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FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC1452-2024
Radicación n.° 11001-31-03-024-2018-00328-01
(Aprobado en sesión de treinta de mayo de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veinticuatro
(2024).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
la parte demandante, frente a la sentencia proferida por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 27 de mayo de 2021, dentro del proceso verbal que
instauraron los recurrentes contra Nohora Muñoz de
Pacheco, Ángela Liliana, Martha Janeth y Jaime David
Pacheco Muñoz.
I. ANTECEDENTES
1.- La pretensión.
Carcaice S.A.S. y Carlos Arturo Caicedo Ceballos
pretendieron que se declarara que los demandados son
civilmente responsables por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el artículo 522 del Código de
Comercio. En ese orden, pidieron que se les condene a pagar
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la suma de $938.434.617, a título de daño emergente, y
$1.292.835.358, por lucro cesante.1
2.- Causa petendi.
2.1. En sustento de sus pretensiones, indicaron que el
2 de diciembre del 2005, las partes celebraron un contrato
de arrendamiento sobre el inmueble ubicado en la carrera 7
no. 146 - 45 de la ciudad de Bogotá. En el cual se estipuló
que el bien arrendado sería destinado a la «compra venta y
mantenimiento de vehículos automotores». A su turno, se pactó que
el término de duración del negocio sería de 8 años, contados
a partir del 1 de marzo del 2006 hasta el 28 de febrero del
2014.
2.2. Antes de la fecha de terminación de la referida
convención, los demandados -arrendadores- remitieron a los
convocantes -arrendatarios- varios anuncios de desahucio
(en concreto, los días 1 de septiembre del 2011, 10 de febrero
de 2012, 1 de agosto de 2012, 1 de febrero de 2013 y 18 de
julio de 2013).
2.3. Aseveraron que, en la última comunicación
remitida, se enunció que la razón para solicitar la restitución
del inmueble era «el vencimiento del término» del contrato. Por
ello, los arrendadores «se negaron a restituir el inmueble por
considerar que el vencimiento del plazo contractual no se enmarcaba en
ninguna de las causales previstas en el artículo 518 del Código de
Comercio».
1 Archivo «004 Escrito Demanda».
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2.4. Ante tal negativa, los arrendadores promovieron
proceso de restitución de inmueble arrendado, el que
correspondió al Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá bajo
el radicado 2014-00159-00. Tal litigio culminó con sentencia
de segunda instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 11 de abril del
2016, en la cual se declaró la
terminación del contrato
de
arrendamiento «por la causal contemplada en el numeral 2 del artículo
518 del C. de Co.». Por lo que se ordenó a Carcaice y Cía. Ltda.
y a Carlos Arturo Caicedo Ceballos restituir el bien2.
2.5. En cumplimiento del fallo, los locatarios
restituyeron el local comercial el 8 de julio de 2017. No
obstante, llegado el 8 de octubre del 2017, «esto es, pasados los
3 meses siguientes a la fecha de entrega del inmueble, los ahora
demandados no dieron al inmueble el destino indicado». Además,
tampoco tramitaron la expedición de ninguna licencia
urbanística de demolición y construcción «con el fin de
desarrollar el “proyecto urbanístico” comunicado a mis mandantes a
través de los avisos de desahucios del 10 de febrero y 1 de agosto de
2012 y 1 de febrero de 2013».
3.- Posición de los demandados.
El apoderado judicial de los demandados se opuso a la
totalidad de las pretensiones de la demanda. A su turno,
2 Si bien los demandados interpusieron recurso extraordinario de casación, aquellos
desistieron de tal remedio procesal. De ello da cuenta el auto AC3940-2018 del 14 de
septiembre del 2018, proferido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Página 12 del archivo «EXPEDIENTE 27-2016-030-01 CUADERNO TRIBUNAL 1.3» de
la Carpeta digital «042CDProceso2016030CuadernoTribunalFL430».
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propuso las excepciones de mérito que denominó «prescripción
de la acción indemnizatoria aludida»; «incumplimiento de la demandante
en la entrega del inmueble»; «culpa de la demandante en la no iniciación
del proyecto y en los gastos aparentes efectuados»; «liberación de los
propietarios de la indemnización, por inexistencia de culpa y daños»;
«mala fe de la demandante»; «imposibilidad de cobrar intereses
comerciales junto con la indemnización»; «imposibilidad de conocerse a
quien se le debe indemnizar»; y, «compensación». En síntesis, indicó
que la demora de los arrendatarios en la entrega del inmueble
a la
terminación del contrato
«hizo que los inversionistas y
constructores desistieran del proyecto»3.
4.- Resolución en las instancias.
Culminado el trámite correspondiente a la primera
instancia, el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de
Oralidad de Bogotá profirió sentencia el 23 de octubre del
2020 en la que negó las pretensiones de la demanda «por no
haberse acreditado el incumplimiento de la obligación especial de
“desarrollar proyecto urbanístico de acuerdo a las especificaciones
permitidas en el sector por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.” en el
inmueble ubicado en la Carrera 7 nro. 145-45 de Bogotá». Inconforme,
el apoderado de la activa presentó recurso de apelación, que
fue resuelto en sentencia del 27 de mayo del 2021 por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
que confirmó la decisión de primer grado.
3 Archivo «023 Contestación Demanda».
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II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1.- Se comenzó por indicar que no existió la alegada
contradicción entre la litis y la sentencia de primera
instancia: por el contrario, «con fundamento en la causal esgrimida
en el fallo del 11 de abril de 2016 entró a examinar si los convocados
recayeron en el incumplimiento que se les enrostra, lo que no podía ser
de otra forma, toda vez que en aquella oportunidad esta sede precisó la
causal que dio lugar a la restitución del predio con base en las pruebas
legal y oportunamente allegadas a ese proceso, a saber, la consagrada
en el numeral 3º del artículo 518 del C.Co.». Así las cosas, al revisar
con detenimiento la referida sentencia impugnada, el
Colegiado no encontró que la juez a quo «se hubiere apartado de
lo determinado en la fijación del litigio, en tanto que estudió si los
convocados incurrieron en el incumplimiento que les endilgaron, empero,
desde luego, como debía ser, con soporte en la sentencia en que se
ordenó la restitución». En ese sentido, lo que ocurrió es que
existe prueba de la que se puede inferir que, dentro del
término de los tres meses siguientes a la entrega del
inmueble, los convocados sí ejecutaron actos tendientes a
gestionar el desarrollo del proyecto urbanístico. Mas no se
verificó que la juez de primer grado se hubiera desviado del
objeto de litigio.
2.- En segundo lugar, explicó que la mención efectuada
en el fallo de primer grado respecto de la cosa juzgada fue
hecha para hacer énfasis en que la decisión del 11 de abril
del 2016 habría cobrado ejecutoria. Todo ello con el fin de
«enfatizar que en ella se estimó la causal de restitución consagrada en
el numeral 2º del artículo 518 del C.Co., así debe entenderse tal
consideración».
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3.- Por su parte, no vislumbró la falta de aplicación del
numeral 2 del artículo 518 del Código de Comercio respecto
a dar al local comercial el destino invocado. Y ello es así en
tanto que los demandados «fueron claros al absolver sus
interrogatorios en cuanto a que no han habitado o residido en el
inmueble; y en punto a destinarlo para un establecimiento suyo, empresa
sustancialmente diferente al que desarrollaban los actores, las pruebas
recaudadas dejan entrever que a partir de la entrega iniciaron las
gestiones indispensables para la consecución de inversionistas que
pudieran desarrollar en el predio un proyecto urbanístico, que difiere
sustancialmente del establecimiento y objeto social que tenían los
actores en el bien».
Además, hizo énfasis en las declaraciones de los
convocados sobre su falta de calidad de constructores y la
búsqueda de inversionistas. Declaraciones que se ven
respaldadas con el documento del 22 de septiembre de 2017,
en el cual la sociedad Urbanika presentó a los convocados
una «“Propuesta Complementaria para aportar el inmueble identificado
con la nomenclatura Avenida 7 No. 146-45 de la ciudad de Bogotá a un
proyecto inmobiliario” (…)». A juicio del sentenciador de segundo
grado, tal documental -correos electrónicos y el referido
memorial- da cuenta de que los convocados sí desplegaron
las actuaciones orientadas a desarrollar el proyecto
urbanístico en el inmueble dentro del término de los tres
meses siguientes a la entrega.
Y si bien, los demandados no tenían en marcha o
ejecución la construcción del proyecto inmobiliario, lo cierto
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es que ello no implica el incumplimiento de sus obligaciones.
En tanto que,
«si el expediente de una licencia urbanística lo componen varios
documentos entre los que se encuentra la licencia urbanística, los
originales de los actos administrativos y los presentados y
expedidos durante el trámite y los planos definitivos, no se puede
inferir en este caso que los demandados incumplieron por el hecho
de no tener en marcha la ejecución de la construcción de la
edificación, atendido que para llegar a ese momento del proyecto,
como lo adujeron, debían lograr nuevamente la consecución de
inversionistas y de los documentos indispensables para presentar
ante las autoridades respectivas las licencias y actos
administrativos indispensables para tal fin, actuaciones que ya
habían iniciado en el trámite del proceso de restitución, pero que
se frustró por la no entrega oportuna del inmueble y no es
necesario ser erudito en el tema para entender que un proyecto de
tal envergadura no se puede desarrollar en un lapso tan breve, de
ahí que tenga cabida la causal que exonera de responsabilidad en
tal sentido».
4.- En ese orden de ideas, contrario a lo argüido por los
impugnantes, sí existe prueba de que los arrendadores
desplegaron en el bien «desarrollo que, como es bien sabido debe
estar precedido de la autorización de las autoridades del ramo mediante
las licencias de urbanismo y de construcción respectivas, las cuales, por
reglas de la experiencia no se logran obtener dentro de los tres meses en
que tanto insiste el apelante». De manera que «la ausencia de prueba
del inicio proyecto urbanístico está justificada con el conjunto de
documentos y actuaciones que los propietarios o desarrolladores deben
agotar previo a iniciar la construcción de un proyecto inmobiliario».
5.- Por último, en cuanto al argumento referido a que
los demandados no cumplieron con el estándar de diligencia
exigido bajo la legislación comercial, indicó que
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«(…) no se advierte desvirtuada la presunción en referencia con
base en el incumplimiento que los convocantes endilgan a los
llamados a juicio, pues las pruebas dejan entrever que una vez los
primeros entregaron el predio a los segundos, éstos propendieron
por buscar los inversionistas con los que pudieran adelantar todas
las gestiones y trámites indispensables para desarrollar el
proyecto inmobiliario que motivó el desahucio y la restitución del
inmueble en su momento arrendado, actuaciones que no podían
desarrollar antes de esa entrega si se tiene en cuenta que la
interposición del recurso de casación dejaba en incertidumbre lo
que en su momento había resuelto el Tribunal respecto de la
restitución del bien, como tampoco podían los hoy demandados
propietarios adelantar previa a la entrega todo lo concerniente al
diseño del proyecto, incluidos los trámites ante la Curaduría, por
las mismas razones».
Al turno que, de lo referido en el interrogatorio de parte,
no es posible asignárseles la condición de «hombres de
negocios». Y, en todo caso, reiteró que las pruebas sí
demuestran que los convocados adelantaron las gestiones
para iniciar el desarrollo del proyecto urbanístico una vez
recibieron el predio de mano de los actores luego de que fuera
ordenada por autoridad judicial. Así mismo, destacó que «los
arrendatarios hoy demandantes no solo incumplieron sus obligaciones
al vencimiento del contrato o cuando fueron desahuciados al no realizar
la entrega de manera voluntaria, sino que provocaron la imposibilidad
de que los demandados pudieran adelantar con éxito el desarrollo del
proyecto que tenían para entonces, pues no solo se opusieron a la
restitución, sino que también cuando por medio judicial se ordenó su
entrega acudieron al recurso de casación, posteriormente desistido, lo
que trajo como consecuencia obvia que todos esos trámites previos
adelantados por los arrendadores perdieran vigencia y no pudieran ser
utilizados una vez se verificó la entrega».
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Se estudian los cargos, en las líneas siguientes.
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PRIMER CARGO
Denunció la violación directa del numeral segundo del
artículo 518 del Código de Comercio por interpretación
errónea, en tanto que equivocadamente «coligió que la norma en
comento establecía como motivo de desahucio la iniciación de “gestiones
indispensables para la consecución de inversionistas que pudieran
desarrollar en el predio un proyecto urbanístico”». Cuando lo que en
verdad exige la norma es que se constituya un
establecimiento destinado a una empresa sustancialmente
distinta de la que tuviere el arrendatario. En ese orden, lo
que hizo el ad quem fue equiparar el «proyecto urbanístico» con
el «establecimiento suyo» previsto en la norma en comento. Por
otro lado, censuró la vulneración recta del canon 522 del
estatuto mercantil, por falta de aplicación, pues «a pesar de
citar dicho postulado normativo tangencialmente a lo largo del fallo ahora
recurrido, dejó de aplicar las consecuencias que de allí se derivan para
imponer a los convocados la obligación de resarcir los perjuicios que
causaron a los demandantes».
CONSIDERACIONES
1.- Los casacionistas critican el proveído de primer
grado, pues, en su parecer, el Tribunal le dio un alcance
equivocado al numeral 2 del artículo 518 del Código de
Comercio. Lo que condujo a que, a su turno, se inaplicara el
canon 522 posterior. Ello al considerar que el ad quem
equivocadamente entendió que la construcción de un
proyecto inmobiliario podía asimilarse a un «establecimiento
suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que
tuviere el arrendatario».
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2. El cargo no está llamado a prosperar. Para el efecto,
se ofrece lo que viene.
2.1. Las universalidades son pluralidades de derechos -
universitas iuris- o de bienes o cosas -universitas facti-. En
efecto, ciertos grupos de bienes y de derechos pueden ser
tratados como una unidad ideal o “virtual” 4. Así, por ejemplo,
el establecimiento de comercio es una universalidad de hecho
-universitas facti-, que engloba varias entidades que, sin
embargo, siguen conservando su individualidad. Este
agregado de bienes incorporales y corporales tiene una
finalidad: destinarse al desarrollo de actividades comerciales-
empresariales. De tal suerte que la noción de establecimiento
es amplia, pues se trata de un conjunto variopinto de bienes,
que el empresario organiza en procura de alcanzar los fines
de la empresa. De esta manera, el precepto 516 del Código
de Comercio enlista de forma enunciativa los elementos que
forman parte del fondo de comercio, dentro de los cuales
están «(...) [l]os contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación,
el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son de
propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley,
tenga el arrendatario».
Ahora bien, el estatuto mercantil contempló un régimen
especial para la terminación de los contratos de
arrendamiento. En ese orden, el canon 518 ejusdem reguló
4 Que no una unidad material o física. Véase a: Steinfield, Charles y Whitten, Pamela,
“Community Level Socio-Economic Impacts of Electronic Commerce”, en Journal of
Computer-Mediated Communication, EE. UU., 1999, disponible en:
.
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el derecho de renovación del contrato -a favor del empresario-
una vez acaecido su vencimiento. Dicha prerrogativa goza de
eficacia siempre y cuando el arrendatario haya ocupado un
inmueble por más de dos años consecutivos con un mismo
establecimiento de comercio5. En tal virtud, su propósito
descansa en defender la permanencia de la unidad
económica empresarial. Tal privilegio corresponde al
locatario, y es erigido con el fin de «proteger los derechos
inmateriales del comerciante, amén del interés público que entra en juego
(…), pues se considera que en el término de los dos años a que hace
referencia la norma él estableció su empresa, la dio a conocer al público
y acreditó su unidad económica»6. No obstante, tal regla
contempla tres excepciones. De manera que la convención
podrá terminarse a la expiración del término siempre que se
presente alguno de los siguientes tres casos: i) cuando el
arrendatario haya incumplido el contrato; ii) cuando el
propietario necesite el bien para su propia habitación o para
un establecimiento suyo destinado a una empresa
sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario; o,
iii) cuando el inmueble deba ser reconstruido, reparado o
demolido.
2.2.- A su turno, el precepto 520 del Código de
Comercio, consagra el derecho de desahucio. En efecto, el
propietario debe comunicar al empresario-arrendatario, su
voluntad de no renovar el contrato. Además, el enunciado
normativo exige que el aviso se haga con no menos de seis
5 Artículo 518: «El empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos
de dos años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio,
tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo».
6 CSJ, SC del 14 de abril del 2008.
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meses de anticipación a la fecha de terminación de la
convención. Y que se esté bajo las causales previstas en los
ordinales 2° y 3° del artículo 5187. De tal suerte que, en los
eventos en los cuales se impida la renovación del acto, basta
con la declaración de las circunstancias que hacen nugatorio
el derecho a la renovación -la construcción de una obra
nueva o establecer un establecimiento suyo destinado a una
empresa sustancialmente distinta-.
2.3.- Hay que mencionar, asimismo, el derecho que
tiene el arrendatario a la indemnización. De tal manera que
el contenido del contrato está integrado, además de las
estipulaciones, por los preceptos que se integran al acto,
máxime cuando las normas que regulan la renovación, el
desahucio y los casos de indemnización del arrendatario son
de carácter imperativo8. De tal suerte que, en los eventos en
los cuales se incumpla con las prestaciones y estas causen
un daño imputable al propietario, el empresario tendrá
derecho a la reparación9 -en el marco de la responsabilidad
contractual-10. El arrendador que impidió la renovación del
7 Artículo 518. (…) «2) Cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia
habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente
distinta de la que tuviere el arrendatario, y
3) Cuando el inmueble deba ser reconstruido, o reparado con obras necesarias que no
puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación, o demolido por su estado de ruina o
para la construcción de una obra nueva. (…)».
8 Artículo 524 del Código de Comercio.
9 CSJ SC 27 de julio de 2001. Exp 5860. «Ha puntualizado repetidamente esta
Corporación que, por regla general cuyas excepciones son contadas, incumbe al
demandante demostrar la existencia y cuantía del daño cuya reparación reclama, de
modo que no le es dado a este conformarse comprobar simplemente el incumplimiento,
por parte del demandado, de la obligación genérica o específica de que se trate, puesto
que la infracción de la misma no lleva ineludiblemente consigo la producción de
perjuicios».
10 CSJ. Sentencia de 24 de septiembre de 2001. «La responsabilidad que se deduce en
este tipo de casos es eminentemente contractual, porque aunque es la ley la que impone
el deber de indemnizar para cuando no se cumple con la finalidad indicada en el
desahucio y eventualmente en la demanda judicial que hubo de dar cabida a la orden
de restitución, de todos modos lo que se reprocha es el incumplimiento mismo del
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contrato fundado en las causales 2° y 3° del artículo 518,
está sujeto al cumplimiento de las prestaciones contenidas
en el canon 522 ejusdem, en caso de que «el propietario no da a
los locales el destino indicado o no da principio a las obras dentro de los
tres meses siguientes a la fecha de la entrega». Por ende, entre otras,
tiene: (i) la obligación de destinar el local comercial - bien
para «su propia habitación o un establecimiento suyo destinado a una
empresa sustancialmente distinta»- ii) la de iniciar obras dentro del
plazo legal- tres meses-. Lo anterior, de conformidad con el
aviso de desahucio. De allí que, en el evento de pretender el
incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del
precepto 522 ibidem, el demandado se puede exonerar
demostrando diligencia. Esto es, la obligación de indemnizar
está precedida del estudio de la diligencia/culpa.
3.- En el caso en concreto, el Tribunal encontró que sí
se dio aplicación al numeral 2 del artículo 518 del Código de
Comercio, en tanto que los propietarios «en punto a destinarlo
para un establecimiento suyo, empresa sustancialmente diferente al que
desarrollaban los actores, las pruebas recaudadas dejan entrever que a
partir de la entrega iniciaron las gestiones indispensables para la
consecución de inversionistas que pudieran desarrollar en el predio un
proyecto urbanístico, que difiere sustancialmente del establecimiento y
objeto social que tenían los actores en el bien, como ya se advirtió».
contrato de arrendamiento, porque el señalado deber legal hace parte de la relación
contractual, pues no debe olvidarse, según quedó expuesto, que las causales que se
invocan para pretender la restitución del local dado en arrendamiento, son las de los
numerales 2º y 3º del artículo 518 del Código de Comercio, aducidas frente a un
arrendatario que ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones, porque en caso
contrario el motivo por proponer es el del ordinal 1º de la citada norma, o sea, “Cuando
el arrendatario haya incumplido el contrato”. De suerte que en los eventos de los otros
numerales, que son los que vienen al asunto, lo que mediatamente se imputa es la
injustificada
terminación del contrato
de arrendamiento, y por contera la vulneración
del derecho de renovación que asistía al arrendatario del local destinado a la
explotación del establecimiento de comercio».
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Raciocinio que, a juicio del casacionista, vulnera la mentada
norma de manera directa por cuanto cambió su verdadero
significado al equiparar «el “proyecto urbanístico” con el
“establecimiento suyo” previsto en el causal 2ª de la norma en comento».
Por el contrario, el «recto entendimiento de esa disposición jurídica
exige entonces que el arrendador destine el predio a levantar en él un
establecimiento que sea de su propiedad y que el mismo sea el medio
para el desarrollo de una empresa, propia, que sea diametralmente
diferente a la que tenía el arrendatario desahuciado».
4.- No obstante, se observa que el cargo es desenfocado:
la controversia planteada se aleja del objeto del litigio.
Ciertamente, el proceso versó sobre la responsabilidad
contractual del propietario- arrendador. Mas no sobre las
causales de desahucio y su adecuada configuración. De
hecho, tales tópicos fueron propios del proceso de
restitución. De manera que el objeto de la presente
controversia se circunscribía a determinar si los propietarios
del inmueble le dieron al inmueble restituido el destino
invocado al desahuciarlos; el cual consistió, tal como se ve
en la sentencia proferida el 11 de abril del 2016 por la Sala
Civil del Tribunal de Bogotá en el proceso de rad. 2014-
00159-01, en «desarrollar allí un proyecto urbanístico de acuerdo a
(sic) las especificaciones permitidas en [el] sector por la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C.», causal que dicha Magistratura «juzga suficiente
para tener por demostrado el desahucio, porque, recuérdese, las únicas
exigencias que esa actuación debe satisfacer atañen a que las razones
que se esgriman por el propietario-empresario para truncar la renovación
coincidan con las previstas por la ley y que se informe de ellas al
arrendatario con al menos seis meses de anticipación, requerimientos
que concurren en este asunto, si se tiene en cuenta que el contrato
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finalizaba el 28 de febrero de 2014 y que los demandantes adujeron la
necesidad de adelantar en el bien un proyecto suyo, de naturaleza
disímil a la actividad que despliegan los demandados -comercialización
de vehículos-»11.
En ese orden de ideas, el Tribunal centró su atención
en objeto del litigio. En concreto, determinar si la parte
demandada incumplió la obligación prevista en el artículo
522 del Código de Comercio12. La referida consideración,
encuentra respaldo en la fijación de la controversia que
hicieron las partes en primera instancia. Y advirtió que, «Por
lo anterior se encuentra que el objeto de este litigio a resolverse se
contrae a determinar si Nohora Muñoz de Pacheco, Ángela Liliana
Pacheco Muñoz, Martha Janeth Pacheco Muñoz y Jaime David Pacheco
Muñoz incumplieron o no con el mandato contenido en el artículo 522 del
Código de Comercio, referido a no haber iniciado las obras o dado el
destino indicado en el de desahucio respecto al predio localizado en la
avenida carrera 7.ª No. 146- 45 de Bogotá».13 Esto es, el contenido
de la obligación cuyo cumplimiento se analizaba en el caso
en concreto ya fue determinado en el proceso de restitución
de inmueble arrendado. Por consiguiente, este no puede ser
cuestionado en esta instancia. En consecuencia, el cargo
esbozado es desviado respecto del objeto del fallo impugnado,
en tanto que no puede entrar esta Corporación a calificar un
aspecto que se encontró por fuera del análisis del fallador de
segundo grado.
11 Página 49 del archivo «002Anexos».
12 Al respecto, refirió que: «En el presente asunto, los demandantes pretenden una
indemnización equivalente a $2.231´269.975 por el incumplimiento que endilgan a los
demandados frente a las obligaciones contenidas en el artículo 522 del Código de
Comercio, por no haberle dado al inmueble restituido el destino invocado al
desahuciarlos.» Página 6 del archivo «sentencia confirma.pdf».
13 Diligencia del 26 de noviembre de 2019.
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Sobre la temática, la Sala ha considerado, respecto de
los procesos indemnizatorios a la luz del artículo 522 del
Código de Comercio, que «en primer término, lo que en este proceso
se debate no es la existencia de las causales aducidas por los
arrendadores para obtener la restitución del inmueble, ni la
adecuación de los hechos alegados para el efecto a una u otra de
las circunstancias establecidas para ello por el artículo 518 del
Código de Comercio, asunto éste que hubo de ser debatido en el
proceso surtido entre las partes con ese propósito y con
anterioridad a este proceso ordinario; y, en segundo término, la
apreciación del fallador se circunscribe a establecer si hay lugar o no a
la indemnización impetrada por el arrendatario-comerciante conforme a
lo dispuesto por el artículo 52214»(destacado propio).
5.- Por tal razón, el cargo no prospera.
SEGUNDO CARGO
Con fundamento en la causal segunda de casación,
censuró el proveído de segunda instancia por violar
indirectamente el artículo 522 del Código de Comercio, por
los siguientes errores de hecho:
1.- Reprochó la preterición del contrato de promesa de
compraventa del inmueble de fecha 9 de marzo del 2018,
suscrito entre los demandados -como promitentes
vendedores- y Origami 146 S.A.S. y el Grupo Accanto S.A.S.
Documento que demostraba «que el “proyecto urbanístico” en que
se fundó el desahucio en realidad nunca fue una empresa de los
demandados, sino que su real interés siempre fue vender el inmueble a
14 CSJ, sentencia del 8 de octubre de 1997. Exp 4818.
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una constructora, mas no ocuparlo con un “establecimiento suyo
destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el
arrendatario”». En ese sentido, destacó que vender el inmueble
no es una causal prevista en el artículo 518 del Código de
Comercio. Y aun cuando se considerara que el «proyecto
urbanístico» es un objeto subsumible en la categoría de
«establecimiento», «es innegable, manifiesto y protuberante que el
proyecto urbanístico no era de los demandados -no era un
“establecimiento suyo” como lo exige el artículo 518-2 del C. de Co.- sino
que era un proyecto del constructor que lo adquiría para desarrollar su
proyecto, en el marco de su empresa, no un proyecto de los demandados
señores Pacheco». De modo que tal documento da cuenta que
los demandados no empezaron a adelantar gestiones para
construir un proyecto urbanístico en el predio, «sino para
vender el predio, propósito y actividad harto distinta al establecido como
motivo de desahucio».
2.- En segundo lugar, denunciaron la pretermisión de
las «confesiones» de los demandados, quienes declararon que
«no ocuparon el inmueble con un establecimiento de comercio». A juicio
del censor, las afirmaciones esgrimidas por los convocados
en sus interrogatorios de parte dan cuenta de que «la
destinación que dieron los demandados al inmueble fue ponerlo en
venta, no su incorporación a un establecimiento de comercio propio, que
fue la obligación que asumieron en virtud del desahucio».
Aseveraciones que son ratificadas por el dicho del testigo
Jaime Botero, cuya declaración también fue omitida por el
ad quem.
3.- A continuación, reprochó la «desfiguración» de la
comunicación enviada por Urbanika S.A.S. a los
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demandados. Observó que tal documento «no es otra cosa
distinta a una oferta de adquisición del inmueble -que sería entregado
por los propietarios, según el documento, “a la firma del acuerdo de
voluntades el 2 de octubre de 2017” y para el cual se proponía un
“PRECIO” de “OCHO MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($8.100.000.000)”,
pagaderos con “Dinero” y “Derechos fiduciarios beneficiarios de área”
correspondientes, estos últimos, a “876 m² de área de apartamentos”».
En ese sentido, aseveró que no concurre ningún elemento
para poder declarar que, para esa fecha, se había destinado
el inmueble a un establecimiento de los propietarios.
4.- También criticó la tergiversación del oficio elaborado
por Urbanika S.A.S. el 5 de diciembre del 2019, del cual no
es posible deducir «la existencia de ninguno de los elementos que
compone un establecimiento y, mucho menos, de uno propiedad de los
demandados. Simple y llanamente da cuenta dicha comunicación de que
(i) entre septiembre y diciembre de 2017 hubo tratativas con una
empresa constructora para que los demandados enajenaran el inmueble
a cambio de dinero y área en apartamentos de construcción futura, y (ii)
de que la persona que haría el proyecto urbanístico, el verdadero y único
empresario, sería un tercero ajeno a los demandados e independiente de
estos».
CONSIDERACIONES
1. El cargo no está llamado a prosperar.
2. Los impugnantes consideran que se infringieron las
normas sustanciales reseñadas pues, a su juicio, no está
probado «que los demandados eran titulares de un establecimiento de
comercio a cuya operación (ii) se destinó el predio de otrora arrendado».
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Y, finalmente, que los medios de convicción obrantes en el
plenario dan cuenta de que los demandados querían
realmente vender el inmueble arrendado. De manera que
nunca fue su intención desarrollar ningún proyecto propio.
3.- Aplicadas las nociones desarrolladas en las
consideraciones del cargo primero, encuentra la Corte que
los cargos no prosperan.
4. En el caso del segundo embate, se invoca la
pretermisión de pruebas (promesa de compraventa y
confesiones de los demandados) y la tergiversación de
documentos (comunicación y oficio de Urbanika S.A.S.), todo
ello orientado a demostrar que la actividad desplegada por
los propietarios no es un establecimiento de comercio, y que
el ánimo, por el contrario, fue la venta del inmueble15.
4.1. Para el Tribunal, «las pruebas recaudadas dejan entrever
que a partir de la entrega iniciaron las gestiones indispensables para la
consecución de inversionistas que pudieran desarrollar en el predio un
proyecto urbanístico, que difiere sustancialmente del establecimiento y
objeto social que tenían los actores en el bien». En tal sentido, para
el ad quem, la configuración de la causal del desahucio se
15 Al respecto, en el apartado «concepto de la violación» se sostiene que: «los errores de
hecho cometidos (…) confluyen a demostrar que corresponde a una falsa representación
de la realidad la premisa fáctica en que se funda el fallo para justificar la decisión de
no aplicar en contra de los demandados la norma del artículo 522 del C. de Co., pues,
contrario a lo afirmado y concluido en la sentencia, las tres pruebas omitidas dicen
inequívocamente que los demandados se abstuvieron de usar el inmueble para
cualquiera de los tres (3) motivos habilitados por el artículo 518 del C. de Co., y en
particular por el que fue convalidado judicialmente su desahucio, esto es, para el
desarrollo de un establecimiento de comercio propio sustancialmente distinto al del
arrendatario». Y que, por el contrario, las pruebas preteridas y desfiguradas
demuestran que «al inmueble lo destinaron a la venta, supuesto de hecho no previsto
por el artículo 518 como eximente de la obligación resarcitoria que la ley impone en el
artículo 522 del C. de Co.».
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
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consumó, pues el motivo fue desarrollar un proyecto
constructivo- «en concreto oficinas y apartamentos»16. Sobre este
aspecto -considerar si el desarrollo de un proyecto
urbanístico se enmarca o no dentro de la causal b del artículo
518 del Código de Comercio- esta Sala se remite a lo
considerado al desarrollarse el cargo primero.
4.2. A su turno, -al margen de la controversia sobre el
establecimiento de comercio - se debe poner de presente que
la demanda que dio origen al presente proceso se fundó en
establecer si los demandados incumplieron con lo señalado
en el desahucio. Sobre el punto, «Los arrendadores reiteran por
segunda vez a los arrendatarios su deseo de desarrollar un proyecto de
carácter urbanístico en el inmueble objeto del arrendamiento». Al
respecto, el ad quem señaló, «En punto a que no existe prueba del
inicio de un proyecto urbanístico con fundamento en el que la juzgadora
de instancia pudiera relevar a los demandados de la carga de cumplir lo
consagrado en el artículo 522 del C.Co., se debe tener en cuenta que no
solo está probado que los demandados sí desplegaron las actuaciones
tendientes a materializar el proyecto inmobiliario en el bien de su
propiedad, desarrollo que, como es bien sabido debe estar precedido de
la autorización de las autoridades del ramo mediante las licencias de
urbanismo y de construcción respectivas, las cuales, por reglas de la
experiencia no se logran obtener dentro de los tres meses en que tanto
insiste el apelante». De tal manera que, para el Tribunal, sí hubo
un comportamiento tendiente a realizar en el inmueble el
proyecto constructivo. Al respecto, «En ese orden de ideas, como
las citadas pruebas (correos electrónicos y respuesta de Urbanika Co
S.A.S.) dan cuenta de que los demandados comenzaron a desplegar las
actuaciones orientadas a desarrollar el proyecto urbanístico en el
16 Página 13 "16archivo sentencia confirma".
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inmueble que los actores le entregaron el 8 de julio de 2017, se tiene que
aquellas las emprendieron a ejecutar dentro del término de tres meses
siguientes a la entrega, esto es, dentro del lapso previsto en el canon 522
del estatuto comercial, razón por la que se comparte la postura de la Juez
a quo en torno a que con la comunicación de septiembre de 2017 los
demandados acreditaron desplegar gestiones para desarrollar el
proyecto urbanístico, que fue el motivo del desahucio, lo que impide
considerarlos como que hubieren incumplido las obligaciones que
derivan del citado precepto».
Tal razonamiento encuentra respaldo en la documental
enviada por los constructores en los siguientes términos:
«quisiera reconocer que ha sido un proceso a través del cual hemos
podido identificar un proyecto ganador, hemos esclarecido lo clave que
es poder desarrollar un proyecto que se venda rápido, pero que además
sea sólido por su consolidación de flujo de caja entre locales comerciales
y apartamentos. De igual manera, quiero resaltar que Lambda
Construcciones y Urbanika hemos hecho un esfuerzo importante por
atender sus necesidades pasando de una oferta en la que les girábamos
mil doscientos millones de pesos a la firma del fideicomiso y seiscientos
millones de pesos durante un año, a buscar atender tres mil setecientos
millones de pesos en el menor plazo posible17». Sin que se advierta
la mentada tergiversación.
Ahora bien, la declaración del otro constructor,
vinculado a Origami 146 S.A.S 18, con que finalmente se llevó
a cabo el proyecto, muestra que el propósito de los
propietarios -arrendadores- sí fue cumplir con lo previsto en
el desahucio - desarrollar un proyecto constructivo-. Al
respecto, el deponente manifestó que, «una vez ya las personas
17 Página 7 "archivo 027 Anexos y contestación PDF"
18 Archivo 084. Declaración de Jaime Andrés Botero. Audiencia del 373 CGP-
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
22
fueron retiradas del inmueble los arrendatarios que estaban ahí (...)
retomamos conversaciones y empezamos a hacer negociaciones sobre el
terreno. Entonces fue un período largo, pues toma su tiempo porque la
negociación de un terreno, no se da de un día para otro y creo que ellos
también tenían otros proponentes u otras constructoras interesadas en
el mismo. Entonces ahí se inició el proceso y acabamos. Hoy en día
adquirimos el terreno y está en la fiduciaria Bogotá y estamos
adelantando un proyecto de construcción en él».19 Dentro del
desarrollo de la diligencia se le preguntó, «¿sobre ese proyecto
que se quiere realizar ustedes han realizado diseños planos
precisamente como para darle la seriedad de ese proyecto? contestó sí
una vez se pudo entrar a la bodega, nosotros adelantamos estudios de
suelos, levantamientos topográficos y estudios de factibilidad financiera
para desarrollar el proyecto. De ahí en adelante al día de hoy que ya ese
proyecto está mucho más avanzado, pues ya estamos en el proceso de
ventas». Lo anterior, coincide con el tenor de la promesa de
compraventa celebrada entre Origami 146 S.A.S y los
demandados, «el saldo es decir la suma de Dos Mil Millones de Pesos
m/cte. ($2.000. 000.000.) con la escrituración y la entrega real y material
y de un (unos) apartamento(s) un (unos) parqueadero(s) y un unos
depósito(s), que se construirán sobre el inmueble objeto de esta promesa
de compraventa, en un proyecto de construcción de vivienda que
desarrollarán LOS PROMITENTES COMPRADORES SOLIDARIOS, o la
sociedad que se constituya para el efecto20.
De tal manera que cuando el Colegiado advirtió la
diligencia desplegada por el propietario, no lo hizo al margen
de las pruebas. De allí que no se haga patente el yerro
denunciado. Véase que la obra prometida sí empezó a
gestarse, de conformidad con el aviso de desahucio, «teniendo
en cuenta que los suscritos propietarios de este inmueble necesitamos
19 Audiencia del 373 CGP. "Archivo 084" Min 20:05-20:53-
20 Página 37 "archivo 027 Anexos y contestación PDF"
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
23
recibirlo materialmente para desarrollar allí proyecto de carácter
urbanístico, de acuerdo a las especificaciones permitidas en ese sector
por la Alcaldía Mayor de Bogotá».21
4.3. Así y todo, el Colegiado consideró que, «los
demandados adelantaron las gestiones para iniciar el desarrollo del
proyecto urbanístico que invocaron como soporte del desahucio una vez
recibieron el predio de manos de los actores, valga decir, luego de que
fuera ordenada por autoridad judicial, lo que evidencia que los
arrendatarios hoy demandantes no solo incumplieron sus obligaciones
al vencimiento del contrato o cuando fueron desahuciados al no realizar
la entrega de manera voluntaria, sino que provocaron la imposibilidad
de que los demandados pudieran adelantar con éxito el desarrollo del
proyecto».
Sobre el particular, se encuentra asidero en los medios
de prueba obrantes en el plenario. A saber, la declaración
rendida por Jaime David Pacheco22, a quien se le preguntó:
«Cuáles han sido la labores que sean realizado o ejecutado con el predio
desde el día 8 julio de 2017 fecha en la cual fue entregado el predio» y
contestó «(...) iniciamos la primera etapa de un proyecto que es buscar
un inversionista, buscar un socio con el que pudiéramos en las
condiciones actuales desarrollar nuestro proyecto, es así como en la
contestación a la demanda aparece un correo intercambiado con el señor
Jaime Botero Loaiza, quien finalmente fue con su empresa y otra
empresa seleccionado para poder desarrollar ese proyecto, iniciamos ese
día de negociación, dos días posteriores a la entrega»23. Y,
posteriormente, se le inquirió si «¿dentro de los tres meses
siguientes al día en que recibieron el inmueble iniciaron construcciones
21 Folio 20 cuaderno 1 proceso de restitución de inmueble arrendado 2014-0159.
22 Declaración de Jaime David Pacheco
23 Audiencia del 372 "archivo063" récord 1:13:47-1:14:17
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
24
tendientes a desarrollar en ese inmueble un proyecto inmobiliario? (…).»
A lo que contestó:
«la respuesta es no una obra de construcción física, lo que se
arrancó fue un proyecto de construcción que ya iba avanzando en
2014 con unas condiciones y que posteriormente a la fecha de la
terminación del contrato
a partir del 1º de marzo de 2014 no
pudimos ejecutar ni a los tres meses porque como consta en esta
publicidad del señor Caicedo seguía ahí tampoco pudimos
ejecutarla cuando el fallo del Tribunal dio por terminado el contrato
en el mes de marzo o abril de 2016 porque el señor Caicedo seguía
instalado, entonces a los tres meses del fallo que nos permitía dar
por terminado el contrato tampoco pudimos construir, no pudimos
construir, no pudimos hacer nada y por ende a la entrega de esto
es completamente cierto, la doctora tiene precisamente el historial
y solicitó el seguimiento de esos procesos y así que cuando el
Tribunal falló tampoco y cuando estas personas Caicedo, Carcaice
deciden desistir del recurso en el mes de abril de 2017 tampoco
pudimos hacerlo porque ellos a pesar de haber desistido siguieron
usufructuando el inmueble, empobreciéndonos y siguieron
utilizando el inmueble así que en el momento en que se entregó fue
de manera improvista, nos avisaron 10 días antes a la entrega. Lo
que sí queda claro y está consignado en la contestación de la
demanda, es que una vez entregado el inmueble, pusimos en
marcha nuestro proyecto, pusimos en marcha la búsqueda de esos
inversionistas y nos pusimos a trabajar en nuestro negocio que era
como bien se había advertido el desarrollo de un proyecto
inmobiliario».24
A su vez, cuando se le interrogó a Nohora Muñoz de
Pacheco, a efectos de que informara «cómo se dieron las
negociaciones que llevaron al contrato de promesa de compra venta que
al parecer se celebró con origami 146, según la documentación que
aparece en el expediente». Contestó que «(...) Del 2014 al 2017 tengo
tres empresas inversionistas que no quisieron meterse- al proyecto- ya
habiéndolos hablado, tenido proyectos. Porque el señor Carlos Caicedo,
ni siquiera dejo entrar a tomar medición del lote porque él estaba
trabajando, nosotros no quisimos más problemas. Tengo una carta, está
24 Audiencia del 372 "archivo063" récord 1:52:45 a 1:54:35.
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
25
en los papeles que ustedes pidieron del tribunal porque él no admitía
entrar a nadie y él sabía que tenía que irse».25
De tal manera que no se advierte desafuero del
Tribunal: consideró las razones que impedían el inicio de las
construcciones -a partir de los medios de prueba obrantes en
el plenario-. De cuyo análisis no se extraen los errores de
hecho denunciados. Adicionalmente, en casación es
intangible el razonamiento producto de la apreciación de los
medios de prueba, salvo que se trate de un yerro de tal
magnitud que sea perceptible a simple vista, sin mayor
esfuerzo argumentativo por parte del censor. Por otra parte,
debe reiterarse que el juzgador no incurre en error de hecho
al dar prevalencia y apoyar su decisión en un grupo de
pruebas sobre otros. Y es que «cuando se está frente a dos grupos
de pruebas, el juzgador de instancia no incurre en error evidente de hecho
al dar prevalencia y apoyar su decisión en uno de ellos con desestimación
del restante, pues en tal caso su decisión no estaría alejada de la realidad
del proceso»26. Y en otro caso indicó que:
«si en el proceso, como el propio recurrente lo advirtió, existen dos
grupos de pruebas, (…), no es admisible que el Tribunal, al optar
por uno de ellos, hubiese cometido el error de derecho allí
denunciado, toda vez que, en criterio de esta Corporación, ‘[l]a
selección de un grupo de pruebas respecto de otro, tampoco
constituye per se un error de derecho por ausencia de apreciación
conjunta’, en la medida que tal ‘escogencia es, en línea de
principio, fruto de la apreciación, análisis y confrontación integral
de los elementos probatorios, lo cual excluye la conculcación del
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil» (Cas. Civ.,
sentencia de 2 de diciembre de 2011, expediente No. 25899-
3103-001-2005-00050-01)»27.
25 Audiencia del 372 "archivo063" récord Min 39:21 a 39:51
26 CSJ, SC del 18 septiembre de 1998, Rad. 5058.
27 CSJ, SC del 19 de diciembre de 2012, Rad. n.° 2008-00444-01.
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
26
5. En definitiva, el cargo no prospera.
TERCER CARGO
Se censuró la sentencia de segunda instancia por violar
indirectamente el artículo 522 del Código de Comercio como
consecuencia del error de derecho derivado del
desconocimiento de «las normas probatorias que, bajo el sistema de
tarifa legal, regulan cómo se acredita la existencia de un establecimiento
de comercio para hacerlo oponible a terceros como el demandante, esto
es, por inaplicación de los artículos 28-6, 29-4, 30, 31 y 32 del Código de
Comercio». Memoró que el ad quem tuvo por demostrado «(i) que
los demandados eran titulares de un establecimiento de comercio a cuya
operación (ii) se destinó el predio de otrora arrendado (iii) dentro de los 3
meses siguientes al 8 de julio de 2017». No obstante, el impugnante
alega que tales consideraciones del Tribunal desconocieron
las normas probatorias referenciadas, en tanto que en el
expediente «no milita por ningún lado -y tampoco fuera del mismo-
certificación alguna proveniente de la Cámara de Comercio de Bogotá o
de cualquier otra entidad administradora de registros mercantiles, que
pruebe que los demandados hayan abierto un establecimiento de
comercio ni que este hubiera sido instalado en el predio otrora
arrendado».
CONSIDERACIONES
1.- Frente al tercer embate, el censor formula reparos
frente a la existencia del establecimiento de comercio. Al
respecto, «En el expediente del caso sub examine no milita por ningún
lado -y tampoco fuera del mismo- certificación alguna proveniente de la
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
27
Cámara de Comercio de Bogotá́ o de cualquier otra entidad
administradora de registros mercantiles, que pruebe que los
demandados hayan abierto un establecimiento de comercio ni que este
hubiera sido instalado en el predio otrora arrendado».
2.- Frente a la discrepancia suscitada en torno a si el
desarrollo de un proyecto inmobiliario se enmarca en la
causal b del artículo 518 del Código de Comercio, esta Sala
se remite a lo argüido en las consideraciones del cargo
primero.
Ahora bien, con respecto a la crítica puntual esbozada
en torno a que en el expediente «no milita por ningún lado -y
tampoco fuera del mismo- certificación alguna proveniente de la Cámara
de Comercio de Bogotá́ o de cualquier otra entidad administradora de
registros mercantiles», es menester indicar que el registro de la
matrícula mercantil no tiene el carácter constitutivo sino
probatorio. Esto es, «la comisión se aparta, pues, de la Concepción del
registro como requisito necesario para la validez misma de determinados actos
y lo concibe como un simple requisito de publicidad, a tono con la tendencia ya
muy bien definida en el derecho comercial moderno y de la que son muestras
elocuentes, el sistema del registro del código italiano de 1942 y el del derecho
francés de 9 agosto de 1953»28. De allí que no se advierta desafuero
del Tribunal, cuando consideró que «se observa que en esta
actuación se ambicionan los efectos de una indemnización fundada en
que los demandados no han desarrollado en el inmueble un
establecimiento de comercio sustancialmente distinto al de los
arrendatarios; pero, las pruebas convergen en acreditar que los
propietarios desde la fecha de entrega del inmueble verificada el 8 de
julio de 2017 comenzaron a desplegar las gestiones tendientes a
construir en el predio un proyecto constructivo urbanístico, que
28 Proyecto de Código de Comercio, Comisión revisora del Código de Comercio, tomo
ii, p 45, Ministerio de Justicia, Julio de 1958.
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
28
obviamente por el conflicto no podían gestionar antes, proyecto que dista
del objeto que el extremo convocante desarrollaba en el mismo hasta que
fue ordenada su restitución». De forma tal que no se halla
acreditado el yerro de derecho denunciado.
3.- En una palabra, el cargo fracasa.
CUARTO CARGO
Al amparo de la causal primera de casación, se reprochó
la violación directa de los artículos 522 del Código de
Comercio, 1604 y 1610 del Código Civil, por falta de
aplicación. Aseveró que el ad quem se equivocó al considerar
que la obligación contemplada en el citado canon del estatuto
mercantil es de medio y no de resultado. A su juicio, «que la
antedicha obligación es de resultado se encuentra reafirmado en la
historia constitucional y jurisprudencial del artículo 522 del C. de Co.,
respecto de la cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en
1971, al resolver demanda de inexequibilidad contra dicha disposición
y sus concordantes, precisó que ella estaba fundada en la necesidad de
proteger la continuidad del comercio, habida cuenta de que los bienes
mercantiles llamados establecimientos de comercio son uno de los
principales vehículos o instrumentos de ejercicio del comercio, de la
generación de empleo y de riqueza».
CONSIDERACIONES
1.- Al amparo de la causal primera de casación, los
censores critican la providencia proferida en segunda
instancia. Consideran que las obligaciones que emanan del
artículo 522 del Código Civil son de resultado. Y no, como
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
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equivocadamente lo estimó el ad quem, de medios. En ese
orden, aseveran que no era posible que los demandados se
excusaran «de su obligación mostrando diligencia y no el resultado que
exige aquella preceptiva».
2.- Se advierte que el cargo debe ser desestimado. En
materia contractual, la jurisprudencia y el legislador se han
servido de la clasificación de las obligaciones de hacer de
medios y de resultado, propuesta inicialmente por René
Demogue.29 Por un lado, en la obligación de hacer de medios
el deudor está compelido, para pagar o extinguir esa
obligación, a ofrecer al acreedor un “hacer” de cuidado y
pericia – diligencia, dorso de la culpa30 y umbral del
pago/impago-. Desde luego, este deudor no garantiza la
obtención de un resultado preciso: se compromete
únicamente a “hacer” lo necesario para lograrlo. Esto es, su
prestación es un cúmulo de diligencias y prudencias debidas
-todo un “sistema de conducta”31-. De manera que la obligación
de hacer de medios está conformada y gobernada por una
pluralidad de elementos -incluidos factores exógenos como el
29 Demogue, René. Traité des obligations en général. Arthur Rousseau., t.V., París,
1923, p. 538, n°1237. En efecto, la “obligación puede tener por objeto un hecho o un
resultado determinado y entonces obliga al deudor a realizar ese hecho o a obtener ese
resultado deseado por el acreedor. El hecho prometido por el deudor o la abstención a
que él se ha comprometido tienen las características de ser claros, precisos y de
contornos definidos” (GJ n.° XLVI, p. 572).
30 Esto es, con ella se adentra en el contrato -culpa ex contractu- la regla general de
responsabilidad de Domat, según la cual “los daños, producidos por comportamientos
libres de imputación culposa, no deberían ser asumidos por sus autores.” Domat, Jean.
Les lois civiles dans leur ordre naturel. Héricourt. Libro II, t. viii, s. iv, § iii. París,
1835. Entre varios antecedentes de esa fórmula, cabría citar a la Partida III, Tít. II.,
Ley XXXI (“[e]mienda demandando algunt home á otro de tuerto, ó de deshonra ó de
daño quel hobiese fecho á él, ó á sus cosas” -ortografía original-, Partidas de Alfonso
X, París, Lasserre, 1847, pág. 386). Y, desde luego, a Lex Aquilia de damno iniuria
datum.
31Díez-Picazo, L. Fundamentos del derecho patrimonial. T. II. Aranzadi, Navarra,
2008, pág. 122.
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
30
alea32-. Por otro lado, los elementos de la prestación de
resultado “están estrictamente indicados en el contrato o en la ley
supletiva.”33En una palabra, su prestación equivale a un norte
preciso y debido.
2.1.-La diferencia entre una y otra cobra especial
relevancia en los escenarios de la acreditación del
cumplimiento contractual -pago, hecho extintivo-. En efecto,
en torno a las obligaciones de medios, el incumplimiento o
impago contractual equivaldría a la negligencia del deudor en
la ejecución de la prestación (v.gr. “no haber tomado las
precauciones necesarias”34 o no haber previsto “el acaecimiento de
un hecho o un suceso dañoso”35, no haber actuado “correctamente”36
o haberlo hecho con “descuido, negligencia o violación de los
reglamentos.”37). De manera que el deudor de obligación de
medios podría pagar si actúa con la diligencia debida -quid
facti, según la clasificación tripartita de la culpa contractual-
. Carga probatoria que, salvo disposición accidental
contractual, sería del deudor: actori incumbit probatio. Así las
cosas, “los Jueces, para determinar la existencia de la culpa, tienen que
entregarse a un examen de la conducta del demandado, investigar cómo
32 Cfr. CSJ SC, 5 nov. 2013, (...)el criterio más aceptado para distinguir uno y otro tipo
de obligación se encuentra en la incidencia que en el concepto de cumplimiento pueda
tener el que con la conducta debida se realice el interés primario del acreedor, es decir,
que éste efectivamente obtenga el resultado útil o la finalidad práctica que espera
lograr. En algunas obligaciones, el deudor asume el compromiso de desarrollar una
conducta determinada en favor del acreedor, con el propósito de satisfacer el resultado
esperado por éste; no obstante, si tal resultado también depende de factores cuyo
control es ajeno al comportamiento del deudor»
33 CSJ, 30 nov. 1935, G.J. No. 1905, pág. 178.
34 CSJ SC, 18 dic 1934, G.J. No. 1895 B, pág. 213.
35 Reglero, F. y Busto, J. Tratado de la responsabilidad. Aranzadi, Navarra, 2014, pág.
302. Sobre el particular, valga aclarar que “todos los criterios de imputación objetiva
son simplemente otra forma de denominar a lo que tradicionalmente han sido elementos
típicos del concepto de culpa o negligencia civil del Derecho clásico.” Reglero, F. y Busto,
J. Ibídem, pág. 305.
36 CSJ SC, 17 sep. 1935, G.J. No. 1907, pág. 305.
37 CSJ, 11 nov. 1935, G.J. No. 1905, pág. 249.
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31
se ha manejado éste, descubrir si hubo de su parte imprudencias o
negligencia.”38Por lo demás, a propósito de un alegado daño
contractual, con la prueba de la diligencia también se podría
“mostrar que, cualquiera que sea la causa, no podría consistir ella en
una culpa del individuo cuya responsabilidad está en juego.” 39
2.2.- Por el contrario, el pago de la obligación
contractual no podría acreditarse con la prueba de la
diligencia debida: tal comportamiento de hacer no estaría “en
conformidad al tenor de la obligación” (art. 1627 C.C.). Por lo
demás, con respecto al nexo causal -elemento de la
responsabilidad-, el deudor de resultado asumiría la carga
probatoria de su rompimiento: la obligación de resultado
también impondría una presunción de causalidad.
3.- Así las cosas, se debe dilucidar si la obligación
contemplada en el artículo 522 del Código de Comercio, a
saber, iniciar las obras, o establecer un fondo de comercio
propio sustancialmente distinto de aquel del arrendatario -
dentro de los 3 meses siguientes a la entrega material del
bien-, es una obligación de medios o de resultado. Sobre el
particular, esta Corporación aclaró, en sentencia del 14 de
abril del 2008, exp. 2001-00082-01, que el “propietario podrá
exonerarse de acuerdo con la ley”, esto es, probando diligencia y cuidado
(ausencia de culpa), o el rompimiento del nexo causal entre el hecho
38 CSJ, 30 nov. 1935, G.J. No. 1905, pág. 178.
Es decir, el Juez ha de realizar una comparación entre la conducta puntual del deudor
y un “comportamiento modelo de referencia.” Terré, Simler y Lequette. Dalloz. París,
2002, pág. 559. Se “compara objetivamente la actuación del deudor con aquella que
hubiese observado un modelo abstracto.” Castro, Marcela. Derecho de las
Obligaciones. Temis, 2010, pág. 27
39 CSJ, 30 nov. 1935, G.J. No. 1905, pág. 182.
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
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imputable al deudor y el daño irrogado, según las circunstancias del
caso.”
4. En una palabra, el cargo no prospera. En aplicación
del inciso final del artículo 349 del Código General del
Proceso, se impondrá condena en costas en contra de los
recurrentes. Las agencias en derecho se tasarán por el
magistrado ponente -se toma en cuenta la réplica del
opositor-.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia proferida por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 27 de mayo de 2021.
SEGUNDO. Condenar en costas a los recurrentes.
Inclúyase, en la liquidación de las costas, la suma de
$10.000.000, por concepto de agencias en derecho, que fija
el Magistrado Ponente.
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
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TERCERO. En su oportunidad, devuélvase el
expediente a la Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
(aclara voto)
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
(aclara voto)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aclaración de voto
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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