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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
SC1556-2025
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-03882-00
(Aprobado en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco)
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil
veinticinco (2025).
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Roberto Elías Ruiz Fernández, Ángela
Patricia Saldarriaga Jaramillo y Jaime León Quiroz frente a
la sentencia proferida el 13 de octubre de 2021, por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
dentro del juicio verbal incoado en su contra por María del
Carmen Correa Hernández.
I. ANTECEDENTES
1.- María del Carmen Correa Hernández promovió
proceso de responsabilidad civil extracontractual contra
Roberto Elías Ruiz Fernández, Ángela Patricia Saldarriaga
Jaramillo y Jaime León Quiroz con miras a que se declarara
que los demandados eran civil y solidariamente responsables
de los daños causados a su inmueble en virtud de la
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construcción del Edificio Liverpool y se ordenara el pago de
las respectivas condenas.
2.- El asunto fue admitido a trámite por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Envigado en proveído de 12 de
septiembre de 2018 [archivo digital 42Auto 2-09-18Admite].
3.- Cesar Augusto Fernández Posada, en su condición
de curador ad litem de Roberto Elías Ruíz Fernández y Jaime
León Quiroz, contestó la demanda, dejando constancia que
intentó localizar a sus representados, pero que ello no fue
posible. Mientras que Ángela Patricia Saldarriaga Jaramillo
no se pronunció.
4.- En sentencia de 20 de mayo de 2021, el a-quo
declaró la responsabilidad invocada y condenó a Ángela
Patricia Saldarriaga Jaramillo y a Roberto Elías Ruiz
Fernández al pago de daño emergente y lucro cesante, con la
respectiva indexación, además del daño moral, decretó la
falta de legitimación en la causa por pasiva de Jaime León
Quiroz y lo absolvió de las pretensiones, e impuso condena
en costas. Determinación frente a la que el curador ad litem
formuló apelación [archivo digital 76ActaAudiencia]..
5.- Al desatar la alzada, el 13 de octubre de 2021, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín revocó
parcialmente el numeral segundo del fallo de primer grado,
respecto del ítem de reparación de los daños causados a la
vivienda de la demandante y, en su lugar, denegó las
pretensiones solicitadas sobre el punto y modificó el lucro
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cesante consistente en los cánones dejados de percibir por
$3.614.724, los que debían ser indexados al momento del
pago [archivo digital 11Sentencia].
II. EL RECURSO DE REVISIÓN
1.- Con soporte en las causales primera y séptima del
artículo 355 del Código General del Proceso, los libelistas
pretenden derruir el veredicto que, en segunda instancia,
desató el litigio de responsabilidad civil de forma adversa a
sus intereses.
1.1.- En primer lugar, aseguraron los inconformes que
María del Carmen Correa Hernández prometió en venta el
inmueble objeto del litigio a Julio Argemiro Vásquez Castaño
y John Jairo Saldarriaga Jaramillo, luego, mediante escritura
pública No. 174 de 25 de enero de 2019 de la Notaría Primera
del Círculo de Envigado, lo transfirió a favor de éstos.
Expresaron que esas piezas probatorias «habrían variado
la decisión», comoquiera que el predio que padeció los daños
por los que fueron condenados, ya no era de propiedad de
Correa Hernández, de ahí que, obró con «temeridad y mala fe
(…), al cobrar unos cánones de arrendamiento por algo que ya no era de
ella. Y además defraudando a la DIAN al declarar el valor de la venta
por un valor muy inferior al pactado».
Agregaron que no pudieron aportar dichos folios por
fuerza mayor o caso fortuito, en tanto que «el auto admisorio de
la demanda nunca se le notificó o nunca se le quiso notificar».
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1.2.- Con sustento en el séptimo motivo de revisión,
aseveraron frente a Ángela Patricia Saldarriaga Jaramillo que
las direcciones a las que le remitieron la comunicación para
que compareciera al juzgado y la enunciada en el aviso eran
distintas, la primera fue a la carrera 35 No. 38 Sur 38 primer
piso bodega apartamento 201, 204 y 601, mientras que la
segunda a la carrera 35 No. 38 Sur 34 piso 1 bodega
apartamento 201- 402.
De igual forma, adujeron que Saldarriaga Jaramillo
nunca ha vivido ni trabajado en esas direcciones, no conoce
a las personas que recibieron los documentos y en dicha data
vivía en la carrera 36 # 39 08 apto 401 del Edificio El Virrey
en Envigado (Ant.).
Por su parte, expusieron que era extraño que la citación
remitida a Roberto Elías Ruíz Fernández a la Calle 40 AA Sur
No. 32-42 de Envigado (Ant.) no fuera efectiva, dado que
correspondía a un edificio de su propiedad, el que habitaba;
y el curador ad litem designado, pese a que afirmó que los
intentó localizar, no hizo lo propio.
En ese orden, puntualizaron que solo conocieron de la
actuación censurada hasta el 24 de mayo de 2022, cuando
se practicó la diligencia de secuestro dentro del proceso
ejecutivo que se adelantó a continuación del verbal y,
aunque, sostuvieron distintas conversaciones con la
demandante, esta no mencionó la existencia del pleito;
sumado a que les fue denegada una tutela por no observar el
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requisito de la subsidiariedad y desestimada una nulidad que
impetraron.
En consecuencia, pidieron «se declare la nulidad de la
sentencia de segunda instancia, y de todo lo actuado dentro del proceso
VERBAL (...) bajo el radicado nro. 052663103002-2018-00229-00 (...)»;
así como el «proceso Ejecutivo que se adelanta a continuación del
anterior radicado 052663103002-2021-00369-00-», la cual «se deberá
dar desde la notificación del auto admisorio de la demanda en el proceso
Verbal, dicha notificación inclusive. La decisión que se ataca por vía de
este recurso de revisión, es la sentencia de segunda instancia, pues es
la que constituye el fallo con autoridad de cosa juzgada».
Y, se disponga que el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Envigado proceda a «notificar a los señores Ángela Patricia
Saldarriaga Jaramillo y Roberto Elías Ruiz Fernández el auto admisorio
de la demanda proferida dentro del proceso mencionado (...) con el fin de
que éstos tengan la oportunidad de asumir la defensa de sus intereses»
[archivo digital 0004Expediente_digitalizado].
III. EL TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
1.- El 4 de septiembre de 2023 el asunto fue radicado
ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín, no obstante, en providencia de 19 de septiembre
siguiente se remitió por competencia la actuación a esta
Corte [archivo digital 0002Auto].
2.- Recibidas las diligencias, en auto de 27 de octubre
de 2023, se inadmitieron para que se subsanaran las
deficiencias allí expuestas [archivo digital 0007Auto].
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3.- Tras ser rechazado el libelo, suplicado y revocada
dicha decisión, de conformidad con lo estatuido en el artículo
358 del Código General del Proceso, se ordenó oficiar al
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado para que
remitiera el expediente del juicio de responsabilidad civil
extracontractual objeto del remedio excepcional [archivo digital
0026Auto].
4.- El 16 de octubre de 2024 se admitió la demanda
disponiendo su enteramiento y el traslado de ley, auto
notificado mediante anotación en estado del 17 siguiente
[archivo digital 0054Auto].
5.- El 11 de diciembre se tuvo por notificada por
conducta concluyente a la demandada María del Carmen
Correa Hernández [archivo digital 0063Auto], quien se opuso a la
censura excepcional [archivo digital 0060Memorial].
6.- En providencia de 10 de febrero de 2025 se resolvió
sobre las pruebas solicitadas y se corrió traslado para
presentar alegatos de conclusión [archivo digital 0066Auto], los que
fueron allegados por la parte actora.
IV. CONSIDERACIONES
1.- A voces del inciso 2º del artículo 278 de la ley de
enjuiciamiento civil «[e]n cualquier estado del proceso, el juez deberá
dictar sentencia anticipada, total o parcial» entre otros eventos
«cuando no hubiere pruebas que practicar (…) cuando se encuentre
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probada (…) la caducidad (…)», sin que haya lugar a agotar todas
las etapas propias que según la naturaleza del asunto
resultaren pertinentes y, como quiera que en el sub lite
concurren dichos supuestos, es posible emitir el
pronunciamiento de fondo para desatar la súplica
extraordinaria.
2.- Cuando se invoca la causal consagrada en el
numeral 7° del canon 355 del memorado compendio, el plazo
de dos (2) años para la interposición del recurso «comenzarán
a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su
representante haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de
cinco (5) años. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un
registro público, los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir
de la fecha de la inscripción» [inciso segundo, art. 356 ídem]. La
presentación del petitum por fuera de ese lapso, establece el
legislador, conlleva su rechazo «sin más trámite» (inciso tercero,
art. 358 ib.), porque, tratándose de una herramienta
excepcional, a través de la cual es dable quebrar la firmeza
de un fallo amparado por el principio de la cosa juzgada,
resulta lógica la imposición de un plazo perentorio, en aras
de salvaguardar la seguridad jurídica de cara a las decisiones
de la administración de justicia.
En el sub examine, el mencionado plazo se satisfizo a
cabalidad, en tanto que el fallo criticado fue proferido el 13
de octubre de 2021, amen que el libelo impugnatorio fue
radicado en la secretaría del Tribunal Superior de Bogotá el
4 de septiembre de 2023, lo que avizora la interposición
oportuna del recurso, esto es, dentro del interregno
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concedido por el legislador.
Puesta en marcha la impugnación extraordinaria, a
efecto de integrar el contradictorio, el enteramiento del auto
admisorio de 16 de octubre de 2024 se perfeccionó el 29 de
octubre siguiente, cuando se tuvo por notificada por
conducta concluyente a la demandada María del Carmen
Correa Hernández [archivo digital 0063Auto], operando la interrupción
del término extintivo a la luz del canon 94 del estatuto
procedimental, razón por la cual resulta tempestiva la
censura.
En consecuencia, se encuentran colmados los
presupuestos para entrar a determinar si se estructuran los
motivos invocados como fundamento de la impugnación
extraordinaria que se estudia.
3.- En primer lugar, en cuanto al recurrente Jaime León
Quiroz, es de observarse que no ostenta legitimación por
activa para elevar este ruego.
Ciertamente, debido a la naturaleza especialísima de
este medio de censura, cuya aptitud para remover los efectos
de cosa juzgada de una providencia ejecutoriada, impide dar
vía libre a cualquier reproche, debiendo este: i) enmarcarse
dentro de las precisas causales consagradas por el legislador
(art. 355 del C.G.P.); ii) presentarse dentro del término de
caducidad establecido, y iii) ser elevado por quien ostente un
interés legítimo para controvertir la respectiva sentencia (art.
358, ibidem).
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En relación con el último de los presupuestos
enunciados, esta Sala ha entendido que la legitimación para
cuestionar un veredicto que ha cobrado firmeza por esta
senda, viene dada por el perjuicio que este le cause al
impugnante, facultad que
(...) se atribuye, en línea de principio, a quien hubiera sido
parte perjudicada por la sentencia en firme atacada, o haya
intervenido en el proceso en el cual ésta se dictó (...) (Se resalta,
CSJ AC2134-2021, 2 jun., rad. 2019-04007-00, reiterando CSJ
AC639-2020, 27 feb., rad. 2019-02899-00).
Así que, quien pretenda derruir un fallo judicial que ha
hecho tránsito a cosa juzgada, debe demostrar que ha sufrido
una lesión como consecuencia de esa decisión, lo cual explica
que, aún al interior de la correspondiente contienda, solo “la
persona afectada” pueda alegar tal motivo de invalidez (inc. 3º,
art. 135 y num. 4º y 8º, art. 133 del CGP), pues, admitir que
todo aquel que pretenda refutar una providencia, acceda al
mecanismo que se analiza, conllevaría el desconocimiento de
los axiomas de trascendencia, seguridad jurídica e
inmutabilidad de las sentencias.
Luego, Jaime León Quiroz no está legitimado para
acudir a este remedio excepcional, comoquiera que el examen
de las piezas documentales allegadas se desprende que fue
absuelto ante «la falta de legitimación en la causa por pasiva», por
lo que ningún perjuicio actual o inminente puede alegar
como resultado directo del fallo que pretende rebatir, sin que
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le asista interés en que esa determinación sea derrumbada
por medio de esta senda extraordinaria.
4.- Sentado lo anterior, se memora que en el numeral
7º del mandato 355 antes referido, valga decir, «[e]star el
recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la
nulidad», la Sala ha estimado que «apunta a proteger el derecho
fundamental al debido proceso en su más prístina manifestación, como
es la posibilidad de ser enterado de la actuación judicial iniciada en
contra y, por esa senda, acceder al abanico de posibilidades de
contradicción que brinda el ordenamiento jurídico, pues, de no darse
aquella, queda cercenada de tajo cualquier posibilidad ulterior de
ejercicio de esos privilegios» (CSJ SC7882-2018, criterio reiterado
en CSJ SC4064-2020, 20 Oct.).
Y es que del principio general del Derecho «Nadie puede
ser condenado sino es oído»1, se derivan un sinnúmero garantías
a favor del enjuiciado, entre ellas, el derecho a resistir las
pretensiones del demandante. Así que, las legislaciones
deben contemplar varios mecanismos con el propósito de
alcanzar la audiencia de quien ha sido llamado a juicio, a fin
de que acuda a afrontar su defensa, porque de no lograrse
ello por cualquier razón, la providencia judicial podría ser
calificada como injusta.
Por eso, el ordenamiento adjetivo impone unas formas
de notificación para conseguir el enteramiento del querellado
1 “Nemo damnatus, nisi auditus”. Tomado de: Mans Puigarnau, J. (1979). Los
Principios Generales del Derecho. Barcelona: Bosch, Casa Editorial S.A.
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(verbigracia, personal, aviso o emplazamiento) pero, además,
establece la oportunidad de combatir una determinación
judicial en firme mediante el ejercicio del recurso
extraordinario de revisión, si es que el antagonista no fue
debidamente convocado al pleito, porque entiende que en
una sociedad cuya aspiración es eliminar la brecha de la
desigualdad, es necesario contar con decisiones equitativas
en detrimento de la seguridad jurídica.
Por manera que, la causal de revisión en estudio «fue
instituida para reparar la injusticia que conlleva haber seguido un
proceso a espaldas de quien ha debido brindársele la oportunidad de ser
oído y ejercer el derecho de defensa, bien sea mediante notificación
personal o emplazamiento» (CSJ SC 14 ene. 2003, expediente No.
2001-0142, criterio reiterado en criterio reiterado en CSJ
SC4064-2020, 20 Oct.).
4.1.- En el sub lite, Ángela Patricia Saldarriaga
Jaramillo alegó que nunca había vivido o trabajado en las
direcciones a las que se remitió la citación personal y el aviso,
no conoce a las personas que recibieron esos documentos y,
en ese momento, residía en la carrera 36 # 39 08 apto 401
del Edificio El Virrey en Envigado.
De otro lado, Roberto Elías Ruíz Fernández expuso que
vivía en la Calle 40 AA Sur No. 32-42 de la misma localidad
y era extraño que se dijera que no existía la misma.
4.2.- Sin embargo, para la Corte no hubo el
enteramiento indebido denunciado por los recurrentes, como
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pasa a verse.
4.2.1.- El 11 de octubre de 2018 María del Carmen
Correa Hernández demandó a Roberto Elías Ruiz Fernández,
Ángela Patricia Saldarriaga Jaramillo y Jaime León Quiroz
con miras a que se declarara que eran civil y solidariamente
responsables del pago de unos perjuicios materiales y
morales a ella causados. En el libelo introductor se consignó
que la demandada podía ser notificada en la «Carrera 35 No. 38
Sur -34/42 Aptos. 201, 402 y 601, Edificio Liverpool, municipio de
Envigado. Teléfono: Lo desconozco. Dirección electrónica: La
desconozco».
A su turno, los otros dos demandados en la «calle 40 AA
Sur No. 32-42 de Envigado», Ruiz Fernández con «Tels: 310-395-96-
19 y 331-48-04» y la «dirección electrónica: La desconozco» [archivo digital
01Demanda].
4.2.2.- El 12 de septiembre de 2018, el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Envigado admitió la demanda
y ordenó correr traslado de la misma [archivo digital 42Auto 2-09-
18Admite].
4.2.3.- La demandante arrimó los citatorios realizados
a los demandados en la nomenclatura en mención, los cuales
fueron devueltos, para la primera porque la «dirección no existe»
y para los segundos en razón a que «está incompleta» [archivo digital
46CitacionPersonal].
4.2.4.- La actora solicitó se ordenara el enteramiento a
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las nuevas direcciones que aportó y la inscripción de la
demanda en trece inmuebles. Una vez satisfecho aquel
pedimento, allegó nuevamente las constancias, en las que se
certifica que se devolvió la enviada a Saldarriaga Jaramillo a
calle 55 sur 43A 76 de Medellín porque «la dirección está
incompleta», así como la de Ruiz Fernández, en la carrera 35
No. 38 Sur 42, el 30 de octubre de 2018, en la que se
consignó «la dirección no existe» [archivo digital 51CitacionesNegativas].
Empero, se certificó la entrega de la citación personal a
Ángela Patricia Saldarriaga Jaramillo, en la cra 35 38 sur 38
P1 Bodega Apto 201, 402 y 601, el 22 de noviembre de 2018,
a las 19:55, recibido por Emperatriz Arango, quien manifestó
que «el destinatario reside o labora en la dirección indicada» [archivo digital
54CitacionPersonal].
4.2.5.- Ante la falta de comparecencia de la enjuiciada
para noticiarla personalmente, la querellante procedió a
enterarla por aviso, al tenor de lo establecido en el artículo
292 del Código General del Proceso, para lo cual aportó
constancia de rigor, en la que se aprecia que se efectuó el 10
de diciembre de 2018, en la cra 35 38 sur 34 P1 Bodega Apto
201 402, recibida por Lina Jaramillo, quien indicó que «el
destinatario reside o labora en la dirección indicada» [archivo digital 55Aviso].
4.2.6.- Adicionalmente, se pidió el emplazamiento de
Roberto Elías Ruiz Fernández ante la imposibilidad de
obtener otra dirección de notificaciones, ignorar su domicilio
y no ser suscriptor del directorio telefónico de Medellín.
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4.2.7.- El 12 de mayo de 2019 se publicó el edicto
emplazatorio en periódico El Mundo, el que no se admitió por
no realizarse en los diarios indicados en la providencia de 12
de abril anterior y, por tanto, el 16 de junio de ese mismo año
se hizo lo propio en el Colombiano, de manera que en
proveído de 25 de junio se tuvo por acatado lo estipulado en
el artículo 108 del Código General del Proceso y se dispuso
la inscripción en el Registro de Personas Emplazadas para
que, una vez vencido el término para concurrir de los
emplazados, se designaría al curador que los representara en
el asunto.
4.2.8.- Teniendo en cuenta lo señalado, fue nombrado
César Augusto Fernández Posada como curador ad litem,
quien contestó la demanda y afirmó que desconocía «el lugar
donde [sus] representados pueden ser notificados, por cuanto (...)
intent[ó] localizarlos, sin haber podido lograr comunicación alguna con
ellos». Posteriormente, apeló el veredicto emitido.
4.3.- Bajo esa perspectiva, se observa que la demanda
fue comunicada a Ángela Patricia Saldarriaga Jaramillo en
las «direcciones» que le fueron informadas al juez de
conocimiento, tal como lo prevén los artículos 291 y 292 del
Estatuto Procesal Civil, destacando que en ambas
comunicaciones se apuntó que «el destinatario reside o labora en
la dirección indicada».
Y aunque en un principio se remitió la citación para que
compareciera al juzgado a una nomenclatura distinta y a la
enunciada en el aviso, esto es, la primera a la carrera 35 No.
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38 Sur 38 primer piso bodega apartamento 201, 204 y 601,
mientras que la segunda a la carrera 35 No. 38 Sur 34 piso
1 bodega apartamento 201- 402, lo cierto es que las personas
que recibieron esas comunicaciones fueron coincidentes en
asegurar que Saldarriaga Jaramillo residía o laboraba en
esas direcciones, por manera que, a pesar de esa desatención
el acto cumplió su finalidad.
Y, aunque, la recurrente aseguró que jamás ha residido
o laborado en las nomenclaturas donde se envió la citación
personal y el aviso, así como, no conoce a las personas que
recibieron dichos documentos, esas alegaciones no son de
recibo en este escenario, ya que, de un lado, el acto de
notificación se adelantó en una unidad inmobiliaria, de ahí
que, a voces del canon 291 adjetivo, la entrega del
enteramiento podía efectuarse «a quien atienda la recepción», tal
y como sucedió, pues la compañía de mensajería certificó que
Lina Jaramillo y Emperatriz Arango recibieron las
respectivas comunicaciones, asegurando que Ángela Patricia
sí «reside o labora en la dirección indicada» [archivos digitales:
54CitacionPersonal y 55Aviso].; y, en segundo término, la aquí
interesada no desvirtuó esa manifestación, siendo
insuficiente su propio dicho y la comunicación de la empresa
Claro aportada con la subsanación del libelo inaugural, la
cual, a propósito, solamente indica la entrega de unos
equipos electrónicos en un Centro de Atención de esa
compañía y cuya fecha es muy posterior (2 de junio de 2020)
a las datas en que se recibió el citatorio y el aviso (21 de
noviembre y 10 de diciembre, ambas de 2018).
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4.4.- Por su parte, tras la manifestación de la allá
demandante en cuanto a que ignoraba el lugar al que podía
ser citado Roberto Elías Ruiz Fernández, se dispuso su
emplazamiento en debida forma, se nombró curador, quien
ejerció su defensa e incluso apeló la sentencia.
Sumado a lo expuesto, se tiene que la demanda fue
inscrita en siete inmuebles de Saldarriaga Jaramillo y fue
desestimado el incidente de nulidad propuesto ante los
jueces de instancia el 7 de septiembre de 2022 y el 11 de
enero de 2023.
4.5.-En consecuencia, el enteramiento censurado se
surtió de conformidad con la ley y, por ende, queda
descartada la presencia de la causal invocada en este
escenario excepcional.
5.- Ahora bien, ante el fracaso del primer reproche de
los revisionistas, a la Corte le corresponde establecer si
encuentra asidero la configuración de la otra hipótesis
alegada, esto es, la consagrada en el numeral 1º del artículo
355 del actual ordenamiento procesal establece como causal
de revisión la de «[h]aberse encontrado después de pronunciada la
sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella,
y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria».
5.1.- Bajo esa perspectiva, para el éxito del remedio
extraordinario, en tratándose del motivo indicado, se
requiere lo siguiente:
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(i) Que la prueba documental «‘... debió existir desde el
momento mismo en que se presentó la demanda, o por lo menos
desde el vencimiento de la última oportunidad procesal para aportar
pruebas, no siendo admisible, en consecuencia, la que se encuentre o
configure después de pronunciada la sentencia’...» (resalta la Sala, CSJ
SC 22 sep. 1999, rad. n.º 6404, criterio reiterado en CSJ SC1121-2019,
3 abr., 2014-02756-00).
De ahí que, «‘la prueba de eficacia en revisión (…) debe tener
existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción’, de
donde si no constituye ‘esa pieza documental -bien por su contenido o
por cualquier otra circunstancia- una auténtica e incontestable novedad
frente al material (…) recogido en el proceso, la predicada injusticia de
esta resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del
documento aparecido’ (CSJ SC 25 jun. 2009, rad. 2005-00251-01,
reiterada recientemente entre otras, en CS21078-2017)» (CSJ SC1859-
2018, 30 may., rad. 2014-02855-00).
(ii) Que su mérito sea de tal magnitud que, de haberla
valorado el juzgador, la decisión hubiese cambiado, esto es,
que,
[E]l medio de prueba documental hallado ostente, por sí solo, el
suficiente poder de convicción para, de haber obrado en el proceso,
determinar un cambio sustancial en el sentido de la sentencia que
efectivamente se adoptó; es decir, la prueba recobrada debe ser
decisiva. Si lo que se presenta en revisión no tiene esa significación
el recurso no puede prosperar, razón por la cual cabe afirmar que
de no constituir esa pieza documental -bien por su contenido o por
cualquier otra circunstancia- una auténtica e incontestable
novedad frente a las pruebas practicadas en el proceso en el que
se dictó la sentencia recurrida, la predicada injusticia de esta
resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del
documento aparecido (ibidem).
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(iii) Finalmente, que el recaudo del medio no pudo
lograrse dentro de las oportunidades legales a causa de
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Acerca de esto último, la Sala ha destacado que:
[E]s carga del impugnante demostrar que fue por fuerza mayor,
por caso fortuito o por el hecho del contrincante que resultó
imposible aportar en tiempo la prueba documental, dado que ‘si tal
documento no se adujo porque simplemente no se había
averiguado en donde reposaba, o porque no se pidió su aporte en
ninguna de las oportunidades que la ley señala para que pueda
valorarse su mérito de persuasión, entonces el hecho de que con
posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera
podido hacer variar la decisión combatida, no es suficiente para
sustentar el recurso extraordinario de revisión (ídem).
5.2. Teniendo en cuenta lo anterior, en el sub examine
no se encuentra configurado el primer móvil invocado por los
recurrentes, por las siguientes razones.
5.2.1. En cuanto a la preexistencia de las documentales
cuya incorporación se adujo fue imposibilitada, se tiene que:
(i) El 6 de diciembre de 2017, María del Carmen Correa
Hernández prometió en venta el inmueble, identificado con
matrícula inmobiliaria 001-32785, a Julio Argemiro Vásquez
Castaño.
(ii) En septiembre de 2018, María del Carmen Correa
Hernández promovió juicio responsabilidad civil
extracontractual contra Roberto Elías Ruiz Fernández,
Ángela Patricia Saldarriaga Jaramillo y Jaime León Quiroz,
respecto de los daños causados en el aludido bien.
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(iii) Ante la Notaría Primera del Círculo de Envigado, con
escritura pública No. 174 del 25 de enero de 2019, María del
Carmen Correa Hernández, Julio Cesar, Juan Guillermo y
José David Molina Correa enajenaron el prenotado inmueble
a Julio Argemiro Vásquez Castaño y a John Jairo Saldarriaga
Jaramillo.
De allí que, en principio, puede asegurarse que no existe
discusión en punto a que el instrumento público de
transferencia al que se hizo mención fue otorgado con
anterioridad al fenecimiento de la última oportunidad para
solicitar pruebas en el decurso criticado.
5.2.2.- Empero, relievando que la causal aducida para
su no aportación se cimentó en supuesta «fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria» que constituyó su ausencia
de enteramiento de la existencia del litigio, aflora indiscutible
el fracaso de la postulación por los mismos supuestos
expuestos con anterioridad, específicamente en el numeral
4.3., de cara a la satisfacción de los presupuestos legales en
el acto de notificación, lo que, de suyo, derruye de tajo las
alegaciones de la inconforme.
En otras palabras, si la iniciación del juicio se notició
adecuadamente a la censora, la simple manifestación de que
ello no fue así, en modo alguno, puede constituir aserción
válida para excusar el no aporte de las aludidas piezas
documentales bajo los supuestosexcepcionales en que está
fincada la causal primera de revisión.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-03882-00
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5.2.3. Es más, aun con prescindencia de lo anterior, el
embate propuesto se torna infundado si lo pretendido es que
la actuación se hiciese extensiva a quienes con posterioridad
adquirieron el inmueble, en tanto que, como ya lo tiene por
sentado la Corte, su vinculación se tornaba facultativa.
En un asunto con cierta simetría en cuanto al aspecto
en cuestión, esta Sala dejó dicho:
El estadio ideal y civilizado para superar las diferencias
irreconciliables de las personas, empleado por la mayoría de las
sociedades, es el proceso. Allí, además de confluir la relación
material entre quien acciona para conseguir la tutela de un
derecho (demandante) y quien se resiste a ello (demandado),
también surge un lazo entre estos y el Estado representado en la
figura del juez, todos ellos constituyen la «relación jurídico
procesal».
Puede suceder, como en efecto ocurre, que en ese vínculo «jurídico
procesal» haya un cambio en los extremos que la conforman. Es
posible que en la tramitación de la pendencia acontezca el
fallecimiento de alguno de los litigantes (inc. 1º art. 68 C.G.P.), o,
la «extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica» que obre
como parte (inc. 2º ibídem), o bien, que se trasfiera a un tercero la
«cosa» o el «derecho» en disputa (inc. 3º ídem), caso en el cual, el
«adquirente a cualquier título» tendrá la facultad de «intervenir
como litisconsorte del anterior titular» o también «sustituirlo en el
proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente».
4.3.- En este último episodio de «sucesión procesal» se presenta
una de las modalidades de intervención en el proceso que en la
jurisprudencia y en la doctrina ha denominado como litisconsorcio
(...) (CSJ SC200-2023, 10 jul. 2023).
Por ese rumbo, también se muestra oportuno resaltar
que ninguna trascendencia para la definición del asunto
tenía el aporte de la promesa de compraventa y la escritura
con la que la demandante -en el juicio confutado- transfirió
el dominio del inmueble, porque aun contando con ellos, la
decisión hubiese sido la misma, en tanto que, al estar
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encaminada la pretensión a obtener el pago de unos
perjuicios causados en dicho bien, en virtud de la
construcción del Edificio Liverpool, quien era la propietaria
para cuando se presentó la demanda, ostentaba plena
legitimación por activa para elevar ese ruego,
independientemente de los negocios que con posterioridad se
celebraron y al margen de la integración facultativa de los
nuevos dueños.
Entonces, los aludidos documentos no tenían la fuerza
suasoria para abatir las deducciones consignadas en el
veredicto cuestionado y, por tanto, no sale avante la solicitud
de invalidez que, con fundamento en estos, se invocó, pues
se repite, se pretendía el cobro de unas sumas dinerarias por
las afectaciones que sufrió una vivienda, sin que esas piezas
procesales pudieran variar «la decisión» atacada.
6.- Con vista en lo anterior, se impone declarar la
improsperidad del recurso extraordinario de revisión,
presentado frente a la sentencia dictada el 13 de octubre de
2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín.
7.- Conforme a lo preceptuado en el inciso final del
artículo 359 del compendio procesal general, se impondrá
condena en costas y perjuicios a los recurrentes. Las
agencias en derecho se tasarán, por la magistrada ponente,
según el numeral 3° ídem y para su cuantificación se tendrán
en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-03882-00
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la Judicatura. Los eventuales perjuicios se liquidarán
mediante incidente - arts. 359 y 283 CGP-.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión impetrado por Roberto Elías Ruiz
Fernández y Ángela Patricia Saldarriaga Jaramillo contra la
sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar la falta de legitimación en la causa
por activa de Jaime León Quiroz, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de esta determinación.
TERCERO: Condenar en costas y perjuicios a los
recurrentes. En su oportunidad, la magistrada ponente
señalará las agencias en derecho que deberán incluirse en la
liquidación.
CUARTO: Devuélvase el expediente contentivo del juicio
de responsabilidad civil al juzgado de origen, agregando copia
de esta providencia.
QUINTO: Consérvese el cuaderno de la Corte y
archívese en su debida oportunidad.
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Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
EN COMISIÓN DE SERVICIOS
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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