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clave: "corte_suprema:providencia:SC1379-2025 [2019-00582-01]"
titulo: "Corte Suprema: la presunción de buena fe posesoria puede desvirtuarse mediante indicios y circunstancias objetivas"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-06-13"
radicado: "2019-00582-01"
numero: "SC1379-2025"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte Suprema: la presunción de buena fe posesoria puede desvirtuarse mediante indicios y circunstancias objetivas

- **Título oficial / radicado:** SC1379-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-06-13
- **Radicado:** 2019-00582-01
- **Número:** SC1379-2025
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1379-2025%20%5B2019-00582-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1379-2025%20%5B2019-00582-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI1L0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzYuLSBKdW5pby9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTM3OS0yMDI1IFsyMDE5LTAwNTgyLTAxXS5wZGY%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Regla de decisión

La presunción de buena fe posesoria puede desvirtuarse mediante indicios y circunstancias objetivas que permitan inferir razonablemente la ausencia de la conciencia referida en el artículo 768.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

Por tanto, se excluye la buena fe inicial exigida por el artículo 768 del Código Civil, pues resultaba jurídicamente imposible que tuviese «la conciencia de haber adquirido el dominio» exclusivo sobre aquel segmento específico de la heredad común. En suma, como el demandado carecía de justo título y buena fe, no podía calificarse como poseedor regular, ni alegar en su favor una eventual prescripción ordinaria. En virtud de lo expuesto, el cargo propuesto prospera. Por consiguiente, esta Corporación procederá a dictar sentencia de mérito. En consecuencia, ordenó al señor Castro Ávila restituir a la comunidad que conforma la demandante la porción de terreno del predio “El Chocó” que actualmente posee, y lo condenó a pagar $15.000.000 por concepto de frutos civiles causados entre el 2 de agosto de 2019 y el 2 de octubre de 2022 –además de los que se causen hasta la fecha de entrega efectiva–.

## Cita textual

> se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión

## Texto del documento

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
SC1379-2025
Radicación n.º 25286-31-03-001-2019-00582-01
(aprobado en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco)
Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco
(2025).
Se resuelve el recurso extraordinario de casación
interpuesto por Jaime Jesús Mejía Fadul e Invertenjo S.A.S.
(sucesor procesal y cesionaria de los derechos litigiosos de la
fallecida demandante, María Clemencia Fadul Gutiérrez),
contra la sentencia del 18 de abril de 2024, dictada por la
Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
Actuando en representación de la comunidad de bienes
a la cual pertenecía, María Clemencia Fadul Gutiérrez pidió
la reivindicación de una porción del predio denominado “El
Chocó”, ubicado en el municipio de Tenjo (Cundinamarca).
Asimismo, reclamó que se ordenara al señor Castro Ávila
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restituir el área del inmueble que actualmente detenta, y
pagar los frutos naturales y civiles que ha percibido, o que
hubiera podido percibir, durante el tiempo de su posesión
irregular –estimados en $5.000.000 anuales–.
2. Fundamento fáctico.
La señora Fadul Gutiérrez dijo ser copropietaria, en
común y proindiviso con otras tres personas1, del predio
rural denominado “El Chocó”. A ello agregó que, «desde marzo
de 2011», el señor Pablo Mauricio Castro Ávila ha venido
ocupando materialmente un sector específico de dicha
heredad, ocupación que se produjo después de que le fuera
adjudicada en remate judicial la cuota del 33,33% que les
correspondía a los condóminos Álvaro Samuel Antonio Fadul
Gutiérrez y María del Pilar Gómez Castellanos.
La convocante resaltó que el señor Castro Ávila había
cercado con postes de madera y alambre de púas una parte
concreta de la propiedad común, ejerciendo actos de
posesión sin contar con un título jurídico válido, pues nunca
se realizó partición o adjudicación material de dicha área. La
zona cercada, además, resulta particularmente valiosa, en
tanto que colinda con la carretera que comunica a los
municipios de Tenjo y Tabio.
1 Las cuotas de propiedad se distribuían así: 33,33% correspondía a María Clemencia Fadul Gutiérrez,
otro 33,33% a Ligia María del Carmen Fadul Gutiérrez, y el 33,33% restante a los señores Álvaro Samuel
Antonio Fadul Gutiérrez y María del Pilar Gómez Castellanos.
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Como si fuera poco, la inscripción del acto de
adjudicación fue declarada sin valor ni efecto por la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte,
(Res. n.º 101 del 12 de mayo de 2015), decisión que ratificó
la Superintendencia de Notariado y Registro (Res. n.º 7780
del 9 de julio de 2018). Por consiguiente, al momento de
interponer la demanda reivindicatoria, el señor Castro Ávila
no ostentaba la titularidad de cuota alguna del bien, ni
mucho menos de la porción específica que ocupa.
Finalmente, resaltó que el aludido poseedor ha
promovido diversos procesos judiciales para recuperar su
condición de copropietario, sin éxito hasta la fecha. No
obstante, «cualquiera sea la decisión de los jueces sobre lo acabado de
señalar, la presente demanda se instaura por la propietaria de la tercera
(1/3) cuota parte de dominio, en nombre de la comunidad de bienes de
la que ella, junto con su hermana, forma parte sobre el predio El Chocó,
bien sea que el otro propietario de la tercera (1/3) cuota parte restante
sea el mismo señor Pablo Mauricio Castro Ávila, el señor Álvaro Antonio
Fadul Gutiérrez o la señora María del Pilar Gómez».
3. Trámite procesal.
3.1. Notificado personalmente del auto admisorio de la
demanda, el señor Castro Ávila se opuso al petitum, y formuló
las excepciones que denominó «prescripción de la acción
reivindicatoria» y «reconocimiento de mejoras».
3.2. En el decurso de la primera instancia, la
demandante falleció. Su hijo, Jaime Jesús Mejía Fadul,
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compareció al proceso solicitando ser reconocido como su
sucesor procesal, y lo propio hizo la sociedad Invertenjo
S.A.S., argumentando su calidad de cesionaria de los
derechos litigiosos de la causante.
Por auto –ejecutoriado– de 24 de mayo de 2021, el
juzgado a quo reconoció al primero de los nombrados como
«sucesor procesal de la fallecida María Clemencia Fadul Gutiérrez, en su
calidad de heredero». También aceptó la cesión de los «derechos
litigiosos relacionados con la pretensión reivindicatoria y consecuente
restitución» a favor de Invertenjo S.A.S. Por último, dispuso que
«cedente y cesionario actuarán como litisconsortes necesarios hasta
cuando el demandado acepte expresamente la cesión».
3.3. Mediante sentencia calendada el 13 de octubre de
2022, el Juzgado Civil del Circuito de Funza desestimó las
defensas del demandado, y lo condenó «a restituir a la comunidad
(...) dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, la
parte o porción de terreno vinculada al inmueble denominado el Chocó,
ubicado en el municipio de Tenjo».
Asimismo, dispuso que el señor Castro Ávila pagara,
«por concepto de frutos civiles, la suma de $15.000.000, frutos que
corresponden a los causados desde el día 2 de agosto de 2019 hasta el
día 2 de octubre de 2022. Los que se causen con posterioridad se
liquidaran hasta la fecha de entrega real y material del bien en la forma
y términos previstos en el artículo 284 del C. G. del P.». Finalmente,
precisó que los condóminos «no está[n] obligad[os] a indemnizar las
expensas necesarias de que trata el artículo 965 del C.C., así como
tampoco a reconocer ningún tipo de mejora al demandado».
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SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal revocó el fallo de primera instancia, declaró
probada la excepción de «prescripción de la acción» y negó la
reivindicación. En sustento, sostuvo que el juez a quo había
incurrido en un error al analizar aquella defensa, pues aplicó
el término decenal de la prescripción adquisitiva
extraordinaria, pese a que el demandado invocó de manera
explícita la prescripción ordinaria, de cinco años.
En línea con lo anterior, resaltó que «el señor Pablo Mauricio
Castro Ávila tomó posesión de una tercera parte (1/3) de la porción del
predio que pertenecía a los señores Álvaro Fadul Gutiérrez y María del
Pilar Gómez (...) con ocasión a la adjudicación en pública subasta
realizada en diligencia practicada por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá para el año 2011, lo que significa que ingresó de
buena fe y con justo título. Asimismo, ha poseído esa franja del bien por
más de 5 años», verificándose así los presupuestos de la
alegada prescripción ordinaria.
DEMANDA DE CASACIÓN
Al sustentar su recurso extraordinario, Jaime Jesús
Mejía Fadul e Invertenjo S.A.S. formularon dos cargos. Sin
embargo, la Sala centrará su examen únicamente en el
primero de ellos, pues está llamado a prosperar.
CARGO PRIMERO
Los impugnantes denunciaron la violación directa de
los artículos 94, 375, 762, 764, 765, 766, 768, 770, 779, 946,
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950, 952, 961, 962, 963, 964, 2322, 2323, 2512, 2518, 2528,
2529, 2531, 2532, 2538, 2539 del Código Civil.
Para fundamentar su acusación, sostuvieron que el
Tribunal erró al calificar como posesión regular lo que
constituía una posesión irregular, aplicando incorrectamente
el régimen de prescripción ordinaria de cinco años. Según los
impugnantes, la adquisición en remate judicial de una cuota
parte indivisa solo otorgaba al demandado derechos
abstractos como comunero, sin facultarlo para ocupar
unilateralmente una porción física del predio común.
Por consiguiente, al no existir justo título sobre el área
concreta ocupada, la posesión debía calificarse como
irregular, susceptible únicamente de prescripción
extraordinaria decenal. Y como la demanda reivindicatoria se
presentó en junio de 2019, cuando el demandado solo llevaba
ejerciendo actos de posesión por aproximadamente ocho
años, dicho plazo prescriptivo no se había consumado.
CONSIDERACIONES
1. Precisiones preliminares.
La jurisprudencia consolidada de esta Corporación ha
establecido que, para oponerse eficazmente a la acción
reivindicatoria ejercida por el propietario inscrito, el poseedor
del bien en disputa puede invocar en su favor la excepción
de prescripción adquisitiva, pues su consumación extingue el
derecho de propiedad del titular original, privándolo, en
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consecuencia, de la legitimación sustancial indispensable
para ejercer la acción de dominio:
«De la propia índole de la prescripción se desprende que al paso
que opera como adquisitiva para quien posee el bien por el tiempo
y con los demás requisitos exigidos por el derecho positivo, se va
produciendo, en forma simultánea, la prescripción extintiva para
quien hasta ahora es el propietario del bien. Es decir, que mientras
el uno avanza en pos del derecho de dominio como usucapiente,
para el otro se va extinguiendo, al punto que así lo ha consagrado
el legislador cuando en el artículo 2512 del Código Civil preceptúa
que “la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de
extinguirse las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído
las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos
durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás
requisitos legales”, norma ésta que guarda estricta armonía con lo
dispuesto por el artículo 2538 del mismo Código, en cuanto en él
se dispone que operada la prescripción adquisitiva de un derecho,
se extingue igualmente la acción para reclamarlo. (CSJ SC 020 de
1999, rad. 5265, entre otras)» (CSJ SC3691-2021).
Justamente con este fundamento jurídico, el
demandado Pablo Mauricio Castro Ávila esgrimió la aludida
defensa de «prescripción de la acción», argumentando que, «con
base en lo establecido en el art. 2529 del Código Civil, (...) el tiempo
necesario para la prescripción ordinaria es de tres (3) años para los
muebles y de cinco (5) años para bienes raíces. La acción
reivindicatoria se encuentra prescrita, considerando que las
mismas demandantes reconocen que (...) Pablo Mauricio Castro Ávila se
encuentra en posesión del inmueble desde marzo del 2011».
Como ya se indicó, en el fallo recurrido el ad quem
declaró probada esa excepción. Y, al hacerlo, incurrió en el
vicio de juzgamiento que se le imputa (específicamente, la
transgresión directa de los artículos 946 y 2538 del Código
Civil), porque asumió, en contravía del ordenamiento, que un
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copropietario puede tener la calidad de poseedor regular de
la cosa común y, consecuentemente, adquirir el dominio
exclusivo mediante la prescripción adquisitiva ordinaria.
Para ilustrar esa conclusión, la Sala procederá de la
siguiente manera: (i) examinará los elementos constitutivos
de la posesión regular en nuestro ordenamiento; (ii) precisará
las razones por las cuales un copropietario no puede ejercer
posesión regular sobre toda o una parte de la cosa común y
(iii) demostrará, con base en aquellos principios, el error
jurídico en que incurrió el ad quem al revocar el fallo de
primera instancia y desestimar la pretensión reivindicatoria.
2. La posesión regular.
Además de los elementos esenciales de toda posesión
material idónea para efectos prescriptivos –corpus y animus
domini–, la posesión regular debe satisfacer dos condiciones
adicionales, que la cualifican jurídicamente: el justo título y
la buena fe inicial. Así lo establece el artículo 746 del Código
Civil, al señalar que «se llama posesión regular la que procede de
justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no
subsista después de adquirida la posesión».
2.1. Justo Título.
Aunque la legislación nacional no define expresamente
qué debe entenderse por justo título para efectos posesorios,
la jurisprudencia ha interpretado, a partir del artículo 765
del Código Civil, que este constituye «todo hecho o acto jurídico
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que, por su naturaleza, resulta abstractamente idóneo para transferir el
dominio y carece de vicios que comprometan su autenticidad o validez»
(CSJ SC, 26 jun. 1964, G. J. t. CVII, pág. 365). Esto implica
que justo título sería aquel que, de haber emanado del
verdadero propietario, o de quien estuviera facultado
legalmente para disponer del bien, habría producido la
efectiva transferencia del dominio de un patrimonio a otro.
Así lo tiene dicho el precedente de la Sala:
«(...) [P]or justo título se entiende todo hecho o acto jurídico que, por
su naturaleza y por su carácter de verdadero y válido, sería apto
para atribuir en abstracto el dominio. Esto último, porque se toma
en cuenta el título en sí, con prescindencia de circunstancias
ajenas al mismo, que, en concreto, podrían determinar que, a pesar
de su calidad de justo, no obrase la adquisición del dominio.
Si se trata, pues de un título traslaticio, puede decirse que
éste es justo cuando al unírsele el m

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

inaria alegada, tal
como se explicó ampliamente al resolver el recurso de
casación, el demandado no podía invocar dicha modalidad
prescriptiva, pues no tiene la calidad de poseedor regular. El
señor Castro Ávila carece de un justo título respecto de la
porción específica del inmueble que ocupa físicamente, dado
que la adjudicación obtenida en remate judicial solamente le
confirió derechos sobre una cuota abstracta del predio “El
Chocó”, sin asignarle un área material determinada.
Además, tampoco concurre en su favor la buena fe
inicial requerida para la posesión regular, ya que sabía, o
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debía saber, que su derecho se limitaba al porcentaje ideal
que se le adjudicó. Así las cosas, al no contar con justo título
ni buena fe posesoria sobre la fracción concreta del predio
que ocupa actualmente, el apelante solo podría haber
alegado la prescripción extraordinaria, la cual exige un
mínimo de diez años de posesión. Pero, se reitera, ese lapso
no se consumó, debido a la interrupción civil que generó la
oportuna interposición de la demanda reivindicatoria.
4.2. Sobre la condena al pago de frutos civiles, la
censura tampoco puede salir avante. El impugnante
fundamentó su oposición en la supuesta buena fe de su
posesión, derivada de la adjudicación judicial, pero pasó por
alto que los poseedores de buena fe también están obligados
a restituir los frutos del bien reivindicado, aunque solo sean
los que se hubieran causado con posterioridad a la
integración del contradictorio.
Tal como ha puntualizado la jurisprudencia de esta
Corporación,
«el artículo 964 del Código Civil (...)“establece una excepción a la
regla general desarrollada en el artículo 716 ibídem, pues hace
dueño al poseedor de buena fe de los frutos que haya percibido
con anterioridad al enteramiento de la demanda, momento hasta
el cual puede atribuírsele dicha condición –la de poseedor de
buena fe–, pues a partir de allí, en el supuesto de ser vencido
en el proceso, se le dará el mismo tratamiento establecido
para el poseedor de mala fe y, por lo mismo, estará obligado
a la restitución de la totalidad de los frutos que perciba”
(Cas. Civ., sentencia de 16 de septiembre de 2011, expediente No.
19001-3103-003-2005-00058-01; se subraya). No sobra destacar
que esta posición de la jurisprudencia que ha sido constante desde
hace varios lustros, al precisarse en su momento que “cuando los
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arts. 964 y 966 del C.C. hablan de contestación de la demanda,
no se refieren al hecho material de la respuesta del demandado al
libelo con que se inicia el juicio, sino al fenómeno de la
litiscontestatio, o sea a la formación del vínculo jurídico-procesal
que nace con la notificación de la demanda” (Cas. Civ. 3 de junio
de 1954, LXXVII, pág. 772)» (CSJ SC3966-2019).
En ese orden, la acusación carece de fundamento, pues
la presunta buena fe del demandado no lo eximía de restituir
los frutos causados después de haber sido enterado de la
acción reivindicatoria. Y, como si lo anterior fuera poco, debe
insistirse en que la conducta del señor Castro Ávila no
armoniza con la buena fe posesoria contemplada en el
artículo 768 del Código Civil, pues sobrepasó los límites del
derecho de cuota que le fue adjudicado, al apropiarse de una
parte específica del predio común.
Por último, cabe subrayar que el monto de esos frutos
civiles, estimados en $5.000.000 anuales con base en el
juramento estimatorio no objetado, no fue controvertido de
manera puntual en el recurso, por lo que no se advierte razón
alguna para modificarlo.
4.3. Para finalizar, debe reseñarse que, mediante un
escrito radicado ante el Tribunal, el apelante complementó
los fundamentos de su alzada con argumentos adicionales,
que desbordan el marco formal de las objeciones concretas
formuladas ante el juez a quo. Allí cuestionó la legitimación
de las partes, alegando que la sentencia favorecía a sujetos
ajenos al proceso, y sugirió que la finalidad real de la
demanda era «dejar sin valor ni efecto la diligencia pública de remate»,
en lugar de ejercer propiamente la acción reivindicatoria.
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La Sala se abstendrá de pronunciarse sobre esas
alegaciones, pues exceden los límites de la impugnación
oportunamente planteada mediante el recurso de apelación.
Esto en consonancia con el artículo 320 del Código General
del Proceso, que prescribe: «El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación
con los reparos concretos formulados por el apelante».
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala encuentra que los
reparos formulados no logran desvirtuar los fundamentos de
la sentencia de primera instancia. La prescripción ordinaria
no puede configurarse ante la ausencia de posesión regular,
y la inconformidad con la condena al pago de frutos civiles
desconoce tanto el régimen jurídico aplicable a los
poseedores vencidos, como las circunstancias particulares
que caracterizan la conducta del señor Castro Ávila.
En consecuencia, se confirmará el fallo apelado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia
dictada en esta causa el 18 de abril de 2024, por la Sala Civil
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Radicación n.º 25286-31-03-001-2019-00582-01
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Cundinamarca. SIN COSTAS, dada la prosperidad de la
impugnación extraordinaria.
Y, situada en sede de instancia, la Corte
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia que el 13 de
octubre de 2022 dictó el Juzgado Civil del Circuito de Funza
en el proceso verbal –reivindicatorio– promovido por María
Clemencia Fadul Gutiérrez (q.e.p.d.) contra Pablo Mauricio
Castro Ávila.
SEGUNDO. COSTAS de segunda instancia a cargo del
demandado. Liquídense, en los términos de los artículos 365-
5 y 366 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta
la suma de diez millones de pesos ($10.000.000), que la
Magistrada Sustanciadora fija como agencias en derecho.
TERCERO. REMÍTASE el expediente a la autoridad
judicial competente.
Notifíquese y cúmplase
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
Radicación n.º 25286-31-03-001-2019-00582-01
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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
(En comisión de servicios)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1379-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2025-06-13. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2019-00582-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1379-2025%20%5B2019-00582-01%5D).
