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clave: "corte_suprema:providencia:SC1641-2022 [2016-00522-01]"
titulo: "Corte Suprema: la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-06-08"
radicado: "2016-00522-01"
numero: "SC1641-2022"
ponente: "Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo"
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# Corte Suprema: la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado

- **Título oficial / radicado:** SC1641-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-06-08
- **Radicado:** 2016-00522-01
- **Número:** SC1641-2022
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1641-2022%20%5B2016-00522-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1641-2022%20%5B2016-00522-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIyL0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXJveiBNb25zYWx2by82Li0gSnVuaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzE2NDEtMjAyMiBbMjAxNi0wMDUyMi0wMV0ucGRm/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

Y, como éste constituye un presupuesto sustancial, no formal que impidiera admitir la acción, corresponde negar las pretensiones por falta de ‘presupuestos’.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Constitución Política

## Extracto

Entonces, «la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del recurso que, indudablemente, corresponde a una pretensión del derecho sustancial controvertido» Delimitación corroborada en la audiencia de sustentación y fallo: Por las razones expuestas se desestima la acusación inicial. Aseguró «que el saldo restante, para completar el valor total de $1.775.660.895.46, debía cancelarse mediante acta parcial de obra ejecutada recibida a satisfacción; situación que no sucedió, de hecho se encontró, que ni siquiera el contratista había ejecutado los $1.641.288.000,00 que la Sociedad REII S.A.S., le había pagado en virtud del contrato objeto del presente contrato». En este punto desechó que, la simple afirmación del convocado, fuera suficiente para su demostración.

## Cita textual

> los jueces de apelación no pueden fallar de oficio sobre ningún asunto que no les haya sido propuesto

## Texto del documento

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC1641-2022
Radicación n.° 11001-31-03-035-2016-00522-01
(Aprobado en sesión virtual de doce de mayo de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintidós
(2022).
Se decide el recurso de casación interpuesto por
Reciclaje Excedentes e Incineraciones Industriales - REII
S.A.S., frente a la sentencia del 13 de agosto de 2019
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso que promovió contra
José Mario Rodríguez Mazo.
ANTECEDENTES
1. La actora pidió que se declarara la resolución del
contrato de obra civil a todo costo n.° 01, celebrado con el
demandado, y que, como consecuencia, se ordenara «corregir
todas las anomalías que presenta la obra ejecutada, por
cuenta suya o de un tercero» (folio 27 del cuaderno principal).
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Además, deprecó que se condenara al accionado a pagar
la indemnización de perjuicios, equivalente a $761.181.802,
junto a los intereses moratorios «desde que se causó cada
perjuicio hasta el día en que se efectúe el pago, liquidados a
una y media veces el interés bancario corriente», así como la
multa del 4% y la
cláusula penal
del 5%, calculadas sobre el
valor del negocio jurídico.
2. Como sustento (folios 24 a 27 ibidem), el reclamante
hizo el relato que se compendia a continuación:
2.1. El 12 de junio de 2012 se celebró el contrato n.° 01,
para la «construcción a todo costo de la planta de horno
térmico», por valor de $1.775.660.895,46.
2.2. Después de cancelar «mil seiscientos cuarenta y un
pesos con doscientos ochenta y ocho pesos» (sic), contrató un
estudio para la medición de los componentes arquitectónicos
ejecutados, encontrando que equivalían a $1.014.479.093,
por lo que «faltaría por ejecutar… $761.181.802». En
resumen, «se canceló más del 95% del valor del contrato y el
contratista no ejecutó ni el 50%».
2.3. El artífice no efectuó las obras pendientes, ni
realizó las reparaciones estructurales advertidas en el
estudio aludido.
3. Una vez adelantado el proceso de enteramiento, el
demandado clarificó los hechos, se opuso a las pretensiones,
expuso las razones fácticas de la defensa y propuso las
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excepciones que intituló «contrato no cumplido por parte del
contratante», «mala fe del demandante», «buena fe de la
demandada», «cumplimiento de las actividades a cargo del
contratista» y la genérica (folios 495 a 508 ejusdem).
4. El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, el 25 de
abril de 2019, profirió decisión de primera instancia en la que
negó «las pretensiones de la demanda por falta de prueba del
incumplimiento del demandado» (folios 711 a 720).
5. El ad quem, al desatar la alzada, confirmó la
determinación recurrida, aunque con argumentos diferentes,
los cuales se resumen en lo subsiguiente (audiencia de 13 de
agosto de 2019, archivo CP_0813093933665).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Después de precisar el objeto de la apelación remarcó
que, a la fecha de radicación de la demanda, se había
extinguido el término para ejecutar la obra civil, sin que
hubiera ocurrido, como fue confesado por el demandado al
contestar el libelo genitor -aceptó un avance de obra del 75%-
y al absolver el interrogatorio de parte -aceptó que faltaba la
pavimentación y la parte administrativa-.
Colofón compartido por los peritos Marco Tulio Escobar
Rincón y Liliana Garzón Morera, quienes calcularon un valor
ejecutado inferior al contratado.
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2. Precisó que las obras adicionales o modificaciones de
ninguna manera eximían al contratista de cumplir con sus
obligaciones negociales, pues su deber era entregar las
edificaciones en una fecha máxima, lo que no sucedió. En
consecuencia, encontró probado el error de juzgamiento del
juez de instancia.
3. No obstante, aseguró que como la prosperidad de la
resolución requería de que el demandante fuera un
contratante cumplido, analizó esta materia por fuerza del
artículo 328 del Código General del Proceso; máxime por
cuanto el a quo no hizo un examen juicioso de la materia,
«condición que si bien acepta el demandante aún en esta
audiencia, no tiene la virtualidad de aceptarse como tal por
ser circunstancia propia que le favorece y no se acredita con
su solo decir, sin que en el sub lite exista prueba que respalde
esa afirmación» (minuto 10:41 de la audiencia).
Encontró que en el proceso no se probó el cumplimiento
de las obligaciones de la convocante, esto es, el pago
oportuno del anticipo y la forma en que fue distribuida o
aplicada la suma solucionada, carga que estaba sobre sus
hombros para demostrar su legitimación.
Descartó que la afirmación del demandado sirviera para
suplir las actas del contrato, como pretendió la sociedad
reclamante; con todo, aún de otorgarle valor, esta
manifestación ratifica el incumplimiento, porque el anticipo
debía pagarse a los ocho (8) días del inicio de la ejecución de
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la obra, sin que así hubiere ocurrido, pues se solucionó una
cifra mucho menor.
4. Descartó una purga de la mora, ya que el
demandante manifestó su determinación de no cumplir con
sus obligaciones -ante la desconfianza en la finalización de la
obra- y, en todo caso, la demora frustró la finalidad
contractual de la convocada, quien reclamó el cumplimiento
y la superación de los efectos negativos de la tardanza.
5. Concluyó que la dilación en el pago del precio generó
perjuicios al artífice y, como consecuencia, excluye que la
demandante pueda calificarse como contratante cumplida,
motivo para rehusar la legitimación en la causa por activa.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
La convocante formuló oportunamente dos (2) embistes,
el primero por la causal tercera y el final por el motivo
segundo, los cuales se resolverán en el mismo orden de
proposición.
CARGO PRIMERO
1. Denunció falta de congruencia entre la sentencia de
alzada y los argumentos de la apelación, al tener a la
demandante como contratante incumplida, en transgresión
del derecho de defensa reconocido en el artículo 29 de la
Constitución Política, en soporte de lo cual invocó el fallo del
10 de octubre de 2016 de la Corte Suprema de Justicia.
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2. Argumentó que «el día 2 de mayo del 2019 se
interpuso recurso de apelación por parte de la sociedad REII
S.A.S, cuyo objeto fue única y exclusivamente cuestionar el
fallo de primera instancia en aquella parte que consideraba
que no se había acreditado el incumplimiento del demandado,
frente a lo demás se señaló, que se estaba conforme con los
considerandos de la providencia, como así lo demuestra el
escrito de apelación presentado el 2 de mayo de 2019»,
consideración ratificada en la audiencia del 13 de agosto
de2019.
Censuró que, a pesar de reconocerse que José Mario
Rodríguez Mazo incumplió sus deberes, el Tribunal se
adentrara en «argumentos que no se habían mencionado
siquiera en la sustentación del recurrente», en concreto, la
satisfacción de sus obligaciones, en transgresión del artículo
328 del Código General del Proceso y sin advertir que el
demandado no cuestionó este colofón por los remedios
reconocidos en la legislación.
Criticó que se revisaran las pruebas consistentes en el
contrato génesis, la declaración del representante legal de
REII S.A.S. y un documento remitido por el contratista, por
ser ajenas a la apelación.
CONSIDERACIONES
1. En los procesos civiles y comerciales, amén de la
naturaleza de los asuntos objeto de litigio, que por regla
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general son patrimoniales y de libre disposición, predomina
el principio dispositivo, según el cual, las partes tienen la
iniciativa de la acción, el impulso del proceso, la disposición
del derecho material, la fijación de los límites de la decisión,
la formulación de los recursos, e incluso, los efectos de la
cosa juzgada1.
En particular, las partes tienen la potestad para acotar
las materias sobre las cuales versará el debate probatorio y
la decisión judicial, sin que sea posible que el juzgador
desatienda el thema decidendum - tema sobre lo que el juez
decidirá- o la causa petendi -causa de la petición-, so pena
de exceder el ámbito de sus atribuciones.
Bien conocido es el brocárdico «ne eat iudex ultra petita
partium» -la sentencia ha de atenerse a las pretensiones de
las partes-, utilizado desde antaño para reconocer el señorío
de los litigantes sobre la causa y, por esta vía, impedir que la
actividad jurisdiccional se desvíe de los puntos planteados en
la demanda y su oposición.
Máxima recogida en el artículo 281 del Código General
del Proceso, a saber: «La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley».
1 Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, Buenos
Aires, 1958, p. 188 y 189.
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Sobre este precepto, la Corporación doctrinó:
[C]umple recordar que la congruencia de la sentencia es principio
cardinal del conjunto de garantías del debido proceso, que evita el
exceso o el defecto de esa decisión respecto del marco jurídico de
lo que compete resolver, previsto en el artículo 305 del citado
estatuto [se refiere al Código de Procedimiento Civil, norma
equivalente al artículo 281 del C.G.P.], bajo cuyo tenor el juez
debe sujetar la solución del conflicto a los hechos y las
pretensiones de la demanda o demás oportunidades autorizadas,
así como las defensas frente a esta última, sin desmedro de lo que
ha de resolverse de oficio.
De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de esta corporación,
acatar la congruencia implica que debe haber armonía entre lo
pedido y lo resistido (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.° 2009-
00114-01).
2. La vulneración del principio de congruencia, dentro
de este contexto, puede emanar de: (I) la ausencia de
correspondencia entre la decisión y las pretensiones, por
contener aquélla determinaciones extra petita, ultra petita o
citra petita; (II) la falta de resolución sobre las excepciones
alegadas por los convocados o que, sin ser personales -
prescripción, compensación y nulidad relativa-, refulgen de
las pruebas recabadas en el trámite; (III) decidir sobre la
defensas personales, a pesar de que no haber sido invocadas;
y (IV) el completo alejamiento del fallo con la plataforma
fáctica invocada en la demanda y contestación.
La jurisprudencia es pacífica en que:
[E]l principio de congruencia constituye una garantía de los
derechos fundamentales al debido proceso y defensa de las partes
en el proceso, hoy regulado en los artículos 281 y 328 de la citada
disposición, cuya desatención, se ha dicho, se presenta cuando: i)
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el juzgador decide el caso por fuera de las pretensiones o
excepciones probadas en el caso (extra petita), o más allá de lo
pedido (ultra petita), o cercenando lo que fue objeto de alegación y
demostración (citra petita); ii) cuando la sentencia no guarda
correlación con las ‘afirmaciones formuladas por las partes’,
puesto que es obvio que el juez no puede hacer mérito de un hecho
que no haya sido afirmado por ninguna de ellas; y, iii) en los
eventos en los que se presenta ‘una desviación del tema que fue
objeto de la pretensión deducida en la sustentación del recurso’
(SC4106, 16 sep. 2021, rad. n.° 2018-02233-00).
3. Adicionalmente, la Corte ha acudido a la
incongruencia para invalidar las decisiones judiciales que, al
desatar la alzada, se desvían «del tema que fue objeto de la
pretensión deducida en la sustentación del recurso” (SC5453,
16 dic. 2021, rad. n.° 2014-00085-01)2; significa que «la
incongruencia… también se patentiza cuando la sentencia no
armoniza con lo pedido en la sustentación del recurso que,
indudablemente, corresponde a una pretensión del derecho
sustancial controvertido» (SC5142, 16 dic. 2020, rad. n.°
2010-00197-01).
Lo anterior con fundamento en el inciso primero del
artículo 328 del C.G.P., según el cual: «El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante»; luego, como el
juzgador debe circunscribir su análisis a las referencias
fácticas, jurídicas y argumentativas que aduce el recurrente
en contra de la decisión censurada, su desconocimiento
trasluce falta de consonancia.
2 Sobre la inconsonancia por este mismo aspecto, véase CSJ, SC14427-2016 y
AC1385-2020.
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Entendimiento que constituye la doctrina probable
vigente sobre la materia, por haber sido acogida en las
providencias del 2 de noviembre (SC3627, rad. n.° 2014-
58023-01), 13 de octubre (SC4174, rad. n.° 2013-11183-01),
16 de septiembre (SC4106, rad. n.° 2018-02233-00), 30 de
junio de 2021 (AC2610, rad. n.° 2012-00100-01), 16 de
diciembre de 2020 (SC5142

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ue el demandado
hubiera perdonado el incumplimiento del demandante,
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debido a los múltiples requerimientos que aquél realizó para
que se hicieran los abonos requeridos y por los perjuicios que
esta tardanza le generó, estos argumentos, al no haber sido
cuestionados en casación, se mantienen inalterados y
servirán de soporte a la decisión.
2.6. Finalmente, la casacionista insistió en la ausencia
de pruebas sobre los mayores costos administrativos y las
obras adicionales, por considerar que pretenden soportarse
en una comunicación ambigua y en la declaración de parte
del demandado.
Sobre el primero de los aspectos es irrelevante cualquier
consideración, en tanto la realización de obras adicionales
por parte de José Rodríguez, según las consideraciones del
fallo confutado que no fueron criticadas, de ninguna manera
lo exoneraba de cumplir con sus obligaciones dentro del
plazo convenido, de allí que su demostración carece de
incidencia frente a la prosperidad de la resolución alegada.
En cuanto corresponde a los mayores costos
administrativos, fruto de la demora en el pago del anticipo,
existen variados instrumentos persuasivos que demuestran
las dificultades que esta situación generó sobre el peculio del
convocado, como correctamente lo aseveró el ad quem:
(I) En el «informe financiero» contenido en el «informe
general de junio de 2012 a marzo de 2013», elaborado por
José Mario Rodríguez Mazo, al referirse al pago del anticipo,
aludió que «por la situación de abonos y no anticipo se
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presentaron inconvenientes de tipo financiero, pues no habla
un flujo de caja constante, pues se empezaron a presentar
deudas a proveedores, falta de materiales en obra, es por
esto que sin que el contrato lo mencione en ninguna de sus
cláusulas, el contratista empezó a prestar dineros para
pagar a subcontratistas y proveedores… para un valor total
de $ 396.772.383,00» (negrilla fuera de texto, folio 244 del
cuaderno principal).
(II) En el «acta de suspensión de obra N° 01» del 3 de
marzo de 2013, se señaló que la interrupción de actividades
se originó en que «no hay recursos económicos por parte de la
entidad contratante para continuar con la ejecución de la
obra», estándose «a la espera que nuevos recursos de un
crédito bancario se haga (sic) efectivo (sic) para poder dar
reinicio a la obra» (folio 268).
(III) La carta del 21 de mayo de 2013, dirigida por José
Rodríguez a REII S.A.S., relató:
1. La empresa REII S.A.S debe tomar antes del 31 de mayo el
contrato de celaduría, pues el contratista no se hará más cargo de
este, pues se debe renovar en un año más, siendo inconveniente
para el contratista el renovar a su nombre este contrato…
3. Otro tema que se ha comentado mediante cartas y del cual
nunca he tenido respuesta es que se tengan en cuenta algunos
reajustes pues se continúa trabajando con precios del año 2012, y
algunos gastos administrativos que se presentan por el aumento
en el tiempo de ejecución, esto representa un desequilibrio
económico para el contratista, pues un contrato de 1 año se ha
convertido en dos (2) años, esto por los inconvenientes de los
cuales usted conoce y es responsable (folio 387).
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(IV) La misiva del 28 de octubre de 2013, remitida por
el contratista a su contraparte negocial, puso de presente
«que el tiempo de ejecución de estos contratos era por un
periodo [de] 12 meses y se tienen en el momento 18 meses, sin
que se tengan en cuenta algunos reajustes pues se continúa
trabajando con precios del año 2012, y algunos gastos
administrativos que se presentan por el aumento en el tiempo
de ejecución, esto representa un desequilibrio económico para
el contratista» (folio 420).
(V) La comunicación del 28 de mayo de 2014, dirigida
por José Rodríguez a Atlanta Cía. de Vigilancia Privada Ltda.
(folio 446), demuestra que el contrato de vigilancia celebrado
el 21 de junio de 2012 (folios 440 a 444) terminó el 31 de
mayo de 2014, esto es, más allá del plazo inicialmente
pactado de un (1) año.
De estas pruebas, analizadas conjuntamente, se
evidencia que el contratista advirtió sobre los mayores costos
que estaba asumiendo por la mora en el pago del precio, por
fuerza de la extensión del plazo de ejecución, expresados en
la diferencia de precios de mercado y el aumento de costos
administrativos, entre otros, la extensión del contrato de
vigilancia por un plazo adicional.
Se descarta, entonces, la insuficiencia demostrativa
alegada por la demandante, en ratificación de la corrección
decisional del fallo de segundo grado.
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3. De todo lo expuesto dable es colegir que, ante las
deficiencias técnicas del embate final, así como la
inexistencia e intrascendencia de los errores de juzgamiento
imputados al ad quem, la prosperidad de la casación decae
en el vacío.
En punto a la condena en costas, el inciso final del
artículo 349 del Código General del Proceso dispone que «[s]i
no prospera ninguna de las causales alegadas, se condenará
en costas al recurrente, salvo en el caso de que la demanda
de casación haya suscitado una rectificación doctrinaria».
Como el recurso de casación no salió avante, procede
disponer que las costas sean a cargo de la recurrente. Las
agencias en derecho se tasarán por el magistrado ponente, con
sujeción al numeral 3 del artículo 366 ibidem y las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo
cual se tendrá en cuenta que el escrito de sustentación del
remedio fue replicado.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de
13 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso que
Reciclaje Excedentes e Incineraciones Industriales - REII
S.A.S. promovió contra José Mario Rodríguez Mazo.
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Se condena en costas a la recurrente en casación. Por
secretaría inclúyase en la liquidación la suma de diez (10)
s.m.l.m.v., por concepto de agencias en derecho que fija el
magistrado ponente.
Oportunamente devuélvase el expediente a la
corporación de origen.
Notifíquese
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Francisco Ternera Barrios
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1641-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2022-06-08. C.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Rad. 2016-00522-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1641-2022%20%5B2016-00522-01%5D).
