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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
SC1360-2024
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
(aprobado en sesión de 30 de mayo de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil veinticuatro
(2024).
Se decide el recurso extraordinario de casación
interpuesto por la convocante frente a la sentencia de 12 de
enero de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, en el trámite verbal que
promovió Vector Geophysical S.A.S., antes G2 Seismic Ltd. –
Sucursal Colombia, contra la Empresa Nacional Promotora
del Desarrollo Territorial S.A. – EnTerritorio, antes Fondo
Financiero de proyectos de Desarrollo – FONADE.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
G2 Seismic Ltd. – Sucursal Colombia (en adelante,
Seismic) promovió, ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo el medio de control de controversias
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contractuales, en procura de que la jurisdicción declarara
que, «por hechos no imputables a Seismic, se presentó la ruptura del
equilibrio económico del contrato estatal n.º 2072122 de fecha 29 de
noviembre de 2007, suscrito con FONADE».
Consecuencialmente, pidió condenar a FONADE al pago
de $52.499.850.692, a título de «restablecimiento del equilibrio
económico del contrato», además de «los rendimientos de las sumas
correspondientes a los mayores costos soportados desde las fechas en
que se causaron (...), hasta la fecha en que quede ejecutoriada la
sentencia, con base en el DTF aplicable a este (sic) período».
Por último, solicitó anular «el acto administrativo (...)
mediante [el] cual se hizo efectiva la
cláusula penal
pecuniaria, por valor
de $86.676.923»; disponiendo, «a título de restablecimiento del
derecho», la devolución de esa suma de dinero, «actualizada
debidamente, de conformidad con el IPC», y junto con los réditos
que hubiere podido generar, calculados también «con base en
el DTF aplicable a este (sic) período».
2. Fundamento fáctico.
En sustento de sus súplicas, la convocante dijo haber
participado en el proceso de selección IPG/2135-196040,
«para contratar la “consultoría para la adquisición, cubrimiento completo,
procesamiento e interpretación de 338 Km de líneas sísmicas 2D en el
proyecto Chocó-Buenaventura – en la cuenca Atrato San Juan”», en
cuya fase preliminar FONADE estableció «unas obligaciones en
materia socio ambiental a cargo del contratista, indicándose que la
empresa que resultara adjudicataria debería certificar la presencia de
grupos étnicos, y adelantar a su vez los procedimientos de consulta
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previa para la ejecución de los proyectos», infringiendo así «el artículo
6 del Convenio 169 de la OIT, que radica en cabeza del Estado la
obligación de realización previa de las consultas a las comunidades».
Pese a ello, Seismic presentó una propuesta, en la que
indicó que la movilización de personal y equipos solo se haría
«previa adquisición (sic) de los permisos necesarios y de concertación con
las comunidades asentadas en el lugar, y que, sin embargo, se
construiría paralelamente el campamento base, previa autorización de
las comunidades y autoridades locales». Adicionalmente, «en el
cronograma presentado se estableció un plazo de 90 días para el
desarrollo de las etapas de socialización del proyecto y de consulta
previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas
en el lugar, tomando como base el último proyecto llevado a cabo por la
ANH, el cual había durado dicho lapso».
FONADE aceptó dicha propuesta y adjudicó el contrato
a Seismic, el cual terminó suscribiéndose el 29 de noviembre
de 2007. En dicho acto se dejó sentado que la
contraprestación de la contratista se fijaría por el sistema de
precios unitarios sin fórmula de reajuste, por una suma total
de $40.257.799.689, y que la ejecución se extendería por
once meses. A partir de ese momento, la actora inició el
proceso de elaboración del Plan de Manejo Social (PMS) y el
Plan de Manejo Ambiental (PMA), para lo cual movilizó
personal y construyó el correspondiente campamento base.
Además, solicitó al Ministerio del Interior que certificara
cuáles grupos étnicos habitaban el sector, obteniendo como
respuesta que allí estaban asentadas dieciocho comunidades
indígenas y afrodescendientes, «de las más diversas condiciones,
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necesidades y características, que hacían necesario adelantar complejos
procedimientos de consulta previa ordenados por la ley, situación
desconocida por el contratista y que no fue objeto de análisis en la
elaboración de los estudios previos por parte de la entidad contratante».
De esa situación se dio noticia a FONADE, según consta en
varias actas de seguimiento.
En el proceso de socialización y posterior consulta
previa con las distintas comunidades se presentaron
múltiples dificultades, que llevaron a las partes a prorrogar
el contrato en varias oportunidades, hasta el 28 de junio de
2010. Esto con ocasión de «las múltiples demoras en que incurrió
la empresa Seismic como resultado de situaciones no imputables a esta,
a saber: (i) la demora en los procedimientos de consulta previa; (ii) la
paralización de las labores por el ingreso no autorizado del personal de
Servigecol a predios de la comunidad Acadesan; y (iii) la negativa de los
trabajadores de Acadesan a realizar las labores del contrato».
El retraso descrito generó importantes sobrecostos para
el contratista, «que ascendieron a la suma de $52.499.850.962 (...)»,
y que corresponden, principalmente, al importe del canon de
arrendamiento de un equipo especializado –USD $15.000 por
día–; la operación del campamento base, y los salarios del
personal asignado al proyecto. Con base en ello, el 21 de
noviembre de 2009 se pidió a FONADE restablecer el
equilibrio económico del contrato, así como ampliar el tope
de los gastos reembolsables por inversión social, en atención
a «las altísimas pretensiones [económicas] de la comunidad Acadesan».
Aunque la actora culminó con suceso la tarea que se le
encomendó, FONADE no accedió a ninguno de esos
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pedimentos de reajuste; por el contrario, comunicó su
decisión «de hacer efectiva la
cláusula penal
pecuniaria (...) por razón
de un supuesto incumplimiento parcial como resultado de las demoras
en la ejecución del objeto contractual, situación que, se repite, obedeció
a circunstancias externas y totalmente ajenas al contratista». En esas
condiciones, el 11 de agosto de 2011 se firmó el acta de
liquidación del contrato, «declarándose en el numeral 2 del
mencionado documento que la empresa contratista había dado cabal
cumplimiento a las obligaciones objeto del contrato».
3. Actuación procesal.
3.1. Enterada del auto admisorio, FONADE se opuso
al petitum, y esgrimió las excepciones de «falta de jurisdicción»;
«falta de juramento estimatorio», y «ausencia de causa para pedir».
3.2. El Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó,
a quien le correspondió la causa inicialmente, declaró
probada la alegada falta de jurisdicción durante la audiencia
inicial. Esa determinación fue confirmada por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante auto
de 17 de junio de 2015; allí también se dispuso que el
expediente fuera remitido a los Juzgados Civiles del Circuito
de Bogotá, para que continuaran el trámite.
3.3. El asunto fue reasignado al Juzgado Cuarenta y
Ocho Civil del Circuito de Bogotá, autoridad que, tras agotar
las etapas procesales pendientes, desestimó las pretensiones
en sentencia de 19 de abril de 2018, pretextando que no
estaban acreditadas las condiciones de procedencia «de la
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teoría de la imprevisión». Inconforme, la sociedad demandante
interpuso el recurso de apelación.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El tribunal revocó la decisión del funcionario a quo, y
declaró «parcialmente demostrado el rompimiento del equilibrio
económico en el contrato (...) del 29 de noviembre de 2007, celebrado
entre FONADE y Seismic», condenando a la demandada al pago
de $60.000.000, monto que debe actualizarse «desde junio de
2010», y hasta «el momento del pago efectivo».
Para sustentar esa decisión, adujo que el juzgador de
primera instancia había interpretado erradamente la
demanda, pues la sociedad actora no había ejercido la acción
de «revisión del contrato por circunstancias extraordinarias»,
consagrada en el artículo 868 del Código de Comercio, sino
que pidió el restablecimiento del equilibrio económico del
contrato –o de la ecuación contractual–, en los términos del
canon 27 de la Ley 80 de 1993.
A ello agregó, a modo de precisión formal, que no
resultaba pertinente detenerse en el reproche «fundado en que
la consulta previa es una obligación del Estado» –al que dedicó
Seismic buena parte de los argumentos de la sustentación de
su apelación–, «pues (...) la falta de ataque sobre ese punto en los
reparos concretos al interponer la alzada veda cualquier escrutinio, so
pena que (sic) la Sala incurra en el vicio de incongruencia», en los
términos del artículo 328 del Código General del Proceso.
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En cuanto al debate planteado, indicó que el
desequilibrio que se alegó solo podría radicar en las
salvedades que se hicieron constar en el documento final de
liquidación del contrato ajustado entre las partes, las cuales
se fundaron en diez eventos generadores de sobrecostos, a
saber: «1) demoras (...) en los procedimientos de consulta previa con las
diferentes comunidades; 2) Condiciones laborales adicionales a las de
ley exigidas por las comunidades (...); 3) Renuncias masivas por falta de
compromiso, seriedad y voluntad laboral de los trabajadores de la región
(...); 4) Paralización de las actividades por un año debido a que una
compañía entró al territorio de la comunidad Acadesan sin permiso; 5)
No reconocimiento y respuesta oportuna de FONADE y la ANH sobre los
sobrecostos en los gastos reembolsables del proyecto (...); 6) Múltiples
inconvenientes de seguridad (...); 7) Adversidad climática (...); 8) Falta
total de respuesta y acompañamiento del Ministerio del Interior (...); 9)
La legalidad de la multa impuesta por la demora; [y] 10) Los intereses
generados por el no pago oportuno del saldo retenido en garantía».
Siguiendo el orden propuesto, el Tribunal resaltó que
los pliegos de condiciones elaborados por FONADE
asignaban al proponente la carga de «visitar e inspeccionar la
zona donde se desarrollarán los trabajos e informarse por su cuenta
acerca de (...) todas las circunstancias que pueden afectar o influir en el
cálculo del valor de su propuesta». De allí coligió que a la actora le
correspondía informarse previamente sobre «la cantidad de
grupos indígenas y afrodescendientes» que se encontraban en el
sector, cuestión que «tenía capital trascendencia para la elaboración
del plan de acción y (...) los plazos para su desenvolvimiento».
Por esa vía, resaltó que «el supuesto de hecho invocado como
transgresor del equilibrio, esto es, la prolongación del término que se
tenía pronosticado para la finalización de la consulta previa, no puede
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catalogarse como un riesgo ajeno a los asumidos, voluntariamente, por
el contratista», máxime cuando la propia Seismic «expresó haber
realizado las indagaciones para afrontar las obligaciones asumidas, no
siendo entonces factible solicitar los costos que se hubieran causado por
el desarrollo de estas labores durante un período superior al fijado».
En cuanto al incidente con la comunidad Acadesan, el
ad quem observó que habría sido provocado por trabajadores
de otra compañía, pero mientras portaban prendas y
distintivos de Seismic, lo que evidencia que «el problema surgido
(...) tuvo su génesis en la irreflexiva decisión de la actora, al permitir el
uso de sus insignias de identificación, sin reparar si las condiciones de
ingreso estaban dadas; de allí que la comunidad vio esa entrada como
un intrusión, de manera que (...) la causa y sus consecuencias no pueden
catalogarse como ajenas e imprevisibles para el (sic) demandante».
La adversidad climática alegada, a su turno, constituye
una queja genérica, desprovista de cualquier rasgo que
permita su caracterización. No existe prueba de que se
hubiera comunicado a FONADE alguna preocupación al
respecto durante la fase de ejecución del contrato, lo que
impide determinar si el reclamo fue oportuno; y, en cualquier
caso, en el conjunto de riesgos asumidos por la contratista
quedaron expresamente incluidas las dificultades climáticas
de la región –que, por demás, eran predecibles–.
De otra parte, sostuvo el Tribunal que no se recaudaron
elementos de juicio que permitieran determinar en qué
consistieron las exigencias desmedidas de los miembros de
las comunidades locales que fueron contratados por Seismic.
Tampoco se acreditó que el suceso escapara al conocimiento
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de la contratista, ni mucho menos «cuál fue la variación que se
introdujo para entender el surgimiento de nuevas condiciones que
afectaron el equilibrio contractual».
Con similar orientación, la situación de seguridad de la
zona y las renuncias masivas del personal «no reúnen las
condiciones exigidas por la jurisprudencia para que formen parte de los
supuestos base de esta acción, en tanto que, no empecé (sic) haberse
puesto en conocimiento del contratante (...), en el plan de acción
presentado no se contempló que, en virtud de los enfrentamientos y
renuncias, fuera necesario incurrir en valores adicionales para el
contratista». Lo mismo ocurre con los sobrecostos asociados a
la falta de colaboración del Ministerio del Interior, pues no se
denunciaron durante la ejecución del contrato, ni aparece
explicación sobre la forma en la que tal circunstancia influyó
en el desequilibrio de prestaciones alegado.
Tampoco habría prueba de que el saldo retenido en
garantía se hubiera pagado a destiempo. Es más, «en la
demanda no se indicó en qué fecha se satisfizo ese débito, pues la única
referencia que se hizo sobre el punto fue en la descripción de las
anotaciones realizadas en el acta de liquidación, al paso que, en el
dictamen pericial, ni en el restante material probatorio, aparece alguna
mención, mucho menos prueba directa sobre esta temática». A partir
de allí, concluyó el ad quem que la mayoría de los sobrecostos
relacionados en las salvedades del acta de liquidación del
contrato no eran atribuibles a la demandada.
Lo que sí se habría probado fue la causación de débitos
adicionales por concepto de gastos reembolsables, «pero su
sola presencia no es motivo para estimar que se rompió el equilibrio del
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negocio, puesto que para que se abra paso esa atestación, la generación
de los sobrecostos debe provenir de hechos imprevisibles e irresistibles,
de cara al desarrollo del proyecto (...), cuestión que no aparece
suficientemente esclarecida, salvo en lo relativo a los $60.000.000 que
se inyectaron a la inversión social en la comunidad de Bahía Málaga»,
monto que expresamente fue reconocido en un documento
firmado por Seismic, la ANH, el interventor y el gerente del
proyecto designado por FONADE.
Por último, en lo que tiene que ver con la legalidad de la
multa impuesta a la contratista, el ad quem tuvo por probada
la existencia de un cumplimiento tardío de las prestaciones
a cargo de Seismic, moratoria que no sería en lo absoluto
ajena a su conducta, como se ilustró en líneas precedentes.
En consecuencia, coligió que «no ha[bría] ilegalidad que declarar
sobre la aplicación de la
cláusula penal
, expresamente regulada en el
numeral 9º del contrato».
DEMANDA DE CASACIÓN
Seismic presentó tres censuras contra el fallo de
segunda instancia; una al amparo de la causal primera, y dos
más por la causal segunda. Sin embargo, la Sala inadmitió
el cuestionamiento inaugural, por presentar deficiencias de
técnica (auto CSJ AC5331-2022).
CARGO SEGUNDO
Se denunció la transgresión indirecta de los artículos
209 de la Constitución Política, 4-8, 5-1, 24-5, 25, 27 y 30
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(numerales 1 y 2) de la Ley 80 de 1993, 1498 y 1603 del
Código Civil, 863 y 871 del Código de Comercio, «como
consecuencia de errores de hecho evidentes y trascendentes en la
apreciación de la demanda reformada».
En sustento, Seismic indicó que, «al considerar que la
demanda se refería a la reclamación, en sede judicial, de los hechos que
se consignaron como salvedades en el acta de liquidación del contrato
(...), el ad quem no abordó adecuadamente el estudio de la ruptura del
equilibrio económico del contrato estatal en el caso concreto, ni analizó
en debida forma si estaban acreditados los supuestos relacionados con
(i) el carácter imprevisible, para el contratista de los hechos invocados
como causantes de la ruptura, (ii) su impacto en la economía del contrato
y (iii) su reclamación oportuna».
Por esa vía, señaló que «las pretensiones de la reforma de la
demanda se circunscribieron, en realidad, a algunos de los hechos que
fueron alegados por FONADE en el acta de liquidación, pero no coinciden,
en su totalidad, con estos últimos. En concreto, únicamente se
reclamaron como causantes de la ruptura del equilibrio económico del
contrato, los numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 8. Así las cosas, las reclamaciones
relativas a (i) las condiciones laborales adicionales a las establecidas en
la ley, (ii) la adversidad climática y (iii) los intereses generados por la
mora en el pago del saldo retenido en garantía, no se reclamaron en la
reforma de la demanda».
Para finalizar, sostuvo que, de no haber cometido el
yerro denunciado, el Tribunal «necesariamente habría concluido
que, respecto de los hechos que efectivamente se reclamaron, sí se
encuentran acreditados los requisitos para acceder al restablecimiento
del equilibrio económico del contrato, por cuanto se trató de aleas
anormales que no fueron asumidas por el contratista, de manera que la
ruptura del equilibrio económico del contrato no le es imputable.
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Adicionalmente, habría concluido que las circunstancias causantes de la
ruptura fueron oportunamente reclamadas a FONADE».
CARGO TERCERO
Por la misma senda indirecta, Seismic denunció la
infracción de «los artículos 209 de la Constitución Política; 4 (numeral
8°), 5 (numeral 1°), 24 (numeral 5°), 25, 27 y 30 (numerales 1° y 2°) de la
Ley 80 de 1993; 1498, 1603, 1616 y 1594 del Código Civil; y 863 y 871
del Código de Comercio, como consecuencia de errores de hecho
evidentes y trascendentes en la apreciación de las pruebas (...), toda vez
que el ad quem tergiversó el alcance de diversos medios probatorios y
dejó de lado elementos de convicción regularmente aportados, cuya
debida estimación habría conducido a una decisión contraria a la que se
adoptó en la sentencia de segunda instancia».
En desarrollo de esta acusación, indicó que es posible
identificar dos yerros de juzgamiento diversos «en lo relacionado
con (...) la presencia de múltiples comunidades étnicas de variadas
características, (...) que dificultó el adelantamiento de los procesos de
consulta previa y generó costos adicionales al contratista», a saber: «(i)
el Tribunal tergiversó el contenido de los documentos precontractuales
que analizó, puesto que les dio un alcance que en realidad no tienen, al
haber concluido de ellos que [Seismic] asumió riesgos imprevisibles y
que, además, era carga del contratista subsanar los errores de
planeación de la entidad estatal contratante; y (ii) omitió valorar otras
pruebas que obran en el expediente y que dan cuenta, por una parte, de
que la situación descrita obedeció a una indebida planeación por parte
de FONADE, de manera que no le eran imputables al contratista, y, por
otra, de que [Seismic] formuló oportunamente la correspondiente
reclamación ante la entidad demandada».
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En línea con lo anterior, expuso que «el Tribunal tergiversó
el contenido del análisis de riesgos, pues consideró que se le había
anunciado al contratista la existencia de un riesgo social, de manera que
era conocedor del mismo y, en consecuencia, al presentar su oferta lo
habría asumido voluntariamente», cuando, en realidad, de dicho
documento «se desprende con claridad que el presunto “riesgo social”
fue indebidamente tipificado por FONADE y no coincide con el que en
realidad se concretó durante la ejecución del contrato».
A ello agregó que el deber de visitar la zona con
antelación a la presentación de la propuesta, «no tien[e] la
virtualidad de exonerar a esta última de su deber de planeación, ni
tampoco implic[a] una aceptación irrestricta, por parte del contratista, de
todas las circunstancias, previsibles o imprevisibles, que pudieran
presentarse en el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, esas reglas debían
contrastarse con la posibilidad real de que los oferentes pudieran
verificar lo que ocurría en la zona mediante una visita al respectivo
territorio, caracterizado por la presencia de diversos grupos irregulares
y por diversidad de dificultades de acceso y comunicación».
Adicionalmente, sostuvo que el ad quem había
pretermitido «el numeral 4.1. de las Reglas de Participación, relativo
al personal mínimo requerido para la ejecución de los trabajos», del
cual «se desprende con claridad que, por exigencia impuesta por el
propio FONADE, siempre fue necesario tener equipos y personal a
disposición del proyecto, sin importar la etapa en la que éste se
encontrara, lo que sin duda contribuyó a los sobrecostos que condujeron
a la ruptura del equilibrio económico del contrato».
Para finalizar, alegó que «(i) el Tribunal tergiversó el contenido
de las pruebas documentales valoradas, especialmente el de la
comunicación de 23 de septiembre de 2008, puesto que les dio un
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alcance que en realidad no tienen, al haber concluido que el hecho de
haberle facilitado a empleados de Servigecol unos overoles con la
insignia de [Seismic] daba cuenta de un comportamiento censurable que
tenía la virtualidad suficiente de frustrar las negociaciones con
Acadesan, al punto de que tardaron aproximadamente un año en
concretarse; y (ii) omitió valorar otras pruebas que obran en el expediente
y que dan cuenta de que, en realidad, la tardanza en el proceso de
consulta previa con la mencionada comunidad y los sobrecostos que esto
generó no le eran imputables a [Seismic]».
CONSIDERACIONES
1. Precisiones preliminares.
1.1. En este proceso quedó establecido –sin disputa de
las partes en sede de casación– que el contrato de consultoría
sobre el que gravita la controversia se celebró en desarrollo
del giro ordinario de los negocios del cliente o contratante,
esto es, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo,
FONADE –actualmente, EnTerritorio1–, Empresa Industrial y
Comercial del Estado de carácter financiero, vinculada al
Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Lo anterior significa que, a pesar de ser de naturaleza
estatal, en los términos que establecen los artículos 2, lit. a)2,
y 323 de la Ley 80 de 1993, el aludido negocio jurídico no
1 Cfr. art. 1, Decreto 495 de 2019. «El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
(FONADE), Empresa Industrial y Comercial del Estado (...) se denominará, en adelante,
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (EnTerritorio)».
2 «Se denominan entidades estatales: a) (...) Las empresas industriales y comerciales
del Estado (...), en todos los órdenes y niveles».
3 «Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el Derecho
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estaba sujeto a las disposiciones del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública (EGCAP), sino a
las pautas propias del Derecho Privado, conforme lo dispone
el parágrafo 1.º del citado precepto 324, en concordancia con
el artículo 935 de la Ley 489 de 1998.
Así fue reconocido, en este litigio en concreto, tanto por
el Tribunal Administrativo del Chocó, como por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado. Por esa razón,
dichas autoridades declararon su falta de jurisdicción, y
remitieron el asunto a la justicia ordinaria, en su
especialidad civil. Y así también lo ha considerado la Corte
Constitucional, en casos de contornos fácticos similares:
«[L]a especial naturaleza jurídica del FONADE, puesto que se trata
de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, con carácter
financiero, hace que su régimen contractual se encuentre regido,
en lo sustancial, por el Derecho Privado. En efecto, en los
considerandos del Acuerdo número 002 del 25 de febrero de 2003,
a través del cual se adoptó el manual de contratación de esa
entidad, se estipuló que: “… la actividad contractual de FONADE
se desarrolla mediante la aplicación de dos regímenes jurídicos: la
Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios para las
actividades propias de su funcionamiento y el Derecho Privado
para el cumplimiento del giro ordinario de sus negocios.”
En este orden de ideas, esa entidad se encuentra dentro de las
excepciones contenidas en el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley
Privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la
voluntad (...)»:
4 «Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de
seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán
sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a dichas actividades».
5 «Los actos que expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el
desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión
económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos
que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del
Estatuto General de Contratación de las entidades estatales».
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80 de 1993, por lo que no se rige en materia contractual, en lo
sustancial, por estas disposiciones, sino que en desarrollo del giro
ordinario de sus negocios, se regirá por el Derecho Privado y
en especial por las disposiciones del Estatuto Orgánico Financiero
(artículos 286-289). Esta situación no implica que por la aplicación
de normas exógenas al Estatuto General de Contratación, la
naturaleza contractual de esta entidad haya mutado hacia el
Derecho Privado, por el contrario, los contratos que celebre
FONADE son estatales, puesto que la aplicación sustantiva de
normas de Derecho Privado o financiero, no desvirtúa su
naturaleza de contrato estatal» (CC, SU-242/15).
1.2. Pese a que el contrato que ajustaron Seismic y
FONADE estaba expresamente excluido del EGCAP, la
sociedad convocante acudió a una acción judicial que solo
tiene cabida en esa normativa especial, y que carece de un
correlato exacto en el sistema de Derecho Privado colombiano
(es decir, en los ordenamientos civil, mercantil, de familia,
agrario, etc.): el restablecimiento del equilibrio económico de
un contrato liquidado, a través del medio de control de
controversias contractuales6 (art. 141, CPACA).
Ahora bien, intuyendo la inadecuación del petitum –que
no fue reformado ni sustituido tras la remisión del expediente
a los jueces civiles–, el funcionario a quo propuso atribuir a
la demanda de Seismic un significado acorde con el artículo
868 del Código de Comercio. Es decir, interpretó que la
actora había ejercido la acción judicial de «revisión del contrato
por circunstancias extraordinarias», que es el único remedio
contractual que contempla el Derecho Privado para discutir
6 Cabe precisar que, según se expondrá posteriormente, esta afirmación de la Corte
no se basa en la naturaleza formal de la referida acción judicial, sino en el contenido
sustantivo concreto de los principios y reglas que gobiernan la contratación privada.
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el desequilibrio sobreviniente7 de prestaciones de un contrato
conmutativo válido –y, dicho sea de paso, vigente–.
El Tribunal, por su parte, consideró que el escrito inicial
no permitía tal hermenéutica. Y aunque le asiste razón en
esa apreciación, lo cierto es que, en lugar de advertir la
improcedencia general del petitum, se ocupó de evaluar todos
los supuestos de desequilibrio económico que denunció la
contratista, valiéndose para ello de criterios normativos que
extrajo de la Ley 80 de 1993 y de diversos pronunciamientos
del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-
administrativa. Lo anterior equivale a decir que acudió a
fuentes de derecho que no estaban llamadas a regular el
negocio jurídico ajustado entre las partes.
Añádase que, en los dos cargos de casación que fueron
admitidos –ambos por vía indirecta–, la actora únicamente
reprochó la labor probatoria del ad quem de cara a los
supuestos de desequilibrio contractual identificados en la
demanda, obviando cuestionar las premisas jurídicas sobre
las que esa corporación fundó sus argumentos. Al contrario,
buena parte de aquellas censuras se fundan en aplicar al
caso reglas y principios del EGCAP, perdiendo de vista –de
nuevo– que el contrato que ajustaron FONADE y Seismic no
7 Naturalmente, el ordenamiento jurídico contempla otras acciones contractuales
orientadas a garantizar la equivalencia entre prestaciones del contrato, como la actio
quanti minoris o la de lesión enorme. Sin embargo, todas ellas requieren que la causa
del desequilibrio preexistiera a la celebración del pacto, no que apareciera de forma
sobreviniente. También podría darse el caso de que una desproporción evidente entre
derechos y deberes de los contratantes se tradujera en un daño antijurídico, que
habilitara vías judiciales de reparación; pero, en ese escenario, las acciones tendrían
naturaleza extracontractual –y no fue esa la senda elegida por Seismic para encauzar
su reclamación–.
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
18
estaba gobernado por aquel estatuto especial, sino por las
pautas del Derecho Privado.
1.3. Con el propósito de zanjar el complejo debate
descrito, en las líneas subsiguientes la Sala expondrá las
diferencias conceptuales entre el restablecimiento del
equilibrio económico de un contrato sometido al EGCAP, y la
teoría del cambio sobreviniente de circunstancias de los
contratos civiles y mercantiles, dando cuenta de las razones
por las cuales la revisión de lo acordado en un convenio
válido y plenamente ejecutado no es viable en el segundo
escenario. De este modo, quedará en evidencia que el sentido
del fallo desfavorable a Seismic no variaría, aunque se dieran
por ciertos los yerros in iudicando que ella misma refirió en
la sustentación de su impugnación extraordinaria.
Para finalizar, se analizará también el contenido de las
censuras propuestas por la actora, prescindiendo de la
cuestión relativa a la improcedencia radical de su pretensión
de restablecimiento del equilibrio económico de un contrato
liquidado, sometido al régimen de Derecho Privado. Lo
anterior con el fin de demostrar que, ni siquiera bajo esas
condiciones artificiales, los cargos podrían salir avante, pues
no dan cuenta de incorrecciones graves en la labor de
valoración probatoria del Tribunal.
2. El desequilibrio sobreviniente entre las
prestaciones de un contrato sinalagmático. Diferencia
entre los regímenes de contratación estatal y privada.
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
19
2.1. Pacta sunt servanda.
Uno de los principios fundamentales del Derecho
Privado consiste en que los pactos o contratos deben ser
cumplidos (pacta sunt servanda). El orden jurídico reconoce
la posibilidad de que los individuos regulen voluntaria y
autónomamente sus relaciones con los demás, y diseñen los
cauces a través de los cuales desarrollarán sus actividades
de cooperación social, con la garantía de que todas las
obligaciones que un contratante asuma –válidamente– frente
al otro serán cumplidas, «inclusive cuando una de las partes, o
ambas, han dejado de tener una voluntad coincidente»8.
Así lo establece, en nuestro medio, el artículo 1602 del
Código Civil, a cuyo tenor «[t]odo contrato legalmente celebrado es
una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales». También lo hacen los
artículos 1545 del Código Civil chileno9; 1361 del Código Civil
peruano10; 959 del Código Civil y Comercial argentino11;
1091 del Código Civil español12 y 1103 del Código Civil
francés13, entre otras disposiciones semejantes. Incluso, la
8 KELSEN, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. Universidad Nacional
Autónoma de México. 1995, p. 168.
9 «Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales».
10 «Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume
que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes
y quien niegue esa coincidencia debe probarla».
11 «Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido
sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que
la ley lo prevé».
12 «Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes
contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos».
13 «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes
que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» («las convenciones
legalmente formadas tienen fuerza de Ley entre aquellos que las han celebrado. Ellas
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
20
regla aparece en instrumentos de armonización contractual,
como los Principios UNIDROIT sobre los Contratos
Comerciales Internacionales (art. 1.3.14), y los Principios
Latinoamericanos de Derecho de los Contratos (art. 615).
Como puede verse, la idea de que un contrato válido es
ley para las partes –o, lo que es lo mismo, que su
cumplimiento no depende de la buena voluntad de los
estipulantes– constituye un rasgo esencial del Derecho
Privado, así como lo es la posibilidad de crear, modificar o
extinguir, a voluntad, relaciones jurídicas correlativas entre
el acreedor de un derecho y el deudor de una obligación. Es
más, lo que dota de naturaleza jurídica a dicha relación entre
acreedores y deudores es, justamente, la posibilidad de que
el titular del derecho pueda exigir su cumplimiento al
obligado, aun sin su beneplácito –valiéndose para ello de un
poder público, precedido de una petición de parte–.
Tal como lo sostuvo la Corte en CSJ SC, 30 ago. 2011,
rad. 1999-01957-01,
«(...) [l]a posibilidad de disponer o no disponer de los intereses,
contratar o no contratar, es la máxima expresión de la autonomía
privada y no resulta contradicha por sus crecientes restricciones.
Tal es la inteligencia genuina de la autonomía privada, o sea, la
libertad y poder atribuido por el ordenamiento al sujeto iuris para
celebrar el contrato, cuyo efecto cardinal, primario o existencial es
su vinculatoriedad, atadura u obligación legal de
no pueden ser revocadas sino por mutuo consentimiento, o por las causas que la Ley
autorice. Deben ser ejecutadas de buena fe»).
14 «Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Sólo puede ser
modificado o extinguido conforme a lo que él disponga, por acuerdo de las partes o por
algún otro modo conforme a estos Principios».
15 «Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes».
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21
cumplirlo, sin que, en línea de principio, quienes lo celebran
puedan sustraerse unilateralmente.
La fuerza normativa de todo contrato (...) genera para las partes
el deber legal de cumplimiento, ya espontáneo, ora forzado
(artículos 1535, 1551, 1603, Código Civil), y la imposibilidad de
aniquilarlo por acto unilateral. En efecto, todo contrato existente y
válido, “obliga a su cumplimiento de buena fe, en todo cuanto le
pertenece por definición (esentialia negotia), ley, uso, costumbre o
equidad (naturalia negotia) o expresamente pactado (accidentalia
negotia), en la totalidad de la prestación, forma y oportunidad
debida, constituye un precepto contractual o norma obligatoria
(pacta sunt servanda, lex privatta, lex contractus, artículos 1501,
1602, 1603 y 1623, Código Civil; 871 Código de Comercio), y su
observancia vincula a los contratantes” (cas. civ. sentencia de 31
de mayo de 2010, exp. 25269-3103-001-2005-05178-01).
Elementales directrices lógicas, éticas o legales, la regularidad,
normalidad, estabilidad, seguridad, certidumbre del tráfico
jurídico, la confianza legítima, autorresponsabilidad, buena fe y
libertad contractual, explican la fuerza vinculante del contrato, y
el repudio a su ruptura unilateral, en cuanto como acuerdo
dispositivo de intereses jurídicamente relevante obra de dos o más
partes, las obliga a cumplirlo de buena fe, y en línea general,
excluye la terminación por una, so pena de ser compelida a su
contrariedad al cumplimiento y a reparar los daños ocasionados».
2.2. El problema del cambio sobreviniente de
circunstancias (rebus sic stantibus).
2.2.1. La fuerza obligatoria de los contratos impone
a cada estipulante el deber de cumplir, de forma cabal y
oportuna, las prestaciones a las que se comprometió
voluntariamente; de no ser así, el acreedor frustrado quedará
facultado para solicitar la intervención del Estado –a través
de las autoridades jurisdiccionales, e incluso de la fuerza
pública–, bien sea para resolver el contrato, o para forzar su
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
22
cumplimiento, pudiendo reclamar, en ambos casos, la
compensación de los perjuicios irrogados16.
De la anterior pauta, sin embargo, quedan exceptuados
aquellos eventos en los cuales el cumplimiento del débito
contractual deviene absolutamente irrealizable, pues a la
obligatoriedad del pacto se opone el principio general del
derecho según el cual nadie está obligado a lo imposible17 (ad
impossibilia nemo tenetur), que está asentado en la tradición
del Derecho Privado desde la Antigua Roma18, y que ha sido
reconocido por la jurisprudencia nacional, tanto de esta
Corporación19, como de otros órganos judiciales de cierre20.
Según este principio, la imposibilidad absoluta para
cumplir lo acordado, por circunstancias ajenas al deudor e
imprevistas al tiempo de contratar, excusaría la infracción,
al eliminar el reproche subjetivo del incumplimiento. En esas
condiciones, el obligado quedaría liberado de su deuda y se
extinguiría el derecho correlativo de su contraparte, lo que se
traduce, en la práctica, en el reconocimiento de la potestad
de enervar cualquier acción judicial de raigambre contractual
promovida por el acreedor frustrado.
16 Art. 1546, Código Civil: «En los contratos bilaterales va envuelta la condición
resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en
tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el
cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios».
17 En el sistema del common law, este principio suele denominarse “doctrina de la
imposibilidad de cmplimiento” (Doctrine of Impossibility of Performance). Cfr.
GRANVILLE, Roy. Impossibility of Performance: A Treatise on the Law of Supervening
Impossibility of Performance of Contract, Failure of Consideration, and Frustration.
Cambridge, University Press. 1941; CAN, Hüseyin. Impossibility in Modern Private
Law. Zúrich, Springer. 2014.
18 Cfr. Celso, Digesto 50.17.185 (vid. §3); y Bonifacio VIII, Líber Sextus 5.13.6.
19 Cfr. CSJ SC428-2023; CSJ SC2962-2022; CSJ SC, 30 nov. 2006, rad. 2401; CSJ
SC, 26 jul. 2005, rad. 1998-06569-02, entre otras.
20 Cfr. CC SU-050/22; CC SU-516/19; CC C-994/04, entre otras.
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23
Expresado de otro modo, si la imposibilidad de cumplir
es absoluta y extraña al deudor, este último no estaría
llamado a soportar la acción resolutoria, ni mucho menos la
de cumplimiento; tampoco tendría que pagar indemnización
alguna, a pesar de que, objetivamente, no satisfizo su parte
del trato. Ese escollo sobrevenido e insalvable disolvería el
vínculo jurídico que previamente ataba a los contratantes, y
les impediría hacerse reclamos legítimos ante las autoridades
judiciales, con apoyo en lo que hubieran acordado.
2.2.2. Como una derivación de esa imposibilidad de
cumplimiento, los glosadores medievales –apoyándose en
ciertos fragmentos del Digesto, de autoría de Publio Cornelio
Escipión Africano y Julio Cornelio Paulo Prudentísimo21–
plantearon la teoría rebus sic stantibus, o cambio
sobreviniente de circunstancias22.
Con ello buscaron dar una solución a aquellos eventos
en los cuales la satisfacción de las prestaciones acordadas se
tornaba muy gravosa para el deudor, sin llegar a ser
totalmente imposible. Y lo hicieron suponiendo incluida en
todos los contratos de tracto sucesivo una estipulación
implícita –la cláusula rebus sic stantibus–, conforme a la cual
lo pactado solo se mantendría incólume en tanto no variaran
radicalmente las circunstancias bajo las cuales se había
materializado la voluntad recíproca de contratar.
21 MARTÍNEZ, María. Sobre la construcción del principio pacta sunt servanda rebus sic
stantibus, su aplicación a los contratos y estado actual de la cuestión. En: Revue
internationale des droits de l'antiquité, n.º 61. Paris, 2014, pp. 329-362
22 En el sistema de derecho anglosajón, a esta doctrina se le conoce como Hardship
Cfr. STONE, Richard, DEVENNEY, James. The modern law of contracts, Ed.
Routledge, Nueva York. 2015; o el Restatement Of The Law Second – Contracts, § 364.
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
24
Añádase que, en un comienzo, la justificación doctrinal
para la propuesta se basó en la manifestación de potenciales
tensiones entre el deber de cumplir el contrato y alguna
cuestión de índole moral. Era común que se invocaran los
casos del abogado que infringía el acuerdo de representación
judicial de su cliente, porque debía centrar su atención en el
cuidado de un familiar enfermo; o del depositario de un bien
valioso, que se negaba a restituirlo a su dueño, pues este
había declarado la guerra a la patria23.
Esa orientación subjetiva, tan discordante de la noción
básica de autonomía de la voluntad privada, generó que la
teoría fuera perdiendo paulatinamente su protagonismo, al
punto que, por ejemplo, no se mencionó en el Code Civil des
Français de 1804, ni en la mayoría de las obras de la etapa
de la codificación. No obstante, resurgió durante el Siglo XX,
reconvertida en una herramienta de justicia económica,
encaminada a mantener una razonable equivalencia entre
las prestaciones de un contrato conmutativo24.
Así, en la modernidad, el cambio sobreviniente de
circunstancias se ocupa de atender una problemática
objetiva, consistente en el excesivo aumento de los costos25
que conlleva para una de las partes el cumplimiento de lo
23 Esos ejemplos fueron tomados por los glosadores de obras clásicas de los filósofos
Cicerón –De Officiis– y Séneca –De Beneficiis– (BADENÈS, Ramón. Influencia de la
alteración de las circunstancias en la relación obligacional. El riesgo imprevisible.
Barcelona, Bosch. 1946).
24 Recuérdese que, de entre las variadas clasificaciones de los contratos, aparecen las
categorías de gratuitos y onerosos, subdividiéndose los segundos entre aleatorios y
conmutativos (arts. 1497 y 1498, Código Civil).
25 Por esta razón, en varios ordenamientos el cambio de circunstancias es conocido
como excesiva onerosidad (Cfr. artículos 1467 a 1469 del Códice Civile italiano, o
artículos 6.2.1. a 6.2.3. de los Principios UNIDROIT).
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
25
acordado, consecuencial a la variación drástica e inesperada
de las condiciones externas de ejecución del contrato; siendo
del caso precisar que dicha afectación no puede evaluarse
aisladamente, sino con relación a la contraprestación que el
afectado esperaría recibir del otro contratante.
Ocurre, sin embargo, que tanto el contenido conceptual
de la conmutatividad del contrato, como las variables que
pueden afectar su ejecución, difieren mucho entre los
ordenamientos jurídicos de la contratación pública y privada.
De ahí que el cambio sobreviniente de circunstancias hubiera
evolucionado de modo diverso en los dos escenarios; y de ahí
también que sea necesario establecer linderos claros, para
evitar que esos regímenes terminen imbricándose, en
contravía de las prescripciones de la legislación nacional.
2.3. El enfoque de la contratación estatal: el
desequilibrio económico del contrato.
2.3.1. El cambio sobreviniente de circunstancias
fue aplicado por primera vez a una materia de contratación
estatal en la sentencia de 30 de marzo de 1916, dictada por
el Consejo de Estado francés en el célebre caso de la
Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux (Compañía
General de Alumbrado de Burdeos)26. Allí se identificó un
26 Reza este fallo: «Considerando (...) que, como resultado de la ocupación por el
enemigo de la mayor parte de las regiones productoras de carbón de Europa
Continental, de la dificultad cada vez mayor de los transportes por mar debido tanto al
embargo de embarcaciones como a la naturaleza y la duración de la guerra naval, la
subida que se ha producido en el transcurso de la guerra actual en el precio del carbón,
que es la materia prima para la producción de gas, ha alcanzado tales proporciones
que no sólo presenta un carácter excepcional, en el sentido habitual del término, sino
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
26
aumento sensible en el costo de las prestaciones a cargo de
la contratista, debido a un evento ajeno a ella, inesperado y
extraordinario, que, en estricto sentido, no impedía cumplir
el contrato, pero sí lo volvía demasiado oneroso: el alza del
precio del carbón –combustible del sistema de alumbrado–,
con ocasión del inicio de la Primera Guerra Mundial.
Para solucionar el conflicto, se ordenó a la prefectura de
la ciudad renegociar la remuneración de la contratista –o, en
su defecto, reconocerle una indemnización–, garantizando la
continua y eficiente prestación del servicio de alumbrado
público. Así, en breves líneas, el Consejo de Estado francés
planteó cinco cuestiones que serían centrales para la llamada
teoría del equilibrio económico del contrato estatal: (i) el interés
general involucrado en la ejecución del contrato; (ii) la
que ha ocasionado un aumento en los costes de producción del gas que, al invalidar
por su magnitud todos los cálculos, supera sin lugar a dudas los límites extremos de
los incrementos que podrían haber previsto las partes en el momento de la firma del
contrato de concesión; que, debido al concurso de las circunstancias antes
mencionadas, la economía del contrato se ha visto completamente trastocada; que la
Compañía está, por tanto, legitimada para afirmar que no se le puede exigir que
garantice, en las mismas condiciones que se establecieron en origen, el funcionamiento
del servicio mientras dure la situación anómala antes expuesta.
(...) [E]s es indudable que se estaría cometiendo un abuso si se admitiera que se puede
aplicar sin más consideraciones el pliego de condiciones, como si la empresa se hallara
ante un riesgo ordinario; que es indispensable, por el contrario, para poner fin a las
dificultades temporales, buscar una solución que tenga en cuenta a la vez el interés
general, que requiere la continuidad del servicio prestado por la Compañía con la ayuda
de todos sus medios de producción, y las circunstancias especiales que no permiten
una aplicación normal del contrato; que, a tal efecto, conviene resolver, por un lado, que
se obligue a la Compañía a garantizar el servicio del que es concesionaria y, por otro,
que ésta sólo tenga que asumir, durante este período transitorio, la parte de las
consecuencias gravosas de la situación de fuerza mayor antes expuesta que la
interpretación razonable del contrato permita exigirle; que procede, por consiguiente,
(...) pedir a las partes que se personen nuevamente ante el Consejo de la Prefectura,
correspondiéndole a éste, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre las
condiciones especiales en las que la Compañía podría mantener el servicio, determinar
la cuantía de la indemnización a la que tiene derecho la Compañía debido a las
circunstancias extracontractuales en las que tendrá que seguir prestando servicio
durante el período establecido» LONG, Marceu, et. al. Jurisprudencia administrativa
del Consejo de Estado Francés. Grands arrêts. Imprenta Estatal de la Agencia Estatal
BOE, Madrid. 2017, p. 251.
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
27
existencia de una “economía” del contrato; (iii) la distribución
de riesgos ordinarios y extraordinarios de la contratación; (iv)
el deber primario de renegociar; y (v) el deber subsidiario de
compensar al contratista.
2.3.2. Con lógicas adaptaciones, esas ideas
marcaron el desarrollo de la cuestión en el derecho
administrativo colombiano, al punto que, aún hoy, están
presentes en el EGCAP. En primer lugar, recuérdese que el
artículo 3 de la Ley 80 de 1993 reconoce como fines de la
contratación estatal «el cumplimiento de los fines estatales
[consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política27], la continua
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecución de dichos fines».
Esos caros propósitos justifican explorar soluciones
distintas a liberar al contratista de sus cargas en caso de
alterarse gravemente la equivalencia económica entre sus
deberes y derechos. La pronta y eficiente satisfacción de las
necesidades sociales impone que todos los contratos
estatales se ejecuten cabalmente. Por lo tanto, el contratista
seguirá obligado por lo que se acordó en un principio, aunque
ello le acarree mayores costos; y, como contraprestación,
surge para el Estado el deber de «restable[cer] el equilibrio de la
ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la
27 «Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
28
ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los
contratistas» (art. 5-1, Ley 80 de 1993).
La anunciada ecuación económica del contrato fue
definida como la «igualdad o equivalencia entre derechos y
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el
caso» (art. 27, Ley 80 de 1993); es decir, como un equilibrio
objetivo entre prestaciones correlativas. Por esa razón el
legislador empleó el vocablo ecuación, que no es otra cosa que
la paridad aritmética entre dos expresiones –en este caso,
entre lo que acuerda entregar el contratista al Estado, y lo
que éste se obliga a pagar como contraprestación–.
Así lo explica la jurisprudencia del Consejo de Estado:
«En virtud del principio de la ecuación financiera o equilibrio
económico del contrato se persigue que la correlación existente al
tiempo de su celebración entre las prestaciones que están a cargo
de cada una de las partes del contrato, permanezca durante toda
su vigencia, de tal manera que a la terminación de éste, cada una
de ellas alcance la finalidad esperada con el contrato.
Y es la posición de colaboradores que tienen los cocontratantes del
Estado la que ha fundamentado la inmutabilidad de las
condiciones económicas iniciales determinadas al momento de
ofertar o contratar, según el caso, para preservar el equilibrio
económico o la ecuación financiera del contrato estatal, porque
éstos al colaborar con las entidades estatales en el logro de sus
cometidos cumplen una función social que, como tal, implica
obligaciones que exceden eventualmente los expresos términos del
contrato y lo conducen a realizar ingentes esfuerzos para superar
las dificultades que sobrevengan en su ejecución, en procura de
cumplir con su objeto y el fin último de la contratación, lo que a su
vez, con fundamento en el principio de solidaridad, genera que la
administración deba ayudarlos y compensarles los mayores
gastos o erogaciones a los que se vean sometidos por causa o
factores no atribuibles a los mismos.
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29
(...) Este principio [el denominado equilibrio económico del
contrato] encuentra también sustento en la continuidad del
servicio o el cabal cumplimiento del contrato Estatal, por cuanto lo
que le interesa a la administración es lograr el objeto del contrato,
o sea, la provisión de los bienes, la correcta ejecución de la obra o
la buena prestación del servicio y evitar, ante todo, que el interés
público se afecte como consecuencia del desabastecimiento de los
bienes o la paralización de las obras o los servicios contratados,
de manera que, en veces, es necesario adoptar las medidas
tendientes a impedir que el contrato por alguna circunstancia
sobreviniente y extraordinaria se dificulte o no pueda cumplirse
por trastocar o alterar la economía del contrato o el equilibrio o
igualdad de las prestaciones.
(...) El principio del equilibrio financiero del contrato, medular en el
régimen jurídico de la contratación pública, consiste, entonces, en
garantizar el mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de
contratar, según el caso, de manera que si se rompe por causas no
imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las
medidas necesarias para su restablecimiento, so pena de incurrir
en una responsabilidad contractual tendiente a restituir tal
equilibrio» (CE, S. III, Sub. B, 31 ago. 2011, rad. 18080).
2.3.3. Ocurre, claro, que no resulta nada sencillo
que una igualación objetiva se mantenga absolutamente
estable durante la fase de ejecución de un contrato de tracto
sucesivo, pues allí pueden presentarse imprevistos, retrasos,
variaciones en los precios de bienes o servicios, accidentes,
entre otras eventualidades exógenas que tienen por efecto
común alterar el costo que debe asumir el contratista para
satisfacer las prestaciones a su cargo.
Consciente de esa problemática, y con la intención
manifiesta de facilitar que el equilibrio económico del
contrato perdurara en el tiempo, el EGCAP impone a las
entidades públicas contratantes el deber de «utilizar
mecanismos de ajuste y revisión de precios» (art. 4-8, Ley 80 de
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
30
1993)28, y también les ordena incluir en todos los pliegos de
condiciones –o documentos análogos– «la estimación, tipificación
y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación»
(art. 4, Ley 1150 de 2007).
La primera medida promueve el diseño de convenciones
resilientes, que incluyan directrices para restaurar la
equivalencia inicial entre las prestaciones de las partes,
siempre que se altere la estructura de costos del contrato. La
segunda, por su parte, busca hacer explícitos los riesgos
previsibles asociados al contrato, para distribuirlos entre las
partes desde la fase precontractual, de modo que las secuelas
patrimoniales de su acaecimiento sean asumidas por aquella
parte a la que se le asignó la incidencia29.
La referida distribución ex ante, como es natural, tiene
el efecto útil de descartar la imprevisibilidad de ciertos
sucesos –los enlistados como riesgos previsibles–, pero a la
vez permite que la posible ocurrencia de cada contingencia
anticipable sea considerada al momento de tasar los
derechos y deberes recíprocos de los contratantes. En esos
términos, la contraprestación pactada en el contrato estatal
no solo estaría dirigida a remunerar la labor que se
encomienda al contratista, sino también a recompensarlo por
asumir las secuelas –inciertas– de eventualidades futuras.
28 Cfr. CE, S. III, Sub. A, 14 mar. 2013, rad. 20.524.
29 Cfr. Consejo Nacional de Pol��tica Económica y Social – Departamento Nacional de
Planeación. Documento Conpes 3714 de 1 de diciembre de 2011 (Del riesgo previsible
en el marco de la política de contratación pública).
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
31
Recurriendo de nuevo al precedente del órgano de cierre
de la jurisdicción Contencioso-Administrativa,
«(...) la fractura de la ecuación financiera puede tener cabida en el
escenario de un contrato con matriz de riesgos, cuando la
concreción de su causa generadora desborde los límites de la
asunción de quien lo padece. Resulta que el desequilibrio
económico del contrato comporta el desbalance de la carga
prestacional en las condiciones pactadas al suscribir el negocio
jurídico, de suerte tal que, al concebir el riesgo asumido como parte
integral de esas condiciones convenidas de inicio por las partes,
su concreción dentro del margen acordado y aceptado no habría
de tener vocación para impactarlas negativamente. Por contera, si
el riesgo que acontece se enmarca [en] los linderos de la respectiva
tipificación, valoración y asignación, no habrá lugar a alegar la
ruptura del equilibrio económico del contrato por cuenta de su
ocurrencia, bajo la comprensión de que este ya fue cubierto por la
respectiva matriz y corresponderá asumirlo a quien allí se haya
dispuesto en la estimación acordada» (CE, S. III, Sub. A, 4
mar. 2022, rad. 66466).
2.3.4. Los mecanismos jurídicos preindicados
suelen ser suficientes para que la ecuación contractual se
mantenga estable durante la fase de ejecución, reduciendo al
máximo el azar y la ventura que suelen ser propios de los
negocios. No obstante, sigue siendo posible que ocurran
fenómenos absolutamente imprevisibles, y de tal gravedad
que alteren esa equivalencia objetiva entre prestaciones que
caracteriza al contrato estatal.
De esos fenómenos excepcionales, que deben ser (i)
posteriores a la celebración del contrato; (ii) no atribuibles a
ninguna de las partes; (iii) imprevistos, en el sentido de no
poder ser razonablemente anticipados; y (iv) que alteren «de
manera anormal y grave la ecuación financiera del contrato, haciendo
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mucho más gravosa su ejecución, sin imposibilitar su continuación» (CE,
S. III, Sub. A, 17 oct. 2023, rad. 61441), es de los que se
ocupa la teoría del cambio sobreviniente de circunstancias, o
teoría de la imprevisión.
Pero en el campo de aplicación de esa teoría no se agota
el problema del equilibrio económico del contrato estatal,
pues existe también la posibilidad latente de que las
condiciones internas y externas de ejecución del pacto sean
legítimamente modificadas por la entidad contratante, en
ejercicio del poder público del que está investida. Se trata de
contingencias connaturales a ese poder, y que se representan
en (i) el ejercicio del ius variandi –v. gr., la modificación
unilateral del contrato, en los términos del artículo 16 de la
Ley 80 de 1993–; y (ii) el denominado hecho del príncipe –o
alteración anormal de la ecuación financiera, con ocasión de
un acto general y abstracto de la propia contratante–.
Sobre el particular, enseña el precedente del órgano de
cierre especializado:
«[D]ado que se afecta la fuerza vinculante del negocio jurídico, no
cualquier trastorno o desbalance de la ecuación financiera
constituye un rompimiento de la equivalencia económica o
financiera del contrato, comoquiera que existen riesgos inherentes
a la actividad contractual que, por tanto, deben ser asumidos por
las partes30. En este sentido, la jurisprudencia se ha ocupado de
precisar que la equivalencia prestacional puede verse afectada en
tres eventos: (i) por factores externos a las partes, que se
enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”; (ii) por
actos de la entidad contratante que, en uso de sus potestades
30 «Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 22 de noviembre de 2021,
Rad.: 35826 y Sentencia del 29 de enero de 2018, Rad.: 52666» (referencia propia del
texto citado).
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excepcionales, modifiquen las condiciones [del contrato] –ius
variandi–; y (iii) por actos de la administración como Estado, en
ejercicio legítimo de su posición de autoridad –“teoría del hecho del
príncipe”– que afecten indirectamente, o de modo reflejo, la
economía del contrato31» (CE, S. III, Sub. C, 19 jul. 2022,
rad. 53814).
2.3.5. Ante el fenómeno del desequilibrio económico
del contrato, el ordenamiento patrio promueve como solución
primaria «el restablecimiento de las condiciones técnicas, económicas
y financieras que existían al momento de contratar (...) alteradas por
circunstancias ajenas a las partes o que, proviniendo de la entidad
contratante, no corresponden a una conducta culposa de su parte» (CE,
S. III, Sub. A, 17 oct. 2023, rad. 52501). Por ende, los
contratistas «tendrán derecho, previa solicitud, a que la
administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del
contrato a un punto de no pérdida» (art. 5-1, Ley 80 de 1993), lo
que, por regla general, se materializa mediante el pago de una
suma adicional a la convenida.
Cabe añadir que la buena fe y lealtad en el contrato
imponen que el reclamo al que se refiere el texto legal citado
sea comunicado a la administración oportunamente, lo cual
significa que el contratista «debe presentar las solicitudes,
reclamaciones o salvedades por las circunstancias sobrevinientes,
imprevistas y no imputables a ninguna de las partes (...) al momento de
suscribir acuerdos como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo
contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc.» (CE, S. III, Sub. C,
8 feb. 2017, rad. 54614), siendo improcedentes las peticiones
de restablecimiento que se radiquen con posterioridad.
31 «Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016, Rad.:
38499» (referencia propia del texto citado).
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Una vez presentada la respectiva solicitud, las partes
pueden concertar una solución por la vía del arreglo directo,
valiéndose de cualquier mecanismo autocompositivo de
solución de conflictos. Pero si la renegociación no llega a
buen puerto, el contratista está legitimado para acudir a la
administración de justicia a través del medio de control de
controversias contractuales, con miras a que se verifiquen
los supuestos del desequilibrio económico del contrato, se
tasen los mayores costos asumidos, y se trasladen a la otra
parte, mediante una condena pecuniaria equivalente.
Para finalizar, nótese que el propósito de restablecer o
reparar la simetría entre prestaciones que –se presupone–
existía al inicio de la relación contractual se logra a través de
un pago compensatorio, y no a través de la modificación del
contenido del negocio jurídico. De ahí que la acción judicial
correspondiente pueda ejercerse incluso después de la
liquidación del contrato estatal.
2.4. El enfoque de la contratación privada: la
revisión del contrato.
2.4.1. A diferencia de lo que ocurre en materia de
contratación estatal, la simetría entre prestaciones de un
contrato válido32, sometido al Derecho Privado, obedece a
32 Es claro que el desequilibrio entre las prestaciones recíprocas de un contrato podría
explicarse a partir de algún vicio de la voluntad, como el error de hecho sobre el objeto
y sus calidades al que se refieren los artículos 1510 y 1511 del Código Civil, o los
supuestos de reticencia que describe el artículo 1058 del Código de Comercio. No
obstante, esas alternativas suponen que la equivalencia inicial estaba viciada, al paso
que la alteración sobreviniente de circunstancias –cuestión sobre la que versa esta
litis– parte de la base opuesta, esto es, que la distribución original fue justa y acorde
con la voluntad coincidente de los estipulantes.
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criterios esencialmente subjetivos. El artículo 1498 del
Código Civil establece que «el contrato oneroso es conmutativo,
cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se
mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su
vez», expresión que da cuenta de la preponderancia de la
percepción que tenían los contratantes, al tiempo de
contratar, sobre la paridad de sus obligaciones recíprocas.
El ordenamiento, pues, supone que los bienes o
servicios que se comercian entre particulares no tienen
precios ciertos, inherentes a sus características, sino que
dependen de la apreciación y preferencias individuales; de la
utilidad que cada uno les atribuya al momento de formar su
voluntad de intercambio. Así, aunque existan restricciones
motivadas por el bienestar de la comunidad –v. gr., el control
de precios de medicamentos33–, o por razones de justicia y
equidad –como la rescisión por lesión enorme de ciertos
contratos34–, por regla general el Derecho Privado reconoce
en las personas la capacidad de establecer libremente los
términos de sus intercambios, asignar valor a las ventajas
mutuas convenidas y considerarlas equivalentes entre sí
A ello cabe agregar que, como esa correspondencia
sigue los lineamientos que autónomamente establece cada
contratante al momento de contratar, es muy complicado
33 Cfr. Art. 23, Ley Estatutaria 1751 de 2015.
34 Sobre el particular, recuérdese el precedente de la Sala: «El instituto jurídico de la
lesión enorme es restringido y no se aplica de manera absoluta y general a toda clase
de negociaciones, sino que por el contrario es una figura exceptiva que únicamente es
predicable de algunas, tales como la compraventa común de bienes (artículo 1946),
permuta de bienes de la misma especie (art. 1958), partición (art. 1405), aceptación de
una asignación sucesoral (art. 1291), estipulación de intereses en el mutuo (art. 2231),
estipulación de los mismos en la anticresis (art. 2466) y
cláusula penal
(art. 1601)» (CSJ
SC, 29 nov. 1999, rad 5327).
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someter cada valoración individual a un juicio de corrección
ex post. Es decir, una vez las partes han establecido y
actuado según sus propias estimaciones subjetivas de lo que
cada una considera justo o apropiado, se torna inviable
calificar la proporcionalidad del intercambio, pues –prima
facie– no habría ningún parámetro objetivo para hacerlo35.
2.4.2. Es necesario insistir en que la capacidad de
establecer relaciones jurídicas voluntarias con otras
personas, pilar esencial del Derecho Privado, requiere
salvaguardar con ahínco la fuerza obligatoria de lo pactado
en un contrato válido. Esta protección no surge del capricho,
ni está arraigada en paradigmas del pasado, sino que
responde al propósito de garantizar la coherencia del orden
social, otorgando valor normativo a ciertas manifestaciones
de la voluntad y facilitando los intercambios libres.
En ese contexto, es comprensible la desconfianza que
siempre ha generado la posibilidad de alterar el contenido de
un acuerdo de voluntades sin la aquiescencia de todos
quienes lo celebraron. Más aún, de hacerlo con ocasión de
una cierta desproporción de las cargas de uno de los
contratantes, cuestión que, así sea de manera indirecta,
35 Juzgar la equivalencia entre deberes y derechos de un contrato requeriría fijar
parámetros ciertos de valor para los objetos de intercambio, obviando la asignación
de valor por equivalencia que, con base en sus propias razones, habrían hecho los
estipulantes al expresar su consentimiento. Sobra decir que ello resulta muy
inconveniente, no solo porque desdibuja la fuerza vinculante de los actos de voluntad,
sino también porque una intervención de tal magnitud contrariaría «[l]a libertad
económica y la libre iniciativa privada, dentro de los límites del bien común», que
caracterizan el modelo de economía social de mercado por el que se decantó nuestra
Constitución Política (arts. 333 y 334).
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remite a la existencia de equilibrios objetivos, extraños al
enfoque propio de los negocios jurídicos entre pares36.
Para ilustrar tal recelo, son útiles las palabras de esta
Corporación, en uno de sus primeros pronunciamientos
sobre el tema del que viene hablándose37:
«La teoría de la imprevisión que según Demogue nació en el Derecho
Canónico debido a los esfuerzos de los canonistas de la Edad Media
que impusieron su aplicación por los tribunales eclesiásticos,
impidiendo así el enriquecimiento de uno de los contratantes a
expensas del otro, como algo contrario a la moral cristiana, supone
como subentendida en los contratos una cláusula “rebus sic
stantibus”, según la cual sus autores explicaban que las partes
implícitamente se reputaban haber subordinado la subsistencia de
sus respectivas obligaciones, en los términos en que se habían
convenido, a la persistencia de las condiciones de hecho existentes
el día del contrato. La fórmula completa es: “Contractus qui habent
tractum sucesivum et dependiam de futuro rebus sic stantibus
inteliguntur”. Esta teoría, radicalmente distinta de la noción de error
y de fuerza mayor, tiene por base la imprevisión, es decir que se
trate de hechos extraordinarios posteriores al contrato. que no
hayan podido ser previstos por las partes, cuyo acaecimiento sin
hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligación, lo
36 La doctrina nacional exponía la cuestión en estos términos: «Por deforme concepto
del contenido y finalidad de las obligaciones, de su interdependencia en los contratos
bilaterales, de la equidad en las mutuas relaciones de las partes, y con vago y mal
encauzado propósito de dar protección al débil, la doctrina moderna ha venido
bregando por introducir en el campo del derecho civil las teorías sobre la imprevisión,
conforme a las cuales si el pago de la obligación llega a hacerse excesivamente difícil,
costoso o lesivo para el deudor, esta debe desaparecer o, a lo menos, reducirse en justa
proporción (...). Por fortuna estas teorías, fruto de los desastres económicos que
siguieron a las dos guerras mundiales, parecen estar pasando de moda y tienden a
desaparecer del campo del derecho civil, algunos de cuyos principios fundamentales
en materia de obligaciones y contratos destrozan o deforman inmisericordemente»
(URIBE, Ricardo. Cincuenta breves ensayos sobre obligaciones y contratos. Ed. Temis,
Bogotá. 1979, p. 149).
37 Cabe anotar que la más antigua mención a la teoría del cambio sobreviniente de
circunstancias se encuentra en la sentencia CSJ SC, 29 oct. 1936, G. J. t. XLIV, pág.
455-458. Sin embargo, allí se descartó su aplicación por una razón formal,
advirtiéndose, de paso, que la Corte aún no había tomado una decisión definitiva en
torno a su procedencia («Cualquiera que sea o llegue a ser el pensamiento de la
Corte sobre esa teoría, y sobre su aplicabilidad ante nuestra legislación, queda visto
que en el presente pleito no puede tal teoría desempeñar papel alguno, por la razón
decisiva de que cuando Tomás Muñoz entabló su demanda el 17 de octubre de 1932,
ya estaba cumplida por parte de los Hoyos su obligación, cumplimiento que tuvo lugar
el 14 de julio de ese año»).
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dificultan en forma extrema, haciéndolo tan oneroso, que el contrato
pierde para la parte obligada todo sentido y finalidad (...).
Aceptada casi unánimemente esta teoría en los últimos años por la
doctrina y la jurisprudencia extranjeras en el campo del derecho
administrativo, no ha tenido sin embargo igual acogida en el
campo del derecho civil, objetándose de contraria a la integridad
y firmeza de los contratos (...). Precisamente el principio sentado en
el código de Napoleón de que todo contrato celebrado es una ley
para los contratantes (artículo 1.134, incisos 1º y 2º) principio
repetido por el artículo 1602 de nuestro código civil, (...) ha sido el
grave escollo que muchos encuentran para aceptar la teoría de la
imprevisión en las legislaciones de fuente francesa. Porque se alega
que ese y otros preceptos ponen por sobre todo la intangibilidad de
los contratos, haciendo de ese principio base esencial del orden
económico y social, principio que le quita al juez todo poder de
interpretación tendiente a modificar las estipulaciones
libremente convenidas por las partes. La Corte de casación de
Francia condenando esta teoría con motivo de algunas decisiones
de tribunales cortes de apelación que la habían acogido dijo lo
siguiente: “La regla establecida por el artículo 1134 del código civil,
es general y absoluta y rige tanto en los contratos de prestaciones
sucesivas, como en los contratos de otra naturaleza; en ningún
caso los tribunales, por justas que parezcan sus decisiones,
pueden tomar en consideración el tiempo y las
circunstancias para modificar las convenciones” (Corneliu
Mihail Popescu - Essai d'une théorie de l'imprevision en droit
francais et comparé - París - 1937, página 77)» (CSJ SC, 23 may.
1938, G. J, t. XLVI, pág. 523-546).
2.4.3. A pesar de la renuencia inicial, la teoría se
fue consolidando a medida que se precisaban sus elementos
conceptuales y su verdadero objetivo práctico. Es claro que,
en la generalidad de los casos, el pacta sunt servanda debe
prevalecer, pero el Derecho Privado no puede dar la espalda
a eventos verdaderamente excepcionales, en los que la
absoluta intangibilidad del débito negocial podría generar
situaciones lesivas, visiblemente inequitativas, que también
resultan contrarias a la vigencia de un orden justo.
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Por esa razón, durante la segunda mitad del S. XX
muchos ordenamientos consagraron reglas especiales sobre
el cambio sobreviniente de circunstancias, excesiva
onerosidad, imprevisión o “Hardship”. De esa tendencia
legislativa son ejemplos los artículos 1467 del Códice Civile
italiano38; 1440 del Código Civil peruano39; 1091 del Código
Civil y Comercial argentino40, y 478 del Código Civil
brasilero41. Y también lo hizo el ordenamiento colombiano, a
través del precepto 868 del Código de Comercio, que reza:
«Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o
imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de
ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la
prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en
grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir
38 «Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita,
se la prestazione di una delle parti e' divenuta eccessivamente onerosa per il
verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale
prestazione puo' domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art.
1458. La risoluzione non puo' essere domandata se la sopravvenuta onerosita'
rientra nell'alea normale del contratto (...)» («En un contrato de ejecución continua o
periódica, o de ejecución diferida, si la prestación de una de las partes se ha hecho
excesivamente onerosa por la ocurrencia de acontecimientos extraordinarios e
imprevisibles, la parte deudora de dicha prestación podrá solicitar la resolución del
contrato con los efectos previstos en el Art. 1458. La resolución no podrá solicitarse si
la onerosidad sobrevenida pertenece al alea ordinaria del contrato...»).
39 «En los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la
prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e
imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente
la contraprestación, a fin de que cese la excesiva onerosidad (...)».
40 «Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a
cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración
extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración,
sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada,
ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como
excepción, la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se
aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obligaciones,
resultantes del contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente
onerosa por causas extrañas a su álea propia. (...)».
41 «Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes
se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação» («En los
contratos de ejecución continuada o diferida, si la prestación de una de las partes se
hace excesivamente onerosa, en beneficio extremo de la otra, debido a acontecimientos
extraordinarios e imprevisibles, el deudor podrá solicitar la resolución del contrato. Los
efectos de la resolución se retrotraerán a la fecha del requerimiento»).
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su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias que
hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es
posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el
juez decretará la terminación del contrato. Esta regla no se
aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución
instantánea».
El asunto igualmente fue abordado por los principales
instrumentos de soft law en materia de contratos, como los
ya citados Principios UNIDROIT sobre los Contratos
Comerciales Internacionales (arts. 6.2.1. a 6.2.3.42); los
Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos
(art. 8443), o los Principios de Derecho Europeo de los
Contratos (art. 6:11144).
42 «Hay “excesiva onerosidad” (hardship) cuando el equilibrio del contrato es alterado
de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de
la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la
prestación que una parte recibe ha disminuido, y: (a) dichos eventos acontecen o llegan
a ser conocidos por la parte en desventaja después de la celebración del contrato; (b)
los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la parte en
desventaja en el momento de celebrarse el contrato; (c) los eventos escapan al control
de la parte en desventaja; y (d) el riesgo de tales eventos no fue asumido por la parte
en desventaja» (art. 6.2.2.
43 «(1) Si, después de su celebración, la ejecución del contrato deviene excesivamente
onerosa o su utilidad disminuye significativamente, por cambio de circunstancias cuyo
acaecimiento o magnitud no pudo razonablemente haberse previsto y cuyo riesgo no
fue asumido por la parte afectada, ésta puede solicitar a la otra la renegociación del
contrato. (2) La renegociación no suspende la ejecución del contrato, salvo cuando ésta
cause perjuicios irreparables para la parte afectada. (3) Si después de un plazo
razonable las mismas partes no han adaptado el contrato, cualquiera de ellas puede
solicitar al juez que lo adapte o resuelva, quien para hacerlo debe tener en cuenta la
distribución de riesgos y costos que habían asumido las partes».
44 «(1) Las partes deben cumplir con sus obligaciones, aun cuando les resulten más
onerosas como consecuencia de un aumento en los costes de la ejecución o por una
disminución del valor de la contraprestación que se recibe. (2) Sin embargo, las partes
tienen la obligación de negociar una adaptación de dicho contrato o de poner fin al
mismo si el cumplimiento del contrato resulta excesivamente gravoso debido a un
cambio de las circunstancias, siempre que: (a) Dicho cambio de circunstancias haya
sobrevenido en un momento posterior a la conclusión del contrato. (b) En términos
razonables, en el momento de la conclusión del contrato no hubiera podido preverse ni
tenerse en consideración el cambio acaecido. (c) A la parte afectada, en virtud del
contrato, no se le pueda exigir que cargue con el riesgo de un cambio tal de
circunstancias. (3) Si en un plazo razonable las partes no alcanzan un acuerdo al
respecto, el juez o tribunal podrá: (a) Poner fin al contrato en los términos y fecha que
considere adecuado. (b) O adaptarlo, de manera que las pérdidas y ganancias
resultantes de ese cambio de circunstancias se distribuyan entre las partes de forma
equitativa y justa. En cualquiera de los casos, el juez o tribunal podrá́ ordenar que la
parte que se negó́ a negociar o que rompió́ dicha negociación de mala fe, proceda a
reparar los daños causados a la parte que sufrió dicha negativa o dicha ruptura».
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Cada una de esas disposiciones normativas enfrenta la
cuestión del cambio sobreviniente de circunstancias de modo
diverso, pero en su mayoría tienen factores comunes, como
el hecho de no disputar la validez o eficacia de lo acordado45,
ni tampoco el equilibrio inicial entre derechos y deberes de
los contratantes, sino, únicamente, los límites de la fuerza
obligatoria de esa expresión de voluntad inicial, cuando, por
causas imprevisibles y extrañas a uno de los contratantes,
varían drásticamente las condiciones de hecho sobre las
cuales juzgó equivalentes sus obligaciones y las que corren a
cargo de su contraparte.
Lógicamente, esa variación requiere que exista una
brecha temporal entre la fecha en la que se celebró el
contrato y la del cumplimiento de las obligaciones. Téngase
en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en materia de
contratación estatal, la paridad objetiva entre prestaciones
no es el eje de la discusión, sino la enorme discrepancia entre
el futuro que las partes anticiparon al momento de obligarse
a dar, hacer o no hacer algo, y la realidad que terminó
acaeciendo cuando debían ejecutar esa prestación.
Esa novedosa situación debe tener radical incidencia en
la economía del contrato, dando lugar al aumento desmedido
45 En un sistema económico en el que participan sujetos con enormes asimetrías de
la información, y con capacidades patrimoniales y de influencia muy disímiles,
pueden presentarse fallas de mercado. Ello ha motivado a los ordenamientos
nacionales y supranacionales a diseñar mecanismos de intervención razonable en los
acuerdos privados, a través de medidas legislativas y administrativas muy diversas,
que buscan limitar el poder de negociación de alguno de los contratantes, o invalidar
cierto tipo de estipulaciones inequitativas. Pero, en cualquiera de esos casos, el
problema se ataca justamente por la vía de restar validez o eficacia (total o parcial) al
pacto inicial, mientras que la teoría del cambio sobreviniente de circunstancias supone
la existencia de un contrato valido y eficaz –aunque injusto–.
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de los costos de las prestaciones a cargo de alguna de las
partes –o excesiva onerosidad–. Asimismo, debe tratarse de
un fenómeno extraordinario, de tal calado que modifique la
base esencial de cualquier juicio previo de equivalencia
subjetiva; ajeno a la conducta de los contratantes, e
imprevisible al tiempo de contratar. De lo contrario, tendría
que haberse sopesado como un riesgo o ventura propio del
negocio, que debe ser asumido por alguno de los
contratantes, según la distribución pactada, o la que prevea
el respectivo ordenamiento, según el caso.
Así lo tiene dicho el precedente de la Sala:
«Las circunstancias sobrevenidas al contrato, a más de
extraordinarias, han de ser imprevistas e imprevisibles, y extrañas
a la parte afectada. Extraordinarias, son aquellas cuya ocurrencia
probable está fuera de lo ordinario, normal, natural, común, usual,
lógico, habitual, corriente, frecuencia o periodicidad, atendido el
marco fáctico del suceso, sus antecedentes, el estado actual de la
ciencia, y la situación concreta según las reglas de experiencia.
Imprevisible, es todo evento que, en forma abstracta, objetiva y
razonable no puede preverse con relativa aptitud o capacidad de
previsión, “que no haya podido preverse, no con imposibilidad
metafísica, sino que no se haya presentado con caracteres de
probabilidad (...) Hay obligación de prever lo que es
suficientemente probable, no lo que es simplemente posible. Se
debe prever lo que es normal, no hay porque prever lo que es
excepcional” (cas. civ. sentencia de 27 de septiembre de 1945, LIX,
443), o según los criterios generalmente admitidos, poco probable,
raro, remoto, repentino, inopinado, sorpresivo, súbito, incierto,
anormal e infrecuente, sin admitirse directriz absoluta, por
corresponder al prudente examen del juzgador en cada caso
particular (cas. civ. sentencias de 5 de julio de 1935; 26 de mayo
de 1936; 27 de noviembre de 1942; 20 de noviembre de 1989; 31
de mayo de 1995; 20 de junio de 2000, exp. 5475).
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43
Imprevisto, es el acontecimiento singular no previsto ex ante,
previa, antelada o anticipadamente por el sujeto en su situación,
profesión u oficio, conocimiento, experiencia, diligencia o cuidado
razonable. Lo extraordinario u ordinario, previsible e imprevisible,
previsto e imprevisto, no obedece a un criterio absoluto, rígido e
inflexible sino relativo, y está deferido a la ponderada apreciación
del juzgador en cada caso según la situación específica, el marco
fáctico de circunstancias, el estado del conocimiento, el progreso,
el deber de cuidado exigible y la experiencia decantada de la vida.
La ajenidad de los hechos sobrevenidos al deudor es necesaria en
la imprevisión, en tanto extraños a su órbita, esfera o círculo de
riesgo, conducta, comportamiento, acción u omisión, hecho o acto,
que no las haya causado, motivado, agravado, incurrido en dolo o
culpa u omitido medidas idóneas para evitarlos o atenuar sus
efectos, siéndole exigible y pudiendo hacerlo. Los eventos pueden
originarse en la otra parte, nunca en la afectada, pues al serle
imputable jamás podrá invocar su propio acto. Y lo que se dice de
la parte comprende el hecho de las personas por quienes responde
legal o contractualmente.
Por tanto, la negligencia, desidia, imprudencia, el dolo o culpa, la
falta de diligencia, cuidado, previsión y la concurrencia, exposición
o contribución de la afectada, así como la ausencia de medidas
para evitar, mitigar o disipar la excesiva onerosidad (duty to
mitigate damages), y, en fin, la inobservancia de las cargas de la
autonomía excluyen imprevisión, imprevisibilidad,
inimputabilidad y extraneidad, a más de contrariar claros
dictados éticos, sociales y jurídicos prevalerse de la propia
conducta para derivar provecho con un desequilibrio que pudo
evitarse, mitigarse o conjurarse, en quebranto a la lealtad,
probidad, corrección, buena fe y fuerza obligatoria del contrato a
que conduce admitir su revisión cuando la conducta del obligado
es la causa o concausa de la excesiva onerosidad. Por ende, no
opera la imprevisión cuando el suceso está en la esfera o círculo
del riesgo de la parte afectada, el alea normal del contrato, o es
imputable a la propia conducta, hecho dolo, culpa, exposición,
incuria, negligencia, imprudencia o, la falta de medidas idóneas
para prevenir, evitar o mitigar el evento o sus efectos.
Por ello, la desproporción y sus causas han de ser por completo
ajenas a la parte afectada, en tanto no sean imputables a su
acción u omisión, conducta o hecho, ni las haya asumido legal o
contractualmente. A tal efecto, el contrato de suyo es acto de
previsión, sobre los contratantes gravitan cargas de previsión y
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sagacidad, han de prever eventuales contingencias dentro de los
parámetros normales, corrientes u ordinarios, y en ejercicio de su
autonomía privada dispositiva, ceñidas a los legales, la buena fe
y la paridad prestacional, tienen libertad para acordar el contenido
del negocio, disciplinar la relación, los derechos, prestaciones, la
estructura económica y los riesgos. Cada parte contratante debe
proyectar razonablemente la estructura económica del contrato, el
valor de la prestación y la contraprestación, los costos, gastos,
pérdidas, beneficios o utilidades y riesgos al instante de contratar,
oportunidad en la cual establecen razonablemente la equivalencia
prestacional, sin admitírsele alegar torpeza (nemo auditur propiam
turpitudinem allegans) o malicia en provecho propio, ni volver
sobre su acto propio (venire contra factum proprium) o contrariar la
confianza legítima (Vertrauenschutz, legitímate expectations,
legittimo affidamento, estoppel) (rev. civ. sentencia 25 de junio de
2009, Exp. 2005-00251 01)» (CSJ SC, 21 feb. 2012, rad.
2006-00537-01).
Finalmente, la acción judicial que se confiere al afectado
no es de naturaleza reparativa, es decir, no busca compensar
las pérdidas acaecidas en ejecución del contrato, sino
reequilibrar las prestaciones de las partes hacia el futuro, o
de no ser ello posible, resolver la convención. El cambio
sobreviniente de circunstancias, en el marco del Derecho
Privado, no excusa el incumplimiento, ni habilita el cobro de
débitos pasados, sino que modifica, de manera prospectiva,
un acuerdo de voluntades preexistente.
En ese sentido, no cabe ejercer la acción judicial cuando
el contrato ya ha terminado, pues al suceder la extinción de
ese vínculo relacional, carecería de objeto realizar cualquier
ajuste de las prestaciones a futuro. En estos términos lo
explica la jurisprudencia:
«De suyo, los eventos alteradores de la simetría prestacional, han
de acontecer después de celebrado el contrato, durante su
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
45
ejecución y previamente a su extinción (...). La revisión del contrato
ex artículo 868 del Código de Comercio, es el medio dispensado
por el legislador al desequilibrio económico adquirido o lesión
sobrevenida (laesio superveniens) por circunstancias posteriores,
distantia temporis después de su celebración, durante su
ejecución y antes de su terminación (qui habent tractum
successivum). Bien se advierte del factum normativo, que la
revisión versa sobre “la prestación de futuro cumplimiento a cargo
de una de las partes”, esto es, no cumplida ni extinguida.
La vigencia del contrato y la pendencia de la prestación,
conforman condiciones ineludibles. Menester el vigor del contrato,
y que la obligación no sea exigible, haya cumplido, ejecutado o
agotado. Distinto es que, para establecer la onerosidad de la
prestación de futuro cumplimiento, deba valorarse completo, pleno
e íntegro el contrato y en su conjunto prestacional, tanto cuanto
más que, lo excesivo o el desequilibrio prestacional no deriva de
una prestación aislada, sino del complejo tejido contractual, según
la prudente, juiciosa o razonable ponderación por el juzgador del
marco fáctico de circunstancias concreto y los elementos de
convicción, atendiendo la equidad y justicia. La revisión por
imprevisión es inadmisible si la prestación, no obstante la
excesiva onerosidad, se cumplió, lo cual salvo protesta,
reserva o acto contrario, denota aceptación, tolerancia o
modificación por conducta concluyente de la parte
afectada. Aún, satisfecha con reserva o protesta, al
extinguirse definitivamente, clara es su improcedencia, por
versar sobre la prestación cuyo cumplimiento posterior
sobreviene oneroso en exceso, y predicarse de la relación
vigente ad futurum.
Empero, por cuanto la imprevisión supone tanto el vigor del
contrato como de la prestación de cumplimiento futuro, y no faculta
a la parte afectada para incumplir la obligación, ni encarna
elemento extraño o causa de imposibilidad obligatoria, en
oportunidades, la revisión para corregir el desequilibrio, o en su
caso, terminar el contrato, se frustra ante el cumplimiento o la
terminación del contrato, en tanto obligada la parte a cumplir, el
cumplimiento extingue la prestación, y extinguida por sustracción
de materia, resulta entonces impertinente la revisión bajo la regla
consagrada en el artículo 868 del Código de Comercio, juzga la
Sala que reclamada la revisión antes y hecho reserva expresa la
parte afectada al instante de cumplir la prestación excesiva o
desequilibrada, no debe soportarla y tiene derecho a obtener el
reajuste, desde luego, no a través de la imprevisión, sino de
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
46
las otras vías consagradas por el ordenamiento jurídico,
pues lo contrario equivaldría a patrocinar una situación
manifiestamente injusta, inequitativa y lesiva de la justicia
contractual.
Por consiguiente, ejecutado, terminado o concluido el
contrato y extinguida por su cumplimiento la prestación,
nada hay por revisar para reajustar, restablecer o terminar.
Por esta inteligencia, a más de la imposibilidad lógica y práctica
de revisar para corregir o terminar lo que no ya existe, los efectos
cumplidos producidos o consumados en situación de “excesiva
onerosidad”, no admiten reclamación ni reparación por esta vía
(cas. civ. sentencias de 29 de octubre de 1936, XLIV, p. 437 ss; 23
de mayo de 1938, XLVI, p. 544; 23 de junio de 2000, exp. 5475),
tanto cuanto más que ello equivale a volver sobre lo extinguido con
quebranto de la certeza y seguridad del tráfico jurídico» (CSJ SC,
21 feb. 2012; reiterada en CSJ SC12743-2017).
2.4.4. En suma, es evidente que el enfoque de la
contratación privada difiere enormemente de aquel que
gobierna los contratos estatales sometidos al EGCAP.
Mientras que el segundo privilegia la paridad absoluta de las
prestaciones de las partes, en el marco de una
conmutatividad objetiva, el primero busca resguardar, en la
medida de lo posible y de lo razonable, la integridad del
contrato, y la fuerza vinculante del equilibrio económico
subjetivo que diseñaron y aceptaron los propios estipulantes
al momento de celebrar el respectivo negocio jurídico.
La manifestación práctica más relevante de esa
divergencia se da en el propósito de la acción judicial que
puede ejercitar el contratante afectado: en el régimen de
contratación estatal, le es lícito pedir una compensación por
las prestaciones ejecutadas, lo que, incluso, permitiría que
se discuta el desequilibrio económico de un contrato
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
47
liquidado. En cambio, el Derecho Privado solo habilita el
reajuste del pacto, o su resolución, en ambos casos con
efectos ex nunc –hacia el futuro–; de ahí que, extinguido el
vínculo jurídico entre los contratantes, el cambio
sobreviniente de circunstancias pierde su razón de ser.
En términos similares lo ha reconocido el precedente
consolidado del Consejo de Estado:
«[S]i bien el Código de Comercio (artículo 868) hace alusión a la
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de cualquiera de las partes derivada del advenimiento de
circunstancias “extraordinarias, imprevistas o imprevisibles”, lo
cierto es que esta regulación no puede equipararse a la del
rompimiento del equilibrio económico del contrato en tanto no
impone a las partes la obligación de mantener inalterada la
conmutatividad del contrato durante toda su ejecución, ni tampoco
la de restablecerla en caso de que se modifique, sino que da a la
afectada la posibilidad de acudir al juez para que –de cara al
cumplimiento de prestaciones futuras– revise las condiciones
inicialmente pactadas frente a la ocurrencia de las mencionadas
circunstancias y determine, con criterios de equidad, la necesidad
o no de realizar ajustes que permitan continuar con la ejecución
del negocio jurídico o la de declarar su terminación. Es decir, en el
marco del derecho privado, los reajustes podrían surgir, para el
cumplimiento de obligaciones futuras, a partir de una orden
judicial que alterare las condiciones iniciales del contrato, mas no
como consecuencia del cumplimiento de una obligación ínsita de
esa naturaleza.
Así, la revisión del contrato por parte del juez con base en el
acaecimiento de circunstancias extraordinarias e imprevisibles y,
por esa vía, los reajustes que este imponga con fundamento en la
equidad o, en los casos más extremos, la terminación del contrato
en razón de esa causa para liberar a las partes de sus
obligaciones recíprocas en tanto resultan excesivamente onerosas
para una de ellas, es un remedio excepcionalísimo que no se
funda, como la teoría del rompimiento del equilibrio económico, en
la necesidad de continuidad del servicio público en función del
interés general, sino en la equidad; de manera que, ante el
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48
advenimiento de tales circunstancias, en los contratos regidos por
el derecho privado prima el carácter vinculante de lo pactado entre
las partes como expresión de la autonomía de la voluntad y, solo
excepcionalmente y a petición de parte, la ley otorga al juez la
posibilidad de alterar lo convenido» (CE, S. III, Sub. A, 30 ago.
2022, rad. 58485).
Más recientemente, la misma Corporación insistió en
que
«(...) la jurisprudencia de las subsecciones de la sección tercera del
consejo de estado, al abordar el análisis de las controversias
surgidas en contratos regidos por el derecho privado en las que
existen pretensiones tendientes a restablecer el equilibrio
económico del contrato, han señalado que esta figura es propia de
los contratos regulados por la ley 80 de 1993 y, por tanto, no es
posible su aplicación en aquellos acuerdos que no se rijan por el
estatuto de contratación de la administración pública, dado que en
las normas civiles y comerciales no existe una obligación en torno
a mantener la ecuación contractual en los términos y con el alcance
que sí se prevé en esta ley.
“en los contratos entre particulares, por el contrario, las partes
obran en condiciones de igualdad jurídica por lo que no podría
predicarse que una de ellas tenga la condición de colaboradora de
la otra en los términos anteriormente señalados. las partes están
obligadas a cumplir sus obligaciones tal y como fueron pactadas:
el contratista a prestar el servicio o a ejecutar la obra, en las
condiciones en las que se comprometió a hacerlo, y la contratante
a pagarle el precio establecido en el contrato. por tal razón, ante el
advenimiento de circunstancias imprevisibles que hagan más
oneroso el cumplimiento de obligaciones a cargo de cualquiera de
las partes, las normas que rigen los contratos de los particulares
consagran el derecho de solicitar la revisión judicial las
condiciones pactadas, y disponen que tal revisión debe pedirse
antes de ejecutar tales obligaciones; de accederse a ella, aplica
para las prestaciones que se cumplan en el futuro. la parte
demandada en este caso solo está obligada a pagar lo pactado en
el contrato y ese pacto solo puede ser modificado por voluntad de
las partes y excepcionalmente por disposición el juez. pero la
fuente de su obligación sigue siendo lo establecido en el contrato y
solo estará obligada a reparar perjuicios cuando incumpla; las
normas privadas no establecen una obligación de reparar
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perjuicios por el incumplimiento de una de ellas de la obligación de
restablecimiento de la ecuación financiera del contrato en la forma
prevista en el estatuto de contratación público”46» (CE, S. III,
Sub. A, 12 dic. 2022, rad. 66729).
2.5. Improcedencia de las pretensiones de Seismic
(y consecuente irrelevancia de los cargos).
Dados los motivos consignados supra, las pretensiones
promovidas por Seismic estaban condenadas al fracaso, pues
su propósito consistía en que, por causas sobrevinientes e
imprevistas, se declarara el desequilibrio económico de un
contrato sometido al régimen del derecho privado, cuyas
prestaciones ya se habían ejecutado a cabalidad, conforme
se sigue del acta de liquidación respectiva –en la que,
reiteradamente, se dejó sentado que el objeto negocial se
encontraba plenamente satisfecho–.
Conviene precisar, en este punto, que la acción judicial
a la que acudió la demandante no admite una hermenéutica
distinta a la anunciada, pues sus términos son claros, y no
fueron materia de controversia durante las instancias, ni
tampoco en sede extraordinaria. Lo que se pidió declarar fue
que «por hechos no imputables a Seismic, se presentó la ruptura del
equilibrio económico del contrato estatal n.º 2072122 de fecha 29 de
noviembre de 2007, suscrito con FONADE», y que, a título de
«restablecimiento del equilibrio económico del contrato», la
demandada asumiera el pago de $52.499.850.692 de
sobrecostos. Ni más, ni menos.
46 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, rad. 47.068. C.P. Martín Bermúdez
Muñoz» (referencia propia del texto citado).
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50
Por consiguiente, no resulta viable afirmar que lo
querido en la demanda fuera obtener reparación por un daño
extracontractual derivado de ciertas falencias de información
durante la fase precontractual, o del abuso del derecho, o
invocar la infracción de lo pactado. Lo reclamado fue la
revisión de un contrato terminado, no otra cosa. Concluir
algo distinto implicaría alterar radicalmente el texto de la
demanda, quebrantando el principio de congruencia y, de
paso, vulnerando gravemente el derecho de defensa de la
entidad convocada, así como la regla dispositiva que gobierna
la actividad de la Corte, en sede de casación.
Recuérdese que, según el precedente,
«el juez tiene el deber de interpretar los hechos y pretensiones
esgrimidos por el convocante en su demanda, dotándolos del
sentido que interfiera en menor medida con la procedencia de sus
verdaderos reclamos, siempre y cuando esa hermenéutica no
sea abiertamente incompatible con las manifestaciones del
propio convocante en su escrito inaugural, o sus
modificaciones. Esto se traduce en que el fallador está obligado
a desentrañar el auténtico y adecuado sentido de la demanda,
especialmente en aquellos eventos en los que la descripción fáctica
incluida en esa pieza procesal sea ininteligible, o refleje una
contradicción insalvable entre los hechos relatados y las
pretensiones; pero si lo que ocurre es que el convocante eligió
de manera diáfana una acción equivocada, esa mediación
excepcional del funcionario se tornaría injustificada, pues
el deber de interpretación no puede conducir a que la jurisdicción
recomponga la estrategia procesal de los litigantes, o la sustituya
por otra más adecuada para la gestión de sus intereses» (CSJ
SC1971-2022).
Ahora bien, siendo que el cambio sobreviniente de
circunstancias, o teoría de la imprevisión, no tiene cabida
cuando el contrato a revisar ya se hubiera extinguido, y dado
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
51
que la demanda en referencia se presentó con posterioridad
al acto de liquidación del negocio jurídico sobre el que versa
la litis, fuerza colegir que las pretensiones estaban llamadas
al fracaso. En ese sentido, los cargos de casación tampoco
podrían salir avante, pues, aunque se hubieran demostrado
los yerros denunciados –que no es así, según se verá en el
acápite que sigue–, el conflicto no podría resolverse de un
modo diverso al dispuesto por el Tribunal.
Y, como lo tiene dicho el precedente, tal cosa basta para
que el remedio extraordinario fracase, pues la labor de
acreditar la transgresión de la ley sustancial,
«(...) requiere la demostración de la evidencia o notoriedad del
error, en el sentido de que salte a simple vista y que no requiera
mayores esfuerzos de razonamiento para establecerse; como
también que se demuestre la trascendencia del mismo en
las demás apreciaciones que sustentan al fallo atacado,
comprobándose, consecuencialmente, su incidencia en la parte
resolutoria de este último, en el sentido que de no haberse
producido el señalado error, la resolución hubiera sido
enteramente diferente (...). [La] trascendencia en el fallo [es]
requisito ‘sine qua non’ para que se pueda desvirtuar la
presunción de acierto que cobija a la sentencia impugnada
y, por ende, quebrar la decisión objeto del recurso
extraordinario de casación, como en efecto lo dijo esta
Corporación cuando expresó que “el recurrente que acusa por error
en la apreciación de la prueba y que, aun demostrándolo, no pasa
adelante, se queda, por decirlo así, en el umbral, sin traspasar la
puerta de entrada al recurso mismo, la que con esa demostración
apenas ha abierto. El recurso, cuando el punto de partida es el
referido error, es una cadena formada por estos eslabones, a) el
error y su demostración; b) la consiguiente violación de la ley
sustantiva (...); y c) la incidencia del cargo sobre la parte
resolutiva de la sentencia” (G. J. t. XLVI, pág. 205; LX pág. 705
y LXXVIII págs. 566 y 690)» (CSJ SC, 9 dic 1999, rad. 5378;
reiterada en CSJ SC428-2023).
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
52
3. Análisis de los cargos admitidos.
Además de su anunciada futilidad, es pertinente
reseñar que las acusaciones de la recurrente se fundamentan
en vicios de juzgamiento que no fueron acreditados. Si bien
el Tribunal erró al estudiar de la demanda como si se tratara
de una controversia alusiva a un contrato regulado por el
EGCAP, perdiendo de vista las evidentes implicaciones de la
sujeción de ese negocio jurídico a las reglas del Derecho
Privado, en su labor de valoración probatoria no incurrió en
ninguno de los desafueros denunciados por Seismic en la
sustentación de su impugnación extraordinaria.
3.1. Cuestionamientos relativos a la hermenéutica
de la demanda.
En su segunda censura, la recurrente criticó al Tribunal
por haber considerado que los supuestos generadores del
desequilibrio económico alegado correspondían exactamente
con las salvedades que Seismic dejó registradas en el acta de
liquidación del contrato que ajustó con la convocada,
perdiendo así de vista que «las pretensiones de la reforma de la
demanda se circunscribieron, en realidad, a algunos de los hechos que
fueron alegados por FONADE en el acta de liquidación, pero no coinciden,
en su totalidad, con estos últimos».
Y, en efecto, la colegiatura de segundo grado fue más
allá del sustento fáctico de las pretensiones, pues se detuvo
en varios aspectos no mencionados en la demanda, como «(i)
las condiciones laborales adicionales a las establecidas en la ley, (ii) la
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adversidad climática y (iii) los intereses generados por la mora en el pago
del saldo retenido en garantía». Sin embargo, para la Sala es
evidente que también analizó las circunstancias identificadas
en ese escrito inicial como causas o fuentes generadoras del
alegado desequilibrio, de modo que su equivocación no pudo
generar ningún desmedro cierto a la convocante
Es decir, el fallo recurrido ciertamente se ocupó de
descartar causas del desequilibrio económico a las que no
aludió Seismic en su demanda, pero consideró todas y cada
una de las que sí fueron mencionadas allí, a saber: (i) las
dificultades que se presentaron en la fase de consulta previa
del proyecto47; (iii) el incidente con la comunidad Acadesan48;
(ii) la falta de acompañamiento del Ministerio del interior49;
(iv) la masiva deserción laboral50; (v) la situación de orden
público del sector51, y (vi) la negativa de la contratante a
ampliar el monto de los gastos reembolsables52. Asimismo,
evaluó la procedencia de la sanción impuesta a la contratista
por el tardío cumplimiento de sus obligaciones53.
Esto se traduce en que el grueso de la motivación del
fallo censurado aludió a circunstancias esencialmente
idénticas a las que constituyen el fundamento del reclamo
jurisdiccional de la actora. Además, esa providencia da
cuenta, con prolijidad, de las razones por las cuales tales
sobrecostos concretos no podrían considerarse imprevisibles,
47 Numerales 6 y 7 de la sentencia de segunda instancia, fol. 20 a 27.
48 Numeral 8, fol. 28 a 31.
49 Numeral 13, fol. 37
50 Numeral 12, fol. 35 a 37.
51 Ídem.
52 Numerales 14 y 15, fol. 38 a 45.
53 Numeral 18, fol. 47 a 49.
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ni ajenos a los riesgos que voluntariamente asumió Seismic,
como habría sido de rigor para que procediera el
restablecimiento del equilibrio económico de un contrato
sometido al EGCAP.
El Tribunal, entonces, solo acudió a las salvedades que
se hicieron constar en el acta de liquidación del contrato
como herramienta de ordenación, con el propósito de facilitar
el estudio sistemático de los hechos de la demanda, sin
desentenderse en lo absoluto de ellos, siendo pertinente
añadir que, tal como lo admitiera la propia recurrente54,
existe una marcada coincidencia entre los contenidos de
ambos textos, pues solo tres de los puntales debatidos
inicialmente por la contratista fueron obviados al estructurar
su reclamo jurisdiccional, sin que añadiera ninguno.
3.2. Cuestionamientos relativos a la fuente y el
carácter previsible de las causas del desequilibrio.
Para fundar su decisión absolutoria, el Tribunal optó
por analizar dos presupuestos del cambio sobreviniente de
circunstancias –comunes al derecho público y privado–: la
ajenidad de los fenómenos que alteraron el equilibrio de las
prestaciones del contrato, y su naturaleza imprevisible. En
54 En la sustentación del cargo, la recurrente afirmó: «Según se desprende de una
simple lectura de la reforma de la demanda, estos corresponden en realidad a los
siguientes: (i) la presencia de múltiples comunidades étnicas de características y
condiciones diversas, lo que implicó adelantar complejos procedimientos de consulta
previa que tardaron más de lo previsto; (ii) inconvenientes con Acadesan; (iii) la falta de
acompañamiento del entonces Ministerio del Interior y de Justicia; (iv) la masiva
deserción laboral; (v) la situación de orden público; y (vi) la insuficiencia del monto del
8% para gastos reembolsables». Todas esas cuestiones fueron consideradas en la
sentencia, tal como se dejó sentado en un párrafo previo –siguiendo la misma
secuencia–.
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cuanto a lo primero, esa colegiatura adujo que el personal de
Seismic había facilitado uniformes y elementos de
identificación al personal de otra compañía (Servigecol),
conducta desprolija que habría contribuido al retraso de la
labor que contrató FONADE.
Sobre el particular, se destaca que desde la demanda se
había sostenido que el ingreso no autorizado de funcionarios
de Servigecol al territorio ancestral de la comunidad
Acadesan fue una de las causas de la tardanza del proceso
de consulta previa. Por tanto, como no se discutió ni se refutó
el uso de los emblemas de Seismic por parte de los primeros,
la conclusión a la que arribó la colegiatura de segunda
instancia no parece irrazonable. Antes bien, es plausible
atribuir aquel incidente y la consecuente renuencia de la
comunidad Acadesan a unirse al proceso de consulta previa
durante más de doce meses, a un descuido u obrar
imprudente de la convocante –lo que impediría trasladar sus
consecuencias a su contraparte–.
En cuanto a lo segundo, el Tribunal indicó que los
pliegos de condiciones elaborados por FONADE asignaban a
los distintos proponentes el deber de «visitar e inspeccionar la
zona donde se desarrollarán los trabajos e informarse por su cuenta
acerca de (...) todas las circunstancias que pueden afectar o influir en el
cálculo del valor de su propuesta». Así las cosas, la convocante
pudo informarse con antelación sobre «la cantidad de grupos
indígenas y afrodescendientes» que habitan el sector, para así
ajustar sus planes de ejecución. Inclusive, se le instaba a
hacer visitas in situ, para verificar esas variables
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
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Y, ciertamente, los pliegos consagraban lo que el ad
quem afirmó, siendo del caso agregar que, dada la
distribución de los riesgos del contrato establecida desde la
fase precontractual –cuya validez, cabe anotar, no se disputó
en la demanda, ni tampoco en ninguno de los cargos que se
admitieron a trámite–, parecía de cargo de la contratista
anticipar las dificultades y complejidades de un proceso de
consulta previa en la zona del país donde se desarrollaría la
consultoría encomendada. En ese contexto, las incidencias y
retrasos del proceso de consulta previa que adelantó Seismic
–en parte, motivadas por su conducta– emergen como riesgos
que podían anticiparse al tiempo de contratar, de modo que
no podían constituir motivo de revisión del contrato.
Sobra decir que no parecen haber graves errores en ese
raciocinio, debiéndose añadir que la casacionista no probó
por qué la referida situación habría sido imposible de
anticipar con mediano cuidado en la fase de preparación de
la propuesta. Simplemente alegó que esa tarea le era gravosa,
o que no era de su resorte, a pesar de haber consentido en
asumir el riesgo al tiempo de contratar.
4. Conclusión.
Las acusaciones propuestas no se abren paso, no solo
porque la alegada transgresión indirecta de la ley sustancial
no fue acreditada, sino, principalmente, porque la
demandante reclamó el restablecimiento del equilibrio
prestacional de un contrato ya finiquitado, pedimento que
solo tiene cabida en tratándose de contratos estatales
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sometidos al EGCAP, y que resulta improcedente cuando el
negocio jurídico se disciplina por las reglas y principios del
Derecho Privado –como sucede en este caso–.
Los cargos, por tanto, no prosperan.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 12 de enero de
2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el trámite verbal de la
referencia.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte actora, como
impugnante vencida, al pago de las costas procesales de esta
actuación. En la liquidación inclúyanse diez salarios
mínimos legales mensuales vigentes (10 SMLMV) por
concepto de agencias en derecho.
Notifíquese y cúmplase
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
58
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
(Aclaración de voto)
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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