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clave: "corte_suprema:providencia:SC1556-2025 [2023-03882-00]"
titulo: "Corte Suprema: pidieron se declare la nulidad de la sentencia de segunda instancia"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-06-24"
radicado: "2023-03882-00"
numero: "SC1556-2025"
ponente: "Hilda González Neira"
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# Corte Suprema: pidieron se declare la nulidad de la sentencia de segunda instancia

- **Título oficial / radicado:** SC1556-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-06-24
- **Radicado:** 2023-03882-00
- **Número:** SC1556-2025
- **Ponente:** Hilda González Neira
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1556-2025%20%5B2023-03882-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1556-2025%20%5B2023-03882-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI1L0RyYS4gSGlsZGEgR29ueuFsZXogTmVpcmEvNi4tIEp1bmlvL1NlbnRlbmNpYXMvU0MxNTU2LTIwMjUgWzIwMjMtMDM4ODItMDBdLnBkZg%3D%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 527 de 1999

## Extracto

En ese orden, puntualizaron que solo conocieron de la actuación censurada hasta el 24 de mayo de 2022, cuando se practicó la diligencia de secuestro dentro del proceso ejecutivo que se adelantó a continuación del verbal y, aunque, sostuvieron distintas conversaciones con la demandante, esta no mencionó la existencia del pleito; En consecuencia, se encuentran colmados los presupuestos para entrar a determinar si se estructuran los motivos invocados como fundamento de la impugnación extraordinaria que se estudia. 2001-0142, criterio reiterado en criterio reiterado en CSJ SC4064-2020, 20 Oct.). Empero, se certificó la entrega de la citación personal a Ángela Patricia Saldarriaga Jaramillo, en la cra 35 38 sur 38 P1 Bodega Apto 201, 402 y 601, el 22 de noviembre de 2018, a las 19:55, recibido por Emperatriz Arango, quien manifestó que «el destinatario reside o labora en la dirección indicada» [archivo digital 54CitacionPersonal].

## Texto del documento

HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
SC1556-2025
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-03882-00
(Aprobado en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco)
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil
veinticinco (2025).
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Roberto Elías Ruiz Fernández, Ángela
Patricia Saldarriaga Jaramillo y Jaime León Quiroz frente a
la sentencia proferida el 13 de octubre de 2021, por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
dentro del juicio verbal incoado en su contra por María del
Carmen Correa Hernández.
I. ANTECEDENTES
1.- María del Carmen Correa Hernández promovió
proceso de responsabilidad civil extracontractual contra
Roberto Elías Ruiz Fernández, Ángela Patricia Saldarriaga
Jaramillo y Jaime León Quiroz con miras a que se declarara
que los demandados eran civil y solidariamente responsables
de los daños causados a su inmueble en virtud de la
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construcción del Edificio Liverpool y se ordenara el pago de
las respectivas condenas.
2.- El asunto fue admitido a trámite por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Envigado en proveído de 12 de
septiembre de 2018 [archivo digital 42Auto 2-09-18Admite].
3.- Cesar Augusto Fernández Posada, en su condición
de curador ad litem de Roberto Elías Ruíz Fernández y Jaime
León Quiroz, contestó la demanda, dejando constancia que
intentó localizar a sus representados, pero que ello no fue
posible. Mientras que Ángela Patricia Saldarriaga Jaramillo
no se pronunció.
4.- En sentencia de 20 de mayo de 2021, el a-quo
declaró la responsabilidad invocada y condenó a Ángela
Patricia Saldarriaga Jaramillo y a Roberto Elías Ruiz
Fernández al pago de daño emergente y lucro cesante, con la
respectiva indexación, además del daño moral, decretó la
falta de legitimación en la causa por pasiva de Jaime León
Quiroz y lo absolvió de las pretensiones, e impuso condena
en costas. Determinación frente a la que el curador ad litem
formuló apelación [archivo digital 76ActaAudiencia]..
5.- Al desatar la alzada, el 13 de octubre de 2021, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín revocó
parcialmente el numeral segundo del fallo de primer grado,
respecto del ítem de reparación de los daños causados a la
vivienda de la demandante y, en su lugar, denegó las
pretensiones solicitadas sobre el punto y modificó el lucro
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cesante consistente en los cánones dejados de percibir por
$3.614.724, los que debían ser indexados al momento del
pago [archivo digital 11Sentencia].
II. EL RECURSO DE REVISIÓN
1.- Con soporte en las causales primera y séptima del
artículo 355 del Código General del Proceso, los libelistas
pretenden derruir el veredicto que, en segunda instancia,
desató el litigio de responsabilidad civil de forma adversa a
sus intereses.
1.1.- En primer lugar, aseguraron los inconformes que
María del Carmen Correa Hernández prometió en venta el
inmueble objeto del litigio a Julio Argemiro Vásquez Castaño
y John Jairo Saldarriaga Jaramillo, luego, mediante escritura
pública No. 174 de 25 de enero de 2019 de la Notaría Primera
del Círculo de Envigado, lo transfirió a favor de éstos.
Expresaron que esas piezas probatorias «habrían variado
la decisión», comoquiera que el predio que padeció los daños
por los que fueron condenados, ya no era de propiedad de
Correa Hernández, de ahí que, obró con «temeridad y mala fe
(…), al cobrar unos cánones de arrendamiento por algo que ya no era de
ella. Y además defraudando a la DIAN al declarar el valor de la venta
por un valor muy inferior al pactado».
Agregaron que no pudieron aportar dichos folios por
fuerza mayor o caso fortuito, en tanto que «el auto admisorio de
la demanda nunca se le notificó o nunca se le quiso notificar».
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1.2.- Con sustento en el séptimo motivo de revisión,
aseveraron frente a Ángela Patricia Saldarriaga Jaramillo que
las direcciones a las que le remitieron la comunicación para
que compareciera al juzgado y la enunciada en el aviso eran
distintas, la primera fue a la carrera 35 No. 38 Sur 38 primer
piso bodega apartamento 201, 204 y 601, mientras que la
segunda a la carrera 35 No. 38 Sur 34 piso 1 bodega
apartamento 201- 402.
De igual forma, adujeron que Saldarriaga Jaramillo
nunca ha vivido ni trabajado en esas direcciones, no conoce
a las personas que recibieron los documentos y en dicha data
vivía en la carrera 36 # 39 08 apto 401 del Edificio El Virrey
en Envigado (Ant.).
Por su parte, expusieron que era extraño que la citación
remitida a Roberto Elías Ruíz Fernández a la Calle 40 AA Sur
No. 32-42 de Envigado (Ant.) no fuera efectiva, dado que
correspondía a un edificio de su propiedad, el que habitaba;
y el curador ad litem designado, pese a que afirmó que los
intentó localizar, no hizo lo propio.
En ese orden, puntualizaron que solo conocieron de la
actuación censurada hasta el 24 de mayo de 2022, cuando
se practicó la diligencia de secuestro dentro del proceso
ejecutivo que se adelantó a continuación del verbal y,
aunque, sostuvieron distintas conversaciones con la
demandante, esta no mencionó la existencia del pleito;
sumado a que les fue denegada una tutela por no observar el
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requisito de la subsidiariedad y desestimada una nulidad que
impetraron.
En consecuencia, pidieron «se declare la nulidad de la
sentencia de segunda instancia, y de todo lo actuado dentro del proceso
VERBAL (...) bajo el radicado nro. 052663103002-2018-00229-00 (...)»;
así como el «proceso Ejecutivo que se adelanta a continuación del
anterior radicado 052663103002-2021-00369-00-», la cual «se deberá
dar desde la notificación del auto admisorio de la demanda en el proceso
Verbal, dicha notificación inclusive. La decisión que se ataca por vía de
este recurso de revisión, es la sentencia de segunda instancia, pues es
la que constituye el fallo con autoridad de cosa juzgada».
Y, se disponga que el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Envigado proceda a «notificar a los señores Ángela Patricia
Saldarriaga Jaramillo y Roberto Elías Ruiz Fernández el auto admisorio
de la demanda proferida dentro del proceso mencionado (...) con el fin de
que éstos tengan la oportunidad de asumir la defensa de sus intereses»
[archivo digital 0004Expediente_digitalizado].
III. EL TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
1.- El 4 de septiembre de 2023 el asunto fue radicado
ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín, no obstante, en providencia de 19 de septiembre
siguiente se remitió por competencia la actuación a esta
Corte [archivo digital 0002Auto].
2.- Recibidas las diligencias, en auto de 27 de octubre
de 2023, se inadmitieron para que se subsanaran las
deficiencias allí expuestas [archivo digital 0007Auto].
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3.- Tras ser rechazado el libelo, suplicado y revocada
dicha decisión, de conformidad con lo estatuido en el artículo
358 del Código General del Proceso, se ordenó oficiar al
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado para que
remitiera el expediente del juicio de responsabilidad civil
extracontractual objeto del remedio excepcional [archivo digital
0026Auto].
4.- El 16 de octubre de 2024 se admitió la demanda
disponiendo su enteramiento y el traslado de ley, auto
notificado mediante anotación en estado del 17 siguiente
[archivo digital 0054Auto].
5.- El 11 de diciembre se tuvo por notificada por
conducta concluyente a la demandada María del Carmen
Correa Hernández [archivo digital 0063Auto], quien se opuso a la
censura excepcional [archivo digital 0060Memorial].
6.- En providencia de 10 de febrero de 2025 se resolvió
sobre las pruebas solicitadas y se corrió traslado para
presentar alegatos de conclusión [archivo digital 0066Auto], los que
fueron allegados por la parte actora.
IV. CONSIDERACIONES
1.- A voces del inciso 2º del artículo 278 de la ley de
enjuiciamiento civil «[e]n cualquier estado del proceso, el juez deberá
dictar sentencia anticipada, total o parcial» entre otros eventos
«cuando no hubiere pruebas que practicar (…) cuando se encuentre
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probada (…) la caducidad (…)», sin que haya lugar a agotar todas
las etapas propias que según la naturaleza del asunto
resultaren pertinentes y, como quiera que en el sub lite
concurren dichos supuestos, es posible emitir el
pronunciamiento de fondo para desatar la súplica
extraordinaria.
2.- Cuando se invoca la causal consagrada en el
numeral 7° del canon 355 del memorado compendio, el plazo
de dos (2) años para la interposición del recurso «comenzarán
a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su
representante haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de
cinco (5) años. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un
registro público, los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir
de la fecha de la inscripción» [inciso segundo, art. 356 ídem]. La
presentación del petitum por fuera de ese lapso, establece el
legislador, conlleva su rechazo «sin más trámite» (inciso tercero,
art. 358 ib.), porque, tratándose de una herramienta
excepcional, a través de la cual es dable quebrar la firmeza
de un fallo amparado por el principio de la cosa juzgada,
resulta lógica la imposición de un plazo perentorio, en aras
de salvaguardar la seguridad jurídica de cara a las decisiones
de la administración de justicia.
En el sub examine, el mencionado plazo se satisfizo a
cabalidad, en tanto que el fallo criticado fue proferido el 13
de octubre de 2021, amen que el libelo impugnatorio fue
radicado en la secretaría del Tribunal Superior de Bogotá el
4 de septiembre de 2023, lo que avizora la interposición
oportuna del recurso, esto es, dentro del interregno
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concedido por el legislador.
Puesta en marcha la impugnación extraordinaria, a
efecto de integrar el contradictorio, el enteramiento del auto
admisorio de 16 de octubre de 2024 se perfeccionó el 29 de
octubre siguiente, cuando se tuvo por notificada por
conducta concluyente a la demandada María del Carmen
Correa Hernández [archivo digital 0063Auto], operando la interrupción
del término extintivo a la luz del canon 94 del estatuto
procedimental, razón por la cual resulta tempestiva la
censura.
En consecuencia, se encuentran colmados los
presupuestos para entrar a determinar si se estructuran los
motivos invocados como fundamento de la impugnación
extraordinaria que se estudia.
3.- En primer lugar, en cuanto al recurrente Jaime León
Quiroz, es de observarse que no ostenta legitimación por
activa para elevar este ruego.
Ciertamente, debido a la naturaleza especialísima de
este medio de censura, cuya aptitud para remover los efectos
de cosa juzgada de una providencia ejecutoriada, impide dar
vía libre a cualquier reproche, debiendo este: i) enmarcarse
dentro de las precisas causales consagradas por el legislador
(art. 355 del C.G.P.); ii) presentarse dentro del término de
caducidad establecido, y iii) ser elevado por quien ostente un
interés legítimo para controvertir la respectiva sentencia (art.
358, ibidem).
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En relación con el último de los presupuestos
enunciados, esta Sala ha entendido que la legitimación para
cuestionar un veredicto que ha cobrado firmeza por esta
senda, viene dada por el perjuicio que este le cause al
impugnante, facultad que
(...) se atribuye, en línea de principio, a quien hubiera sido
parte perjudicada por la sentencia en firme atacada, o haya
intervenido en el proceso en el cual ésta se dictó (...) (Se resalta,
CSJ AC2134-2021, 2 jun., rad. 2019-04007-00, reiterando CSJ
AC639-2020, 27 feb., rad. 2019-02899-00).
Así que, quien pretenda derruir un fallo judicial que ha
hecho tránsito a cosa juzgada, debe demostrar que ha sufrido
una lesión como consecuencia de esa decisión, lo cual explica
que, aún al interior de la correspondiente contienda, solo “la
persona afectada” pueda alegar tal motivo de invalidez (inc. 3º,
art. 135 y num. 4º y 8º, art. 133 del CGP), pues, admitir que
todo aquel que pretenda refutar una providencia, acceda al
mecanismo que se analiza, conllevaría el desconocimiento de
los axiomas de trascendencia, seguridad jurídica e
inmutabilidad de las sentencias.
Luego, Jaime León Quiroz no está legitimado para
acudir a este remedio excepcional, comoquiera que el examen
de las piezas documentales allegadas se desprende que fue
absuelto ante «la falta de legitimación en la causa por pasiva», por
lo que ningún perjuicio actual o inminente puede alegar
como resultado directo del fallo que pretende rebatir, sin que
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le asista interés en que esa determinación sea derrumbada
por medio de esta senda extraordinaria.
4.- Sentado lo anterior, se memora que en el numeral
7º del mandato 355 antes referido, valg

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

llo y Jaime León Quiroz,
respecto de los daños causados en el aludido bien.
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(iii) Ante la Notaría Primera del Círculo de Envigado, con
escritura pública No. 174 del 25 de enero de 2019, María del
Carmen Correa Hernández, Julio Cesar, Juan Guillermo y
José David Molina Correa enajenaron el prenotado inmueble
a Julio Argemiro Vásquez Castaño y a John Jairo Saldarriaga
Jaramillo.
De allí que, en principio, puede asegurarse que no existe
discusión en punto a que el instrumento público de
transferencia al que se hizo mención fue otorgado con
anterioridad al fenecimiento de la última oportunidad para
solicitar pruebas en el decurso criticado.
5.2.2.- Empero, relievando que la causal aducida para
su no aportación se cimentó en supuesta «fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria» que constituyó su ausencia
de enteramiento de la existencia del litigio, aflora indiscutible
el fracaso de la postulación por los mismos supuestos
expuestos con anterioridad, específicamente en el numeral
4.3., de cara a la satisfacción de los presupuestos legales en
el acto de notificación, lo que, de suyo, derruye de tajo las
alegaciones de la inconforme.
En otras palabras, si la iniciación del juicio se notició
adecuadamente a la censora, la simple manifestación de que
ello no fue así, en modo alguno, puede constituir aserción
válida para excusar el no aporte de las aludidas piezas
documentales bajo los supuestosexcepcionales en que está
fincada la causal primera de revisión.
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5.2.3. Es más, aun con prescindencia de lo anterior, el
embate propuesto se torna infundado si lo pretendido es que
la actuación se hiciese extensiva a quienes con posterioridad
adquirieron el inmueble, en tanto que, como ya lo tiene por
sentado la Corte, su vinculación se tornaba facultativa.
En un asunto con cierta simetría en cuanto al aspecto
en cuestión, esta Sala dejó dicho:
El estadio ideal y civilizado para superar las diferencias
irreconciliables de las personas, empleado por la mayoría de las
sociedades, es el proceso. Allí, además de confluir la relación
material entre quien acciona para conseguir la tutela de un
derecho (demandante) y quien se resiste a ello (demandado),
también surge un lazo entre estos y el Estado representado en la
figura del juez, todos ellos constituyen la «relación jurídico
procesal».
Puede suceder, como en efecto ocurre, que en ese vínculo «jurídico
procesal» haya un cambio en los extremos que la conforman. Es
posible que en la tramitación de la pendencia acontezca el
fallecimiento de alguno de los litigantes (inc. 1º art. 68 C.G.P.), o,
la «extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica» que obre
como parte (inc. 2º ibídem), o bien, que se trasfiera a un tercero la
«cosa» o el «derecho» en disputa (inc. 3º ídem), caso en el cual, el
«adquirente a cualquier título» tendrá la facultad de «intervenir
como litisconsorte del anterior titular» o también «sustituirlo en el
proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente».
4.3.- En este último episodio de «sucesión procesal» se presenta
una de las modalidades de intervención en el proceso que en la
jurisprudencia y en la doctrina ha denominado como litisconsorcio
(...) (CSJ SC200-2023, 10 jul. 2023).
Por ese rumbo, también se muestra oportuno resaltar
que ninguna trascendencia para la definición del asunto
tenía el aporte de la promesa de compraventa y la escritura
con la que la demandante -en el juicio confutado- transfirió
el dominio del inmueble, porque aun contando con ellos, la
decisión hubiese sido la misma, en tanto que, al estar
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encaminada la pretensión a obtener el pago de unos
perjuicios causados en dicho bien, en virtud de la
construcción del Edificio Liverpool, quien era la propietaria
para cuando se presentó la demanda, ostentaba plena
legitimación por activa para elevar ese ruego,
independientemente de los negocios que con posterioridad se
celebraron y al margen de la integración facultativa de los
nuevos dueños.
Entonces, los aludidos documentos no tenían la fuerza
suasoria para abatir las deducciones consignadas en el
veredicto cuestionado y, por tanto, no sale avante la solicitud
de invalidez que, con fundamento en estos, se invocó, pues
se repite, se pretendía el cobro de unas sumas dinerarias por
las afectaciones que sufrió una vivienda, sin que esas piezas
procesales pudieran variar «la decisión» atacada.
6.- Con vista en lo anterior, se impone declarar la
improsperidad del recurso extraordinario de revisión,
presentado frente a la sentencia dictada el 13 de octubre de
2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín.
7.- Conforme a lo preceptuado en el inciso final del
artículo 359 del compendio procesal general, se impondrá
condena en costas y perjuicios a los recurrentes. Las
agencias en derecho se tasarán, por la magistrada ponente,
según el numeral 3° ídem y para su cuantificación se tendrán
en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de
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la Judicatura. Los eventuales perjuicios se liquidarán
mediante incidente - arts. 359 y 283 CGP-.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión impetrado por Roberto Elías Ruiz
Fernández y Ángela Patricia Saldarriaga Jaramillo contra la
sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar la falta de legitimación en la causa
por activa de Jaime León Quiroz, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de esta determinación.
TERCERO: Condenar en costas y perjuicios a los
recurrentes. En su oportunidad, la magistrada ponente
señalará las agencias en derecho que deberán incluirse en la
liquidación.
CUARTO: Devuélvase el expediente contentivo del juicio
de responsabilidad civil al juzgado de origen, agregando copia
de esta providencia.
QUINTO: Consérvese el cuaderno de la Corte y
archívese en su debida oportunidad.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-03882-00
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Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
EN COMISIÓN DE SERVICIOS
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: D046474FD624600384034C51B3E5EE3C35E6D27F9DF11A7B71542627055C6E70
Documento generado en 2025-06-24

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1556-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2025-06-24. C.P. Hilda González Neira. Rad. 2023-03882-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1556-2025%20%5B2023-03882-00%5D).
