en una etapa previa a la celebración del contrato
-fase prenegocial-.
En la esfera objetiva de aplicación se exige que el
producto, sobre el que se cierne la relación de consumo,
satisfaga concurrentemente dos condiciones: (i) sea un bien
o servicio financiero, asegurador, bursátil o cualquier otro
que implique captación de recursos de recursos del público;
y (ii) que sea prestado por una entidad o persona que integre
cualquiera de estos sistemas.
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Sin pretensión de totalidad, integran el mercado
financiero y asegurador los establecimientos de crédito14,
sociedades de servicios financieros15, sociedades de
capitalización16, entidades aseguradoras17, intermediarios de
seguros y reaseguros18, y sociedades especializadas en
depósitos y pagos electrónicos19, entre otras, quienes están
autorizados para realizar las actividades especificadas como
parte de su objeto social, bien sea activas -colocación de
recursos en deficitarios de capital por medio de préstamos o
inversiones-, pasivas -captación de recursos del público por
medio depósitos o similares- o neutras -correspondientes a
otros servicios tales como gestión de inversiones o descuento
de títulos valores-.
El sistema bursátil, sin ánimo de exhaustividad, se
integra por comisionistas de bolsa20, sociedades
14 «Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones
financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras…, compañías de
financiamiento y cooperativas financieras» (numeral 1° del artículo 2° del decreto 663
de 1993, modificado por los artículos 5° de la ley 546 de 1999 y 25 de la ley 1328 de
2009).
15 «[S]on sociedades de servicios financieros las sociedades fiduciarias, los almacenes
generales de depósito, las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y de
cesantías y las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros
especiales» (numeral 1° del artículo 3° del decreto 663 de 1993).
16 «[L]as instituciones financieras cuyo objeto consista en estimular el ahorro mediante
la constitución, en cualquier forma, de capitales determinados, a cambio de
desembolsos únicos o periódicos, con posibilidad o sin ella de reembolsos anticipados
por medio de sorteos» (artículo 1.1.1.1.1. del decreto 2555 de 2010).
17 «Son entidades aseguradoras las compañías y cooperativas de seguros y las de
reaseguros» (numeral 1° del artículo 5 ibidem).
18 «Son intermediarios de seguros los corredores, las agencias y los agentes, cuya
función consiste en la realización de las actividades contempladas en el presente
Estatuto… Son intermediarios de reaseguros los corredores de reaseguros» (numeral
2° y 3° ejusdem)
19 «Son sociedades… cuyo objeto exclusivo es: a) La captación de recursos a través de
los depósitos…; b) Hacer pagos y traspasos; c) Tomar préstamos dentro y fuera del país
destinados específicamente a la financiación de su operación…; d) Enviar y recibir giros
financieros» (artículo 1° de la ley 1735 de 2014).
20 «Las sociedades comisionistas de bolsa deberán constituirse como sociedades
anónimas y tendrán como objeto exclusivo el desarrollo del contrato de comisión para
la compra y venta de valores» (artículo 7° de la ley 45 de 1990).
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administradoras de inversión21, bolsas de valores22, fondos
mutuos de inversión23, bolsas de bienes y productos
agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities24,
organismos autorreguladores25, entidades administradoras
de sistemas de compensación y liquidación de operaciones
sobre valores26, cámaras de riesgo central de contraparte27, y
administradoras de depósitos centralizados de valores28, que
realizan las actividades de «emisión y la oferta de valores»,
«intermediación de valores», «administración de fondos de
valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión,
fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales»,
«depósito y la administración de valores», «administración de
sistemas de negociación o de registro de valores, futuros,
21 «Son sociedades Administradoras de Inversión, las que tienen por objeto Social único
recibir en dinero suscripciones del público con el fin de constituir y administrar,
conforme a las disposiciones del presente Decreto, uno o varios fondos de inversión»
(artículo 1° del decreto 2368 de 1960).
22 «Las Bolsas de Valores son establecimientos mercantiles cuyos miembros se dedican
a la negociación de toda clase de valores y demás bienes susceptibles de este género
de comercio» (artículo 1° del decreto 2969 de 1960).
23 «Los Fondos Mutuos de Inversión de que trata el presente Decreto son los constituidos
con aportes de los trabajadores y contribución de las empresas de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2968 de 1960 y demás normas complementarias» (artículo 1°
del decreto 1705 de 1985).
24 «[S]on sociedades anónimas que tienen como objeto organizar y mantener en
funcionamiento un mercado público de bienes y productos agropecuarios,
agroindustriales o de otros commodities sin la presencia física de los mismos, así como
de servicios, documentos de tradición o representativos de mercancías, títulos, valores,
derechos, derivados y contratos que puedan transarse en dichas bolsas» (artículo
2.11.1.1.1. del decreto 2555 de 2010).
25 «[E]ntidades autorizadas para actuar como organismos autorreguladores, en los
términos y condiciones que determine el Gobierno Nacional» (parágrafo 1° del artículo
24 de la ley 964 de 2005).
26 Entidades constituidas para administrar las «actividades, acuerdos, agentes,
normas, procedimientos y mecanismos que tengan por objeto la confirmación,
compensación y liquidación de operaciones sobre valores» (artículo 9° de la ley 964 de
2005).
27 «Las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte tendrán por objeto exclusivo la
prestación del servicio de compensación como contraparte central de operaciones, con
el propósito de reducir o eliminar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones
derivadas de las mismas» (artículo 15 de la ley 964 de 2005).
28 «Las sociedades que se constituyan, con autorización de la Comisión Nacional de
Valores [hoy Superintendencia Financiera de Colombia], para administrar un depósito
centralizado de valores deberán tener objeto exclusivo» (artículo 13 de la ley 27 de
1990).
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opciones y demás derivados», «compensación y liquidación de
valores», «calificación de riesgos», «autorregulación a que se
refiere la presente ley», «suministro de información al mercado
de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de la misma»
y «demás actividades previstas en la presente ley o que
determine el Gobierno Nacional» (artículo 3° de la ley 964 de
2005), entendiéndose por valor «las acciones», «los bonos»,
«los papeles comerciales», «los certificados de depósito de
mercancías», «cualquier título o derecho resultante de un
proceso de titularización», «cualquier título representativo de
capital de riesgo», «los certificados de depósito a término», «las
aceptaciones bancarias», «las cédulas hipotecarias» y
«cualquier título de deuda pública» (artículo 2° ídem).
4.3.- La definición de consumidor financiero, antes
referida, fue objeto de análisis constitucional en la sentencia
C-909 del 7 de noviembre de 2012, tras ser acusada de violar
la libertad económica, por equiparar las calidades de
«consumidor» e «interviniente del mercado».
La máxima corporación de esa jurisdicción, centrada en
la censura, y sin acudir a la integración normativa con otras
disposiciones, en particular, con la definición general que
incorpora la ley 1480 de 2011 sobre consumidor, declaró la
exequibilidad del precepto censurado, bajo estas
consideraciones:
[L]a protección constitucional al consumidor se inspira en el
deber de fortalecer sus derechos frente a los productores y
distribuidores, dada la desigualdad y la asimetría en que se
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desenvuelve la persona que acude al mercado, de cualquier
bien o servicio, para satisfacer sus necesidades. Sin embargo,
el tema de las definiciones, los supuestos de protección y los
mecanismos de garantía, de acuerdo a la fuente de consumo,
corresponde al ordenamiento legal, de manera que se
desarrolle el contenido de defensa del derecho que tutela la carta
política, la cual delimita el campo de amparo, más no su ejercicio
regular en la dinámica de la economía de mercado…
“[C]onsumidor financiero” abarca a toda persona natural o
jurídica, sin que concierna sobre esa calidad la existencia
o no de desigualdades y asimetrías, o de circunstancias de
necesidad o conveniencia, dado que las profundas
desigualdades “inmanentes” al mercado y al consumo,
explicadas por esta corporación a partir de los postulados del
artículo 78 superior, son suficientes y superan cualquier
incertidumbre, duda o especulación, una vez elevada a categoría
constitucional el amparo de los derechos del consumidor…
Insiste esta corporación sobre la intensión del legislador de ubicar
al consumidor en todo el quehacer económico de la nación, por lo
que de relacionarse con el sector financiero, tendrá dicha
connotación, siendo aplicables las normas que le son propias,
como la Ley 1328 de 2009. En este orden, recuérdese que el
artículo 78 superior no contempla distinción alguna, sino
que vela por los derechos del consumidor para atemperar la
desigualdad y asimetría surgidas de la relación de
consumo… (negrilla fuera de texto).
Desde la óptica de ese colegiado, el literal d) del artículo
2° de la ley 1328 de 2009 se ajusta al artículo 333 de la
Constitución Política, en la medida en que el desequilibrio o
desigualdad entre el proveedor o productor y el consumidor
o usuario es inherente o inseparable al sistema financiero y
bursátil, dada la naturaleza de los productos y las calidades
de los sujetos que intervienen en ellos, de allí que no sea
necesaria su enunciación expresa dentro del precepto objeto
de análisis.
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Idea remarcada por ese Tribunal en estos términos:
Sin embargo, los componentes de desigualdad y asimetría,
advertidos por esta corporación en punto a los extremos de
negocios, con fundamento en los postulados del artículo 78
superior, no suponen una aplicación diferenciada frente al
consumidor nato o al calificado, como para entender excluidos de
la noción de consumidor, a actores de una u otra condición o
característica, por eventuales supuestos de igualdad y/o
correspondencia en la relación de consumo, dado que lo importa
y trasciende no es exactamente esa condición o
característica, sino el reconocimiento que ha dado el
derecho constitucional de las hondas desigualdades o
desequilibrios inmanentes al mercado y al consumo en las
diversas actividades económicas, a partir de la mencionada
relación productor/proveedor - consumidor o usuario…
4.4.- Declarada la exequibilidad simple del literal d) del
artículo 2° de la ley 1328 de 2009, por la Corte
Constitucional, se tiene que esta norma conservó su
contenido normativo dentro del orden jurídico, sin alteración
o modificación alguna.
Determinación que es «de obligatorio cumplimiento y con
efecto erga omnes en su parte resolutiva» (artículo 48 de la ley
270 de 1996), alcanzando la connotación de cosa juzgada
absoluta, que «implica el carácter inmutable, intangible,
definitivo, indiscutible y obligatorio de los fallos de
constitucionalidad…, lo que trae consigo la imposibilidad de
presentar nuevas demandas contra las normas acusadas,
siempre y cuando existan en el tráfico jurídico, las normas
constitucionales en las cuales se fundamentó la Sentencia»
(CC, C-355 de 2006).
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Esto se traduce en que los elementos subjetivo y
objetivo para la aplicación de la ley 1328 de 2009 se
mantuvieron inalterados, por lo que sigue produciendo
efectos jurídicos sin aditamentos, adiciones o condicionantes
interpretativos.
4.5.- Entendimiento que, por demás, guarda armonía
con el hecho de que los productores o proveedores de estos
sectores económicos se consideran profesionales, portadores
de la información especializada y conocedores de los riesgos
que le son propios, mientras que su contraparte
normalmente desconoce estas variables. De allí la necesidad
de prever instrumentos de protección, como fue puesto de
presente en la referida sentencia C-909 de 2012:
Los consumidores, sin distingos, adoptan decisiones teniendo
como soporte la confianza y la buena fe, en la creencia o convicción
de encontrar calidad y/o satisfacción sobre lo adquirido, que sin
embargo, supone un cierto riesgo, superior a sus
conocimientos, lo que demanda la protección especial que
prevé la carta política, razón por la que ese desequilibrio
debe contrarrestarse (negrilla fuera de texto).
Móvil que, ciertamente, fue invocado en la exposición de
motivos de la ley 1328 de 2009, en la que se remarcó la
situación de desproporción en la que se encuentran los
clientes o usuarios que actúan como contrapartes de las
instituciones financieras:
La relación que se crea entre las dos partes en la instrumentación
de un servicio financiero es por principio asimétrica por cuanto una
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de las partes, la institución financiera, conoce en mejor forma el
mercado, los riesgos y el régimen jurídico de la operación.
Adicionalmente, en su condición de proveedor de servicios en
forma masiva, la institución financiera establece sus relaciones
jurídicas a través de esquemas contractuales previamente
elaborados, no sujetos a discusión o modificación. Generalmente
el cliente solo puede aceptar el producto o servicio en los términos
o condiciones en que es ofrecido o rechazarlo.
En adición a lo anterior, debe considerarse que tratándose de las
relaciones de consumo, en la actividad financiera no se está frente
a un esquema tradicional de suministro de información,
publicidad, defectos o garantías, razón que fortalece la necesidad
de adoptar un régimen particular de protección. Por lo tanto, la
especialidad de las operaciones y los riesgos implícitos en ellas ha
promovido la adopción de un régimen particular dirigido a la
protección del consumidor de tales servicios que procure el
equilibrio contractual entre las partes intervinientes y que
propenda, entre otras cosas, por:
• Evitar la asimetría en la información.
• Radicar obligaciones especiales en las entidades.
• Diseñar figuras especiales de protección.
• Establecer procedimientos de atención de solicitudes29.
En el mismo sentido, esta Sala ha doctrinado:
Los bancos, es cierto, ejercen una posición dominante en las
operaciones activas y pasivas que realizan con los usuarios de sus
servicios, la cual se concreta en la hegemonía que pueden ejercer
para imponer el contenido del contrato, en la determinación
unilateral de su configuración y en la posterior administración de
su ejecución, como lo ha señalado esta Corporación . Y esto no
puede ser de otra manera, por ser los servicios financieros una
actividad que demanda masivamente la población y por lo tanto
debe prestarse en forma estandarizada para satisfacer las
necesidades de ésta, con la dinámica y agilidad que la vida
contemporánea exige (SC, 14 dic. 2011, rad. n.° 2001-01489-01).
29 G.C. n.° 138/2008, proyecto de ley 282 de 2008 de Cámara, p. 14.
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4.6.- Ahora bien, no puede pasarse por alto que en el
fallo de constitucionalidad citado se manifestó que la
expresión «todo», incorporada a la definición de consumidor
financiero, «converge en quien entrañe una relación de
consumo ante las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de manera que, como consumidor
financiero, (i) refiere a un determinado sector de la economía,
(ii) frente a la adquisición de un bien o servicio, para
satisfacer una necesidad propia, no ligada
intrínsecamente a su actividad económica» (negrilla fuera
de texto).
Afirmación de la cual podría colegirse, aunque de forma
apresurada, que dicho colegiado deambuló hacia el concepto
concreto de destinatario final de consumo, sustituyendo el
abstracto que tuvo en cuenta el legislador para proferir la ley
1328 de 2009.
Empero, este colofón carece de apoyadura por variadas
razones. De un lado, porque la manifestación transcrita es
un obiter dictum o dicho de paso, pues, como se explayó
párrafos atrás, el fundamento para declarar la exequibilidad
del literal c) del artículo 2° de la ley 1328 de 2009 fue otro.
Además, como en el acápite resolutivo del veredicto se
declaró la exequibilidad simple de la norma, esto se traduce
en que el precepto se mantuvo intacto en su redacción,
ausente del elemento de destinatario final, que de forma
sorpresiva se mencionó en el párrafo transcrito.
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Finalmente, la Corte Constitucional no recurrió al
mecanismo de la constitucionalidad condicionada, para
delimitar las interpretaciones plausibles del precepto
impugnado, menos aún con la indicación expresa de que el
acto de consumo debe hacerse un fin privado, personal o
familiar para que haya un consumidor financiero, por lo que
una hermenéutica en este sentido desconoce la decisión
constitucional.
5.- Acción de protección al consumidor.
5.1.- La Ley 1480 de 2011, al regular los «aspectos
procedimentales» del régimen de protección al consumidor,
estableció las acciones que estos pueden ejercer en defensa
de sus derechos, como son las acciones populares, de grupo,
de responsabilidad por producto defectuoso y la «de
protección al consumidor».
Esta última destinada a resolver «los asuntos
contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de
los derechos del consumidor por la violación directa de las
normas sobre protección a consumidores y usuarios, los
originados en la aplicación de las normas de protección
contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de
protección a consumidores y usuarios» (numeral 3° del
artículo 56).
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5.2.- La acción de protección, según el precepto 58
ibidem, tiene las siguientes especificidades:
(a) Se tramita por el procedimiento verbal sumario a que
se refiere el Título II de la Sección Primera del Libro Tercero
del Código General del Proceso. «[D]e manera que todos los
actos procesales se rigen, únicamente, por el Estatuto del
Consumidor, por ser la norma especial que regula estas
acciones, y por el Código General del Proceso, en particular, en
lo referente al trámite del proceso verbal sumario» (CSJ,
STC12470-2019).
(b) La competencia se afincó, a prevención, en el juez
civil «del lugar donde se haya comercializado o adquirido el
producto, o realizado la relación de consumo», o en la
Superintendencia de Industria y Comercio, tratándose de la
«[v]iolación a los derechos de los consumidores establecidos en
el Estatuto del Consumidor» (literal a. del numeral 1° del
artículo 24 de C.G.P.).
También tiene facultad jurisdiccional la
Superintendencia Financiera de Colombia, pero acotada a las
«controversias que surjan entre los consumidores
financieros y las entidades vigiladas relacionadas
exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que asumen con ocasión de
la actividad financiera, bursátil, aseguradora y
cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento,
inversión de los recursos captados del público» (negrilla fuera
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de texto, numeral 2° ejusdem e inciso segundo del artículo
57 de la ley 1480 de 2011).
(c) Es requisito de procedibilidad, para promover la
demanda judicial, que el consumidor haya efectuado
reclamación directa al productor o proveedor, acompañada
de la «prueba documental» y de la indicación de «las razones
de inconformidad» (literal a. del numeral 5° del artículo 58 de
la ley 1480 de 2011).
(d) La falta de respuesta a la reclamación del proveedor
o productor, «se tendrá como indicio grave en contra» (literal f.
ídem) de éste.
(e) Podrán practicarse pruebas extraprocesales, en
especial, «pruebas periciales anticipadas», las cuales se
«aportarán en la demanda o en la contestación», y deberán
valorarse por el juez «de acuerdo a las normas de sana crítica,
en conjunto con las demás pruebas que obren en el proceso y
solo en caso de que carezca de firmeza y precisión podrá
decretar uno nuevo» (literal d. ibidem).
(f) En la demanda deberá identificarse plenamente al
profesional o comerciante que es demandado, o contener la
manifestación de que se desconoce, caso en el cual
corresponde al sentenciador adelantar las gestiones para
individualizarlo y vincularlo, a partir de los datos
suministrados por el demandante. «Si transcurridos dos
meses desde la interposición de la demanda, y habiéndose
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realizado las gestiones pertinentes, no es posible su
individualización y vinculación, se archivará el proceso, sin
perjuicio de que el demandante pueda presentar, antes de que
opere la prescripción de la acción, una nueva demanda»
(numeral 6° ejusdem).
(g) Las comunicaciones y notificaciones se harán por un
medio eficaz, dejando constancia de su realización en el
respectivo proceso, «ya sea de manera verbal, telefónica o por
escrito, dirigidas al lugar donde se expendió el producto o se
celebró el contrato, o a la que aparezca en las etiquetas del
producto o en las páginas web del expendedor y el productor,
o a las que obren en los certificados de existencia y
representación legal, o a las direcciones electrónicas
reportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, o a
las que aparezcan en el registro mercantil o a las anunciadas
en la publicidad del productor o proveedor» (numeral 7°).
Ha dicho la Sala: «los actos de notificación de las
providencias emitidas con ocasión de los procesos de
“protección al consumidor”, podrán realizarse de manera
verbal, telefónica o por escrito, cuando sean dirigidos al lugar:
(i) donde se expendió el producto o se celebró el contrato, (ii) al
que aparezca en las etiquetas del producto o en las páginas
web del expendedor y el productor, o (iii) al que obre en los
certificados de existencia y representación legal; y, a las
direcciones electrónicas (i) reportadas a la Superintendencia
de Industria y Comercio, (ii) a las que aparezcan en el registro
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mercantil, o (iii) a las anunciadas en la publicidad del
productor o proveedor» (STC8322-2019).
(h) El juez resolverá la controversia «de la forma que
considere más justa para las partes según lo probado en el
proceso, con plenas facultades para fallar infra, extra y
ultrapetita, y emitirá las órdenes a que haya lugar con
indicación de la forma y términos en que se deberán cumplir»
(numeral 9° del artículo 58 de la ley 1308 de 2009), caso en
el cual «el juzgador está en la obligación de motivar
adecuadamente las razones que lo llevan a definir el litigio de
un modo distinto a lo pretendido por el demandante, con base
en los hechos alegados y probados y en las normas
específicas que rigen la controversia» (CSJ, SC2879-2022).
(i) De emitirse sentencia condenatoria se impondrá
multa al productor o proveedor, hasta por 150 salarios
mínimos legales, «teniendo en cuenta circunstancias de
agravación debidamente probadas, tales como la gravedad
del hecho, la reiteración en el incumplimiento de garantías o
del contrato, la renuencia a cumplir con sus obligaciones
legales, inclusive la de expedir la factura y las demás
circunstancias» (numeral 10 del artículo 58 de la ley 1328 de
2009).
5.3.- La legitimación en la causa por activa, según lo
establecido en el artículo 56 de la ley 1480 de 2011, está en
cabeza del consumidor, para cuya determinación debe
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recurrirse numeral 3° del canon 5° ídem, que, como ya se
explayó, acudió a la definición concreta de destinatario final.
Empero, tratándose de la acción de protección
promovida ante la Superintendencia Financiera de Colombia,
la legitimación está en cabeza de los «consumidores
financieros» (artículos 57 ejusdem y 24 -numeral 2°- del
Código General del Proceso), que no son otros que los
señalados en el precepto 2° de la ley 1328 de 2009.
5.4.- La legitimación por pasiva está en cabeza del
productor o proveedor, a saber: «[q]uien de manera habitual,
directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique,
ensamble o importe productos. También se reputa productor,
quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble, o importe
productos sujetos a reglamento técnico o medida sanitaria o
fitosanitaria» (numeral 9) y «[q]uien de manera habitual,
directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o
comercialice productos con o sin ánimo de lucro» (numeral 11
del artículo 5° de la ley 1480 de 2011), en su orden. Que en
materia financiera son las «entidades vigiladas», esto es, las
personas «sometidas a inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia».
6.- El caso concreto.
Las precisiones conceptuales realizadas en precedencia
son suficientes para desvelar que el ad quem incurrió en el
yerro de juzgamiento achacado, lo que condujo a inaplicar
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los preceptos llamados a regular la controversia, en concreto,
el artículo 1236 del Código de Comercio, que reconoce al
fideicomitente el derecho sustancial a «obtener la devolución
de los bienes al extinguirse el negocio fiduciario» (numeral 3°).
6.1.- Para explicar debe recordarse que el Tribunal, en
la sentencia del 15 de abril de 2024, revocó el fallo de primera
instancia y denegó las pretensiones, por estimar que las
demandantes carecen de legitimación para promover la
acción de protección al consumidor, al carecer de la calidad
de consumidoras financieras, en tanto el contrato de fiducia
confutado fue «un acto de comercio de carácter financiero,
ligado intrínsecamente a [sus] actividades económicas».
Conclusión criticada por las recurrentes, por dejar de
lado el hecho de que las fiduciarias son profesionales y sus
cocontratantes están en situación de desequilibrio, lo que se
traduce en una relación de consumo.
6.2.- Comparados estos argumentos, con el estado de
arte explicado, reluce que el sentenciador de segunda
instancia se separó de la recta hermenéutica del literal d) del
artículo 2° de la ley 1328 de 2009, en concordancia con la
sentencia C-909 de 2012, como acertadamente fue
denunciado por las opugnantes.
Y es que, afirmar que sólo los destinatarios finales son
consumidores financieros, descubre una desatención a la
noción abstracta que adoptó el legislador para el sector
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financiero, declarada constitucional por el órgano límite de
esa jurisdicción sin ningún tipo de condicionamiento, menos
aún para exigir que incorpore elementos propios de una
visión concreta.
Para ponerlo claro, la exigencia de que el negocio
fiduciario sea por completo ajeno al objeto social de las
demandantes comporta una desatención recta a la
prescripción denunciada, por adicionarla con un requisito
que no fue considerado por el órgano legislativo, ni exigida
en la sentencia C-909 de 2012 para declarar la exequibilidad.
En este punto conviene remarcar que la ley 1480 de
2011, al consagrar una definición concreta de consumidor,
no modificó la especial de consumidor financiero de la ley
1308 de 2009. Por una parte, porque según el artículo 2° de
aquélla, los cánones comunes se aplican de forma
suplementaria a ésta, valga decirlo, para llenar lagunas o
anomias, lo que descarta derogatorias o modificatorias
tácitas.
De otro lado, pues de existir múltiples interpretaciones,
era menester acudir al principio favor consumitoris, según el
cual «los vacíos, ambigüedades, anomias o antinomias
legislativas deberán definirse de acuerdo con el entendimiento
que resulte más favorable para el consumidor, en garantía de
la máxima protección posible de sus derechos frente al
contexto de debilidad en que se encuentra», por tanto «cuando
el estatuto especial sobre la materia se traduzca en la merma
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de las garantías reconocidas a los consumidores en otras
codificaciones…, deberá acudirse a un entendimiento que
privilegie la regla más favorable, dejando rezagada la
aplicación de aquél para los casos en que exista un vacío o
comporte un beneficio para el sujeto débil de la relación» (CSJ,
SC2850-2022).
Por último, la argumentación del ad quem sobre la
sentencia C-909 de 2012 está ayuna de sustentáculo, en
tanto, al revisarse con detenimiento la ratio decidendi de ese
veredicto, como se realizó páginas atrás, se descubre que el
tribunal de cierre se concentró en que en el sistema
financiero es ingénita la asimetría entre productor y
adquirente para declarar la constitucionalidad, siendo un
dicho al pasar lo tocante al destinatario final.
Y es que, si esta corporación judicial hubiera querido
dejar sentado que el literal d) del artículo 2° de la Ley 1328
de 2009 fue modificado o subrogado por el numeral 3° del
artículo 5° de la Ley 1480 de 2011, habría tenido que recurrir
a la figura de la integración normativa. Instituto que resulta
procedente, entre otros supuestos, «cuando se demande una
disposición cuyo contenido deóntico no sea… autónomo» o
«cuando la disposición cuestionada se encuentre reproducida
en otras que posean el mismo contenido deóntico de aquella»
(C.C., C-068 de 2020). Por no proceder de esta forma, dejó al
descubierto que, en su criterio, estas normas son autónomas
y no se replican entre sí, conservando cada una su contenido
prescriptivo.
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Asimismo, si hubiese considerado que la única
interpretación constitucionalmente admisible del literal d)
del artículo 2° de la Ley 1328 de 2009 era aquella que adopta
la tesis subjetiva finalista, lo lógico habría sido acudir a una
declaratoria de exequibilidad condicionada. Sin embargo, no
se procedió en tal sentido, lo que excluye dicha inteligencia.
El desacierto del ad quem resulta relevante, pues, de no
haberse incurrido en este, la sentencia de segunda instancia
habría tomado un rumbo distinto, porque en lugar de
rechazar las pretensiones por falta de legitimación en la
causa por activa, habría considerado a las demandantes
como consumidoras financieras, en tanto adquirieron un
servicio financiero -en calidad de fideicomitentes- de una
sociedad fiduciaria, quien actuó en desarrollo de su objeto
social.
Recuérdese, a riesgo de hastiar, según el artículo 57 de
la ley 1480 de 2011, los consumidores financieros son los
que pueden acudir a la acción de protección, que no son otros
que las personas «con quien las entidades vigiladas
establecen relaciones de origen legal o contractual, para el
suministro de productos o servicios» (ordinal a. del artículo 2°
de la ley 1328 de 2009), sin condiciones adicionales, menos
aún, la necesidad de acreditar que son consumidores finales.
Demostrada la legitimación de las demandantes, el
Tribunal debió evaluar los argumentos de la pretensión
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impugnaticia, en el contexto de los hechos y de las normas
que gobiernan el contrato de fiducia mercantil, en particular,
el derecho reconocido a los constituyentes de recibir los
resultantes del proceso liquidatorio, norma sustancial que
fue invocada por las casacionistas como sustentáculo de sus
acusaciones.
7.- Ante la materialización de los errores denunciados,
que son trascedentes, procede que la Corte case la sentencia
impugnada de forma integral y, en sede de instancia, profiera
la determinación que deba reemplazarla.
Ante la prosperidad de los embates, conforme al artículo
349 del Código General del Proceso, no se impondrá condena
en costas procesales en sede extraordinaria.
IV.- SENTENCIA SUSTITUTIVA
1.- Antecedentes procesales relevantes.
1.1.- Pretensiones.
Según la subsanación del escrito inaugural proceso, las
promotoras reclamaron declarar «el incumplimiento por
parte de Alianza Fiduciaria S.A. de las disposiciones
contractuales» y la «terminación inmediata del contrato de
Fiducia Mercantil de Administración del Proyecto Inmobiliario
Modalidad Vis Exención Tributaria, fideicomiso “Ciudadela La
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Hacienda” firmado el 03 de noviembre de 2015 por no haberse
superado su etapa preoperativa» (negrilla fuera de instancia).
Como consecuencia, deprecaron que «Alianza Fiduciaria
proceda a terminar y liquidar el fideicomiso, y por
consiguiente adelante la restitución inmediata de los
bienes identificados con los folios de matrícula inmobiliaria
Nos. 384-141553, 384-141554 y 384-141555 al Consorcio
Vivienda para Todos San Cristóbal y/o a las sociedades que
lo integran, en su calidad de cesionario de los fideicomitentes
tradentes…, así como de los recursos aportados por los
adquirentes de los bienes, y de los remanentes al
desarrollador» (negrilla fuera de texto).
Pidieron que, de considerarse «que el proyecto sí supero
la etapa preoperativa», «se reconozca la terminación del
contrato de fiducia mercantil, conforme a lo previsto en el
numeral 2 de la cláusula vigesimoquinta del contrato -
imposibilidad de realizar su objeto-, toda vez que el proyecto
fue liquidado antes de culminar la etapa preoperativa y no es
intención de las partes su desarrollo, y por lo tanto se ordene
su liquidación» (negrilla fuera de texto), con la inmediata
restitución de los inmuebles.
Por último, instaron «dar aplicación a la facultad de
revocatoria de la fiducia mercantil, que se reservó el tradente
del inmueble, mediante la Escritura Pública No. 2243 de fecha
30 de noviembre de 2016» (negrilla fuera de texto).
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1.2.- Sentencia de primera instancia.
La Delegatura para Funciones Jurisdicciones de la
Superintendencia Financiera de Colombia profirió veredicto
el 24 de octubre de 2023, en la que declaró «civil y
contractualmente responsable a la sociedad fiduciaria Alianza
Fiduciaria S.A.», ordenando «que en un lapso no mayor a un
(1) mes adelante las gestiones tendientes a llevar a cabo el
trámite de liquidación conforme las reglas contenidas en la
cláusula “vigésima séptima liquidación del patrimonio
autónomo” del presente contrato de Fideicomiso Ciudadela La
Hacienda, así como hacer todos los actos ingentes,
consecuentes y necesarias que conduzcan a llevar a feliz
término el trámite aquí ordenado», de lo cual debía dar cuenta
con los documentos idóneos «en un lapso de cinco (5) días
posteriores al vencimiento del término otorgado».
En sustento, hizo estas reflexiones:
1.2.1.- Descartó la configuración de las excepciones
propuestas.
1.2.1.1.- No existe prescripción, pues las acciones
contractuales deben promoverse dentro del año siguiente a
la terminación de la convención y, como la parte demandada
no trajo prueba de la ocurrencia de este fenómeno, «conduce
a colegir nada diferente a que ni siquiera es posible comenzar
su contabilización».
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1.2.1.2.- Sobre la existencia del fideicomitente B,
señaló que Comfandi fue vinculado desde la admisión de la
demanda, lo que descarta la existencia de una causal de
invalidez, «sin que ello lleve consigo que se van a analizar,
definir y/o declarar conductas de personas que no son
entidades vigiladas, o en palabras más sencillas, aquí
únicamente compete verificar la conducta de la vigilada».
1.2.1.3.- Rehusó la excepción de contrato no cumplido,
en tanto no está en discusión el incumplimiento o el mutuo
disenso del contrato de fiducia, sino la liquidación. Además,
encontró que su competencia no se extiende al contrato de
«Alianza Estratégica», pues concierne a personas no vigiladas
y, en todo caso, es ajeno al sistema financiero.
1.2.1.4.- Clarificó que la fiduciaria debe actuar
conforme a la buena fe objetiva, en su calidad de experta o
profesional, observando el contrato y la ley para la
terminación del encargo fiduciario.
1.2.2.- Después de hacer unas consideraciones
generales sobre el contrato fiducia, la coligación contractual
y las obligaciones nucleares de las sociedades fiduciarias, se
adentró en el análisis de la liquidación del contrato, en
aplicación de las cláusulas 9 y 25, y del artículo 1240 del
Código de Comercio.
1.2.2.1.- Señaló que en el contrato se pactaron dos
etapas, sin que pudiera superarse la preoperativa por falta
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de estudios técnicos y de licencias de construcción, lo que
debió a conducir a la liquidación del contrato. Sin embargo,
como las partes instruyeron a la fiduciaria para que
continuara administrando los inmuebles, modificaron el
proyecto inmobiliario y omitieron hacer uso de los
mecanismos de resolución de controversias, se configuró un
acto propio, el cual no puede desconocerse. Por tanto,
estando probado «que las partes, específicamente los
fideicomitentes como mandatarios del contrato de fiducia,
desarrollaron actos tendientes a querer continuar con el
contrato y no aniquilarlo, no es posible o dable a estas alturas,
pretender desconocer estas conductas de coherencia al
amparo de la buena fe contractual, para ahora achacar la no
aplicación del clausulado 9° por parte de la pasiva cuando
claramente ello aconteció por sus mismas prácticas».
1.2.2.2.- En cuanto se refiere a la terminación por
imposibilidad de desarrollo el objeto contractual, a que se
refiere el numeral 2° de la cláusula 26, precisó que el
contrato sigue cumpliéndose, en punto al parqueo de los
inmuebles, como se instruyó por comunicación del 26 de
enero de 2021.
No obstante, a partir de la interpretación sistemática de
la convención, aseguró que las partes no quisieron extinguir
y/o modificar las causales de terminación, menos aún
cambiar el negocio inmobiliario por uno de administración,
por lo que al fracasar las conversaciones para solucionar las
desavenencias, se hizo imposible «continuar con el fin y objeto
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principal como último de este contrato de fiducia», como es «el
proyecto inmobiliario de viviendas VIS», razón para que la
fiduciaria debiera acudir a la liquidación.
Desechó que la controversia sobre el contrato de
Alianza Estratégica impidiera la terminación de la fiducia,
por tratarse de una situación extraña, máxime porque los
recursos entregados no fueron legalizados o trasladados al
fideicomiso.
1.3.- Argumentos de la impugnación.
1.3.1.- La apoderada judicial de Comfandi y del
Fideicomiso «Ciudad de la Hacienda» interpuso recurso de
apelación, el cual soportó en estos argumentos:
1.3.1.1.- Se interpretó de forma irrazonable el numeral
3° del artículo 58 de la ley 1480 de 2011, por desconocer los
postulados que gobiernan la prescripción extintiva, al no
observar que el litigio se originó en una relación comercial
entre el consorcio y Comfandi, por lo que el término debió
contabilizarse desde que aquél tuvo conocimiento de la
imposibilidad de adelantar el proyecto en el año 2019, en
garantía de la seguridad jurídica y del orden justo. «Incluso si
tomáramos la fecha de… [la] instrucción, es decir, el 26 de
enero de 2021, la acción que pretende incoada por el Consorcio
se encuentra totalmente prescrita».
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1.3.1.2.- Se incurrió en una confusión entre el objeto
contractual y la finalidad del negocio fiduciario, pues,
aunque se trata de una fiducia inmobiliaria, el contrato
establece expresamente, en su cláusula segunda, que uno de
sus objetos es mantener la titularidad jurídica de los bienes
aportados. Función que se encuentra en ejecución, lo que
excluye la imposibilidad absoluta como causal de
liquidación, como erróneamente lo concluyó el a quo.
Recordó que la pretensión de terminación no se
fundamentó en el numeral 2° del artículo 1240 del Código de
Comercio, la cual refiere expresamente a la finalidad del
negocio fiduciario, sino que se fundamentó en el contrato,
que en sus cláusulas utiliza la expresión «objeto».
1.3.1.3.- Censuró que se penalizara la conducta de
Alianza Fiduciaria en nombre propio, sin considerar que
actuó como vocera del fideicomiso; también criticó que se
pasara por alto que su actuación se ajustó a la buena fe
exenta de culpa, pues realizó averiguaciones, no desconoció
los derechos de Comfandi como fideicomitente y valoró la
conducta confusa del Consorcio Vivienda Para Todos San
Cristóbal.
1.3.2.- Alianza Fiduciaria acudió al remedio vertical
soportado en estos motivos de disenso, los cuales desarrolló
al sustentar:
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1.3.2.1.- Se configuró la prescripción de la acción pues,
desde el 22 de octubre de 2019 se conocía la imposibilidad
de llevar a cabo el proyecto inmobiliario, por lo que desde
esta data arrancó el término para demandar.
1.3.2.2.- En el caso se está frente al fenómeno de la
coligación contractual o complementación, debiendo confluir
la voluntad de ambos fideicomitentes para autorizar la
liquidación, quienes son considerados consumidores
financieros. Además, el objeto contractual sigue
cumpliéndose, en el sentido de detentar la titularidad
jurídica de los inmuebles, lo que descarta la imposibilidad
absoluta como causal de terminación.
1.3.2.3.- La actividad fiduciaria no fue culposa, pues se
apegó a las disposiciones contractuales y a las instrucciones
que recibió, «sin contar que tratar de generar una
responsabilidad contractual a esta sociedad fiduciaria en
condición propia no tiene asidero jurídico, pues con este fallo
se desconoce el principio de separación patrimonial y la clara
diferencia entre las obligaciones de un contrato de fiducia y
las propias de una entidad financiera que actuó apegada a la
normatividad vigente». Además, no se probó el
incumplimiento o el daño, presupuestos para declarar la
responsabilidad.
1.3.2.4.- No podía afectarse la manifestación del
Fideicomitente B, quien instruyó que los bienes
permanecieran parqueados, de allí que era improcedente
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acceder a la liquidación según lo solicitado por uno de los
fideicomitentes.
1.3.2.5.- La fiduciaria actuó en protección de los
intereses del fideicomiso y de Comfandi, pues de haber
accedido a la liquidación hubiera provocado un perjuicio, en
contravía de las cláusulas contractuales. Además, la
terminación requiere de información que permita adelantar
la liquidación y transferencia de los bienes en parqueo, por
las dudas existentes sobre la persona competente para
adelantar el trámite, en tanto la fiduciaria no es juez ni
árbitro de las diferencias entre las partes y cuya fuente se
encuentra en el contrato de Alianza Estratégica.
1.3.2.6.- No se diferenció la actuación de la fiduciaria
en nombre propio y como administradora del fideicomiso, de
allí que se vinculara al trámite para responder con los bienes
y recursos propios, en desatención del principio de
separación patrimonial, motivo para denegar las
pretensiones.
1.3.2.7.- Encontró erróneamente interpretados los
artículos 1226 y siguientes del Código de Comercio, por
cuanto la fiduciaria observó celosamente las instrucciones de
los fideicomitentes y protegió los bienes fideicomitidos;
asimismo, satisfizo los deberes de lealtad y buena fe, pues
informó que la liquidación del fideicomiso sólo era posible por
una instrucción conjunta.
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2.- Consideraciones.
2.1.- En aplicación del artículo 328 del Código General
del Proceso, la Sala emitirá pronunciamiento únicamente
sobre los argumentos expuestos como fundamento de las
impugnaciones verticales.
Además, por brevedad, se entenderán reproducidas las
consideraciones efectuadas al desatar la casación respecto a
la legitimación en la causa por activa de las demandantes, en
razón de su calidad de consumidoras financieras, con el fin
de entender satisfecho este presupuesto procesal para emitir
decisión de fondo.
2.2.- Alegaciones sobre prescripción.
2.2.1.- Sobre la oportunidad que tienen los
consumidores para promover las acciones judiciales
especialmente diseñadas para la defensa de sus derechos, el
numeral 3° del artículo 58 de la ley 1480 de 2011 establece:
Las demandas para efectividad de garantía, deberán
presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la
expiración de la garantía y las controversias netamente
contractuales, a más tardar dentro del año siguiente a la
terminación del contrato
. En los demás casos, deberán
presentarse a más tardar dentro del año siguiente a que el
consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron
la reclamación. En cualquier caso deberá aportarse prueba de que
la reclamación fue efectuada durante la vigencia de la garantía
(negrilla fuera de texto).
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Este precepto estableció un término común de un año
para formular la acción respectiva, aunque varió la forma de
computar este plazo según la naturaleza de la reclamación.
Así, cuando se trata de hacer efectiva la garantía legal, el
lapso se cuenta desde el vencimiento del período legal o
contractual de garantía. En los litigios de carácter
eminentemente contractual, el período inicia con la
finalización de la relación negocial. En los demás casos, el
plazo se computa desde el instante en que el consumidor
tiene conocimiento efectivo de los hechos que dan lugar a la
reclamación.
Los dos primeros eventos se caracterizan porque el dies
a quo es objetivo, pues para su operatividad basta el
acaecimiento de una circunstancia material sin que tenga
incidencia la consciencia que tengan los interesados sobre su
ocurrencia. Mientras que el último es subjetivo, en tanto sólo
tiene operatividad a partir del momento en que el consumidor
conoce del hecho que da lugar a la reclamación.
Términos que podrán suspenderse, interrumpirse o
hacerse inoperantes, conforme a las reglas generales que
gobiernan la extinción del derecho a accionar por el paso del
tiempo, contenidas en la legación civil y procesal, según
corresponda.
Con todo, de existir dudas fundadas sobre el
agotamiento del término para accionar, procede acudir al
referido principio favor consumitoris, con el fin de que las
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incertidumbres interpretativas -por ambigüedad u
oscuridad- o los conflictos normativos -por antinomia o
anomia- se resuelvan del modo más beneficioso al
consumidor.
Así lo señaló esta Corporación, al advertir cómo se
resuelve una colisión entre disposiciones: «cuando el estatuto
especial sobre la materia se traduzca en la merma de las
garantías reconocidas a los consumidores en otras
codificaciones, como sucedería con la reducción de los plazos
para demandar, deberá acudirse a un entendimiento que
privilegie la regla más favorable, dejando rezagada la
aplicación de aquél para los casos en que exista un vacío o
comporte un beneficio para el sujeto débil de la relación»
(SC2850-2022).
2.2.2.- En el presente caso, como ya se anotó, el litigio
giró alrededor del contenido e interpretación del «Contrato de
fiducia mercantil de administración de proyecto inmobiliario
modalidad VIS exención tributaria, fideicomiso ‘Ciudadela La
Hacienda’», en particular, de las cláusulas novena y vigésimo
quinta, sobre finalización no satisfactoria de la etapa
preoperativa y
terminación del contrato
por imposibilidad de
desarrollar su objeto, respectivamente.
En este contexto, la controversia presenta un carácter
eminentemente contractual, relacionada con las obligaciones
asumidas por la fiduciaria en el marco del negocio de fiducia
mercantil, específicamente en lo concerniente a la restitución
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de activos y la liquidación del patrimonio autónomo.
Total, lo contractual se refiere a aquello que procede o
deriva de un contrato30, o sea, «la sujeción de las partes a los
efectos de su contrato: es decir, a las modificaciones
determinadas por el contrato en las posiciones jurídicas de las
partes, que estas soportan por el cómo el contrato las
determina»31. Lo cual, en el caso sub lite, se expresa en el
análisis de los deberes fiduciarios que asumió libremente la
fiduciaria al celebrar el contrato de administración de
proyecto inmobiliario.
Decantado lo anterior, se tiene que el término para
accionar estaba gobernado por la subregla que indica que la
demanda debía presentarse «a más tardar dentro del año
siguiente a la
terminación del contrato
». Y como la fiducia
mercantil celebrada con ocasión del proyecto inmobiliario
«Ciudadela La Hacienda» se encontraba en ejecución, para el
momento en que se inició el presente juicio, el plazo legal
para promover la reclamación judicial no había comenzado a
correr, lo que excluye que pueda hablarse de extinción del
tiempo para accionar.
2.2.3.- La propuesta hermenéutica de los apelantes,
que impele por aplicar el término de un año desde el
momento en que las demandantes conocieron de los hechos
que se invocan en este juicio, por tratarse de un contrato en
30 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, op. cit.
31 ROPPO, Vincenzo, El Contrato, Lima, Gaceta Jurídica, 2009.
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ejecución, además de desconocer la literalidad del artículo 58
de la ley 1480 de 2011, transgrede el principio favor
consumitoris.
En efecto, el Estatuto del Consumidor establece de
manera clara y diferenciada las reglas para el cómputo del
plazo con que cuenta el consumidor para presentar una
demanda, según se trate de la garantía legal, asuntos de
naturaleza contractual u otras materias, como ya se explicó.
En consecuencia, la regla de carácter subjetivo que invocan
las recurrentes solo resulta aplicable cuando no proceden las
directrices iniciales, amén de su carácter residual y
subsidiario. En este contexto, pretender que un asunto
contractual se gobierne por otro precepto, en verdad es una
confusión de plazos, que desatiende el mandato legal.
Incluso, aunque en gracia de discusión se aceptara que
la norma admite múltiples interpretaciones, lo cierto es que
debe preferirse aquella que sea más favorable al consumidor,
que es precisamente la que descuella de su literalidad, esto
es, que sólo con la extinción de la convención comienza a
contarse el plazo para accionar por lo acaecido en vigencia de
la misma.
2.2.4.- Las razones expuestas dan al traste con los
argumentos de las apelantes sobre esta materia.
2.3.- Distinción entre el objeto del contrato de
fiducia y la finalidad del fideicomiso.
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2.3.1.- Refiriéndose al objeto de los contratos, el
artículo 1517 del Código Civil señala que «[t]oda declaración
de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, que se
trata de dar, hacer o no hacer» (negrilla fuera de texto).
Tratándose de cosas, éstas deben existir -o esperarse que
existan-, ser comerciales, determinables y lícitas (artículos
1518 y 1519 ídem); cuando recae sobre un hecho, es
menester que «sea física y moralmente posible. Es físicamente
imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente
imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas
costumbres o al orden público» (artículo 1518).
Se evidencia que el objeto posee una doble dimensión,
que resulta esencial para comprender su naturaleza jurídica.
Por un lado, la dimensión material, hace referencia al bien o
derecho específico sobre el cual recae la convención, es decir,
aquello que constituye el contenido tangible o intangible del
acuerdo. Por otro lado, se identifica la dimensión jurídica,
que alude a la prestación que debe cumplir el deudor,
orientada a satisfacer el interés legítimo del acreedor dentro
del marco del negocio jurídico. Esta dualidad permite
entender que el objeto no se agota en la cosa o derecho en sí
mismo, sino que también comprende la conducta de dar,
hacer o no hacer que genera el vínculo contractual.
La doctrina nacional explica:
En general se estima que el objeto o contenido de los contratos
reside en las obligaciones que surgen d ellos mismos; pero a su
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vez las obligaciones también tienen un objeto o contenido. En el
lenguaje corriente se entiende en forma elíptica por contenido u
objeto de los contratos el de las obligaciones.
La palabra objeto (o contenido) se refiere en forma preponderante
a la conducta del deudor… Pero en la práctica del derecho suele
emplearse la palabra objeto en un sentido diferente cuando se
trata de obligaciones dar, pues se la utiliza para señalar la cosa
sobre que recae la conducta o deber jurídico…
Nuestro Código Civil en los artículos 1517 a 1523 emplea la
palabra objeto en estos dos sentidos. Así, mientras el artículo 1518
expresa que las cosas que se espera que existan pueden ser objeto
de una declaración de voluntad, el párrafo final del mismo texto se
refiere a los hechos o conductas de los deudores32.
Otros señalan:
Objeto de la obligación es primordialmente un
comportamiento humano. Es el deber de una persona, la
orientación que ella ha de dar a su conducta en forma útil para el
acreedor. Una conducta humana que se traduce en un
praestare o prestación: entregar un objeto determinado o bienes
de género de la calidad, en la cantidad y oportunidad señaladas
en el título, realizar una actividad personalísima o fungible, omitir
determinados actos en favor de otros sujetos.
Así el objeto primariamente consiste en un praestare positivo o
negativo, comisión o abstención, se desdobla no sólo en este
sentido inicial, sino en uno más íntimo: entregar un objeto
y realizar o abstenerse de realizar un acto, y de ahí por qué
se hable de que el objeto de la obligación pueda consistir en
una porción del mundo exterior (cosa) o en una actividad u
omisión del deudor (negrilla fuera de texto)33.
2.3.2.- Por otra parte, el artículo 1226 del Código de
Comercio define la fiducia mercantil como «un negocio jurídico
32 VALENCIA ZEA, Arturo, et al., De las obligaciones, Tomo III, Temis, 2010, p. 105.
33 HINESTROSA, Fernando, Derecho civil. Obligaciones, Universidad Externado de
Colombia, 1969, p. 26.
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en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o
fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a
otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos
o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada
por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero
llamado beneficiario o fideicomisario» (negrilla fuera de texto).
Mandato que enuncia, tanto el deber de administrar o
enajenar los bienes fideicomitidos en cabeza de la fiduciaria,
como la finalidad a la cual deben destinarse esos bienes, esto
es, el «objetivo pretendido con el contrato… dependiendo de
las necesidades y propósitos de las partes» (SC5438-2014,
reiterada SC107-2023). Propósito o móvil que «podrá
determinarse por el constituyente, fiduciante o fideicomitente,
exclusivamente en su provecho, y determinada, por éste, a
favor de un tercero» (SC, 1° de jul. 2009, rad. n.° 2000-
00310-01).
Además, el artículo 1227 ejusdem precisa que «[l]os
bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía
general de los acreedores del fiduciario y sólo garantizan las
obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad
perseguida».
Norma sobre la que esta Corporación tiene dicho que
«los bienes que entran a conformar el fideicomiso tienen una
tradición directamente condicionada a la finalidad de la
fiducia sin que puedan considerarse de propiedad de la
fiduciaria, al punto que deberá mantenerlos separados de los
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propios y de otras fiducias, de suerte que su identidad no se
pierda» (SC3971-2023).
De esta forma descuella que la finalidad, que es uno de
los elementos esenciales del contrato de fiducia, es el objetivo
que se persigue con ocasión de la constitución del
fideicomiso, en beneficio del fideicomisario y/o
fideicomitente.
2.3.3.- Resulta evidente, por tanto, que en el marco de
la fiducia mercantil deben distinguirse el objeto del contrato
y la finalidad que este persigue. En efecto, mientras aquél se
refiere, tanto a los bienes fideicomitidos, como a las
conductas a cargo de la fiduciaria en razón del contrato; la
finalidad es el móvil que se persigue con el encargo, que
puede ser de inversión, inmobiliaria, en garantía, de
comercialización de participaciones fiduciarias, de seguridad
social, entre otras.
De hecho, el numeral 6.1.4.2.3. del capítulo I del Título
II de la Parte II de Circular Externa n.° 029 de 2014 de la
Superintendencia Financiera de Colombia -en adelante C.E.
029/2014-34, al regular el informe de rendición de cuentas,
diferenció el «[o]bjeto y finalidad del negocio fiduciario».
Manifiestan los expertos:
34 La Circular Externa n.° 029 de 2014 estaba vigente para la fecha de los hechos. En
la actualidad fue subrogada por la Circular Externa n.° 006 del 25 de junio de 2025
de la Superintendencia Financiera de Colombia, por la cual se reexpide la Circular
Básica Jurídica, replicando los contenidos normativos referidos en este proveído.
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El objeto es un bien determinado o determinable: en el primer caso,
individualizado a la fecha de celebración; en el segundo,
haciéndose constar la descripción de los requisitos y
características que deben reunir los bienes. Dentro de los
requisitos de determinación y características, debe describirse el
tipo de bienes, la titularidad, gravámenes, desmembramientos, y
todo dato atinente a su situación jurídica.
Debe ser un bien actual o futuro'' En este último supuesto se debe
fijar el modo en que será incorporado al fideicomiso. El objeto
puede ser un bien o una pluralidad de ellos…
La causa-objetiva [finalidad] del contrato de fideicomiso puede ser
de garantía, custodia, administración, inversión, testamentaria.
Ello significa que, analizadas las costumbres contractuales, se
puede advertir las razones por las cuales se celebra este contrato,
y se las puede agrupar, dando lugar a "subtipos" legales. De este
modo, surge del fideicomiso financiero, el testamentario, el
ordinario o de administración y el de garantía35.
2.3.4.- No obstante lo anterior, la finalidad fiduciaria
presenta como particularidad que impregna todo el contrato,
por otorgarle unidad al negocio fiduciario y condicionar,
tanto la interpretación de sus cláusulas, como la forma en
que debe ejecutarse el encargo. Esto porque dicha finalidad
determina la destinación que puede darse a los bienes que
conforman el patrimonio autónomo.
De allí que los cánones 1227, 1229, 1233, 1234 -
numeral 1°- y 1240 -numerales 1° y 2°- del estatuto
mercantil, aludan a la finalidad fiducia para definir las
obligaciones que pueden ser garantizadas con los bienes
35 LORENZETTI, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos, Tomo III, Rubinzal-Culzoni
Ed., Buenos Aires, 2000, p. 315 y 317.
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fideicomitidos, la temporalidad para designar al
fideicomisario, la conformación del patrimonio autónomo, el
comportamiento exigible de la fiduciaria, y las causales de
terminación del negocio jurídico, respectivamente.
Especialmente, la finalidad orienta y deslinda el objeto
del contrato fiduciario, en tanto éste «[c]omprende las
gestiones o actividades específicas constitutivas de la
finalidad del negocio» (negrilla fuera de texto), las cuales
deben estar enunciadas clara y completamente «según el tipo
de negocio fiduciario celebrado», dejando en claro «la
conveniencia y necesidad de la utilización del vehículo
fiduciario» (numeral 2.3.1. del capítulo I del Título II de la
Parte II de la C.E. 029/2014).
2.3.5.- Descendiendo al «Contrato de fiducia mercantil
de administración de proyecto inmobiliario modalidad VIS
exención tributaria, fideicomiso ‘Ciudadela La Hacienda’», se
tiene que las partes incorporaron los elementos a que se ha
hecho referencia con la siguiente enunciación:
Cláusula primera. Definiciones… 7. El proyecto: denominado
‘Ciudadela La Hacienda’, conformado por aproximadamente 1012
unidades de vivienda… Las soluciones de vivienda se
desarrollarán en el predio fideicomitido, sobre un lote de terreno
denominado Lote Sur 1, identificado con la matrícula inmobiliaria
N° 384-123621, con un área de 16 has 1322,91 M2, ubicado en el
Plan Parcial 5, en el Paraje Morales Zanjón Hondo del Municipio de
Tuluá, Valle del Cauca, en predio rural denominado San Cristóbal,
Plan Parcial Adoptado mediante Decreto 0626 del 25 de julio de
2.011…
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11. Finalidad del fideicomiso. De conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 9 de 1.989, modificado por el artículo
58 de la Ley 388 de 1.997, el presente patrimonio se crea con la
finalidad exclusiva de desarrollar un proyecto de vivienda
de interés social, siendo la adquisición de inmuebles a
fideicomitir en dicho patrimonio autónomo declarada de
utilidad pública o interés social por efectos de la norma citada.
Cláusula segunda. Objeto: Consiste en que Alianza como vocera y
administradora del Fideicomiso que por este contrato se
constituye: 1) Mantenga la titularidad jurídica de los bienes
que se llegaren a transferir para la conformación del fideicomiso y
de aquellos que en ejecución del presente contrato le sean
transferidos posteriormente. 2) Permita a El Desarrollador del
Proyecto desarrollar por su cuenta y riesgo, y bajo su exclusiva
responsabilidad financiera y administrativa, un proyecto de
urbanización y construcción… 3) Reciba, administre y
mantenga invertidos para el fideicomiso los recursos
provenientes de los adquirentes de los bienes. 4) Una vez
alcanzadas las condiciones de inicio de proyecto, efectuar… los
giros en favor de quien se señale en la respectiva orden de giro…
5) Constituya un patrimonio autónomo con la finalidad
exclusiva de desarrollar un proyecto destinado al fin de
utilidad pública establecido en el literal b del artículo 58 de la Ley
388 de 1.997… 6) Transfiera a los adquirentes de bienes las
unidades a las que tenga derecho según los contratos suscritos
con el desarrollador del proyecto, y a los beneficiarios las
unidades remanentes… 7) Entregue a los beneficiarios los
bienes o recursos que se encuentren formando parte del
fideicomiso al momento de liquidarlo, o antes según les
corresponda. 8) Certifique… que los predios fideicomitidos fueron
aportados para el desarrollo del proyecto… 9) Certifique… el valor
de las utilidades obtenidas… 10) Transfiera a los adquirentes
de bienes las unidades a las que se tenga derecho según los
contratos suscritos con el desarrollador del proyecto, o a los
beneficiarios las unidades restantes del proyecto, si las hubiere.
11) Entregue a los beneficiarios los bienes o recursos que se
encuentren formando parte del fideicomiso al momento de
liquidarlo, o antes según les corresponda (negrilla fuera de texto).
Examinada la transcripción despunta que las partes
establecieron que: (i) la finalidad fiduciaria es el desarrollo
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del proyecto inmobiliario denominado «Ciudadela La
Hacienda», conformado por 1012 unidades de vivienda; (ii) el
objeto material es el lote de terreno en que se levantarían las
construcciones, ubicado en el Municipio de Tuluá, Valle del
Cauca; y (iii) el objeto jurídico comprende las diferentes
conductas a que se obligó la fiduciaria, tales como la
constitución del patrimonio autónomo, detentación de la
titularidad de los bienes fideicomitidos, administración de los
recursos recibidos, permisión para que se efectué el proyecto
urbanístico, transferencia de las unidades inmobiliarias a los
adquirentes y devolución de los activos a la finalización del
encargo.
También se extrae que las partes reconocieron un
vínculo inescindible entre la finalidad y el objeto fiduciario,
en tanto los bienes fideicomitidos fueron aportados
exclusivamente con el propósito de viabilizar la construcción
de la ciudadela y las obligaciones positivas asumidas por la
fiduciaria se estructuraron en torno a las distintas fases del
desarrollo urbanístico.
De este modo, se pone de manifiesto que la distinción
entre objeto y finalidad no implica una separación absoluta
entre estos elementos. Por el contrario, la finalidad cumple
un papel interpretativo esencial, al permitir esclarecer el
verdadero alcance del objeto dentro del negocio jurídico.
2.3.6.- La reflexión realizada es esencial para
desentrañar el alcance del ordinal 2° de la cláusula
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vigesimoquinta del contrato de fiducia mercantil, según la
cual, este negocio «terminará… [p]or imposibilidad de realizar
su objeto».
Y es que, si bien la previsión negocial se refiere al objeto,
que, como ya se explicó, corresponde al inmueble sobre el
que se realizará el proyecto inmobiliario -objeto material- y a
las conductas positivas de la fiducia para recibir el fundo,
permitir la construcción, constituir el patrimonio autónomo
y transferir las unidades inmobiliarias a los adquirentes -
objeto comportamental-, lo cierto es que este contenido debe
interpretarse dentro de la finalidad señalada para la fiducia
mercantil, como era construir 1012 unidades de vivienda,
ajustada a 192 con ocasión del «primer otrosí a la alianza
estratégica entre la Caja de Compensación Familiar del Valle
del Cauca – Comfamiliar Andi – Confamdi y el Consorcio
Vivienda para Todos – San Cristóbal».
En este contexto, la imposibilidad de desarrollar el
objeto del contrato de fiducia, resulta comprensivo de
variadas hipótesis, entre otras: (i) la no transferencia del
inmueble para acometer la urbanización, (ii) la inviabilidad
de que la fiduciaria cumpla todas o algunas de las conductas
positivas y esenciales a que se comprometió, y (iii) el
impedimento de realizar la construcción y que, como
consecuencia, resulte pueril la ejecución de las prestaciones
esenciales de la entidad de servicios financieros.
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2.3.7.- Como en el caso deviene pacífico, por no haber
sido cuestionado en la apelación, que la urbanización
«Ciudadela la Hacienda» no podía construirse para el
momento en que se promovió el litigio, se tiene que el objeto
negocial igualmente se tornó inalcanzable, pues su razón de
ser decayó en el vacío.
A lo cual debe agregarse que, por fuerza del fracaso del
móvil fiduciario, varias de las actividades esenciales que
integran el objeto del contrato no podrán satisfacerse,
tornándose imposibles. Total, ante la ausencia de actividad
constructiva y consecuentes unidades habitacionales,
Fiduciaria Alianza no podrá permitir «desarrollar… un
proyecto de urbanización y construcción», recibir y
administrar «los recursos provenientes de los adquirentes de
bienes», ni transferir «a los adquirentes de bienes las
unidades a las que tenga derecho», que eran conductas
positivas indispensables en el contexto de una fiducia
inmobiliaria.
Luego, no erró el a quo al considerar satisfechos los
requisitos del ordinal 2° de la cláusula vigesimoquinta del
contrato de fiducia mercantil, con la consecuente orden de
liquidación del patrimonio autónomo.
2.4.- Mutación de la finalidad fiduciaria.
Anticípese que las pruebas obrantes en el plenario no
dan cuenta de un cambio en la finalidad que sirvió al
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contrato de fiducia, para abandonar la inmobiliaria y pasar
a la mera administración, como se dilucida en lo que sigue.
2.4.1.- El principio de buena fe, reconocido para fines
contractuales en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del
Código de Comercio, es venero de múltiples efectos, dentro
de los cuales está servir como mecanismo para concretar la
forma en que deben cumplirse las obligaciones negociales.
Total, «la buena fe conduce, aparejadamente, a que en
cada sujeto surja válidamente la expectativa legítima de que
los demás, cuando se establecen relaciones interpersonales
con relevancia para el derecho, van a proceder en forma
coherente con sus conductas o comportamientos precedentes,
generándose así un clima de confianza y seguridad que, en
buena medida, se erige en uno de los pilares fundamentales
de la vida en sociedad, toda vez que sirve a la convivencia
pacífica y a la vigencia de un orden justo, que, como lo
consagra el artículo 2º de la Constitución Política, son fines
esenciales del Estado social de derecho» (SC10326-2014).
Por tanto, para evaluar una conducta en el marco de
una relación contractual de tracto sucesivo o de duración, es
menester tener en cuenta lo acaecido entre las partes con
anterioridad. «Realizado este ejercicio, si lo acaecido no
correspondió a lo que en el pasado inmediato tuvo lugar; si no
hay puentes comunicantes entre una y otra conducta que le
mantengan en su esencia, significa que el acto propio no fue
respetado y, contrariamente, el proceder desplegado
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contradijo su inmediato antecedente, esto es, vulneró el
principio analizado» (SC, 24 ene. 2011, rad. n.° 2001-00457-
01).
2.4.2.- El «Contrato de fiducia mercantil de
administración de proyecto inmobiliario modalidad VIS
exención tributaria, fideicomiso ‘Ciudadela La Hacienda’»,
como ya se explicó en este proveído, tuvo como finalidad el
desarrollo de un proyecto inmobiliario en el municipio de
Tuluá, como se indica de forma expresa en las cláusulas
primera -numeral 7°-, segunda -numeral 2°-, tercera -
numeral 3.4.-, sexta, séptima, octava, novena, décima,
décima cuarta -numerales 1° y 26-, décima octava, vigésima,
vigésimo segunda, vigésimo quinta, y vigésimo sexta, que al
unísono refieren al proyecto, que no es otro que la actividad
constructiva.
Empresa que, según el primero otrosí a la «Alianza
Estratégica» del 29 de agosto de 2018, se acotó a 192
unidades; y conforme al asegundo otrosí, del 2 de octubre de
2018, a 9.052.76 M2, obligándose Comfandi a aportar
$1.600.438.543 equivalente a una participación del 64.8%
de las utilidades o pérdidas del proyecto, y el Consorcio
$936.431.421, correspondiente al 35.2%.
En comunicación del 26 de enero de 2021, elaborada
por los representantes legales del consorcio y de Comfandi,
así como los propietarios del terreno, y dirigida a Alianza
Fiduciaria, se afirmó: «Al Consorcio Vivienda para Todos San
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Cristóbal, se le debe transferir a título de beneficio en fiducia
mercantil los lotes denominados Multifamiliar 10, Multifamiliar
11 y Multifamiliar 12. De igual manera, estos lotes se
transferirán a título de adición en fiducia mercantil a Alianza
Fiduciaria S.A. como vocera y administradora del Fideicomiso
Ciudadela La Hacienda, es decir, estos tres inmuebles
continúan en parqueo inmobiliario dentro del
mencionado fideicomiso».
Al año siguiente, esto es, el 26 de enero de 2022, la
apoderada judicial del consorcio solicitó a la demandada «la
terminación del contrato
de fiducia mercantil», su liquidación
y la restitución de los inmuebles en su favor, la cual fue
respondida el 9 de febrero del mismo año, con la
manifestación de que era necesaria la solicitud conjunta del
desarrollador del proyecto y/o beneficiarios del patrimonio
autónomo para acceder a los pedimentos realizados.
2.4.3.- A partir de este recuento queda al descubierto
que la intención de las partes fue la construir la
urbanización, cuyos alcances se ajustaron según las
posibilidades reales de ejecución, aunque al final de cuentas
no pudo acometerse por múltiples dificultades organizativas
y administrativas.
Propósito que se encuentra inmanente en la
comunicación del 26 de enero de 2021, en la cual se dispuso
que los fundos continuaran en «parqueo» en el patrimonio
autónomo.
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De un lado, porque el «parqueo» «se caracteriza por
establecer dentro de su objeto que la sociedad fiduciaria
detente la titularidad del inmueble, en su condición de titular
y como vocera del patrimonio autónomo, hasta el cumplimiento
de las condiciones establecidas en el acto constitutivo o de las
instrucciones que imparta el fideicomitente»36, lo que se
traduce en que esta orden es instrumental al objeto
fiduciario, en el sentido de que busca que los activos
fideicomitidos sigan bajo la custodia de la entidad de
servicios financieros, a la espera de que pueda acometerse el
propósito que justifica el negocio fiduciario.
Luego, esta directriz en verdad es un desarrollo del
contenido contractual, en el sentido de exigir de la fiduciaria
que cumpliera las obligaciones a su cargo, en el sentido de
mantener «la titularidad jurídica de los bienes que se llegaren
a transferir» (cláusula segunda) y «recibir para el fideicomiso
el bien inmueble sobre el cual el desarrollador del proyecto
desarrollará… el proyecto».
Carga es común a todas las operaciones fiduciarias,
como se extrae de los numerales 2, 4 y 6 del artículo 1234
del Código de Comercio, que imponen a la entidad
especializada en servicios financieros mantener la titularidad
del patrimonio autónomo, realizar actividades conservativas
36 Superintendencia Financiera de Colombia, concepto n.° 2012043756-001, 2 ag.
2012.
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90
y destinar los bienes transferidos al fin señalado en el acto
constitutivo, en su orden.
De otro parte, porque del escrito no se extrae la
intención expresa o tácita, por parte de los fideicomitentes,
de abandonar el objetivo la urbanización, lo que debió
traducirse en un otrosí al contrato de fiducia y a la alianza
estratégica, con la voluntad de todos los intervinientes.
Suponer que un acto que no emana de todas las partes
negociales, sino sólo de un grupo de ellas, pueda alterar la
convención en el que intervinieron otros sujetos, es dejar sin
efecto el carácter obligatorio del contrato y el valor normativo
de la voluntad, principios esenciales del sistema de derecho
privado nacional.
Con todo, una revisión de las modificaciones al acuerdo
de cooperación y a las cesiones de derechos, deja al
descubierto que los intervinientes hacen mención expresa al
proyecto y a la fiducia mercantil, sin advertir sobre su
extinción o novación por un acuerdo de administración, de lo
que se extrae su voluntad de conservarlos inalterados.
De esta forma se excluye que, en aplicación de la teoría
de los actos propios y por haberse desertado del proyecto
inmobiliario, se hiciera inaplicable la causal de terminación
consistente en la imposibilidad de cumplir con su objeto,
como se alegó incorrectamente por las apelantes.
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
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2.5.- Atribuciones de la fiduciaria en la liquidación
del negocio fiduciario.
Sobre los efectos de la orden del a quo de liquidar el
patrimonio autónomo, en la misión reconocida a la fiduciaria,
adviértase que no supone atribuir calidades que están por
fuera de su objeto social, siendo de imposible ejecución, en
descrédito de los razonamientos de las intervinientes en alza.
2.5.1.- La liquidación de los contratos en el derecho
privado es una figura de escasa regulación, en tanto el
legislador no previó reglas especiales para su
adelantamiento, salvo para algunos casos especiales, como
sucede con el contrato de sociedad (artículos 225 a 259 del
Código de Comercio), la sociedad de hecho (artículos 505 y
506 ibídem), las cuentas en participación (artículo 514 ídem),
y la cuenta corriente (artículos 1245 y 1249 ejusdem).
Sin embargo, a partir de los principios generales del
derecho contractual es posible establecer unas directrices
aplicables al período liquidatorio, con el fin de garantizar su
propósito último, como es la determinación de los conceptos
y cuantías que se adeudan las partes con ocasión de la
ejecución o
terminación del contrato
, así como la forma en
que se distribuirán los remanentes en desarrollo de la
actividad.
En primer lugar, el pacta sunt servanda indica que la
liquidación deberá sujetarse a las prescripciones
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contractuales libremente asentidas, las cuales resultan
imperativas para quienes asintieron en ellas, salvo que sean
contrarias al orden público, la moral social o las buenas
costumbres.
En segundo orden, como las partes deben ejecutar el
contrato de buena fe, según lo establece el canon 1603 del
Código Civil, en la liquidación los contratantes deben actuar
«con honradez, probidad, honorabilidad, transparencia,
diligencia, responsabilidad…sin dobleces… honestidad,
lealtad, corrección» (SC2218-2021).
Además, se deben evitar prácticas o conductas abusivas
entre los contratantes, así como la utilización de la
liquidación para enriquecerse sin justa causa, por estar
proscritos estos comportamientos en los cánones 830 y 831
de la codificación mercantil.
Por otra parte, es menester que en el trámite de
liquidación se salvaguarden los derechos de defensa y
contradicción de todos los interesados, con el fin de que
puedan expresarse y discutir sobre los conceptos, saldos,
compensaciones y demás variables relevantes para
establecer las cuentas de corte, como lo impone el artículo
29 de la Constitución Política.
Por último, la jurisprudencia ha señalado que, como la
liquidación está orientada a definir «aportes y gastos, activos
y pasivos, utilidades o pérdidas, etc.», tiene autonomía
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
93
respecto al «daño cuya reparación se persigue», por lo que éste
no hace parte de «los factores que pudieran ser la materia de
la liquidación del contrato», «ni requiere para su comprobación
de que dicha liquidación ya se hubiese realizado, sin perjuicio
de que cuando dicha labor se realice las indemnizaciones
correspondientes deban tenerse en cuenta» (SC, 26 ag. 2011,
rad. n.° 2002-00007-01).
2.5.2.- En materia fiduciaria existen algunas
disposiciones sobre la liquidación del patrimonio autónomo,
resaltándose las siguientes:
(i) Es deber de las fiduciarias mantener informados a
todos los concernidos sobre los riesgos, limitaciones técnicas,
aspectos negativos y ejecución de sus prestaciones, en
desarrollo de la liquidación del contrato (numeral 2.2.1.2.1.
del capítulo I del Título II de la Parte II de la C.E. 029/2014).
(ii) Dentro del contrato debe «establecerse de modo claro
el procedimiento para la liquidación del contrato y los términos
para hacerla, incluyendo los eventos en los cuales haya
necesidad de hacer pagos por conceptos de impuestos, tasas,
contribuciones, etc. para la restitución de los bienes
fideicomitidos» (numeral 2.3.12.).
(iii) En la revisión que hace la Superintendencia del
ramo de los contratos empleados o celebrados por las
fiduciarias no valora, aprueba o manifiesta conformidad con
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la validez o eficacia de las estipulaciones sobre la liquidación
(numeral 3.3.).
(iv) Antes de realizar la restitución de los bienes
fideicomitidos, el fiduciario debe «cancelar anticipadamente a
tal restitución las obligaciones contraídas en cumplimiento de
la finalidad señalada en el contrato y, en el evento de existir
obligaciones contingentes, el deber de efectuar las provisiones
necesarias para atender a su eventual cancelación» (numeral
4.3.), regla aplicable analógicamente a las causales de
terminación que sean compatibles con su contenido.
(v) De existir dudas para el adelantamiento del trámite,
o en caso de que haya necesidad de separarse del mismo, la
fiduciaria deberá pedir instrucciones a la Superintendencia
Financiera de Colombia, la que a su vez deberá citar a los
fiduciantes y beneficiarios (numeral 5° del artículo 1234 del
Código de Comercio).
2.5.3.- En el contrato fiduciario que concita el presente
litigio, las partes pactaron que, a la terminación, «Alianza
procederá a la liquidación del fideicomiso», sujeta a las pautas
compendiadas en la cláusula vigésima séptima, relievándose:
(i) Información: la fiduciaria solicitará a los beneficiarios
la «información necesaria para efectuar» la liquidación, esto
es, a los fideicomitentes y al desarrollador del proyecto,
quienes tendrán un mes para entregarla.
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(ii) Temporalidad: será «la necesaria para el cabal
cumplimiento de esta finalidad», huelga decirlo, la
liquidación.
(iii) Facultades fiduciarias: Alianza Fiduciaria sólo
podrá realizar las gestiones para la liquidación, «sin perjuicio
de las obligaciones que le conciernen compatibles con la
situación de liquidación».
(iv) Transferencia de unidades: de existir unidades
inmobiliarias pendientes de transferencia, en favor de los
adquirentes de bienes, deben enajenarse como condición
previa a la liquidación final.
(v) Pagos en favor de la fiduciaria: se procederá a
solucionar, de forma preferente, las erogaciones y
remuneraciones pendientes en beneficio de Alianza
Fiduciaria.
(vi) Pago de pasivos: «se procederá al pago de los pasivos
del fideicomiso y de las obligaciones que aparezcan
garantizadas con los bienes que entonces estén en cabeza de
él». Dentro de estas obligaciones se encuentran las
«obligaciones a favor de Comfandi», «desistimiento de ventas
a los adquirentes de bienes o terceros compradores» y «los
gastos y costos directos o indirectos» (cláusula décima
cuarta). De existir obligaciones pendientes a cargo del
fideicomiso, no pueda avanzarse en la liquidación.
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(vii) Remanentes: los remanentes -bienes o recursos- se
distribuirán entre los beneficiarios. Para el reparto, se
seguirá lo que éstos acuerden libremente (numeral 4° de la
cláusula décima quinta), quienes a su vez tienen la obligación
de recibir «la transferencia del dominio y la posición de los
bienes que, después de pagados todos los pasivos y
cumplidas todas las obligaciones a cago de El Fideicomiso, se
encuentren en cabeza de él, teniendo siempre en cuenta, en el
caso de los cesionarios, la modalidad de cesión hecha»
(numeral 6 ídem). De no alcanzarse concertación, la
distribución se hará según la participación de los
fideicomitentes en el fideicomiso, «conforme a la Alianza
Estratégica [suscrita] para el desarrollo del proyecto»
(cláusula décima séptima).
(viii) Rendición de cuentas: la fiduciaria debe rendir
cuentas a los beneficiarios, a la terminación del proceso,
quienes tienen treinta días para objetarlas.
2.5.4.- Decantado lo anterior se tiene que Alianza
Fiduciaria, en el marco de la liquidación, tiene funciones
claramente señaladas, tocantes a la determinación de los
aportes realizados por los fideicomitentes, los gastos
pendientes de solución, la valuación de los activos, las
utilidades o pérdidas de cierre, los remanentes a distribuir,
entre otras variables requeridas para la terminación
definitiva del patrimonio autónomo.
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
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Para estos fines, debe requerir de los beneficiarios la
información que sea necesaria, mantener informados a todos
los intervinientes sobre riesgos, dificultades y
determinaciones adoptadas, pagar los pasivos externos del
patrimonio autónomo, distribuir los remanentes, rendir la
cuenta final de liquidación, y demás actividades que sean
connaturales a la actividad.
De existir dudas en la sociedad fiduciaria, o cuando
deba apartarse de las directrices señaladas por las partes con
el fin, por ejemplo, de garantizar el principio de equidad, la
evitación del abuso del derecho o de enriquecimientos sin
justa causa, deberá acudir a los interesados para que
expresen su voluntad o, de ser el caso, a la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Nótese que, dentro de estas atribuciones, no se
encuentra la de resolver las controversias que puedan tener
los contratantes de la Alianza Estratégica, a diferencia de lo
invocado en la censura impugnaticia.
Total, este negocio jurídico compromete intereses
particulares de quienes manifestaron su voluntad, sometido
a las reglas de resolución de conflictos allí señaladas, como
es el pacto arbitral, por el que se delegó a unos particulares,
denominados árbitros, la definición de las eventuales
controversias.
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
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Luego, Alianza Fiduciaria debe acotarse a cumplir con
las disposiciones legales y convencionales aplicables a la
liquidación del patrimonio autónomo y, de encontrar que las
partes tienen litigios o controversias sobre materias que son
ajenas a su misión, deberá asegurarse de no abrogarse
funciones de las que carece, ni invadir competencias que
constitucional y legalmente le son ajenas.
Claro está, lo expuesto sin perjuicio de la necesidad de
adelantar las acciones judiciales o administrativas
necesarias para defender los bienes fideicomitidos, contra
actos de terceros, de beneficiarios o de los mismos
constituyentes.
En este punto se cierra, entonces, la prosperidad de la
apelación.
2.6.- Coligación contractual.
La conclusión expuesta en el numeral anterior no se
altera frente al reconocimiento de que existe conexidad entre
el contrato de fiducia inmobiliaria y la Alianza Estratégica, en
oposición a lo argüido por la accionante en su impugnación.
2.6.1.- Ante la complejidad de la actividad inmobiliaria
es usual que intervengan múltiples actores, «quienes tienen
roles interconectados para lograr una finalidad común: la
construcción de las unidades inmobiliarias y su colocación
entre los futuros adquirentes», por medio de «un modelo en el
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que cooperan variados actores y actividades, según el estado
de desarrollo de la obra, con lo cual se garantiza su
especialidad y se favorece la confianza de los inversionistas»
(SC107-2023).
Algunos de estos personajes, según el recuento de la
jurisprudencia de esta Corporación, son:
(I) Diseñador: es el profesional encargado de realizar los diseños y
planos de la edificación, en los elementos estructurales,
arquitectónicos y no estructurales (numerales 11, 12 y 13 del
artículo 4° de la ley 400 de 1997).
(II) Constructor: es el encargado de adelantar la obra material
(numeral 9° ibidem).
(III) Promotor inmobiliario: es la persona responsable de dar a
conocer el proyecto constructivo e impulsar las ventas entre los
interesados.
(IV) Sociedad fiduciaria de preventas: es una entidad
especializada que, en desarrollo de un contrato de fiducia o
encargo fiduciario de preventas, se compromete a vincular a los
inversores por medio del «aporte de dinero… [para] adquirir uno o
más inmuebles a construirse dentro de un proyecto inmobiliario»,
para que «asuma la administración de los mismos para la
ejecución del proyecto inmobiliario» y, cumplidos los requisitos
contractuales, los entregue a la persona indicada en el acto
constitutivo (numeral 5.2.2. del capítulo I del Título II de la Parte II
de la Circular Externa 034 de 2018 de la Superintendencia
Financiera de Colombia).
(V) Sociedad fiduciaria de inversión: es el profesional fiduciario
encargado de invertir los recursos entregados por los
inversionistas, esto es, buscar utilidades por medio de réditos o de
un mayor valor por reventa, en el interín comprendido entre su
entrega a la sociedad fiduciaria por fuerza del negocio de
preventas y su disposición en favor del responsable de la
construcción.
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100
(VI) Sociedad fiduciaria de administración y pagos: es el agente a
quien se le transfiere el inmueble en que se desarrollará la
edificación, «para que administre el proyecto inmobiliario, efectúe
los pagos asociados a su desarrollo de acuerdo con las
instrucciones señaladas en el acto constitutivo y transfiera las
unidades construidas a quienes resulten beneficiarios del
respectivo contrato» (numeral 8.2.1. ídem).
(VII) Inversionista: es el interesado en adquirir una unidad
inmobiliaria, quien se obliga a realizar pagos anticipados del
precio de venta, los cuales serán entregados en desarrollo del
contrato de preventas, para ser administrados por la fiduciaria
encargada de la inversión y, finalmente, transferidos al
constructor una vez se cumplan las condiciones señaladas en
aquélla (SC107-2023).
2.6.2.- Ahora bien, la forma como interactúan los
diferentes intervinientes en la «fiducia inmobiliaria» depende
de la relación que se contraiga, toda vez que alrededor de esta
gravitan una multiplicidad de nexos coligados entre sí,
aunque sus implicaciones no siempre sean vinculantes para
todos.
La Corte tiene decantado:
Dada la evolución constante de las relaciones económicas, y el
fenómeno de la globalización, actualmente es práctica común que
para alcanzar un determinado objetivo sea necesario celebrar
varios actos o negocios jurídicos, que sin perder su autonomía y
características, en no pocas ocasiones, necesitan coordinarse o
interrelacionarse entre sí para alcanzar el propósito fijado, dando
así surgimiento a lo que se conoce como “contratos coligados”, ora
“recíprocos” o “vinculados”, según el grado de sujeción o ligamen
que los ate…
[L]a característica esencial de la coligación contractual es, como lo
adoctrinó esta Corte ‘la pluralidad negocial, la relación o coligación
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
101
teleológica, la unilateriedad y unicidad funcional proyectada en
una finalidad común, única, convergente u homogénea orientada
a un propósito práctico único no susceptible de realización singular
por cada uno de los contratos sino en virtud del conjunto y de
todos, sin originar un negocio nuevo, autónomo o único (…)
permaneciendo en todo instante la unión de todos’ (CSJ SC 1° jun.
2009, rad. 2002-00099-01), los cuales, como lo precisó la Sala en
tiempos más recientes, ‘están llamados a actuar como un todo, y
no aisladamente’ (CSJ SC18476-2017, 15 nov., rad. 1998-00181-
02; en el mismo sentido CSJ SC5690-2018, 19 dic., rad. 2008-
00635-01) (SC3971-2022).
Y frente al débito obligacional clarificó:
Cada actor interviene con base en un contrato específico, de los
cuales emanan obligaciones y derechos para sus suscriptores
según su naturaleza. Sin embargo, ante la existencia de una
finalidad común, surge una coligación negocial, de la cual emanan
cargas y deberes adicionales que son transversales a la red de
contratos, siendo exigibles de manera general…
Se tiene, como consecuencia de lo dicho, que en la coligación
contractual emergen obligaciones propias de las convenciones
celebradas entre los interesados, cuya desatención podrá ser
reclamada por éstos; y, adicionalmente, hay débitos que brotan de
la red de contratos, frente a los cuales existe una legitimación en
la causa ampliada para pretender su satisfacción. Es aceptado en
la jurisprudencia que, fruto de la red formada entre los negocios
jurídicos, emanan ‘deberes de conducta para todos los
intervinientes, que responden al imperativo de que ese novo objeto
se constituya debidamente, se mantenga y cumpla sus fines’ (CSJ,
SC18476, 15 nov. 2017, rad. n.° 1998-00181-02) (SC107-2023).
En suma, a la fiducia inmobiliaria pueden coligarse
otros acuerdos de voluntades, ya sea con la intervención de
los pactantes originarios o de terceros interesados en el
cumplimiento del objeto para el cual fue constituida, cuya
relevancia y trascendencia deriva de los efectos y
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
102
consecuencias que pueden llegar a ser materia de
reclamación en determinado momento.
2.6.3.- En el sub examine es tiene que existe coligación
entre el «contrato de fiducia mercantil de administración de
proyecto inmobiliario modalidad VIS exención tributaria,
fideicomiso ‘Ciudadela La Hacienda’», firmado el 3 de
noviembre de 2015, y la «Alianza Estratégica entre la Caja de
Compensación Familiar del Valle del Cauca-Comfamiliar Andi
– Comfandi- y el Consorcio Vivienda para Todos-San
Cristóbal», del 26 de febrero de 2016, como fue expuesto por
la demandada en el curso del proceso.
A este colofón se arriba al considerarse que estas
convenciones se suscribieron para permitir un objetivo
común: desarrollar el proyecto de vivienda denominado
«Ciudadela La Hacienda». La primera, por medio del
establecimiento de un mecanismo jurídico destinado a recibir
el lote de terreno, administrar los recursos captados de los
adquirentes de unidades inmobiliarias, realizar la tradición a
los beneficiarios y liquidar los remanentes (cláusula
segunda). La segunda, a través de la definición de los
responsables de las actividades de «promoción, construcción,
comercialización, ventas y financiación» (cláusula primera).
Además, en el contrato de fiducia se previó
expresamente la necesidad de la alianza estratégica, con el
fin de establecer los aportes y participaciones que tendrían
los beneficiarios en el desarrollo del proyecto, como se indicó
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103
en la cláusula décima séptima. A su turno, en el contrato de
alianza se trajo a colación el negocio fiduciario en el ordinal
XI de las consideraciones, con la manifestación de que la
fiduciaria es la receptora de las instrucciones de los
propietarios del lote según el ordinal XII.
Finalmente, como ambos negocios jurídicos están
suscritos por un representante de Comfandi y del Consorcio,
dable es extraer que conocían de su existencia y
comprendían los vasos comunicantes entre ellos.
De esta forma, descuella que existe una causa común
que une o vincula las convenciones, encontrándose una
coligación entre ellas, con el fin de viabilizar el desarrollo del
proyecto urbanístico.
2.6.4.- Ahora bien, el reconocimiento de esta conexidad
no se traduce en la imposición de un deber para la sociedad
fiduciaria, como parece entenderlo incorrectamente ésta, de
evaluar la forma en que se cumplió la Alianza Estratégica y,
menos aún, resolver las eventuales diferentes entre sus
suscriptores.
Y es que, la coligación se expresa en el reconocimiento
de obligaciones que son comunes a todos los intervinientes,
fruto de las convenciones coligadas o del principio de buena
fe, así como en la ampliación de la legitimación en la causa
por activa y pasiva, sin comprender la atribución de
competencias jurisdiccionales a alguno de los integrantes de
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
104
toda la red, para resolver todas las controversias que existan
entre los intervinientes, en desconocimiento del régimen
constitucional y legal vigente sobre el ejercicio de funciones
jurisdiccionales.
Remárquese, dentro de las operaciones autorizadas a
las sociedades fiduciarias, según el artículo 29 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, no se encuentra la de servir
como árbitro, conciliador, amigable componedor, mediador,
o cualquier otro instrumento que sirva para la
heterocomposición o autocomposición de litigios originados
en vínculos contractuales. Por tanto, pretender que de la
coligación emerja alguna de estas atribuciones en la sociedad
fiduciaria, no sólo resulta excesivo, sino contrario a una
norma imperativa. Se agrega que Alianza Fiduciaria no se
comprometió, en el contexto del negocio fiduciario
inmobiliario, a evaluar, participar o resolver controversias,
por lo que asignarle estas cargas desatiende la convención
pactada.
2.6.5.- En todo caso, si la demandada, como resultado
de la conexión negocial, y en desarrollo de su deberes de
«[r]ealizar diligentemente todos los actos necesarios para la
consecución de la finalidad fiduciaria» (numeral 1° del
artículo 1234 del Código de Comercio), estima que es
necesario esclarecer lo ocurrido en el negocio de Alianza
Estratégica, con el fin de viabilizar la liquidación del contrato
de fiducia mercantil, deberá acudir a los mecanismos
judiciales pertinentes que le permitan defender los activos del
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
105
patrimonio autónomo (numeral 4 ejusdem).
Precísese, no se trata de que la fiduciaria asuma
competencias que no le corresponden, sino de que ejerza las
facultades legales y contractuales que le han sido conferidas,
con el fin de cumplir la finalidad establecida en el acto
constitutivo.
2.7.- Declaratoria de responsabilidad contractual.
La manifestación del a quo, mediante la cual declaró la
responsabilidad de la fiduciaria, encuentra sustento en los
hechos tocantes a la relación negocial, desvirtuando así los
argumentos expuestos en la apelación.
2.7.1.- En efecto, una vez verificada la configuración de
la causal de
terminación del contrato
fiduciario, consistente
en la «imposibilidad de realizar su objeto», y constatado que
Alianza Fiduciaria incumplió con su deber de dar inicio del
trámite de liquidación del patrimonio autónomo, se evidencia
la desatención de esta obligación, prevista en las cláusulas
décima primera -numeral 19- y vigésima séptima. De esta
forma se configura el primero de los elementos necesarios
para declarar la responsabilidad contractual, como el
incumplimiento de un deber convencional.
La mora de la fiduciaria resulta evidente, pues, a pesar
de haber sido requerida mediante derecho de petición del 26
de enero de 2022 para adelantar la liquidación, se abstuvo
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
106
de hacerlo. Omisión que se agrava al considerar las razones
esgrimidas para justificar su inacción, pues las mismas
carecen de respaldo legal y contractual, como ya se analizó
en esta providencia.
Dado que se trata de una obligación de resultado, el
factor de atribución es de carácter objetivo, por lo que no es
necesario acreditar la culpa para dar lugar al reconocimiento
de la responsabilidad de la entidad de servicios financieros.
El daño se manifiesta en la demora en la liquidación, lo
que ha impedido que los remanentes del patrimonio
autónomo sean transferidos a los beneficiarios, privándolos
de disponer de ellos conforme a sus intereses.
Por último, el nexo causal es directo, ya que la falta de
liquidación del fideicomiso, imputable a la fiduciaria,
constituye la causa del demérito.
2.7.2.- Aclárese que, como las sociedades demandantes
no pretendieron la indemnización de perjuicios irrogados, se
descarta una condena en este sentido, como acertadamente
procedió el sentenciador de primera instancia, por lo que la
declaratoria de responsabilidad no comporta una orden de
reparación, en estricta sujeción del principio dispositivo que
gobierna los juicios comerciales, el cual «prohíbe a la
juzgadores adentrarse en materias que no fueron planteadas
por las partes» (SC072-2025).
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
107
2.8.- Legitimación en la causa por pasiva.
2.8.1.- La legitimación en la causa constituye un
requisito esencial para la emisión de una sentencia favorable,
en tanto implica que las partes demandante y demandada
sean llamadas a promover la reclamación y oponerse a la
misma, respectivamente, por ostentar la titularidad de la
relación jurídica objeto del litigio.
Ha dicho la jurisprudencia: «La legitimación en causa es,
en el demandante, la cualidad de titular del derecho subjetivo
que invoca, y en el demandado la calidad de obligado a
ejecutar la obligación correlativa» (SC, 4 feb. 1992; reiterada
S096-1993).
En consecuencia, «la legitimación en la causa de un
elemento sustancial, resulta necesario dilucidar si quien
demanda es titular del derecho, así como si el demandado
está obligado a responder de tal pretensión. No se entendería
la ley que hiciera una condenación a la persona que no debe
responder por la obligación o el derecho que se reclama, o a la
que se demanda por aquella que adolece de la titularidad del
derecho y por ende de la pretensión incoada» (SC, 5 ag. 2013,
rad. n.° 2004-00103-01).
2.8.2.- Tratándose de controversias contractuales la
legitimación se encuentra en las partes de la convención, por
tratarse de los sujetos que se encuentran vinculados por su
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
108
manifestación de la voluntad orientada a producir efectos
jurídico-patrimoniales.
Regla que emana del efecto relativo del contrato, en el
sentido de que «los negocios jurídicos no están llamados a
producir consecuencias sino respecto de quienes los celebran,
lo que se conoce como el efecto relativo de los contratos o
principio de la relatividad de los negocios jurídicos, lo cual
emana de la función económica y social de los convenios con
relevancia jurídica, cuyo propósito es crear, modificar o
extinguir situaciones de la realidad que incumben a los
contratantes y adquieren una connotación trascendental para
el derecho» (SC3201-2018).
2.8.3.- En el caso que nos ocupa la legitimación en la
causa por pasiva se encuentra en cabeza de la sociedad
fiduciaria, razón para desechar los argumentos de la
opugnación.
Total, la materia en discusión es el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de Alianza Fiduciaria, como sociedad
especializada en servicios financieros, en el marco de la
fiducia mercantil de administración de proyecto inmobiliario
modalidad VIS exención tributaria, fideicomiso ‘Ciudadela La
Hacienda’, siendo la llamada a resistir la pretensión
esgrimida en su contra.
Explicado de otra forma, como las pretensiones se
encaminaron a ordenar la
terminación del contrato
de
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
109
fiducia, porque la fiduciaria no lo ha hecho estando obligada
a hacerlo, quien debía oponerse a esta súplica era la pretensa
incumplida, de donde descuella la legitimación en la causa.
2.8.4.- La legitimación no se predica del patrimonio
autónomo, en la medida en que el litigio no involucra los
derechos u obligaciones que le son propios, derivados del
cumplimiento de la finalidad fiduciaria. Dicho en palabras
diversas, no se está cuestionando la forma en que el
patrimonio autónomo cumplió las obligaciones que adquirió
en ejecución de la actividad inmobiliaria, evento en el que
sería el llamado a resistir el litigio.
Reitérese, quien debe responder, por haber desatendido
la carga de liquidar el fideicomiso, es la fiduciaria, por ser la
responsable de este deber, como ya se explicó.
3.- Conclusión.
Como se dejó evidenciado, los cuestionamientos de las
apelantes no logran evidenciar desaciertos en el veredicto de
primer grado que den lugar a revocatoria, por cuanto la
acción de protección al consumidor se promovió de forma
tempestiva, se configuró la causal de terminación del
contrato de fiducia, no mutó la finalidad inmobiliaria del
encargo, es procedente la liquidación del patrimonio
autónomo, no existe impedimento para extinguir el vínculo
fiduciario y la demandada era la legitimación en la causa por
pasiva.
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Así las cosas, procede confirmar la decisión de primer
grado del 24 de octubre de 2023.
Se impondrá condena en costas a los recurrentes en la
alzada, conforme al numeral 1° del artículo 365 del Código
General del Proceso, por cuanto su recurso se despachó de
forma desfavorable. Las agencias en derecho las fija el
magistrado ponente de acuerdo con las tarifas establecidas
por el Consejo Superior de la Judicatura.
4.- Recapitulación de cierre.
Una vez casada la sentencia del Tribunal del 15 de abril
de 2024 por infringir de manera directa las normas sobre
fiducia mercantil, en particular, el art 1236 del Código de
Comercio, fruto de una indebida interpretación del literal d)
del artículo 2° de la ley 1328 de 2009, en el contexto de la
sentencia C-909 de 2012, en sede de instancia se emitirá
veredicto de segundo grado confirmatorio de la decisión del a
quo del 24 de octubre de 2023.
No se impondrá costas en el recurso extraordinario ante
su prosperidad, mientras que en la apelación sí se hará por
no haber salido avante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
111
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
CASA la sentencia del 15 de abril de 2024, proferida por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en la acción de protección al consumidor financiero
que promovieron Vivienda para todos de Colombia S.A.S. y
Construcciones de Colombia J&J S.A.S., integrantes del
Consorcio Vivienda para todos San Cristóbal, contra Alianza
Fiduciaria S.A., a la cual fueron vinculadas Alianza
Fiduciaria S.A. como vocera y administradora del
Fideicomiso «Ciudadela La Hacienda», así como la Caja de
Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar
Andi – Comfandi, y en sede de instancia, RESUELVE:
Primero.- Confirmar la sentencia de primer grado, de
fecha y procedencia conocidas.
Segundo.- Condenar en costas de la apelación a las
recurrentes. El magistrado ponente fija como agencias en
derecho la suma equivalente a seis salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de esta providencia.
Tercero. No condenar en costas en casación.
Tómense las anotaciones pertinentes, por secretaria, y
envíese al Tribunal copia de esta providencia.
Notifíquese,
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
112
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
(Salvamento de voto)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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113
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
SALVAMENTO DE VOTO
Con mi acostumbrado respeto hacia las decisiones
mayoritarias, me permito disentir de la que fuera aprobada
en este asunto, en tanto no comparto las motivaciones en
que se soportó la determinación de casar la sentencia
censurada ante esta sede extraordinaria, ni la solución que
finalmente se adoptó en el caso.
Por consiguiente, estimo necesario salvar el voto,
precisando, de paso, mi postura en relación con las materias
analizadas en este asunto:
1. Sobre las normas invocadas por el censor como
sustanciales:
1.1. La convocante, en el primero de los embates que
planteó para edificar su acusación, alegó la transgresión
directa de los artículos 2 de la Ley 1328 de 2009; 1226, 1229,
1234 (numeral 4), 1235 (numeral 4), 1236 y 1240 del Código
de Comercio; 3 del Decreto 663 de 1993, modificado por el
35 de la Ley 1328 de 2009; 146 del mismo decreto; 2.5.2.1.1
y 2.5.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica
Jurídica C.E. 029/14 parte II, título II, capítulo I, puntos 1.1
y 2.2.1.
Al paso que en el segundo embiste invocó como
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
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quebrantados los cánones 2 de la Ley 1328 de 2009; 24 del
Código General del Proceso; 34, 57 y 58 de la Ley 1480 de
2011.
1.2. Lo cierto es que ninguna de las anteriores normas
ostenta el carácter de sustancial, como a continuación se
detalla:
El artículo 2° de la Ley 1328 de 2009, para los efectos
del régimen de protección al consumidor financiero consagra
las definiciones de los términos «cliente», «usuario» y «cliente
potencial» de entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia y las de las expresiones «consumidor
financiero», «productos y servicios», «contratos de adhesión»,
«queja o reclamo» y «entidades vigiladas».
Los restantes preceptos contemplan el concepto de
negocio fiduciario; los requisitos que deben cumplir; las
normas y principios a considerar; el requisito de existencia
del fideicomisario; los deberes generales del fiduciario; el
deber especial de aquél de protección y defensa de los bienes
fideicomitidos; los derechos del beneficiario; las causas de
extinción del negocio fiduciario y la enunciación de las clases
de sociedades de servicios financieros.
Ahora bien, los invocados en la siguiente recriminación
adicional al aludido precepto 2° de la Ley 1328 de 2009,
corresponden a un mandato de carácter instrumental del
Código General del Proceso referente al ejercicio de funciones
jurisdiccionales por autoridades administrativas (art. 24), y
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otras disposiciones del Estatuto de Protección al Consumidor
(Ley 1480 de 2011) que establecen la regla interpretativa pro
consumitore (art. 34), las facultades jurisdiccionales de la
Superintendencia Financiera (art. 57) y el procedimiento a
seguir en la acción de protección al consumidor (art. 58).
Memórese que, conforme al precedente de la Corte, no
son de linaje sustancial las disposiciones que consagran
principios o directrices generales o definen conceptos, puesto
que no crean, modifican o extinguen una situación jurídica
concreta.
1.3. La decisión aprobada mayoritariamente reconoce
que «algunas de las normas invocadas no son sustanciales»,
pero arguye que «cuando menos, el canon 1236 del Código de
Comercio si tiene este linaje, por señalar los derechos que
emanan para el constituyente de la fiducia mercantil» y que
esta disposición resulta suficiente «para soportar las
acusaciones conjuntadas».
Sin embargo, el indicado precepto de la codificación
mercantil, carece, en mi criterio, de estirpe material, porque
apenas corresponde a una enumeración de los derechos del
fiduciante, es decir se trata de una norma de tipo enunciativo
que no atribuye un derecho subjetivo en el marco de una
situación fáctica concreta.
1.4. De manera reiterada ha señalado la Sala que no
pertenecen a la señalada categoría las disposiciones que «se
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limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos
estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o
enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina
probatoria» -negrilla propia- (CSJ AC, 18 nov. 2010, rad. 2002-
00007-01).
1.5. Recuérdese que acorde con el parágrafo 1° del
artículo 344 del estatuto procesal, «[c]uando se invoque la
infracción de normas de derecho sustancial, será suficiente señalar
cualquiera disposición de esa naturaleza que, constituyendo base
esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del
recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una
proposición jurídica completa» y, en virtud de la naturaleza
dispositiva de la impugnación ante esta sede, la demanda
que para respaldarla se presente, debe ajustarse con
estrictez a las exigencias formales previstas en la ley, so pena
de naufragar el recurso, salvedad hecha de las limitadas
hipótesis en que procede la casación oficiosa, conforme a la
previsión contenida en el inciso final del canon 336 ejusdem,
las cuales no se compadecen con lo ocurrido en este asunto.
1.6. Siendo la invocación de preceptos materiales que
sirvieron de soporte a la decisión judicial reprochada, o que,
a juicio del recurrente, han debido serlo, precisamente, uno
de esos requerimientos cuya satisfacción reclama el
legislador, su inobservancia ha de conducir necesariamente
a la inadmisibilidad del remedio o a su desestimación
mediante sentencia, consecuencia que dimana tanto de la
falta de citación de mandatos que sean de la indicada ralea,
como de la inexistencia de una innegable conexión de
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117
aquellos con la sentencia confutada y el debate sustancial y
jurídico materia del proceso.
1.7. Los preceptos a los cuales se les reconoce el tinte
de sustanciales son los que, como lo ha explicado
insistentemente esta Corporación, «en razón de una situación
fáctica concreta, declaran, crean modifican o extinguen
relaciones jurídicas también concretas entre las personas
implicadas en tal situación. Por consiguiente, no tienen categoría
sustancial, y, por ende, no pueden fundar por si solas un cargo en
casación con apoyo en la causal dicha, los preceptos legales que, sin
embargo de encontrarse en los códigos sustantivos, se limitan a definir
fenómenos jurídicos o a describir los elementos integrantes de éstos, o a
hacer enumeraciones o enunciaciones; como tampoco la tienen las
disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo»
(CSJ, AC 7 mar. 1996, rad. 5855; en el mismo sentido CSJ,
AC 14 oct. 2010, rad. 2006-00094-01; CSJ AC5486-2019;
CSJ AC5397-2021; CSJ, AC2135-2023; CSJ, AC3182-2024,
entre otros).
Igualmente, esta Colegiatura tiene decantado que el
incumplimiento del requisito de invocación de, al menos una
norma sustancial que fuera base del fallo impugnado o haya
debido serlo,
(…) deja incompleto el ataque, al decir de la Sala, ‘(…) en la medida
en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer
la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex
officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el
casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado
carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación’.
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Desde luego, no cualquier precepto califica como sustancial, sino
únicamente, cual lo tiene decantado esta Corporación, si declara,
crea, modifica o extingue una relación jurídica concreta, esto es,
cuando regula una situación de hecho, seguida de una
consecuencia jurídica. (…) (CSJ, AC481-2016; CSJ, AC7621-
2016).
1.8. Aún si se admitiese la estirpe sustancial del canon
1236 del estatuto comercial, surge el escollo de que no
constituye base esencial de la sentencia impugnada, por
cuanto la motivación cardinal bajo la cual el sentenciador ad
quem revocó lo resuelto en primera instancia, gravitó sobre
la legitimación en la causa del extremo demandante y, en este
aspecto, lo determinante fue el análisis del juzgador en torno
a si ostentaba o no la calidad que le permitía acceder al
mecanismo especial por el cual se decantó al presentar la
demanda, esto es, la acción de protección al consumidor.
Tampoco puede adverarse que el precepto debió ser
pilar del fallo recurrido, pues amén de que el censor no
especificó cuál o cuáles derechos del fiduciante de los allí
señalados le fue desconocido, esto es, cuál de los numerales
de la indicada norma habría sido el quebrantado por el
sentenciador ad quem, la titularidad de la prerrogativa no
recae en las dos sociedades recurrentes, sino únicamente en
aquella que fungió como fideicomitente; de lo precedente
dimana que se trata de una censura ayuna de claridad y
exactitud, exigencia que debe acatarse al tenor de lo
preceptuado en el numeral 2° del artículo 344 del compendio
procedimental.
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Incluso, de haber tomado en cuenta el Tribunal la
norma en comento, no necesariamente esa consideración
habría incidido en el presupuesto de la legitimación en la
causa de las actoras, comoquiera que los derechos del
fiduciante, establecidos de manera general en la regla
mercantil comentada, son pasibles de reivindicarse en otros
escenarios como la acción de responsabilidad del fiduciario
direccionada al amparo de la vía común del proceso
declarativo, pero sobre este tópico las opugnadoras no
enderezaron ninguno de sus argumentos para evidenciar que
esa pauta legal habilitaba la senda excepcional del pleito a
través de la especial acción de protección al consumidor
consagrada en los artículos 57 y 58 del Estatuto del
Consumidor, esquivando el mecanismo común u ordinario.
Es más, tal como se reconoce en la determinación aprobada,
«el núcleo de los cargos en casación» radicó en «el ámbito de
aplicación subjetivo de la ley 1328 de 2009», de ahí que fue
ese y no otro, el centro de la discusión planteado por el
casacionista ante esta sede.
1.9. De manera que, si las normas citadas por el
inconforme no cumplen el criterio para fundar los dos
primeros cargos propuestos en casación, debió concluirse
que aquellas censuras carecían de aptitud para confrontar
idóneamente la sentencia de segundo grado.
Una deficiencia como la descrita, desde luego no debe
pasarse por alto, porque los motivos primero y segundo del
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recurso extraordinario, tal como fueron concebidos por el
legislador, tienen como propósito que la Corte elucide si tuvo
lugar o no el menoscabo de preceptos materiales y, de ser así,
quiebre la sentencia atacada ya sea total o parcialmente
según corresponda, como así lo estatuyen los cánones 336 y
349 del Código General del Proceso.
En ese orden de ideas, no comparto que se haya
adentrado la Sala en el estudio de fondo de las
recriminaciones planteadas en los embistes que se
conjuntaron, pues de cara a la naturaleza rogada del recurso,
no le está permitido a esta Corporación, exceder los linderos
de los planteamientos de la censura, adicionar las
acusaciones formuladas o replantearlas, ni le corresponde
determinar las nomas materiales que resultaron soslayadas,
como tampoco definir los contornos de la crítica, pues sus
atribuciones, de acuerdo con la ley, se ciñen a las
indicaciones del casacionista, de modo que el cotejo de rigor
se efectúe entre los mandatos sustanciales cuya infracción
denuncie aquél y la providencia impugnada ante la sede
extraordinaria, con apego al señalamiento contenido en las
reprensiones aducidas sobre la forma en que se produjo el
menoscabo de normas sustanciales, salvo que, se repite, la
Corporación incursione en el campo de la casación oficiosa,
ninguno de cuyos eventos habilitantes emerge en este
asunto.
Considero, entonces, que debió inadmitirse la
demanda, porque se halla ausente el insumo esencial de la
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técnica del mecanismo promovido en el marco de la senda
que escogieron las opugnadoras, deficiencia la cual no es
superable, pues convertiría este especial remedio en una
tercera instancia dentro de los juicios.
Ahora bien, dado que el pliego con que se sustentó el
medio de impugnación excepcional fue admitido en proveído
proferido por el magistrado sustanciador (arts. 35 y 346
C.G.P.), era viable no casar el veredicto objeto del recurso, al
incurrir el libelo en la falencia de técnica puntualizada en las
líneas que preceden, pero también por las razones que a
continuación expondré en relación con los otros tópicos que
se abordaron en la providencia.
2. Sobre la definición de consumidor financiero:
2.1. La decisión parte de la distinción de las nociones
de consumidor entre aquella «abstracta» que no requiere la
existencia de una relación convencional o legal específica
entre el adquirente del bien o servicio y el profesional que lo
proporciona y la tesis «concreta», la cual reclama la existencia
de una relación legal o contractual entre el adquirente y el
profesional proveedor, y de la subdivisión de la noción
concreta en la «intermedia» -«objetiva» o «no profesional»-37 y
la «estricta» -«subjetiva» o «final»-38, señalando los países en
que han sido acogidas.
37 Acogida por Italia, España, Francia, Alemania, Comunidad Europea.
38 Aplicada por la Organización de las Naciones Unidas - Directrices para la
Protección del Consumidor, Panamá, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Venezuela,
Ecuador, El Salvador, Chile.
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Si bien las subdivisiones de la tesis concreta se
diferencian en que la conocida como «intermedia» u «objetiva»,
no reclama como presupuesto que el consumidor ostente la
calidad de «destinatario último» para que se le prodigue la
protección del régimen especial, en tanto aquella que se
denomina «estricta» u «subjetiva» considera merecedor de las
salvaguardas únicamente al consumidor final, ambas
coinciden en que la adquisición del bien o servicio -acto de
consumo- debe ocurrir fuera del ámbito de la actividad
empresarial o profesional propia del adquirente.
2.2. A partir de lo expuesto, concluyó la Sala que las
naciones citadas adoptaron en sus legislaciones la tesis
«concreta» de consumidor. Sin embargo, mientras en el
continente europeo se reconoce tal calidad a las personas
naturales, en América Latina se ha extendido la protección a
los entes morales; además, en Europa prevalece la exigencia
en torno a que el acto de consumo se realice al margen de la
actividad comercial, empresarial o profesional propia del
adquirente, en tanto los países latinoamericanos han optado
por prodigar un régimen tuitivo especial sólo a quienes se
catalogan como «consumidores finales», a lo que debe
añadirse que, al identificar como consumidor al sujeto que
adquiere o disfruta del bien o servicio como «destinatario
último», en el sentido de que lo consume sin darle un uso
económico ulterior, esta noción vigente en los países de
América Latina, coincide con la tesis de los estados europeos
en que el bien o servicio no debe ser aprovechado para el
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desarrollo de la actividad económica que realice o despliegue
el adquirente en el mercado.
De otra parte, refirió la providencia que, de acuerdo con
la doctrina, «la tendencia en el derecho comparado» es
considerar que la protección especial del régimen de defensa
del consumidor debe aplicarse a la situación de desigualdad
o «asimetría informativa en relación con el producto o servicio adquirido
o contratado al respectivo proveedor, sin importar si este es empleado
para fines personales, familiares o de entorno social inmediato (lo cual o
puede ser aplicable a las personas jurídicas) o si empleado para fines
propios de su giro social o actividad económica en el mercado»39.
No obstante, esta conclusión se extrae de una única
fuente doctrinal, la cual se observa contraria a la deducción
que dimana del estudio de derecho comparado que in extenso
se realizó en la determinación, porque, según se expuso,
tanto en las normatividades europeas como en las
latinoamericanas, a efectos de brindar la protección especial
del régimen propio de los consumidores, se exige que el bien
o servicio se destine a un uso ajeno o extraño a la actividad
económica que ejecute el adquirente; luego, la inferencia de
los autores citados no resulta respaldada por los
ordenamientos jurídicos invocados como referencia del
marco regulatorio especial.
2.3. En Colombia, según lo interpretó esta Colegiatura,
el Decreto 3966 de 1982 se decantó por un modelo estricto
39 ALDANA RAMOS, Edwin y GAGLIUFFU, Piercechi, Lo noción de consumidor final.
En Ius et Veritas, n.° 29, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, p. 58
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124
donde se exige que el acto de consumo no se halle ligado
intrínsecamente al ejercicio económico de quien reclama la
protección bajo el régimen excepcional de los consumidores.
Al respecto precisó la Sala que:
En este orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que, con
estrictez, siempre será forzoso indagar en torno a la
finalidad concreta que el sujeto - persona natural o jurídica
- persigue con la adquisición, utilización o disfrute de un
determinado bien o servicio, para reputarlo consumidor
sólo en aquellos eventos en que, contextualmente, aspire a
la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar,
doméstica o empresarial - en tanto no esté ligada
intrínsecamente a su actividad económica propiamente
dicha, aunque pueda estar vinculada, de algún modo, a su
objeto social -, que es lo que constituye el rasgo característico de
una verdadera relación de consumo -negrilla y subraya para
destacar- (CSJ, SC 3 may. 2005, rad. 1999-04421-01).
2.4. La Ley 1480 de 2011 mantuvo el concepto de
consumidor como «destinatario final» y la exigencia de que el
bien o servicio sea adquirido «para la satisfacción de una
necesidad propia, privada, familiar o doméstica y
empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su
actividad económica» (CSJ, SC395-2023 y CSJ, SC443-
2023). En esa dirección, el último precedente citado explicó
que «una compañía que actúa dentro del marco su objeto social
no puede, en principio, ser considerada consumidor».
2.5. A su turno, la Ley 1328 de 2009 definió al
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125
consumidor financiero como «todo cliente, usuario o cliente
potencial de las entidades vigiladas» y proporcionó las
definiciones de los tres mencionados conceptos (art. 1). Para
el caso analizado por la Sala, interesa la noción de cliente,
que, según la ley, es «la persona natural o jurídica con quien
las entidades vigiladas establecen relaciones de origen
legal o contractual, para el suministro de productos o
servicios, en desarrollo de su objeto social».
Y, en cuanto al acto de consumo, se exige que recaiga
sobre «un bien o servicio financiero, asegurador, bursátil o
cualquier otro que implique captación de recursos del público».
2.6. La sentencia C-909-2012, que analizó la
constitucionalidad de algunas normas de la Ley 1328 de
2009, entre ellas el canon 2° que consagra varias definiciones
importantes en el régimen de protección al consumidor
financiero, declaró exequible dicha disposición, refiriéndose
la Corte Constitucional al desequilibrio o desigualdad entre
el proveedor o productor y el consumidor o usuario, asimetría
que, sostuvo, es inmanente a los sistemas financiero y
bursátil, dada la naturaleza de los productos y las calidades
de los sujetos que en ellos intervienen. En ausencia de esa
desemejanza, se eliminaría el sustrato de la relación de
consumo, acarreando la exclusión de las normas protectoras
en esos sectores de la economía.
2.6.1. La inherencia al mercado financiero de la
asimetría entre usuarios y entidades del sistema, en mi
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126
criterio, no conlleva de manera necesaria que la relación
corresponda a una que deba calificarse como de «consumo».
Lo precedente, porque en algunos casos, a pesar de
recaer la adquisición de bienes o servicios sobre actividades
típicamente financieras, no se presenta desequilibrio en la
relación negocial de los intervinientes, como ocurre, por
ejemplo, en las operaciones interbancarias o entre entidades
financieras del mismo ramo, donde a pesar de que, conforme
a la definición del artículo 2° de la Ley 1328 de 2009, al
menos, de acuerdo a la definición legal, una de las
instituciones pasaría a ser cliente de la otra y, por tanto,
consumidora financiera, sería inadecuado aceptar que la
entidad cliente puede reclamar la aplicación en su favor del
régimen especial de protección al consumidor y de la acción
judicial que lo acompaña.
2.6.2. Lo determinante es, entonces, la relación de
asimetría sí, pero no todos los consumidores financieros se
encuentran en desigualdad o desemejanza con el proveedor
del bien o servicio financiero, y esta es una circunstancia que
debe constatarse en cada caso, con el propósito de establecer
si aplican las pautas tuitivas de los consumidores financieros
y la acción especial consagrada en los preceptos 57 y 58 de
la Ley 1480 de 2011, o si el reclamo debe encausarse por el
trámite del proceso declarativo.
2.7. De otra parte, la Corte Constitucional en el
mencionado pronunciamiento C-909-2012 delimitó los
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contornos del recto entendimiento del literal d) de la Ley 1328
de 2009, luego de contrastar el postulado normativo con los
principios y disposiciones constitucionales, de ahí que una
nueva labor de hermenéutica no luce conducente.
Y menos aún, en ejercicio de una renovada
interpretación, puede otorgarse a la norma un alcance
extraño a su contenido, soslayando la exegesis
proporcionada por la guardiana de la Carta Política, que
expresamente indicó sobre la noción de consumidor
financiero que se halla referida a «(…) la adquisición de un
bien o servicio, para satisfacer una necesidad propia, no
ligada intrínsecamente a su actividad económica» [se
refiere a la desarrollada por el adquirente] (negrilla y subraya
para destacar).
2.8. La sentencia de constitucionalidad, tal como se
deduce de la anterior cita, preservó la exigencia en torno a
que el acto de consumo, esto es, aquel que amerita recurrir
al régimen especial de protección al consumidor, no debe
hallarse vinculado de manera sustancial a la actividad
económica del reclamante, y este presupuesto es un
elemento definitorio del concepto de «consumidor financiero»
y no un obiter dictum, como lo califica la decisión mayoritaria.
No puede entenderse como un simple «dicho de paso»,
una consideración que se encuentra consignada en un
párrafo donde la Corporación citada emprendió la tarea de
delimitar el concepto de «consumidor financiero» por vía de
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acudir a precisar cada uno de los elementos que componen
dicha noción.
Sobre el particular, sostuvo:
También ha de precisar esta Corte que la expresión “todo”
converge en quien entrañe una relación de consumo ante las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, de manera que, como consumidor financiero, (i) refiere a
un determinado sector de la economía, (ii) frente a la
adquisición de un bien o servicio, para satisfacer una
necesidad propia, no ligada intrínsecamente a su actividad
económica, componentes que coetáneamente permiten establecer
que, (iii) aunque no sea habitual consumidor financiero, ello no
enerva ni impide que llegue a serlo, manteniéndose como potencial
consumidor, que se materializará al mostrar interés por un bien o
servicio, y (iv) lo será todo aquel vinculado de una u otra forma,
directa o indirectamente, con las entidades vigiladas por razón del
producto o servicio ofrecido y adquirido o por adquirir, propio de
tal actividad económica”.
3. Luego, de lo hasta ahora expuesto, se concluye que
tanto la Ley 1480 de 2011 como la Ley 1328 de 2009, de
acuerdo con la interpretación que de la última efectuó el
Tribunal de lo Constitucional en el pronunciamiento C-909-
2012, reclaman como requisito para reconocer a una persona
natural o jurídica la calidad de «consumidor financiero», una
especial calificación, consistente en que el presunto «acto de
consumo» no debe ser intrínseco a la actividad económica
desplegada en su cotidianidad por el cliente, usuario o cliente
potencial del bien o servicio adquirido al sector financiero,
asegurador, bursátil o en el marco de cualquier operación
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129
relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de
recursos captados del público.
3.1. Por consiguiente, discrepo de la afirmación
consistente en que el Tribunal, al revocar el veredicto de
primer grado, por hallar probada la falta de legitimación en
la causa de las demandantes debido a que no ostentaban la
calidad de consumidoras financieras, «se separó de la recta
hermenéutica del literal d) del artículo 2° de la ley 1328 de
2009, en concordancia con la sentencia C-909 de 2012»,
porque amén de que la indicada disposición no ostenta el
carácter de norma sustancial y por tal razón no habilita la
idónea formulación de la acusación con amparo en la causal
primera de casación, el contrato de fiducia confutado, tal
como lo estimó el sentenciador de segundo grado,
corresponde a un acto de comercio de carácter financiero,
ligado intrínsecamente a las actividades económicas de las
convocantes y la ausencia de este vínculo material es un
elemento exigido por la Leyes 1480 de 2011 y 1328 de 2009
-según el entendimiento que se dio a la noción de «consumidor
financiero» en la sentencia C-909-2012- para el correcto
entendimiento de la relación de consumo en el mercado
financiero, asegurador y bursátil.
En suma, no puede achacarse al Tribunal el desvío en
la hermenéutica de la previsión normativa mencionada,
cuando, precisamente, en la interpretación de ese precepto,
se atuvo a las consideraciones de la Corte Constitucional
vertidas en el pronunciamiento citado.
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3.2. De otra parte, de la circunstancia de no recurrir la
indicada Corporación, en el fallo mencionado, a la figura de
la integración de ambas normativas, no puede colegirse que
se trata de regulaciones autónomas, máxime cuando la
sentencia C-909-2012 revela que se efectuó una
interpretación armónica y muestra de ello es que
complementó la ley especial introduciendo elementos como
los de destinatario final y que el bien o servicio adquirido no
lo destine el reclamante a un uso intrínsecamente
relacionado con su actividad económica.
No puede afirmarse categóricamente que si la Corte
Constitucional «hubiese considerado que la única interpretación
constitucionalmente admisible del literal d) del artículo 2° de la Ley 1328
de 2009 era aquella que adopta la tesis subjetiva finalista, lo lógico
habría sido acudir a una declaratoria de exequibilidad condicionada. Sin
embargo, no se procedió en tal sentido, lo que excluye dicha
interpretación», por cuanto una declaración de
constitucionalidad condicionada no parecía necesaria al
estimarse que era plausible una interpretación consonante
de ambas leyes, como así obró dicha Colegiatura.
4. Por último, de advertir un conflicto entre las
mencionadas reglamentaciones, era imperativo acudir a las
reglas de interpretación contenidas en la Ley 153 de 1887,
según las cuales, al existir una antinomia entre la ley
posterior y una ley anterior, prevalece la ulterior y en caso de
ser esta contraria a la norma precedente «y ambas
preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley
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posterior» (art. 2).
Con todo, la interpretación de una de las regulaciones
en un sector particular del mercado -financiero en este caso-
debe ser complementaria y acorde con el estatuto general de
protección al consumidor; y no realizarse de forma aislada,
para deducir que sus disposiciones son tan especiales que
ameritan diferenciarse, incluso, en la aplicación de los
principios de derecho de consumo y en aspectos esenciales
de este como la noción de consumidor, la finalidad de la
protección y los rasgos distintivos que configuran la relación
de consumo, presupuestos para autorizar la procedencia de
una vía diferente a la ordinaria.
5. Consecuente con lo consignado en estas líneas,
considero que la sentencia impugnada no debió casarse.
En los términos precedentes, salvo mi voto.
Fecha ut supra,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Salvamento de voto
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Juan Carlos Sosa Londoño
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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