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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
SC1379-2025
Radicación n.º 25286-31-03-001-2019-00582-01
(aprobado en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco)
Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco
(2025).
Se resuelve el recurso extraordinario de casación
interpuesto por Jaime Jesús Mejía Fadul e Invertenjo S.A.S.
(sucesor procesal y cesionaria de los derechos litigiosos de la
fallecida demandante, María Clemencia Fadul Gutiérrez),
contra la sentencia del 18 de abril de 2024, dictada por la
Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
Actuando en representación de la comunidad de bienes
a la cual pertenecía, María Clemencia Fadul Gutiérrez pidió
la reivindicación de una porción del predio denominado “El
Chocó”, ubicado en el municipio de Tenjo (Cundinamarca).
Asimismo, reclamó que se ordenara al señor Castro Ávila
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restituir el área del inmueble que actualmente detenta, y
pagar los frutos naturales y civiles que ha percibido, o que
hubiera podido percibir, durante el tiempo de su posesión
irregular –estimados en $5.000.000 anuales–.
2. Fundamento fáctico.
La señora Fadul Gutiérrez dijo ser copropietaria, en
común y proindiviso con otras tres personas1, del predio
rural denominado “El Chocó”. A ello agregó que, «desde marzo
de 2011», el señor Pablo Mauricio Castro Ávila ha venido
ocupando materialmente un sector específico de dicha
heredad, ocupación que se produjo después de que le fuera
adjudicada en remate judicial la cuota del 33,33% que les
correspondía a los condóminos Álvaro Samuel Antonio Fadul
Gutiérrez y María del Pilar Gómez Castellanos.
La convocante resaltó que el señor Castro Ávila había
cercado con postes de madera y alambre de púas una parte
concreta de la propiedad común, ejerciendo actos de
posesión sin contar con un título jurídico válido, pues nunca
se realizó partición o adjudicación material de dicha área. La
zona cercada, además, resulta particularmente valiosa, en
tanto que colinda con la carretera que comunica a los
municipios de Tenjo y Tabio.
1 Las cuotas de propiedad se distribuían así: 33,33% correspondía a María Clemencia Fadul Gutiérrez,
otro 33,33% a Ligia María del Carmen Fadul Gutiérrez, y el 33,33% restante a los señores Álvaro Samuel
Antonio Fadul Gutiérrez y María del Pilar Gómez Castellanos.
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Como si fuera poco, la inscripción del acto de
adjudicación fue declarada sin valor ni efecto por la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte,
(Res. n.º 101 del 12 de mayo de 2015), decisión que ratificó
la Superintendencia de Notariado y Registro (Res. n.º 7780
del 9 de julio de 2018). Por consiguiente, al momento de
interponer la demanda reivindicatoria, el señor Castro Ávila
no ostentaba la titularidad de cuota alguna del bien, ni
mucho menos de la porción específica que ocupa.
Finalmente, resaltó que el aludido poseedor ha
promovido diversos procesos judiciales para recuperar su
condición de copropietario, sin éxito hasta la fecha. No
obstante, «cualquiera sea la decisión de los jueces sobre lo acabado de
señalar, la presente demanda se instaura por la propietaria de la tercera
(1/3) cuota parte de dominio, en nombre de la comunidad de bienes de
la que ella, junto con su hermana, forma parte sobre el predio El Chocó,
bien sea que el otro propietario de la tercera (1/3) cuota parte restante
sea el mismo señor Pablo Mauricio Castro Ávila, el señor Álvaro Antonio
Fadul Gutiérrez o la señora María del Pilar Gómez».
3. Trámite procesal.
3.1. Notificado personalmente del auto admisorio de la
demanda, el señor Castro Ávila se opuso al petitum, y formuló
las excepciones que denominó «prescripción de la acción
reivindicatoria» y «reconocimiento de mejoras».
3.2. En el decurso de la primera instancia, la
demandante falleció. Su hijo, Jaime Jesús Mejía Fadul,
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compareció al proceso solicitando ser reconocido como su
sucesor procesal, y lo propio hizo la sociedad Invertenjo
S.A.S., argumentando su calidad de cesionaria de los
derechos litigiosos de la causante.
Por auto –ejecutoriado– de 24 de mayo de 2021, el
juzgado a quo reconoció al primero de los nombrados como
«sucesor procesal de la fallecida María Clemencia Fadul Gutiérrez, en su
calidad de heredero». También aceptó la cesión de los «derechos
litigiosos relacionados con la pretensión reivindicatoria y consecuente
restitución» a favor de Invertenjo S.A.S. Por último, dispuso que
«cedente y cesionario actuarán como litisconsortes necesarios hasta
cuando el demandado acepte expresamente la cesión».
3.3. Mediante sentencia calendada el 13 de octubre de
2022, el Juzgado Civil del Circuito de Funza desestimó las
defensas del demandado, y lo condenó «a restituir a la comunidad
(...) dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, la
parte o porción de terreno vinculada al inmueble denominado el Chocó,
ubicado en el municipio de Tenjo».
Asimismo, dispuso que el señor Castro Ávila pagara,
«por concepto de frutos civiles, la suma de $15.000.000, frutos que
corresponden a los causados desde el día 2 de agosto de 2019 hasta el
día 2 de octubre de 2022. Los que se causen con posterioridad se
liquidaran hasta la fecha de entrega real y material del bien en la forma
y términos previstos en el artículo 284 del C. G. del P.». Finalmente,
precisó que los condóminos «no está[n] obligad[os] a indemnizar las
expensas necesarias de que trata el artículo 965 del C.C., así como
tampoco a reconocer ningún tipo de mejora al demandado».
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SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal revocó el fallo de primera instancia, declaró
probada la excepción de «prescripción de la acción» y negó la
reivindicación. En sustento, sostuvo que el juez a quo había
incurrido en un error al analizar aquella defensa, pues aplicó
el término decenal de la prescripción adquisitiva
extraordinaria, pese a que el demandado invocó de manera
explícita la prescripción ordinaria, de cinco años.
En línea con lo anterior, resaltó que «el señor Pablo Mauricio
Castro Ávila tomó posesión de una tercera parte (1/3) de la porción del
predio que pertenecía a los señores Álvaro Fadul Gutiérrez y María del
Pilar Gómez (...) con ocasión a la adjudicación en pública subasta
realizada en diligencia practicada por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá para el año 2011, lo que significa que ingresó de
buena fe y con justo título. Asimismo, ha poseído esa franja del bien por
más de 5 años», verificándose así los presupuestos de la
alegada prescripción ordinaria.
DEMANDA DE CASACIÓN
Al sustentar su recurso extraordinario, Jaime Jesús
Mejía Fadul e Invertenjo S.A.S. formularon dos cargos. Sin
embargo, la Sala centrará su examen únicamente en el
primero de ellos, pues está llamado a prosperar.
CARGO PRIMERO
Los impugnantes denunciaron la violación directa de
los artículos 94, 375, 762, 764, 765, 766, 768, 770, 779, 946,
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950, 952, 961, 962, 963, 964, 2322, 2323, 2512, 2518, 2528,
2529, 2531, 2532, 2538, 2539 del Código Civil.
Para fundamentar su acusación, sostuvieron que el
Tribunal erró al calificar como posesión regular lo que
constituía una posesión irregular, aplicando incorrectamente
el régimen de prescripción ordinaria de cinco años. Según los
impugnantes, la adquisición en remate judicial de una cuota
parte indivisa solo otorgaba al demandado derechos
abstractos como comunero, sin facultarlo para ocupar
unilateralmente una porción física del predio común.
Por consiguiente, al no existir justo título sobre el área
concreta ocupada, la posesión debía calificarse como
irregular, susceptible únicamente de prescripción
extraordinaria decenal. Y como la demanda reivindicatoria se
presentó en junio de 2019, cuando el demandado solo llevaba
ejerciendo actos de posesión por aproximadamente ocho
años, dicho plazo prescriptivo no se había consumado.
CONSIDERACIONES
1. Precisiones preliminares.
La jurisprudencia consolidada de esta Corporación ha
establecido que, para oponerse eficazmente a la acción
reivindicatoria ejercida por el propietario inscrito, el poseedor
del bien en disputa puede invocar en su favor la excepción
de prescripción adquisitiva, pues su consumación extingue el
derecho de propiedad del titular original, privándolo, en
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consecuencia, de la legitimación sustancial indispensable
para ejercer la acción de dominio:
«De la propia índole de la prescripción se desprende que al paso
que opera como adquisitiva para quien posee el bien por el tiempo
y con los demás requisitos exigidos por el derecho positivo, se va
produciendo, en forma simultánea, la prescripción extintiva para
quien hasta ahora es el propietario del bien. Es decir, que mientras
el uno avanza en pos del derecho de dominio como usucapiente,
para el otro se va extinguiendo, al punto que así lo ha consagrado
el legislador cuando en el artículo 2512 del Código Civil preceptúa
que “la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de
extinguirse las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído
las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos
durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás
requisitos legales”, norma ésta que guarda estricta armonía con lo
dispuesto por el artículo 2538 del mismo Código, en cuanto en él
se dispone que operada la prescripción adquisitiva de un derecho,
se extingue igualmente la acción para reclamarlo. (CSJ SC 020 de
1999, rad. 5265, entre otras)» (CSJ SC3691-2021).
Justamente con este fundamento jurídico, el
demandado Pablo Mauricio Castro Ávila esgrimió la aludida
defensa de «prescripción de la acción», argumentando que, «con
base en lo establecido en el art. 2529 del Código Civil, (...) el tiempo
necesario para la prescripción ordinaria es de tres (3) años para los
muebles y de cinco (5) años para bienes raíces. La acción
reivindicatoria se encuentra prescrita, considerando que las
mismas demandantes reconocen que (...) Pablo Mauricio Castro Ávila se
encuentra en posesión del inmueble desde marzo del 2011».
Como ya se indicó, en el fallo recurrido el ad quem
declaró probada esa excepción. Y, al hacerlo, incurrió en el
vicio de juzgamiento que se le imputa (específicamente, la
transgresión directa de los artículos 946 y 2538 del Código
Civil), porque asumió, en contravía del ordenamiento, que un
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copropietario puede tener la calidad de poseedor regular de
la cosa común y, consecuentemente, adquirir el dominio
exclusivo mediante la prescripción adquisitiva ordinaria.
Para ilustrar esa conclusión, la Sala procederá de la
siguiente manera: (i) examinará los elementos constitutivos
de la posesión regular en nuestro ordenamiento; (ii) precisará
las razones por las cuales un copropietario no puede ejercer
posesión regular sobre toda o una parte de la cosa común y
(iii) demostrará, con base en aquellos principios, el error
jurídico en que incurrió el ad quem al revocar el fallo de
primera instancia y desestimar la pretensión reivindicatoria.
2. La posesión regular.
Además de los elementos esenciales de toda posesión
material idónea para efectos prescriptivos –corpus y animus
domini–, la posesión regular debe satisfacer dos condiciones
adicionales, que la cualifican jurídicamente: el justo título y
la buena fe inicial. Así lo establece el artículo 746 del Código
Civil, al señalar que «se llama posesión regular la que procede de
justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no
subsista después de adquirida la posesión».
2.1. Justo Título.
Aunque la legislación nacional no define expresamente
qué debe entenderse por justo título para efectos posesorios,
la jurisprudencia ha interpretado, a partir del artículo 765
del Código Civil, que este constituye «todo hecho o acto jurídico
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que, por su naturaleza, resulta abstractamente idóneo para transferir el
dominio y carece de vicios que comprometan su autenticidad o validez»
(CSJ SC, 26 jun. 1964, G. J. t. CVII, pág. 365). Esto implica
que justo título sería aquel que, de haber emanado del
verdadero propietario, o de quien estuviera facultado
legalmente para disponer del bien, habría producido la
efectiva transferencia del dominio de un patrimonio a otro.
Así lo tiene dicho el precedente de la Sala:
«(...) [P]or justo título se entiende todo hecho o acto jurídico que, por
su naturaleza y por su carácter de verdadero y válido, sería apto
para atribuir en abstracto el dominio. Esto último, porque se toma
en cuenta el título en sí, con prescindencia de circunstancias
ajenas al mismo, que, en concreto, podrían determinar que, a pesar
de su calidad de justo, no obrase la adquisición del dominio.
Si se trata, pues de un título traslaticio, puede decirse que
éste es justo cuando al unírsele el modo correspondiente,
habría conferido al adquirente el derecho de propiedad, si
el título hubiese emanado del verdadero propietario. Tal el caso de
la venta de cosa ajena, diputada por el artículo 1871 como justo
título que habilitaría para la prescripción ordinaria al comprador
que de buena fe entró en la posesión de la cosa» (CSJ SC, 4 dic.
2009, rad. 2002-00003-01; reiterada en CSJ SC19903-
2017 y CSJ SC2474-2022).
El justo título, por tanto, no depende solamente de la
literalidad del acto jurídico correspondiente, sino que implica
una evaluación objetiva de su vocación traslaticia del
derecho de dominio. Un ejemplo paradigmático es la venta de
cosa ajena, que constituye un justo título siempre que el
contrato sea existente y válido, pues bajo ese supuesto
cumpliría, en abstracto, todos los requerimientos para
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transferir al adquirente la propiedad del bien compravendido
(Cfr. CSJ SC2474-2022).
Precisamente esa apariencia de legitimidad –fundada en
la vocación traslaticia del acto que antecede a la posesión–
justifica el tratamiento diferenciado que el legislador otorga
a la prescripción adquisitiva ordinaria, cuyo plazo se reduce
a tres años para los bienes muebles, y a cinco años para los
inmuebles (art. 2529, Código Civil). De esta manera, el
ordenamiento protege la expectativa fundada del poseedor
regular, quien adquirió la cosa mediante un instrumento
que, en abstracto, habría sido idóneo para conferirle la
propiedad, pese a que circunstancias externas impidieran su
transmisión efectiva (Cfr. CSJ SC388-2023).
2.2. Buena fe.
2.2.1. El segundo elemento constitutivo de la
posesión regular es la buena fe, definida en la legislación
como la «conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por
medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio» (art. 768,
Código Civil). Esta conceptualización revela la naturaleza
subjetiva de la buena fe posesoria: constituye un estado
mental –la convicción inicial del poseedor– de ser el
verdadero propietario de la cosa, tanto por haberla adquirido
por un medio legítimo, sin fraude ni vicios jurídicos, como
por recibirla de manos de quien –desde el punto de vista del
poseedor, se reitera– tenía facultades de disposición (Cfr. CSJ
SC, 19 dic. 2011, rad. 2002 00329 01).
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Añádase que la buena fe debe concurrir necesariamente
al inicio de la relación posesoria, pero no es necesario que
subsista después de adquirida la posesión –de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 764 del Código Civil–. Esto
significa que las circunstancias externas posteriores que
pudieran afectar la apariencia de legitimidad de la
adquisición no modifican la calificación originaria de la
«conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios
legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio».
Ahora bien, para facilitar la aplicación práctica de este
concepto, y reconociendo la inherente dificultad de probar un
estado mental, el ordenamiento estableció una presunción
legal en favor del poseedor (art. 769, ib.). Sin embargo, dicha
presunción es de aquellas iuris tantum, susceptible de ser
desvirtuada mediante evidencias que demuestren: (i) que el
poseedor conocía las irregularidades que afectaban su título
o derecho; o (ii) que dichas irregularidades eran tan
manifiestas que ninguna persona razonablemente diligente
hubiera podido ignorarlas, dadas las circunstancias
específicas en que se produjo la adquisición.
En punto de lo anterior, la jurisprudencia de la Sala
tiene decantado lo siguiente:
«La buena fe “…es la creencia en el poseedor de ser propietario de
la cosa. [De esa manera], el precepto [art. 778 C.C.] (…) concluye
que “en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la
persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad
de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto
o contrato”. Entonces, para que un adquirente a non domino
sea de buena fe, es necesario que haya creído que su autor
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era propietario, pues no podría recibir de él un derecho de
que no fuese titular. De donde es inevitable concluir que el
conocimiento por el poseedor, de los vicios del título de su autor,
es excluyente de la buena fe, porque infirma esta creencia” (CSJ
SC, 26 jun. 1964, G. J. t. CVII, pág. 372). El poseedor de buena fe,
en suma, es quien detenta el bien como propietario. Cree haberlo
recibido de su dueño en virtud de un justo título “cuyos vicios
ignora”2. Se trata de una convicción formada de que ninguna
otra persona, salvo él, tiene derecho sobre el terreno. De ese
modo, la “buena fe no es solamente la ignorancia del derecho de
otro en la cosa, sino la certidumbre de que se es propietario”3»
(CSJ SC5065-2020).
3. Imposibilidad del comunero de ejercer posesión
regular sobre la cosa común.
Aunque constituye un supuesto excepcional –según lo
ratifican, entre otras, las sentencias CSJ SC388-2023; CSJ
SC1302-2022 y CSJ SC3728-2020–, es jurídicamente viable
que alguno de los condóminos ejerza un señorío exclusivo y
excluyente sobre la totalidad, o una porción específica, del
bien común. Y lo es también que, con base en ello, alegue en
su favor la prescripción adquisitiva –por vía de acción o de
excepción–. Sin embargo, es crucial advertir que dicha
posesión jamás podría ser calificada como regular.
Esta imposibilidad se fundamenta en dos razones
esenciales: (i) el condueño carece de justo título, pues la
fuente de su derecho de copropiedad lo reconoce únicamente
como titular de una cuota ideal; y (ii) Tampoco concurre en
su favor la buena fe inicial, pues el régimen de comunidad
2 «CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, t. VI, páginas. 490 a 492» (referencia propia de la providencia citada).
3 «Ídem». (referencia propia de la providencia citada).
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presupone el conocimiento de los derechos concurrentes e
ideales de los condóminos, lo que excluiría la posibilidad de
que exista una «conciencia de haberse adquirido el dominio» de toda
la cosa común, o de un área o porción concreta de ella.
3.1. En efecto, el condueño, por definición, no tiene un
justo título con vocación traslaticia sobre la totalidad o
alguna fracción materialmente determinada de la cosa
común. El acto jurídico del que deriva su condición –la de
copropietario– circunscribe claramente su derecho a una
cuota abstracta, ideal, reconociendo explícitamente la
coexistencia de derechos a favor de los otros condóminos. Por
ende, no existe un acto jurídico «verdadero y válido» que pueda
considerarse apto, en abstracto, para atribuirle el derecho de
dominio que pretende usucapir.
El título del comunero legitima únicamente la propiedad
sobre una fracción ideal, nunca sobre porciones físicas
determinadas del bien común. Mientras que la prescripción
adquisitiva ordinaria exige un título que, en potencia,
pudiera transferir el dominio específico de lo que se pretende
adquirir, el título del condómino, lejos de otorgarle ese
potencial dominio exclusivo, reafirma expresamente su
limitación a una cuota parte abstracta, confirmando así la
titularidad compartida sobre la totalidad material del bien.
Esta limitación, inherente a la propia comunidad,
constituye un obstáculo jurídico insalvable para la
pretensión del condómino de adquirir, por prescripción
ordinaria, el dominio total o parcial de la cosa común.
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3.2. Siendo suficiente lo expuesto hasta aquí para
descartar la posesión regular del condueño, también vale la
pena resaltar que este tampoco podría invocar en su favor la
buena fe posesoria, entendida como «la conciencia de haberse
adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes
y de todo otro vicio» (artículo 768, Código Civil). Esta
imposibilidad deriva directamente del conocimiento que tiene
–o debe tener– sobre los límites de su derecho frente a los de
los demás condóminos, el cual es excluyente de la “buena fe
simple” que se requiere en estos casos.
La buena fe posesoria, según el artículo 768 del Código
Civil, exige que el poseedor de la cosa que esté convencido de
haberla recibido de alguien que tenía la capacidad legal para
transferir su dominio, sin que exista fraude o algún otro tipo
de vicio. Es decir, no basta con que la persona ignore
legítimamente los derechos que el verdadero propietario
pudiera tener sobre el bien; además, es necesario que tenga
la convicción subjetiva de ser el único propietario legítimo del
mismo (Cfr. CSJ SC5065-2020).
Ahora bien, esa convicción no puede basarse en una
creencia completamente irracional, o contraria a la evidencia,
sino que debe ser, como mínimo, lógica y razonable frente a
la realidad jurídica que conoce o debiera conocer el poseedor.
Y, de nuevo, tales requisitos están ausentes en el caso del
condómino, pues este, por defecto, sabe que su derecho no
es exclusivo, sino compartido, característica que se deriva
directamente del título que lo acredita como copropietario.
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Por ende, resulta jurídicamente incoherente que un
comunero pueda desarrollar honestamente la convicción de
ser el único dueño de todo el bien común, o de una parte
específica de este, ya que tal pretensión resulta incompatible
con la naturaleza misma de su título jurídico.
3.3. En línea con lo anterior, es pertinente reiterar que
la presunción de buena fe posesoria puede desvirtuarse
mediante indicios y circunstancias objetivas que permitan
inferir razonablemente la ausencia de la conciencia referida
en el artículo 768. Estos elementos externos pueden incluir
irregularidades evidentes en el título de adquisición, el
conocimiento previo de problemas sobre la titularidad,
comportamientos contradictorios con la supuesta creencia
de legitimidad, o circunstancias fácticas que harían
implausible la alegada convicción.
Según la jurisprudencia de la Sala:
«La buena fe simple que el artículo 769 del Código Civil presume,
no exige calificación como la buena fe creadora de derecho, en que
se asienta la teoría de la apariencia. Porque aquella se confunde
con la honestidad de la conducta humana en su más sencilla
expresión, y no requiere en quien la invoca estar exento de culpa.
Mientras que la segunda no es apta para construir derecho con
destrucción del preexistente, sino solo cuando se pruebe que el
error de que depende no puede corregirse sin romper la
tranquilidad general y es de aquellos en que habría incurrido el
más perspicaz, diligente y avezado de los hombres. La buena fe
posesoria es simple y no cualificada. De manera que si se
compra cuerpo cierto con la conciencia de que quien vende
es el dueño y en la negociación no existe ningún género de
fraude, malas artes o patrañas, a tiempo en que los hechos
mismos nada revelan en contrario, la buena fe se configurará
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para los efectos de la posesión regular en el plano de lo honesto,
se presume legalmente, y es a la contraparte a quien corresponde
aportar plena prueba de los hechos que la desvanezcan» (CSJ
SC, 12 nov. 1959, G. J. t. XCI, pág. 814).
Y, se reitera, en el caso específico del condueño, las
circunstancias objetivas que desvirtúan la buena fe
posesoria son inherentes a la naturaleza misma de la
comunidad. Pretender que aquel pueda tener la «conciencia de
haberse adquirido el dominio» sobre todo o una parte concreta de
la cosa común –como se requeriría para reconocerlo como
poseedor regular– implica una contradicción insalvable, pues
nadie puede creer ser dueño exclusivo de aquello que su
propio título declara compartido.
Más aún, si el comunero alegara desconocimiento sobre
las limitaciones jurídicas de su derecho, se estaría ante un
error de derecho sobre los efectos de la copropiedad, y este
tipo de yerro, por mandato expreso del artículo 768 citado,
constituiría una presunción de mala fe en contra del
poseedor, que no admite prueba en contrario.
3.4. En conclusión, debe descartarse la posibilidad
de que prospere cualquier alegación de prescripción
adquisitiva ordinaria presentada por un comunero sobre
la cosa común. El condómino que pretenda ser reconocido
como poseedor de la totalidad o de una porción específica del
bien común únicamente puede invocar a su favor la
prescripción extraordinaria, sometida al plazo decenal
establecido en el artículo 2532 del Código Civil –el cual
comenzará a computarse desde el momento en que aquel
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exteriorice «de manera inequívoca, el ejercicio de una posesión
exclusiva y excluyente de la comunidad» (CSJ SC388-2023)–.
Esta interpretación, además, encuentra fundamento
tanto en el artículo 407-3 del Código de Procedimiento Civil,
que regía cuando inició la relación material del demandado
con el predio “El Chocó”, como en el artículo 375-3 del Código
General del Proceso, que ha orientado el desarrollo del
presente trámite declarativo, y que mantuvo, en términos
idénticos, la regulación sobre este aspecto:
«La declaración de pertenencia también podrá pedirla el
comunero que, con exclusión de los otros condueños y por el
término de la prescripción extraordinaria, hubiere poseído
materialmente el bien común o parte de él, siempre que su
explotación económica no se hubiere producido por acuerdo con los
demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del
administrador de la comunidad».
4. Caso concreto.
4.1. En el asunto bajo examen, el convocado
fundamentó su defensa de «prescripción de la acción» en el hecho
de haber estado en posesión de una porción del inmueble
rural denominado “El Chocó” desde «el mes de marzo de 2011»,
cuando se le adjudicó, en pública subasta, «una tercera parte
(1/3) del predio que pertenecía a los señores Álvaro Fadul Gutiérrez y
María del Pilar Gómez».
La referida circunstancia, que el ad quem tuvo por
demostrada, implica que, tras el remate en sede judicial, el
demandado pasó a formar parte de una comunidad integrada
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por varios copropietarios. Su adquisición, por tanto, no le
confería la facultad para individualizar materialmente la
porción que le correspondía, ni para ocuparla de manera
unilateral, excluyendo a los demás condóminos.
Recuérdese que, a voces del artículo 2323 del Código
Civil, «el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común,
es el mismo que el de los socios en el haber social», analogía que
significa que, así como ningún socio puede apropiarse de los
activos de la sociedad a la que pertenece, el comunero
tampoco puede atribuirse unilateralmente parcelas o
segmentos materiales concretos de la cosa común, hasta que
se efectúe su partición en legal forma.
4.2. Aunque el derecho de cuota que adquirió el señor
Castro Ávila no le confería la facultad para cercar y ocupar
físicamente una porción determinada de la heredad sin el
consentimiento de los demás condóminos, lo cierto es que fue
precisamente eso lo que sucedió. Así se afirmó en la
demanda4; se reiteró en su contestación5, y también se
estipuló en la fijación del litigio, que tuvo lugar durante la
audiencia inicial celebrada el 25 de abril de 20226.
Dicha conducta conllevó, para todos los involucrados,
el abandono de la coposesión propia del comunero y el
comienzo de la posesión exclusiva del señor Castro Ávila
sobre una porción de la cosa común. Sin embargo, dicha
4 Folio 133 del archivo digital «01CuadernoPrincipal25286310300120190058200_T1.pdf».
5 Folio 157, ib.
6 Minuto 1:43:29 (https://apigestionaudiencias3.ramajudicial.gov.co/detail/13503070).
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posesión no podría calificarse como regular, pues carece
evidentemente de justo título sobre la fracción concreta del
inmueble que ocupa, ya que ningún acto jurídico, incluida la
adjudicación de la que se viene hablando, intentó asignarle
la propiedad exclusiva sobre un área específica.
Lo que está acreditado, inequívocamente, es que el
demandado adquirió derechos sobre una cuota abstracta del
inmueble, no sobre la extensión de tierra que ahora posee. Y
siendo ello así, debe descartarse que tenga un “justo título”,
como el que describe el artículo 765 del Código Civil para que
se materialice la prescripción ordinaria que declaró probada
la sentencia de segunda instancia.
4.3. Adicionalmente, el demandado no podía ignorar la
existencia y extensión de los derechos de los demás
copropietarios sobre la totalidad del bien común, incluida la
porción que, motu proprio, decidió ocupar. Por tanto, se
excluye la buena fe inicial exigida por el artículo 768 del
Código Civil, pues resultaba jurídicamente imposible que
tuviese «la conciencia de haber adquirido el dominio» exclusivo sobre
aquel segmento específico de la heredad común.
El señor Castro Ávila necesariamente conocía –o debía
conocer– que su derecho se limitaba a un porcentaje ideal del
predio, y que cualquier individualización física requería del
consentimiento previo de los demás condóminos, o de una
decisión judicial en un proceso divisorio. En esos términos,
no podría afirmarse que obró de buena fe al aprehender un
área específica del inmueble; al contrario, actuó a sabiendas
Radicación n.º 25286-31-03-001-2019-00582-01
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de que su conducta excedía los límites inherentes a su
derecho de copropietario.
4.4. En suma, como el demandado carecía de justo
título y buena fe, no podía calificarse como poseedor regular,
ni alegar en su favor una eventual prescripción ordinaria.
Para que prosperara su excepción de «prescripción de la acción»,
por tanto, debía acreditar actos de señorío continuos e
ininterrumpidos durante al menos diez años, conforme lo
establece el artículo 2532 del Código Civil.
Sin embargo, está plenamente demostrado que el señor
Castro Ávila inició su relación posesoria en «marzo de 2011»,
mientras que la demanda reivindicatoria fue presentada el
17 de junio de 20197, habiéndose materializado el
enteramiento del poseedor dentro del plazo establecido por el
artículo 94 del Código General del Proceso8. Ello equivale a
decir que la interrupción civil de la prescripción operó antes
de que pudiera consumarse el referido plazo decenal.
Consecuencialmente, el Tribunal incurrió en un grave
error jurídico al aplicar el término de cinco años propio de la
prescripción ordinaria de bienes inmuebles, partiendo de la
premisa equivocada de que el demandado tenía la calidad de
poseedor regular, cuando, se reitera, no cumplía los
requisitos legales para ello. Y el referido desacierto resultó
trascendental, pues llevó a declarar probada una excepción
7 Folio 143 del archivo digital «01CuadernoPrincipal25286310300120190058200_T1.pdf».
8 En el expediente obra prueba de que: (i) la demanda fue admitida mediante auto del 10 de julio de 2019
(folio 144 del archivo digital «01CuadernoPrincipal25286310300120190058200_T1.pdf»); (ii) dicho
auto fue notificado por anotación en el estado a la parte actora el día 11 de julio de 2019 (folio 145, ib.);
y (iii) la notificación al demandado, por aviso, se hizo efectiva el 2 de agosto de 2019 (folio 156, ib.).
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de prescripción que, conforme al análisis precedente, no
había llegado a configurarse.
En virtud de lo expuesto, el cargo propuesto prospera.
Se casará la sentencia impugnada y, en su lugar, se dictará
el correspondiente fallo de reemplazo.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. Control de legalidad.
No se advierten irregularidades o vicios de
procedimiento que puedan comprometer la validez de lo
actuado. Por consiguiente, esta Corporación procederá a
dictar sentencia de mérito.
2. Sentencia de primera instancia.
Según se anticipó, el Juzgado Civil del Circuito de
Funza declaró no probada la excepción de prescripción
adquisitiva formulada por el convocado y acogió las
pretensiones de la acción reivindicatoria. En consecuencia,
ordenó al señor Castro Ávila restituir a la comunidad que
conforma la demandante la porción de terreno del predio “El
Chocó” que actualmente posee, y lo condenó a pagar
$15.000.000 por concepto de frutos civiles causados entre el
2 de agosto de 2019 y el 2 de octubre de 2022 –además de
los que se causen hasta la fecha de entrega efectiva–.
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El juzgador fundamentó su decisión en el cumplimiento
de los elementos esenciales de la acción reivindicatoria, a
saber: (i) la titularidad del derecho de dominio de la
demandante, acreditada mediante el certificado de tradición
y libertad del inmueble, que demuestra la adquisición por
donación instrumentada en la Escritura Pública No. 2734 del
4 de diciembre de 1981; (ii) la posesión material del
demandado desde «marzo de 2011», reconocida expresamente
por él; (iii) la singularidad del bien objeto de la pretensión; y
(iv) la identidad entre el bien reclamado y el poseído.
Respecto a la excepción de prescripción, el juez a quo
advirtió que no podía prosperar, por cuanto el tiempo
transcurrido entre el inicio de la posesión («marzo de 2011») y
la presentación de la demanda (17 de junio de 2019) era
inferior al término de diez años que exige el artículo 2532 del
Código Civil para consumar la prescripción extraordinaria
adquisitiva, configurándose así su interrupción civil,
conforme al artículo 94 del Código General del Proceso.
En cuanto a las restituciones mutuas, la sentencia
señaló que «los frutos civiles, entendidos (...) como los cánones de
arrendamiento que dejó de percibir la parte demandante, (...) fueron
tasados en el juramento estimatorio en la suma de $5.000.000 anuales,
el cual hace prueba de su monto al no ser objetado por la parte
demandada, sin que el despacho advierta que es notoriamente injusta o
ilegal». En cambio, no accedió al reconocimiento de mejoras,
porque el señor Castro Ávila «tan solo se limitó a solicitar la
condena por ese concepto, sin aportar ningún elemento demostrativo
primigenio sobre su autoría, causación y cuantía».
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3. Recurso de apelación.
Al interponer su recurso de apelación, el demandado
formuló únicamente dos breves reparos. Al sustentar el
primero de ellos, manifestó que el juez de primera instancia
había incurrido en una error al aplicar el término de diez
años propio de la prescripción extraordinaria, cuando lo
procedente era aplicar el de cinco años, correspondiente a la
ordinaria. En sus palabras, solicitó revocar la sentencia
«declarando probada la excepción de prescripción propuesta por la vía
ordinaria (...), ya que solo se requieren haber trascurrido cinco años».
Agregó que su posesión sobre una tercera parte del
predio “El Chocó” tuvo origen en una adjudicación mediante
remate público realizado por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo hipotecario
promovido por la Caja de Crédito Agrario contra Álvaro Fadul
Gutiérrez y María del Pilar Gómez Castellanos. Señaló que la
diligencia de entrega se realizó en cumplimiento de una
comisión ordenada por el referido juzgado y comprendió
tanto la cuota abstracta que correspondía a Fadul Gutiérrez,
como una porción específica, que era de propiedad de María
del Pilar Gómez Castellanos.
Así las cosas, al haber transcurrido más de cinco años
entre el inicio de su posesión y la presentación de la
demanda, argumentó que se configuraba la prescripción
ordinaria prevista en el artículo 2529 del Código Civil, razón
por la cual no prosperaban las pretensiones reivindicatorias.
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En este sentido, afirmó que su posesión derivaba de un justo
título amparado por la buena fe, pues provenía de una
adjudicación efectuada por autoridad judicial.
Respecto a su segundo reparo, el demandado cuestionó
la condena al pago de frutos civiles impuesta por el juzgado,
afirmando que esta debía «revocarse por improcedente, con base en
que la posesión se efectuó por venta forzada hecha por autoridad de la
justicia, actuación que se encuentra cobijada por el principio de buena
fe». En su criterio, la buena fe de su posesión descartaba la
condena al pago de los frutos percibidos.
4. Resolución del recurso.
Examinadas las alegaciones del apelante, la Sala
concluye que ninguna de ellas tiene vocación de prosperidad,
por las siguientes razones:
4.1. En cuanto a la prescripción ordinaria alegada, tal
como se explicó ampliamente al resolver el recurso de
casación, el demandado no podía invocar dicha modalidad
prescriptiva, pues no tiene la calidad de poseedor regular. El
señor Castro Ávila carece de un justo título respecto de la
porción específica del inmueble que ocupa físicamente, dado
que la adjudicación obtenida en remate judicial solamente le
confirió derechos sobre una cuota abstracta del predio “El
Chocó”, sin asignarle un área material determinada.
Además, tampoco concurre en su favor la buena fe
inicial requerida para la posesión regular, ya que sabía, o
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debía saber, que su derecho se limitaba al porcentaje ideal
que se le adjudicó. Así las cosas, al no contar con justo título
ni buena fe posesoria sobre la fracción concreta del predio
que ocupa actualmente, el apelante solo podría haber
alegado la prescripción extraordinaria, la cual exige un
mínimo de diez años de posesión. Pero, se reitera, ese lapso
no se consumó, debido a la interrupción civil que generó la
oportuna interposición de la demanda reivindicatoria.
4.2. Sobre la condena al pago de frutos civiles, la
censura tampoco puede salir avante. El impugnante
fundamentó su oposición en la supuesta buena fe de su
posesión, derivada de la adjudicación judicial, pero pasó por
alto que los poseedores de buena fe también están obligados
a restituir los frutos del bien reivindicado, aunque solo sean
los que se hubieran causado con posterioridad a la
integración del contradictorio.
Tal como ha puntualizado la jurisprudencia de esta
Corporación,
«el artículo 964 del Código Civil (...)“establece una excepción a la
regla general desarrollada en el artículo 716 ibídem, pues hace
dueño al poseedor de buena fe de los frutos que haya percibido
con anterioridad al enteramiento de la demanda, momento hasta
el cual puede atribuírsele dicha condición –la de poseedor de
buena fe–, pues a partir de allí, en el supuesto de ser vencido
en el proceso, se le dará el mismo tratamiento establecido
para el poseedor de mala fe y, por lo mismo, estará obligado
a la restitución de la totalidad de los frutos que perciba”
(Cas. Civ., sentencia de 16 de septiembre de 2011, expediente No.
19001-3103-003-2005-00058-01; se subraya). No sobra destacar
que esta posición de la jurisprudencia que ha sido constante desde
hace varios lustros, al precisarse en su momento que “cuando los
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arts. 964 y 966 del C.C. hablan de contestación de la demanda,
no se refieren al hecho material de la respuesta del demandado al
libelo con que se inicia el juicio, sino al fenómeno de la
litiscontestatio, o sea a la formación del vínculo jurídico-procesal
que nace con la notificación de la demanda” (Cas. Civ. 3 de junio
de 1954, LXXVII, pág. 772)» (CSJ SC3966-2019).
En ese orden, la acusación carece de fundamento, pues
la presunta buena fe del demandado no lo eximía de restituir
los frutos causados después de haber sido enterado de la
acción reivindicatoria. Y, como si lo anterior fuera poco, debe
insistirse en que la conducta del señor Castro Ávila no
armoniza con la buena fe posesoria contemplada en el
artículo 768 del Código Civil, pues sobrepasó los límites del
derecho de cuota que le fue adjudicado, al apropiarse de una
parte específica del predio común.
Por último, cabe subrayar que el monto de esos frutos
civiles, estimados en $5.000.000 anuales con base en el
juramento estimatorio no objetado, no fue controvertido de
manera puntual en el recurso, por lo que no se advierte razón
alguna para modificarlo.
4.3. Para finalizar, debe reseñarse que, mediante un
escrito radicado ante el Tribunal, el apelante complementó
los fundamentos de su alzada con argumentos adicionales,
que desbordan el marco formal de las objeciones concretas
formuladas ante el juez a quo. Allí cuestionó la legitimación
de las partes, alegando que la sentencia favorecía a sujetos
ajenos al proceso, y sugirió que la finalidad real de la
demanda era «dejar sin valor ni efecto la diligencia pública de remate»,
en lugar de ejercer propiamente la acción reivindicatoria.
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La Sala se abstendrá de pronunciarse sobre esas
alegaciones, pues exceden los límites de la impugnación
oportunamente planteada mediante el recurso de apelación.
Esto en consonancia con el artículo 320 del Código General
del Proceso, que prescribe: «El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación
con los reparos concretos formulados por el apelante».
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala encuentra que los
reparos formulados no logran desvirtuar los fundamentos de
la sentencia de primera instancia. La prescripción ordinaria
no puede configurarse ante la ausencia de posesión regular,
y la inconformidad con la condena al pago de frutos civiles
desconoce tanto el régimen jurídico aplicable a los
poseedores vencidos, como las circunstancias particulares
que caracterizan la conducta del señor Castro Ávila.
En consecuencia, se confirmará el fallo apelado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia
dictada en esta causa el 18 de abril de 2024, por la Sala Civil
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
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Cundinamarca. SIN COSTAS, dada la prosperidad de la
impugnación extraordinaria.
Y, situada en sede de instancia, la Corte
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia que el 13 de
octubre de 2022 dictó el Juzgado Civil del Circuito de Funza
en el proceso verbal –reivindicatorio– promovido por María
Clemencia Fadul Gutiérrez (q.e.p.d.) contra Pablo Mauricio
Castro Ávila.
SEGUNDO. COSTAS de segunda instancia a cargo del
demandado. Liquídense, en los términos de los artículos 365-
5 y 366 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta
la suma de diez millones de pesos ($10.000.000), que la
Magistrada Sustanciadora fija como agencias en derecho.
TERCERO. REMÍTASE el expediente a la autoridad
judicial competente.
Notifíquese y cúmplase
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
(En comisión de servicios)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 2C18638153752593976F22EEEC5DD7EA67E3E120F9F6711E01358C11F600B2C9
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