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clave: "corte_suprema:providencia:SC137-2024 [2019-00338-01]"
titulo: "Corte Suprema: no cualquier recurso o actuación judicial tiene la potencialidad de producir el efecto antedicho"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-08"
radicado: "2019-00338-01"
numero: "SC137-2024"
ponente: "Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo"
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# Corte Suprema: no cualquier recurso o actuación judicial tiene la potencialidad de producir el efecto antedicho

- **Título oficial / radicado:** SC137-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-08
- **Radicado:** 2019-00338-01
- **Número:** SC137-2024
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC137-2024%20%5B2019-00338-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC137-2024%20%5B2019-00338-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXJveiBNb25zYWx2by80Li0gQWJyaWwvU2VudGVuY2lhcy9TQzEzNy0yMDI0IFsyMDE5LTAwMzM4LTAxXS5wZGY%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Regla de decisión

Quien procede de esta forma actúa con incoherencia, «actuar que por desleal no es admisible comoquiera que habilitaría la conculcación del derecho al debido proceso de su contraparte, habida cuenta que vería cercenadas las oportunidades de defensa reguladas en las instancias del juicio, característica que no tiene el recurso de casación».

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Constitución Política

## Extracto

2022, rad. n.° 2016-00358-01), motivo suficiente para su rechazo. Algunas precisiones sobre la interrupción civil de la posesión. Si ese enteramiento se produce dentro del término de un año, contado a partir de la fecha de notificación de dicha providencia a la parte actora, la interrupción tendrá efectos retroactivos, es decir, operará desde la radicación de la demanda. El proceso termine por haber prosperado la excepción «de inexistencia del demandante o del demandado», o de «incapacidad o indebida representación» de los mismos, o de no haberse acreditado «la calidad en que actúe» el actor «o se cite» al convocado, o «de pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto»; Previendo la necesidad de agotar un procedimiento antes de materializar la devolución de la cosa a quien tiene derecho a poseerla, la ley también reconoció al ejercicio de ciertas acciones judiciales la potencialidad de interrumpir la posesión.

## Cita textual

> no se puede desconocer que se trata de declarantes frente a los cuales es predicable un alto grado de sospecha

## Texto del documento

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC137-2024
Radicación n.° 13001-31-03-007-2019-00338-01
(Aprobado en sesión de primero de febrero de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro
(2024).
Se decide el recurso de casación interpuesto por Miguel
Ángel Álvarez Sánchez-Orozco, Beatriz Fernández Requejo y
Orlando Donado & Cía. Ltda., frente a la sentencia del 9 de
diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil - Familia, dentro
del proceso que Jhon David Guerrero Arroyo adelantó contra
aquéllos y personas indeterminadas, con demanda de mutua
petición.
ANTECEDENTES
1. Apreciado el escrito inaugural (archivo digital
02Demanda.pdf), se tiene que el demandante pretendió que
se declarara que prescribió de forma extraordinaria el
derecho de dominio sobre el lote identificado con la
nomenclatura 14-53 de la carrera 21, de la Boquilla,
jurisdicción de Cartagena, y comprendido dentro de los
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linderos señalados, con la consecuente inscripción de la
sentencia en la matrícula correspondiente.
2. Fundamentó sus súplicas, básicamente, en que
poseyó el predio de «manera pública, tranquila, pacífica y sin
clandestinidad», por más de diez (10) años, sin
interrupciones, en desarrollo de lo cual realizó actos de
señorío como el cerramiento, limpieza y construcción de dos
(2) casas.
3. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena,
mediante auto del 10 de octubre de 2019, admitió el libelo
introductorio (archivo digital 06AutoAdmite.pdf).
4. Después de agotado el proceso de enteramiento,
Miguel Ángel Álvarez Sánchez-Orozco y Beatriz Fernández
Requejo, en escrito conjunto, replicaron la demanda, se
opusieron a las pretensiones, clarificaron los hechos y
formularon las excepciones que denominaron «inexistencia
de los requisitos jurídicos para la declaratoria de pertenencia
por prescripción adquisitiva», «carencia de los elementos de la
posesión» y «posesión violenta y clandestina» (archivo digital
09DescorreTrasladoDemanda.pdf).
5. La sociedad Orlando Donado & Cía. Ltda.,
representada por la misma apoderada judicial, adelantó las
siguientes actuaciones:
5.1. En documento separado (archivo digital
18Contestacion-Demanda.pdf), respondió la demanda de
forma equivalente a los otros accionados.
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5.2. Formuló demanda de reconvención (archivo digital
20DemandaReconvencion.pdf), en la que solicitó declarar
que el dominio del bien le pertenece, junto a los otros
convocados, con la orden de restitución al demandante, junto
con el valor de los frutos naturales y civiles, sin condenar al
pago de expensas.
Sustentó sus súplicas en estos hechos:
5.2.1. Los propietarios fueron despojados «de manera
violenta» del predio por parte del señor Jhon David Guerrero
Arroyo, sin que la protección promovida por querella policiva
resultara avante por la anulación del trámite.
5.2.2. El predio siempre estuvo en su poder, frente al
que procuró por su mantenimiento y limpieza, sin que haya
ningún tipo de construcción, como se acredita con las
fotografías obtenidas de «GOOGLE MAPS», pues se ha estado
a la espera del «desarrollo urbanístico» y de la legalización de
las acometidas de servicios públicos.
5.2.3. La venta del predio fue encargada a diversas
inmobiliarias, como consta en correos electrónicos del «22 de
mayo de 2009, 9 de octubre de 2014, 30 de noviembre de
2015 y 16 de julio de 2016».
5.2.4. La posesión irregular y de mala fe del señor
Guerrero Arroyo comenzó «aproximadamente desde el día 2
de marzo de 2017», como «lo demuestra el informe pericial
elaborado por el perito ing. Erasmo Reyes Cañate…, dentro de
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la diligencia de inspección ocular realizada el 21 de [a]bril de
2017 por la Inspección de Policía Rural de la Boquilla, en razón
de la querella policiva por perturbación de la posesión ya
citada».
6. Admitida la reconvención el 10 de noviembre de 2020
(archivo digital 01AutoAdmite.pdf), el primigenio actor la
contestó refiriéndose de distinta manera a los hechos,
rechazando la acción dominical y planteando la excepción de
«prescripción extintiva de dominio» (archivo digital
03ContestacionDemanda.pdf).
7. En primera instancia se emitió sentencia escrita el 2
de junio de 2022 (archivo digital 32AutoDecreta.pdf), en la
que desestimaron las excepciones iniciales, declaró que el
demandante adquirió el dominio del inmueble por
prescripción extraordinaria, ordenó la inscripción del fallo en
el folio de la matrícula inmobiliaria y denegó la
reivindicación.
8. Apelado este veredicto por los convocados (archivo
digital 33RecursoApelacion.pdf), el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, lo confirmó
el 9 de diciembre de 2022 (archivo digital 09. Sentencia.pdf),
por las razones que se resumen más adelante.
9. La sentencia de alzada fue recurrida en casación,
siendo admitido el recurso el 21 de marzo de 2023 (archivo
digital 0008Auto.pdf) y el escrito de sustentación el 5 de
septiembre del mismo año (archivo digital 0025Auto.pdf).
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ARGUMENTOS DEL AD QUEM
1. Puso de presente que, conforme al artículo 328 del
Código General del Proceso, «la competencia del Tribunal se
circunscribe únicamente a desatar los reparos indicados por
la parte recurrente, pues es sobre ellos que se abre la
posibilidad de emitir un pronunciamiento de fondo».
2. Con tal base, anunció que ninguna de las
inconformidades de los apelantes estaba llamada a abrirse
paso.
2.1. La concerniente a la indebida valoración
probatoria, puesto que:
2.1.1. La promoción de una querella policiva en contra
de Orlando Barrios Terry y Carlos Eloy Brievas, acumulada
contra otra similar entre las mismas partes, «no genera que
la posesión ejercida por el actor se torne violenta, comoquiera
que se trató del ejercicio legítimo de la acción policiva prevista
en el artículo 79 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana…, lo cual, a no dudar, constituye más
bien un acto de señorío del demandante».
Clarificado esto, «no se advierte ningún comportamiento
del demandante que permita tildar su señorío como no pacífico
o violento».
2.1.2. El dictamen rendido por el perito Erasmo Reyes
Cañate, en la citada acción policiva, no permite «llegar a la
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conclusión de que el demandante no realizó ningún tipo de
acto de señorío sobre el lote que pretende usucapir por el
tiempo exigido por la ley», pues no da cuenta de lo sucedido
antes, o después, del 21 de abril de 2017.
Por el contrario, según la Resolución 007 de 13 de
noviembre de 2018 de la Inspección de Policía Rural de la
Boquilla, el predio fue cercado, acto de señorío, junto con
otros, que fue ratificado por los testigos Agustín Miranda
Acosta, Judith Martínez Flórez y Alfredo Fortich Villero.
En consecuencia, desestimó «que los actos de dominio…
[del] demandante… sólo iniciaron con la presentación de la
‘demanda de pertenencia’ -19 de julio de 2019-». En verdad,
estimó que fueron realizados por el tiempo necesario para
usucapir, como se infiere de que «ha defendido el predio
frente a terceros, lo ha cercado, lo ha mantenido, lo ha
explotado económicamente y lo ha mejorado».
2.1.3. Las declaraciones rendidas por los demandados,
«sólo adquiere[n] relevancia probatoria en la medida en que…
admita[n] hechos que le produzcan consecuencias adversas o
que favorezcan a la parte contraria, pues[,] según
fundamentales principios probatorios, nadie puede sacar
provecho [de] sus propias afirmaciones», de allí que las
rechazara como demostrativas de que la posesión arrancó el
30 de marzo de 2017.
2.1.4. La queja sobre el interrogatorio practicado a
Carlos Donaldo Carvajales, por no haberse realizado con las
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reglas de un testimonio, fue calificada como extemporánea,
pues debió plantearse frente al auto que decretó las pruebas,
y, en todo caso, es «intrascendente, porque sea cual fuere la
forma de valorar esa declaración, lo cierto es que ella, por sí
sola, no desvirtúa la posesión alegada por la parte
demandante».
2.1.5. Sobre las versiones juramentadas de Isabel Parra
Pulido y Luis Francisco Álvarez Sánchez-Orozco, observó que
«no se puede desconocer que se trata de declarantes frente a
los cuales es predicable un alto grado de sospecha», como
quiera que admitieron, la primera, que era «madrina de una
hija de Carlos Donado Carvajales y para la época de la
compraventa del referido lote… la cónyuge de Miguel Ángel
Álvarez Sánchez-Orozco»; y el segundo, ser hermano de
este último y esposo de Beatriz Fernández Requejo. Además,
«durante toda su declaración fue notorio que les asistía un
claro interés en favorecer a sus familiares, lo cual afecta su
credibilidad y mengua la fuerza demostrativa».
Se agrega que su dicho pierde credibilidad por lo
atestado por Agustín Miranda Acosta, Judith Martínez Flórez
y Alfredo Fortich Villero, quienes fueron claros y coherentes,
sin desvelar ningún interés en el resultado del proceso.
2.2. En lo tocante a la «incongruencia» del fallo
recurrido, puntualizó el ad quem que «el derecho de
propiedad debía darse por extinguido desde que se completó
el tiempo necesario para prescribir» y que, por ende, «aunque
se admitiera que en el registro inmobiliario aún figuran como
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dueños» los primigenios demandados, «la prescripción
adquisitiva que operó en favor» del actor inicial, lo que
«impedía la prosperidad de la demanda reivindicatoria
propuesta a manera de reconvención».
LA DEMANDA DE CASACIÓN
CARGO ÚNICO
Soportado en la causal segunda del artículo 366 del
Código General de Proceso, se denunció la sentencia del
Tribunal por violar de forma indirecta los cánones 762, 768,
771, 946, 972, 979, 981, 2512, 2518, 2522 del Código Civil,
94, 95 y 375 del Código General del Proceso, todo como
consecuencia de «evidentes errores fácticos y probatorios», por
lo motivos que desarrolla en lo siguiente.
1. Señaló, como «puntualización previa», la importancia
de extremar garantías en favor de quien es verdadero
poseedor, so pena de promover el uso incorrecto de la
usucapión, como ocurre en el caso de simples «relaciones de
vecindad», como sucedió en el sub examine, donde
adicionalmente se pasaron «por alto ciertas circunstancias
que constituyen verdaderas interrupciones de la prescripción,
particularmente cuando el dueño, saliendo de una eventual
inactividad, reclama en los estrados judiciales la cosa».
2. Sentados esos planteamientos generales, el
impugnante pasó a cuestionar la labor decisoria del ad quem,
lo que hizo así:
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2.1. Advirtió que los dueños del inmueble disputado «no
abandonaron su derecho», ya que lo defendieron «en todos los
frentes…, antes de cumplirse el término de la prescripción
adquisitiva, comportamiento que constituyó, a no dudarlo, una
verdadera y auténtica interrupción de la usucapión».
2.2. Recordó que fueron varias las controversias que
hubo por la posesión del inmueble; la más destacada fue la
ventilada entre el promotor de este litigio y los señores
Orlando Barrios Terry y Carlos Eloy Brievas, en la que éstos
contraatacaron a aquél.
Consideró que, frente a este proceso policivo, el
Tribunal cometió múltiples errores, por haberse limitado a
mencionarlo sin hacer una revisión cuidadosa de éste:
2.2.1. Pasó por alto que los titulares del dominio
pidieron copias en dos ocasiones (8 de junio y 28 de
septiembre de 2017), sin que fueran ordenadas, en un
aberrante desconocimiento del derecho defensa.
2.2.2. Desconoció que el 24 de octubre de 2017,
aquéllos promovieron acción de tutela reclamando la nulidad
del trámite, por no haber sido citadas al trámite.
2.2.3. Ignoró que los dueños, el 2 de febrero de 2018,
elevaron petición solicitando la invalidación, la cual fue
acogida mediante auto del 18 de junio siguiente.
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2.2.4. Soslayó que Guerrero Arroyo reprochó por vía de
tutela la anulación de esa tramitación, escrito en el que
reconoció que los propietarios pidieron copias de la misma,
acción constitucional que fue denegada.
2.2.5. Se desentendió que, luego de la nulidad, la
querella recomenzó con la intervención de los dueños,
aceptándose el desistimiento de Guerrero Arroyo, pese a la
férrea oposición que a tal pedimento hicieron aquéllos.
2.3. Luego de insistir en que el fallador de alzada se
refirió al mencionado juicio de forma muy tangencial, tildó de
superficial la conclusión de que no hubo ningún tipo de
interrupción o discontinuidad.
En su criterio, si tal Corporación hubiese «penetrado la
vista[,] habría encontrado que la actuación viva y dinámica de
los dueños del inmueble ante la autoridad de policía, gozó de
virtualidad para interrumpir la prescripción», lo que descarta
«de tajo la idea de abandono o desinterés que es inmanente

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

interrumpida la prescripción’ cuando el juicio culmine de
modo anormal –v. gr., por desistimiento tácito-, o cuando el
poseedor-demandado obtenga un fallo favorable.
El hecho de que el conflicto jurídico fuera resuelto a favor
del convocante significa que sus derechos prevalecieron
sobre los del demandado, y también que este último no logró
hacerse a la propiedad por el modo de la prescripción. Por
ende, ha de entenderse que la decisión de acoger el petitum
conlleva la pérdida del tiempo de la posesión de la parte
vencida. Ello revela que la ley confirió al ejercicio exitoso
de las acciones o remedios judiciales una consecuencia
similar a la pérdida material de la posesión: su
interrupción civil; en cambio, si se protege la situación del
poseedor, de paso se elimina cualquier teórica solución de
continuidad en el curso temporal de su posesión (negrilla
fuera de texto, SC240, 25 ag. 2023, rad. n.° 2018-00265-01).
2.2. El caso concreto.
2.2.1. Aplicado el anterior estado del arte a los
argumentos de los casacionistas, propio es señalar que las
actuaciones invocadas por el censor, y cuya pretermisión se
achacó al ad quem, no tienen el alcance de interrumpir
civilmente la posesión.
Y es que, las solicitudes de los demandados originales
dirigidas a obtener copia del proceso policivo, o la tutela que
intentaron para que se anulara esa tramitación, o la petición
de invalidación que al interior de la misma presentaron, o la
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oposición que hicieron tanto al desistimiento radicado por
Guerrero Arroyo como a la tutela intentada por éste en contra
de la anulación de la querella en cuestión, carecen de las
condiciones atrás advertidas, pues son actuaciones que no
versaron sobre la posesión ejercida por el nombrado o que no
tuvieron por fin directo que se reconociera prevalencia al
derecho de los dueños frente al esgrimido por el poseedor.
Sin duda fueron actos encaminados a defender el
derecho de propiedad, pero no a socavar la detentación del
demandante, pues de ninguna manera la cuestionaron y,
menos aún, estuvieron encaminados a que se subyugara al
dominio.
2.2.2. El único acto que eventualmente tendría
potencial para generar el efecto interruptivo sería la querella
policiva intentada por los titulares del derecho de dominio
sobre el inmueble disputado, por tratarse de una
reclamación que pretende desdecir de la posesión.
Sin embargo, la simple enunciación de su realización
deviene vacua, en tanto no da cuenta de todos los supuestos
para que se materialice la interrupción civil, para lo cual era
indispensable que en el embiste se enunciaran las pruebas
que dan cuenta de la fecha de admisión del trámite y de la
notificación al querellado.
Estas omisiones conducen a que la acusación carezca
de claridad, al no poderse determinar si existió el yerro
atribuido al sentenciador de segundo grado.
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Y como la casación no es una tercera instancia, en la
que la Corte pueda, a su acomodo, examinar las pruebas
para constatar la veracidad de los argumentos de la censura,
la falta de demostración del cargo impide que puedan
auscultarse los medios de convicción con que aquí se contó,
en aras de verificar la satisfacción de las condiciones
regladas en el citado artículo 94.
2.2.3. Súmese a lo anterior que tampoco es dable a la
Sala establecer si la interrupción aducida fue eficaz, en el
supuesto de que ella hubiese tenido ocurrencia, pues el
recurrente también se sustrajo de explicar y acreditar que la
decisión con la que se finiquitó el proceso policivo significó el
reconocimiento del derecho de los propietarios, así como la
prevalencia del mismo frente al esgrimido por el poseedor
querellado.
Sobre el particular, los censores se limitaron a observar
que se «profirió la Resolución 007 de 13 de noviembre de 2018
(…), denegando el amparo posesorio impetrado por Orlando
Barrios Terry. Y entonces el querellado Jhon Guerrero
interpuso los recursos de reposición y apelación para que le
reconociesen ‘su calidad de poseedor’, tarea impugnaticia que
devino vana porque la Inspección negó por improcedentes los
recursos y, a cambio, ordenó archivar la querella’», de modo
que nada dijeron sobre la decisión adoptada frente a la
querella intentada.
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2.2.4. Por último, ninguna dilucidación hicieron los
demandados sobre la inaplicación del artículo 95 del estatuto
adjetivo al sub lite, por no concurrir ninguno de los motivos
allí enlistados, tocantes a la ineficacia de la interrupción civil,
elemento necesario para establecer si la censura tiene
trascendencia.
3. Consideración de cierre.
Corolario de lo analizado en precedencia es el fracaso
del cargo propuesto, no sólo por la inobservancia de las
reglas técnicas para su adecuada proposición, sino por la
ausencia de explicaciones tendientes a desvelar su
trascendencia.
En aplicación del numeral 1° del artículo 365 del Código
General del Proceso, se condenará en costas a la parte
recurrente. Las agencias en derecho se tasarán por el
magistrado ponente, con sujeción al numeral 3 del artículo
366 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura, para lo cual se tendrá en cuenta que el
escrito de sustentación del remedio fue replicado.
DECISIÓN
Por mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia de 9 de diciembre de 2022, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
Radicación n.° 13001-31-03-007-2019-00338-01
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Sala Civil - Familia, dentro del proceso que Jhon David
Guerrero Arroyo adelantó contra Miguel Ángel Álvarez
Sánchez-Orozco, Beatriz Fernández Requejo, Orlando
Donado & Cía. Ltda. y personas indeterminadas.
Costas en casación a cargo de los demandados iniciales.
Se fija la suma de diez (10) s.m.l.m.v. a la fecha de este
veredicto, por concepto de agencias en derecho, que señala el
magistrado ponente.
Oportunamente devuélvase el expediente a la
corporación de origen.
Notifíquese y cúmplase,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC137-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-04-08. C.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Rad. 2019-00338-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC137-2024%20%5B2019-00338-01%5D).
