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clave: "corte_suprema:providencia:SC1718-2025 [2022-02013-01]"
titulo: "Corte Suprema: por su representatividad se resaltan la Ley Básica sobre Protección de los Consumidores del 30 de mayo de 1968 de Japón"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-08-15"
radicado: "2022-02013-01"
numero: "SC1718-2025"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: por su representatividad se resaltan la Ley Básica sobre Protección de los Consumidores del 30 de mayo de 1968 de Japón

- **Título oficial / radicado:** SC1718-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-08-15
- **Radicado:** 2022-02013-01
- **Número:** SC1718-2025
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1718-2025%20%5B2022-02013-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1718-2025%20%5B2022-02013-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI1L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS84Li0gQWdvc3RvL1NlbnRlbmNpYXMvU0MxNzE4LTIwMjUgWzIwMjItMDIwMTMtMDFdLnBkZg%3D%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1328 de 2009
- Ley 1238 de 2009
- Decreto 663 de 1993

## Extracto

En consecuencia, deprecaron la terminación inmediata del mencionado negocio fiduciario, la liquidación del fideicomiso y la restitución al consorcio de los bienes inmuebles transferidos -identificados con folio de matrícula inmobiliaria n.° 384-141553, 384-141554 y 384-141555-. De esta forma, al consumo como variable, podemos señalarle mínimamente tres cualidades: desde la salud (como necesidad de creación, existencia y supervivencia); desde lo sociológico (como elemento de distinción y categorización, los gustos, las modas, etc.) y por último, desde lo económico (como reproductor del sistema2. Esta ley estableció que los productos -o sus componentes- podían someterse a requisitos técnicos para prevenir o reducir los riesgos de muerte o lesiones personales. Con posterioridad se profirieron múltiples normas, tanto multilaterales y subregionales, como locales. 2.- Diferentes acercamientos al concepto de consumidor.

## Texto del documento

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC1718-2025
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
(Aprobada en sesión de diez de julio de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil
veinticinco (2025).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Vivienda para todos de Colombia S.A.S. y Construcciones de
Colombia J&J S.A.S., integrantes del consorcio «Vivienda
para todos San Cristóbal», frente a la sentencia del 15 de abril
de 2024, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de protección al
consumidor financiero que promovieron contra Alianza
Fiduciaria S.A., trámite al que se vincularon el Fideicomiso
«Ciudadela La Hacienda», cuya vocera y administradora es la
misma demandada, y la Caja de Compensación Familiar del
Valle del Cauca Comfamiliar Andi -Comfandi-.
I.- EL LITIGIO
1.- Conforme a la demanda (archivo digital 001
Demanda.pdf) y su subsanación (archivo digital 020
Radicación n.° 11001-31-99-003-2022-02013-01
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Anexos.pdf), las promotoras pidieron declarar que la
convocada incumplió las cláusulas novena y vigesimoquinta
-numeral 2° y 3°- del contrato de «fiducia mercantil de
administración de proyecto inmobiliario modalidad VIS
exención tributaria, fideicomiso ‘Ciudadela La Hacienda’»,
firmado el 3 de noviembre de 2015, así como la escritura
pública n.° 2243 del 30 de noviembre de 2016.
En consecuencia, deprecaron la terminación inmediata
del mencionado negocio fiduciario, la liquidación del
fideicomiso y la restitución al consorcio de los bienes
inmuebles transferidos -identificados con folio de matrícula
inmobiliaria n.° 384-141553, 384-141554 y 384-141555-.
También suplicaron aplicar la facultad revocatoria
contenida en la escritura pública a que se refiere la
pretensión principal.
2.- Basaron sus aspiraciones en los hechos que admiten
este compendio:
2.1.- El 3 de noviembre de 2015 se suscribió contrato
de fiducia mercantil con las siguientes partes: (a) tradentes:
María Gissela González, Katherine Bueno González, Karen
Andrea Bueno González y Luis Miguel Bueno González; (b)
desarrollador del proyecto o fideicomitente A: el Consorcio
Vivienda para todos San Cristóbal; (c) promotor del proyecto
o fideicomitente B: Comfandi y la Alianza Fiduciaria; y (iv)
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beneficiarios: el desarrollador del proyecto y los
fideicomitentes.
La finalidad de la convención era desarrollar el proyecto
de vivienda de interés social «Ciudadela la Hacienda», en el
municipio de Tuluá, con plazo de ejecución de 3 años,
prorrogable automáticamente.
2.2.- Por escrituras públicas n.° 1678 del 3 de
noviembre de 2015 y 2243 del 30 de noviembre de 2016, el
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria n.°
384-123621 fue adicionado al fideicomiso, reservándose la
tradente la posibilidad de revocar la enajenación en el último
de los documentos públicos. Este fundo se dividió y segregó,
según escritura pública n.° 318 del 9 de marzo de 2021, en
los lotes con folios n.° 384-141553, 384-141554 y 384-
141555.
2.3.- Los tradentes cedieron sus derechos sobre los
bienes fideicomitidos al Consorcio Vivienda para todos San
Cristóbal.
2.4.- Según la cláusula novena del contrato, la
ejecución del negocio se dividió en dos períodos. El primero,
denominado preoperativo, con duración de seis meses, a
cuyo vencimiento debía pasarse al operativo o, de fracasar,
restituir el inmueble aportado, devolver los recursos
entregados por los adquirentes, trasladar los remanentes al
desarrollador y liquidar el fideicomiso.
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A pesar de que el proyecto inmobiliario no pudo
adelantarse, la fiduciaria se ha abstenido de terminar y
liquidar el patrimonio autónomo.
2.5.- Tampoco se ha avanzado en la liquidación, a pesar
de existir imposibilidad de ejecutar el objeto fiduciario,
consagrada como causal de terminación en el contrato.
2.6.- El fideicomiso carece de pasivos externos, como
reluce del balance general presentado por la fiduciaria.
2.7.- El consorcio requirió a la fiduciaria para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, a lo que ésta
respondió que la terminación sólo era viable por petición
conjunta entre los fideicomitentes, lo que no ha sucedido.
3.- Admitida la demanda, el sentenciador dispuso
convocar al trámite a «Alianza Fiduciaria S.A., en su condición
de administradora y vocera del Fideicomiso Ciudadela La
Hacienda y a la Caja de Compensación Familiar del Valle del
Cauca COMFAMILIAR ANDI» (archivo digital 028
AutoAdmisorioVerbal.pdf).
4.- Una vez se agotó el proceso de enteramiento, Alianza
Fiduciaria se refirió a la plataforma fáctica y adujo como
defensas los intituladas «existencia del beneficiario y
fideicomitente B Comfandi», «inexistencia de modificación a la
cláusula tercera del contrato de fiducia por ausencia de
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consentimiento», «modificación contractual por
comportamiento de las partes a clausula resolutoria del
periodo preoperativa», «inexistencia de causal de
imposibilidad de ejecución del objeto contractual» y
«cumplimiento y desarrollo contractual de buena fe por parte
de Alianza Fiduciaria» (archivo digital 055 Anexos.pdf).
La vocera del Fideicomiso Ciudadela La Hacienda y
Comfandi, en escrito conjunto, se opusieron a los pedimentos
y excepcionaron «prescripción», «mala fe», «teoría del acto
propio», «contrato no cumplido» y la genérica (archivo digital
048 Contestación.pdf).
5.- La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la
Superintendencia Financiera de Colombia, en sentencia de
primer grado del 24 de octubre de 2023, desestimó las
excepciones y declaró civil y contractualmente responsable a
Alianza Fiduciaria S.A., ordenándole adelantar las gestiones
para liquidar el fideicomiso «Ciudadela La Hacienda» en
máximo un mes, conforme a las reglas contenidas en la
cláusula vigésima séptima del contrato (archivo digital 207
SentenciaEscritaAccede.pdf).
6.- Las contradictoras acudieron al remedio vertical
(archivos digitales 208 Anexos.pdf y 211 Anexos.pdf), que se
desató en sentencia del 15 de abril de 2024 por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el
sentido de revocar el fallo de primera instancia por falta de
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legitimación en la causa por activa (archivo digital
13SentenciaRevocatoria.pdf).
7.- Las demandantes interpusieron recurso de casación
(archivo digital 14RecursoExtraordinarioCasacion.pdf), el
cual fue concedido por auto del 25 de abril de 2024 (archivo
digital 16AutoConcedeCasacion.pdf), admitido el 18 de junio
siguiente (archivo digital 0008Auto.pdf), sustentado en su
oportunidad (archivo digital 0011Demanda.pdf) y asentido a
estudio de fondo por esta Corporación (archivo digital
0032Auto.pdf).
II.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1.- Manifestó que la legitimación es un presupuesto
para el éxito de las pretensiones, de allí que su inexistencia
debe declararse oficiosamente, como lo ha reconocido la
Corte Suprema de Justicia en varias providencias y en el
precedente horizontal del 4 de abril de 2024.
2.- Aseveró, después de transcribir los artículos 2° -
literal d-, 57 de la ley 1328 de 2009, y 24 -numeral 2°- del
Código General del Proceso, y varios acápites de la sentencia
C-909 del 7 de noviembre de 2012, que las demandantes
carecen de la connotación de consumidoras financieras, «por
manera que no le era dado a la parte actora, impetrar sus
pretensiones ante la autoridad administrativa encargada de
funciones jurisdiccionales, habilitada exclusivamente para
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dirimir conflictos entre consumidores financieros y entidades
vigiladas».
Señaló que el consumidor financiero, según la Corte
Constitucional, debe ser destinatario final y adquirir,
disfrutar o utilizar un determinado producto para una
necesidad propia, privada, familiar o doméstica, «solo que el
producto o servicio es obtenido en razón de la actividad
financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos
captados al público».
3.- Aseguró que el contrato de fiducia mercantil del 3 de
noviembre de 2015 fue un acto de comercio ligado
intrínsecamente a las actividades económicas del Vivienda
para Todos de Colombia S.A.S. y Construcciones de
Colombia J&J S.A.S., como refulge de comparar los objetos
sociales y las cláusulas contractuales.
Esgrimió que «es latente que el motivo principal de la
celebración de ese contrato consistió en que, a través del
convenio tantas veces mencionado, se dispensaran las
condiciones técnicas y financieras para finiquitar una obra de
infraestructura con fines claramente lucrativos -como lo
permite su objeto social-, para que, a posteriori los eventuales
beneficiarios de área (verdaderos consumidores finales),
adquirieran la titularidad de las viviendas “VIS” y “VIP” allí
construidas, junto con otros derechos comunes», por lo que se
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descarta que la convención se haya celebrado como
destinataria final a la actividad económica de las compañías.
Por lo expuesto infirió que las demandantes no estaban
facultadas para promover la acción impetrada.
III.- DEMANDA DE CASACIÓN
Las gestoras formularon tres cargos, los dos primeros
por la senda directa y el final por la indirecta. Para su
resolución se conjuntarán los iniciales, por abordar el mismo
problema jurídico. Ante la prosperidad de éstos, no se
abordará el estudio del final por sustracción de materia.
Aclárese que, si bien en aquéllos pudiera argüirse que
algunas de las normas invocadas no son sustanciales, lo
cierto es que, cuando menos, el canon 1236 del Código de
Comercio si tiene este linaje, por señalar los derechos que
emanan para el constituyente de la fiducia mercantil, siendo
suficiente para soportar las acusaciones conjuntadas, según
el parágrafo 1° del artículo 344 del Código General del
Proceso.
PRIMER CARGO
Denunció la violación directa de los artículos 2 de la
«Ley 1238 de 2009» (sic); 1226, 1229, 1234 -numeral 4-,
1235 -numeral 4-, 1236 y 1240 del Código de Comercio; 3
del decreto 663 de 1993; 146 del decreto 663 de 1993;
2.5.2.1.1 y 2.5.2.1.2 del decreto 2555 de 2010 y la Circular
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Básica Jurídica -C.E. 029/14- parte II, título II, capítulo I,
puntos 1.1 y 2.2.1., por errónea interpretación y falta de
aplicación, en su orden.
Yerro que se configuró, en su sentir, por cuanto el ad
quem centró su estudio en el concepto de consumidor
financiero, sin conjugarlo con todos los elementos
sustanciales del caso, en particular, la institución de la
fiducia mercantil.
En soporte, y después de transcribir múltiples apartes
doctrinales y jurisprudenciales sobre la finalidad de la
fiducia, algunas de sus características, y la noción de
consumidor según la sentencia C-909 de 2012, afirmó que la
fiduciaria es una entidad profesional avalada por la
Superintendencia Financiera, facultada con exclusividad
para administrar patrimonios autónomos, en razón de su
experiencia, capacidad y good will, como ha sido reconocido
en las sentencias C-086 de 1995 y C-368 de 2012.
De esta calidad, así como de la posibilidad de que el
constituyente sea cualquier persona, dedujo que «existe una
relación asimétrica entre el fiduciario y el fideicomitente», para
lo cual invocó las providencias C-438 de 2017 y C-269 de
2021, y, refiriéndose al fiduciario, rememoró que hay
«asimetría de poderes que la dinámica del negocio genera en
su favor», según lo manifestado por la Corte Suprema de
Justicia en proveído SC2879-2022.
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Previo señalamiento de la naturaleza cooperativa de la
fiducia y del profesionalismo de la fiduciaria, equivalente a
un buen hombre de negocios, criticó al sentenciador que
pasara por alto que estas entidad financieras son vigiladas y
autorizada por un ente administrativo de supervisión, de allí
la asimetría de poderes con el fiduciante, que se constituye
en el extremo débil de la relación contractual, calidad que
también se predica de los beneficiarios.
Por lo expuesto, reclamó reconocer la legitimación en la
causa por activa del Consorcio Vivienda para todos San
Cristóbal.
SEGUNDO CARGO
Señaló infringidos en forma directa los artículos 2 de la
ley 1328 de 2009, por interpretación errónea, y 24 del Código
General del Proceso, 34, 57 y 58 de la ley 1480 de 2011, por
falta de aplicación.
De forma similar a la acusación inicial, alegó que no se
conjugó el concepto de consumidor financiero con las normas
y elementos sustanciales aplicables al caso, por cuanto la ley
1328 incorpora definiciones que tienen un alcance y
contenido que no pueden ser reducidos, menos aún para
desconocer que el fideicomitente y los beneficiarios se
subsumen dentro del concepto de clientes o potenciales
clientes.
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Citó la sentencia C-909 de 2012 para r

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

.8. La sentencia de constitucionalidad, tal como se
deduce de la anterior cita, preservó la exigencia en torno a
que el acto de consumo, esto es, aquel que amerita recurrir
al régimen especial de protección al consumidor, no debe
hallarse vinculado de manera sustancial a la actividad
económica del reclamante, y este presupuesto es un
elemento definitorio del concepto de «consumidor financiero»
y no un obiter dictum, como lo califica la decisión mayoritaria.
No puede entenderse como un simple «dicho de paso»,
una consideración que se encuentra consignada en un
párrafo donde la Corporación citada emprendió la tarea de
delimitar el concepto de «consumidor financiero» por vía de
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acudir a precisar cada uno de los elementos que componen
dicha noción.
Sobre el particular, sostuvo:
También ha de precisar esta Corte que la expresión “todo”
converge en quien entrañe una relación de consumo ante las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, de manera que, como consumidor financiero, (i) refiere a
un determinado sector de la economía, (ii) frente a la
adquisición de un bien o servicio, para satisfacer una
necesidad propia, no ligada intrínsecamente a su actividad
económica, componentes que coetáneamente permiten establecer
que, (iii) aunque no sea habitual consumidor financiero, ello no
enerva ni impide que llegue a serlo, manteniéndose como potencial
consumidor, que se materializará al mostrar interés por un bien o
servicio, y (iv) lo será todo aquel vinculado de una u otra forma,
directa o indirectamente, con las entidades vigiladas por razón del
producto o servicio ofrecido y adquirido o por adquirir, propio de
tal actividad económica”.
3. Luego, de lo hasta ahora expuesto, se concluye que
tanto la Ley 1480 de 2011 como la Ley 1328 de 2009, de
acuerdo con la interpretación que de la última efectuó el
Tribunal de lo Constitucional en el pronunciamiento C-909-
2012, reclaman como requisito para reconocer a una persona
natural o jurídica la calidad de «consumidor financiero», una
especial calificación, consistente en que el presunto «acto de
consumo» no debe ser intrínseco a la actividad económica
desplegada en su cotidianidad por el cliente, usuario o cliente
potencial del bien o servicio adquirido al sector financiero,
asegurador, bursátil o en el marco de cualquier operación
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relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de
recursos captados del público.
3.1. Por consiguiente, discrepo de la afirmación
consistente en que el Tribunal, al revocar el veredicto de
primer grado, por hallar probada la falta de legitimación en
la causa de las demandantes debido a que no ostentaban la
calidad de consumidoras financieras, «se separó de la recta
hermenéutica del literal d) del artículo 2° de la ley 1328 de
2009, en concordancia con la sentencia C-909 de 2012»,
porque amén de que la indicada disposición no ostenta el
carácter de norma sustancial y por tal razón no habilita la
idónea formulación de la acusación con amparo en la causal
primera de casación, el contrato de fiducia confutado, tal
como lo estimó el sentenciador de segundo grado,
corresponde a un acto de comercio de carácter financiero,
ligado intrínsecamente a las actividades económicas de las
convocantes y la ausencia de este vínculo material es un
elemento exigido por la Leyes 1480 de 2011 y 1328 de 2009
-según el entendimiento que se dio a la noción de «consumidor
financiero» en la sentencia C-909-2012- para el correcto
entendimiento de la relación de consumo en el mercado
financiero, asegurador y bursátil.
En suma, no puede achacarse al Tribunal el desvío en
la hermenéutica de la previsión normativa mencionada,
cuando, precisamente, en la interpretación de ese precepto,
se atuvo a las consideraciones de la Corte Constitucional
vertidas en el pronunciamiento citado.
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3.2. De otra parte, de la circunstancia de no recurrir la
indicada Corporación, en el fallo mencionado, a la figura de
la integración de ambas normativas, no puede colegirse que
se trata de regulaciones autónomas, máxime cuando la
sentencia C-909-2012 revela que se efectuó una
interpretación armónica y muestra de ello es que
complementó la ley especial introduciendo elementos como
los de destinatario final y que el bien o servicio adquirido no
lo destine el reclamante a un uso intrínsecamente
relacionado con su actividad económica.
No puede afirmarse categóricamente que si la Corte
Constitucional «hubiese considerado que la única interpretación
constitucionalmente admisible del literal d) del artículo 2° de la Ley 1328
de 2009 era aquella que adopta la tesis subjetiva finalista, lo lógico
habría sido acudir a una declaratoria de exequibilidad condicionada. Sin
embargo, no se procedió en tal sentido, lo que excluye dicha
interpretación», por cuanto una declaración de
constitucionalidad condicionada no parecía necesaria al
estimarse que era plausible una interpretación consonante
de ambas leyes, como así obró dicha Colegiatura.
4. Por último, de advertir un conflicto entre las
mencionadas reglamentaciones, era imperativo acudir a las
reglas de interpretación contenidas en la Ley 153 de 1887,
según las cuales, al existir una antinomia entre la ley
posterior y una ley anterior, prevalece la ulterior y en caso de
ser esta contraria a la norma precedente «y ambas
preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley
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posterior» (art. 2).
Con todo, la interpretación de una de las regulaciones
en un sector particular del mercado -financiero en este caso-
debe ser complementaria y acorde con el estatuto general de
protección al consumidor; y no realizarse de forma aislada,
para deducir que sus disposiciones son tan especiales que
ameritan diferenciarse, incluso, en la aplicación de los
principios de derecho de consumo y en aspectos esenciales
de este como la noción de consumidor, la finalidad de la
protección y los rasgos distintivos que configuran la relación
de consumo, presupuestos para autorizar la procedencia de
una vía diferente a la ordinaria.
5. Consecuente con lo consignado en estas líneas,
considero que la sentencia impugnada no debió casarse.
En los términos precedentes, salvo mi voto.
Fecha ut supra,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Salvamento de voto
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Juan Carlos Sosa Londoño
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1718-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2025-08-15. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2022-02013-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1718-2025%20%5B2022-02013-01%5D).
