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clave: "corte_suprema:providencia:SC1452-2024 [2018-00328-01]"
titulo: "Corte Suprema: el propietario debe comunicar al empresario-arrendatario"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-07-09"
radicado: "2018-00328-01"
numero: "SC1452-2024"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Corte Suprema: el propietario debe comunicar al empresario-arrendatario

- **Título oficial / radicado:** SC1452-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-07-09
- **Radicado:** 2018-00328-01
- **Número:** SC1452-2024
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1452-2024%20%5B2018-00328-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1452-2024%20%5B2018-00328-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzcuLSBKdWxpby9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTQ1Mi0yMDI0IFsyMDE4LTAwMzI4LTAxXS5wZGY%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

El propietario debe comunicar al empresario-arrendatario, su voluntad de no renovar el contrato.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

De esta manera, el precepto 516 del Código de Comercio enlista de forma enunciativa los elementos que forman parte del fondo de comercio, dentro de los cuales están «… los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario». Por consiguiente, este no puede ser cuestionado en esta instancia. En consecuencia, el cargo esbozado es desviado respecto del objeto del fallo impugnado, en tanto que no puede entrar esta Corporación a calificar un aspecto que se encontró por fuera del análisis del fallador de segundo grado. En ese orden, aseveran que no era posible que los demandados se excusaran «de su obligación mostrando diligencia y no el resultado que exige aquella preceptiva». Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01 30 alea32-.

## Cita textual

> de su obligación mostrando diligencia y no el resultado que exige aquella preceptiva

## Texto del documento

1
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC1452-2024
Radicación n.° 11001-31-03-024-2018-00328-01
(Aprobado en sesión de treinta de mayo de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veinticuatro
(2024).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
la parte demandante, frente a la sentencia proferida por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 27 de mayo de 2021, dentro del proceso verbal que
instauraron los recurrentes contra Nohora Muñoz de
Pacheco, Ángela Liliana, Martha Janeth y Jaime David
Pacheco Muñoz.
I. ANTECEDENTES
1.- La pretensión.
Carcaice S.A.S. y Carlos Arturo Caicedo Ceballos
pretendieron que se declarara que los demandados son
civilmente responsables por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el artículo 522 del Código de
Comercio. En ese orden, pidieron que se les condene a pagar
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
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la suma de $938.434.617, a título de daño emergente, y
$1.292.835.358, por lucro cesante.1
2.- Causa petendi.
2.1. En sustento de sus pretensiones, indicaron que el
2 de diciembre del 2005, las partes celebraron un contrato
de arrendamiento sobre el inmueble ubicado en la carrera 7
no. 146 - 45 de la ciudad de Bogotá. En el cual se estipuló
que el bien arrendado sería destinado a la «compra venta y
mantenimiento de vehículos automotores». A su turno, se pactó que
el término de duración del negocio sería de 8 años, contados
a partir del 1 de marzo del 2006 hasta el 28 de febrero del
2014.
2.2. Antes de la fecha de terminación de la referida
convención, los demandados -arrendadores- remitieron a los
convocantes -arrendatarios- varios anuncios de desahucio
(en concreto, los días 1 de septiembre del 2011, 10 de febrero
de 2012, 1 de agosto de 2012, 1 de febrero de 2013 y 18 de
julio de 2013).
2.3. Aseveraron que, en la última comunicación
remitida, se enunció que la razón para solicitar la restitución
del inmueble era «el vencimiento del término» del contrato. Por
ello, los arrendadores «se negaron a restituir el inmueble por
considerar que el vencimiento del plazo contractual no se enmarcaba en
ninguna de las causales previstas en el artículo 518 del Código de
Comercio».
1 Archivo «004 Escrito Demanda».
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2.4. Ante tal negativa, los arrendadores promovieron
proceso de restitución de inmueble arrendado, el que
correspondió al Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá bajo
el radicado 2014-00159-00. Tal litigio culminó con sentencia
de segunda instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 11 de abril del
2016, en la cual se declaró la
terminación del contrato
de
arrendamiento «por la causal contemplada en el numeral 2 del artículo
518 del C. de Co.». Por lo que se ordenó a Carcaice y Cía. Ltda.
y a Carlos Arturo Caicedo Ceballos restituir el bien2.
2.5. En cumplimiento del fallo, los locatarios
restituyeron el local comercial el 8 de julio de 2017. No
obstante, llegado el 8 de octubre del 2017, «esto es, pasados los
3 meses siguientes a la fecha de entrega del inmueble, los ahora
demandados no dieron al inmueble el destino indicado». Además,
tampoco tramitaron la expedición de ninguna licencia
urbanística de demolición y construcción «con el fin de
desarrollar el “proyecto urbanístico” comunicado a mis mandantes a
través de los avisos de desahucios del 10 de febrero y 1 de agosto de
2012 y 1 de febrero de 2013».
3.- Posición de los demandados.
El apoderado judicial de los demandados se opuso a la
totalidad de las pretensiones de la demanda. A su turno,
2 Si bien los demandados interpusieron recurso extraordinario de casación, aquellos
desistieron de tal remedio procesal. De ello da cuenta el auto AC3940-2018 del 14 de
septiembre del 2018, proferido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Página 12 del archivo «EXPEDIENTE 27-2016-030-01 CUADERNO TRIBUNAL 1.3» de
la Carpeta digital «042CDProceso2016030CuadernoTribunalFL430».
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propuso las excepciones de mérito que denominó «prescripción
de la acción indemnizatoria aludida»; «incumplimiento de la demandante
en la entrega del inmueble»; «culpa de la demandante en la no iniciación
del proyecto y en los gastos aparentes efectuados»; «liberación de los
propietarios de la indemnización, por inexistencia de culpa y daños»;
«mala fe de la demandante»; «imposibilidad de cobrar intereses
comerciales junto con la indemnización»; «imposibilidad de conocerse a
quien se le debe indemnizar»; y, «compensación». En síntesis, indicó
que la demora de los arrendatarios en la entrega del inmueble
a la
terminación del contrato
«hizo que los inversionistas y
constructores desistieran del proyecto»3.
4.- Resolución en las instancias.
Culminado el trámite correspondiente a la primera
instancia, el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de
Oralidad de Bogotá profirió sentencia el 23 de octubre del
2020 en la que negó las pretensiones de la demanda «por no
haberse acreditado el incumplimiento de la obligación especial de
“desarrollar proyecto urbanístico de acuerdo a las especificaciones
permitidas en el sector por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.” en el
inmueble ubicado en la Carrera 7 nro. 145-45 de Bogotá». Inconforme,
el apoderado de la activa presentó recurso de apelación, que
fue resuelto en sentencia del 27 de mayo del 2021 por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
que confirmó la decisión de primer grado.
3 Archivo «023 Contestación Demanda».
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II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1.- Se comenzó por indicar que no existió la alegada
contradicción entre la litis y la sentencia de primera
instancia: por el contrario, «con fundamento en la causal esgrimida
en el fallo del 11 de abril de 2016 entró a examinar si los convocados
recayeron en el incumplimiento que se les enrostra, lo que no podía ser
de otra forma, toda vez que en aquella oportunidad esta sede precisó la
causal que dio lugar a la restitución del predio con base en las pruebas
legal y oportunamente allegadas a ese proceso, a saber, la consagrada
en el numeral 3º del artículo 518 del C.Co.». Así las cosas, al revisar
con detenimiento la referida sentencia impugnada, el
Colegiado no encontró que la juez a quo «se hubiere apartado de
lo determinado en la fijación del litigio, en tanto que estudió si los
convocados incurrieron en el incumplimiento que les endilgaron, empero,
desde luego, como debía ser, con soporte en la sentencia en que se
ordenó la restitución». En ese sentido, lo que ocurrió es que
existe prueba de la que se puede inferir que, dentro del
término de los tres meses siguientes a la entrega del
inmueble, los convocados sí ejecutaron actos tendientes a
gestionar el desarrollo del proyecto urbanístico. Mas no se
verificó que la juez de primer grado se hubiera desviado del
objeto de litigio.
2.- En segundo lugar, explicó que la mención efectuada
en el fallo de primer grado respecto de la cosa juzgada fue
hecha para hacer énfasis en que la decisión del 11 de abril
del 2016 habría cobrado ejecutoria. Todo ello con el fin de
«enfatizar que en ella se estimó la causal de restitución consagrada en
el numeral 2º del artículo 518 del C.Co., así debe entenderse tal
consideración».
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3.- Por su parte, no vislumbró la falta de aplicación del
numeral 2 del artículo 518 del Código de Comercio respecto
a dar al local comercial el destino invocado. Y ello es así en
tanto que los demandados «fueron claros al absolver sus
interrogatorios en cuanto a que no han habitado o residido en el
inmueble; y en punto a destinarlo para un establecimiento suyo, empresa
sustancialmente diferente al que desarrollaban los actores, las pruebas
recaudadas dejan entrever que a partir de la entrega iniciaron las
gestiones indispensables para la consecución de inversionistas que
pudieran desarrollar en el predio un proyecto urbanístico, que difiere
sustancialmente del establecimiento y objeto social que tenían los
actores en el bien».
Además, hizo énfasis en las declaraciones de los
convocados sobre su falta de calidad de constructores y la
búsqueda de inversionistas. Declaraciones que se ven
respaldadas con el documento del 22 de septiembre de 2017,
en el cual la sociedad Urbanika presentó a los convocados
una «“Propuesta Complementaria para aportar el inmueble identificado
con la nomenclatura Avenida 7 No. 146-45 de la ciudad de Bogotá a un
proyecto inmobiliario” (…)». A juicio del sentenciador de segundo
grado, tal documental -correos electrónicos y el referido
memorial- da cuenta de que los convocados sí desplegaron
las actuaciones orientadas a desarrollar el proyecto
urbanístico en el inmueble dentro del término de los tres
meses siguientes a la entrega.
Y si bien, los demandados no tenían en marcha o
ejecución la construcción del proyecto inmobiliario, lo cierto
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es que ello no implica el incumplimiento de sus obligaciones.
En tanto que,
«si el expediente de una licencia urbanística lo componen varios
documentos entre los que se encuentra la licencia urbanística, los
originales de los actos administrativos y los presentados y
expedidos durante el trámite y los planos definitivos, no se puede
inferir en este caso que los demandados incumplieron por el hecho
de no tener en marcha la ejecución de la construcción de la
edificación, atendido que para llegar a ese momento del proyecto,
como lo adujeron, debían lograr nuevamente la consecución de
inversionistas y de los documentos indispensables para presentar
ante las autoridades respectivas las licencias y actos
administrativos indispensables para tal fin, actuaciones que ya
habían iniciado en el trámite del proceso de restitución, pero que
se frustró por la no entrega oportuna del inmueble y no es
necesario ser erudito en el tema para entender que un proyecto de
tal envergadura no se puede desarrollar en un lapso tan breve, de
ahí que tenga cabida la causal que exonera de responsabilidad en
tal sentido».
4.- En ese orden de ideas, contrario a lo argüido por los
impugnantes, sí existe prueba de que los arrendadores
desplegaron en el bien «desarrollo que, como es bien sabido debe
estar precedido de la autorización de las autoridades del ramo mediante
las licencias de urbanismo y de construcción respectivas, las cuales, por
reglas de la experiencia no se logran obtener dentro de los tres meses en
que tanto insiste el apelante». De manera que «la ausencia de prueba
del inicio proyecto urbanístico está justificada con el conjunto de
documentos y actuaciones que los propietarios o desarrolladores deben
agotar previo a iniciar la construcción de un proyecto inmobiliario».
5.- Por último, en cuanto al argumento referido a que
los demandados no cumplieron con el estándar de diligencia
exigido bajo la legislación comercial, indicó que
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«(…) no se advierte desvirtuada la presunción en referencia con
base en el incumplimiento que los convocantes endilgan a los
llamados a juicio, pues las pruebas dejan entrever que una vez los
primeros entregaron el predio a los segundos, éstos propendieron
por buscar los inversionistas con los que pudieran adelantar todas
las gestiones y trámites indispensables para desarrollar el
proyecto inmobiliario que motivó el desahucio y la restitución del
inmueble en su momento arrendado, actuaciones que no podían
desarrollar antes de esa entrega si se tiene en cuenta que la
interposición del recurso de casación dejaba en incertidumbre lo
que en su momento había resuelto el Tribunal respecto de la
restitución del bien, como tampoco podían los hoy demandados
propietarios adelantar previa a la entrega todo lo concerniente al
diseño del proyecto, incluidos los trámites ante la Curaduría, por
las mismas razones».
Al turno que, de lo referido en el interrogatorio de parte,
no es posible asignárseles la condición de «hombres de
negocios». Y, en todo caso, reiteró que las pruebas sí
demuestran que los convocados adelantaron las gestiones
para iniciar el desarrollo del proyecto urbanístico una vez
recibieron el predio de mano de los actores luego de que fuera
ordenada por autoridad judicial. Así mismo, destacó que «los
arrendatarios hoy demandantes no solo incumplieron sus obligaciones
al vencimiento del contrato o cuando fueron desahuciados al no realizar
la entrega de manera voluntaria, sino que provocaron la imposibilidad
de que los demandados pudieran adelantar con éxito el desarrollo del
proyecto que tenían para entonces, pues no solo se opusieron a la
restitución, sino que también cuando por medio judicial se ordenó su
entrega acudieron al recurso de casación, posteriormente desistido, lo
que trajo como consecuencia obvia que todos esos trámites previos
adelantados por los arrendadores perdieran vigencia y no pudieran ser
utilizados una vez se verificó la entrega

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

es, con ella se adentra en el contrato -culpa ex contractu- la regla general de
responsabilidad de Domat, según la cual “los daños, producidos por comportamientos
libres de imputación culposa, no deberían ser asumidos por sus autores.” Domat, Jean.
Les lois civiles dans leur ordre naturel. Héricourt. Libro II, t. viii, s. iv, § iii. París,
1835. Entre varios antecedentes de esa fórmula, cabría citar a la Partida III, Tít. II.,
Ley XXXI (“[e]mienda demandando algunt home á otro de tuerto, ó de deshonra ó de
daño quel hobiese fecho á él, ó á sus cosas” -ortografía original-, Partidas de Alfonso
X, París, Lasserre, 1847, pág. 386). Y, desde luego, a Lex Aquilia de damno iniuria
datum.
31Díez-Picazo, L. Fundamentos del derecho patrimonial. T. II. Aranzadi, Navarra,
2008, pág. 122.
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alea32-. Por otro lado, los elementos de la prestación de
resultado “están estrictamente indicados en el contrato o en la ley
supletiva.”33En una palabra, su prestación equivale a un norte
preciso y debido.
2.1.-La diferencia entre una y otra cobra especial
relevancia en los escenarios de la acreditación del
cumplimiento contractual -pago, hecho extintivo-. En efecto,
en torno a las obligaciones de medios, el incumplimiento o
impago contractual equivaldría a la negligencia del deudor en
la ejecución de la prestación (v.gr. “no haber tomado las
precauciones necesarias”34 o no haber previsto “el acaecimiento de
un hecho o un suceso dañoso”35, no haber actuado “correctamente”36
o haberlo hecho con “descuido, negligencia o violación de los
reglamentos.”37). De manera que el deudor de obligación de
medios podría pagar si actúa con la diligencia debida -quid
facti, según la clasificación tripartita de la culpa contractual-
. Carga probatoria que, salvo disposición accidental
contractual, sería del deudor: actori incumbit probatio. Así las
cosas, “los Jueces, para determinar la existencia de la culpa, tienen que
entregarse a un examen de la conducta del demandado, investigar cómo
32 Cfr. CSJ SC, 5 nov. 2013, (...)el criterio más aceptado para distinguir uno y otro tipo
de obligación se encuentra en la incidencia que en el concepto de cumplimiento pueda
tener el que con la conducta debida se realice el interés primario del acreedor, es decir,
que éste efectivamente obtenga el resultado útil o la finalidad práctica que espera
lograr. En algunas obligaciones, el deudor asume el compromiso de desarrollar una
conducta determinada en favor del acreedor, con el propósito de satisfacer el resultado
esperado por éste; no obstante, si tal resultado también depende de factores cuyo
control es ajeno al comportamiento del deudor»
33 CSJ, 30 nov. 1935, G.J. No. 1905, pág. 178.
34 CSJ SC, 18 dic 1934, G.J. No. 1895 B, pág. 213.
35 Reglero, F. y Busto, J. Tratado de la responsabilidad. Aranzadi, Navarra, 2014, pág.
302. Sobre el particular, valga aclarar que “todos los criterios de imputación objetiva
son simplemente otra forma de denominar a lo que tradicionalmente han sido elementos
típicos del concepto de culpa o negligencia civil del Derecho clásico.” Reglero, F. y Busto,
J. Ibídem, pág. 305.
36 CSJ SC, 17 sep. 1935, G.J. No. 1907, pág. 305.
37 CSJ, 11 nov. 1935, G.J. No. 1905, pág. 249.
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se ha manejado éste, descubrir si hubo de su parte imprudencias o
negligencia.”38Por lo demás, a propósito de un alegado daño
contractual, con la prueba de la diligencia también se podría
“mostrar que, cualquiera que sea la causa, no podría consistir ella en
una culpa del individuo cuya responsabilidad está en juego.” 39
2.2.- Por el contrario, el pago de la obligación
contractual no podría acreditarse con la prueba de la
diligencia debida: tal comportamiento de hacer no estaría “en
conformidad al tenor de la obligación” (art. 1627 C.C.). Por lo
demás, con respecto al nexo causal -elemento de la
responsabilidad-, el deudor de resultado asumiría la carga
probatoria de su rompimiento: la obligación de resultado
también impondría una presunción de causalidad.
3.- Así las cosas, se debe dilucidar si la obligación
contemplada en el artículo 522 del Código de Comercio, a
saber, iniciar las obras, o establecer un fondo de comercio
propio sustancialmente distinto de aquel del arrendatario -
dentro de los 3 meses siguientes a la entrega material del
bien-, es una obligación de medios o de resultado. Sobre el
particular, esta Corporación aclaró, en sentencia del 14 de
abril del 2008, exp. 2001-00082-01, que el “propietario podrá
exonerarse de acuerdo con la ley”, esto es, probando diligencia y cuidado
(ausencia de culpa), o el rompimiento del nexo causal entre el hecho
38 CSJ, 30 nov. 1935, G.J. No. 1905, pág. 178.
Es decir, el Juez ha de realizar una comparación entre la conducta puntual del deudor
y un “comportamiento modelo de referencia.” Terré, Simler y Lequette. Dalloz. París,
2002, pág. 559. Se “compara objetivamente la actuación del deudor con aquella que
hubiese observado un modelo abstracto.” Castro, Marcela. Derecho de las
Obligaciones. Temis, 2010, pág. 27
39 CSJ, 30 nov. 1935, G.J. No. 1905, pág. 182.
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imputable al deudor y el daño irrogado, según las circunstancias del
caso.”
4. En una palabra, el cargo no prospera. En aplicación
del inciso final del artículo 349 del Código General del
Proceso, se impondrá condena en costas en contra de los
recurrentes. Las agencias en derecho se tasarán por el
magistrado ponente -se toma en cuenta la réplica del
opositor-.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia proferida por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 27 de mayo de 2021.
SEGUNDO. Condenar en costas a los recurrentes.
Inclúyase, en la liquidación de las costas, la suma de
$10.000.000, por concepto de agencias en derecho, que fija
el Magistrado Ponente.
Radicación no. 11001-31-03-024-2018-00328-01
33
TERCERO. En su oportunidad, devuélvase el
expediente a la Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
(aclara voto)
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
(aclara voto)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aclaración de voto
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1452-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-07-09. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2018-00328-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1452-2024%20%5B2018-00328-01%5D).
