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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC137-2024
Radicación n.° 13001-31-03-007-2019-00338-01
(Aprobado en sesión de primero de febrero de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro
(2024).
Se decide el recurso de casación interpuesto por Miguel
Ángel Álvarez Sánchez-Orozco, Beatriz Fernández Requejo y
Orlando Donado & Cía. Ltda., frente a la sentencia del 9 de
diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil - Familia, dentro
del proceso que Jhon David Guerrero Arroyo adelantó contra
aquéllos y personas indeterminadas, con demanda de mutua
petición.
ANTECEDENTES
1. Apreciado el escrito inaugural (archivo digital
02Demanda.pdf), se tiene que el demandante pretendió que
se declarara que prescribió de forma extraordinaria el
derecho de dominio sobre el lote identificado con la
nomenclatura 14-53 de la carrera 21, de la Boquilla,
jurisdicción de Cartagena, y comprendido dentro de los
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linderos señalados, con la consecuente inscripción de la
sentencia en la matrícula correspondiente.
2. Fundamentó sus súplicas, básicamente, en que
poseyó el predio de «manera pública, tranquila, pacífica y sin
clandestinidad», por más de diez (10) años, sin
interrupciones, en desarrollo de lo cual realizó actos de
señorío como el cerramiento, limpieza y construcción de dos
(2) casas.
3. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena,
mediante auto del 10 de octubre de 2019, admitió el libelo
introductorio (archivo digital 06AutoAdmite.pdf).
4. Después de agotado el proceso de enteramiento,
Miguel Ángel Álvarez Sánchez-Orozco y Beatriz Fernández
Requejo, en escrito conjunto, replicaron la demanda, se
opusieron a las pretensiones, clarificaron los hechos y
formularon las excepciones que denominaron «inexistencia
de los requisitos jurídicos para la declaratoria de pertenencia
por prescripción adquisitiva», «carencia de los elementos de la
posesión» y «posesión violenta y clandestina» (archivo digital
09DescorreTrasladoDemanda.pdf).
5. La sociedad Orlando Donado & Cía. Ltda.,
representada por la misma apoderada judicial, adelantó las
siguientes actuaciones:
5.1. En documento separado (archivo digital
18Contestacion-Demanda.pdf), respondió la demanda de
forma equivalente a los otros accionados.
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5.2. Formuló demanda de reconvención (archivo digital
20DemandaReconvencion.pdf), en la que solicitó declarar
que el dominio del bien le pertenece, junto a los otros
convocados, con la orden de restitución al demandante, junto
con el valor de los frutos naturales y civiles, sin condenar al
pago de expensas.
Sustentó sus súplicas en estos hechos:
5.2.1. Los propietarios fueron despojados «de manera
violenta» del predio por parte del señor Jhon David Guerrero
Arroyo, sin que la protección promovida por querella policiva
resultara avante por la anulación del trámite.
5.2.2. El predio siempre estuvo en su poder, frente al
que procuró por su mantenimiento y limpieza, sin que haya
ningún tipo de construcción, como se acredita con las
fotografías obtenidas de «GOOGLE MAPS», pues se ha estado
a la espera del «desarrollo urbanístico» y de la legalización de
las acometidas de servicios públicos.
5.2.3. La venta del predio fue encargada a diversas
inmobiliarias, como consta en correos electrónicos del «22 de
mayo de 2009, 9 de octubre de 2014, 30 de noviembre de
2015 y 16 de julio de 2016».
5.2.4. La posesión irregular y de mala fe del señor
Guerrero Arroyo comenzó «aproximadamente desde el día 2
de marzo de 2017», como «lo demuestra el informe pericial
elaborado por el perito ing. Erasmo Reyes Cañate…, dentro de
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la diligencia de inspección ocular realizada el 21 de [a]bril de
2017 por la Inspección de Policía Rural de la Boquilla, en razón
de la querella policiva por perturbación de la posesión ya
citada».
6. Admitida la reconvención el 10 de noviembre de 2020
(archivo digital 01AutoAdmite.pdf), el primigenio actor la
contestó refiriéndose de distinta manera a los hechos,
rechazando la acción dominical y planteando la excepción de
«prescripción extintiva de dominio» (archivo digital
03ContestacionDemanda.pdf).
7. En primera instancia se emitió sentencia escrita el 2
de junio de 2022 (archivo digital 32AutoDecreta.pdf), en la
que desestimaron las excepciones iniciales, declaró que el
demandante adquirió el dominio del inmueble por
prescripción extraordinaria, ordenó la inscripción del fallo en
el folio de la matrícula inmobiliaria y denegó la
reivindicación.
8. Apelado este veredicto por los convocados (archivo
digital 33RecursoApelacion.pdf), el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, lo confirmó
el 9 de diciembre de 2022 (archivo digital 09. Sentencia.pdf),
por las razones que se resumen más adelante.
9. La sentencia de alzada fue recurrida en casación,
siendo admitido el recurso el 21 de marzo de 2023 (archivo
digital 0008Auto.pdf) y el escrito de sustentación el 5 de
septiembre del mismo año (archivo digital 0025Auto.pdf).
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ARGUMENTOS DEL AD QUEM
1. Puso de presente que, conforme al artículo 328 del
Código General del Proceso, «la competencia del Tribunal se
circunscribe únicamente a desatar los reparos indicados por
la parte recurrente, pues es sobre ellos que se abre la
posibilidad de emitir un pronunciamiento de fondo».
2. Con tal base, anunció que ninguna de las
inconformidades de los apelantes estaba llamada a abrirse
paso.
2.1. La concerniente a la indebida valoración
probatoria, puesto que:
2.1.1. La promoción de una querella policiva en contra
de Orlando Barrios Terry y Carlos Eloy Brievas, acumulada
contra otra similar entre las mismas partes, «no genera que
la posesión ejercida por el actor se torne violenta, comoquiera
que se trató del ejercicio legítimo de la acción policiva prevista
en el artículo 79 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana…, lo cual, a no dudar, constituye más
bien un acto de señorío del demandante».
Clarificado esto, «no se advierte ningún comportamiento
del demandante que permita tildar su señorío como no pacífico
o violento».
2.1.2. El dictamen rendido por el perito Erasmo Reyes
Cañate, en la citada acción policiva, no permite «llegar a la
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conclusión de que el demandante no realizó ningún tipo de
acto de señorío sobre el lote que pretende usucapir por el
tiempo exigido por la ley», pues no da cuenta de lo sucedido
antes, o después, del 21 de abril de 2017.
Por el contrario, según la Resolución 007 de 13 de
noviembre de 2018 de la Inspección de Policía Rural de la
Boquilla, el predio fue cercado, acto de señorío, junto con
otros, que fue ratificado por los testigos Agustín Miranda
Acosta, Judith Martínez Flórez y Alfredo Fortich Villero.
En consecuencia, desestimó «que los actos de dominio…
[del] demandante… sólo iniciaron con la presentación de la
‘demanda de pertenencia’ -19 de julio de 2019-». En verdad,
estimó que fueron realizados por el tiempo necesario para
usucapir, como se infiere de que «ha defendido el predio
frente a terceros, lo ha cercado, lo ha mantenido, lo ha
explotado económicamente y lo ha mejorado».
2.1.3. Las declaraciones rendidas por los demandados,
«sólo adquiere[n] relevancia probatoria en la medida en que…
admita[n] hechos que le produzcan consecuencias adversas o
que favorezcan a la parte contraria, pues[,] según
fundamentales principios probatorios, nadie puede sacar
provecho [de] sus propias afirmaciones», de allí que las
rechazara como demostrativas de que la posesión arrancó el
30 de marzo de 2017.
2.1.4. La queja sobre el interrogatorio practicado a
Carlos Donaldo Carvajales, por no haberse realizado con las
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reglas de un testimonio, fue calificada como extemporánea,
pues debió plantearse frente al auto que decretó las pruebas,
y, en todo caso, es «intrascendente, porque sea cual fuere la
forma de valorar esa declaración, lo cierto es que ella, por sí
sola, no desvirtúa la posesión alegada por la parte
demandante».
2.1.5. Sobre las versiones juramentadas de Isabel Parra
Pulido y Luis Francisco Álvarez Sánchez-Orozco, observó que
«no se puede desconocer que se trata de declarantes frente a
los cuales es predicable un alto grado de sospecha», como
quiera que admitieron, la primera, que era «madrina de una
hija de Carlos Donado Carvajales y para la época de la
compraventa del referido lote… la cónyuge de Miguel Ángel
Álvarez Sánchez-Orozco»; y el segundo, ser hermano de
este último y esposo de Beatriz Fernández Requejo. Además,
«durante toda su declaración fue notorio que les asistía un
claro interés en favorecer a sus familiares, lo cual afecta su
credibilidad y mengua la fuerza demostrativa».
Se agrega que su dicho pierde credibilidad por lo
atestado por Agustín Miranda Acosta, Judith Martínez Flórez
y Alfredo Fortich Villero, quienes fueron claros y coherentes,
sin desvelar ningún interés en el resultado del proceso.
2.2. En lo tocante a la «incongruencia» del fallo
recurrido, puntualizó el ad quem que «el derecho de
propiedad debía darse por extinguido desde que se completó
el tiempo necesario para prescribir» y que, por ende, «aunque
se admitiera que en el registro inmobiliario aún figuran como
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dueños» los primigenios demandados, «la prescripción
adquisitiva que operó en favor» del actor inicial, lo que
«impedía la prosperidad de la demanda reivindicatoria
propuesta a manera de reconvención».
LA DEMANDA DE CASACIÓN
CARGO ÚNICO
Soportado en la causal segunda del artículo 366 del
Código General de Proceso, se denunció la sentencia del
Tribunal por violar de forma indirecta los cánones 762, 768,
771, 946, 972, 979, 981, 2512, 2518, 2522 del Código Civil,
94, 95 y 375 del Código General del Proceso, todo como
consecuencia de «evidentes errores fácticos y probatorios», por
lo motivos que desarrolla en lo siguiente.
1. Señaló, como «puntualización previa», la importancia
de extremar garantías en favor de quien es verdadero
poseedor, so pena de promover el uso incorrecto de la
usucapión, como ocurre en el caso de simples «relaciones de
vecindad», como sucedió en el sub examine, donde
adicionalmente se pasaron «por alto ciertas circunstancias
que constituyen verdaderas interrupciones de la prescripción,
particularmente cuando el dueño, saliendo de una eventual
inactividad, reclama en los estrados judiciales la cosa».
2. Sentados esos planteamientos generales, el
impugnante pasó a cuestionar la labor decisoria del ad quem,
lo que hizo así:
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2.1. Advirtió que los dueños del inmueble disputado «no
abandonaron su derecho», ya que lo defendieron «en todos los
frentes…, antes de cumplirse el término de la prescripción
adquisitiva, comportamiento que constituyó, a no dudarlo, una
verdadera y auténtica interrupción de la usucapión».
2.2. Recordó que fueron varias las controversias que
hubo por la posesión del inmueble; la más destacada fue la
ventilada entre el promotor de este litigio y los señores
Orlando Barrios Terry y Carlos Eloy Brievas, en la que éstos
contraatacaron a aquél.
Consideró que, frente a este proceso policivo, el
Tribunal cometió múltiples errores, por haberse limitado a
mencionarlo sin hacer una revisión cuidadosa de éste:
2.2.1. Pasó por alto que los titulares del dominio
pidieron copias en dos ocasiones (8 de junio y 28 de
septiembre de 2017), sin que fueran ordenadas, en un
aberrante desconocimiento del derecho defensa.
2.2.2. Desconoció que el 24 de octubre de 2017,
aquéllos promovieron acción de tutela reclamando la nulidad
del trámite, por no haber sido citadas al trámite.
2.2.3. Ignoró que los dueños, el 2 de febrero de 2018,
elevaron petición solicitando la invalidación, la cual fue
acogida mediante auto del 18 de junio siguiente.
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2.2.4. Soslayó que Guerrero Arroyo reprochó por vía de
tutela la anulación de esa tramitación, escrito en el que
reconoció que los propietarios pidieron copias de la misma,
acción constitucional que fue denegada.
2.2.5. Se desentendió que, luego de la nulidad, la
querella recomenzó con la intervención de los dueños,
aceptándose el desistimiento de Guerrero Arroyo, pese a la
férrea oposición que a tal pedimento hicieron aquéllos.
2.3. Luego de insistir en que el fallador de alzada se
refirió al mencionado juicio de forma muy tangencial, tildó de
superficial la conclusión de que no hubo ningún tipo de
interrupción o discontinuidad.
En su criterio, si tal Corporación hubiese «penetrado la
vista[,] habría encontrado que la actuación viva y dinámica de
los dueños del inmueble ante la autoridad de policía, gozó de
virtualidad para interrumpir la prescripción», lo que descarta
«de tajo la idea de abandono o desinterés que es inmanente a
toda prescripción», puesto que, sin tardanza, «echaron
mano… de todas las herramientas a su alcance, interpusieron
tutela, incidente de nulidad, se opusieron a las pretensiones
posesorias, enfrentaron la tutela de Jhon Guerrero y los
recursos que [é]ste interpuso, formularon querella propia, etc.»
e, incluso, «se opusieron al desistimiento» que se presentó con
el fin de impedir el derecho de defensa de los legítimos
propietarios.
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2.4. Tras advertir que fue como consecuencia de esas
actuaciones de los demandados que el señor Guerrero Arroyo
«apuró el paso y procuró, ahí sí, hacer algo más que la simple
limpieza del lote», aduciendo la realización de «construcciones
y otras cosas», el censor trajo a colación que en el dictamen
rendido en el proceso policivo se dejó constancia de la
inexistencia de mejoras y que, por lo tanto, «es lamentable»
lo que en relación con dicha probanza coligió el Tribunal, al
considerar que la mencionada inferencia del experto «no
descarta» que, antes de la verificación de la inspección
judicial -21 de abril de 2017-, «haya existido algún tipo de
construcción o mejora efectuada por el demandante», pasando
así por encima de las fotografías satelitales que prueban lo
contrario.
2.5 Manifestó que «[e]n cualquier caso, acá en casación,
la parte toral estriba en demostrar que aun dejando de lado
todas esas cosas, la prescripción se interrumpió».
En soporte volvió sobre la conducta de los accionados y
afirmó que «en los propietarios no hubo desidia» y que «sin
incuria no espiga la prescripción». Lo que lo llevó a
preguntarse «¿[c]ómo fue que el tribunal pasó de largo ante
cosas de tanta envergadura?», pues la defensa de ellos se dio,
en primer lugar, «[d]entro de un escenario judicial, porque las
actuaciones de las Inspecciones de Policía en esas materias…
gozan de tal carácter» y, en segundo término, de manera
«oportuna», como quiera que el reclamo de los propietarios
«comprendió una serie de actos entrelazados que, según las
fechas arriba indicadas, se extendió por un período de poco
más de dos años, comenzando en el año 2017».
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2.6. Añadió la incertidumbre del momento en el que
empezó la posesión alegada, toda vez que demandante en el
trámite policivo manifestó que fue «desde hace más de diez
años», sin que esta información se complementara al
promover este litigio, ni la sentencia del Tribunal fijara este
hito, que refiere genéricamente al año 2008.
Rechazó que la detentación principiara en dicho año, ya
que ésta sólo era posible después del supuesto abandono del
derecho por los dueños, lo que necesariamente sería después
del 30 de octubre de 2007 -fecha de adquisición-, sin que se
haya definido con perspicuidad, a pesar de que era
indispensable para establecer la prescripción, «tanto más
cuanto se descubre que ha mentido» al aseverar que en «marzo
de 2017 que tenía ‘más de diez años’».
De aceptarse que la posesión principió en 2008, debe
entenderse que fue a finales, por lo que el reclamo de los
dueños ocurrido en el año 2017 tuvo efectos de interrupción.
2.7. Aseguró que «nada se resiente la lógica» de
aceptarse que la interrupción emane en un trámite iniciado
por el detentador, siempre que a él se acerque el propietario
y haga valer enérgicamente sus derechos, como sucedió en el
caso, pues los demandados se acercaron al trámite iniciado
por el pretenso poseedor y ejercieron los atributos propios del
dominio. «Esto sin contar que a la postre los propietarios
también presentaron su propia querella, que sin duda es una
demanda posesoria (12 de octubre de 2018), tiempo en el que
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tampoco se habían cumplido los diez años. Sólo que Guerrero
rehuyó el debate».
3. Al cierre, el impugnante calificó los desaciertos del
Tribunal como «esplendentes», en tanto que si bien registró
la existencia del proceso policivo a que se ha hecho
referencia, no dedujo de las actuaciones que dentro de él
realizaron los demandados el efecto propio de ellas, esto es,
la «interrupción de la prescripción».
Tema que fue alegado desde el inicio, al formularse la
excepción «inexistencia de los requisitos jurídicos para la
declaratoria de pertenencia por prescripción adquisitiva»,
explicándose lo sucedido en el trámite policivo. «Es así,
entonces, que el tema de la interrupción ha circulado en el
debate, trayéndose a colación los hechos que la configuran».
4. En la parte final hizo algunas manifestaciones sobre
la eventual sentencia sustitutiva, en caso de que prospere la
casación.
CONSIDERACIONES
1. Análisis técnico de las acusaciones.
1.1. Precisión preliminar.
Como se acaba de reproducir, los recurrentes, en el
único cargo que formularon, reprocharon al ad quem la
violación indirecta de la ley sustancial, por pretermitirse las
pruebas demostrativas de la interrupción civil de la
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prescripción, con el expreso señalamiento de que este es el
aspecto central del remedio.
Adicionalmente, en desarrollo de los argumentos, pero
con la advertencia de que era para fines «ilustrativos», achacó
otros desaciertos por defectos de valoración probatoria, por
no advertirse que no se probó la posesión reclamada y que
hay incertidumbre sobre la fecha exacta del inicio de la
detentación.
La Corte, en garantía del acceso efectivo de la
administración de justicia, se referirá a todas las censuras,
sin diferenciar entre «torales» e «ilustrativas», bajo la
consideración de que cada defecto fue enunciado y elucidado
dentro del escrito de sustentación.
1.2. Medio nuevo en casación.
1.2.1. En materia casacional se proscriben los alegatos
novedosos, conocidos como medios nuevos, entendidos como
aquellas alegaciones «que no han sido planteadas en las
instancias y que a última hora son traídas como argumentos
de quiebre de la sentencia en el recurso de casación, sin que
la parte contra la cual se oponen tenga oportunidad de rebatir
y oponer su defensa o, si es el caso, enmendar a tiempo la
omisión o error» (SC, 10 mar. 2000, exp. n.° 6188).
Así lo establece el numeral 2° del artículo 346 del
Código General del Proceso, al declarar inadmisibles los
cargos que «planteen cuestiones de hecho o de derecho que no
fueron invocadas en las instancias».
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Regla que encuentra asidero en importantes principios
procesales, como el debido proceso, pues sólo es posible
adoptar una decisión judicial de fondo, sobre una materia
determinada, cuando se ha permitido a todos los interesados
pronunciarse sobre ella. Lo contrario significaría cercenar las
garantías de la parte que resulte afectada con la sentencia,
en particular, defensa y contradicción,
Además, «en ningún supuesto es viable revisar la
legalidad del fallo de segunda instancia, que es en esencia el
fin del recurso de casación, con base en argumentos que por
no haber sido propuestos ante el ad quem, éste no pudo
estudiar y evaluar» (SC1258, 22 ab. 2022, rad. n.° 2017-
00085-01).
Se agrega que las exhortaciones novedosas atentan
contra la lealtad procesal, por sorprender a los demás sujetos
procesales y a la administración de justicia con materias que
pretenden introducirse tardíamente. Quien procede de esta
forma actúa con incoherencia, «actuar que por desleal no es
admisible comoquiera que habilitaría la conculcación del
derecho al debido proceso de su contraparte, habida cuenta
que vería cercenadas las oportunidades de defensa reguladas
en las instancias del juicio, característica que no tiene el
recurso de casación» (SC1413, 2 jun. 2022, rad. n.° 2018-
00120-01).
La Sala ha insistido en la necesidad de rechazar los
medios nuevos, soportada en
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(I) La buena fe y lealtad procesal, pues no puede admitirse que un
sujeto procesal sorprenda a la administración de justicia y a los
demás litigantes con alegaciones de última hora, sobre los cuales
no fue posible agotar un debate integral en las instancias, so pena
de ‘grave quebranto del derecho de defensa del contradictor, que
en esa forma quedaría sin protección probatoria que oponer a la
nueva y súbita arma de su atacante’ (SC064, 9 may. 1994).
(II) Como el objeto de la casación es la sentencia de alzada, su
revisión debe hacerse a partir de lo sucedido dentro del expediente
y no con ‘elementos ni hechos ajenos al litigio, y por lo tanto
desconocidos del juez’ (SC152, 8 may. 1992). ‘Total, si las partes
voluntariamente dejan por fuera de controversia algunas materias,
no puede permitirse que con posterioridad sean introducidas de
forma extemporánea e intempestiva, menos aún en el trámite de
la casación, pues este remedio está limitado a las precisas
causales señaladas por el legislador y su objeto se acota a la
sentencia de segundo grado, razón para repeler su utilización
como un nuevo grado jurisdiccional (cfr. SC, 16 jul. 1965, GJ n.°
2278-2279, p. 106)’ (AC4032, 3 oct. 2022, rad. n.° 2011-00575-
01).
(III) ‘los medios nuevos’ no pueden ser atendidos en casación ‘por
la sencilla razón de que esto equivaldría a variar la demanda
iniciada y a modificar la relación jurídico-procesal’ (cas. Noviembre
28, 1936, XLII, 501). El medio nuevo produce así una alteración de
la litis-contestatio (SC, 24 ab. 1997).
De allí que se admita como máxima: ‘lo que no se alega en
instancia no existe en casación’ (SC, 12 feb. 1991) (AC2870, 10
oct. 2023, rad. n.° 2018-00459-01).
1.2.2. Son situaciones, que constituyen medios nuevos,
las que se relacionan en lo sucesivo:
(I) invocación de cuestiones jurídicas que no fueron
mencionadas ni estudiadas en las instancias, siempre que no
se trate de asuntos de orden público o de escrutinio
imperativo (SC1641, 8 jun. 2022, rad. n.° 2016-00522-01);
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(II) interjección de aspectos materiales que no integran
la plataforma fáctica del trámite judicial, por no haber sido
invocados en la demanda, la contestación o la fijación del
objeto del litigio (ibidem);
(III) reprobación de instrumentos demostrativos, a pesar
de haberse avalado su práctica, o asentirse en su contenido,
en el curso del juicio (SC205, 23 sep. 2023, rad. n.° 2019-
08051-01);
(IV) realización de alegación diferentes a las debatidas
en las instancias, con el fin de «que el litigio se solucione
mediante el estudio por la Corte Suprema de extremos
absolutamente distintos a los que fueron base de la demanda
y su contestación» (SC3604, 25 ag. 2021, rad. n.° 2016-
00063-01); e
(V) invocación de motivos no izados al acudir a la
apelación. «Esto es así debido a la modificación que hiciera el
Código General del Proceso al trámite del recurso de apelación,
cambiando de la apelación panorámica a la pretensión
impugnativa, en virtud de lo cual el juez de la alzada sólo
‘deberá pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el
apelante…’ (art. 328)…, de suerte que al no ser sometido a
discusión en las instancias [un preciso aspecto, éste] queda
vedado al trámite de la casación» (SC1413, 2 jun. 2022, rad.
n.° 2018-00120-01).
1.3. El caso concreto.
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En relación con el único cargo planteado en el sub
examine, procede anticipar que sus censuras son alegaciones
novedosas, razón para rehusarles prosperidad.
1.3.1. Para poner las cosas en perspectiva, es del caso
recordar:
(I) En la demanda, Jhon David Guerrero Arroyo solicitó
declarar que ganó, por prescripción extraordinaria, el
dominio del inmueble sobre el que versó el proceso, debido,
en síntesis, a que lo poseyó de forma quieta, pacífica e
ininterrumpida, por espacio superior a diez años, ejecutando
actos de señor y dueño.
(II) Los accionados, al replicar el libelo, se opusieron al
acogimiento de dicha pretensión, fincados, en esencia, en
que la posesión alegada ha sido violenta, debido a la querella
policiva promovida para defenderla, y en que los actos de
señorío aducidos son posteriores al 2 de marzo de 2017.
(III) Mediante demanda de reconvención, la sociedad
primigeniamente convocada peticionó la reivindicación del
fundo en litigio, para lo cual insistió en que la posesión fue
violenta, de mala fe e iniciada en la fecha arriba indicada.
Señaló que el inmueble siempre estuvo en poder de sus
legítimos propietarios, quienes se ocuparon de su limpieza y
mantenimiento. Agregó que las declaraciones recibidas en el
proceso policivo, a solicitud de su promotor, son
contradictorias y que, contrastadas con la prueba
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documental allegada por los dueños, se descubre su
falsedad.
(IV) Al alegar de conclusión, en audiencia del 12 de
mayo de 2022, los convocados se adentraron en el análisis
de las pruebas recaudadas, para relievar que el demandante
nunca ha tenido la posesión, de existir, no fue pacífica, por
la disputa existente con otros vecinos, y que los actos
perturbatorios son posteriores al año 2017.
(V) Surtidas las etapas correspondientes, el juzgado de
primera instancia emitió sentencia el 2 de junio de 2022, en
la que accedió a la usucapión deprecada y denegó la
reivindicación, por encontrar probada la posesión y el
consecuente decaimiento del derecho de propiedad de
quienes figuran como titulares del dominio.
(VI) Contra dicho fallo se alzaron los iniciales
demandados, quienes adujeron como reparos concretos: (I)
incongruencia, porque el a quo, al resolver sobre la
usucapión, admitió que los accionados era propietarios, lo
que desmintió al negar la reivindicación; y (II) defecto fáctico,
por efectuar «una valoración caprichosa y arbitraria» de las
pruebas, dejando de lado el estudio de la demanda en
reconvención.
(VI) En la sustentación de la apelación ante el ad quem,
se insistió en los razonamientos precedentes, pero
adicionando lo relativo a que lote disputado siempre estuvo
«sin obras[,] ni mejoras, desocupado», «quedando demostrado
que los actos a los que se refiere el demandante son netamente
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[una] vía de hecho… violatori[a] [de] los derechos de posesión
y propiedad».
(VII) El Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cartagena, Sala Civil-Familia, tras acotar su competencia a
los reparos concretos al apelar, abordó las críticas en orden
inverso al propuesto, para descartar su procedencia.
1.3.2. De este recuento refulge que, en el curso del
proceso, los asuntos en discusión han gravitado sobre la
persona que ejerció la posesión del lote de terreno, la
naturaleza de los actos realizados por el demandante, los
efectos de los trámites policivos adelantados respecto al tipo
de posesión y la fecha en que inició la detentación espuria.
Significa que, dentro de la controversia judicial, no se
discutió lo concerniente a la interrupción civil de la
prescripción blandida, con el fin de establecer la forma y
momento en que operó; así como tampoco la falta de
precisión sobre el hito inicial de la posesión, que impida
conceder la usucapión.
Estos argumentos, tanto probatorios como jurídicos,
por no integrar el debate de primera instancia, resultan
novedosos en casación, vedándose su estudio en este
momento procesal. Máxime porque no fueron objeto de
invocación al apelar, la cual se acotó a las probanzas
demostrativas de la posesión y a la incongruencia en la
prueba del derecho de dominio.
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En verdad la Corte sería la primera en adentrarse en el
análisis de la interrupción civil de la posesión y de la
exigencia de tener una fecha cierta de inicio de la posesión
para acceder a un reclamo prescriptivo, por lo que, de
hacerlo, además de privar al demandante de la posibilidad de
defenderse de estas materias, se estaría evaluando la
sentencia de segunda instancia a la luz de materias que no
abordó y que le son por completo extrañas por no haberse
esgrimido como fundamento de la apelación, convirtiendo la
casación en una tercera instancia.
Por la razón antedicha queda sin sustento el argumento
de los casacionistas, en el sentido de que el primero de los
tópicos integra las materias en discusión. Y es que, a riesgo
de hastiar, la mención que se hizo, en la contestación de la
demandada y en el escrito de reconvención, a la querella
policiva, tuvo por finalidad insistir en que la posesión
principió el 2 de marzo de 20171, que el demandante no es
poseedor2 y actuó de mala fe3, que tomó «la justicia como una
artimaña para evadir la recuperación del inmueble»4, y que
actuó con violencia 5 , sin mencionar la interrupción que
ahora se pretende en casación.
1.3.3. Queda en evidencia que los recurrentes
invocaron medios nuevos en este momento procesal, al
1 Contestación al hecho tercero, y hechos décimo tercero y décimo cuarto de la
demanda de reconvención.
2 Contestación al hecho cuarto.
3 Contestación hecho sexto.
4 Excepción intitulada «inexistencia de los requisitos jurídicos para la declaratoria de
pertenencia por prescripción adquisitiva».
5 Excepción intitulada «posesión violenta y clandestina» y hecho quinto de la demanda
de reconvención.
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proponer un debate sobre materias, no sólo ajenas a la
apelación, sino a la totalidad del proceso, por lo que resultan
inatendibles en este momento procesal, razón para que el
embiste deba rechazarse sin necesidad de otras
consideraciones.
1.4. Otros defectos técnicos.
Se agrega a lo expuesto que, en la formulación de las
censuras, se incurrió en otras desatenciones a la técnica del
remedio extraordinario, que se conjunta con la precedente,
para repeler su examen.
1.4.1. Los cuestionamientos sobre la ausencia de actos
posesorios e indeterminación de la fecha de su inicio, faltan
al requisito de completitud, establecido en el numeral 2° del
artículo 344 del actual estatuto adjetivo, por no controvertir
todos los argumentos que sirvieron al Tribunal para arribar
a la conclusión opuesta.
Total, el sentenciador acudió a la resolución n.° 007 del
13 de noviembre de 2018 de la Inspección de Policía Rural de
La Boquilla, las declaraciones de Agustín Miranda Acosta,
Judith Martínez Flórez y Alfredo Fortich Villero, y la
diligencia de inspección de judicial del 2 de diciembre de
2021, para concluir «que el demandante ha desplegado actos
posesorios de manera pacífica, pública e ininterrumpida por el
tiempo necesario para acceder a la declaratoria de usucapión».
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Como sobre ninguna de las probanzas mencionadas se
alzó reparo en el escrito de casación, se tiene que el cargo
deviene exiguo para derruir la sentencia confutada, pues,
aunque se diera razón a los opugnantes, en el sentido de que
los documentos del trámite policivo son demostrativos de que
la posesión data de 2017 y no hay certeza sobre la fecha de
inicio, lo cierto es que esto resultaría desmentido por los
demás instrumentos persuasivos apreciados por el
sentenciador y cuya hermenéutica deviene intangible para la
Sala.
La jurisprudencia tiene decantado que «el embate
resulta insuficiente», cuando no «cuestiona todas las
probanzas que sirvieron a la resolución de la apelación»,
«motivo para desechar su estudio de fondo» (AC5453, 16 dic.
2022, rad. n.° 2016-00358-01), motivo suficiente para su
rechazo.
1.4.2. Frente a estas dos (2) reprimendas tampoco se
mostró su trascendencia, huelga decirlo, su relevancia para
cambiar el sentido de la decisión adoptada por el juzgador de
segundo grado.
El citado artículo 344 del Código General del Proceso
prescribe que, cuando «se invoca un error de hecho
manifiesto, se singularizará con precisión y claridad»,
debiéndose «señalar su trascendencia en el sentido de la
sentencia».
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En el caso los impugnantes no hicieron ninguna
precisión sobre la repercusión de los errores denunciados en
el sentido del fallo criticado, más allá de mencionar que
configuraron, en una falla técnica que cierra el paso a su
análisis de fondo.
1.5. Conclusión.
Ante la inobservancia de las prescripciones adjetivas
que gobiernan la técnica casacional, se denegará la
prosperidad del cargo contenido en el escrito de
sustentación.
2. Algunas precisiones sobre la interrupción civil de
la posesión.
Aunque la Corte pasara por alto los defectos atrás
advertidos, se tiene que el razonamiento central de la
acusación, como es la interrupción de la prescripción, está
llamado al fracaso, por las razones que pasan a elucidarse.
2.1. De la posesión y su interrupción civil.
2.1.1. Solamente la posesión no interrumpida es útil al
propósito de ganar por usucapión el dominio de las cosas,
debiéndose entender por tal, según las previsiones del
artículo 2522 del Código Civil, aquella que «no ha sufrido
ninguna interrupción natural o civil».
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2.1.2. Entendiéndose por interrupción civil, según el
artículo 2524 del Código Civil, derogado por el 698 del Código
de Procedimiento Civil, como «todo recurso judicial intentado
por el que se pretende dueño de la cosa, contra el poseedor».
Regla sustituida por el 90 del último estatuto, en el que se
introdujo la regla de que «[l]a presentación de la demanda
interrumpe el término para la prescripción», la cual, pese a las
sucesivas modificaciones de que fue objeto, se ha mantenido
hasta la actualidad, en la que el canon disciplinante de la
cuestión es el 94 de la vigente codificación procesal, conforme
el cual:
La presentación de la demanda interrumpe el término para la
prescripción… siempre que el auto admisorio de aquélla… se
notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado
a partir del día siguiente a la notificación de tal… providencia… al
demandante. Pasado este término, los mencionados efectos sólo
se producirán con la notificación al demandado».
Ese desenvolvimiento legislativo sobre el punto permite
destacar:
(I) En el ámbito patrio la interrupción civil de la
prescripción adquisitiva, desde sus orígenes, ha estado
atada, en líneas generales, al ejercicio por parte de quien se
repute dueño de una cosa poseída por otro, de una acción
judicial mediante la cual, de un lado, haga efectivo su
derecho de dominio y, de otro, confronte y desvirtúe esa
detentación del tercero;
(II) No cualquier recurso o actuación judicial tiene la
potencialidad de producir el efecto antedicho, sino que la
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gestión del dueño debe consistir en la proposición de una
«demanda… referida a la posesión», la cual indefectiblemente
«debe estar encaminada a eliminar la posesión del bien y por
ende a destruir una de las condiciones necesarias para que en
el ministerio de la ley tenga lugar la prescripción adquisitiva;
en otros términos, la demanda debe pretender convencer al
presunto poseedor de que su actuación sobre el bien riñe con
los derechos de quien entabla la condigna pretensión
restitutoria» (SC, 7 mar. 1995, exp. n.° 4332); y
(III) Para la operancia de la interrupción de que se trata
no basta con la presentación de la demanda respectiva, sino
que es necesario, además, que el auto que la admita, se
notifique al respectivo poseedor demandado. Si el
enteramiento acaece dentro del año siguiente a cuando dicho
proveído se informe al demandante, el fenómeno en análisis
tendrá efecto retroactivo, esto es, se producirá a partir de la
fecha de presentación del respectivo libelo; de no ser así, ello
acontecerá solo desde la efectiva notificación.
Refiriéndose a este precepto, la Sala doctrinó:
[L]a prescripción solo se interrumpe civilmente con la presentación
oportuna de la demanda, pero a condición de que esta sea
admitida a trámite, y el auto admisorio o el mandamiento
de pago correspondiente se notifique apropiadamente y
dentro del plazo legal al convocado. Si ese enteramiento se
produce dentro del término de un año, contado a partir de
la fecha de notificación de dicha providencia a la parte
actora, la interrupción tendrá efectos retroactivos, es decir,
operará desde la radicación de la demanda. En caso
contrario, esos efectos solo se producirán ‘con la
notificación al demandado’.
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En cualquiera de esos supuestos, la interrupción civil podrá ser
eficaz, siempre que la presentación de la demanda o la
notificación del auto admisorio o el mandamiento de pago
al demandado, según sea el caso, se produzca antes del
fenecimiento del término de prescripción previsto en las
normas sustanciales. Similarmente, si la demanda se radica con
posterioridad al vencimiento de ese término, la prescripción se
consumará, con independencia de que la notificación de la
providencia de apertura del proceso al convocado se realice con
presteza.
En esa línea será ineficaz para el anunciado propósito la
demanda presentada, siempre que la intimación del
demandado acaezca (i) por fuera de la anualidad que
contemplan los artículos 90 del Código de Procedimiento
Civil y 94 del Código General del Proceso; y (ii) el término de
prescripción previsto en las leyes sustanciales haya
transcurrido completamente (negrilla fuera de texto, SC712,
25 may. 2022, rad. n.° 2012-00235-01).
2.1.3. A lo anterior debe añadirse que, a voces del
artículo 95 del Código General del Proceso, no tiene
operancia la interrupción civil de la prescripción cuando:
(I) «el demandante desista de la demanda»;
(II) el proceso termine por haber prosperado la
excepción «de inexistencia del demandante o del demandado»,
o de «incapacidad o indebida representación» de los mismos,
o de no haberse acreditado «la calidad en que actúe» el actor
«o se cite» al convocado, o «de pleito pendiente entre las
mismas partes y sobre el mismo asunto»;
(III) se «absuelva el demandado»;
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(IV) se le ponga fin por la prosperidad de la excepción
de «compromiso o cláusula compromisoria», salvo que se
promueva el proceso arbitral dentro de los 20 días hábiles
siguientes, o por «desistimiento tácito» o como consecuencia
de la «inasistencia injustificada de las partes a la audiencia
inicial»; y
(V) en los casos en los que se invalide la actuación con
inclusión de «la notificación del auto admisorio de la demanda
o del mandamiento ejecutivo, siempre que la causa de la
nulidad sea atribuible al demandante».
Precepto del cual se extracta que es condición
igualmente necesaria para que opere la interrupción civil de
la prescripción adquisitiva, que corre en favor del poseedor,
el acogimiento de la acción intentada o, en otros términos,
que el proceso gestionado termine con sentencia en la que se
reconozca prevalencia al derecho de su proponente y,
aparejadamente, se desvirtúe el de aquél.
En palabras de la Corte:
Previendo la necesidad de agotar un procedimiento antes de
materializar la devolución de la cosa a quien tiene derecho a
poseerla, la ley también reconoció al ejercicio de ciertas
acciones judiciales la potencialidad de interrumpir la
posesión. Y aunque el Código Civil no precisó cuál era el efecto de
esa interrupción de cara al tiempo de posesión ya transcurrido, la
cuestión quedó clarificada con la expedición del Código de
Procedimiento Civil, cuyos artículos 90 y 91 –que corresponden a
los preceptos 94 y 95 del Código General del Proceso vigente–,
fueron llamados a sustituir al derogado canon 2524 del Código
Civil.
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Dichas normas mantuvieron la regla genérica según la cual ‘la
presentación de la demanda interrumpe el término para la
prescripción’, especificando también las condiciones para que la
interrupción cobre eficacia; así como para que opere de manera
retroactiva a la fecha de la presentación de la demanda (Cfr. CSJ
SC712-2022). Además, precisaron que ‘no se considerará
interrumpida la prescripción’ cuando el juicio culmine de
modo anormal –v. gr., por desistimiento tácito-, o cuando el
poseedor-demandado obtenga un fallo favorable.
El hecho de que el conflicto jurídico fuera resuelto a favor
del convocante significa que sus derechos prevalecieron
sobre los del demandado, y también que este último no logró
hacerse a la propiedad por el modo de la prescripción. Por
ende, ha de entenderse que la decisión de acoger el petitum
conlleva la pérdida del tiempo de la posesión de la parte
vencida. Ello revela que la ley confirió al ejercicio exitoso
de las acciones o remedios judiciales una consecuencia
similar a la pérdida material de la posesión: su
interrupción civil; en cambio, si se protege la situación del
poseedor, de paso se elimina cualquier teórica solución de
continuidad en el curso temporal de su posesión (negrilla
fuera de texto, SC240, 25 ag. 2023, rad. n.° 2018-00265-01).
2.2. El caso concreto.
2.2.1. Aplicado el anterior estado del arte a los
argumentos de los casacionistas, propio es señalar que las
actuaciones invocadas por el censor, y cuya pretermisión se
achacó al ad quem, no tienen el alcance de interrumpir
civilmente la posesión.
Y es que, las solicitudes de los demandados originales
dirigidas a obtener copia del proceso policivo, o la tutela que
intentaron para que se anulara esa tramitación, o la petición
de invalidación que al interior de la misma presentaron, o la
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oposición que hicieron tanto al desistimiento radicado por
Guerrero Arroyo como a la tutela intentada por éste en contra
de la anulación de la querella en cuestión, carecen de las
condiciones atrás advertidas, pues son actuaciones que no
versaron sobre la posesión ejercida por el nombrado o que no
tuvieron por fin directo que se reconociera prevalencia al
derecho de los dueños frente al esgrimido por el poseedor.
Sin duda fueron actos encaminados a defender el
derecho de propiedad, pero no a socavar la detentación del
demandante, pues de ninguna manera la cuestionaron y,
menos aún, estuvieron encaminados a que se subyugara al
dominio.
2.2.2. El único acto que eventualmente tendría
potencial para generar el efecto interruptivo sería la querella
policiva intentada por los titulares del derecho de dominio
sobre el inmueble disputado, por tratarse de una
reclamación que pretende desdecir de la posesión.
Sin embargo, la simple enunciación de su realización
deviene vacua, en tanto no da cuenta de todos los supuestos
para que se materialice la interrupción civil, para lo cual era
indispensable que en el embiste se enunciaran las pruebas
que dan cuenta de la fecha de admisión del trámite y de la
notificación al querellado.
Estas omisiones conducen a que la acusación carezca
de claridad, al no poderse determinar si existió el yerro
atribuido al sentenciador de segundo grado.
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Y como la casación no es una tercera instancia, en la
que la Corte pueda, a su acomodo, examinar las pruebas
para constatar la veracidad de los argumentos de la censura,
la falta de demostración del cargo impide que puedan
auscultarse los medios de convicción con que aquí se contó,
en aras de verificar la satisfacción de las condiciones
regladas en el citado artículo 94.
2.2.3. Súmese a lo anterior que tampoco es dable a la
Sala establecer si la interrupción aducida fue eficaz, en el
supuesto de que ella hubiese tenido ocurrencia, pues el
recurrente también se sustrajo de explicar y acreditar que la
decisión con la que se finiquitó el proceso policivo significó el
reconocimiento del derecho de los propietarios, así como la
prevalencia del mismo frente al esgrimido por el poseedor
querellado.
Sobre el particular, los censores se limitaron a observar
que se «profirió la Resolución 007 de 13 de noviembre de 2018
(…), denegando el amparo posesorio impetrado por Orlando
Barrios Terry. Y entonces el querellado Jhon Guerrero
interpuso los recursos de reposición y apelación para que le
reconociesen ‘su calidad de poseedor’, tarea impugnaticia que
devino vana porque la Inspección negó por improcedentes los
recursos y, a cambio, ordenó archivar la querella’», de modo
que nada dijeron sobre la decisión adoptada frente a la
querella intentada.
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2.2.4. Por último, ninguna dilucidación hicieron los
demandados sobre la inaplicación del artículo 95 del estatuto
adjetivo al sub lite, por no concurrir ninguno de los motivos
allí enlistados, tocantes a la ineficacia de la interrupción civil,
elemento necesario para establecer si la censura tiene
trascendencia.
3. Consideración de cierre.
Corolario de lo analizado en precedencia es el fracaso
del cargo propuesto, no sólo por la inobservancia de las
reglas técnicas para su adecuada proposición, sino por la
ausencia de explicaciones tendientes a desvelar su
trascendencia.
En aplicación del numeral 1° del artículo 365 del Código
General del Proceso, se condenará en costas a la parte
recurrente. Las agencias en derecho se tasarán por el
magistrado ponente, con sujeción al numeral 3 del artículo
366 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura, para lo cual se tendrá en cuenta que el
escrito de sustentación del remedio fue replicado.
DECISIÓN
Por mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia de 9 de diciembre de 2022, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
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Sala Civil - Familia, dentro del proceso que Jhon David
Guerrero Arroyo adelantó contra Miguel Ángel Álvarez
Sánchez-Orozco, Beatriz Fernández Requejo, Orlando
Donado & Cía. Ltda. y personas indeterminadas.
Costas en casación a cargo de los demandados iniciales.
Se fija la suma de diez (10) s.m.l.m.v. a la fecha de este
veredicto, por concepto de agencias en derecho, que señala el
magistrado ponente.
Oportunamente devuélvase el expediente a la
corporación de origen.
Notifíquese y cúmplase,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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