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clave: "corte_suprema:providencia:SC1426-2024 [2012-00626-01]"
titulo: "Corte Suprema: la carencia de dicho elemento conlleva a desestimar las súplicas"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-07-09"
radicado: "2012-00626-01"
numero: "SC1426-2024"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: la carencia de dicho elemento conlleva a desestimar las súplicas

- **Título oficial / radicado:** SC1426-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-07-09
- **Radicado:** 2012-00626-01
- **Número:** SC1426-2024
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1426-2024%20%5B2012-00626-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1426-2024%20%5B2012-00626-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS83Li0gSnVsaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzE0MjYtMjAyNCBbMjAxMi0wMDYyNi0wMV0ucGRm/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Igual acontece con el marco territorial donde puede ser ejercido por el agente, puesto que en caso de no convenirse una delimitación geográfica en el suelo patrio eso no le restaría valor al pacto, sino que permitiría su desempeño en todo el ámbito nacional.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 33 de 1992

## Extracto

La carencia de dicho elemento conlleva a desestimar las súplicas, sin entrar a discutir lo concerniente «al ramo y al sitio exclusivo determinado de la ejecución de los negocios», pues «el demandante se dedicó a conseguir clientes a lo largo del territorio nacional e, inclusive, en el exterior, sin que puedan atribuirse sus funciones a una zona determinada donde haya abierto el mercado para la comercialización y distribución de los productos de Socoda S.A.», por lo que se confirma la determinación de primer grado. Todas esas apreciaciones fueron reiteradas en CSJ SC5683-2021, SC049-2023, SC155-2023 y SC350-2023, lo que denota una consistencia jurisprudencial sobre la materia, reforzada con los más recientes pronunciamientos sobre los dos últimos tópicos expuestos en el párrafo anterior. Presencia de los supuestos de la agencia comercial en la relación existente entre José Ignacio Pérez Rivas y Socoda S.A.

## Cita textual

> los elementos esenciales que componen la relación negocial de la cual se deben derivar las consecuencias jurídicas pertinentes

## Texto del documento

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC1426-2024
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
(Aprobada en sesión de treinta de mayo de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro
(2024)
Procede la Corte, en sede de instancia, a dictar la
sentencia sustitutiva de la proferida por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro
del proceso ordinario de José Ignacio Pérez Rivas y Gloria
Estela Zea de Pérez contra Socoda S.A.
I.- ANTECEDEDENTES
Los accionantes pidieron declarar que, en su
calidad de propietarios del establecimiento de comercio
«Perezea Soc», celebraron con la convocada un contrato de
agencia comercial a partir del 9 de febrero de 2000, en virtud
de la «Carta convenio de gestión comercial en ventas» de esa
data y los posteriores acuerdos de «outsourcing en gestión
comercial de ventas» suscritos el 5 de junio de 2001, 29 de
octubre de 2003 y 25 de febrero de 2005. Así mismo, que en
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virtud del incumplimiento de ésta se dio lugar a su
terminación, debiendo reconocer la cesantía comercial de
que trata el artículo 1324 del Código de Comercio;
$500’000.000 como «indemnización equitativa» o lo que
probaren por sus esfuerzos para acreditar la línea y la marca
de productos de Socoda S.A.; las sumas previstas en el
artículo 1322 ibídem sobre las ventas que ésta efectuó
directamente y sin su consentimiento; los perjuicios
materiales y morales derivados de la insatisfacción de sus
deberes; y $120’000.000, por las comisiones equivalentes al
1.5% o lo que se demuestre, de un contrato entre Socoda S.A.
y C.A.S. Inmobiliario S.A., con intereses moratorios. Todo lo
anterior, indexado.
Subsidiariamente suplicaron iguales retribuciones tras
reconocer la existencia del referido acuerdo de voluntades y
que la llamada lo desatendió, cuyo objeto según el pacto
inicial era la promoción a nivel nacional de “cabinas
telefónicas para la firma Telepúblicos E.S.P., los paraderos de
buses según diseño Mobiliario urbano, contratos directos con
el IDU y Transmilenio”, y en los actos restantes para la gestión
de operaciones comerciales nacionales e internacionales
según el portafolio establecido.
En defecto de las anteriores aspiraciones reclamaron
entender que «Socoda S.A. se enriqueció sin justa causa» y a
sus expensas, al no cancelarles varias comisiones o hacerlo
morosamente, por lo que debe pagarles $500’000.000 o lo
que acrediten, con réditos por tardanza a la tasa máxima
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permitida.
Sustentaron tales expectativas en que «su actividad
económica y profesional es el “agenciamiento comercial”»,
como acreditan con el certificado mercantil de propiedad del
establecimiento de comercio “Perezea Soc” en Bogotá, lugar
de su domicilio.
El 9 de febrero de 2000 José Ignacio Pérez Rivas y Rafael
Gavazza «como agentes comerciales» suscribieron con Socoda
S.A., en su condición de «fabricante», una «Carta de convenio
de gestión comercial en ventas» con el propósito de atender la
instalación de cabinas telefónicas y mobiliario urbano en
acero inoxidable en Bogotá. Con posterioridad, José Ignacio
Pérez Rivas suscribió con Socoda un nuevo «contrato de
agencia comercial» el 5 de junio de 2001, pero actuando en
«nombre y representación de “Perezea Soc”» y sin que figurara
Rafael Gavazza, una vez conseguido el «negocio de mobiliario
urbano con el Distrito Capital».
En la última convención y las posteriores de 29 de
octubre de 2003 y 25 de febrero de 2005, denominadas
«contrato de outsourcing en gestión comercial de ventas», el
«objetivo primordial» fue que “Perezea Soc” gestionara
«operaciones comerciales nacional e internacionalmente»
conforme al portafolio consistente en «cabinas telefónicas»,
«paraderos de buses», «basureros para paraderos de buses»,
«mupis de publicidad» y «bancas y demás productos que estén
diseñados para el amoblamiento urbano público y privado».
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Desde el comienzo “Perezea Soc” se dedicó a abrir
«mercados, posicionamiento de marca y atención a clientes de
Socoda, con exclusividad de portafolio», preparó muestras de
los productos que requerían el IDU y la Oficina de Espacio
Público de Bogotá, y obtuvo que «la firma más grande del
mundo en fabricación e instalación de mobiliario urbano J.V.
Decaux» suministrara a Socoda «toda la información técnica,
de diseño, de instalación, etc.», pues «si el mobiliario se
fabricaba en Colombia» se obtendría mejor calificación en la
licitación, la cual fue adjudicada a «la firma Eucol
(Equipamientos Urbanos de Colombia)».
En la relación negocial se convino que «en los procesos
licitatorios de las otras ciudades del país o ciudades
relacionadas en el contrato y en las cuales Eucol tuviera
filiales o sucursales», Socoda reconocería comisiones por
ventas a “Perezea Soc”, lo que se satisfizo durante 10 años,
aunque «incumpliendo en manera sistemática y repetitiva las
cláusulas del contrato, toda vez que los pagos muy
excepcionalmente se pagaron dentro de los cinco (5) y ocho (8)
días siguientes».
El número de clientes de Socoda S.A. a nivel nacional e
internacional se amplió, así como el portafolio, logrando
contratos con varias entidades públicas y privadas del país y
exportaciones «a Panamá, Venezuela, República Dominicana
y Chile», obtenidos «gracias a la gestión, fidelización y
ejecución que desplegó “Perezea Soc”», quien a su vez recibió
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soporte técnico y participó en los eventos que aquella
realizaba, fuera de que promocionaba sus productos.
En octubre de 2010 se desvinculó al gerente de Socoda
y en el siguiente año fue nulo el soporte, concretamente en el
«proyecto bandera» de trinquetes para Transmilenio; además,
el nuevo representante legal les sustrajo un negocio que
estaban gestionando con Marval Constructora, «cliente de
Perezea Soc».
En contraprestación a la gestión durante más de diez
años recibieron «una comisión en porcentajes también
previamente acordados», lo que incluso admitió Socoda en
certificación de 18 de mayo de 2010 al señalar que en virtud
de la misma consiguió ingresos por $29.575’246.390 a esa
data, pero inexplicablemente luego cambió las fechas,
precios y cantidades consignados en las facturas.
Si bien en el contrato de 25 de febrero de 2005 se
convino una comisión del 1.5%, nunca cubierta, sobre el
recaudo efectivo de ventas en «caso que el cliente haya sido
creado por Perezea pero no haya tenido mayor intervención en
las ventas», eso se debió a la participación en «negocios de
mobiliario para la Avenida Bricoll en Miami y [que] unos
funcionarios argentinos se interesaron en licitar la concesión
de inmobiliario urbano para Medellín», lo que implicó que se
asociaran con C.A.S. Inmobiliario S.A. «la cual fue
adjudicataria de la concesión» en la capital de Antioquia y el
«cliente gestor de este negocio Sarmiento Publicidad fue
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contactado siempre por “Perezea SOC”», mientras que Socoda
celebró el «contrato de fabricación de los elementos para
instalarlos» en dicha ciudad.
El incumplimiento en el pago de comisiones y la
satisfacción de algunas por fuera de los plazos pactados, les
ocasionaron perjuicios y «da lugar a la terminación del
contrato, con la respectiva indemnización»
El agenciamiento satisfizo los requisitos decantados
jurisprudencialmente, ejecutándose en todo el país y en el
exterior, aunque se tuvo como «asiento principal de los
negocios entre Perezea y Socoda, las oficinas de esta última
en la ciudad de Bogotá»1.
Socoda se opuso y excepcionó «inexistencia de
agencia comercial», «inexistencia de incumplimiento
contractual por parte de Socoda», «falta de causa para las
prestaciones finales que se reclaman», «falta de legitimación
en la causa por activa», «incumplimiento contractual por parte
del demandante» y «prescripción»2.
El Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de
Medellín, en fallo proferido en audiencia del 25 de octubre de
2017, negó las pretensiones.
Los promotores apelaron.
1 Fls 243 a 284 cno. 1.
2 Fls 311 a 333 cno. 1.
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II.- FUNDAMENTOS DEL A QUO
Al entrar a analizar la presencia de los presupuestos
procesales, es necesario profundizar en la alegada excepción
de falta de legitimación en la causa por activa de Gloria
Estela Zea de Pérez, por no haber tenido relación con la
contradictora, la cual se desestima en razón de que ambos
gestores integran una sociedad de hecho denominada
“Perezea Soc S d H”, que cuenta con un establecimiento de
comercio en Bogotá, por lo que al tenor del artículo 499 del
Código de Comercio «los derechos que se adquieran y las
obligaciones que se contraigan para la empresa social, se
entenderán adquiridos o contraídas a favor o a cargo de todos
los socios de hecho», lo que concuerda con el artículo 501
ibídem, de ahí que por disposición legal todos los que la
conforman «están facultados para defender (…) los intereses
de la sociedad de hecho, las que por carecer de personería
jurídica se entiende que son los intereses de los propios
asociados los que están en juego y por tanto en el caso
concreto ambos demandantes como socios de Perezea Soc
están legitimados para la interposición de esta demanda».
Luego de precisar los presupuestos de la agencia
comercial a que aluden los demandantes y el contrato de
corretaje que alega en su defensa la opositora, se advierte
que los factores de independencia y autonomía necesarios en
la primera, se desvirtúan con las respuestas al interrogatorio
de parte absuelto por José Ignacio Pérez Rivas, quien expresó
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que «en ningún momento contaba con colaboradores que
tomaran decisiones directamente relacionadas con el
cumplimiento de los contratos que surgían, lo que permitiría
predicar de alguna manera autonomía de su parte pues ello lo
hacía exclusivamente Socoda» y las respuestas «dejan ver que
las gestiones a que bien tuvo realizar de manera personal se
limitaron a poner en contacto o servir de intermediario entre
Socoda y los posibles clientes, sin intervenir ni tener injerencia
alguna en la contratación que pudiera darse», ya que aquella
asumía todo lo que tenía que ver con el cumplimiento de las
obligaciones y los cobros que de ella se derivaban, por lo que
«brilla por su ausencia para la parte actora una intervención
distinta a la simple intervención y acercamiento entre los
contratantes».
Lo anterior se corrobora con la declaración de Juan
Mauricio Betancur y «si se ha dicho que por virtud de la
independencia que caracteriza al agente la función de este no
se limita a poner en contacto compradores y vendedores o
distribuir mercancía, la gestión del señor Pérez Rivas debe ser
más específica, esto es, tal como lo señaló la Corte Suprema
de Justicia, actuando ante la cliente como representante de
Socoda o como fabricante o distribuidor de sus productos», lo
que no se desprende de sus manifestaciones, y aunque en
algunos apartes se dice que «trabajaba independientemente,
esa independencia no guarda relación con la descrita
anteriormente, que sería propia de un agente comercial, sino
la independencia propia de una persona que trabajando
individualmente se dedica a la consecución de potenciales
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clientes para referirlos a la entidad» que finalmente celebraba
el negocio y reconocía una comisión.
También concuerda con lo expuesto lo dicho por Edison
Alberto Ardila Mesa según el cual «la labor de Jose Ignacio no
era hacer relaciones comerciales sino los contactos y promover
los acercamientos» y, aunque fue tachado, no hay razón para
restarle credibilidad.
El testigo Jorge Weiman Durango Rodríguez ilustró
detalladamente cómo se daba el proceso en las negociaciones
e insiste que «Jose Ignacio lo que hacía era presentar el
cliente», mientras Socoda desarrollaba el producto, cotizaba
y hacía la correspondiente propuesta.
Frente a la promoción y explotación de negocios ajenos,
según lo expresado por Juan Mauricio Betancur, Edison
Ardila y Miguel Antonio Roa Carrero, «no resulta claro
entonces lo que en palabras de la Corte Suprema de Justicia
se traduce en una ingente actividad dirigida a la conquista de
los mercados», si para el momento en que el demandante
inició la promoción de los elementos de Socoda en Bogotá,
ésta ya tenía una oficina comercial en dicha ciudad.
Además, en los contratos de Socoda con el IPES, Fonade
y el IDU, según la prueba documental, fueron en virtud de
licitaciones públicas y procesos de selección abreviada que
se rigen por las normas de contratación estatal, «lo que por
ende excluye predicar que dichas negociaciones son
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atribuibles a la gestión que produjo o que adujo haber
realizado el demandante».
En cuanto al requisito que la actividad se desempeñe en
una zona determinada y con el fin de abrir un mercado
inexistente, tampoco se cumpl

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

es,
solo porque sí, cuando su labor era precisar la certeza de tal
dicho con lo que se podía extraer de los medios de convicción.
La información gaseosa e imprecisa brindada por el
«perito contador» solo permitía concluir que Socoda hizo
varias operaciones y que reconoció comisiones al promotor,
sin que brinde certeza sobre la falta de pago de alguna, como
era su deber. Eso pasando por alto que el dictamen ni
siquiera cumplió los parámetros para ser sopesado como
medio de respaldo a los requerimientos de quien lo solicitó.
A lo expuesto se suma la pasividad del interesado en
obtener la condena para reforzar con otros medios de
convicción su procedencia, puesto que en el interrogatorio
absuelto por su contraparte ningún cuestionamiento se
formuló sobre esos puntos en concreto y tampoco se agotaron
esfuerzos para determinar con contundencia en cuáles
transacciones que ameritaban el pago de comisión, no fue
reconocida ni desembolsada. Tampoco lo hizo cuestionando
a los deponentes que podrían haber brindado luces sobre el
particular, a pesar de la lucidez con que atendieron las
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inquietudes de los apoderados en su momento.
Ahora bien, aunque obran en el expediente ofertas
mercantiles de Socoda S.A. a C.A.S. Mobiliario S.A. y órdenes
de compra que esta última hacía a la primera45, en ninguna
de ellas se hace referencia a que correspondan a
negociaciones promovidas o incentivadas por José Ignacio
Pérez Rivas ni por Perezea Soc., lo que tampoco se logra
establecer por las demás probanzas que aportaron las partes
y las recaudadas en curso del debate, razón por la cual no
existe pábulo para acceder a algún reconocimiento por dicho
concepto a quien fue remiso a acreditar su participación en
dichos convenios.
Por lo expuesto, se revocará el fallo de primer
grado, para en su defecto declarar probadas las excepciones
de la demandada respecto de la «falta de legitimación en la
causa por activa» en cabeza de Gloria Stella Zea de Pérez, así
como la «inexistencia de incumplimiento contractual por parte
de Socoda» y el «incumplimiento contractual por parte del
demandante», estas dos últimas en cuanto se refiere a las
indemnizaciones pedidas en los literales b) y d) del numeral
tercero de las pretensiones principales.
A su vez se accederá a la primera pretensión principal,
precisando que el contrato de agencia se surtió únicamente
en relación con José Ignacio Pérez Rivas y terminó el 24 de
febrero de 2012, cuando venció la última prórroga convenida,
45 Fls. 1180 al 1213 cno. exhibición de documentos contratos.
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ante la falta de ánimo para continuarla, desestimándose las
demás excepciones de «prescripción», «inexistencia de agencia
comercial» y «falta de causa para las prestaciones finales que
se reclaman» e imponiendo condena por concepto de cesantía
comercial a reconocer al agente, actualizada a mayo de 2024,
estimada en noventa millones ciento cincuenta mil
novecientos treinta y cuatro pesos ($90’150.934), sin que
haya lugar a hacer pronunciamiento frente a las pretensiones
subsidiarias por el relativo éxito de las principales.
Toda vez que la alzada sale avante parcialmente,
se impondrá condena en costas en ambas instancias a
Socoda S.A. y en favor de José Ignacio Pérez Rivas, reducidas
en un cincuenta por ciento, en vista del relativo éxito de su
defensa, quedando a cargo del a quo fijar las agencias en
derecho de primer grado.
VIII.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, actuando en sede de segunda instancia,
RESUELVE:
Primero: Revocar la sentencia proferida por el Juzgado
Veintiuno Civil del Circuito de Medellín, en audiencia
celebrada el 25 de octubre de 2017, dentro del presente
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asunto.
Segundo: Declarar probadas las excepciones de «falta
de legitimación en la causa por activa» en cabeza de Gloria
Stella Zea de Pérez, así como la «inexistencia de
incumplimiento contractual por parte de Socoda» y el
«incumplimiento contractual por parte del demandante», en lo
que respecta a las partidas indemnizatorias por terminación
unilateral injustificada del contrato de agencia frente al otro
promotor.
Tercero: Desestimar las demás excepciones de
«prescripción», «inexistencia de agencia comercial» y «falta de
causa para las prestaciones finales que se reclaman», por lo
expuesto en las motivaciones.
Cuarto: Declarar que entre José Ignacio Pérez Rivas y
Socoda S.A. «se celebró un contrato de agencia comercial,
desde el nueve (9) de Febrero de dos mil (2000)» hasta el 24
de febrero de 2012, cuando culminó al vencimiento de su
última prórroga, «contenido en cuatro documentos privados,
denominados (i) "Carta convenio de gestión comercial en
ventas" del nueve (9) de Febrero de dos mil (2000), y (ii)
"Contrato de outsourcing en gestión comercial de ventas", de
fechas cinco (5) de Junio de dos mil uno (2001 ), veintinueve
(29) de Octubre de dos mil tres (2003) y veinticinco (25) de
Febrero de dos mil cinco (2005)».
Quinto: Condenar a Socoda S.A. pagar a José Ignacio
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Pérez Rivas la suma de noventa millones ciento cincuenta
mil novecientos treinta y cuatro pesos ($90’150.934) por
concepto de la cesantía comercial indexada, por terminación
del contrato de agencia en los términos del primer inciso del
artículo 1324 del Código de Comercio.
Sexto: Negar la segunda pretensión principal y los
numerales b), c), d) y e) de la tercera, así como las primeras
y segundas subsidiarias.
Séptimo: Condenar en costas de primer y segundo
grado a Socoda S.A. y en favor de José Ignacio Pérez Rivas,
reducidas en un cincuenta por ciento. Las agencias en
derecho de primer grado serán fijadas por el a quo.
En cuanto a las de segunda instancia las señala el
Magistrado Ponente en cuatro salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a la luz de lo dispuesto en el numeral 1
de artículo 5° del Acuerdo PSAA16-10554, de 5 de agosto de
2016, del Consejo Superior de la Judicatura.
Oportunamente regresen las actuaciones al despacho
de origen.
Notifíquese
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
Radicación n° 05001-31-03-016-2012-00626-01
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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 47B92D0444A155E1AB2991A0CA346BE234E0B1E8C441F7AA5BCEEF31C5608EA2
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1426-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-07-09. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2012-00626-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1426-2024%20%5B2012-00626-01%5D).
