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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC1426-2024
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
(Aprobada en sesión de treinta de mayo de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro
(2024)
Procede la Corte, en sede de instancia, a dictar la
sentencia sustitutiva de la proferida por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro
del proceso ordinario de José Ignacio Pérez Rivas y Gloria
Estela Zea de Pérez contra Socoda S.A.
I.- ANTECEDEDENTES
Los accionantes pidieron declarar que, en su
calidad de propietarios del establecimiento de comercio
«Perezea Soc», celebraron con la convocada un contrato de
agencia comercial a partir del 9 de febrero de 2000, en virtud
de la «Carta convenio de gestión comercial en ventas» de esa
data y los posteriores acuerdos de «outsourcing en gestión
comercial de ventas» suscritos el 5 de junio de 2001, 29 de
octubre de 2003 y 25 de febrero de 2005. Así mismo, que en
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virtud del incumplimiento de ésta se dio lugar a su
terminación, debiendo reconocer la cesantía comercial de
que trata el artículo 1324 del Código de Comercio;
$500’000.000 como «indemnización equitativa» o lo que
probaren por sus esfuerzos para acreditar la línea y la marca
de productos de Socoda S.A.; las sumas previstas en el
artículo 1322 ibídem sobre las ventas que ésta efectuó
directamente y sin su consentimiento; los perjuicios
materiales y morales derivados de la insatisfacción de sus
deberes; y $120’000.000, por las comisiones equivalentes al
1.5% o lo que se demuestre, de un contrato entre Socoda S.A.
y C.A.S. Inmobiliario S.A., con intereses moratorios. Todo lo
anterior, indexado.
Subsidiariamente suplicaron iguales retribuciones tras
reconocer la existencia del referido acuerdo de voluntades y
que la llamada lo desatendió, cuyo objeto según el pacto
inicial era la promoción a nivel nacional de “cabinas
telefónicas para la firma Telepúblicos E.S.P., los paraderos de
buses según diseño Mobiliario urbano, contratos directos con
el IDU y Transmilenio”, y en los actos restantes para la gestión
de operaciones comerciales nacionales e internacionales
según el portafolio establecido.
En defecto de las anteriores aspiraciones reclamaron
entender que «Socoda S.A. se enriqueció sin justa causa» y a
sus expensas, al no cancelarles varias comisiones o hacerlo
morosamente, por lo que debe pagarles $500’000.000 o lo
que acrediten, con réditos por tardanza a la tasa máxima
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permitida.
Sustentaron tales expectativas en que «su actividad
económica y profesional es el “agenciamiento comercial”»,
como acreditan con el certificado mercantil de propiedad del
establecimiento de comercio “Perezea Soc” en Bogotá, lugar
de su domicilio.
El 9 de febrero de 2000 José Ignacio Pérez Rivas y Rafael
Gavazza «como agentes comerciales» suscribieron con Socoda
S.A., en su condición de «fabricante», una «Carta de convenio
de gestión comercial en ventas» con el propósito de atender la
instalación de cabinas telefónicas y mobiliario urbano en
acero inoxidable en Bogotá. Con posterioridad, José Ignacio
Pérez Rivas suscribió con Socoda un nuevo «contrato de
agencia comercial» el 5 de junio de 2001, pero actuando en
«nombre y representación de “Perezea Soc”» y sin que figurara
Rafael Gavazza, una vez conseguido el «negocio de mobiliario
urbano con el Distrito Capital».
En la última convención y las posteriores de 29 de
octubre de 2003 y 25 de febrero de 2005, denominadas
«contrato de outsourcing en gestión comercial de ventas», el
«objetivo primordial» fue que “Perezea Soc” gestionara
«operaciones comerciales nacional e internacionalmente»
conforme al portafolio consistente en «cabinas telefónicas»,
«paraderos de buses», «basureros para paraderos de buses»,
«mupis de publicidad» y «bancas y demás productos que estén
diseñados para el amoblamiento urbano público y privado».
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Desde el comienzo “Perezea Soc” se dedicó a abrir
«mercados, posicionamiento de marca y atención a clientes de
Socoda, con exclusividad de portafolio», preparó muestras de
los productos que requerían el IDU y la Oficina de Espacio
Público de Bogotá, y obtuvo que «la firma más grande del
mundo en fabricación e instalación de mobiliario urbano J.V.
Decaux» suministrara a Socoda «toda la información técnica,
de diseño, de instalación, etc.», pues «si el mobiliario se
fabricaba en Colombia» se obtendría mejor calificación en la
licitación, la cual fue adjudicada a «la firma Eucol
(Equipamientos Urbanos de Colombia)».
En la relación negocial se convino que «en los procesos
licitatorios de las otras ciudades del país o ciudades
relacionadas en el contrato y en las cuales Eucol tuviera
filiales o sucursales», Socoda reconocería comisiones por
ventas a “Perezea Soc”, lo que se satisfizo durante 10 años,
aunque «incumpliendo en manera sistemática y repetitiva las
cláusulas del contrato, toda vez que los pagos muy
excepcionalmente se pagaron dentro de los cinco (5) y ocho (8)
días siguientes».
El número de clientes de Socoda S.A. a nivel nacional e
internacional se amplió, así como el portafolio, logrando
contratos con varias entidades públicas y privadas del país y
exportaciones «a Panamá, Venezuela, República Dominicana
y Chile», obtenidos «gracias a la gestión, fidelización y
ejecución que desplegó “Perezea Soc”», quien a su vez recibió
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soporte técnico y participó en los eventos que aquella
realizaba, fuera de que promocionaba sus productos.
En octubre de 2010 se desvinculó al gerente de Socoda
y en el siguiente año fue nulo el soporte, concretamente en el
«proyecto bandera» de trinquetes para Transmilenio; además,
el nuevo representante legal les sustrajo un negocio que
estaban gestionando con Marval Constructora, «cliente de
Perezea Soc».
En contraprestación a la gestión durante más de diez
años recibieron «una comisión en porcentajes también
previamente acordados», lo que incluso admitió Socoda en
certificación de 18 de mayo de 2010 al señalar que en virtud
de la misma consiguió ingresos por $29.575’246.390 a esa
data, pero inexplicablemente luego cambió las fechas,
precios y cantidades consignados en las facturas.
Si bien en el contrato de 25 de febrero de 2005 se
convino una comisión del 1.5%, nunca cubierta, sobre el
recaudo efectivo de ventas en «caso que el cliente haya sido
creado por Perezea pero no haya tenido mayor intervención en
las ventas», eso se debió a la participación en «negocios de
mobiliario para la Avenida Bricoll en Miami y [que] unos
funcionarios argentinos se interesaron en licitar la concesión
de inmobiliario urbano para Medellín», lo que implicó que se
asociaran con C.A.S. Inmobiliario S.A. «la cual fue
adjudicataria de la concesión» en la capital de Antioquia y el
«cliente gestor de este negocio Sarmiento Publicidad fue
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contactado siempre por “Perezea SOC”», mientras que Socoda
celebró el «contrato de fabricación de los elementos para
instalarlos» en dicha ciudad.
El incumplimiento en el pago de comisiones y la
satisfacción de algunas por fuera de los plazos pactados, les
ocasionaron perjuicios y «da lugar a la terminación del
contrato, con la respectiva indemnización»
El agenciamiento satisfizo los requisitos decantados
jurisprudencialmente, ejecutándose en todo el país y en el
exterior, aunque se tuvo como «asiento principal de los
negocios entre Perezea y Socoda, las oficinas de esta última
en la ciudad de Bogotá»1.
Socoda se opuso y excepcionó «inexistencia de
agencia comercial», «inexistencia de incumplimiento
contractual por parte de Socoda», «falta de causa para las
prestaciones finales que se reclaman», «falta de legitimación
en la causa por activa», «incumplimiento contractual por parte
del demandante» y «prescripción»2.
El Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de
Medellín, en fallo proferido en audiencia del 25 de octubre de
2017, negó las pretensiones.
Los promotores apelaron.
1 Fls 243 a 284 cno. 1.
2 Fls 311 a 333 cno. 1.
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II.- FUNDAMENTOS DEL A QUO
Al entrar a analizar la presencia de los presupuestos
procesales, es necesario profundizar en la alegada excepción
de falta de legitimación en la causa por activa de Gloria
Estela Zea de Pérez, por no haber tenido relación con la
contradictora, la cual se desestima en razón de que ambos
gestores integran una sociedad de hecho denominada
“Perezea Soc S d H”, que cuenta con un establecimiento de
comercio en Bogotá, por lo que al tenor del artículo 499 del
Código de Comercio «los derechos que se adquieran y las
obligaciones que se contraigan para la empresa social, se
entenderán adquiridos o contraídas a favor o a cargo de todos
los socios de hecho», lo que concuerda con el artículo 501
ibídem, de ahí que por disposición legal todos los que la
conforman «están facultados para defender (…) los intereses
de la sociedad de hecho, las que por carecer de personería
jurídica se entiende que son los intereses de los propios
asociados los que están en juego y por tanto en el caso
concreto ambos demandantes como socios de Perezea Soc
están legitimados para la interposición de esta demanda».
Luego de precisar los presupuestos de la agencia
comercial a que aluden los demandantes y el contrato de
corretaje que alega en su defensa la opositora, se advierte
que los factores de independencia y autonomía necesarios en
la primera, se desvirtúan con las respuestas al interrogatorio
de parte absuelto por José Ignacio Pérez Rivas, quien expresó
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que «en ningún momento contaba con colaboradores que
tomaran decisiones directamente relacionadas con el
cumplimiento de los contratos que surgían, lo que permitiría
predicar de alguna manera autonomía de su parte pues ello lo
hacía exclusivamente Socoda» y las respuestas «dejan ver que
las gestiones a que bien tuvo realizar de manera personal se
limitaron a poner en contacto o servir de intermediario entre
Socoda y los posibles clientes, sin intervenir ni tener injerencia
alguna en la contratación que pudiera darse», ya que aquella
asumía todo lo que tenía que ver con el cumplimiento de las
obligaciones y los cobros que de ella se derivaban, por lo que
«brilla por su ausencia para la parte actora una intervención
distinta a la simple intervención y acercamiento entre los
contratantes».
Lo anterior se corrobora con la declaración de Juan
Mauricio Betancur y «si se ha dicho que por virtud de la
independencia que caracteriza al agente la función de este no
se limita a poner en contacto compradores y vendedores o
distribuir mercancía, la gestión del señor Pérez Rivas debe ser
más específica, esto es, tal como lo señaló la Corte Suprema
de Justicia, actuando ante la cliente como representante de
Socoda o como fabricante o distribuidor de sus productos», lo
que no se desprende de sus manifestaciones, y aunque en
algunos apartes se dice que «trabajaba independientemente,
esa independencia no guarda relación con la descrita
anteriormente, que sería propia de un agente comercial, sino
la independencia propia de una persona que trabajando
individualmente se dedica a la consecución de potenciales
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clientes para referirlos a la entidad» que finalmente celebraba
el negocio y reconocía una comisión.
También concuerda con lo expuesto lo dicho por Edison
Alberto Ardila Mesa según el cual «la labor de Jose Ignacio no
era hacer relaciones comerciales sino los contactos y promover
los acercamientos» y, aunque fue tachado, no hay razón para
restarle credibilidad.
El testigo Jorge Weiman Durango Rodríguez ilustró
detalladamente cómo se daba el proceso en las negociaciones
e insiste que «Jose Ignacio lo que hacía era presentar el
cliente», mientras Socoda desarrollaba el producto, cotizaba
y hacía la correspondiente propuesta.
Frente a la promoción y explotación de negocios ajenos,
según lo expresado por Juan Mauricio Betancur, Edison
Ardila y Miguel Antonio Roa Carrero, «no resulta claro
entonces lo que en palabras de la Corte Suprema de Justicia
se traduce en una ingente actividad dirigida a la conquista de
los mercados», si para el momento en que el demandante
inició la promoción de los elementos de Socoda en Bogotá,
ésta ya tenía una oficina comercial en dicha ciudad.
Además, en los contratos de Socoda con el IPES, Fonade
y el IDU, según la prueba documental, fueron en virtud de
licitaciones públicas y procesos de selección abreviada que
se rigen por las normas de contratación estatal, «lo que por
ende excluye predicar que dichas negociaciones son
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atribuibles a la gestión que produjo o que adujo haber
realizado el demandante».
En cuanto al requisito que la actividad se desempeñe en
una zona determinada y con el fin de abrir un mercado
inexistente, tampoco se cumple en la medida que en el
convenio inicial se alude al ámbito nacional y en los
documentos posteriores también se refiere al internacional,
lo que da «lugar a una total indeterminación de la zona donde
se realizaría la actividad» y dificultaría precisarla. Fuera de
que, si la contradictora existe desde 1974 según el certificado
de existencia y representación obrante en el expediente,
desarrollando su objeto social a nivel nacional e
internacional, no es posible determinar el nuevo mercado
abierto por la contraparte.
En relación con la «estabilidad del agente», según la
certificación allegada en copia donde consta que para el 18
de mayo de 2010 «José Ignacio desde hacía 10 años venía
desarrollando una promoción y gestión de productos de
Socoda en el país y en el exterior, lo que significa que
independientemente de la intermediación que con ello haya
presentado, la actividad si se ha extendido
ininterrumpidamente en el tiempo» y así lo refrenda el informe
rendido por el perito Juan Manuel Betancur Montoya, «de
donde se desprende que al menos el aspecto de permanencia
de la relación si se ha presentado».
De las pruebas referidas y los restantes medios de
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convicción «no se desprende en cabeza de la parte actora el
cumplimiento de todos y cada uno de los aspectos necesarios
para afirmar la presencia de un contrato de agencia
comercial», aunque es un hecho indiscutido el
reconocimiento y pago de comisiones en contraprestación de
las actividades desplegadas por “Perezea Soc”, pero «al no
cumplirse todas las características específicas que dan lugar
a considerar la existencia de un contrato de agencia comercial»
deben desestimarse las pretensiones principal y primera
subsidiaria.
Tampoco se demostró la existencia de un
enriquecimiento sin causa por la mora en el pago de las
comisiones, conforme a las exigencias de dicha figura, lo que
conlleva a negar las segundas pretensiones subsidiarias.
III.- LA APELACIÓN
Al formular la alzada se señalaron como puntos de
inconformidad que se tuvieron por no probados los
supuestos axiológicos de la agencia comercial, con excepción
de la estabilidad, a pesar de estar acreditados dichos
postulados; fuera de una indebida valoración probatoria al
dejar de apreciar algunos testimonios, documentos y el
juramento3.
En la sustentación ante el ad quem se expuso que la
3 Según las disconformidades señaladas en audiencia de 25 de octubre de
2017, a partir del minuto 44:29.
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valoración de los testimonios y la documental fue parcial y
no en contexto, puesto que dejó de apreciar los contratos
suscritos por las partes y su clausulado, nada se dijo sobre
la diligencia de exhibición y el juramento estimatorio, ni de
la pericia. Fuera de que los interrogatorios se sopesaron en
forma amañada y aislada de los demás elementos de
convicción. La actividad del agente se desprende de lo
expuesto por Jhon Jairo Penagos Eastman, Jorge Weiman
Durango y Camilo Gutiérrez, todos exgerentes de Socoda, y
Edison Alberto Mesa. Frente a la remuneración tiene peso lo
expuesto por Lina María Castañeda y Olga Helena Rodríguez.
En cuanto a la independencia, el encargo de promover o
explotar, así como la actuación para otro, esas
circunstancias se establecen con el dicho de esos mismos
testigos y Miguel Antonio Carrero.
Se confundió el contrato de agencia comercial con el de
corretaje o intermediación, siendo disímiles, como se indicó
en CSJ SC 12 dic. 2014, rad. 2004-00193, sin tomar en
consideración que las actividades trascendieron el
acercamiento con los clientes, puesto que «se encargaba del
seguimiento pleno de los negocios, de la atención, de la
facturación, entre otros»4.
IV.- FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
No existe duda de que José Ignacio Pérez Rivas y Socoda
S.A. mantuvieron relaciones mercantiles, «consistentes en la
4 Audiencia de 3 de diciembre de 2018 cd fl. 70 cno segunda instancia.
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apertura de mercado y en la consecución de nuevos clientes»,
lo que no implica que se desarrollaran «con base en un
contrato de agencia mercantil», por lo que es necesario
analizar si se reúnen los «elementos axiológicos» de dicha
figura en los términos del artículo 1317 comercial y que,
como han precisado la doctrina y la jurisprudencia, se
caracteriza por: «1. Ser una forma de intermediación; 2. Por la
independencia del agente, quien tiene su propia empresa y con
ella desarrolla el objeto del contrato; 3. Por el tipo de actividad
desarrollada, consistente en la explotación o promoción de los
negocios del agenciado en un determinado territorio y en
beneficio de éste; y 4. Por la estabilidad de dicha explotación
o promoción».
En CSJ SC de 18 de abril de 2018 fueron reiterados
dichos «elementos configurativos del contrato de agencia
comercial» para fijar sus límites, semejanzas y deferencias de
los demás contratos de intermediación, como el corretaje.
Como línea de principio general «ni la penetración de los
mercados, ni la comercialización de bienes o servicios dentro
de una zona prefijada, ni la intervención de los empresarios o
productores en dicha actividad, independiente del grado en
que esa intromisión ocurra, constituyen elementos para
caracterizar sin más un contrato de agencia comercial», al
constituir cuestiones comunes a otras formas de distribución
e intermediación.
De lo anterior se desprende «la relación de mandato que
subyace en el contrato de agencia» al estar estipulado como
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una modalidad de aquel en el Título XIII del Libro IV del
Código de Comercio, por lo que más allá de los elementos
característicos de la agencia, muchos de los cuales son
comunes a otros contratos de intermediación o distribución
mercantil, es necesario «determinar el alcance de las
negociaciones entabladas por José Ignacio Pérez Rivas, así
como el nivel de representación que ejercía respecto de Socoda
S.A.».
Aun cuando la controversia «gira en torno a la
declaratoria de la existencia del contrato de agencia mercantil
celebrado entre José Ignacio Pérez Rivas y Gloria Estela Zea
de Pérez como socios de hecho de Perezea Soc. con Socoda
S.A.», debe precisarse de entrada que «no tiene cabida la
mención» de la última, si se tiene en cuenta que la relación
fue entablada directamente con «José Ignacio Pérez Rivas en
su calidad de gestor comercial y como socio de Perezea
Sociedad de Hecho».
Conocida claramente la intención de las partes en
materia contractual, «debe estarse a ella más que a lo literal
de las palabras» a la luz del artículo 1618 del Código Civil,
por lo que, independientemente de la denominación que se le
dé al pacto, interesan son «los elementos esenciales que
componen la relación negocial de la cual se deben derivar las
consecuencias jurídicas pertinentes».
En los contratos que celebraron las partes se
encomendó «al demandante» gestionar operaciones
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comerciales del «portafolio de algunos de los productos
fabricados y comercializados por Socoda S.A.», a raíz de lo
cual aquel «inició una serie de acercamientos con diferentes
clientes y propició la celebración de varios contratos en el
período comprendido entre el año 2001 y el 2010», como
certificó la convocada y acompasa con los informes que le iba
rindiendo a ésta.
Frente a la configuración de los elementos esenciales de
la agencia comercial, vistos individualmente, se tiene que en
cuanto a que «se trate de un contrato de intermediación
comercial» de las pruebas se extrae que en el giro ordinario
de los negocios del «demandante» estaba la «intermediación
comercial y la celebración de negocios afines, como por
ejemplo el de agencia comercial, sin que sea propicio por ahora
entrar a calificar o tipificar sus labores de intermediación con
Socoda S.A. dentro de alguno de los contratos que usualmente
se celebraba». No obstante, está acreditada «la existencia de
un acuerdo de intermediación comercial entre las partes,
mismo que permitió la conclusión de negocios en los cuales se
fabricó e instaló mobiliario urbano» en el ámbito nacional e
internacional, «así como el suministro de implementos de
acero inoxidable para cárceles y elementos varios en
Venezuela, Panamá y Chile».
En cuanto a la «independencia del comerciante que
realiza los actos de intermediación» y que atiende a la
autonomía de la cual goza para ejercer la representación
comercial de quien ha suscrito el encargo con él, sin que
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llegue a verse como su empleado o dependiente, quedó
establecido que el actor al absolver interrogatorio no
desconoció «su carácter de comerciante independiente, ni se
encontró supeditado a órdenes o directrices impuestas por
Socoda S.A.», máxime cuando conjuntamente con su cónyuge
creó una sociedad de hecho y dispuso de un establecimiento
para el agenciamiento. Por su lado los testigos indicaron que
«el demandante se ha presentado como un comerciante
independiente», desempeñando las actividades desde la
oficina ubicada en su casa y, conforme al dicho de algunos
que laboran para la opositora, «el demandante no hacía parte
de la compañía, no se encontraba vinculada a ella por ningún
vínculo laboral y su relación se limitaba a los contratos
mercantiles enunciados, mismos que le permitían continuar
con negocios con otras sociedades, los cuales redundaban
ֿֿgeneralmente en actos de intermediación y gestión comercial».
Bajo esos supuestos quedó demostrada la calidad de
comerciante independiente, aunque sea un elemento «propio
de otras modalidades de intermediación».
La estabilidad en la relación mercantil y en el encargo,
entendida como la prolongación en el tiempo y la continuidad
de los negocios, «sin que pueda llegar a exigirse un número
determinado de contratos durante un período específico», pues
afectaría la independencia, quedó probada al extenderse por
más de diez años la ejecución del «outsourcing en gestión
comercial de ventas» que propició la celebración de contratos
de envergadura e implicaron la participación en licitaciones
y contratación con el Estado, existiendo un constante cruce
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de comunicaciones entre las partes y llamadas relacionadas
con las negociaciones y el cobro de comisiones, además de la
celebración de múltiples contratos «fruto de la apertura de
mercado que consiguió José Ignacio Pérez», todo lo que ocurrió
«en el interregno entre 2001 y 2012, fecha en que Socoda S.A.
puso fin al contrato» por comunicación donde se anunció que
no habría prórroga.
Atinente a la actividad desplegada por el promotor,
según el fallo de la Corte que se citó, el elemento que
caracteriza la agencia comercial como una modalidad del
mandato es la «representación del agenciado, al punto de
llegar a obrar a nombre y por cuenta suya, facultándose para
la celebración de contratos», lo que lo distingue del corredor
«quien se limita a la aproximación de quienes harán parte del
convenio, pero sin tomar una posición en el mismo». En este
caso Pérez Rivas manifestó que «su labor no trascendía hacia
la representación de la sociedad demandada en la celebración
efectiva del negocio, limitándose al acercamiento de las
partes», como lo ratificaron los terceros, por lo que «resulta
imperioso concluir que la labor de José Ignacio Pérez Rivas se
limitó a la intermediación comercial entre las futuras partes
contratantes, directamente o por licitación, sin que su gestión
trascendiera hacia la culminación del negocio, toda vez que
carecía de facultades de representación» y no comprometía el
criterio de la contradictora, tampoco podía «concretar
propuestas, presentar ofertas, enviar cotizaciones, exhibir
muestrario o publicidad de la demandada y, en general,
participar activamente en la etapa contractual».
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Sin entrar a calificar la existencia de contrato de
corretaje o cualquier otro de intermediación entre las partes,
porque no es ese el objeto del pleito, resulta determinante
que «el demandante no gozaba de facultades de
representación», toda vez que se «limitó a la consecución de
clientes y a la apertura de mercado, objeto para que en última
instancia fue contratado, para lo cual gozó de la remuneración
pactada de acuerdo con los contratos que para efecto se
celebraron, mismos que en el tiempo se iban formalizando».
La carencia de dicho elemento conlleva a desestimar las
súplicas, sin entrar a discutir lo concerniente «al ramo y al
sitio exclusivo determinado de la ejecución de los negocios»,
pues «el demandante se dedicó a conseguir clientes a lo largo
del territorio nacional e, inclusive, en el exterior, sin que
puedan atribuirse sus funciones a una zona determinada
donde haya abierto el mercado para la comercialización y
distribución de los productos de Socoda S.A.», por lo que se
confirma la determinación de primer grado.
Superado el tema de la agencia y para abarcar la
totalidad de puntos de disconformidad anunciados al
interponer la alzada se aborda el estudio del enriquecimiento
sin causa, así no lo reiterara al sustentar con posterioridad,
el cual tampoco se configura porque «el demandante tenía
otra vía o medio judicial idóneo para reclamar el pago de las
sumas de dinero instrumentalizadas en las facturas, sobre
todo en aquellas donde se presentaron un retardo injustificado
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o mora en el pago de sumas de dinero que se encontraban
previamente acordadas entre las partes», siendo que las
comisiones se originaban en el contrato de intermediación y
la «hipotética mora o retardo no adolece de causa, sino que en
el evento de presentarse generan como consecuencia el cobro
de intereses moratorios a través de la vía judicial pertinente
que no es el enriquecimiento sin causa».
V.- RECURSO DE CASACIÓN
Los gestores formularon dos cargos, el primero
aduciendo que el fallo fue dictado en un juicio viciado y el
cual se despachó adversamente.
El segundo denunció la violación directa de los artículos
1317, 1262 inciso segundo, 1266 y 1321 del Código de
Comercio, por interpretación errónea de los dos iniciales y
falta de aplicación de los restantes, al incluir como exigencia
dentro del supuesto de la actividad desplegada por el agente
la representación del agenciado, cuando al constituir una
modalidad de mandato puede conllevarla o no, fuera de que
la gestión puede desarrollarse a nivel nacional e
internacional.
VI.- SENTENCIA DE CASACIÓN
Al desatar la impugnación extraordinaria en CSJ
SC3712-2021 de entrada, se advirtió que
[l]a impugnación fue propuesta por el apoderado del extremo activo
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compuesto por los prenombrados, y en esa medida fue admitida y
sustentada; sin embargo, esta sentencia solo cobija al primero,
pues el Tribunal estimó que la segunda no tenía legitimación en la
causa por activa al no encontrar que efectivamente hubiese
intervenido en las actividades invocadas como constitutivas de
agencia comercial, sin que la demanda que ahora se estudia
contenga algún ataque tendiente a desvirtuar esa motivación que,
por lo tanto, resulta intangible en esta sede.
Ya al entrar a analizar la segunda censura, que salió
avante, se precisó frente al primer punto de inconformidad
del embate que la agencia comercial está contemplada dentro
de las normas que regulan el mandato en el estatuto
mercantil y «en líneas generales, su definición se adecúa a la
que de este contrato trae el artículo 1262 idem, en la medida
que resulta indiscutible que el agente “se obliga a celebrar o
ejecutar” una pluralidad de “actos de comercio por cuenta de
otra” persona», de allí que deba tomarse en cuenta el segundo
inciso de dicha norma que admite su ejercicio con o sin
representación, cobrando relevancia la voluntad del
mandante «ora porque tenga la intención de conferir la
representación y así lo manifieste mediante un instrumento
llamado poder, o porque conforme a las costumbres
comerciales o por su culpa haya dado motivo para creer que
existe, caso último en el que recibe el nombre de “aparente”
(art. 842 ejusdem)».
Centrados al tema concreto se concluyó que «la agencia
comercial solo podría tener la representación como elemento
esencial si su reglamentación específica así lo contempla,
pues, en caso contrario, conservaría intactas las opciones
propias de la regulación que la enmarca», máxime cuando el
artículo 1317 del Código de Comercio que la contempla
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«ratifica de manera concreta para este tipo de intermediación
la opción de que el “agente”, como genéricamente se conoce al
gestor en este contrato, obre en esa simple condición o como
“representante”, lo cual indica justamente que puede o no
llevar esa vocería calificada», la cual «queda circunscrita
nuevamente a que de manera efectiva el empresario se la
otorgue voluntariamente o dé motivos para creer que lo hizo»,
de ahí que «no puede predicarse que sin representación no
existe agencia comercial, pues bien puede darse o no».
Para el caso concreto se advirtió que el Tribunal incurrió
en la infracción directa cuando, «al examinar “la actividad
desplegada por el agente”, centró su atención en el aspecto
que a su juicio constituye el “elemento fundante” de la agencia
comercial, consistente en “la representación del agenciado”»,
fijando «como presupuesto básico de la agencia uno que la ley
sustancial no contempla y al no hallarlo acreditado desechó
las aspiraciones de José Ignacio Pérez Rivas».
En lo tocante al desacuerdo por el marco geográfico
para la celebración de negocios, se precisó que el «suelo patrio
constituye el límite geográfico en el que se ejecuta la agencia
comercial regulada en el Código de Comercio» a la luz del
citado artículo 1317, en concordancia con el artículo 1328 de
dicha compilación, que son «el desarrollo palpable de lo
establecido en el Tratado sobre Derecho Civil Internacional y
Derecho Comercial Internacional de Montevideo (1888-1889),
aprobado en Colombia mediante la Ley 33 de 1992», por lo
que «quedan excluidos de la preceptiva mercantil nacional los
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contratos de agencia comercial cuya ejecución tenga lugar en
un país extranjero; en otras palabras, sus partes no quedan
cobijadas por los derechos y obligaciones que se derivan de la
legislación nacional», con la advertencia de que «la limitante
se refiere exclusivamente a los quehaceres de promoción
ejecutados en otro país; por lo mismo, deja fuera los que
tengan origen en Colombia, pero con repercusión en el exterior,
como podría ser la adquisición en el suelo patrio de bienes
para ser exportados».
Adicionalmente, la previsión normativa de que «el
agente cumple su encargo en “una zona prefijada” del
territorio patrio (…), no constituye requisito esencial para la
existencia de la agencia comercial» y es supletoria. Su
finalidad práctica deriva de lo dispuesto en los artículos
1318, 1319 y 1321 del Estatuto Mercantil «que fijan la
posibilidad de que, en relación con el área establecida, las
partes pacten que el agenciado pueda servirse de agentes
diferentes al contratado, que éste no está habilitado para
obrar a favor de otros empresarios y que se halla obligado a
rendir informes sobre las condiciones del mercado», en tal
razón, «si las partes no prevén esa acotación, debe
comprenderse que la labor puede desarrollarse en todo el
territorio nacional y que en ese marco geográfico es que operan
las mentadas limitaciones y obligaciones», de allí que «no
existe objeción alguna a que la labor del agente se haya
realizado en toda Colombia»
Para finalizar, se concluyó que como en esta
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
23
oportunidad no se formularon reparos a los elementos de la
agencia comercial consistentes en «estabilidad, autonomía,
remuneración, “encargo de promover o explotar negocios” y
actuación por cuenta ajena, ni la Corte los encuentra, se hace
imperativo el quiebre de la sentencia para, en su lugar, emitir
la de reemplazo que desate el recurso de apelación propuesto»,
previa práctica de experticia a fin de calcular la cesantía
comercial a reconocer.
VII.- CONSIDERACIONES
Presupuestos de la agencia comercial:
Como se recordó en la mencionada CSJ SC3712-2021
que da lugar a la presente decisión sustitutiva, en lo que se
refiere a la agencia comercial,
(…) la Corte ha decantado como presupuestos básicos de este
contrato de cooperación, sin cuya concurrencia podría derivar en
otro diferente, típico o atípico según la ley lo discipline o no: i) el
encargo de promover o explotar negocios, en virtud del cual el
agente se obliga a conseguir, ampliar o reconquistar un mercado
para los bienes y servicios que produce o presta el empresario; ii)
la independencia, conforme a la cual, aquel ejecuta su labor como
comerciante autónomo, lo que mejor se entiende al cotejarla con
una relación subordinada, sin que ello signifique que no deba
obrar “al tenor de las instrucciones recibidas” y rendir “las
informaciones relativas a las condiciones del mercado en la zona
asignada, y las demás que sean útiles a dicho empresario para
valorar la conveniencia de cada negocio”; iii) la estabilidad, con lo
que se destaca su continuidad o permanencia en el tiempo,
mediante la gestión de una pluralidad de actos de comercio, sin
perjuicio de las metas establecidas; iv) la remuneración, es decir,
la contraprestación percibida a cambio de la labor desempeñada,
que puede adoptar múltiples modalidades, siendo la comisión una
de las más comunes; y v) la actuación por cuenta ajena, cuya
esencia radica en que el beneficio o detrimento recaen única y
exclusivamente sobre el patrimonio del empresario, quien al final
se hace dueño de la clientela y como retribución debe reconocer la
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
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“cesantía comercial”, equivalente al 12% del promedio de las
comisiones recibidas en los tres últimos años de vigencia del
acuerdo multiplicado por los que duró o fracción.
Así mismo, se precisó que la representación del
agenciado puede o no estar convenida en el acuerdo, de allí
que la ausencia de la misma no deviene en la inexistencia del
contrato de agencia. Igual acontece con el marco territorial
donde puede ser ejercido por el agente, puesto que en caso
de no convenirse una delimitación geográfica en el suelo
patrio eso no le restaría valor al pacto, sino que permitiría su
desempeño en todo el ámbito nacional.
Todas esas apreciaciones fueron reiteradas en CSJ
SC5683-2021, SC049-2023, SC155-2023 y SC350-2023, lo
que denota una consistencia jurisprudencial sobre la
materia, reforzada con los más recientes pronunciamientos
sobre los dos últimos tópicos expuestos en el párrafo
anterior.
Aspectos indiscutidos en casación y no
afectados por el fallo proferido.
La casación del fallo de segundo grado obedeció a una
equivocada hermenéutica normativa del Tribunal al analizar
dos supuestos de éxito de las pretensiones de los gestores,
pero eso no significa que se desatiendan las consideraciones
frente a las cuales ninguna discordancia expusieron los
opugnadores.
Es así como en la CSJ SC3712-2021 se advirtió la
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
25
inmutabilidad de las precisiones sobre la falta de
legitimación por activa de Gloria Estela Zea de Pérez, no
obstante que tenga conformada sociedad de hecho con José
Ignacio Pérez Rivas y en virtud de la misma cuenten con el
establecimiento de comercio “Perezea Soc”, apreciaciones
que, independientemente de que se compartan o no, fueron
aceptadas por los objetores al no denunciar desafueros sobre
el particular y que implican que cualquier condena solo
beneficia a Pérez Rivas.
Tampoco existen reparos de ninguna de las partes a la
calificación sobre la presencia de varios elementos que,
aunque comunes a diferentes relaciones de distribución,
podrían llevar a la conclusión de que los ató una agencia
mercantil, como son que «se trate de un contrato de
intermediación comercial», esto es, el encargo de promover o
explotar negocios; la «independencia del comerciante que
realiza los actos de intermediación»; la estabilidad del vínculo
y el pago de comisiones, todo lo cual permanece inmutable,
sin que sea necesario profundizar al respecto.
Presencia de los supuestos de la agencia
comercial en la relación existente entre José Ignacio
Pérez Rivas y Socoda S.A.
En esta oportunidad, como se ha venido recordando,
quedó descartado que la falta de representación de la
sociedad por Pérez Rivas cerrara el paso a sus aspiraciones
primordiales, pero conserva validez que al estudiar «la
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26
actividad desplegada por el agente», se tuviera por probado
el «encargo de promover o explotar negocios» al constatarse
que el gestor facilitaba «el acercamiento de los futuros
contratantes, visualizaba posibilidades de negocio, propendía
por la consecución de nuevos clientes, de acuerdo con la
capacidad de producción de Socoda S.A. y, en general,
facilitaba la gestión comercial de la compañía» y que
desplegaba actividades tenientes a «conseguir contactos y
clientes y a la apertura de mercado».
Tal deducción es suficiente para dar por establecido que
la actividad desplegada por José Ignacio Pérez Rivas fuera
por cuenta ajena, con una participación activa para que se
concretaran transacciones entre Socoda S.A. con clientes
contactados por aquel, puesto que las mismas se llevaron a
cabo y se le reconoció la correspondiente contrapartida por
su efectiva gestión, como se extrae de la apreciación del
material suasorio, cuyo contenido, en efecto, informa del
presupuesto en mención.
Es así como la «Carta convenio de gestión comercial en
ventas» de 9 de febrero de 2000 previó que el «gestor comercial
bajo sus expensas sufragará y promocionará dentro del
territorio nacional las cabinas telefónicas para la firma
Telepúblicos E.S.P., los paraderos de buses según diseño
Mobiliario urbano, contratos directos con el IDU y
Transmilenio», mientras que en los contratos de «outsourcing
en gestión comercial de ventas» suscritos el 5 de junio de
2001, el 29 de octubre de 2003 y el 25 de febrero de 2005,
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27
Socoda S.A. quedó facultada Perezea Soc., «para que gestione
operaciones comerciales nacional e internacionalmente»
conforme el portafolio de productos que allí se estableció.
Eso aunado a la comprobación de la independencia con
que obró José Ignacio Pérez Rivas, quien ejercía actividades
propias de un agente desde su propia oficina, así fuera por
medio de facturación a nombre de Perezea Soc y que
corresponde a un establecimiento de comercio en el cual
figuraba como copropietario en sociedad de hecho5,
conclusión que confirman los documentos y los testimonios,
destacándose entre estos últimos los de los trabajadores de
Socoda S.A., a lo que se suma que en los convenios escritos
se contempló expresamente la autonomía con que el mismo
podía obrar.
Otro tanto se puede afirmar respecto a la continuidad
de la gestión, pues fácilmente se comprueba que comenzó
con el contrato suscrito el año 2000 y se mantuvo vigente con
los posteriores, todos los cuales estarían cohesionados por la
identidad de objeto de «gestión comercial de ventas» y que, en
esencia, apuntan a la constitución de una agencia comercial.
Asimismo, su ejercicio tuvo múltiples expresiones
prácticas que se evidencian con el intercambio de
comunicaciones y correos electrónicos, así como en la
celebración de contratos entre Socoda S.A. y otros
particulares que a su vez dieron pie para la expedición de
5 Fl 232 cno. 1.
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facturas tendientes al recaudo de las correspondientes
comisiones, extendiéndose hasta el 24 de febrero de 2012
cuando llegó la fecha de vencimiento de la última prórroga y
toda vez que esa sociedad comunicó por escrito que no existía
la voluntad de prorrogar el vínculo, con antelación6, frente a
los desacuerdos insolutos ante el centro de conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá el 15 de noviembre de 20117.
Sin duda, el requisito de la remuneración se encuentra
suficientemente demostrado, partiendo de los contratos de
outsourcing que se arrimaron, en donde se previó el pago de
comisiones y ameritaron la expedición de facturas de venta
para hacer efectivo su cobro, las cuales fueron satisfechas tal
como lo admitieron ambas partes, tanto en el hecho quince
del libelo como en el pronunciamiento en la contestación
sobre el mismo8.
Tales previsiones, conforme a las reglas de
interpretación propias de los contratos, sin duda perfilan la
existencia del objeto típico de la agencia comercial, pues dan
clara cuenta del encargo de promover los productos ofertados
por Socoda S.A., así le quisieran dar otro ropaje que ni
siquiera encaja dentro de algún contrato típico y, a pesar de
que se les quisiera dar una connotación civil en las cláusulas
segundas de los convenios firmados el 29 de octubre de 2003
6 Fl 363 cno. 1.
7 Fl 1 cno. 1.
8 Fls253 y 315 1 cno. 1.
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
29
y el 25 de febrero de 20059, estando relacionados con
actividades netamente mercantiles.
Esas apreciaciones resultan ratificadas por el desarrollo
práctico que tuvieron dichos acuerdos, del que dan cuenta
los testimonios de Jhon Jairo Penagos Eastman, Mauricio
Betancourt, Edilson Ardila, Jorge Weiman Durango
Rodríguez, Camilo de San Nicolás de Tolentino y Lina María
Castañeda.
También lo resalta la certificación de 18 de mayo de
2010 en el sentido que «José Ignacio Pérez, representante
legal de Perezea sociedad de hecho, ha desarrollado para
Socoda desde hace 10 años la promoción y gestión comercial
de nuestros productos en el país y en el exterior», añadiendo
que «[s]u gestión ha logrado hasta la fecha la consecución de
ingresos por $29.575.246.390,oo»10.
Que el agente no hubiese tenido la experticia para
presentar uno a uno los productos, como exponen algunos
testigos, no da lugar a descartar su labor de promoción del
portafolio asignado, en cuanto esta tarea puede tener
diversas manifestaciones y no se exige para su configuración
una modalidad específica, máxime si se advierte que aparece
realizada dentro de los límites que las partes esbozaron
dentro su autonomía configurativa.
9 Fls 8 y 14 cno. 1.
10 Fl 20 cno. 1.
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
30
Postulados de la agencia mercantil frente a la
contratación pública.
De vuelta a los presupuestos que son de la entraña de
la agencia, es preciso advertir que los mismos constituyen un
amplio marco en el que caben diversas manifestaciones
prácticas, de acuerdo con la naturaleza de los productos y
servicios ofrecidos y las expectativas y necesidades
mercantiles del empresario, así como las estrategias que el
agente implementa para el cabal cumplimiento del encargo
de consecución, ampliación o reconquista de clientela; por
tanto, su existencia o inexistencia no pueden establecerse a
priori, sino en concreto, a partir del examen del material
suasorio.
En esa labor las convenciones de las partes constituyen
el referente primario de la manera como quisieron vincularse,
en cuya interpretación, calificación e integración entran en
juego las reglas del Código Civil que privilegian la intención
que tuvieron más allá de la literalidad de sus palabras, el
sentido en que las cláusulas produzcan efectos al que
resulten inanes, el entendimiento que mejor cuadre con la
naturaleza del acuerdo y la interpretación sistemática
mediante la cual el todo se explica por la fracción y viceversa.
De manera especial, en punto a las cláusulas de la
agencia comercial se hace patente la necesidad de examinar
«la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes,
o una de las partes con la aprobación de la otra parte», de
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
31
conformidad con el inciso final del artículo 1622 del Código
Civil, cotejo que podría llevar a cualquiera de los siguientes
resultados: i) que se estableció un acuerdo de esa índole y así
se materializó; ii) que no se perfiló como tal, pero en la
práctica adquirió esa naturaleza, aunque fuera en parte; y iii)
que se delineó de esa forma, pero la actividad se desvió hacia
otra figura. Salvo esta última eventualidad, en las dos
iniciales se deben reconocer su existencia y consecuencias,
así sea en concurrencia con otras figuras negociales.
En tal sentido, en CSJ SC 19 dic. 2011, rad. 2000-
01474-01
(…) es conocido que el proceso interpretativo, entendido en un
sentido lato, comprende las labores de interpretación, calificación
e integración del contenido contractual. Es la interpretación una
labor de hecho enderezada a establecer el significado efectivo o de
fijación del contenido del negocio jurídico teniendo en cuenta los
intereses de los contratantes; la calificación es la etapa dirigida a
determinar su real naturaleza jurídica y sus efectos normativos; y
la integración es aquél momento del proceso que se orienta a
establecer el contenido contractual en toda su amplitud, partiendo
de lo expresamente convenido por las partes, pero enriqueciéndolo
con lo que dispone la ley imperativa o supletiva, o lo que la buena
fe ha de incorporar al contrato en materia de deberes secundarios
de conducta, atendiendo su carácter de regla de conducta -lealtad,
corrección o probidad-.
Específicamente, la calificación del contrato alude a aquel
procedimiento desarrollado para efectos de determinar la
naturaleza y el tipo del contrato ajustado por las partes conforme
a sus elementos estructurales, labor que resulta trascendental
para establecer el contenido obligacional que de él se deriva. Allí
será necesario, por tanto, distinguir los elementos esenciales del
contrato de aquellos que sean de su naturaleza o simplemente
accidentales. Para llevar a cabo la labor de calificación, el juez
debe determinar si el acto celebrado por las partes reúne los
elementos esenciales para la existencia de alguno de los negocios
típicos y, si ello es así, establecer la clase o categoría a la cual
pertenece, o, por el contrario, determinar si el acto es atípico y
proceder a determinar la regulación que a él sea aplicable.
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
32
Por tanto, la calificación es una labor de subsunción del negocio
jurídico en un entorno normativo, fruto de lo cual se podrá definir
la disciplina legal que habrá de determinar sus efectos jurídicos.
Es evidente, claro está, que en la labor de calificación contractual
el juez no puede estar atado a la denominación o nomenclatura
que erróneamente o de manera desprevenida le hayan asignado
las partes al negocio de que se trate, por lo cual es atribución del
juez preferir el contenido frente a la designación que los
contratantes le hayan dado al acuerdo dispositivo (contractus
magis ex partis quam verbis discernuntur), ya que, como se
comprenderá, se trata de un proceso de adecuación de lo
convenido por las partes al ordenamiento, en la que, obviamente
la labor es estrictamente jurídica.
Sin desconocer la amplia libertad con que gozan las
partes para configurar sus negocios jurídicos, es preciso
recordar que al tenor del artículo 16 del Código Civil «[n]o
podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya
observancia están interesados el orden y las buenas
costumbres», de tal forma que cuando ello acontezca la
judicatura no podrá reconocer efecto alguno a las cláusulas
que los contradigan o la convención misma, si la transgresión
es tan grave que la afecta in radice. En la materia estudiada,
esa contravención puede darse en las estipulaciones, en el
desarrollo práctico que las partes les dieron o en ambas
circunstancias.
En ese marco se pueden identificar situaciones en las
que las disposiciones que gobiernan la agencia comercial
deben contrastarse con otras esferas del derecho, como
acontece con los negocios que involucran la contratación
estatal, cuya reglamentación se encuentra contenida de
manera principal en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 200711,
11 Ambas vigentes para la época de los hechos.
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
33
comoquiera que en los mandatos constitucionales, los
postulados generales del derecho administrativo y los
particulares de la materia, campean principios como los de
igualdad, imparcialidad, libre concurrencia, moralidad,
buena fe, transparencia y selección objetiva, sobre los que la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en sent. 29 ago. 2007 exp.
850012331000030901, llamó la atención bajo el entendido
que
(…) las entidades públicas están obligadas a respetar los
principios que orientan la actividad contractual, no sólo cuando la
selección del contratista se cumple mediante el procedimiento de
la licitación o concurso públicos, sino también cuando se adelante
a través de la modalidad de contratación directa, puesto que esta
forma de escogencia del contratista, debe obedecer por igual a
criterios objetivos y de interés general, con el fin de que el
ofrecimiento seleccionado sea el más beneficioso para la entidad,
sin que sea posible que los funcionarios encargados de la
contratación, de manera discrecional, se eximan de su aplicación
y procedan a seleccionar el contratista movidos por razones de
índole subjetiva o de interés o conveniencia particular.
Semejantes postulados exigen que la participación de
los agentes comerciales en el proceso de contratación estatal
sea prístina y esté debidamente decantada, sin que sea de
recibo cualquier tipo de gestión oculta, para que trascienda
los alcances de una mera labor de corretaje12 en virtud de la
cual la actividad del intermediario solo es de conexión, sin
incidencia en los trámites licitatorios y de adjudicación o de
contratación directa.
12 De conformidad con el artículo 1340 del Código de Comercio «[s]e llama
corredor a la persona que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como
agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin
de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de
colaboración, dependencia, mandato o representación»
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
34
En otras palabras, la actuación del agente comercial en
la contratación estatal debe estar anunciada de tal manera
que las entidades públicas tengan claridad del título en que
intervienen los contratistas, a fin de que cumplan las
exigencias del artículo 23 de la Ley 80 de 1993, en virtud del
cual «[l]as actuaciones de quienes intervengan en la
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los
principios de transparencia, economía y responsabilidad y de
conformidad con los postulados que rigen la función
administrativa».
Lo dicho aplica estrictamente cuando esa tarea de
acercamiento se orienta al establecimiento de vínculos
mercantiles entre el empresario y la entidad pública; por el
contrario, tales precisiones no operan cuando se encamina a
relacionarlo con otro particular que haya contratado con el
Estado porque, en realidad, la eventual relación sería de
índole meramente privada.
Excepciones esgrimidas por la opositora.
Desvirtuados los argumentos que llevaron al a quo a
negar las pretensiones principales, es menester entrar a
analizar las defensas planteadas por la contradictora, que se
abordarán por unidad temática y en un orden lógico,
advirtiendo la irrelevancia del estudio de la «falta de
legitimación en la causa por activa»13, que se predica
13 Fls. 324 y 325 cno. 1.
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respecto de Gloria Stella Zea de Pérez, en la medida que dicha
situación se tuvo por establecida de entrada en el fallo del
Tribunal que fue casado, pero sin que se afectaran las
precisiones sobre ese particular, por lo que se declarará
probada.
Defensas relacionadas con la negativa a
reconocer la naturaleza del nexo cuya declaratoria
persigue José Ignacio Pérez Rivas.
El primer reparo por «inexistencia de agencia
comercial»14 se hizo consistir en que Socoda jamás encargó
«promoción o explotación de negocios, es decir, la conquista de
mercados para sus productos en ninguna zona del territorio
nacional»; los productos para amoblamiento urbano «se
concretan de acuerdo con el interés que tienen los entes
públicos en cada caso particular, de acuerdo a licitaciones
públicas y no se trata de productos genéricos y marcados que
puedan identificarse para realizar una agencia comercial»;
tampoco cumple con los supuestos de «estabilidad y
permanencia», pues «lo que se daba era una serie de actos
promoción de contratos de forma ocasional y esporádica a
través del tiempo».
Por su lado, el tercero denominado «falta de causa
para las prestaciones finales que reclaman»15 se basó en
que entre los litigantes «no hubo agencia mercantil, no hubo
14 Fls. 322 y 323 cno. 1.
15 Fl. 324 cno. 1.
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encargo para conquistar mercados, no se conquistó ningún
mercado, no se acreditó ninguna marca o producto»¸ por lo que
«no hay lugar a las prestaciones que señala el artículo 1324
del Código de Comercio para los agentes mercantiles, cuando
se termina el contrato».
Ambos razonamientos quedaron desvirtuados con el
análisis preliminar sobre la presencia de cada uno de los
elementos de la agencia comercial para demarcar su
presencia en esta oportunidad, sin que se ofrezcan
argumentos de peso que obliguen a escudriñar más allá de
lo que se expresó de entrada, retomando aquellos aspectos
que dio por establecidos el Tribunal, esto es, el encargo de
promover o explotar negocios, la independencia del
comerciante que realiza los actos de intermediación, la
estabilidad del vínculo y la remuneración, complementado
con el agenciamiento por cuenta ajena que fue ahondado en
el presente proveído.
Ahora bien, en lo que se refiere a las negociaciones
vinculadas a «licitaciones públicas», como se precisó con
antelación, quedan por fuera de la órbita de relaciones de la
naturaleza pretendida aquellas asumidas por Socoda y que
encajan en el marco de la contratación pública, ya fuera
producto de adjudicación en licitaciones o por contratación
directa, sin que se acreditara una participación directa y
revelada como agente de José Ignacio Pérez Rivas en tales
procesos.
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Tal exposición no significa que la estipulación de
«gestión comercial de ventas» en relación con «contratos
directos con el IDU y Transmilenio», según consta en la «carta
de convenio de gestión comercial de ventas» de 9 de febrero de
200016 o «contratados por el Estado, municipios o compañías
de composición mixta», al tenor de los acuerdos posteriores
firmados el 5 de junio de 2001, 29 de octubre de 2003 y 25
de febrero de 200517 demerite la existencia de la agencia
mercantil respecto de las negociaciones que se hicieran con
las restantes sociedades de naturaleza privada, puesto que
nada riñe que simultáneamente se diera esta última
concomitantemente con el reconocimiento de comisiones por
el acompañamiento en los procesos de contratación pública,
que derivaría en otro tipo de convención como sería el
corretaje y que no incidirían en las partidas a reconocer a la
culminación de aquella.
En ese sentido fue enfática la CSJ SC5683-2021 al
resaltar como
[t]odos los fallos de la Corporación sobre el tema concuerdan en
que el éxito de las reclamaciones judiciales relacionadas con la
existencia del contrato de agencia comercial, ya sea porque así lo
convinieron expresamente las partes mediante estipulaciones
escritas, independientemente de la denominación que le hubieran
dado y sin que para evidenciarlo sea necesario solicitar la
simulación de aquellos con los que se busca disfrazarlo, o si es el
producto de un comportamiento permanente que da lugar a la
configuración de una agencia de hecho, depende de que se
demuestre la confluencia de los elementos constitutivos extraídos
del artículo 1317 del Código de Comercio y que como se memoró
en SC3712-2021, al reiterar lo expresado en SC2407-2020 y
SC4858-2020, consisten en (i) un encargo de promover o explotar
negocios, (ii) independencia y estabilidad del agente, (iii)
16 Fls. 3 y 4 cno. 1.
17 Fls. 5 a 17 cno. 1.
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38
remuneración del agente y (iv) actuación por cuenta ajena.
De igual manera, se ha vislumbrado la posibilidad de que los
pactantes convengan la incursión del agenciado en la zona
convenida para que el desarrollo de la actividad del agente, eso sí,
con el consecuente reconocimiento a éste de la correspondiente
retribución; así como que pueda concurrir la «agencia
comercial» con otros acuerdos de intermediación, sin que
lleguen a confundirse, puesto que el resarcimiento que
convengan para cada uno de ellos no trasciende a la esfera
de los otros en lo que respecta a las partidas
compensatorias y de indemnización que correspondan
dentro del régimen que les sea aplicable. Adicionalmente, se
excluye al contrato atípico de «agencia de seguros» del marco
regulatorio de la «agencia comercial» por obedecer a diferentes
tipos negociales. -se resalta-
Sin embargo, lo anterior no da lugar a declarar la
prosperidad parcial del cuestionamiento sino a delimitar los
alcances y efectos del nexo que se pide declarar.
En cuanto a las «prestaciones que señala el artículo 1324
del Código de Comercio», las cuáles son de índole diversa al
comprender dos partidas escindibles, de un lado la cesantía
comercial exigible en favor del agente por el mero hecho de la
terminación del vínculo y del otro la indemnización por
finiquito injustificado de alguna de las partes, al darse por
constatada la existencia de la agencia comercial existe mérito
para reconocer la primera, toda vez que ni siquiera se adujo
que fuera renunciada, mientras que la segunda no fue
discutida dentro de las reglas que rigen el vínculo de que se
trata y su ordinaria culminación, sino de la ausencia de un
convenio de tal categoría.
Valga recordar, como se indicó en CSJ SC5682-2021,
que
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39
(…) se han fijado pautas diferenciales entre la «cesantía comercial»
y la indemnización por culminación unilateral injustificada, ya que
a la primera solo tiene derecho el agente, puede programarse
convencionalmente su pago, es indexable y susceptible de
renuncia al cese del vínculo, mientras la última puede ser
reclamada por cualquiera de los contratantes a quienes les
corresponde demostrar que no existió justa causa para ello y los
perjuicios que se derivan del irregular proceder (…).
Conforme a lo expuesto, se desecharán tales
planteamientos con los que se perseguía enervar el éxito de
la acción. De todas maneras, la indemnización por
terminación unilateral será retomada más adelante en el
aparte pertinente.
Prescripción.
Insistiendo en que «no ha existido una relación comercial
estable de ningún tipo, mucho menos de agencia comercial»,
en la medida que se «han presentado diferentes
intermediaciones esporádicas y para ciertos asuntos
concretos y determinados, unas veces de lobby, otras de
intermediación, a veces de simple información», que fueron
liquidados y pagados oportunamente, concluye la opositora
con que las «acciones para reclamar prestaciones o eventuales
indemnizaciones que no se deben ya estarían prescritas para
muchas de ellas, artículo 1329 del Código de Comercio» al
haber transcurrido más de cinco años y de aceptarse que
entre los litigantes surgió «agencia, que no la hubo entre las
partes, ya estarían prescritas las acciones para reclamar por
tales operaciones»18.
18 Fls. 325 y 326 cno. 1.
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
40
Dejando de lado la discusión superada sobre la
ausencia de agencia mercantil entre José Ignacio Pérez Rivas
y Socoda S.A., se analiza la figura extintiva al tenor de lo
preceptuado por la norma referenciada, al prever que las
«acciones que emanan del contrato de agencia comercial
prescriben en cinco años», sin que en los términos como fue
delineada la litis se configure dicho fenómeno.
Como la primera aspiración primordial consistió en
declarar que entre los involucrados «se celebró un contrato de
agencia comercial desde el nueve de febrero de dos mil (2000)
y hasta la presente, contenido en cuatro documentos
privados», eso quiere decir que sólo a partir del 6 de febrero
de 2012, data en que se incoó el libelo, empezaría a computar
dicho lapso que debía consolidarse antes del enteramiento a
la contraparte del auto admisorio de 3 de agosto de 2012, de
no haber operado la interrupción de la prescripción a la luz
del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, modificado
por el 10 de la Ley 794 de 2003, vigentes para esa época, pero
que aconteció en la presente oportunidad por aviso entregado
a la contradictora el 21 de febrero de 2013 y se entendía
surtido al día siguiente.
Lo tempestivo del reclamo y la diligencia en el impulso
del pleito por los accionantes, impidió que siquiera empezara
a transcurrir el plazo extintivo, máxime cuando se encontró
acreditaba la estabilidad de la relación de agencia por su
continuidad y «sin que pueda llegar a exigirse un número
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
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determinado de contratos durante un período específico»,
como lo advirtió el Tribunal en las apreciaciones que
conservan vigencia.
No pasa inadvertido que, al tenor literal de los cuatro
escritos con los que se busca consolidar el verdadero querer
de los intervinientes en el marco de la agencia mercantil,
podría decirse que son discontinuos, pero tal obstáculo fue
debidamente superado al sopesarse los demás medios de
convicción.
Es así como en la «Carta convenio de gestión comercial
en ventas» de 9 de febrero de 2000 se expresó que terminaba
el 31 de diciembre de 2000, pero con la advertencia de que
«será renegociado de común acuerdo en Enero/2001»; el
primer «contrato de outsourcing en gestión comercial de
ventas», suscrito el 5 de junio de 2001, estipuló la
terminación en diciembre 31 de 2001 y que «será renovado
de común acuerdo ente las partes»; el segundo de 29 de
octubre de 2003 previó que se celebraba por «1 año
prorrogable; a partir del día veintiuno (21) del mes de octubre
de 2003» y el último de 25 de febrero de 2005 dispuso que
«se celebra entre las partes por el término de un (1) año
prorrogable» a partir de dicha data19.
Aunque los escritos posteriores al inicial se firmaron en
fechas según las cuales el documento subsiguiente no
19 Fls. 4, 7, 10 y 15 cno. 1.
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
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empata con la culminación prevista en el precedente, de tal
forma que se facilitara la delimitación de una sucesión
ininterrumpida, lo cierto es que en todos ellos se convino la
posibilidad de renegociar, renovar y prorrogar lo convenido,
lo que se materializó de facto al ejecutarse de forma
continuada como lo admitió el representante legal de la
opositora el 18 de mayo de 2010 al certificar que «José Ignacio
Pérez, representante legal de Perezea Sociedad de hecho, ha
desarrollado para Socoda desde hace 10 años -se resalta-
la promoción y gestión comercial de nuestros productos en el
país»20, sin precisar que fuera en virtud de diversas
relaciones contractuales de esa índole, independientes,
durante dicho lapso.
Incluso en el interrogatorio de parte absuelto por el
Gerente de la contradictora, luego de manifestar en
respuesta a la primer pregunta que conocía a José Ignacio
Pérez Rivas y que cuando asumió el cargo «el tenía un contrato
de outsourcing comercial con Socoda», en el siguiente
cuestionamiento sobre «cuánto tiempo perduró la relación
comercial», contestó que «[t]tengo entendido que el primer
contrato entre Socoda y el señor José Ignacio Pérez data
aproximadamente del año 2000, dicho contrato fue cancelado
por Socoda en el año 2012»21.
Sin lugar a dudas la opositora admitió, con la
20 Fl. 20 cno. 1.
21 Diligencia de interrogatorio absuelta el 23 de abril de 2014 y obrante a fl.
7 a 9 cno. 1.
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certificación expedida y las anteriores manifestaciones, que
no existieron diferentes relaciones fraccionadas, sino que los
variados escritos donde se documentó lo convenido entre los
litigantes hacían parte de un mismo convenio que se fue
renegociando, conformando un todo desde su inicio el 9 de
febrero de 2000 y hasta su culminación en 2012. Las
anteriores precisiones son suficientes para desechar la
prescripción de que trata el artículo 1329 del estatuto
mercantil.
Defensas relacionadas con la satisfacción e
incumplimiento de los compromisos asumidos por las
pactantes.
Como segundo medio se propuso la «inexistencia de
incumplimiento contractual por parte de Socoda»22, en
virtud a que las «relaciones de intermediación habidas entre
las partes para obtener información, generaron comisiones o
contraprestaciones que se fueron causando y cancelando a
medida que se concretaban los negocios», de ahí que «ninguna
razón acompaña a los demandantes para reclamar
indemnización».
Por su lado el quinto, denominado «incumplimiento
contractual por parte del demandante»23, se hizo consistir
en que quien desatendió sus deberes fue José Ignacio Pérez
Rivas al obviar el parágrafo cuarto de la cláusula sexta del
22 Fl. 324 cno. 1.
23 Fl. 325 cno. 1.
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«contrato de outsourcing en gestión comercial de ventas» de 25
de febrero de 2005 en el sentido de que con él se daban «por
terminados todos los acuerdos anteriores y se deja claro que
los mismos no podrán ser objeto de prueba en caso de litigio
eventual», ya que los estaba haciendo valer en el debate, fuera
de que «debió demandar también el señor Rafael Cavassa que
firmó igualmente el contrato del 9 de febrero de 2000, por lo
que no existiría una debida integración del contradictorio».
Según se expuso con antelación, el segundo inciso del
artículo 1324 del Código de Comercio consagra el
reconocimiento de una indemnización equitativa en favor del
agente, «como retribución a sus esfuerzos para acreditar la
marca, la línea de productos o los servicios objeto del
contrato», para los eventos en que «el empresario revoque o dé
por terminado unilateralmente el contrato, sin justa causa
comprobada», lo que complementa el tercero para aplicar
igual regla «cuando el agente termine el contrato por justa
causa imputable al empresario», beneficio que se pierde si «es
el agente el que da lugar a la terminación unilateral del
contrato por justa causa comprobada». En adición, el artículo
1327 ibídem dispone que «cuando el agente termine el
contrato por causa justa provocada por el empresario, este
deberá pagar a aquel la indemnización prevista en el artículo
1324».
Frente a esa reparación en CSJ SC 2 jul. 2010, rad.
2001-00847-01, la Corte dio por sentado que
(…) la prestación indemnizatoria contemplada por el inciso
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
45
segundo del precepto, se origina sólo en la hipótesis de terminación
unilateral e injustificada del contrato por el empresario, o con justa
causa imputable a éste por el agente, y es una indemnización
“equitativa” y “retributiva”.
Justamente, la prestación indemnizatoria conforme al sentido
genuino de su expresión, procura reparar un daño singular
atribuible al agenciado, sin excluir otros perjuicios adicionales o
suplementarios, considerando los esfuerzos para acreditar la
marca, línea de productos o servicios, la extensión, importancia y
volumen de los negocios desarrollados, en cuyo caso, como reza el
precepto, además de esta prestación estará obligado al pago de la
otra.
Por supuesto, si el contrato de agencia comercial termina por una
causa imputable al agente y no al empresario, la prestación
indemnizatoria es improcedente. Contrario sensu, en esta
hipótesis, será obligado el agente a reparar los daños.
Independientemente del cumplimiento o no de los
compromisos contractuales por la demandada, lo cierto es
que en la presente oportunidad existen particularidades que
le cierran el paso a cualquier aspiración indemnizatoria con
amparo en el precepto en cita, puesto que para la fecha en
que se promovió el pleito el nexo aún estaba vigente, sin que
alguno de los intervinientes hubiera dado el paso para su
revocación o terminación unilateral y ni siquiera se solicitó
tenerlo por culminado en fecha cierta por los gestores.
Es así como la primera pretensión principal se
encaminó a obtener la declaratoria de que entre los
involucrados en la litis se celebró contrato de agencia
comercial «desde el nueve (9) de Febrero de dos mil (2000) y
hasta la presente, -se resalta- contenido en cuatro
documentos privados», mientras que en forma contradictoria
se pidió en la segunda declarar «que tal convención (…) fue
incumplida de modo sistemático, única y exclusivamente, de
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
46
modo unilateral, por parte de la sociedad demandada, cuyo
incumplimiento dio lugar a la terminación del contrato
por causa atribuible únicamente a la sociedad Socoda
S.A. -negrita ajena al texto-», pero sin precisar cuándo operó
la misma, ni existir alguna alusión fáctica a la toma de una
decisión de finiquito unilateral justificado de su lado o
injustificado de la contraparte, debidamente comunicada.
Ahora bien, como se pidió tener que el acuerdo estaba
«contenido en cuatro documentos privados», entre ellos el
«contrato de outsourcing en gestión comercial de ventas»
firmado el 25 de febrero de 2005, donde se convino en el
parágrafo 4 de la cláusula sexta que «[c]on la firma del
presente contrato se dan por terminados todos los acuerdos
anteriores y se deja claro que los mismos no podrán ser objeto
de prueba en caso de litigio eventual», una correcta lectura de
dicho aparte no significaba que los documentos anteriores
perdieran mérito demostrativo y que ni siquiera pudieran ser
aportados para su valoración en juicio, lo que sería
completamente lesivo de las normas adjetivas que son de
orden público, sino que las estipulaciones que a futuro
regirían la relación serían las consignadas en el último
ajuste, perdiendo relevancia los textos precedentes.
Bajo esa medida, cobra peso que en la cláusula sexta
del último instrumento se pactara en cuanto a la duración
que «[e]ste contrato de Outsourcing en Gestión Comercial de
ventas, se celebra entre las partes por el término de (un) 1 año
prorrogable; a partir del día veinticinco (25) del mes de febrero
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de 2005», lo que complementaron con que «[s]i ninguna de las
partes notificarse por escrito la intención de no renovar el
mismo al cumplirse el tiempo de vigencia, se entenderá
automáticamente renovado por un período igual al pactado
inicialmente» (sic).
A pesar de que usaran indistintamente los términos
«prórroga» y «renovación» en la redacción, lo cierto es que la
intención era aplicar la primera figura, en el entendido que a
posteriori el último clausulado seguiría rigiendo el nexo en
idénticas condiciones por lapsos de doce meses, ante la
ausencia de manifestación en sentido contrario24.
De allí que, al no existir comunicación de alguno de los
pactantes antes del 25 de febrero de 2011, se entiende que
para el 6 de febrero de 201225 estaba vigente la relación, al
menos hasta el 24 siguiente, conforme a lo acordado en el
último escrito de 25 de febrero de 2005.
Pero eso no es todo, al descorrer el traslado la
contradictora allegó como medio de prueba copia de una
epístola calendada 18 de enero de 2012, dirigida a José
Ignacio Pérez Rivas y con una firma de recibido, en la que se
le informaba que «la sociedad Socoda S.A. no está interesada
24 La diferencia de ambos conceptos se extrae de las definiciones que sobre
los mismos trae el DRAE, según el cual la primera acepción de «prorrogar» es
«[c]ontinuar, dilatar, extender algo por un tiempo determinado», lo que repercute en la
inmutabilidad de las condiciones prefijadas; mientras que la de renovar es «[h]acer
como de nuevo algo, o volverlo a su primer estado», que conlleva a un replanteamiento
y cambio de los términos convenidos, que pasan a reemplazarlos o complementarlos.
25 Fecha que se radicó la demanda para su reparto entre los Juzgados Civiles
del Circuito de Bogotá (fl. 285).
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en renovar el contrato y por tal razón, el mismo terminará una
vez venza la prórroga actual, esto es, el próximo veinticinco
(25) de febrero de 2012»26.
Esa misma pieza, acompañada de la guía de envío, fue
incorporada en la diligencia de exhibición de documentos que
se llevó a cabo en las instalaciones de la demandada27 y los
accionantes aceptaron tácitamente que fue recibido al no
cuestionarlo cuando descorrieron el traslado de las
excepciones, ni tachar dicho documento que se afirmaba fue
entregado a persona idónea. Es más, al interrogar al
representante legal de la convocada el apoderado de los
gestores admitió que fue efectivo cuando lo inquirió en el
sentido de que manifestara si era cierto «que el vínculo
comercial que existió entre la parte demandante y Socoda fue
permanente, continuo y estable desde el año 2000 y hasta el
año 2012, cuando Socoda unilateralmente dispuso su
terminación» -se resalta-28.
Quiere decir lo anterior que la culminación de la
relación existente entre Socoda S.A. y José Ignacio Pérez
Rivas, en contradicción a la interpretación que le quiso dar
el agente, obedeció al vencimiento del plazo contractual
expresamente convenido por ellos y sin que existiera ánimo
de prórroga en alguna de las partes, si se observa que el
último citó a su oponente ante el Centro de Conciliación de
26 Fl. 363 cno. 1.
27 Fls. 8 y 9 cno. 7 pruebas parte demandante.
28 Fl. 8 cno. 6 pruebas parte demandante.
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la Cámara de Comercio de Bogotá el 15 de noviembre de
201129 a fin de que le reconociera la cesantía comercial30,
mientras que aquella informó con antelación a una posible
prórroga el ánimo de no continuar con el vínculo, razón por
la cual no existirían motivos para reconocer la partida
indemnizatoria del inciso segundo del artículo 1324 del
Código de Comercio.
Tal escenario no resultaba ajeno al vínculo pretendido,
puesto que nada impedía dentro del ámbito de la libertad
contractual que los interesados convinieran un término
concreto dentro del cual se ejecutaría, con la posibilidad de
prolongarlo de consuno, sin que la estabilidad que lo
caracteriza justifique el desconocimiento de una
manifestación de la voluntad exenta de vicios en el sentido
de que finalizara con la llegada de determinada fecha, como
se recordó en CSJ SC 22 jun. 2011, rad. 2000-00155-01, al
precisar que
(…) la terminación unilateral y anticipada del contrato de agencia,
con sujeción a las reglas contractuales, vgr., a través de los
preavisos pactados, de ninguna manera refleja, per se, injusta
causa para el quebrantamiento del convenio que abra paso a la
indemnización regulada en el inciso 2º del artículo 1324 ibídem,
pues esa modalidad de finalización del acuerdo hace parte de la
suerte del destino contractual, salvo claro está, que las cláusulas
convenidas para esa forma de conclusión de la relación, sean
producto del abuso del derecho de una de las partes, o
consecuencia del desconocimiento del principio de la buena fe,
entre otros eventos, en todo caso, ajenos al debate que aquí nos
ocupa.
Así las cosas, es pertinente resaltar los límites a la estabilidad
29 Según certificación de esa data de la conciliadora (fls. 1 y 2 cno. 1).
30 Fl. 292 cno. 7 pruebas parte demandante exhibición de documentos.
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propia del contrato de agencia comercial, para no confundirla con
perpetuidad que equivocadamente conduzca a crear una excesiva
onerosidad para la parte que voluntariamente decida desligarse
del acuerdo con sujeción a las reglas contractualmente fijadas
para ello (…).
Tema que ya había sido tratado a profundidad en CSJ
SC 20 oct. 2000, rad. 5497, al resaltar que
(…) la estabilidad nunca puede asimilarse a perpetuidad o
permanencia, porque esta característica no se opone a una
vigencia temporal del contrato, por cuanto el artículo 1320 del
Código de Comercio, expresamente consagra como uno de los
contenidos del contrato de agencia “el tiempo de duración” de “los
poderes y facultades” conferidas al agente. De ahí, que
anteladamente se haya dicho que la estabilidad excluye los
encargos ocasionales o esporádicos, pero no la delimitación
temporal del contrato, que la norma antes citada remite a la
autonomía de las partes.
Además, tampoco puede olvidarse que de conformidad con el
artículo 1324 ibídem, “el contrato de agencia termina por las
mismas causas del mandato”, entre ellas “la expiración del
término”, consagrada por el artículo 2189, ordinal 2º, del Código
Civil, que es norma aplicable al mandato mercantil porque el
Código de Comercio en manera alguna reguló un sistema de
terminación del contrato de mandato, como uniformemente lo
predica la doctrina nacional (artículos 2º y 822 del Código de
Comercio). Por supuesto, que el artículo 1325 ibídem, establece un
número taxativo de causales para la terminación unilateral y
justificada del contrato de agencia comercial, unas alegables por
el empresario y otras por el agente, pero sin que ninguna de ellas
excluya la terminación por “la expiración del término” pactado, que
además de constituir una ley del contrato tiene origen en la
voluntad de sendas partes, pues son ellas, quienes dentro del
ámbito de su autonomía y de la libertad contractual, deciden la
estipulación del mismo.
Ahora, además de que el artículo 1320 ibídem, en forma expresa
exige, como ya se anotó, que del contenido contractual haga parte
“el tiempo de duración de las mismas…”, es decir, de “los poderes
y facultades”, lo cual per se supone la legalidad del plazo, pues
éste no se opone a la estructura jurídica-económica del contrato, y
particularmente a la característica de estabilidad y a su ejecución
sucesiva, tampoco cabe acerca del mismo, y por vía de principio
general reproche de ilicitud alguno, salvo, claro está, que para la
fijación del mismo obre alguna intención distinta permeada por el
abuso del derecho o de la posición dominante, que no es el caso,
porque la cláusula que en este evento se hace valer, está muy lejos
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de cualquiera de dichos motivos de responsabilidad, como bien lo
concluyó la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación
de 31 de octubre de 1995 (G.J. 2476, pág. 1269 y ss.), donde
además admitió la procedencia de un término de duración en el
contrato de agencia. De modo que pactar un término de duración,
agregando la viabilidad de la prórroga automática por períodos
iguales, “a no ser que cualquiera de las partes avise a la otra por
escrito con treinta días de anticipación su deseo de darlo por
terminado”, como reza la estipulación séptima del contrato que
origina este proceso, entre otras cosas, cláusula proforma de este
tipo de negociación, antes que verse allí un atentado a la ley, lo
que denota, como lo acota la Corte en la sentencia referenciada, es
una conducta de previsión que impide y aleja el abuso del derecho.
“Es evidente que si, dice la Corte, como ocurre en este caso, como
cláusula accidental de un contrato, se pacta que puede darse por
terminado en forma anticipada, o no prorrogarse por un término
igual al inicialmente convenido, siempre y cuando se dé aviso a la
otra parte contratante con la debida anticipación. Es claro
entonces que el ejercicio por una de las partes de esa facultad, no
puede, ni de lejos constituir abuso del derecho”.
Por último, la posibilidad de que las partes acuerden para la
duración del contrato de agencia un plazo o período de tiempo,
pacíficamente lo admite la doctrina nacional y externa, aunque
esta última, calificando el contrato de agencia como “contrato de
duración”, dada la estabilidad que lo caracteriza, aboga por una
práctica de “plazos largos” prorrogables y aun por contratos “por
término indefinido”, caso en el cual su extinción requiere “de un
preaviso escrito de las partes”. Particularmente Fernando Sánchez
Calero, afirma que “Si no se fijó plazo alguno debe estimarse
admisible la denuncia unilateral del contrato siempre que se
comunique ese propósito a la otra parte con una razonable
antelación” (Instituciones de Derecho Mercantil, pág. 375).
La situación revelada no cambiaba por el hecho de que,
tanto en las diligencias de conciliación extraprocesal como en
el libelo, se adujera un incumplimiento por el lado de la
agenciada «sin ninguna causa válida, con los pagos
respectivos en forma oportuna, esto es, por los términos
taxativamente pactados en los contratos», puesto que no se
comprobó que con antelación a la fecha de culminación de la
última prórroga tuviera la intención el pactante insatisfecho
de dar por terminada abruptamente la relación, como
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consecuencia del referido incumplimiento negocial, y que así
lo hubiera comunicado en forma clara y expresa a su
contraparte, fuera de que tal afirmación no pasó de ser una
mera especulación carente de respaldo.
Según el último «contrato de outsourcing en gestión
comercial de ventas», de fecha 25 de febrero de 2005 y
contentivo del clausulado que a posteriori seguiría rigiendo
el nexo entre las partes, la remuneración y forma de pagó
quedó en los siguientes términos de la cláusula quinta:
Comisión. Socoda S.A. pagará a Perezea una comisión de vetas del
tres por ciento -3.0%-, sobre el recaudo efectivo de las ventas
realizadas sin incluir el IVA u otro impuesto que llegare a
producirse, teniendo presente que de este valor se harán las
respectivas retenciones ordenadas por ley. En caso de que el
cliente haya sido creado por Perezea pero no haya tenido mayor
intervención en las ventas, Socoda pagará una comisión del uno
punto cinco por ciento -1.5%- sobre el recaudo efectivo de las
ventas realizadas sin incluir el IVA u otro impuesto que llegare a
producirse, teniendo presente que de este valor se harán las
respectivas retenciones ordenadas por ley.
En el caso de realizarse el negocio de amoblamiento urbano en la
ciudad de Medellín con la firma Eucol o una de sus filiales o una
filial de Eumex (Eucol, Euchi, Eugua, Eupue, Euven, Eubas, Eucor,
Eudom, Eupal, Eusal, Euam) Socoda S.A. pagará a Perezea una
comisión de venta del dos punto cinco por ciento -2.5%- sobre el
recaudo efectivo de las ventas realizadas sin incluir el IVA u
otro impuesto que llegare a producirse, teniendo presente que de
este valor se harán las respectivas retenciones ordenadas por ley.
En el caso de realizarse un negocio de amoblamiento urbano en la
ciudad de Bogotá con la firma Eucol o una de sus filiales o una
filial de Eumex (Eucol, Euchi, Eugua, Eupue, Euven, Eubas, Eucor,
Eudom, Eupal, Eusal, Euam) Socoda S.A. pagará a Perezea una
comisión de venta del tres punto setenta y cinco por ciento -3.75%-
sobre el recaudo efectivo de las ventas realizadas sin incluir
el IVA u otro impuesto que llegare a producirse, teniendo presente
que de este valor se harán las respectivas retenciones ordenadas
por ley.
En el caso de realizarse el negocios de exportación de
amoblamiento urbano entre Socoda y la firma Eucol o una de sus
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filiales o una filial de Eumex (Eucol, Euchi, Eugua, Eupue, Euven,
Eubas, Eucor, Eudom, Eupal, Eusal, Euam) Socoda S.A. pagará a
Perezea una comisión de venta del dos por ciento -2.0%- sobre el
recaudo efectivo de las ventas realizadas sin incluir el IVA u
otro impuesto que llegare a producirse, teniendo presente que de
este valor se harán las respectivas retenciones ordenadas por ley.
(…)
Parágrafo 2. Este dinero le será consignado a Perezea en la cuenta
Bancaria que indique, dentro de los cinco días hábiles, después
de efectuado el pago por el cliente o el cobro respectivo a la
entidad financiera.31
Como el literal d) de las aspiraciones de condena
buscaba el reconocimiento de la indemnización de perjuicios
«morales y materiales -tanto por concepto de daño emergente
como de lucro cesante-», causados «con ocasión del
incumplimiento del contrato
de agencia comercial, en razón de
la mora en el pago oportuno de las varias facturas
presentadas a lo largo de la ejecución del contrato y la falta
de pago de algunas comisiones, cuya cuantía deberá
fijarse por peritos» -se llama la atención- y en similares
términos se pidió la experticia, era carga del promotor
demostrar la existencia de comisiones causadas y no
pagadas, además de que entre las fechas en que los clientes
cubrieron sus compromisos y aquellas en que recibió lo
convenido transcurrió más de cinco días hábiles.
Tal compromiso fue desatendido por Pérez Rivas al dejar
de relacionar una a una las negociaciones que causaban
comisión, así como las fecha en que los clientes cumplieron
sus compromisos y el posterior desembolso a su favor, lo que
31 Fls. 14 y 15 cno. 1.
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ni siquiera se extrae de los medios de convicción recaudados.
El dictamen rendido en atención a su solicitud se limitó
a señalar que no le competía conceptuar al respecto y remitió
«a la estimación que bajo juramento efectuó la parte
demandante cuando se pronunció sobre las excepciones
previas presentadas por Socoda»32, lo que resultaba
inadmisible y ocasionó que la contradictora solicitara al
experto aclarar y complementar «[c]uáles fueron las varias
facturas presentadas a lo largo de la ejecución del contrato y
que no se pagaron oportunamente, señalando qué día se
presentaron para el pago, que día se pagaron y el término
pactado para dicho pago», así mismo «si hubo falta de pago
de alguna comisión, indicando el número de las facturas y las
fechas», pero no le mereció reparo a los directos interesados.
En respuesta a lo pedido el experto de forma lacónica
expresó frente al primer punto que «debemos remitirnos a la
abundante prueba documental que reposa en el expediente,
en especial a la propia documentación suministrada al
suscrito por Socoda en su Departamento de Contabilidad»,
para concluir que de «allí fácilmente se puede advertir que en
su mayoría y en un alto porcentaje, los pagos se efectuaron
por fuera de los perentorios términos pactados por las partes»
y, en relación con las comisiones dejadas de pagar dijo que
«formalmente es un dato del que no tiene informe el suscrito,
ya que tales aspectos tan puntuales, solo pueden ser
respondidos exclusivamente tanto por el demandante como
32 Experticia obrante a fls. 265 a 271 cno. 6 pruebas parte demandante.
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por la sociedad demandada».
La vaguedad de la experticia, a pesar de contar con
suficientes elementos de prueba y una oportuna
colaboración de la opositora, quien exhibió la totalidad de la
documentación a su disposición y allegó las reproducciones
en la oportunidad concedida para el efecto, le resta cualquier
mérito demostrativo al respecto, sin que sea viable como
sugiere quien la rindió que se proceda por los operadores
judiciales a suplir la labor encomendada a un conocedor
sobre temas contables y financieros.
Como las denuncias sobre el reconocimiento moroso de
la remuneración fijada y la falta de establecimiento de
comisiones causadas y no reconocidas, se quedan en una
mera atestación sin fundamento, además de que tal como
quedó advertido no se procedió por el agente a acusar dichas
circunstancias, por el medio idóneo, como motivo de
terminación anticipada justificada del vínculo, que devino
por el vencimiento de la última prórroga y la falta de ánimo
recíproco de continuarlo, se declararán probadas la
«inexistencia de incumplimiento contractual por parte de
Socoda» y el «incumplimiento contractual parte del
demandante», por lo que no hay lugar a reconocer las
indemnizaciones pedidas en los literales b) y d) del numeral
tercero de las pretensiones principales.
Mención aparte merece el argumento en el sentido de
que «debió demandar también el señor Rafael Cavassa que
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
56
firmó igualmente el contrato del 9 de febrero de 2000, por lo
que no existiría una debida integración del contradictorio»,
puesto que el nombre de dicha persona solo aparece en el
documento en mención, mas no en las prórrogas, de ahí que
termina siendo accidental sin que afecte el trámite, si a bien
se tiene que cualquier expectativa al respeto podía hacerse
valer en forma separada resultando prescindible su
presencia en este litigio.
La prima comercial a reconocer.
Establece el primer inciso del artículo 1324 del Código
de Comercio que a la terminación del contrato de agencia
comercial «el agente tendrá derecho a que el empresario le
pague una suma equivalente a la doceava parte del promedio
de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos
años, por cada uno de vigencia del contrato (…)».
Configurados como se encontraron los supuestos de la
agencia comercial en esta oportunidad, lo primero a fijar son
los hitos temporales de la relación, que como se ha esbozado
comenzó el 9 de febrero de 2000, con la firma de «Carta
convenio de gestión comercial en ventas» y se prolongó en el
tiempo con los posteriores acuerdos de «outsourcing en
gestión comercial de ventas» suscritos el 5 de junio de 2001,
29 de octubre de 2003 y 25 de febrero de 2005, terminando
al vencimiento de la prórroga final del último documento el
24 de febrero de 2012, lo que significa que tuvo una duración
de 12.04 años.
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
57
A efecto de poder calcular el monto de la cesantía se
decretó como prueba de oficio una
(…) nueva experticia por parte de un auxiliar de la justicia
especializado en contaduría o economía, quien deberá calcular la
cesantía comercial, teniendo cuidado de i) discriminar cada una de
las comisiones recibidas por el agente en los tres últimos años
(octubre de 2008 -octubre de 2011), ii) señalar el contrato concreto
del que provienen, en especial si a) fue suscrito directamente por
Socoda S.A. con una empresa privada o pública y b) si tuvo origen
en una labor ejecutada por el agente en Colombia o en el
extranjero.
Pese a las vicisitudes en la designación del experto, se
obtuvo un primer informe en el que el designado estimó en
$115’326.000 la cesantía comercial a reconocer por el lapso
comprendido entre el 9 de febrero de 2000 y el 25 de febrero
de 2012, tomando como base la facturación de octubre de
2008 a octubre de 201133, lo que reiteró al responder a la
solicitud de aclaración de la opositora.
Por su lado Socoda contradijo el dictamen para
formular dos reparos concretos: i. Debieron excluirse las
comisiones originadas en contratos celebrados con empresas
públicas y aquellos ejecutados en el extranjero para liquidar
la cesantía comercial y ii. Debió excluirse el IVA a efectos de
obtener la base para liquidarla34. En apoyo aportó peritaje
elaborado por dos profesionales, en el cual tomaron en
consideración las anteriores observaciones y se limitaron a
cuestionar el «dictamen pericial presentado por el auxiliar de
33. Fls. 164 a 173.
34. Fls. 193 y 194.
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
58
la justicia, Héctor Manuel Mahecha Barrios», para concluir
que el valor de la cesantía comercial a reconocer es de
$66’001.19935.
Si bien no existen reproches frente a la idoneidad de los
financistas que elaboraron sendos trabajos, hay razones que
impiden acoger sus deducciones y resultados, de un lado
porque el lapso trienal a considerar era el transcurrido entre
el 25 de febrero de 2009 y el 24 de febrero de 2012, puesto
que así lo indica la norma al precisar que el derecho nace a
la terminación del vínculo y el cálculo se hace con base en
«la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos
años», computados hacia atrás a partir de dicha data. De ahí
que no es de recibo acoger los cálculos que comprenden lo
transcurrido entre octubre de 2008 y febrero de 2009, porque
ello obedece a una interpretación inadecuada del precepto.
En cuanto a las operaciones que cobija el contrato de
agencia, si bien en el fallo de casación no quedaron sentadas
las precisiones que en materia de contratación pública se
hacen en esta oportunidad, como acertadamente se expresó
en el primer informe, le asiste razón a la contradictora en el
sentido de que la cesantía comercial no podía comprender
esa clase de negociaciones en las que figuraba Socoda y sin
que estuviera acreditada la participación activa de José
Ignacio Pérez Rivas en las mismas en la calidad de agente
que invoca, muy a pesar de que le fueran cubiertas
35. Fls. 194 a 199.
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
59
comisiones que solo implican el reconocimiento de
emolumentos como mero corredor.
En lo que no atinó la demandada es en que tampoco
podían incluirse las transacciones que dicha sociedad llevo a
cabo con «consorcios y/o uniones temporales» adjudicatarios
en procesos de licitación, por las razones antes expuestas.
Respecto del IVA que debía descontar de las comisiones
el primer experto, no tiene asidero tal reproche. Una
comparación exhaustiva de la «tabla N° 1 facturación Perezea
Soc a Socoda S.A.»36 con las facturas expedidas por Perezea
por el período analizado37, arroja que el valor discriminado
en la columna 9 como «V/Comisión» coincide con el cobrado
en cada uno de los instrumentos, antes de aplicar el citado
tributo, de ahí que ningún desfase podría endilgarse al
primer informe.
Tan es así que en el que se allega como sustento de la
contradicción se consignan esos mismos montos luego de
recalcar que en el «cálculo de la cesantía comercial, no se
puede tener en cuenta el valor total de la factura emitida por
Perezea Soc, pues se está incrementando indebidamente el
valor de dicha cesantía en un 16% que corresponde al IVA
(16%) cobrado en dichas facturas» y sin que eso se evidenciara
en el que era objeto de cuestionamiento.
36. Fl. 189.
37. Fls. 142 a 231 cno. 1.
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60
En vista de las deficiencias de dichas experticias, pero
ante la coincidencia de la información reportada por ambas
y sobre la cual no hicieron reparos las partes, para efectos de
establecer el monto de la cesantía comercial se acogerá la
tabla que se allegó como sustento de la pericia de oficio38, en
la cual consta que todas las operaciones fueron ejecutadas
en Colombia, tomando los valores que figuran en los clientes
señalados como «Empresa Privada» y con exclusión de las
entidades públicas, como son el Instituto de Desarrollo
Urbano IDU, el Departamento Administrativo Defensoría
Espacio Público DADEP, Instituto para la Economía Social
IPES y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
FONADE, conforme a la siguiente tabla:
Folio Factura Fecha Cliente V/base V/Comisión
146 133 4/03/2009 Consorcio OCTA $ 79.200.000 $ 2.970.000
147 134 18/03/2009 Consorcio OCTA $ 54.351.724 $ 2.038.190
152 140 27/03/2009 Consorcio OCTA $ 24.351.724 $ 913.190
153 141 20/04/2009 Consorcio ACC 2007 $ 223.170.000 $ 8.368.875
154 142 20/04/2009 Consorcio OCTA $ 327.119.034 $ 12.266.964
155 143 20/04/2009 Consorcio VHAC $ 29.896.550 $ 1.121.121
156 144 7/05/2009 Consorcio ACC 2007 $ 42.087.500 $ 1.578.281
157 145 7/05/2009 Consorcio UM Marval $ 51.132.383 $ 1.917.464
158 146 19/05/2009 Consorcio ACC 2007 $ 17.420.000 $ 653.250
160 148 8/07/2009 Consorcio VHAC $ 129.706.890 $ 4.864.008
161 149 8/07/2009 EUCOL $ 217.388.715 $ 8.152.077
162 150 8/07/2009 Consorcio OCTA $ 246.767.500 $ 9.253.781
168 162 8/07/2009 Consorcio UM Marval $ 110.767.612 $ 4.153.785
169 165 14/10/2009 Consorcio OCTA $ 6.903.000 $ 258.863
170 166 14/10/2009 Consorcio VHAC $ 330.344.820 $ 12.387.931
171 167 14/10/2009 Consorcio UM Marval $ 150.226.935 $ 5.633.510
172 168 14/10/2009 EUCOL $ 76.879.972 $ 2.882.999
173 169 18/12/2009 Consorcio UM Marval $ 6.156.000 $ 230.850
181 177 18/12/2009 EUCOL $ 40.000.000 $ 1.500.000
38. Id. 35.
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
61
Folio Factura Fecha Cliente V/base V/Comisión
182 178 18/12/2009 Consorcio VHAC $ 307.073.785 $ 11.515.267
183 179 17/02/2010 Consorcio VHAC $ 228.844.308 $ 8.581.662
186 183 17/02/2010 EUCOL $ 914.880 $ 34.308
187 184 17/02/2010 Consorcio UM Marval $ 32.813.219 $ 1.230.496
188 185 4/05/2010 EUCOL $ 23.002.036 $ 862.576
189 186 4/05/2010 Consorcio OCTA $ 228.749.000 $ 8.578.088
190 187 4/05/2010 Consorcio VHAC $ 55.010.000 $ 2.062.875
192 189 1/07/2010 Consorcio OCTA $ 10.778.400 $ 404.190
193 190 1/07/2010 EUCOL $ 43.059.792 $ 1.614.742
194 191 1/07/2010 Consorcio VHAC $ 12.800.000 $ 480.000
195 192 1/07/2010 EUCOL $ 10.073.404 $ 377.753
196 194 2/08/2010 Consorcio OCTA $ 167.740.900 $ 6.290.284
197 195 2/08/2010 Consorcio OCTA $ 10.778.400 $ 404.190
198 196 9/09/2010 Consorcio VHAC $ 193.453.874 $ 7.254.520
199 197 9/09/2010 EUCOL $ 26.625.000 $ 998.438
201 199 9/09/2010 Consorcio OCTA $ 3.710.100 $ 139.129
202 200 9/09/2010 Consorcio ACC 2007 $ 30.047.535 $ 1.126.783
203 201 2/11/2010 EUCOL $ 4.725.000 $ 177.188
204 202 2/11/2010 Consorcio OCTA $ 1.005.250 $ 37.697
205 203 2/11/2010 Consorcio ACC 2007 $ 6.845.000 $ 256.688
206 204 2/11/2010 Consorcio VHAC $ 34.178.274 $ 1.281.685
208 206 17/11/2010 EUCOL $ 4.500.000 $ 168.750
210 208 17/11/2010 Consorcio OCTA $ 2.550.000 $ 95.625
212 210 22/12/2010 0 EUCOL $ 17.740.000 $ 665.250
213 211 22/12/2010 Consorcio VHAC $ 19.865.693 $ 744.963
217 215 13/01/2011 Consorcio VHAC $ 39.645.636 $ 1.486.711
219 217 1/02/2011 EUCOL $ 4.450.000 $ 166.875
221 219 10/02/2011 Consorcio OCTA $ 82.140.660 $ 3.080.275
224 222 5/04/2011 EUCOL $ 36.367.759 $ 1.363.791
225 223 5/04/2011 Consorcio VHAC $ 21.611.328 $ 810.425
226 224 11/05/2011 EUCOL $ 51.228.784 $ 1.921.079
229 228 20/09/201139 EUCOL $ 7.556.010 $ 283.350
TOTALES TRIENIO 25/02/2009 A 24/02/2012 $ 3.883.754.386 $ 145.640.792
Dicho total se divide entre tres (3) a fin de establecer el
promedio de los tres últimos años de ejecución de la relación,
que corresponde a cuarenta y ocho millones quinientos
cuarenta y seis mil novecientos treinta y un pesos
39 Si bien la relación se entiende culminada el 24 de febrero de 2012, el último
pago fue hecho el 20 de septiembre de 2011, sin que se estableciera que quedaron
valores pendientes por satisfacer.
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
62
($48’546.931), monto que a su vez se divide entre doce (12)
para calcular el valor que servirá de base para computar el
valor a reconocer, esto es, cuatro millones cuarenta y cinco
mil quinientos setenta y ocho pesos ($4’045.578).
La cesantía comercial, en consecuencia, se fija al
multiplicar la doceava del promedio trienal de cuatro
millones cuarenta y cinco mil quinientos setenta y ocho
pesos ($4’045.578), por el lapso de duración del vínculo del
9 de febrero de 2000 al 24 de febrero de 2012 (12.04 años),
para un total de cuarenta y ocho millones setecientos ocho
mil setecientos cincuenta y cuatro pesos ($48’708.754).
Toda vez que se solicitó la indexación de las condenas a
imponer y en atención a lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 283 del Código General del Proceso, se actualizará el
valor de la cesantía comercial a reconocer conforme a la
siguiente fórmula:
IPC final
VP = VH _________________
IPC inicial
Donde VP es el valor actual de la suma a cancelar; VH
o valor histórico, corresponde a la suma reconocida en favor
del agente por cuarenta y ocho millones setecientos ocho mil
setecientos cincuenta y cuatro pesos ($48’708.754); y el IPC
corresponde al valor certificado por el DANE para los meses
de febrero de 2012 (inicial) y mayo de año en curso (final),
según la siguiente tabla que contiene la variación mes a mes
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
63
del IPC40.
Mes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Enero 78,28 79,95 83,00 89,19 94,07 97,53 100,60 104,24 105,91 113,26 128,27 138,98
Febrero 77,22 78,63 80,45 83,96 90,33 95,01 98,22 101,18 104,94 106,58 115,11 130,40 140,49
Marzo 77,31 78,79 80,77 84,45 91,18 95,46 98,45 101,62 105,53 107,12 116,26 131,77 141,48
Abril 77,42 78,99 81,14 84,90 91,63 95,91 98,91 102,12 105,70 107,76 117,71 132,80 142,32
Mayo 77,66 79,21 81,53 85,12 92,10 96,12 99,16 102,44 105,36 108,84 118,70 133,38 142,92
Junio 77,72 79,39 81,61 85,21 92,54 96,23 99,31 102,71 104,97 108,78 119,31 133,78
Julio 77,70 79,43 81,73 85,37 93,02 96,18 99,18 102,94 104,97 109,14 120,27 134,45
Agosto 77,73 79,50 81,90 85,78 92,73 96,32 99,30 103,03 104,96 109,62 121,50 135,39
Septiembre 77,96 79,73 82,01 86,39 92,68 96,36 99,47 103,26 105,29 110,04 122,63 136,11
Octubre 78,08 79,52 82,14 86,98 92,62 96,37 99,59 103,43 105,23 110,06 123,51 136,45
Noviembre 77,98 79,35 82,25 87,51 92,73 96,55 99,70 103,54 105,08 110,60 124,46 137,09
Diciembre 78,05 79,56 82,47 88,05 93,11 96,92 100,00 103,80 105,48 111,41 126,03 137,72
142.92
VP = $48’708.754 x
_________ = $90’150.934
77.22
De ahí que el valor indexado de la cesantía comercial a
reconocer asciende a noventa millones ciento cincuenta mil
novecientos treinta y cuatro pesos ($90’150.934).
Reclamaciones adicionales.
Fuera de los pedimentos antes analizados se plantearon
en forma complementaria dentro de las pretensiones
principales las siguientes:
c) Que se condene a la sociedad demanda a pagar en favor de los
demandantes, las sumas a las que se refiere el Artículo 1322 del
Código de Comercio, las cuales deberán ser tasadas por perito
sobre las ventas efectuadas directamente por el agente "PEREZEA
SOC", en los términos asignados de manera exclusiva a mis
representados, y que se realizaran sin su consentimientos, desde
el nueve (9) de Febrero de dos mil (2000) y hasta la presente, para
lo cual el perito tendrá que valorar los informes de ventas de la
sociedad demandada durante la vigencia del contrato.
40 Fuente DANE, índices-serie de empalme, actualizado al 11 de junio de
2004, cuya diferencia en la suma de variables obedece al sistema de aproximación y
redondeo, verificable en la página https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc,
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
64
(…)
e) El valor de las comisiones a la tasa del 1.5% respecto del
contrato celebrado entre la sociedad Socoda S.A. y la sociedad
C.A.S. Inmobiliario S.A. para el mobiliario urbano instalado en la
ciudad de Medellín (Col.) equivalente a la suma de ciento veinte
millones de pesos moneda corriente ($120.000.000,oo), o a la
cantidad mayor o menor que se probare en el proceso, junto con
los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida, desde
el momento de su causación y hasta cuando se verifique el pago
total de dicha partida.
No obstante, ambas partidas carecen de respaldo
demostrativo para su procedencia, puesto que el poco
esfuerzo que hicieron los promotores para lograr su
reconocimiento las torna infructuosas.
Como es bien sabido el artículo 1322 del Código de
Comercio consagra un derecho para el agente en el sentido
de que se hace merecedor a la remuneración «aunque el
negocio no se lleve a efectos por causas imputables al
empresario, o cuando éste lo efectúe directamente y deba
ejecutarse en el territorio asignado al agente, o cuando dicho
empresario se ponga de acuerdo con la otra para no concluir
el negocio».
Dicha norma se refiere a los acuerdos convenidos y no
perfeccionados por el desánimo del agenciado, ya sea por su
propia decisión o en connivencia con el cliente que fue
contactado por el agente, así como aquellos que se
perfeccionan con total desconocimiento de la participación de
este último en su concertación y que por tal esfuerzo amerita
ser compensado, ya que desatender el compromiso implicaría
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
65
una afrenta al contrato de agencia en desmejora de las
condiciones de quien ha brindado sus esfuerzos a posicionar
el producto.
Sobre la misma, al contraponerla con el principio de
exclusividad contenido en el artículo 1318 ibídem, en CSJ SC
14 dic. 1992 se precisó como no constituye una prohibición
para que el empresario se abstenga de realizar operaciones
en el territorio asignado al agente, sino que corresponde al
deber de reconocer la participación por haberlo puesto en
contacto con el destinatario de los productos, puesto que
(…) si se acepta que la exclusividad también entraña la prohibición
para el agenciado de realizar negocios en el territorio asignado al
agente, se incurre con ello en una contradicción en frente de lo que
prevé el artículo 1322 cuando este prescribe que el agente tiene
derecho a la remuneración cuando el empresario efectúe
rectamente el negocio, desde luego que aquí, con toda claridad, se
está dando a comprender que el empresario, bajo la apuntada
condición de reconocer la remuneración, y de respetar las
condiciones generales del contrato de agencia, como es obvio, sí
puede ajustar contratos que deban ejecutarse dentro del territorio
asignado al agente.
Si en la regla legal esa prohibición existiera también, de manera
directa, para el empresario, entonces la remuneración a que este
quedaría obligado en frente del agente con motivo de las ventas
que llegue a atender dentro de su territorio, antes que tal,
aparecería como una sanción a su cargo -así lo sugiere el
recurrente-, catalogación esta que resultaría contraria al propio
tenor del precepto, el cual, justamente, la califica como un derecho
a la remuneración, término este que dentro del contexto normativo
propio del contrato de agencia posee la específica connotación de
pago o retribución por un trabajo o servicio realizado; y jamás la
de sanción, pena o indemnización por la transgresión de una
obligación dada.
Por lo demás, no sobra añadir que lo que el artículo 1318 reza
diáfanamente consiste en que "el empresario (no puede) servirse
de varios agentes en una misma zona y para el mismo ramo de
actividades o productos". Es decir, que nada determina en cuanto
a su actividad directa. De manera concreta, la prohibición se
circunscribe a la utilización de agentes distintos a quien es titular
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de la exclusividad. Pero no a la posibilidad de llevar a cabo ventas
directas. Así entendido el precepto, guarda una clara armonía con
el artículo 1322 en el aparte al que se viene aludiendo, porque si
el empresario conserva el derecho a realizar ventas directas, el
agente mantiene el suyo a que le sea pagada la correspondiente
remuneración.
De todas maneras, como las transacciones a que alude
el precepto se circunscriben a las que se llevan a cabo en el
territorio asignado al agente, si no existe una delimitación
preestablecida de manera tal que tanto el empresario como
el agente puedan actuar en todo el territorio nacional, es
lógico deducir que para su viabilidad éste debe demostrar
que el cliente con el que se materializó el negocio fue
conseguido por él, puesto que el objetivo de la relación de
intermediación es ampliar el mercado y no impedir al
beneficiado con ese propósito agotar su objeto social.
Las dos pretensiones principales consecuenciales de
que trata el presente acápite están correlacionadas, pues se
encaminan a obtener el reconocimiento de la comisión
causada y no pagada por negociaciones que se cristalizaron
por iniciativa de los accionantes a través de Perezea Soc, de
ahí que les compelía demostrar, de todo el volumen de
operaciones materializadas por Socoda, en cuáles no les
dieron participación aunque fueran llevadas a cabo con los
clientes que pusieron en contacto, para lo cual solicitaron
una experticia a fin de establecer
3°.- Las sumas a las que se refiere el Artículo 1322 del Código de
Comercio, las cuales deberán ser tasadas sobre las ventas
efectuadas directamente por el agente "Perezea Soc", en los
términos asignados de manera exclusiva a mis representados, y
que se realizaran con y sin su consentimiento, desde el nueve (9)
de Febrero de dos mil (2000) y hasta la presente, para lo cual el
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perito tendrá que valorar los informes de ventas de la sociedad
demandada durante la vigencia del contrato.
(…)
5°.- El valor de las comisiones a la tasa del 1.5% respecto del
contrato celebrado entre la sociedad Socoda S.A. y la sociedad
C.A.S. Inmobiliario S.A., para el mobiliario urbano instalado en la
ciudad de Medellín (Col.), junto con los intereses moratorias a la
tasa máxima legal permitida, desde el momento de su causación
y hasta cuando se verifique el pago total de dicha partida.41
En respuesta a esas exigencias el perito Juan Manuel
Betancur Montoya descontextualizó el alcance de su labor
para relacionar año a año «las ventas que realizó Socoda S.A.,
a través de los clientes que fidelizó Perezea Soc. y el señor
José Ignacio Pérez R, desde febrero 9 de 2001 hasta el año
2011», por un total de $30.096’072.072, para concluir que
«conforme al artículo 1322 del Código de Comercio,
efectivamente el agente tendrá derecho a su remuneración, en
los porcentajes acordados por los contratantes, cuyas pruebas
documentales obran en autos».
Frente a las comisiones del contrato celebrado entre
Socoda y C.A.S. Inmobiliaria S.A. se limitó a señalar que «en
atención a la información suministrada por la parte
demandante, en el sentido de que el valor de dicha
negociación fue del orden de $8.000.000.000, al aplicar el
porcentaje del 1.5%, arroja un valor de $120.000.000»42.
La vaguedad de dichas respuestas ni siquiera se
dilucidaron con las precisiones que solicito hacer la opositora
41 Solicitud de pruebas en la demanda (fl. 282 cno. 1)
42 Dictamen obrante a fls. 265 a 271 cno. 6 pruebas parte demandante.
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en el sentido de indicar «1. Cuáles ventas efectuó
directamente la parte demandante, 2) Si esas ventas fueron
realizadas en términos asignados de manera exclusiva -
negrita del texto- y 3) si se realizaron con o sin su
consentimiento», además de «el soporte de esas ventas por
$8.000.000.000 y (…) si las comisiones por esas facturas
fueron pagadas oportunamente y si alguna de estas facturas
aún está sin cancelar»43.
La respuesta brindada fue igual de incierta, puesto que
el profesional se remitió a lo expresado en un comienzo y
formuló una apreciación jurídica en el sentido de que en la
comisión del último punto «el soporte de tales aseveraciones
proviene estrictamente de la información que sobre el
particular suministró la parte demandante, atendiendo para
el efecto lo expuesto en el literal e) del escrito a través del cual
dicho extremo descorrió el traslado de las excepciones previas
que en su momento propuso Socoda» para añadir que se
colegía «dicha información como cierta, en la medida que la
parte demandada no objetó dicho juramento, a voces del art.
206 del C. G. del Proceso»44.
Lo escueto de los conceptos revela una completa
omisión del deber del auxiliar de escudriñar a conciencia el
voluminoso material aportado por las partes y en el que la
43 Escrito de solicitud de aclaración y complementación del dictamen obrante
a fls. 276 y 277 cno. 6 pruebas parte demandante.
44 Pronunciamiento del perito obrante a fls. 292 a 299 cno. 6 pruebas parte
demandante.
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contradictora prestó su colaboración en forma proba,
facilitando todas las piezas exigidas en la diligencia de
exhibición de documentos a su cargo, a fin de exponer a
detalle cada una de las operaciones perfeccionadas por
Socoda con clientes contactados por José Ignacio Pérez
Rivas, en las cuales este último no fuera remunerado, sin que
fuera admisible desviar esa labor al operador judicial ni
mucho menos dar crédito a lo que afirmaban los accionantes,
solo porque sí, cuando su labor era precisar la certeza de tal
dicho con lo que se podía extraer de los medios de convicción.
La información gaseosa e imprecisa brindada por el
«perito contador» solo permitía concluir que Socoda hizo
varias operaciones y que reconoció comisiones al promotor,
sin que brinde certeza sobre la falta de pago de alguna, como
era su deber. Eso pasando por alto que el dictamen ni
siquiera cumplió los parámetros para ser sopesado como
medio de respaldo a los requerimientos de quien lo solicitó.
A lo expuesto se suma la pasividad del interesado en
obtener la condena para reforzar con otros medios de
convicción su procedencia, puesto que en el interrogatorio
absuelto por su contraparte ningún cuestionamiento se
formuló sobre esos puntos en concreto y tampoco se agotaron
esfuerzos para determinar con contundencia en cuáles
transacciones que ameritaban el pago de comisión, no fue
reconocida ni desembolsada. Tampoco lo hizo cuestionando
a los deponentes que podrían haber brindado luces sobre el
particular, a pesar de la lucidez con que atendieron las
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inquietudes de los apoderados en su momento.
Ahora bien, aunque obran en el expediente ofertas
mercantiles de Socoda S.A. a C.A.S. Mobiliario S.A. y órdenes
de compra que esta última hacía a la primera45, en ninguna
de ellas se hace referencia a que correspondan a
negociaciones promovidas o incentivadas por José Ignacio
Pérez Rivas ni por Perezea Soc., lo que tampoco se logra
establecer por las demás probanzas que aportaron las partes
y las recaudadas en curso del debate, razón por la cual no
existe pábulo para acceder a algún reconocimiento por dicho
concepto a quien fue remiso a acreditar su participación en
dichos convenios.
Por lo expuesto, se revocará el fallo de primer
grado, para en su defecto declarar probadas las excepciones
de la demandada respecto de la «falta de legitimación en la
causa por activa» en cabeza de Gloria Stella Zea de Pérez, así
como la «inexistencia de incumplimiento contractual por parte
de Socoda» y el «incumplimiento contractual por parte del
demandante», estas dos últimas en cuanto se refiere a las
indemnizaciones pedidas en los literales b) y d) del numeral
tercero de las pretensiones principales.
A su vez se accederá a la primera pretensión principal,
precisando que el contrato de agencia se surtió únicamente
en relación con José Ignacio Pérez Rivas y terminó el 24 de
febrero de 2012, cuando venció la última prórroga convenida,
45 Fls. 1180 al 1213 cno. exhibición de documentos contratos.
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ante la falta de ánimo para continuarla, desestimándose las
demás excepciones de «prescripción», «inexistencia de agencia
comercial» y «falta de causa para las prestaciones finales que
se reclaman» e imponiendo condena por concepto de cesantía
comercial a reconocer al agente, actualizada a mayo de 2024,
estimada en noventa millones ciento cincuenta mil
novecientos treinta y cuatro pesos ($90’150.934), sin que
haya lugar a hacer pronunciamiento frente a las pretensiones
subsidiarias por el relativo éxito de las principales.
Toda vez que la alzada sale avante parcialmente,
se impondrá condena en costas en ambas instancias a
Socoda S.A. y en favor de José Ignacio Pérez Rivas, reducidas
en un cincuenta por ciento, en vista del relativo éxito de su
defensa, quedando a cargo del a quo fijar las agencias en
derecho de primer grado.
VIII.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, actuando en sede de segunda instancia,
RESUELVE:
Primero: Revocar la sentencia proferida por el Juzgado
Veintiuno Civil del Circuito de Medellín, en audiencia
celebrada el 25 de octubre de 2017, dentro del presente
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asunto.
Segundo: Declarar probadas las excepciones de «falta
de legitimación en la causa por activa» en cabeza de Gloria
Stella Zea de Pérez, así como la «inexistencia de
incumplimiento contractual por parte de Socoda» y el
«incumplimiento contractual por parte del demandante», en lo
que respecta a las partidas indemnizatorias por terminación
unilateral injustificada del contrato de agencia frente al otro
promotor.
Tercero: Desestimar las demás excepciones de
«prescripción», «inexistencia de agencia comercial» y «falta de
causa para las prestaciones finales que se reclaman», por lo
expuesto en las motivaciones.
Cuarto: Declarar que entre José Ignacio Pérez Rivas y
Socoda S.A. «se celebró un contrato de agencia comercial,
desde el nueve (9) de Febrero de dos mil (2000)» hasta el 24
de febrero de 2012, cuando culminó al vencimiento de su
última prórroga, «contenido en cuatro documentos privados,
denominados (i) "Carta convenio de gestión comercial en
ventas" del nueve (9) de Febrero de dos mil (2000), y (ii)
"Contrato de outsourcing en gestión comercial de ventas", de
fechas cinco (5) de Junio de dos mil uno (2001 ), veintinueve
(29) de Octubre de dos mil tres (2003) y veinticinco (25) de
Febrero de dos mil cinco (2005)».
Quinto: Condenar a Socoda S.A. pagar a José Ignacio
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Pérez Rivas la suma de noventa millones ciento cincuenta
mil novecientos treinta y cuatro pesos ($90’150.934) por
concepto de la cesantía comercial indexada, por terminación
del contrato de agencia en los términos del primer inciso del
artículo 1324 del Código de Comercio.
Sexto: Negar la segunda pretensión principal y los
numerales b), c), d) y e) de la tercera, así como las primeras
y segundas subsidiarias.
Séptimo: Condenar en costas de primer y segundo
grado a Socoda S.A. y en favor de José Ignacio Pérez Rivas,
reducidas en un cincuenta por ciento. Las agencias en
derecho de primer grado serán fijadas por el a quo.
En cuanto a las de segunda instancia las señala el
Magistrado Ponente en cuatro salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a la luz de lo dispuesto en el numeral 1
de artículo 5° del Acuerdo PSAA16-10554, de 5 de agosto de
2016, del Consejo Superior de la Judicatura.
Oportunamente regresen las actuaciones al despacho
de origen.
Notifíquese
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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