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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC1641-2022
Radicación n.° 11001-31-03-035-2016-00522-01
(Aprobado en sesión virtual de doce de mayo de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintidós
(2022).
Se decide el recurso de casación interpuesto por
Reciclaje Excedentes e Incineraciones Industriales - REII
S.A.S., frente a la sentencia del 13 de agosto de 2019
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso que promovió contra
José Mario Rodríguez Mazo.
ANTECEDENTES
1. La actora pidió que se declarara la resolución del
contrato de obra civil a todo costo n.° 01, celebrado con el
demandado, y que, como consecuencia, se ordenara «corregir
todas las anomalías que presenta la obra ejecutada, por
cuenta suya o de un tercero» (folio 27 del cuaderno principal).
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Además, deprecó que se condenara al accionado a pagar
la indemnización de perjuicios, equivalente a $761.181.802,
junto a los intereses moratorios «desde que se causó cada
perjuicio hasta el día en que se efectúe el pago, liquidados a
una y media veces el interés bancario corriente», así como la
multa del 4% y la
cláusula penal
del 5%, calculadas sobre el
valor del negocio jurídico.
2. Como sustento (folios 24 a 27 ibidem), el reclamante
hizo el relato que se compendia a continuación:
2.1. El 12 de junio de 2012 se celebró el contrato n.° 01,
para la «construcción a todo costo de la planta de horno
térmico», por valor de $1.775.660.895,46.
2.2. Después de cancelar «mil seiscientos cuarenta y un
pesos con doscientos ochenta y ocho pesos» (sic), contrató un
estudio para la medición de los componentes arquitectónicos
ejecutados, encontrando que equivalían a $1.014.479.093,
por lo que «faltaría por ejecutar… $761.181.802». En
resumen, «se canceló más del 95% del valor del contrato y el
contratista no ejecutó ni el 50%».
2.3. El artífice no efectuó las obras pendientes, ni
realizó las reparaciones estructurales advertidas en el
estudio aludido.
3. Una vez adelantado el proceso de enteramiento, el
demandado clarificó los hechos, se opuso a las pretensiones,
expuso las razones fácticas de la defensa y propuso las
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excepciones que intituló «contrato no cumplido por parte del
contratante», «mala fe del demandante», «buena fe de la
demandada», «cumplimiento de las actividades a cargo del
contratista» y la genérica (folios 495 a 508 ejusdem).
4. El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, el 25 de
abril de 2019, profirió decisión de primera instancia en la que
negó «las pretensiones de la demanda por falta de prueba del
incumplimiento del demandado» (folios 711 a 720).
5. El ad quem, al desatar la alzada, confirmó la
determinación recurrida, aunque con argumentos diferentes,
los cuales se resumen en lo subsiguiente (audiencia de 13 de
agosto de 2019, archivo CP_0813093933665).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Después de precisar el objeto de la apelación remarcó
que, a la fecha de radicación de la demanda, se había
extinguido el término para ejecutar la obra civil, sin que
hubiera ocurrido, como fue confesado por el demandado al
contestar el libelo genitor -aceptó un avance de obra del 75%-
y al absolver el interrogatorio de parte -aceptó que faltaba la
pavimentación y la parte administrativa-.
Colofón compartido por los peritos Marco Tulio Escobar
Rincón y Liliana Garzón Morera, quienes calcularon un valor
ejecutado inferior al contratado.
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2. Precisó que las obras adicionales o modificaciones de
ninguna manera eximían al contratista de cumplir con sus
obligaciones negociales, pues su deber era entregar las
edificaciones en una fecha máxima, lo que no sucedió. En
consecuencia, encontró probado el error de juzgamiento del
juez de instancia.
3. No obstante, aseguró que como la prosperidad de la
resolución requería de que el demandante fuera un
contratante cumplido, analizó esta materia por fuerza del
artículo 328 del Código General del Proceso; máxime por
cuanto el a quo no hizo un examen juicioso de la materia,
«condición que si bien acepta el demandante aún en esta
audiencia, no tiene la virtualidad de aceptarse como tal por
ser circunstancia propia que le favorece y no se acredita con
su solo decir, sin que en el sub lite exista prueba que respalde
esa afirmación» (minuto 10:41 de la audiencia).
Encontró que en el proceso no se probó el cumplimiento
de las obligaciones de la convocante, esto es, el pago
oportuno del anticipo y la forma en que fue distribuida o
aplicada la suma solucionada, carga que estaba sobre sus
hombros para demostrar su legitimación.
Descartó que la afirmación del demandado sirviera para
suplir las actas del contrato, como pretendió la sociedad
reclamante; con todo, aún de otorgarle valor, esta
manifestación ratifica el incumplimiento, porque el anticipo
debía pagarse a los ocho (8) días del inicio de la ejecución de
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la obra, sin que así hubiere ocurrido, pues se solucionó una
cifra mucho menor.
4. Descartó una purga de la mora, ya que el
demandante manifestó su determinación de no cumplir con
sus obligaciones -ante la desconfianza en la finalización de la
obra- y, en todo caso, la demora frustró la finalidad
contractual de la convocada, quien reclamó el cumplimiento
y la superación de los efectos negativos de la tardanza.
5. Concluyó que la dilación en el pago del precio generó
perjuicios al artífice y, como consecuencia, excluye que la
demandante pueda calificarse como contratante cumplida,
motivo para rehusar la legitimación en la causa por activa.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
La convocante formuló oportunamente dos (2) embistes,
el primero por la causal tercera y el final por el motivo
segundo, los cuales se resolverán en el mismo orden de
proposición.
CARGO PRIMERO
1. Denunció falta de congruencia entre la sentencia de
alzada y los argumentos de la apelación, al tener a la
demandante como contratante incumplida, en transgresión
del derecho de defensa reconocido en el artículo 29 de la
Constitución Política, en soporte de lo cual invocó el fallo del
10 de octubre de 2016 de la Corte Suprema de Justicia.
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2. Argumentó que «el día 2 de mayo del 2019 se
interpuso recurso de apelación por parte de la sociedad REII
S.A.S, cuyo objeto fue única y exclusivamente cuestionar el
fallo de primera instancia en aquella parte que consideraba
que no se había acreditado el incumplimiento del demandado,
frente a lo demás se señaló, que se estaba conforme con los
considerandos de la providencia, como así lo demuestra el
escrito de apelación presentado el 2 de mayo de 2019»,
consideración ratificada en la audiencia del 13 de agosto
de2019.
Censuró que, a pesar de reconocerse que José Mario
Rodríguez Mazo incumplió sus deberes, el Tribunal se
adentrara en «argumentos que no se habían mencionado
siquiera en la sustentación del recurrente», en concreto, la
satisfacción de sus obligaciones, en transgresión del artículo
328 del Código General del Proceso y sin advertir que el
demandado no cuestionó este colofón por los remedios
reconocidos en la legislación.
Criticó que se revisaran las pruebas consistentes en el
contrato génesis, la declaración del representante legal de
REII S.A.S. y un documento remitido por el contratista, por
ser ajenas a la apelación.
CONSIDERACIONES
1. En los procesos civiles y comerciales, amén de la
naturaleza de los asuntos objeto de litigio, que por regla
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general son patrimoniales y de libre disposición, predomina
el principio dispositivo, según el cual, las partes tienen la
iniciativa de la acción, el impulso del proceso, la disposición
del derecho material, la fijación de los límites de la decisión,
la formulación de los recursos, e incluso, los efectos de la
cosa juzgada1.
En particular, las partes tienen la potestad para acotar
las materias sobre las cuales versará el debate probatorio y
la decisión judicial, sin que sea posible que el juzgador
desatienda el thema decidendum - tema sobre lo que el juez
decidirá- o la causa petendi -causa de la petición-, so pena
de exceder el ámbito de sus atribuciones.
Bien conocido es el brocárdico «ne eat iudex ultra petita
partium» -la sentencia ha de atenerse a las pretensiones de
las partes-, utilizado desde antaño para reconocer el señorío
de los litigantes sobre la causa y, por esta vía, impedir que la
actividad jurisdiccional se desvíe de los puntos planteados en
la demanda y su oposición.
Máxima recogida en el artículo 281 del Código General
del Proceso, a saber: «La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley».
1 Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, Buenos
Aires, 1958, p. 188 y 189.
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Sobre este precepto, la Corporación doctrinó:
[C]umple recordar que la congruencia de la sentencia es principio
cardinal del conjunto de garantías del debido proceso, que evita el
exceso o el defecto de esa decisión respecto del marco jurídico de
lo que compete resolver, previsto en el artículo 305 del citado
estatuto [se refiere al Código de Procedimiento Civil, norma
equivalente al artículo 281 del C.G.P.], bajo cuyo tenor el juez
debe sujetar la solución del conflicto a los hechos y las
pretensiones de la demanda o demás oportunidades autorizadas,
así como las defensas frente a esta última, sin desmedro de lo que
ha de resolverse de oficio.
De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de esta corporación,
acatar la congruencia implica que debe haber armonía entre lo
pedido y lo resistido (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.° 2009-
00114-01).
2. La vulneración del principio de congruencia, dentro
de este contexto, puede emanar de: (I) la ausencia de
correspondencia entre la decisión y las pretensiones, por
contener aquélla determinaciones extra petita, ultra petita o
citra petita; (II) la falta de resolución sobre las excepciones
alegadas por los convocados o que, sin ser personales -
prescripción, compensación y nulidad relativa-, refulgen de
las pruebas recabadas en el trámite; (III) decidir sobre la
defensas personales, a pesar de que no haber sido invocadas;
y (IV) el completo alejamiento del fallo con la plataforma
fáctica invocada en la demanda y contestación.
La jurisprudencia es pacífica en que:
[E]l principio de congruencia constituye una garantía de los
derechos fundamentales al debido proceso y defensa de las partes
en el proceso, hoy regulado en los artículos 281 y 328 de la citada
disposición, cuya desatención, se ha dicho, se presenta cuando: i)
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el juzgador decide el caso por fuera de las pretensiones o
excepciones probadas en el caso (extra petita), o más allá de lo
pedido (ultra petita), o cercenando lo que fue objeto de alegación y
demostración (citra petita); ii) cuando la sentencia no guarda
correlación con las ‘afirmaciones formuladas por las partes’,
puesto que es obvio que el juez no puede hacer mérito de un hecho
que no haya sido afirmado por ninguna de ellas; y, iii) en los
eventos en los que se presenta ‘una desviación del tema que fue
objeto de la pretensión deducida en la sustentación del recurso’
(SC4106, 16 sep. 2021, rad. n.° 2018-02233-00).
3. Adicionalmente, la Corte ha acudido a la
incongruencia para invalidar las decisiones judiciales que, al
desatar la alzada, se desvían «del tema que fue objeto de la
pretensión deducida en la sustentación del recurso” (SC5453,
16 dic. 2021, rad. n.° 2014-00085-01)2; significa que «la
incongruencia… también se patentiza cuando la sentencia no
armoniza con lo pedido en la sustentación del recurso que,
indudablemente, corresponde a una pretensión del derecho
sustancial controvertido» (SC5142, 16 dic. 2020, rad. n.°
2010-00197-01).
Lo anterior con fundamento en el inciso primero del
artículo 328 del C.G.P., según el cual: «El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante»; luego, como el
juzgador debe circunscribir su análisis a las referencias
fácticas, jurídicas y argumentativas que aduce el recurrente
en contra de la decisión censurada, su desconocimiento
trasluce falta de consonancia.
2 Sobre la inconsonancia por este mismo aspecto, véase CSJ, SC14427-2016 y
AC1385-2020.
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Entendimiento que constituye la doctrina probable
vigente sobre la materia, por haber sido acogida en las
providencias del 2 de noviembre (SC3627, rad. n.° 2014-
58023-01), 13 de octubre (SC4174, rad. n.° 2013-11183-01),
16 de septiembre (SC4106, rad. n.° 2018-02233-00), 30 de
junio de 2021 (AC2610, rad. n.° 2012-00100-01), 16 de
diciembre de 2020 (SC5142, rad. n.° 2010-00197-01), y
muchas más.
Entonces, «la incongruencia no se presenta solo cuando
existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de
la demanda y lo fallado, sino que también se patentiza cuando
la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del
recurso que, indudablemente, corresponde a una pretensión
del derecho sustancial controvertido» (SC14427, 10 oct. 2016,
rad. n.° 2013-02839-00; reiterada SC3627, 2 nov. 2021, rad.
n.° 2014-58023-01).
4. Ahora bien, la regla enunciada en precedencia no es
absoluta, ya que el sentenciador, al margen del contenido de
la apelación, tiene el deber de decidir las materias: (I)
tocantes a presupuestos del proceso, la acción o la sentencia
favorable, (II) que tengan conexión necesaria con la decisión
de alzada o (III) cuyo pronunciamiento sea oficioso.
Así lo establecen los siguientes preceptos de la actual
codificación procesal:
Artículo 281. Congruencias… En la sentencia se tendrá en
cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
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sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y
que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su
alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio…
Parágrafo 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar
ultrapetita y extrapetita…
Artículo 282. Resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de
proceso, cuando el juez halle probados los hechos que
constituyen una excepción deberá reconocerla
oficiosamente en la sentencia… Si el juez encuentra probada
una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de
la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este
caso si el superior considera infundada aquella excepción
resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya
apelado de la sentencia.
Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley… El juez no podrá hacer más
desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella (negrilla fuera de texto).
La Sala, refiriéndose al anterior estatuto procesal, en
consideraciones que mantienen vigencia, doctrinó: «se tiene
que, como regla de principio, la decisión del superior está
restringida a los argumentos expuestos por el apelante, lo que
no obsta para que sentencie sobre temáticas respecto de las
cuales el ordenamiento le impone pronunciarse motu proprio,
por estar íntimamente relacionadas con el asunto sometido a
su conocimiento» (SC3918, 8 sep. 2021, rad. n.° 2008-00106-
01).
Significa que el sentenciador, de forma excepcional,
debe ir más allá de los argumentos blandidos por el apelante,
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para (I) proteger los derechos de ciertas personas, (II)
reconocer situaciones sobrevinientes que afectan el derecho
controvertido, (III) resolver materias que no fueron falladas
por el a quo, o (IV) revisar aspectos inescindiblemente
conectados con la decisión.
Sobre esta última posibilidad la Corte ha señalado: «que
existen puntos íntimamente ligados al tema objeto de la
alzada que, aun cuando no hayan sido cuestionados, no se
encuentran vedados para el ad quem» (SC444, 25 en. 2017,
rad. n.° 2012-02003-00). Por tanto, si bien es cierto que «los
jueces de apelación no pueden fallar de oficio sobre ningún
asunto que no les haya sido propuesto», también lo es que
esta regla no tiene cabida frente a tópicos que «estén
íntimamente ligados con el objeto de la impugnación. De suerte
que cuando la apelación ha sido puntual, los demás aspectos
de la sentencia -esto es los que no fueron objeto de recurso-
adquieren la autoridad de la cosa juzgada» (SC14427, 10 oct.
2016, rad. n.° 2013-02839-00).
De forma concreta, y sin ánimo de exhaustividad, se
consideran temáticas inescindiblemente vinculadas las
relativas a: (I) satisfacción de los presupuestos de la acción
(SC5473, 16 dic. 2017, rad. n.° 2017-40845-01); (II)
restituciones mutuas a consecuencia de la extinción
retroactiva de negocios jurídicos (SC2217, 9 jun. 2021, rad.
n.° 2010-00633-02); (III) presupuestos procesales, esto es,
los requisitos exigidos por la ley para la regular formación y
el perfecto desarrollo del proceso (SC, 15 may. 1985,
reiterado AC3048, 28 jul. 2021, rad. n.° 2011-00487-01); (IV)
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orden público, como sucede con la nulidad absoluta de
ciertos actos o declaraciones de voluntad (idem); y (V)
satisfacción de los requisitos de los títulos ejecutivos para
ordenar el cumplimiento coactivo (STC15169, 7 nov. 2019,
rad. n.° 2019-01721-01).
Respecto al anterior listado, por ser de interés al sub
examine, conviene remarcar:
Uno de estos pronunciamientos oficiosos que debe asumir el
juzgador ad-quem lo constituye el análisis de los
presupuestos del derecho reclamado por el demandante, sin
que este proceder implique la desatención del principio de la
congruencia, porque como lo tiene dicho la Corte, ‘[d]esde esa
perspectiva si lo que pasa por alto el sentenciador es la
inexistencia del derecho reclamado, no quiere decir que el fallo sea
inconsonante, que sólo se da si no declara de oficio una «excepción»
que forzosamente debía reconocer. Esto es, no corresponde a un
yerro in procedendo’ (CSJ SC4574 de 2015, rad. 2007-00600-02)
(negrilla fuera de texto, SC3918, 8 sep. 2021, rad. n.° 2008-
00106-01).
Más recientemente explicó:
[L]a resolución del derecho reclamado por el solicitante,
accediendo o negando, previamente al estudio de los
mecanismos de defensa propuestos o a los reparos señalados por
el recurrente por vía de apelación, no comporta la conculcación
del principio de congruencia, por tratarse del cumplimiento
del deber de administrar justicia de que está investido todo
funcionario judicial, ya de primera instancia ora de segundo
grado, en desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva
(negrilla fuera de texto, SC5473, 16 dic. 2021, rad. n.° 2017-
40845-01).
Específicamente, «cuando los sentenciadores de
instancia asumen el estudio de la legitimación y determinan
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su ausencia en relación con alguna de las partes, lo que los
lleva a negar la pretensión, están, en estricto sentido,
resolviendo oficiosamente sobre los presupuestos
indispensables para desatar de mérito la cuestión litigada»
(CSJ, SC2642, 10 mar. 2015, rad. n.° 1993-05281-01).
5. Aplicado el anterior estado del arte al ataque inicial,
deviene indiscutible que, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, no incurrió en incongruencia al proferir
la providencia de 13 de agosto de 2019, como se explicará en
lo subsiguiente.
5.1. Fuera de discusión se encuentra que el
demandante, al recurrir la decisión de primer grado, fue
contundente en acotar su crítica a un aspecto particular de
la providencia, como expresamente fue indicado al formular
los reparos concretos contra la misma:
[E]l fallo del Aquo se centró en determinar que (sic) presupuestos
de la acción resolutoria se habían cumplido en este caso en
concreto; frente a la existencia y validez del contrato encontró que
estaba plenamente acreditada en el proceso; frente al
cumplimiento del demandante, es decir, la empresa REII S.A.S., el
despacho encontró que efectivamente había cumplido con el
contrato… no obstante lo anterior, no encontró acreditado el
incumplimiento por parte del demandado. Esto es importante para
efectos de delimitar el objeto de esta apelación, así las cosas, no
se va a tocar la existencia y validez del contrato pues esta quedó
demostrada en el proceso y fue reconocida en el fallo de primera
instancia…, así como el cumplimiento del contrato por parte de la
empresa demandante que igualmente quedo acreditada en el
proceso…; por esta razón solo vamos a enfocar esta apelación
en aquello que nos fue desfavorable y de lo cual estamos en
desacuerdo con la Sentencia de primera instancia, esto es,
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el incumplimiento por parte del demandado (negrilla fuera de
texto, folios 773 y 774 del cuaderno principal).
Delimitación corroborada en la audiencia de
sustentación y fallo:
En la sentencia que apelamos, y esto para delimitar el objeto de la
apelación, se llegaron a cuatro conclusiones… las tres primeras
tienen que ver con los presupuestos de la acción resolutoria… el
juzgador de primera instancia señaló que el primer requisito, de la
existencia y validez del contrato se había cumplido, por tanto
frente a este tema no… tenemos reparo… Igualmente en la
aseveración que se hizo en la sentencia, de que la empresa REII
era contratante cumplido tampoco tenemos reparo, y sólo nos
vamos a enfocar hoy en el incumplimiento que según el parecer del
juzgado de primera instancia no se acreditó (minutos 09:46 a
09:47 de la audiencia de 13 de agosto de 2019).
Luego, por decisión del recurrente, la única materia
objeto de la alzada era la insatisfacción de los deberes
negociales de la convocada.
5.2. El Tribunal anduvo en la dirección indicada,
revisando las pruebas tendientes a establecer las
obligaciones a cargo del convocado y su cumplimiento, punto
en el que encontró que el a quo se equivocó. Sin embargo,
una vez establecido el yerro de juzgamiento, era imperativo
que se adentrara en la revisión de los requisitos para la
prosperidad de la pretensión, así como resolver las
excepciones propuestas por el demandado y que no fueron
resueltas en primera instancia.
Y como la doctrina probable de la Sala, frente a la acción
resolutoria, tenía dicho que «luego de que sea establecida
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la existencia de un contrato válido que ligue a los
contratantes, la labor del juzgador deberá estar dirigida
a determinar… la legitimación del actor, esto es, a
escudriñar si su conducta contractual evidencia que puede
beneficiarse de la facultad para pedir la resolución del
contrato o su cumplimiento, con indemnización de perjuicios,
porque tal derecho le asiste únicamente a quien ha
cumplido o se ha allanado a hacerlo» (negrilla fuera de
texto, SC, 16 jun. 2006, exp. n.° 7786), halla justificación que
el colegiado de segundo grado se adentrara a esta materia,
en desarrollo de resolver las materias inescindiblemente
vinculadas y verificar los presupuestos de la sentencia
favorable.
Sumado al hecho de que, dentro de las excepciones
propuestas por el demandando, se incluyó la denominada
«contrato no cumplido por parte del contratante», la que no fue
decidida por el a quo, como se extrae del hecho de que en el
acápite resolutivo no se incluyó ningún pronunciamiento
sobre ella, siendo necesario que se hiciera junto al remedio
vertical.
Así las cosas, la actividad decisional del Tribunal no
contravino el principio de congruencia, sino que actuó dentro
de las excepciones reconocidas para su aplicación, que
encuentra asidero en los artículos 282 y 328 del Código
General del Proceso.
En este punto conviene recordar lo dicho por esta
Corporación:
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[L]a legitimación en causa, esto es, el interés directo, legítimo y
actual del “titular de una determinada relación o estado jurídicos”
(U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2ª
reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1983, pp.
360), es cuestión propia del derecho sustancial, atañe a la
pretensión y es un presupuesto o condición para su prosperidad.
Por tal motivo, el juzgador debe verificar la legitimatio ad
causam con independencia de la actividad de las partes y
sujetos procesales al constituir una exigencia de la
sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende
y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular… (CSJ
SC de 1° de jul. de 2008, Rad. 2001-06291-01, reiterada SC2768-
2019 de 25 de jul. de 2019, rad. 2010-00205-03) (negrilla fuera
de texto, SC4888, 3 nov. 2021, rad. n.° 2010-00247-01).
5.3. En resumen, como la materia que fue estudiada por
el colegiado de segundo grado es de aquellas que deben
resolverse oficiosamente, por estar vinculada de forma
inescindible con el reconocimiento del derecho pretendido,
así como en garantía del derecho de contradicción, se
desestima la incongruencia alegada, razón para cerrar la
prosperidad de la acusación en casación.
5.4. Con todo, advierte esta Corporación que, en verdad,
el a quo no adoptó ninguna decisión respecto a la condición
de contratante cumplido de la demandante, de allí que el
estudio de esta materia fuera imperativo para emitir un fallo
de fondo.
5.4.1. Para dilucidar, conviene transcribir las ideas
centrales del razonamiento del sentenciador de primera
instancia:
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Constituyen presupuestos de la acción resolutoria: (i) la existencia
de contrato bilateral válido, (ii) El incumplimiento del demandado
total o parcial, de sus obligaciones generadas en el pacto, porque
en eso consiste la realización de la condición tácita; y (iii) Que el
demandante a su vez, haya cumplido los deberes que le impone la
convención, o que al menos se haya allanado a cumplirlos en la
forma y tiempo debidos.
La existencia del contrato bilateral válido no amerita
discusión, porque los folios 3 y s.s., dan cuenta del mismo,
sin que hubiere sido tachado de falso por el extremo pasivo.
El segundo, referente a la prueba del incumplimiento, si ha
de extenderse el análisis a partir de las pruebas allegadas para
tal fin…
Bajo este supuesto, el segundo elemento no tuvo suerte,
quedando estancada la acción civil, en la medida que el
actor no demostró el incumplimiento que se le atribuye al
demandando, porque las pruebas interrogatorio, testimonial o
pericial no descubrieron las especificas falencias sobre las cuales
se fundamentó el incumplimiento. Veamos.
El actor, como contratante cumplido, presentó como prueba
del ‘incumplimiento’ de su contraparte, un estudio y medición
de obra planta de tratamiento REII realizado por la Ingeniera
Liliana Garzón, con el cual, debía quedar establecido con claridad
los elementos estructurales faltantes de la construcción…
[E]l Despacho queda sin soporte probatorio que le permita conceder
al actor, veracidad sobre faltantes de obra, por cuanto la exclusión
del referido ‘estudio’ deja huérfana su pretensión. Y, como éste
constituye un presupuesto sustancial, no formal que impidiera
admitir la acción, corresponde negar las pretensiones por falta de
‘presupuestos’ (negrilla fuera de texto, folios 715 a 717 del
cuaderno principal).
Descuella, de una lectura ecuánime, que el Juzgado 36
Civil del Circuito de Bogotá, en su providencia, se limitó a
analizar dos (2) presupuestos de la acción impetrada, como
son la existencia y validez del negocio jurídico, y el
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incumplimiento del demandado, sin adentrarse en el último
de ellos, esto es, el cumplimiento de las cargas contractuales
de la demandante.
Así se extrae, no sólo del hecho de que en el fallo
únicamente se revisaron las pruebas tocantes a dos (2)
requisitos, sino que en la argumentación ninguna referencia
se hizo a la satisfacción del tercero de ellos, menos aún de
las pruebas que servían para su demostración.
5.4.2. Ciertamente, en las consideraciones del fallo de
25 de abril de 2019, se incorporó el siguiente enunciado: «[e]l
actor, como contratante cumplido, presentó como prueba
del ‘incumplimiento’ de su contraparte un estudio y medición
de obra planta de tratamiento REll realizado por la Ingeniera
Liliana Garzón» (negrilla fuera de texto).
La expresión en negrilla, sólo a través de una lectura
descontextualizada, puede servir para afirmar que el
sentenciador de primera instancia afirmó que el demandante
era un cumplidor de sus obligaciones, como lo pretende la
casacionista; en verdad corresponde a una frase suelta, que
carece de apoyadura en la estructura del veredicto, ausente
de justificación o comprobación.
Un entendimiento dentro del contexto del fallo, revela
que el a quo se limitó a reproducir la auto-atribución hecha
por la demandante, respecto a la calidad que invocó para
obtener la resolución del contrato de obra, sin comprometer
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su juicio, de allí que empleara la locución «como» después de
asignar su titularidad a aquélla.
Pretender una interpretación diferente es tergiversar la
ilación de los argumentos de la sentencia, máxime por
cuanto, como ya se dijo, la excepción propuesta por el
convocado no fue analizada ni decidida.
Por ende, ante la ausencia de una resolución judicial,
era forzoso que el ad quem revisara las pruebas tendientes a
establecer la legitimación en la causa por activa de la
promotora, en descrédito de la incongruencia invocada.
6. Por las razones expuestas se desestima la acusación
inicial.
CARGO SEGUNDO
Alegó la violación indirecta de los artículos 1495, 1540,
1546, 1602, 1609, 1613 a 1617 del Código Civil, 167 y 176
del Código General del Proceso, por no advertir que (I) REII
S.A.S. pagó $1.641.288.000, (II) éstos se destinaron al
contrato n.° 01, (III) la demandante se allanó a cumplir, y (IV)
no se probaron los gastos administrativos y alteraciones de
presupuesto.
1. Invocó la cláusula séptima del contrato y la
constancia de abonos emitida por José Mario Rodríguez
Mazo, para denotar que al 5 de diciembre de 2012 se había
pagado $1.641.288.000, superior al anticipo pactado,
equivalente al 50% de $1.775.660.895, como fue reconocido
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en la contestación de la demanda y en las declaraciones
procesales rendidas por el convocado.
Aseguró «que el saldo restante, para completar el valor
total de $1.775.660.895.46, debía cancelarse mediante acta
parcial de obra ejecutada recibida a satisfacción; situación
que no sucedió, de hecho se encontró, que ni siquiera el
contratista había ejecutado los $1.641.288.000,00 que la
Sociedad REII S.A.S., le había pagado en virtud del contrato
objeto del presente contrato». Invocó la declaración del
representante legal del convocado para corroborar su
incumplimiento.
Coligió que existió «una violación indirecta a la ley
sustancial por un error de hecho… por parte del A quem (sic)
al omitir valorar el contrato de obra civil a todo costo N° 01 del
13 de junio de 2012, la contestación de la demanda (Folio 499
Cuaderno del Principal) y el informe del propio José Mario
Rodríguez Mazo…; y así mismo se cometió una violación
indirecta a la ley sustancial por un error de derecho… por
desconocimiento de una norma probatoria, al no valorar en
conjunto los medios de prueba como lo dispone el artículo 176
del Código General del Proceso».
Insistió en que «el Tribunal no valoró las cláusulas del
contrato… y tampoco las analizó con las demás pruebas tales
como la constancia de abonos vista a folio 15 del expediente
del cuaderno principal y la declaración del representante
legal; aquí se evidencia en primer lugar una omisión al no
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valorar el contrato… y una violación del artículo 176… por no
analizar en su conjunto las pruebas debidamente aportadas».
2. Con base en el documento «Respuesta Informe
Económico Contrato No. 01», aseguró que el demandado
asintió en que $1.641.288.000 fueron entregados para el
contrato n.° 01; además, de haberse destinado parcialmente
al contrato n.° 02, esta circunstancia no se probó en el
proceso, siendo una carga del accionado por su cercanía con
los medios demostrativos, en aplicación del canon 167 del
C.G.P., a pesar de lo cual «durante el proceso no hubo ni una
sola prueba que demostrara este hecho y tanto es así, que la
Sentencia de Primera Instancia, la cual no fue apelada por la
parte demandada, se pronunció en este sentido». En este
punto desechó que, la simple afirmación del convocado, fuera
suficiente para su demostración.
Afirmó que «se observa en el expediente en folio 403 que
el contrato No. 02 se suscribió el 30 de mayo de 2013, es decir
una fecha posterior a los pagos que ascienden a la suma de
$1.641.288,00 (sic); y además nótese que este contrato tiene
como partes contratantes al Banco de Bogotá…, es decir la
obligación de pagar era del Banco más no de la empresa REII
SAS; y por otro lado, no se encuentra en el mismo ninguna
alusión a que el contratista ya había ejecutado más de 200
millones de pesos, que de darse así hubiera generado un
enriquecimiento sin justa causa, por cuenta de este contrato
No. 02 se celebró por la suma de $2.000.000 millones de
pesos, es decir el valor corresponde como si no se hubiera
ejecutado nada del objeto del contrato».
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Achacó error de hecho por pretermisión y de derecho
por transgresión del precepto 167 del C.G.P., relativa a la
carga dinámica de la prueba.
3. Censuró que el Tribunal dijera que el demandante
repudió cumplir sus obligaciones, por desvelar una lectura
errada y fuera de contexto de la declaración del representante
legal de REII SAS.
Rememoró que, una vez pagado el anticipo, el saldo
debía solucionarse mediante acta parcial a satisfacción del
contratante, lo que no ocurrió, por cuanto el peritaje arrojó
que ni siquiera se ejecutó lo pagado. Por ende, la ausencia de
obras recibidas a entera satisfacción, hacía inexigible la
obligación.
Dijo: «Aquí el primer error del Tribunal a la hora de
valorar las pruebas, consistió una vez más en omitir el análisis
de las obligaciones consignadas en el contrato; lo cual
configura, de conformidad con el artículo 336 num 2 del C.G.P,
una violación indirecta por (error de hecho) en la apreciación
de la prueba, específicamente de la Cláusula Séptima del
aludido contrato; y el segundo error fue no analizar la
declaración rendida por el Representante Legal en contexto
con las cláusulas del Contrato de Obra Civil a todo costo N° 01
del 13 de junio de 2012, esto generó, de conformidad con el
artículo 336 num 2 del C.G.P, una violación indirecta de la ley
sustancial por (error de derecho) derivado del desconocimiento
de una norma probatoria consagrada en el artículo 176 del
Código General del Proceso».
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4. Aseveró que la existencia de contratiempos y
dificultades no puede entenderse como una alteración del
presupuesto o aumento de gastos, pues no se probó cuáles
fueron, ni su valor, menos aún se arrimaron sus soportes,
carga procesal del demandado, que no puede entenderse
satisfecha con una comunicación ambigua o su declaración
en el proceso, so pena de desatender el citado artículo 167;
«esto sin perjuicio de que el contrato objeto del presente
proceso era a Todo Costo y como se alegó enfáticamente… las
implicaciones jurídicas de la naturaleza de estos contratos es
que el contratista, en este caso el demandado, debía asumir
esas presuntas alteraciones y obras adicionales».
CONSIDERACIONES
1. Defectos técnicos de la acusación
1.1. Dentro de la clasificación de los medios de
impugnación a que se refiere el título único de la Sección
Sexta del Código General del Proceso, la casación conserva
su naturaleza extraordinaria, como se infiere de su
procedencia limitada respecto a determinadas sentencias
(artículo 334), por causales taxativas (artículo 336) y previo
cumplimiento de los requisitos para su concesión (artículos
337, 338 y 340) y admisión (artículos 342, 344 y 346).
Esta calidad, como lo sostiene la doctrina especializada,
es connatural a este mecanismo de impugnación:
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[L]a casación no es solamente un simple recurso; sino que se
califica como un recurso extraordinario. En efecto, como afirma
Guasp, mientras que la apelación es el recurso ordinario por
antonomasia, la casación es el recurso extraordinario, por
antonomasia también. Y el mismo autor describe así los rasgos
que caracterizan a la casación como recurso extraordinario:
a) no es admisible el recurso de casación si no se han agotado los
recursos ordinarios que procedan contra el fallo…
b) las partes no pueden ejercer este recurso a base de un simple
interés, sino que tiene que fundarlo en un motivo legalmente
determinado, es decir, en un motivo de casación precisamente;
c) el órgano jurisdiccional no puede conocer los problemas litigiosos
en los mismos términos de amplitud que corresponde a los
Tribunales de instancia, sino que se encuentran limitados sus
poderes a temas determinados y taxativos, coincidentes,
precisamente, con las circunstancias que funcionan como motivos
de casación3.
La Sala ha admitido la mencionada característica:
[L]a casación es un recurso extraordinario, cuyo propósito es el
quiebre de una sentencia amparada por la presunción de legalidad
y acierto, [por lo que se] exige que el escrito presentado para
sustentarlo se sujete a determinados requisitos formales, pues,
por cuanto se trata de una cuestión esencialmente dispositiva, la
labor de la Corte queda reducida al marco que el acusador
establezca, de donde se sigue que es a éste a quien con
exclusividad le toca delimitar el contexto y ámbito conceptual
acerca de cómo el Tribunal incurrió en el desatino.
De este modo, sea cual fuere la causal que se aduzca, esto es,
independientemente que la crítica cuestione vicios de juzgamiento
o in procedendo, ese libelo constituye la moldura dentro de la cual
la Corporación debe discurrir su actividad; de ahí que competa al
censor atender un mínimo de exigencias en procura de tornar
idónea la respectiva sustentación; pues es a él a quien
corresponde delinear los perfiles dentro de los que ha de discurrir
3 José Gabriel Sarmiento, Casación Civil, Serie Estudios, Caracas, 1998, pp. 37-38.
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la Corte como Tribunal de Casación (AC219, 25 en. 2017, rad. n.°
2009-00048-01).
1.2. Dentro del anterior marco, el numeral 2° del
precepto 344 del actual estatuto adjetivo establece, como
requisitos particulares del escrito de sustentación, «la
formulación… de los cargos contra la sentencia recurrida, con
la exposición de los fundamentos de cada acusación, en
forma clara, precisa y completa» (negrilla fuera de texto).
La claridad consiste en que «la persona que acude a este
mecanismo debe formular sus embates… con la indicación de
las razones por las cuales considera que el juzgador de
instancia se equivocó y cómo tal dislate tiene la virtualidad de
afectar la totalidad de la decisión. No es posible soportar la
acusación en formulas abstractas, o elucubraciones sobre cuál
debió ser la decisión definitiva» (AC3919, 20 jun. 2017, rad.
n.° 2017-00650-01).
La precisión obliga a «que los embistes [estén] orientados
hacia los fundamentos reales de la decisión atacada, sin
separarse de ellos, so pena que la recriminación no pueda ser
admitida. En otras palabras, los reproches deben dirigirse con
acierto hacia el centro de la argumentación de la providencia
cuya anulación se pretende» (AC5922, 16 dic. 2021, rad. n.°
2016-00046-01).
Por último, la completitud «impone al promotor que
ataque la totalidad de las premisas del fallo cuestionado, de
suerte que las controvierta en su integridad, sin que ninguna
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de ellas pueda quedar desprovista de cuestionamiento»
(AC4921, 9 nov. 2021, rad. n.° 2017-00431-01).
1.3. De forma agregada, y por su importancia para el
presente caso, el numeral 2° del artículo 346 del C.G.P.
establece que la acusación es inadmisible «cuando en la
demanda se planeen cuestiones de hecho o de derecho que no
fueron invocados en las instancias».
Se positivizó la denominada prohibición de «medios
nuevos», «o sea, aspectos… que por no haberse planteado ni
alegado en ninguna de las instancias del proceso, o por ser
contrarios a los que allí se debatieron, fueron desconocidos por
el sentenciador de instancia, y que, por consiguiente, sólo
buscan que el litigio se solucione mediante el estudio por la
Corte Suprema de extremos absolutamente distintos a los que
fueron base de la demanda y su contestación (SC, 19 ene.
1982)» (SC3604, 25 ag. 2021, rad. n.° 2016-00063-01).
1.4. En la acusación bajo análisis, anticípese, la
impugnante incurrió en incompletitud y falta de claridad, así
como en invocación de un medio nuevo, razones para
desechar su estudio, en aplicación del artículo 346 del
vigente estatuto adjetivo.
1.4.1. Rememórese que el Tribunal denegó la resolución
negocial pretendida, por cuanto la demandante no demostró
el cumplimiento de sus obligaciones, con base en los
siguientes argumentos:
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De cara al documento, báculo de la acción impetrada, se tiene que
el contratante, aquí demandante, se comprometió… a pagar al
contratista el valor del contrato en la forma y condiciones que se
estipulan en la cláusula séptima, es decir, la suma de
$1.775.660.895,46, de la siguiente forma: un anticipo que
equivale al 50% del valor del contrato… de $1.880.424.568,61,
dentro de los ocho (8) días siguientes de legalizado el contrato, el
saldo restante, dice la estipulación, se cancelará mediante actas
parciales de obra ejecutada y/o al recibo de las obras a entera
satisfacción del contratante. Así, de la descripción del precitado
pliego se advierte que le existe razón al demandado, en cuanto a
que existió un contrato génesis, del cual se derivó el que aquí
pretende resolverse, pues el clausulado reseñado ni siquiera fue
modificado, tal así que el primer pago de que se habla… se
relaciona por un valor superior al del total del negocio…, sin que
exista prueba de su pago oportuno. Afirmase así por cuanto,
aunque el demandante aseguró haber hecho un abono por cuantía
de $1.641.288.000, el que se corrobora con el documento visto a
folios 58…, lo cierto es que no hay certeza sobre la forma en que
fue distribuida o aplicada la suma pagada como abono, carga que
le correspondía al demandante… y que no puede tenerse por
cumplida con el legajo a que se ha hecho mención… habida
cuenta que en él no está establecido cada pago, según
concepto u obra realizada, de suerte que aquél no puede
reemplazar las actas a que hace alusión la cláusula
séptima de la relación contractual.
Pero si en gracia de discusión se tuviera dicho folio como
constancia de pago hechos al contrato 01, en todo caso sería éste
prueba del incumplimiento…, en la medida en que según lo
convenido en el clausulado debía pagarse la mitad del valor
del contrato a los ocho (8) días de su suscripción, que como
se dijo… sería el 21 de junio de 2012, ya no por
$1.880.424.568,61… pero sí por el equivalente al 50% del
valor contratado en esta ocasión, $1.775.660.895,46, que
corresponde a $887.830.447,50, sin que así hubiere
ocurrido, ya que según el listado de pagos allí contenido, en junio
de 2012, tan sólo se había abonado el valor de $403.560.000, es
decir, mucho menos del valor establecido como anticipo.
No puede aplicarse… el contenido de la jurisprudencia por él
citada… que consideró el incumplimiento tardío y su purga por
quien lo acepta. Primero, porque en el asunto allí dilucidado se
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habla de retraso en el cumplimiento, que no del repudio a seguir
cumpliendo, como sucede en este caso, en tanto la propia sociedad
demandante, a través de su representante legal… sostuvo que
adeuda un porcentaje del valor total del contrato, y que decidió no
pagarlo, y se rehúsa a hacerlo, ante el temor que no fuera ha
ejecutarse el faltante de la obra…
En segundo lugar… obra en el expediente documento remitido por
el contratista, folio 13 y 14 del cuaderno 1, a la empresa
contratante, en el que requirió el cumplimiento de los abonos
convenidos para poder adelantar la obra, en tanto ‘no entrega
dinero desde el día 5 de diciembre de 2012’. Situación que, por
demás, revelaba afectación directa a los intereses del contratista,
como quiera que, el mismo indicó que el aumento de tiempo de
ejecución del contrato le generó gastos administrativos que estaba
asumiendo de su propio peculio, a manera de ejemplo… los costos
de vigilancia… (negrilla fuera de texto, minutos 10:41 a 10:47)
En resumen, el sentenciador encontró que (I) faltó
acreditar el pago del anticipo con destino al contrato n.° 01,
ante la ausencia de las actas de avance de obra; (II) el
anticipo por valor de $887.830.447,50, aunque se tuviera por
realizado con base en la documentación aportada, no fue
solucionado oportunamente, pues el expediente da cuenta de
que sólo se pagaron $403.560.000 dentro del plazo negocial;
(III) no hubo purga de la mora, pues el encargante manifestó
su decisión de no querer cumplir y, en todo caso, fue
requerido por el contratista para que lo hiciera; y (IV) la
demora en cumplir generó erogaciones que debió sufragar el
convocado, tales como mayores costos de vigilancia.
1.4.2. A pesar de la multiplicidad de razonamientos
contenidos en la decisión judicial, en la acusación bajo
estudio únicamente se cuestionaron los tocantes a la prueba
de los pagos realizados con destino al contrato n.° 01, la
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inexistencia de una decisión de incumplir por parte del
demandado y la ausencia de demostración de los gastos
administrativos, dejando sin crítica los demás puntos que
sirvieron para denegar las pretensiones, huelga decirlo: (I) la
carencia de actas de entrega parcial de obra que soporten los
pagos realizados, (II) el retraso en el solución del anticipo del
contrato, (III) la falta de purga de la mora por los
requerimientos realizados por el demandado, y (IV) la
afectación del interés contractual de este último.
De esta forma se desvela que la acusación deviene
insuficiente para derruir el fallo confutado, al dejar incólume
múltiples de las razones que sirvieron al ad quem para
rehusar la pretensión resolutoria, en contravención de la
exigencia de completitud a que se refiere el artículo 344 del
Código General del Proceso.
Ante la poquedad de los reclamos deviene inane su
estudio, pues, aunque tuvieran vocación de prosperidad, lo
mismos carecerían de trascendencia para modificar el
sentido de la decisión, en tanto ésta se mantendrá apoyada
en las bases no criticadas, las cuales seguirán resguardadas
por las presunciones de acierto y legalidad que son
connaturales a las sentencias judiciales.
En este punto resulta pertinente recordar el
pensamiento de la Sala:
‘[u]na acusación incompleta, esto es, una imputación en casación
que deje intacto un argumento del Tribunal que por sí mismo preste
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base suficiente al fallo, es inane porque la Corte, dado lo
dispositivo del recurso, no puede de oficio enmendar o suplir la
omisión o falencia en que incurrió el censor’ (SC563, 1° mar. 2021,
rad. n.° 2012-00639-01); dicho en positivo, ‘los cargos [deben ser]
idóneos, en el sentido de que combatan todos los fundamentos
esgrimidos como soporte de la decisión de instancia, pues de
quedar en pie alguno de ellos será suficiente para mantener la
determinación que pretende anularse’ (SC, 5 ab. 2021, rad. n.°
2006-00215-01) (SC4670, 9 nov. 2021, rad. n.° 2015-00370-01).
Deviene, itérese, que la escasez de la acusación conduce
a su rechazo.
1.4.3. Se agrega a lo dicho que, varios de los
cuestionamientos izados por la demandante, realmente
desvelan una aceptación del contenido del fallo de segundo
grado, lo que desdice sobre su claridad.
Así sucede con las censuras relativas a(I) el valor del
anticipo que debía pagar la contratante con ocasión del
contrato n.° 01, (II) el total de los recursos recibidos por
artífice, o (III) la viabilidad de exonerarse de responsabilidad
por la realización de obras adicionales, aspectos en que el
casacionista arriba a conclusiones iguales a los de fallo de
segundo grado, en la cual se asintió en que: (I) el monto del
anticipo según el contrato era de $887.830.447, (II) el
demandado recibió del demandante $1.641.288.000 para las
obras del horno de incineración, y (II) las modificaciones, así
como las obras agregadas no justifican el incumplimiento de
los deberes negociales del artífice.
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Ante la ausencia de cuestionamientos reales, en las
materias antes citadas, el cargo se viste de obscuridad, por
revelar que se utilizó la casación sin atender a su finalidad,
huelga decirlo, sin observar que el thema decisum de la
impugnación es la sentencia de segundo grado.
La Corte tiene dilucidado que: «no es el litigio como
cuestión decidendum, sino la sentencia proferida por el
tribunal de segunda instancia como thema decisum, sentencia
ésta que es el objetivo propio del Juzgamiento de la Corte en
casación, quien, en el ámbito de cualquiera de las causales
específicas en que puede fundarse tal recurso y dentro de los
límites que le trace la impugnación, se limita a decidir si ese
procedimiento de segundo grado se conforma, si o no, con el
derecho» (SC, 22 mar. 1995, exp. n.° 5250).
1.4.4. Sumado a lo expuesto se tiene que, en la
acusación se incluyeron medios nuevos, que deben ser
rechazados de forma categórica, como son la invocación de
un enriquecimiento injustificado, por el no reconocimiento de
los abonos efectuados al contrato n.° 02 al momento de su
suscripción, y la aplicación de la carga dinámica de la
prueba, para resolver lo relativo a la causa de los pagos
realizados.
Total, elevar razonamientos de último minuto, sin
permitir que se agote el debate probatorio propio del proceso,
desvela una afrenta a la lealtad y probidad procesal, por
sorprender a la administración de justicia y a la contraparte
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con alegaciones sorpresivas y que trastornan el objeto de la
decisión.
De allí que se proscriban los razonamientos tardíos, con
el consecuente rechazo de su estudio, como sucede con las
anotadas tesis del enriquecimiento sin causa y la inversión
del deber probatorio, materias que no fueron argüidas por la
parte demandante en ninguno de los momentos procesales
que tuvo a buen recaudo, por lo que mal podrían estudiarse
al desatar el remedio extraordinario.
2. Análisis de fondo de la acusación
Con todo, aunque se dejaran de lado los yerros técnicos
antes denunciados, las acusaciones tampoco están llamadas
a abrirse paso, pues la valoración probatoria efectuada por
el ad quem encuentra soporte en la ontología de los medios
suasorios.
2.1. Es bien sabido que, para la prosperidad del remedio
extraordinario, por violación indirecta de normas de derecho
sustancial, los errores de juzgamiento deben ser evidentes,
en el sentido de que reluzcan con facilidad.
Así se extrae del canon 344 del Código General del
Proceso, según el cual, «el recurrente deberá demostrar el
error y señalar su trascendencia en el sentido de la sentencia»;
y de forma especial, para el dislate de hecho, el numeral 2°
del artículo 336 impuso que el yerro sea «manifiesto y
trascendente».
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La Sala, refiriéndose a este motivo de casación, aseguró:
Solo el error manifiesto, evidente y trascedente es
susceptible de apoyar la causal de casación que por esta vía
daría al traste con el pronunciamiento impugnado. Los
yerros cuya incidencia determinante no aparezca
demostrada, a pesar de su concurrencia, no bastan para
infirmar la decisión mediante el recurso extraordinario
(negrilla fuera de texto, SC876, 23 mar. 2018, rad. n.° 2012-
00624-01).
Colofón que encuentra apoyo en «la autonomía que
abriga a los jueces de instancia en la valoración de los
instrumentos persuasivos», razón para admitir que «sus
conclusiones son intangibles e inmodificables en casación,
salvo los casos en que se advierta una conclusión
contraevidente, ‘porque se aparta groseramente y de manera
trascendente de las normas que regulan la materia sometida
a composición del Estado por intermedio de sus jueces, ora en
la consideración fáctica, ya en la estimación de los elementos
de convicción’ (CSJ, SC, 28 nov. 2013, rad. n.° 1999-07559-
01)» (SC3346, 14 sep. 2020, rad. n.° 2008-00822-01).
De forma más reciente relievó:
[E]l juzgador de instancia, con sujeción a los aspectos objetivos y
jurídicos de los medios de prueba, tiene la clara atribución de
estimarlos conforme a las reglas de la sana crítica y arribar a las
conclusiones pertinentes que sustenten el correspondiente fallo.
Por esta razón en principio, tales conclusiones deberán
mantenerse, a menos que el sentenciador hubiese incurrido
en error evidente de hecho o en error de derecho
trascendente, para quebrar el fallo atacado (CSJ SC de 10 de
dic. de 1999, exp. 5277, reiterada SC de 19 de sept. de 2006, exp.
Radicación n.° 11001-31-03-035-2016-00522-01
35
1999-00633-01)… (negrilla fuera de texto, SC5142, 16 dic. 2020,
rad. n.° 2010-00197-01)
2.2. En el sub examine se advierte que las
pretermisiones y tergiversaciones probatorias alegadas no se
configuraron, lo que descarta el error de juzgamiento del
Tribunal, como se dilucidará en lo sucesivo.
2.2.1. Para iniciar, conviene rememorar que la
impugnante cuestionó la falta de valoración de la cláusula
séptima del contrato n.° 01, por desconocer el monto del
anticipo que debió pagarse, en olvido de la contestación de la
demanda y el interrogatorio de parte del convocado.
Sobre esta acusación conviene resaltar que la supuesta
omisión brilla por su inexistencia, pues el sentenciador de
segunda instancia valoró expresamente el instrumento
negocial objeto de discusión y, en particular, el contenido de
la cláusula séptima (cfr. minuto 10:41 del audiencia de
sustentación y fallo), lo que le permitió concluir que el
anticipo debió ser por $887.830.447,50, encontrando que la
cifra contenida en el contrato -$1.880.424.568,61-
corresponder a un error, fruto de la utilización del «contrato
génesis» como modelo.
Se agrega a lo dicho que, como la propuesta
interpretativa de la casacionista es igual a la que arribó el
juzgador, en el sentido de que el valor del anticipo debía
calcularse sobre el precio del contrato, con independencia de
que las partes señalaran expresamente otro en el
Radicación n.° 11001-31-03-035-2016-00522-01
36
instrumento negocial, la insubstancialidad de la acusación
se erige como incuestionable.
Colofón que, ciertamente, tiene asidero en la lectura
armónica de las estipulaciones tercera y séptima del contrato
de obra n.° 01, en las cuales se convino que «[p]ara efectos
fiscales el valor del contrato es por la suma de mil setecientos
setenta y cinco millones seiscientos sesenta mil ochocientos
noventa y cinco pesos con 46/100 moneda corriente
($1.775.660.895,46)», de la cual se pagaría «un anticipo
equivalente al 50% del valor del contrato» (folio 3 y 11 del
cuaderno principal), que corresponde a $887.830.447,50, los
cuales debían satisfacerse «dentro de los ocho (8) días
siguientes de legalizado el contrato» (folio 11), esto es, a partir
del 13 de junio de 2012 -fecha de suscripción (folio 16)-, con
vencimiento el día 21 del mismo mes.
Que en la contestación de la demanda se aseverara que
el anticipo era por cuantía de $1.880.424.568.61 (folio 497),
en nada desdice del anterior análisis, pues el convocado
realmente se refirió al contrato génesis, identificado con n.°
001, cuyo monto era por $3.760.849.137,23, diferente al que
es objeto de discusión en el sub lite nominado como n.° 01.
En consecuencia, como el instrumento persuasivo fue
expresamente valorado por el juzgador se descarta el olvido
alegado, y, al no existir una verdadera discrepancia sobre la
interpretación de la cláusula séptima del contrato, se
desestima la tergiversación acusada.
Radicación n.° 11001-31-03-035-2016-00522-01
37
2.2. De otro lado, la opugnante increpó que no se
tuviera en cuenta que el saldo final del precio debía pagarse
contra acta parcial de obra; además, que el valor entregado
por $1.641.288.000, no fue totalmente ejecutado por el
demandado en desarrollo del contrato n.° 01.
2.2.1. Sobre el primer aspecto, nuevamente se descarta
la existencia de una verdadera censura, pues el Tribunal
arribó a igual conclusión que la propuesta por la
demandante, relativa a que «las actas a que hace alusión la
cláusula séptima de la relación contractual» son las idóneas
para probar «la forma en que fue distribuida o aplicada la
suma pagada».
Hermenéutica que no admite una lectura diferente,
pues en el contrato n.° 01 expresamente se previó que el
saldo, después de pagado el anticipo, se cancelaría «mediante
actas parciales ejecutadas y/o al recibo de las obras a entera
satisfacción del contratante» (folio 11), por lo que estos
últimos documentos son los convencionalmente dispuestos
para acreditar las obras realizadas y definir el valor a pagar
por cada una de ellas.
2.2.2. No existe la misma avenencia tratándose de la
imputación que debía hacerse de los $1.641.288.000
pagados por REII S.A.S. a José Mario Rodríguez Mazo, pues
el Tribunal echó de menos las pruebas que permitieran
clarificar su destinación, mientras que el impugnante
consideró que eran para el contrato n.° 01 soportado en la
Radicación n.° 11001-31-03-035-2016-00522-01
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constancia de abonos -folio 15 del expediente- y la
declaración del representante legal.
Sobre la anterior contrariedad, observa la Corte que el
documento intitulado «abonos hechos por REII S.A.S. al
contratista» no suministra la claridad pretendida por el
casacionista, pues en el mismo únicamente se relacionan los
valores recibidos por el contratista y la fecha de su
realización, sin particularizar si eran para el contrato
génesis, o los identificados con el n.° 01 o el n.° 02.
De hecho, como la relación de abonos se encuentra
replicada en el documento «valor ejecutado de obra por
actividad hasta febrero 16 de 2013» (folio 434), este último
descubre que el convocado decidió destinar lo apropiado a
las actividades contenidas en el negocio génesis, sin
diferenciarlas según la posterior división contenida en los
contratos n.° 01 y 02.
Y es que, de acuerdo con la enumeración de obras, José
Rodríguez empleó el dinero que le entregó REII S.A.S. para
avanzar en los ítems «0.0 actividades preliminares generales»,
«1.0 excavaciones, rellenos y retiros área total», «2.0
construcción de sistema de aguas lluvias y aguas negras»,
«3.0 construcción oficinas principales», «4.0 construcción
batería de baños y comedor», «5.0 construcción de andenes»,
«6.0 construcción de muro de contención concreto reforzado»,
«7.0 construcción bodega de mantenimiento», «8.0 construcción
taller eléctrico», «9.0 construcción bodega lavado de canecas»,
«10.0 construcción lavadero de carros», «11.0 construcción
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zona tanque de gas», «12.0 construcción bodega principal
(horno incinerador)», «13.0 construcción caseta portería», «16.0
construcción cerramiento», siguiendo la enumeración del
contrato génesis (folios 250 a 262), los cuales fueron
divididos a la postre en los contratos n.° 01 y 02 de la
siguiente forma: los numerales 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 10.0 y
13.0 en el primero, y los ordinales 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 11.0,
12.0 y 16.0 en el segundo.
Esta anfibología respecto al destino que debió darse a
los recursos, se mantiene de acudirse al «informe económico
obra planta horno término REII», contenida en la «respuesta
informe económico contrato n.° 01», pues aquí se indicó que
los «abonos hechos por REII S.A.S. al contratista» por
$1.641.288.000, fueron «para contrato N° 01 y N° 02» (folio
451), sin diferenciarlos.
Lo mismo se advierte en el «Informe general de junio de
2012 a marzo de 2013» del «contrato de obra N° 001 de 2012»,
esto es, el contrato génesis, presentado por José Mario
Rodríguez Mazo, pues se relacionaron las actividades
mensuales ejecutadas, dentro de las cuales están
comprendidas las que hacen parte del objeto negocial n.° 01
y n.° 02, de acuerdo con el siguiente listado:
Radicación n.° 11001-31-03-035-2016-00522-01
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Dado que en el expediente no aparecen las actas de
avance de obra, que permitan ratificar la corrección del
proceder del artífice, más allá de la oposición que en juicio
ha efectuado la convocante con base en los documentos
antes transcritos, encuentra justificación la conclusión a la
que arribó el Tribunal, en el sentido de que en el legajo «no
está establecido cada pago, según concepto u obra realizada».
Tampoco puede acudirse a las atestaciones de José
Rodríguez para clarificar el punto en discusión, pues en la
audiencia de 8 de febrero de 2018 declaró que el monto
recibido corresponde a «la suma que tenían que pagar por
anticipo del contrato inicial 001 [génesis]… la plata que ellos
habían dado inicialmente se trabajó en un contrato global, no
Radicación n.° 11001-31-03-035-2016-00522-01
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es un contrato de $1.775… sino en un contrato de $3.700»
(minuto 16:12), de lo cual reluce que hizo una imputación
global, sin acotarlo al vínculo negocial en concreto.
Más aún, al ser indagado sobre el anticipo recibido,
insistió en que «ese valor… hacen parte del anticipo que ellos
tenían que entregarme del contrato de $3.775, que el contrato
lo dice muy claramente, se tenía que entregar a los ocho días
de haber legalizado el contrato… ese valor… se entregó
durante siete (7) meses» (minuto 16:23).
De las anteriores pruebas, analizadas tanto de forma
individual como en conjunto, reluce que los valores
entregados por REII S.A.S. -en desarrollo de la construcción
del horno de incineración- se destinaron a todas las
actividades contratadas, con independencia de que fueran
incluidas en los convenios n.° 01 o n.° 02, sin que haya
pruebas que permitan determinar la adecuación, o no, de
este proceder, como acertadamente lo sostuvo el
sentenciador de segundo grado, en descrédito de la censura
casacional.
2.3. Frente al cuestionamiento realizado por el
recurrente, relativo a que no se ponderó la fecha en que se
firmó el contrato n.° 02, posterior a los pagos realizados por
$1.641.288.000, y por ser el Banco de Bogotá el obligado, es
menester señalar que, ciertamente, la ad quem no mencionó
estos aspectos en su veredicto.
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Situación explicable en virtud del principio de
congruencia en la apelación, en tanto estos argumentos, con
la especificidad que se mencionan en casación, no fueron
objeto de invocación dentro de los reparos concretos contra
el fallo de primera instancia, encontrándose inhibido de su
estudio.
Se agrega que, en todo caso, la data en la que se firmó
la convención n.° 002 carece de incidencia respecto a la
forma en que debió distribuirse el dinero recibido por José
Rodríguez, ya que para la fecha del primero abono ni siquiera
se había firmado un contrato escrito entre las partes, lo cual
sucedió el 13 de junio de 2012 con la firma simultánea del
negocios génesis y el n.° 01, sin que se especificaran las
reglas de imputación entre estos dos (2) instrumentos, menos
aún, respecto de las actividades que estaban descritas en
aquél y que al final fueron incluidas dentro la convención n.°
02.
Así las cosas, era irrelevante hacer una revisión
exhaustiva sobre la fecha en se signó el contrato n.° 02 o el
momento en que el Banco de Bogotá asumió el pago del
precio, con el fin de establecer el valor que debió destinarse
a cubrir las erogaciones derivadas de los acuerdos
alcanzados entre los negociantes, siendo intrascendente el
yerro imputado al ad quem.
2.5. Criticó la recurrente que el Tribunal coligiera que
su representante legal manifestó rehusar abiertamente el
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cumplimiento de sus obligaciones y que, por este motivo, era
improcedente reconocer la purga de la mora.
Al respecto, se tiene que el interpelado, al ser
cuestionado sobre el cumplimiento de sus deberes
contractuales, afirmó: «sí… nosotros realizamos todos los
pagos correspondientes, hasta un faltante… hasta
$1.641.288.000… lo que faltaba serían $100.021.000 que
sería lo que se entregaría al final, cuando entregaran
terminada la obra del contrato 01» (minuto 16:06 de la
audiencia de 8 de febrero de 2018).
Esta respuesta, en verdad, deja en evidencia que la
demandante no expresó una decisión de incumplir con sus
deberes, sino que, por el contrario, estuvo dispuesto a
hacerlo, aunque condicionado a se hiciera entrega final de la
obra, proceder que encuentra amparo en la cláusula séptima
de la convención negocial.
Significa que el Tribunal, al haber sostenido que existió
«repudio a seguir cumplimiento», tergiversó la atestación de
marras, en un evidente error de juzgamiento. Sin embargo,
este dislate resulta del todo intrascendente, pues como la
acusación devino exigua para derruir todos los presupuestos
que sirvieron al sentenciador de alzada para rehusar la purga
tácita de la mora, el fallo de instancia seguirá soportado en
los puntos no criticados.
Y es que, como el Tribunal desestimó que el demandado
hubiera perdonado el incumplimiento del demandante,
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debido a los múltiples requerimientos que aquél realizó para
que se hicieran los abonos requeridos y por los perjuicios que
esta tardanza le generó, estos argumentos, al no haber sido
cuestionados en casación, se mantienen inalterados y
servirán de soporte a la decisión.
2.6. Finalmente, la casacionista insistió en la ausencia
de pruebas sobre los mayores costos administrativos y las
obras adicionales, por considerar que pretenden soportarse
en una comunicación ambigua y en la declaración de parte
del demandado.
Sobre el primero de los aspectos es irrelevante cualquier
consideración, en tanto la realización de obras adicionales
por parte de José Rodríguez, según las consideraciones del
fallo confutado que no fueron criticadas, de ninguna manera
lo exoneraba de cumplir con sus obligaciones dentro del
plazo convenido, de allí que su demostración carece de
incidencia frente a la prosperidad de la resolución alegada.
En cuanto corresponde a los mayores costos
administrativos, fruto de la demora en el pago del anticipo,
existen variados instrumentos persuasivos que demuestran
las dificultades que esta situación generó sobre el peculio del
convocado, como correctamente lo aseveró el ad quem:
(I) En el «informe financiero» contenido en el «informe
general de junio de 2012 a marzo de 2013», elaborado por
José Mario Rodríguez Mazo, al referirse al pago del anticipo,
aludió que «por la situación de abonos y no anticipo se
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presentaron inconvenientes de tipo financiero, pues no habla
un flujo de caja constante, pues se empezaron a presentar
deudas a proveedores, falta de materiales en obra, es por
esto que sin que el contrato lo mencione en ninguna de sus
cláusulas, el contratista empezó a prestar dineros para
pagar a subcontratistas y proveedores… para un valor total
de $ 396.772.383,00» (negrilla fuera de texto, folio 244 del
cuaderno principal).
(II) En el «acta de suspensión de obra N° 01» del 3 de
marzo de 2013, se señaló que la interrupción de actividades
se originó en que «no hay recursos económicos por parte de la
entidad contratante para continuar con la ejecución de la
obra», estándose «a la espera que nuevos recursos de un
crédito bancario se haga (sic) efectivo (sic) para poder dar
reinicio a la obra» (folio 268).
(III) La carta del 21 de mayo de 2013, dirigida por José
Rodríguez a REII S.A.S., relató:
1. La empresa REII S.A.S debe tomar antes del 31 de mayo el
contrato de celaduría, pues el contratista no se hará más cargo de
este, pues se debe renovar en un año más, siendo inconveniente
para el contratista el renovar a su nombre este contrato…
3. Otro tema que se ha comentado mediante cartas y del cual
nunca he tenido respuesta es que se tengan en cuenta algunos
reajustes pues se continúa trabajando con precios del año 2012, y
algunos gastos administrativos que se presentan por el aumento
en el tiempo de ejecución, esto representa un desequilibrio
económico para el contratista, pues un contrato de 1 año se ha
convertido en dos (2) años, esto por los inconvenientes de los
cuales usted conoce y es responsable (folio 387).
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(IV) La misiva del 28 de octubre de 2013, remitida por
el contratista a su contraparte negocial, puso de presente
«que el tiempo de ejecución de estos contratos era por un
periodo [de] 12 meses y se tienen en el momento 18 meses, sin
que se tengan en cuenta algunos reajustes pues se continúa
trabajando con precios del año 2012, y algunos gastos
administrativos que se presentan por el aumento en el tiempo
de ejecución, esto representa un desequilibrio económico para
el contratista» (folio 420).
(V) La comunicación del 28 de mayo de 2014, dirigida
por José Rodríguez a Atlanta Cía. de Vigilancia Privada Ltda.
(folio 446), demuestra que el contrato de vigilancia celebrado
el 21 de junio de 2012 (folios 440 a 444) terminó el 31 de
mayo de 2014, esto es, más allá del plazo inicialmente
pactado de un (1) año.
De estas pruebas, analizadas conjuntamente, se
evidencia que el contratista advirtió sobre los mayores costos
que estaba asumiendo por la mora en el pago del precio, por
fuerza de la extensión del plazo de ejecución, expresados en
la diferencia de precios de mercado y el aumento de costos
administrativos, entre otros, la extensión del contrato de
vigilancia por un plazo adicional.
Se descarta, entonces, la insuficiencia demostrativa
alegada por la demandante, en ratificación de la corrección
decisional del fallo de segundo grado.
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3. De todo lo expuesto dable es colegir que, ante las
deficiencias técnicas del embate final, así como la
inexistencia e intrascendencia de los errores de juzgamiento
imputados al ad quem, la prosperidad de la casación decae
en el vacío.
En punto a la condena en costas, el inciso final del
artículo 349 del Código General del Proceso dispone que «[s]i
no prospera ninguna de las causales alegadas, se condenará
en costas al recurrente, salvo en el caso de que la demanda
de casación haya suscitado una rectificación doctrinaria».
Como el recurso de casación no salió avante, procede
disponer que las costas sean a cargo de la recurrente. Las
agencias en derecho se tasarán por el magistrado ponente, con
sujeción al numeral 3 del artículo 366 ibidem y las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo
cual se tendrá en cuenta que el escrito de sustentación del
remedio fue replicado.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de
13 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso que
Reciclaje Excedentes e Incineraciones Industriales - REII
S.A.S. promovió contra José Mario Rodríguez Mazo.
Radicación n.° 11001-31-03-035-2016-00522-01
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Se condena en costas a la recurrente en casación. Por
secretaría inclúyase en la liquidación la suma de diez (10)
s.m.l.m.v., por concepto de agencias en derecho que fija el
magistrado ponente.
Oportunamente devuélvase el expediente a la
corporación de origen.
Notifíquese
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Francisco Ternera Barrios
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