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clave: "corte_suprema:providencia:SC1360-2024 [2015-00575-01]"
titulo: "Corte Suprema: quedará en evidencia que el sentido del fallo desfavorable a Seismic no variaría"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-07-12"
radicado: "2015-00575-01"
numero: "SC1360-2024"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte Suprema: quedará en evidencia que el sentido del fallo desfavorable a Seismic no variaría

- **Título oficial / radicado:** SC1360-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-07-12
- **Radicado:** 2015-00575-01
- **Número:** SC1360-2024
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1360-2024%20%5B2015-00575-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1360-2024%20%5B2015-00575-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzcuLSBKdWxpby9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTM2MC0yMDI0IFsyMDE1LTAwNTc1LTAxXS5wZGY%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Decreto 495 de 2019
- Ley 489 de 1998

## Extracto

En: Revue internationale des droits de l'antiquité, n.º 61. La pronta y eficiente satisfacción de las necesidades sociales impone que todos los contratos estatales se ejecuten cabalmente. Por lo tanto, el contratista seguirá obligado por lo que se acordó en un principio, aunque ello le acarree mayores costos; y, como contraprestación, surge para el Estado el deber de restable[cer] el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la 27 Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

## Texto del documento

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
SC1360-2024
Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01
(aprobado en sesión de 30 de mayo de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil veinticuatro
(2024).
Se decide el recurso extraordinario de casación
interpuesto por la convocante frente a la sentencia de 12 de
enero de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, en el trámite verbal que
promovió Vector Geophysical S.A.S., antes G2 Seismic Ltd. –
Sucursal Colombia, contra la Empresa Nacional Promotora
del Desarrollo Territorial S.A. – EnTerritorio, antes Fondo
Financiero de proyectos de Desarrollo – FONADE.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
G2 Seismic Ltd. – Sucursal Colombia (en adelante,
Seismic) promovió, ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo el medio de control de controversias
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contractuales, en procura de que la jurisdicción declarara
que, «por hechos no imputables a Seismic, se presentó la ruptura del
equilibrio económico del contrato estatal n.º 2072122 de fecha 29 de
noviembre de 2007, suscrito con FONADE».
Consecuencialmente, pidió condenar a FONADE al pago
de $52.499.850.692, a título de «restablecimiento del equilibrio
económico del contrato», además de «los rendimientos de las sumas
correspondientes a los mayores costos soportados desde las fechas en
que se causaron (...), hasta la fecha en que quede ejecutoriada la
sentencia, con base en el DTF aplicable a este (sic) período».
Por último, solicitó anular «el acto administrativo (...)
mediante [el] cual se hizo efectiva la
cláusula penal
pecuniaria, por valor
de $86.676.923»; disponiendo, «a título de restablecimiento del
derecho», la devolución de esa suma de dinero, «actualizada
debidamente, de conformidad con el IPC», y junto con los réditos
que hubiere podido generar, calculados también «con base en
el DTF aplicable a este (sic) período».
2. Fundamento fáctico.
En sustento de sus súplicas, la convocante dijo haber
participado en el proceso de selección IPG/2135-196040,
«para contratar la “consultoría para la adquisición, cubrimiento completo,
procesamiento e interpretación de 338 Km de líneas sísmicas 2D en el
proyecto Chocó-Buenaventura – en la cuenca Atrato San Juan”», en
cuya fase preliminar FONADE estableció «unas obligaciones en
materia socio ambiental a cargo del contratista, indicándose que la
empresa que resultara adjudicataria debería certificar la presencia de
grupos étnicos, y adelantar a su vez los procedimientos de consulta
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previa para la ejecución de los proyectos», infringiendo así «el artículo
6 del Convenio 169 de la OIT, que radica en cabeza del Estado la
obligación de realización previa de las consultas a las comunidades».
Pese a ello, Seismic presentó una propuesta, en la que
indicó que la movilización de personal y equipos solo se haría
«previa adquisición (sic) de los permisos necesarios y de concertación con
las comunidades asentadas en el lugar, y que, sin embargo, se
construiría paralelamente el campamento base, previa autorización de
las comunidades y autoridades locales». Adicionalmente, «en el
cronograma presentado se estableció un plazo de 90 días para el
desarrollo de las etapas de socialización del proyecto y de consulta
previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas
en el lugar, tomando como base el último proyecto llevado a cabo por la
ANH, el cual había durado dicho lapso».
FONADE aceptó dicha propuesta y adjudicó el contrato
a Seismic, el cual terminó suscribiéndose el 29 de noviembre
de 2007. En dicho acto se dejó sentado que la
contraprestación de la contratista se fijaría por el sistema de
precios unitarios sin fórmula de reajuste, por una suma total
de $40.257.799.689, y que la ejecución se extendería por
once meses. A partir de ese momento, la actora inició el
proceso de elaboración del Plan de Manejo Social (PMS) y el
Plan de Manejo Ambiental (PMA), para lo cual movilizó
personal y construyó el correspondiente campamento base.
Además, solicitó al Ministerio del Interior que certificara
cuáles grupos étnicos habitaban el sector, obteniendo como
respuesta que allí estaban asentadas dieciocho comunidades
indígenas y afrodescendientes, «de las más diversas condiciones,
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necesidades y características, que hacían necesario adelantar complejos
procedimientos de consulta previa ordenados por la ley, situación
desconocida por el contratista y que no fue objeto de análisis en la
elaboración de los estudios previos por parte de la entidad contratante».
De esa situación se dio noticia a FONADE, según consta en
varias actas de seguimiento.
En el proceso de socialización y posterior consulta
previa con las distintas comunidades se presentaron
múltiples dificultades, que llevaron a las partes a prorrogar
el contrato en varias oportunidades, hasta el 28 de junio de
2010. Esto con ocasión de «las múltiples demoras en que incurrió
la empresa Seismic como resultado de situaciones no imputables a esta,
a saber: (i) la demora en los procedimientos de consulta previa; (ii) la
paralización de las labores por el ingreso no autorizado del personal de
Servigecol a predios de la comunidad Acadesan; y (iii) la negativa de los
trabajadores de Acadesan a realizar las labores del contrato».
El retraso descrito generó importantes sobrecostos para
el contratista, «que ascendieron a la suma de $52.499.850.962 (...)»,
y que corresponden, principalmente, al importe del canon de
arrendamiento de un equipo especializado –USD $15.000 por
día–; la operación del campamento base, y los salarios del
personal asignado al proyecto. Con base en ello, el 21 de
noviembre de 2009 se pidió a FONADE restablecer el
equilibrio económico del contrato, así como ampliar el tope
de los gastos reembolsables por inversión social, en atención
a «las altísimas pretensiones [económicas] de la comunidad Acadesan».
Aunque la actora culminó con suceso la tarea que se le
encomendó, FONADE no accedió a ninguno de esos
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pedimentos de reajuste; por el contrario, comunicó su
decisión «de hacer efectiva la
cláusula penal
pecuniaria (...) por razón
de un supuesto incumplimiento parcial como resultado de las demoras
en la ejecución del objeto contractual, situación que, se repite, obedeció
a circunstancias externas y totalmente ajenas al contratista». En esas
condiciones, el 11 de agosto de 2011 se firmó el acta de
liquidación del contrato, «declarándose en el numeral 2 del
mencionado documento que la empresa contratista había dado cabal
cumplimiento a las obligaciones objeto del contrato».
3. Actuación procesal.
3.1. Enterada del auto admisorio, FONADE se opuso
al petitum, y esgrimió las excepciones de «falta de jurisdicción»;
«falta de juramento estimatorio», y «ausencia de causa para pedir».
3.2. El Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó,
a quien le correspondió la causa inicialmente, declaró
probada la alegada falta de jurisdicción durante la audiencia
inicial. Esa determinación fue confirmada por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante auto
de 17 de junio de 2015; allí también se dispuso que el
expediente fuera remitido a los Juzgados Civiles del Circuito
de Bogotá, para que continuaran el trámite.
3.3. El asunto fue reasignado al Juzgado Cuarenta y
Ocho Civil del Circuito de Bogotá, autoridad que, tras agotar
las etapas procesales pendientes, desestimó las pretensiones
en sentencia de 19 de abril de 2018, pretextando que no
estaban acreditadas las condiciones de procedencia «de la
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teoría de la imprevisión». Inconforme, la sociedad demandante
interpuso el recurso de apelación.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El tribunal revocó la decisión del funcionario a quo, y
declaró «parcialmente demostrado el rompimiento del equilibrio
económico en el contrato (...) del 29 de noviembre de 2007, celebrado
entre FONADE y Seismic», condenando a la demandada al pago
de $60.000.000, monto que debe actualizarse «desde junio de
2010», y hasta «el momento del pago efectivo».
Para sustentar esa decisión, adujo que el juzgador de
primera instancia había interpretado erradamente la
demanda, pues la sociedad actora no había ejercido la acción
de «revisión del contrato por circunstancias extraordinarias»,
consagrada en el artículo 868 del Código de Comercio, sino
que pidió el restablecimiento del equilibrio económico del
contrato –o de la ecuación contractual–, en los términos del
canon 27 de la Ley 80 de 1993.
A ello agregó, a modo de precisión formal, que no
resultaba pertinente detenerse en el reproche «fundado en que
la consulta previa es una obligación del Estado» –al que dedicó
Seismic buena parte de los argumentos de la sustentación de
su apelación–, «pues (...) la falta de ataque sobre ese punto en los
reparos concretos al interponer la alzada veda cualquier escrutinio, so
pena que (sic) la Sala incurra en el vicio de incongruencia», en los
términos del artículo 328 del Código General del Proceso.
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En cuanto al debate planteado, indicó que el
desequilibrio que se alegó solo podría radicar en las
salvedades que se hicieron constar en el documento final de
liquidación del contrato ajustado entre las partes, las cuales
se fundaron en diez eventos generadores de sobrecostos, a
saber: «1) demoras (...) en los procedimientos de consulta previa con las
diferentes comunidades; 2) Condiciones laborales adicionales a las de
ley exigidas por las comunidades (...); 3) Renuncias masivas por falta de
compromiso, seriedad y voluntad laboral de los trabajadores de la región
(...); 4) Paralización de las actividades por un año debido a que una
compañía entró al territorio de la comunidad Acadesan sin permiso; 5)
No reconocimiento y respuesta oportuna de FONADE y la ANH sobre los
sobrecostos en los gastos reembolsables del proyecto (...); 6) Múltiples
inconvenientes de seguridad (...); 7) Adversidad climática (...); 8) Falta
total de respuesta y acompañamiento del Ministerio del Interior (...); 9)
La legalidad de la multa impuesta por la demora; [y] 10) Los intereses
generados por el no pago oportuno del saldo retenido en garantía».
Siguiendo el orden propuesto, el Tribunal resaltó que
los pliegos de condiciones elaborados por FONADE
asignaban al proponente la carga de «visitar e inspeccionar la
zona donde se desarrollarán los trabajos e informarse por su cuenta
acerca de (...) todas las circunstancias que pueden afectar o influir en el
cálculo del valor de su propuesta». De allí coligió que a la actora le
correspondía informarse previamente sobre «la cantidad de
grupos indígenas y afrodescendientes» que se encontraban en el
sector, cuestión que «tenía capital trascendencia para la elaboración
del plan de acción y (...) los plazos para su desenvolvimiento».
Por esa vía, resaltó que «el supuesto de hecho invocado como
transgresor del equilibrio, esto es, la prolongación del término que se
tenía pronosticado para la finalización de la consulta previa, no puede
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catalogarse como un riesgo ajeno a los asumidos, voluntariamente, por
el contratista», máxime cuando la propia Seismic «expresó haber
realizado las indagaciones para afrontar las obligaciones asumidas, no
siendo entonces factible solicitar los costos que se hubieran causado por
el desarrollo de estas labores durante un período superior al fijado».
En cuanto al incidente con la comunidad Acadesan, el
ad quem observó que habría sido provocado por trabajadores
de otra compañía, pero mientras portaban prendas y
distintivos de Seismic, lo que evidencia que «el problema surgido
(...) tuvo su génesis en la irreflexiva decisión de la actora, al permitir el
uso de sus insignias de identificación, sin reparar si las condiciones de
ingreso estaban dadas; de allí que la comunidad vio esa entrada como
un intrusión, de manera que (...) la causa y sus consecuencias no pueden
catalogarse como ajenas e imprevisibles para el (sic) demandante».
La adversidad climática alegada, a su turno, constituye
una queja genérica, desprovista de cualquier rasgo que
permita su caracterización. No existe prueba de que se
hubiera comunicado a FONADE alguna preocupación al
respecto durante la fase de ejecución del contrato, lo que
impide determinar si el reclamo fue oportuno; y, en cualquier
caso, en el conjunto de riesgos asumidos por la contratista
quedaron expresamente incluidas las dificultades climáticas
de la región –que, por demás, eran predecibles–.
De otra parte, sostuvo el Tribunal que no se recaudaron
elementos de juicio que permitieran determinar en qué
consistieron las exigencias desmedidas de los miembros de
las comunidades locales que fueron contratados por Seismic.
Tampoco se acreditó que el suceso escapara al conocimiento
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*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ol. 28 a 31.
49 Numeral 13, fol. 37
50 Numeral 12, fol. 35 a 37.
51 Ídem.
52 Numerales 14 y 15, fol. 38 a 45.
53 Numeral 18, fol. 47 a 49.
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ni ajenos a los riesgos que voluntariamente asumió Seismic,
como habría sido de rigor para que procediera el
restablecimiento del equilibrio económico de un contrato
sometido al EGCAP.
El Tribunal, entonces, solo acudió a las salvedades que
se hicieron constar en el acta de liquidación del contrato
como herramienta de ordenación, con el propósito de facilitar
el estudio sistemático de los hechos de la demanda, sin
desentenderse en lo absoluto de ellos, siendo pertinente
añadir que, tal como lo admitiera la propia recurrente54,
existe una marcada coincidencia entre los contenidos de
ambos textos, pues solo tres de los puntales debatidos
inicialmente por la contratista fueron obviados al estructurar
su reclamo jurisdiccional, sin que añadiera ninguno.
3.2. Cuestionamientos relativos a la fuente y el
carácter previsible de las causas del desequilibrio.
Para fundar su decisión absolutoria, el Tribunal optó
por analizar dos presupuestos del cambio sobreviniente de
circunstancias –comunes al derecho público y privado–: la
ajenidad de los fenómenos que alteraron el equilibrio de las
prestaciones del contrato, y su naturaleza imprevisible. En
54 En la sustentación del cargo, la recurrente afirmó: «Según se desprende de una
simple lectura de la reforma de la demanda, estos corresponden en realidad a los
siguientes: (i) la presencia de múltiples comunidades étnicas de características y
condiciones diversas, lo que implicó adelantar complejos procedimientos de consulta
previa que tardaron más de lo previsto; (ii) inconvenientes con Acadesan; (iii) la falta de
acompañamiento del entonces Ministerio del Interior y de Justicia; (iv) la masiva
deserción laboral; (v) la situación de orden público; y (vi) la insuficiencia del monto del
8% para gastos reembolsables». Todas esas cuestiones fueron consideradas en la
sentencia, tal como se dejó sentado en un párrafo previo –siguiendo la misma
secuencia–.
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cuanto a lo primero, esa colegiatura adujo que el personal de
Seismic había facilitado uniformes y elementos de
identificación al personal de otra compañía (Servigecol),
conducta desprolija que habría contribuido al retraso de la
labor que contrató FONADE.
Sobre el particular, se destaca que desde la demanda se
había sostenido que el ingreso no autorizado de funcionarios
de Servigecol al territorio ancestral de la comunidad
Acadesan fue una de las causas de la tardanza del proceso
de consulta previa. Por tanto, como no se discutió ni se refutó
el uso de los emblemas de Seismic por parte de los primeros,
la conclusión a la que arribó la colegiatura de segunda
instancia no parece irrazonable. Antes bien, es plausible
atribuir aquel incidente y la consecuente renuencia de la
comunidad Acadesan a unirse al proceso de consulta previa
durante más de doce meses, a un descuido u obrar
imprudente de la convocante –lo que impediría trasladar sus
consecuencias a su contraparte–.
En cuanto a lo segundo, el Tribunal indicó que los
pliegos de condiciones elaborados por FONADE asignaban a
los distintos proponentes el deber de «visitar e inspeccionar la
zona donde se desarrollarán los trabajos e informarse por su cuenta
acerca de (...) todas las circunstancias que pueden afectar o influir en el
cálculo del valor de su propuesta». Así las cosas, la convocante
pudo informarse con antelación sobre «la cantidad de grupos
indígenas y afrodescendientes» que habitan el sector, para así
ajustar sus planes de ejecución. Inclusive, se le instaba a
hacer visitas in situ, para verificar esas variables
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Y, ciertamente, los pliegos consagraban lo que el ad
quem afirmó, siendo del caso agregar que, dada la
distribución de los riesgos del contrato establecida desde la
fase precontractual –cuya validez, cabe anotar, no se disputó
en la demanda, ni tampoco en ninguno de los cargos que se
admitieron a trámite–, parecía de cargo de la contratista
anticipar las dificultades y complejidades de un proceso de
consulta previa en la zona del país donde se desarrollaría la
consultoría encomendada. En ese contexto, las incidencias y
retrasos del proceso de consulta previa que adelantó Seismic
–en parte, motivadas por su conducta– emergen como riesgos
que podían anticiparse al tiempo de contratar, de modo que
no podían constituir motivo de revisión del contrato.
Sobra decir que no parecen haber graves errores en ese
raciocinio, debiéndose añadir que la casacionista no probó
por qué la referida situación habría sido imposible de
anticipar con mediano cuidado en la fase de preparación de
la propuesta. Simplemente alegó que esa tarea le era gravosa,
o que no era de su resorte, a pesar de haber consentido en
asumir el riesgo al tiempo de contratar.
4. Conclusión.
Las acusaciones propuestas no se abren paso, no solo
porque la alegada transgresión indirecta de la ley sustancial
no fue acreditada, sino, principalmente, porque la
demandante reclamó el restablecimiento del equilibrio
prestacional de un contrato ya finiquitado, pedimento que
solo tiene cabida en tratándose de contratos estatales
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sometidos al EGCAP, y que resulta improcedente cuando el
negocio jurídico se disciplina por las reglas y principios del
Derecho Privado –como sucede en este caso–.
Los cargos, por tanto, no prosperan.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 12 de enero de
2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el trámite verbal de la
referencia.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte actora, como
impugnante vencida, al pago de las costas procesales de esta
actuación. En la liquidación inclúyanse diez salarios
mínimos legales mensuales vigentes (10 SMLMV) por
concepto de agencias en derecho.
Notifíquese y cúmplase
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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
(Aclaración de voto)
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 3EF10529F699D1B9F3CDE2AF5DD95EACA6F76EB16C3C0DFB3E6DF58C90CD3604
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1360-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-07-12. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2015-00575-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1360-2024%20%5B2015-00575-01%5D).
