Texto del documento 124.176 caracteres
1
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC1303-2022
Radicación n° 11001-31-03-004-2011-00840-01
(Aprobado en sesión virtual de siete de abril de dos mil veintidós)
Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós
(2022).
La Corte decide el recurso de casación interpuesto por
el demandante PHB Waserhütte S.A. frente a la sentencia
proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá el 16 de mayo de 2018. Tal proveído fue
dictado en el proceso ordinario iniciado por el recurrente
contra Puerto Brisa S.A.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
En la demanda presentada, la sociedad actora elevó
tres grupos de pretensiones, una principal y dos
subsidiarias. Las primeras se circunscribieron a que se
declarara que entre las partes existió una relación
contractual que fue terminada -unilateral e
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
2
injustificadamente por la demandada-. Y, en consecuencia,
debía ser condenada por los perjuicios ocasionados. Las
primeras subsidiarias pretendían que se declarase que entre
una y otra existió una relación contractual. Y que la
demandada incumplió injustificadamente sus obligaciones
derivadas del contrato. Por lo tanto, se solicitaron los
correspondientes perjuicios. Por último, las segundas
pretensiones subsidiarias instaron a que se declarase que
entre Puerto Brisa S.A. y PHB Waserhütte S.A. se llevaron a
cabo negociaciones y tratativas precontractuales,
encaminadas a ejecutar el desarrollo del proyecto Puerto
Brisa. Que la demandada quebrantó las tratativas
precontractuales. Y, por ende, se le solicitó la indemnización
de tales perjuicios.
B. Causa petendi
1. El 15 de junio del 20101, la sociedad demandante
presentó a Puerto Brisa S.A. proposiciones para realizar el
diseño, fabricación, transporte, suministro, montaje
mecánico y eléctrico y la puesta en marcha de un sistema
integrado de buques (ship loader), bandas transportadoras y
equipos complementarios, para la operación de granel sólido
- en Dibulla, La Guajira-. Tras varios intercambios de
mensajes electrónicos entre ambas sociedades -y después de
haber celebrado distintas reuniones-, «el 16 de diciembre de
2010, la demandante recibió confirmación formal de Puerto
1 Fls 257 “acápite de hechos de la demanda”
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
3
Brisa S.A.,2 para contratar el «suministro y montaje de cargador de
buques y banda transportadora en las cantidades, calidades, tiempos,
precios y condiciones acordadas3».
2. Al día siguiente, el 17 de diciembre de 20104, la
demandada envió a PHB «la carta de intención de compra5»,
documento en el cual «Puerto Brisa S.A., le notifica a PHB que ha
sido elegido como primera opción para la contratación del diseño,
fabricación, suministro, transporte hasta instalaciones de Puerto Brisa,
montaje electro-mecánico y puesta en marcha del sistema de manejo a
granel». El valor señalado era de USD 14.020.1006. Por su
parte, el plazo programado era de 15 meses7, a partir «de esa
misma fecha, es decir, de la fecha de adjudicación del
proyecto8». Adicionalmente, se concedió un término de 5 días
al destinatario para que «enviara la oferta comercial corregida,
ajustada y definitiva según los términos establecidos en tal
comunicación».9
2 Fls 483 cno.2 «quiero confirmarte formalmente nuestra decisión de contratar con la compañía
que representas el suministro y montaje de cargador de buques y banda transportadora en las
cantidades, calidades, tiempos, precios y condiciones acordadas en nuestra grata conversación
del día de ayer por favor envíanos cuanto antes la oferta comercial definitiva con las
modificaciones. Muchas gracias, Javier Méndez»
3 Fls 259 hecho 17 del libelo.
4 Fls 259 hecho 19 del escrito inicial.
5 Fls 76 cno.1 «Señores PHB WESERHUTTE, con la presente queremos comunicar formalmente
que Puerto Brisa S.A. ha decidido elegirlos como primera opción para contratar con ustedes el
diseño, fabricación suministro, transporte, hasta instalaciones de Puerto Brisa, montaje electro-
mecánico y puesta en marcha del sistema de manejo de carga a granel, compuesto de los
siguientes equipos: 1 banda transportadora, 1 sistema de transferencia, 1 banda
transportadora, 1 chip loader, 1 Tripeer car. Todo por un valor total único inmodificable de USB
14.020.100, con un plazo total de ejecución y entrega de 15 meses contados a partir del día de
hoy, y de conformidad con las cantidades características y especificaciones y condiciones de su
oferta comercial No 2110013 Rev-06 modificada según lo acordado en nuestra conversación
personal el día 14 de diciembre de 2010. Para efectos de articular esta selección y si fuese su
interés solicitamos se sirvan enviarnos antes de 5 días calendario la Oferta Comercial corregida,
ajustada y definitiva según los términos de lo acordado junto con la correspondiente memoria
técnica, para proceder a la suscripción del contrato correspondiente cuya pro forma haremos
llegar en posterior correo, Cordialmente, Fernando San Clemente alzate.
6 Fls 259 hecho 19 del escrito inicial.
7 Ejusdem.
8 Ejusdem.
9 Precisamente, «con el objetivo de cumplir con el plazo pactado, Michel Fuentes -PHB, mediante
correo electrónico de 20 de diciembre de 2010, envió al Ingeniero Luis Manuel Espinoza-Puerto
brisa SA las ofertas técnica y comercial contractuales, actualizadas de conformidad con las
reuniones realizadas en los días anteriores al igual que manifestó que a la espera de la minuta
del contrato que formalizaría la relación contractual surgida a raíz de la carta de intención». Fls
259 hecho 21 de la demanda
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
4
3. En atención a lo anterior, la demandante conformó un
equipo de trabajo10 para el desarrollo de las obligaciones
contraídas con Puerto Brisa S.A., quien se comunicaba
continuamente con el ingeniero Espinosa -empleado de
Puerto Brisa S.A.- A su turno, y después de efectuar
ajustes nuevamente a la oferta11, el 28 de diciembre de
201012, la contratante remitió la proforma del contrato para
revisión de PHB13.
4. El 4 de enero de 2011, Puerto Brisa -a través de
correo electrónico- indicó lo que viene: «quisiéramos que nos
envíen tan pronto como le sea posible los comentarios a la pro
forma de contrato que les enviamos».14 El destinatario, el 5 de
enero de 2011, envió misiva en que señaló lo siguiente:
«adjunto os remitimos vuestro borrador de contrato con los comentarios
que consideramos más importantes estamos aún a la espera de que
nuestro departamento jurídico nos pase sus puntualizaciones que de
haberlas serían básicamente de tipo legalista».15
5. El 18 de enero de 201116, «los representantes de PHB
Weserhutte S.A. y Puerto Brisa S.A. se reunieron en la ciudad de Bogotá
y se convocó a la reunión al contratista de la obra civil. Uno de los
compromisos adquiridos en esa reunión por PHB Weserhutte S.A. fue
10 Fls 259. Hecho 22.
11 Fls 260 «Luego de realizar los ajustes a la oferta comercial según los requerimientos de Puerto
Brisa S.A, PHB Weserhutte S. A. envió a Luis Manuel Espinosa de Puerto Brisa el 27 de diciembre
de 2010 el documento que contenía la oferta comercial con los ajustes.
12 Fls 260. Hecho 32.
13 Ejusdem.
14 Fls 510 cno 2
15 Fls 511 cno 2.
A reglón seguido se acotó <
indicados están basados en la oferta comercial contractual que ya os enviamos en diciembre, en
la que se recogía tanto lo que indica vamos en nuestras anteriores ofertas comerciales, como lo
que tratamos con más detalle en las conversaciones de la última semana, os adjuntamos
nuevamente la citada oferta comercial contractual>>. Fls 511 cno. 2.
16 Fls 523 cno. 2
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
5
brindar al contratista de obra civil información que requiriera, la cual en
efecto fue enviada por PHB».17
6. El 25 de enero de 2011 PHB Weserhutte S.A. remitió
comunicación en la que manifestó «Tal como acordamos en la
reunión del pasado jueves, adjunto os remito dos archivos, uno con la
propuesta de cláusula completa de Seguros, cláusula 13, en la que
esperamos haber conseguido plasmar el objetivo vuestro de seguridad
de nuestro cumplimiento de obligaciones, y el nuestro de minimizar
costos cuya demasía sólo beneficiaría a la entidad aseguradora; el otro
archivo muestra un desglose del precio contractual que permitiría una
comprobación sencilla los avances de entregas y de trabajos facilitando
así el proceso de emisión y chequeo de la facturación18». Así las
cosas, el 21 de febrero de 201119, una funcionaria de PHB
Weserhütte S.A. envió «la propuesta para la instalación de una doble
línea de 5.000 T/h, y por lo que respecta alternativa de instalación para
7.500 T/h, vamos a estudiar en detalle la variación de costos que
implica; el próximo viernes les confirmaremos si la cifra ya presentada
de 4.600.000 se mantiene o sufre algún ajuste20».
7. El 24 de febrero de 201121, Puerto Brisa S.A. envió
«una propuesta de minuta de contrato para dejarlo por escrito, de la cual
se solicitaba su completa aceptación para el lunes 28 de febrero22».
Sobre el particular, el 25 de febrero, PHB Weserhütte S.A., se
manifestó en los siguientes términos: «Ahora, con fecha 24 de
febrero de 2011, se nos envía una nueva revisión del contrato
solicitándonos su completa aceptación para el lunes 28 de febrero 2011.
Este revisado contrato difiere sustancialmente en aspectos muy
importantes para nosotros de las condiciones pactadas en la carta de
17 Fls 133 con. 3
18 Fls 526 cno. 2.
19 Fls 263. Hecho 43 del libelo.
20 Fls 550. Cno. 2.
21 Fls 263. Hecho 44 de la demanda.
22 Ibidem.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
6
fecha 17 diciembre 2010 que son las que regulan nuestra relación
contractual. Queremos indicar que estas condiciones que modifican
sustancialmente las pactadas no son aceptables para nosotros. Debe
tomarse como base para la firma nuestra propuesta de contrato enviado
el 05 de enero de 2011, con el punto 13 revisado el 24 de enero de 2011.»
8. Frente a ello, el 9 de marzo de 2011, el representante
legal de la demandada remitió comunicación en la que señaló
«Hemos recibido la comunicación de PHB del 25 de febrero de 2011, en
donde manifiestan su extrañeza por las cláusulas del borrador de
contrato enviado por nosotros el 24 de febrero de 2011. Lamentamos
estar en completo desacuerdo con su mensaje. Ustedes saben bien,
desde el inicio de las negociaciones, que estábamos haciendo consultas
a varios eventuales proveedores, manteniendo siempre diferentes
opciones. Hemos adelantado negociaciones con ustedes y otros, durante
el curso de las cuales, tanto ustedes como nosotros comerciantes
expertos, en la medida en que cada parte identificaba las ventajas o
riesgos de las diferentes alternativas, hacíamos propuestas y
contrapropuestas. En algún momento de esas negociaciones ustedes se
colocaron de primeros entre las opciones que estudiábamos, pero sin que
las negociaciones hubiesen concluido, porque siempre se mantuvieron
posiciones distintas en algunos asuntos y nunca se suscribió un contrato
(…) ha sido evidente de que nuestras compañías han adelantado un
dilatado e infructuoso proceso de negociación de la minuta de un contrato
que regule su eventual relación futura23». Adicionalmente, informó
que se daban por finalizadas las negociaciones al no haberse
podido llegar a un acuerdo. «En su comunicación del 25 de febrero,
PHB manifiesta su desacuerdo con las condiciones propuestas, por lo
que, por medio de la presente. Puerto Brisa da por finalizado el proceso
de negociación con PHB agradeciéndole su interés en el proceso».24
23 Fls 246 a 247. Cno 1.
24 Fls 248. Cno 1.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
7
9. Finalmente, adujo que «La terminación unilateral del
contrato, o suspensión intempestiva de las tratativas, ha ocasionado
unos perjuicios muy considerables a PHB y conllevan a una
responsabilidad contractual o precontractual a puerto brisa25»
C. Posición de la demandada
La interpelada se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y propuso las excepciones de mérito que
nominó: «la invitación realizada por Puerto Brisa fue una mera
invitación a emprender conversaciones para negociar y no una
verdadera oferta de la cual se pudiera derivar una relación contractual»;
«inexistencia de contrato por falta de sus elementos y por no haber
nacido a la vida jurídica»; «falta de aceptación de la propuesta dentro de
la invitación a negociar»; «inexistencia del contrato por falta de
perfeccionamiento»; «nulidad relativa por falta de facultades de los
representantes legales de Puerto Brisa y de PHB»; «nulidad relativa por
falta de facultades legales de los representantes legales y suplentes de
Puerto brisa»; «falta de legitimación en la causa para demandar el pago
de perjuicios por incumplimiento o terminación unilateral de un contrato
que no existió», «inexistencia de responsabilidad precontractual», entre
otras.
En síntesis, sostuvo que las partes nunca estuvieron de
acuerdo sobre los elementos del contrato. Afirmó que la
invitación a recibir ofertas no fue una oferta comercial.
Además, aseveró que -desde el comienzo- Puerto Brisa S.A.
condicionó el perfeccionamiento del contrato a la existencia
de un documento escrito que incluyera todos los elementos
del acuerdo. También, evidenció que, en caso de considerarse
que sí hubo una relación contractual, debía entenderse que
25 Fls. 264. Hecho 54 de la demanda.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
8
esta sería nula por falta de facultades de los representantes
legales para celebrar negocios por valor de USD14.020.000.
D. Resolución en las instancias
La primera instancia fue resuelta por el Juzgado Treinta
y Cinco Civil del Circuito de Bogotá -con sentencia del 27 de
noviembre del 2017-, que negó las pretensiones de la
demanda.
Inconforme, el actor apeló. Para el efecto, en audiencia
enunció que los reparos se circunscribían a: i) la falta de
análisis de las pruebas que ratifican el hecho de que existió
un contrato entre las partes; ii) la ausencia de valoración de
la vinculación de los testigos con la parte demandada; iii)
inconformidad sobre la forma de perfeccionamiento del
contrato. Todo lo anterior, como consecuencia de la ausencia
de valoración conjunta de las pruebas.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. El Tribunal comenzó por anunciar que su
competencia está circunscrita al ámbito de los reparos
elevados. En efecto, «el temario de este fallo está limitado por los
reparos», tal como lo indica el artículo 382 del Código General
del Proceso.26
26 En ese orden de ideas, destacó que los motivos de impugnación eran los siguientes: i) «la
falta de análisis de las pruebas (…) que demuestran que efectivamente existió contrato». ii) «que
se le dio (…) mayor crédito a los testimonios de la parte demandada». Y iii) que no está de acuerdo
«con que precisamente se le de validez al hecho de que la parte demandada considere que el
perfeccionamiento del contrato se lograba con la suscripción de un contrato, sin tener en cuenta
que se había perfeccionado mediante el (…) acuerdo planteado mediante el documento de 16 de
diciembre de 2010»26. Seguidamente, con pábulo en la jurisprudencia de esta Sala, advirtió que
«el superior en materia técnica de apelación no puede de manera oficiosa buscar las razones de
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
9
2. Una vez definida la órbita competencial, precisó que
el problema jurídico estribaba en determinar si existió o no
contrato.
2.1. Memoró que, para el recurrente, «se encuentra probado
el perfeccionamiento del contrato de obra acorde con dicho correo de 16
de diciembre del 2010, emitido por el señor Javier Méndez»27. Sin
embargo, para el Tribunal tal aseveración no es cierta, pues
existe coincidencia en dos testimonios -los correspondientes
al ingeniero Espinosa y al señor Michel Fuentes-, «que fueron
determinantes a la hora de fijar el posible perfeccionamiento del contrato
de obra».28
2.2. Adicionalmente, aseveró que «incluso el demandante no
tiene muy claro cuál es el momento del perfeccionamiento del contrato. Y
es que, en la demanda, en el hecho diecisiete, afirmó que a partir del
contenido del correo el contenido del correo -16 de diciembre de 2010-
era dable entender que el negocio ya había sido concretado».29
inconformidad del apelante. No hay apelaciones panorámicas26». Lo anterior, con el propósito
de ceñirse a los aspectos planteados en la alzada.
27 Minuto 42: 17 a 42: 25
28 Por otro lado, el apelante criticó que se dejó de lado la comunicación del 16 de diciembre del
2010, la que, a ojos del demandante, es la prueba de la aceptación de la oferta. No obstante,
para el Colegiado, tal correo electrónico «no es el medio idóneo para el perfeccionamiento del
contrato de obra o del contrato que se había invitado a celebrar pues de los testimonios, así como
de las pruebas documentales aportadas quien redacta tal correo no tiene la capacidad para
obligar a puerto brisa y menos aun siendo que no era su representante legal. El único que tiene
esa capacidad para el caso era Fernando Sanclemente, circunstancia que era suficientemente
conocida por las partes». Minuto 42:48 a 43:01.
Aunado a lo anterior, evidenció que, en la comunicación realizada a través de correo
electrónico, asumiendo que se tratara «de un evento de representación aparente, no podía
implicar aceptación pues de su contenido, a lo sumo, se podría extraer la intención de contratar
que no la aceptación de una oferta». En tal sentido, aclaró que la aceptación de la oferta «tiene
que venir expresado de manera pura y simple, cosa que acá no sucedía pues se anunciaba la
necesidad de que se remitiera una “oferta comercial definitiva”, así entre comillas, con esa
denominación, que se remitiera una oferta comercial definitiva que correspondiera a los acuerdos
que allí llamaron modificaciones.» De manera que, «la intención de las partes era que el contrato
se celebrara posteriormente y luego del cruce de la correspondiente, oferta y su aceptación todo
ello expresión de las máximas formalidades qué se acompasan con la concreción de un contrato
de semejante envergadura». Minuto 43:17 a 43:56.
29 Sin embargo, «en la misma demanda se relacionan hechos a partir de los cuales PHB terminó
por darle alcance al contenido de una carta suscrita por el presidente de la empresa convocada
de 17 de diciembre de 2010, en la cual apenas consta que se formalizaba que Puerto Brisa había
decidido elegir a PHB como “primera opción para contratar” (…), lo cual pone de presente que
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
10
2.3. Por otra parte, subrayó que, en la carta del 17 de
diciembre de 2012, se resaltó que «PHB tenía que modificar su
oferta según lo acordado en una conversación entre las partes que tuvo
lugar el 14 de diciembre del mismo año. Tenía que hacer esa
modificación».30A su turno, siguió ahondando en el escrito de
demanda, del cual estimó que las partes litigiosas aún no
habían llegado a un acuerdo definitivo.31
contrato en cuanto tal (…) todavía no existía y que ello era consciente de la empresa demandante».
Minuto 44:01 a 44:56
30 En efecto, en la mencionada misiva «se hizo constar “para efectos de articular esta selección
y si fuese de su interés solicitamos que se sirva enviarnos antes de 5 días calendario la oferta
comercial corregida, ajustada y definitiva, según los términos de lo acordado junto con la
correspondiente memoria técnica para proceder a la suscripción del contrato correspondiente,
cuya proforma le haremos llegar en posterior correo,”». Lo cual patentizó que «si ya se hubiera
celebrado un contrato no parece muy consistente que la parte contratante todavía se estuviera
refiriendo a que era menester hacerle ajustes a la oferta». Y «mucho menos que el contratista
dándole como se dijo alcance a la carta de 17 de diciembre de 2010 se hubiera dado a la tarea
de cumplir con el plazo pactado de 5 días». Minuto 45:20 a 46:26.
31 Justamente, advirtió que en el hecho veintiuno se consignó que se remitió por «correo vía
electrónica [el 20 de diciembre de 2010] las ofertas técnicas y comerciales contractuales
actualizadas de conformidad con las reuniones realizadas en los días anteriores y además
quedando a la espera de la minuta del contrato que formalizaría la relación contractual». Minuto
46:30 a 46: 38.
Adicionalmente, destacó que «con posterioridad a los hechos en comento, que indican de manera
por lo demás concluyente que las partes todavía no habían llegado a un acuerdo sobre una
propuesta definitiva de contrato, según la propia demanda, consta que continuaron realizando
ajustes a los extremos del objeto contractual, como que el 23 de diciembre, hecho veinticuatro, se
le informaba PHB que el contrato aún no había sido enviado por cuanto era necesario hacer unos
ajustes a la oferta técnica. Frente a lo cual ese mismo día se le remitieron a phb las observaciones
acerca de la última revisión de la oferta técnica que había sido enviada el 20 de diciembre31.
Seguidamente, apuntó que «el candidato a contratista reconoció en la demanda que procedió a
contestar una a una las antedichas observaciones, lo cual refuerza la idea de que para entonces
las partes continúan afinando los términos de la futura convención». En consecuencia, denotó
que «el hecho de que eventualmente ya se hubieran puesto de acuerdo en puntos más o menos
significativos del negocio, sea condición suficiente para concluir que el mismo ya se encontraba
perfeccionado». Minuto 47:21 a 47:44.
Asimismo, recalcó que «fue sólo hasta el 27 de diciembre que PHB se cita de la propia demanda
“envió el documento que contenía la oferta comercial con los ajustes”, pero a sabiendas de que
conforme al contenido de la carta de 17 de diciembre del 2010 todavía no existía contrato.
Circunstancia qué se corrobora con el hecho de que, para el 07 de febrero del 2011, Puerto Brisa
le comunicó que era necesario replantear los requerimientos de capacidad del sistema de banda
transportadora y el cargador de buques. Por lo que le solicitaba PHB que presentará una nueva
cotización, según las características de la nueva banda y del ship loader, a más tardar el 14 de
febrero de 2011». Minuto 47:55 a 48:31
En ese orden, singularizó que, para la Sala era claro que para el 27 de diciembre del 2010 no
consta que se hubiera celebrado el contrato, «pues hasta el momento las empresas venían
conviniendo los extremos del negocio jurídico, lo cual corresponde propiamente la frase a la fase
precontractual, de las tratativas o contactos preliminares». Minuto 48:35 a 48:55.
Por otro lado, estimó que «ambas partes entendieron que las negociaciones culminarían
mediante la suscripción de una minuta de contrato. En esas condiciones, no es de recibo que el
recurrente desconociendo que a partir de su propia conducta le había dado alcance al contenido
de la carta del 17 de diciembre del 2010, en donde es inequívoco que para entonces no existía
contrato, y que de celebrarse lo sería ulteriormente y por escrito, reivindique que el acuerdo de
voluntades quedo perfeccionado a partir del contenido del correo electrónico que recibió el 16 de
diciembre del 2010». Minuto 49: 01 a 49:30.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
11
Además, señaló que «la solicitud por parte de puerto brisa de
ajustar una nueva cotización con miras a un proyecto de mayor
capacidad, según se dijo en el hecho 36, y el hecho de que el 24 de
febrero se haya remitido una minuta de contrato, que modificaba
sustancialmente las condiciones contractuales pactadas anteriormente,
y que no reflejaba los acuerdos a los que las partes habían llegado,
conforme se dijo textualmente en el hecho 44 en la demanda, son
circunstancias que en modo alguno pueden reputarse como un
incumplimiento o una modificación unilateral, a un contrato que en
puridad todavía no existía».32
2.4. A su turno, en lo que corresponde a la pretensión
subsidiaria, enarbolada en la audiencia de sustentación, en
punto de la responsabilidad precontractual, aclaró «que según
el demandante [las modificaciones unilaterales] terminaron por conducir
a la frustración de toda la negociación, eventualmente podrían ser
juzgadas a la luz de las reglas propias de la responsabilidad
precontractual. Evidenció que «el recurrente en la apelación no elevó
ningún reparo contra la sentencia».33
3. Inconforme, la sociedad pretensora interpuso la
impugnación extraordinaria, concedida con proveído de 28
de mayo de 2018 (fl.11, c. 13).
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN.
Se formularon cuatro cargos.34
32 Minuto 49:45 a 50:13.
33 Y subrayó que ningún reparo, contra la sentencia apelada en punto de la negativa del a quo
a darle viabilidad a las pretensiones relativas a la ruptura injustificada de las tratativas, que es
a lo que en últimas conduciría un cambio intempestivo del objeto del contrato. Al Tribunal no le
es dado a abordar el análisis de esa materia de manera oficiosa». Minuto 50:18 a 51:17.
34 Primero se despachará la queja que denuncia un error in procedendo, a saber, el cuarto
cargo. Después será estudiado el cargo primero, relativo a la violación directa de la norma
sustancial. Finalmente, serán evacuados de forma conjunta los reparos segundo y tercero, por
fundamentarse en los mismos supuestos de hecho.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
12
CUARTO CARGO
Bajo la causal tercera del artículo 336 del Código
General del Proceso, se acusó la sentencia de segundo grado
de no estar en consonancia con las pretensiones subsidiarias
de la demanda sobre responsabilidad precontractual
alegada.35 Aseguró que la falta de reparos por el apelante
ante la ausencia de pronunciamiento sobre dichos
pedimentos secundarios no es óbice para omitir el análisis
que se extraña en primera instancia.36
Por otro lado, trajo de presente que el reproche elevado
por el apoderado de la demandante sobre la falta de
apreciación de la prueba se hizo frente a todo el análisis
probatorio, sin concretarlo a las peticiones principales
únicamente.37Ciertamente, a fin de fundamentar lo dicho,
aseguró que en el juicio quedó probada la terminación
35 Se aseveró que el Tribunal «debió proceder a estudiar la buena fe en dichas tratativas, la
desatención de ese deber por parte de la entidad demandada y a examinar la responsabilidad
reclamada en las pretensiones subsidiarias a la luz del artículo 863 del Código de Comercio
colombiano. Nada de eso se hizo. La sentencia de primera instancia se limitó a negar las
pretensiones subsidiarias sin considerarlas y la de segunda, que se acusa en este recurso, ni
por asomo hizo referencia a las pretensiones subsidiarias de responsabilidad precontractual y
reparación del daño por el interés negativo o de confianza que se deriva de las relaciones
contractuales frustradas».
36 Sobre el particular se cuestionó lo que viene: «¿Cómo iba a argumentar la parte apelante
sobre las pretensiones subsidiarias, si el a quo no las consideró y no se pronunció frente a ellas?».
Aunado a ello, señaló que el caso que ocupa la atención es de aquellos en los cuales el Tribunal
ha debido pronunciarse de oficio, «toda vez que estaba en juego uno de los elementos esenciales
de todo fallo judicial, como lo es la congruencia entre las pretensiones y lo fallado (artículo 281
del C.G.P.), y de paso la validez de la decisión misma».
37 Insistió en que no «pueden tenerse por saneados aquellos vicios de consonancia bajo la
excusa de no ser protestados expresamente. Y mucho menos hacer una distinción sobre los
argumentos que no hizo quien interpuso el recurso. La protesta fue genérica: no se atendió al
análisis probatorio en forma adecuada, lo cual debe entenderse como relacionado con todo el
litigio sin distinción alguna, incluyendo las pretensiones aquí dejadas de apreciar». Dicho esto,
aludió a que en el proceso es abundante la prueba de la ruptura injustificada que Puerto Brisa
S.A. le dio al impulso contractual que traían las partes. Evidenció que «La falta de seriedad de
la parte demandada es manifiesta y por ello era procedente, en forma subsidiaria, la declaración
de responsabilidad precontractual. Aunque consideramos que lo que en realidad se rompió fue
el contrato, configurando una terminación injustificada y/o un incumplimiento del principio de la
pacta sunt servanda, aceptando en gracia de discusión el argumento del Tribunal de que no se
pasó de las tratativas preliminares, es imperioso entonces analizar la conducta de la parte
demandada, como violatoria del deber de buena fe, en la medida que rompe el impulso
contractual sin justificación alguna y ello genera la obligación de reparar el daño que ha
causado».
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
13
intempestiva y de mala fe de las tratativas por parte de Puerto
Brisa S.A.38
CONSIDERACIONES
1. Esta Sala observa que el cargo incoado bajo la causal
tercera de casación no se abre paso. En virtud del inciso
primero del artículo 281 del Código General del Proceso, los
jueces circunscriben su ámbito decisional, de conformidad
con los límites que las partes definen en la demanda y su
contestación. En atención a ello, adolece de incongruencia la
providencia que resuelva la controversia con apoyo en hechos
distintos de aquellos que integran la plataforma fáctica del
escrito introductor.39
Así las cosas, es claro que el fundamento de la sentencia
es la totalidad del material procesal. En tal virtud, la
providencia decisoria no puede ir más allá ni fuera de las
peticiones de la demanda, pues se incurriría en su orden en
decisión «ultrapetita» o «extrapetita» y debe configurarse sobre los
38 Para ello, aludió al envío de un nuevo contrato con cambios sustanciales en las condiciones
para PHB, «con la cual buscaba los acuerdos logrados entre las partes, no solo desmejoraba
considerablemente las condiciones para PHB, como consta en la tabla comparativa que se anexa
a esta demanda, sino que además incluía algunas disposiciones cuya única finalidad era hacer
imposible el cumplimiento e inducir a PHB a terminar las negociaciones». Modificaciones que
implicaban una alteración abusiva de los términos acordados por parte de Puerto Brisa S.A.,
que desmejoraban la posición contractual de PHB.
También se refirió a las comunicaciones internas de los funcionarios de Puerto Brisa -del 13
de diciembre del 2010-, que muestra «que para esa fecha se seguían adelantando
conversaciones con la otra empresa al igual que con PHB, así como el hecho de que la misma
Puerto Brisa reconoció lo siguiente: (a) la oferta de PHB era considerablemente superior a la de
Bedeschi; (b) PHB disminuyó su oferta económica al máximo posible; y (c) presentó diferentes
alternativas para lograr un acuerdo que fuera conveniente para ambas partes».
39 De manera que los fundamentos de la sentencia deben existir, por regla general, al tiempo
de la interposición de la demanda, porque aquella decide una situación anterior a esta, por lo
cual no puede resolver sobre hechos posteriores. Con todo, este principio se flexibiliza con la
posibilidad que tienen las partes de reformar la demanda y de que el juez tenga en cuenta
«cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el que versa el proceso,
ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que haya sido probado
oportunamente y alegado antes de la sentencia en cualquiera de las instancias o que la ley
permita considerarlo de oficio» (Art. 281).
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
14
hechos fundamentales de la misma. Adicionalmente, se debe
proveer sobre todas las pretensiones y excepciones
propuestas, so pena de incurrir en «mínima petita o citra petita».40
2. Dicho lo anterior, y para efectos de dilucidar el cargo
que ocupa la atención de la Corte, es necesario reseñar
brevemente lo decidido por el Juez Treinta y Cinco Civil del
Circuito de Bogotá al resolver la instancia.41Al desatar la
apelación propuesta únicamente por el demandante, el
Tribunal resolvió «confirmar la sentencia apelada proferida el 27 de
noviembre del 2017 por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito».
2.1. Así las cosas, tal devenir procesal tornaría
inconveniente, de entrada, el cuestionamiento de la
sentencia de segunda instancia al tratarse de providencias
40 Hernando Morales Molina. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, Novena Edición.
(Editorial ABC, 1985), Bogotá. Pg. 480.
Huelga recordar que tales límites en la actividad del juez no se ciñen exclusivamente a lo que
ocurra en la primera instancia. Véase que el artículo 328 del ordenamiento adjetivo prevé que
«[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley» (énfasis de la Sala), lo que implica, por supuesto, que la autoridad
judicial debe atenerse a lo que es objeto de reparo en la pretensión impugnaticia, salvo los
casos en que deba fallar de oficio por previsión expresa de la ley.
Sobre este tema, la Sala razonó que «la incongruencia no se presenta solo cuando existe una
disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que también
se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del recurso
(pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocación del derecho
sustancial controvertido» (CSJ SC4415 de 2016, rad. 2012-02126, citada en SC3918-2021 del
08 de sept.).
41 En su determinación, el despacho negó las pretensiones principales y primeras subsidiarias
de la demanda, relacionadas con la responsabilidad civil contractual, comoquiera que, en
síntesis, «el intercambio de comunicaciones entre demandante y demandada no fueron más que
actos preliminares o antecedentes o, lo que es lo mismo, introductorios, consistentes en
conversaciones, deliberaciones o discusiones referidas al negocio en ciernes, carentes de eficacia
jurídica pues nunca logró concretarse de modo firme, inequívoco, preciso y completo el trato que
se pretendía cerrar para acomodarlo como contrato». Minuto 1:35 en adelante del audio
«CP_1127111255793».
A continuación, el a quo dictaminó que tampoco era procedente acceder al segundo grupo de
pretensiones subsidiarias puesto que «si bien es cierto quedó demostrada la existencia de unas
negociaciones y tratativas contractuales, encaminadas a ejecutar el desarrollo del Proyecto
Puerto Brisa, lo cierto es que tal como se indicara en párrafos anteriores, no fue más que un acto
preliminar o introductorio, consistente en conversaciones, deliberaciones o discusiones referidas
al negocio a definir, carente de eficacia jurídica pues nunca logró concretarse de modo firme,
inequívoco, preciso y completo el trato que se pretendía cerrar».
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
15
totalmente desestimatorias de las pretensiones de la
demanda.42
Pese a lo anterior, esta Corte ha reconocido que
excepcionalmente el juzgador puede incurrir en
incongruencia en providencias totalmente desestimatorias,
cuando la decisión es ajena a lo debatido por las partes. Es
decir, cuando se desconoce la situación fáctica puesta de
presente. Así mismo, «igual yerro comete el funcionario judicial si
tiene por probadas defensas no esgrimidas en tiempo y que eran del
resorte exclusivo de una de las partes, como la prescripción, la nulidad
relativa y la compensación»43 y cuando existe exceso o
deficiencia44 del funcionario judicial de segunda instancia al
decidir el recurso de apelación.
Adicionalmente, ha precisado la jurisprudencia de esta
Sala que «la incongruencia no se presenta solo cuando existe una
disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo
fallado, sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza
42 Esto habida cuenta que «(e)ste motivo de impugnación, en principio, es ajeno a los fallos
completamente adversos a quien provoca el conflicto, en la medida que brindan una solución
íntegra frente a lo requerido y sus alcances totalizadores no dejan campo para la duda o la
ambivalencia. En otras palabras, se niega lo que se pide y, por ende, no puede decirse que exista
una contradicción por el sólo hecho de que el reclamante insista en un propósito y el funcionario
no encuentre soporte al mismo» (CSJ SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098-01).
43 SC3918-2021 del 08 de sept.
44 Sobre la deficiencia de la sentencia como causal de incongruencia, ha sostenido esta Sala
que: «(...) la falta de consonancia (...) ‘ostenta naturaleza objetiva, al margen de las
consideraciones normativas, la valoracio ́n probatoria o eventuales yerros de juzgamiento, y no
se estructura por simple divergencia o disentimiento con la decisión’. A este propósito, tiene dicho
la Sala que, ‘la trasgresio ́n de esa pauta de procedimiento no puede edificarse sobre la base de
controvertirse el juzgamiento del caso, porque el error se estructura, únicamente, tratándose de
la incongruencia objetiva, cuando se peca por exceso o por defecto (ultra, extra o mínima petita)’
(...). Del mismo modo ‘...nunca la disonancia podrá́ hacerse consistir en que el tribunal
sentenciador haya considerado la cuestión sub-judice de manera diferente a como la aprecia
alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista
expuestos por alguna de estas...’ (...), ‘la carencia de armonía entre lo pedido y lo decidido,
referida como es al contenido de la sentencia, ha de buscarse, en línea de principio, en la parte
resolutiva de la misma, ‘pues la causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de
las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo» CSJ
SC, 10051 del 31 de julio de 2014, Rad. n°1997-00455-01 se subraya)
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
16
con lo pedido en la sustentación del recurso que, indudablemente,
corresponde a una pretensión del derecho sustancial controvertido»45.
En efecto, en torno a la apelación, la doctrina
jurisprudencial ha considerado que existe incongruencia
cuando no se advierte armonía entre los argumentos
propuestos al apelar y la sentencia del ad quem46. Sobre el
tema:
«[P]ronunciarse sobre puntos o extremos del litigio que no fueron
materia de la apelación -ni están íntimamente conectados con ella-
… [es] un asunto que atañe al derecho sustancial que tiene el
recurrente para que la resolución de su impugnación no toque
puntos que no quiso llevar al debate de la segunda instancia… [por
tanto], si el fundamento de la acusación obedece a una desviación
del tema que fue objeto de la pretensión deducida en la
sustentación del recurso, el ataque deberá dirigirse por la senda
de la causal segunda de casación, por vicio de incongruencia entre
lo pedido por el impugnante y lo resuelto por el ad quem (SC14427,
10 oct. 2016, rad. n.° 2013-02839-00)».
Al respecto esta Corporación ha indicado [«Cumple
recordar que la congruencia de la sentencia es principio cardinal del
conjunto de garantías del debido proceso, que evita el exceso o el defecto
de esa decisión respecto del marco jurídico de lo que compete resolver,
previsto en el artículo 305 del citado estatuto, bajo cuyo tenor el juez
debe sujetar la solución del conflicto a los hechos y las pretensiones de
la demanda o demás oportunidades autorizadas, así como las defensas
frente a esta última, sin desmedro de lo que ha de resolverse de oficio,
de acuerdo con la jurisprudencia consolidada de esta corporación, acatar
45 SC5142, 16 dic. 2020, rad. n.° 2010-00197-01. Postura que ha sido adoptada como doctrina
probable, tal como se clarificó en SC5453-2021.
46 Sobre el tema, en SC3627-2021 se dijo lo siguiente: «Además de los supuestos
enunciados, por doctrina jurisprudencial se consideró que existe incongruencia cuando
hay disarmonía entre los argumentos propuestos al apelar y las determinaciones
adoptadas por el sentenciador de segunda instancia. (…)
Precedente repetido por la Corporación, como consta en los fallos de 12 diciembre 2007
(rad. n.° 1982-24646-01), 1° de noviembre de 2013 (rad. n.° 1999-00355-01), 13 de
abril de 2016 (rad. n.° 2012-02126-00) y 31 de mayo de 2018 (rad. n.° 2005-00346-
01), de allí que constituya una doctrina probable de la Corporación» (negrillas propias).
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
17
la congruencia implica que debe haber armonía entre lo pedido y lo
resistido» (SC 22036, 19 dic. 2017, rad. n° 2009-00114-01, citada en
SC 4257 de 9 de nov. 2020 rad n° 2010-00514-01 destacado de Sala).
Para otorgar mayor claridad al asunto, esta misma Sala
ha expuesto que, de la inteligencia de la norma, se sustrae
que las facultades del superior se circunscriben a los reparos
concretos expuestos por la parte al momento de interponer
el recurso de apelación. Sobre el tema, en SC3148-2021 se
dijo que:
(…) «la apelación de sentencias supone, en resumen, dos actuaciones
del recurrente:
La interposición de la impugnación ante el a quo, con expresa y
concreta indicación de los “reparos concretos” que se formulen al fallo
cuestionado, laborío que él deberá hacer oralmente en la audiencia
donde se profiera el mismo, o por escrito, dentro de los tres días
siguientes a la fecha de ese acto, o de la notificación, si la sentencia
no se dictó en audiencia.
Y la sustentación, que debe guardar estricta armonía con los
referidos reproches específicos indicados al interponerse el
recurso y que, necesariamente, debe realizar ante el superior, en la
audiencia contemplada por el artículo 327 del Código General del
Proceso. La insatisfacción de cualquiera de esas exigencias trae
como consecuencia la deserción del recurso, determinación que
adoptará el a quo, si se deriva del incumplimiento de la primera o, el
ad quem, si de la segunda.
(…) Se sigue de todo lo hasta aquí expuesto, que las
facultades que tiene el superior, en tratándose de la
apelación de sentencias, únicamente se extiende al
contenido de los reparos concretos señalados en la fase de
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
18
interposición de la alzada, oralmente en la respectiva audiencia
o por escrito en la oportunidad fijada en el inciso 2º del numeral 3º
del artículo 322 del Código General del Proceso, siempre y
cuando que, además, ello es toral, hubiesen sido
sustentados en la audiencia que, con ese fin y el de
practicar las pruebas decretadas de oficio, si fuere el caso,
así como de proferir la sentencia de segunda instancia,
practique el ad quem.
De allí se extracta que está vedado al ad quem pronunciarse
sobre cuestiones no comprendidas en los reparos concretos
expresados por el censor contra la sentencia de primera
instancia, como sobre aquellos reproches que, pese a haber sido
indicados en esa primera etapa del recurso, no fueron sustentados
posteriormente en la audiencia del artículo 327 del Código General
de Proceso.
Precisamente la Corporación, en forma muy reciente, al desatar un
cargo por incongruencia, expresó sobre cuáles son las
posibilidades o facultades que asisten al superior en las
apelaciones, concepto que pese a estar fincado en el Código de
Procedimiento Civil, conserva plena validez:
(…) Como se infiere del detallado recuento de los argumentos
expuestos por el Tribunal, que viene de consignarse, dicha
autoridad se ocupó de todos y cada uno de los fundamentos en los
que el demandado soportó la apelación que propuso contra la
sentencia de primera instancia, independiente de que se comparta
o no el análisis que sobre ellos realizó, cuestión que no es factible
establecer en desarrollo del cargo auscultado, toda vez que
mediante su formulación se denunció la comisión de un error in
procedendo, mas no uno de juzgamiento.
Al respecto, debe precisarse, además, que esos reproches
delimitaron la órbita de acción del ad quem, en tanto que
de conformidad con el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil, ‘el superior no podrá enmendar la
providencia en la parte que no fue objeto del recurso’
(…)
dado que el ad quem no tiene más poderes que los que le ha
asignado el recurrente, pues no está autorizado para modificar las
decisiones tomadas en la sentencia que no han sido impugnadas
por la alzada, puesto que se trata de puntos que escapan a lo que
es materia del ataque, a no ser ‘que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
19
relacionados con aquélla’ (CSJ, SC del 12 de febrero de 2002, Rad.
n.° 6762; se subraya) (CSJ, SC 294 del 15 de febrero de 2021,
Rad. n.° 2007-00533-01; negrillas fuera del texto)» (negrillas
propias).
2.2. El cargo se constriñe al último aspecto, pues se
cuestiona la ausencia de pronunciamiento frente a las
pretensiones subsidiarias. Sin embargo, se observa su
improsperidad pues, tal como se desarrolló en precedencia,
las facultades del superior únicamente se circunscriben al
contenido de los reparos concretos señalados en la fase de
interposición de la alzada. Extender o ampliar sus límites y
actuar por fuera del marco elaborado por el apelante
implicaría, precisamente, contradecir el principio de
congruencia que impera respecto de todo fallo, conforme lo
establecen los citados artículos 281 y 328 del Código General
del Proceso.47
En síntesis, se criticó la valoración probatoria efectuada
por el juez de primera instancia sobre la ausencia de la
celebración del contrato de obra que habían negociado las
partes, lo que llevó a la desestimación de la responsabilidad
47 Véase que, al interponerse la alzada, el actor orientó su queja en los siguientes términos: «la
parte demandante por supuesto no puede estar más en desacuerdo con la decisión adoptada por
lo cual interpongo en este momento el recurso de apelación, que, de acuerdo con el Código General
del Proceso, hago un sucinto recuento de las consideraciones que nos asisten para poderlas
complementar y sustentar en su oportunidad. Lo primero que tenemos que mencionar es que
denotamos una falta, seguramente por la cantidad de folios y del material probatorio, de análisis
de las pruebas que ratifican el hecho de que efectivamente existió el contrato y que fueron
plenamente aducidas y tres o cuatro veces insistidas dentro de la audiencia de alegatos.
” Tampoco se hizo una valoración, que se tenía que hacer, respecto de la vinculación que se tenían
por parte de los testigos con la parte demandada. De forma tal que, en esa valoración, de acuerdo
con testimonios de personas que ya no hacían parte de la negociación, versus personas que
seguían con su vínculo con la parte demandada, se le dio (…) mayor crédito a los testimonios de
la parte demandada.
” Adicionalmente no podemos estar de acuerdo con que precisamente se le dé validez al hecho
de que la parte demandada considere que el perfeccionamiento del contrato se lograba con la
suscripción de un documento único que se ha denominado proforma, porque la celebración,
teniendo en cuenta todas las facultades legales que tenían cada una de las partes, fue
perfeccionado el 16 de diciembre del 2010, de acuerdo como consta en las pruebas.
Por lo tanto, no es una valoración única a la que se debe adelantar, sino que debe ser una
valoración integral de todas las pruebas por lo que esto lo extenderemos en los escritos que
sustenten nuestro recurso de apelación su señoría».
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
20
civil contractual alegada. Ni un solo reparo se efectuó
respecto a la presunta falta de pronunciamiento frente a la
responsabilidad precontractual, por el rompimiento
intempestivo de las tratativas.
Así las cosas, se evidencia que los argumentos
expuestos refieren únicamente a las pretensiones principales
y a las primeras subsidiarias. Soportadas en principio en el
mismo supuesto, -Que se declare que entre Puerto Brisa S.A. y PHB
Waserhütte S.A., existió una relación contractual celebrada para el
desarrollo del proyecto Puerto Brisa-. De modo tal que la ausencia
de responsabilidad precontractual -discusión planteada en las
segundas pretensiones subsidiarias- no fue materia de la
apelación enarbolada por la parte activa contra la sentencia de
primera instancia.
Ciertamente, ningún comentario le merecieron los
argumentos expuestos por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del
Circuito de Bogotá sobre tal aspecto. En el punto, en el
proveído de primera instancia, al hablar de las segundas
pretensiones subsidiarias, se sostuvo que «si bien es cierto quedó
demostrada la existencia de unas negociaciones y tratativas
contractuales, encaminadas a ejecutar el desarrollo del Proyecto Puerto
Brisa, lo cierto es que tal como se indicara en párrafos anteriores, no fue
más que un acto preliminar o introductorio, consistente en
conversaciones, deliberaciones o discusiones referidas al negocio a
definir, carente de eficacia jurídica pues nunca logró concretarse de modo
firme, inequívoco, preciso y completo el trato que se pretendía cerrar».
Fue por razón de dicho enfoque que el Tribunal, aseveró que
«lo cierto es que el recurrente en la apelación no elevó ningún reparo
contra la sentencia, ningún reparo, contra la sentencia apelada en punto
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
21
a la negativa del a quo a darle viabilidad a las pretensiones relativas a
la ruptura injustificada de las tratativas, que es a lo que en últimas
conduciría un cambio intempestivo del objeto del contrato, por lo que al
Tribunal no le es dado abordar el análisis de esa materia de manera
oficiosa».
Adicionalmente, de cara a lo planteado por el censor
cuando asevera que «la protesta fue genérica», el artículo 320 del
Código General del Proceso consagra que «[e]l recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión» y el canon
322 prescribe que el apelante debe «precisar, de manera breve, los
reparos concretos que le hace a la decisión».48
2.3. Así las cosas, la protesta bajo la causal tercera está
llamada a su desestimación. Esto es, el silencio que guardó
el sentenciador en segunda instancia en torno a la temática
precontractual no constituyó un quebranto a las normas de
consonancia. Por el contrario, la actuación cuestionada
obedeció a las limitaciones que en la formulación de la alzada
marcó la propia parte. En una palabra, le estaba vedado al
Colegiado pronunciarse sobre cuestiones que no fueron
objeto de reparo concreto ante el a quo en su recurso.49
48 Al respecto, en un caso con connotaciones simulares, se sostuvo que:
«Lo primero que la Corte observa es que el sentenciador no pasó por alto el tema, sino que
determinó que no le era dable referirse a tales súplicas eventuales en la medida que en primera
instancia no fueron abordadas y que la recurrente no reparó pidiendo adición o modificación del
fallo.
” Sin que le falte razón en este último aserto, pues en verdad que ninguna solicitud puntual hizo
la parte actora al interponer la impugnación como tampoco al sustentarla ante el Tribunal, sin
que el esquema del recurso permita la genérica inconformidad que indica la casacionista, pues
el inciso segundo del numeral 3º del artículo 322 ibidem es claro en exigir, al proponerla,
«precisar, de manera breve, los reparos concretos, que le hace a la decisión, sobre los cuales
versará la sustentación que hará ante el superior», mandato que no admite inteligencia distinta
a que la censura se debe exponer de manera exacta, completa, rigurosa, detallada y bien
delimitada» (Destacado de la Sala) (SC5252-2021 del 26 de noviembre).
49 En el punto, esta Corporación, al desatar un cargo por incongruencia, expuso cuáles son las
facultades que le asisten al superior jerárquico en el recurso vertical:
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
22
3. Tampoco es posible predicar que el caso en concreto
se configurara una de aquellas ocasiones en que el
ordenamiento le impusiera pronunciarse motu proprio. La
facultad oficiosa del juez de segundo grado atiende a los
casos expresamente consagrados en la ley. Como ocurre, por
ejemplo, con el artículo 282 del Código General del Proceso o
el 1742 del Código Civil.50
4. Bajo las anteriores consideraciones, el cargo no
puede prosperar.
PRIMER CARGO
Denunció la violación directa de los artículos 16, 1494,
1495, 1496, 1501, 1602, 1603, 1604, 1613, 1614, 1615 y
1617 del Código Civil, por falta de aplicación o aplicación
errónea; así como de los artículos 822, 824, 845, 864 y 870
del Código de Comercio, también por falta de aplicación o
aplicación errónea, y la Ley 527 de 1999 en sus artículos 5,
6, 10, 14, 15 y 22 por falta de aplicación o aplicación errónea.
«(…) Como se infiere del detallado recuento de los argumentos expuestos por el Tribunal, que
viene de consignarse, dicha autoridad se ocupó de todos y cada uno de los fundamentos en los
que el demandado soportó la apelación que propuso contra la sentencia de primera instancia,
independiente de que se comparta o no el análisis que sobre ellos realizó, cuestión que no es
factible establecer en desarrollo del cargo auscultado, toda vez que mediante su formulación se
denunció la comisión de un error in procedendo, mas no uno de juzgamiento.
” Al respecto, debe precisarse, además, que esos reproches delimitaron la órbita de acción
del ad quem, en tanto que de conformidad con el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil, ‘el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no
fue objeto del recurso’
(…)
” dado que el ad quem no tiene más poderes que los que le ha asignado el recurrente, pues no
está autorizado para modificar las decisiones tomadas en la sentencia que no han sido
impugnadas por la alzada, puesto que se trata de puntos que escapan a lo que es materia del
ataque, a no ser ‘que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre
puntos íntimamente relacionados con aquélla’ (CSJ, SC del 12 de febrero de 2002, Rad. n.° 6762;
se subraya) (CSJ, SC 294 del 15 de febrero de 2021, Rad. n.° 2007-00533-01, citado en
SC3148-2021 del 28 de julio; negrillas fuera del texto).
50 O cuando verse sobre aspectos íntimamente «relacionadas con el asunto sometido a su
conocimiento, verbi gratia, las restituciones mutuas derivadas de distintas modalidades de
decaimiento de un acuerdo de voluntades (CSJ SC 020 de 2003, rad. 6610; SC10097 de 2015,
rad. 2009-00241); el deber de reexaminar en juicios coactivos el título ejecutivo aportado a efectos
de determinar la cabal concurrencia de sus requisitos (CSJ STC15169 de 2019, rad. 2019-01721;
CSJ STC13428 de 2019, rad. 2019-01460); entre otros eventos» (SC3918-2021 del 08 de sept.).
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
23
Aseveró que existió un equivocado entendimiento del alcance
de las normas que gobiernan la formación del contrato, la
equivalencia de los medios electrónicos y el principio de
consensualidad.51Para sustentar su cargo, alegó que el
artículo 864 del Código de Comercio es claro en indicar que
el contrato se perfecciona con la aceptación de la propuesta
y en el momento en que el oferente recibe la aceptación.52
Por último, señaló que se violaron directamente los
cánones 5, 6, 10, 14, 15 y 22 de la Ley 527 de 1999 «al
considerar que el correo electrónico no es el medio idóneo para el
perfeccionamiento del contrato y exige el cruce de la oferta y la
aceptación de acuerdo con unas formalidades que denomina máximas,
dando a entender que estas han debido proporcionarse por escrito a
través de un medio diferente al correo electrónico, desconociendo
claramente el principio de equivalencia entre los mensajes de datos y lo
escritos físicos».53
51 Consideró que las aseveraciones del Tribunal sobre la forma y el momento en que se
entiende perfeccionado el contrato desnaturalizan «la celebración del contrato por oferta y
aceptación por el hecho de que después de aceptada la oferta se realizaron algunas
modificaciones, lo cual consideramos que a lo sumo serán modificaciones al contrato o
negociaciones para modificar el contrato, también porque desconoce la normatividad que permite
la formación del contrato por medios electrónicos».
En tal sentido, critica que el Tribunal haya agregado una solemnidad que la ley no prescribe
para un contrato de naturaleza consensual. Aseveró que el acuerdo de obra «independiente de
su envergadura, importancia o cuantía, se perfecciona por el mero acuerdo de las partes en
cuanto a sus elementos esenciales, esto es la obra a realizar, el precio y el plazo de ejecución».
52 Increpó que no se hubiera cumplido con el principio de libertad de forma establecido en los
artículos 16 del Código Civil y 824 del Código de Comercio. Aseguró que el proveído del ad
quem «va en contra de este principio, al desconocer abiertamente el poder vinculante de la
informalidad en la declaración de voluntad y exigir una forma escrita que la ley no exige para un
contrato de la naturaleza del que celebraron las partes en este caso, o unas formalidades que la
misma sentencia cataloga como “máximas”, en clara contravención de los preceptos normativos
antes citados». Bajo ese entendido, destacó que la voluntad del artífice se dio en la presentación
de su oferta y la del encargante con su aceptación, enviada con correo electrónico del 17 de
diciembre de 2010 y suscrita por el representante legal de Puerto Brisa S.A. También aseveró
que la alegada existencia de formalidades adicionales por el Colegiado es un entendimiento
equivocado de la norma y «no tiene en cuenta que una oferta en medio electrónico equivale a un
documento escrito y la aceptación por el mismo medio perfecciona el contrato y por equivalencia
normativa se entiende consignada por escrito». De manera que se equivoca el Tribunal «al no
darle alcance a la oferta aceptada mediante comunicación del 17 de diciembre de 2010 del
presidente de Puerto Brisa como momento de formación por escrito, y diferirlo a la firma de un
escrito adicional, que solamente tendría una función probatoria».
53 En conclusión, «[l]a concepción equivocada que el Tribunal le dio a las normas y principios que
en Colombia gobiernan la formación de los actos y las declaraciones de voluntad, artículos 16 y
1494 del Código Civil y 824 y 864 del Código de Comercio, lo llevaron en la sentencia acusada a
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
24
CONSIDERACIONES
1. Sea lo primero indicar que, pese a enumerarse varias
normas que se dijeron fueron vulneradas por falta de
aplicación o aplicación indebida, en la exposición del cargo,
únicamente, se alude a los artículos 864 y 824 del Código de
Comercio y 16 y 1602 del Código Civil. Sin embargo, ninguna
de estas normas tiene el carácter de sustanciales.54En efecto,
el canon 16 del Código Civil estatuye la prohibición de
derogatoria de leyes en cuya observancia estén interesados
el orden público y las buenas costumbres. A su turno, el
1602 ejusdem consagra la máxima de pacta sunt servanda.
No obstante, ninguna de las dos contempla, declara, crea,
modifica o extingue derechos subjetivos, o impone
obligaciones a las personas.55A su turno, ni el 824 ni el 864
del Código de Comercio tienen la aludida naturaleza,
comoquiera que el primero se limita a indicar la forma en que
los comerciantes pueden expresar su voluntad y la segunda
es definitoria del contrato en general.56
una percepción equivocada sobre la formación del contrato, exigiendo cumplir solemnidades que
la ley no exige, atendiendo a presupuestos como la “envergadura del negocio”, presupuestos
totalmente ajenos a la formación contractual».
54 Sobre dichas normas, esta Sala las ha definido como aquellas que, «frente a la situación
fáctica que ella contempla, declara, crea, modifica o extingue derechos subjetivos, o impone
obligaciones a las personas». S.C. de 30 oct. 1970, G.J. CXXXVI, pág. 68.
Así mismo, señaló que no tienen tal calidad aquellas que «sin embargo de encontrarse en los
códigos sustantivos, se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a describir los elementos
integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen las
disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo». Sentencia del 24 de
octubre de 1.975, G.J. Tomo CLI, página 254.
55 Así se memoró en CSJ AC877-2019, donde se expresó que
(…) no puede predicarse la condición de sustancial de las normas «que se limitan a definir
conceptos, enumerar elementos, regular procedimientos, fijar pautas probatorias, consagrar
principios generales, o relacionar las hipótesis que encajan dentro de una institución jurídica,
con independencia del estatuto en que se encuentren consagradas» (negrilla fuera de texto,
AC4529, 14 jul. 2017, rad. n.° 2015-00427-01), como precisamente acontece con los cánones
1602 y 1603 del estatuto civil, los cuales consagran las máximas del pacta sunt servanda y
buena fe, en su orden.
56 Así lo entendió esta Corporación en reciente auto inadmisorio, cuando sostuvo que:
«El artículo 824 id., se limita a indicar la forma en que los comerciantes pueden expresar su
voluntad y, por ende, está referido al principio de consensualidad en materia mercantil, como se
explicó en CSJ AC 18 nov. 2010, rad. 2002-00007-01.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
25
1.1. Por su parte, en cuanto a los argumentos
esgrimidos en torno a la falta de aplicación o aplicación
indebida de los artículos 5, 6, 10, 14, 15 y 22 de la Ley 527
de 1999, se advierte su desenfoque. En el escrito se alega que
el Tribunal incurrió en una violación directa de la normativa
que regula la formación del contrato por medios
electrónicos.57Sin embargo, el ad quem en ningún momento
aseveró que el correo electrónico no fuera idóneo para
entender perfeccionado o forma un contrato por su
naturaleza de mensaje de datos.58 Lo que aseveró fue que la
comunicación del 16 de diciembre del 2010 no era idónea por
no provenir del representante legal de la sociedad
contratante.59
Y, en lo que concierne a las «formalidades máximas»,
expresión que además fue dicha de paso, lo cierto es que con
ello el Tribunal no pretendió preferir el escrito físico al
mensaje de datos. Por el contrario, lo que aseveró fue que, de
” A su vez, el 864 es meramente definitorio del contrato en general; y el 871 desarrolla el
postulado de la buena fe que debe estar presente en las relaciones mercantiles, lo que les resta
la calidad que les atribuyó el casacionista. Sobre el particular, en CSJ AC8508-2017, se precisó
que (…) el ataque casacional tuvo por norte la violación directa de los artículos 4, 835, 864 y
871 del Código de Comercio y 1620, 1621 y 1624 del Código Civil, por inaplicación; sin embargo,
ninguna de tales disposiciones tienen el carácter de norma sustancial, toda vez que una se limita
a la definición del contrato (864), otras dos desarrollan el postulado de la presunción de buena
fe y la obligación de que los contratos se celebren y ejecuten conforme al mismo (835, 871), y los
restantes hacen referencia a reglas de interpretación de los referidos negocios jurídicos, tanto en
materia civil como mercantil (4, 1620,1621 y 1624); es claro que no se indica en el libelo, en modo
alguno, la norma sustancial trasgredida como consecuencia de la inaplicación de la normativa
en cita (se resalta)» (AC2117-2020 del 07 de septiembre).
57 Se aseveró que el Tribunal se permitió «considerar que el correo electrónico no es el medio
idóneo para el perfeccionamiento del contrato y exige el cruce de la oferta y la aceptación de
acuerdo con unas formalidades que denomina máximas, dando a entender que estas han debido
proporcionarse por escrito a través de un medio diferente al correo electrónico, desconociendo
claramente el principio de equivalencia entre los mensajes de datos y lo escritos físicos».
58 En una palabra, es incontrovertible que “la Ley 527 de 1999 permite expresamente que tanto
la propuesta como su aceptación puedan manifestarse por medios electrónicos.” Mendoza, A.
Temis, Bogotá, 2020, pág. 153
59 En efecto, afirmó que «Se evidencia del expediente que el correo electrónico antes mencionado
[el del 16 de diciembre del 2010] no es el medio idóneo para el perfeccionamiento del contrato
de obra o del contrato que se había invitado a celebrar pues de los testimonios, así como de las
pruebas documentales aportadas quien redacta tal correo no tiene la capacidad para obligar a
Puerto Brisa y menos aun siendo que no era su representante legal. El único que tiene esa
capacidad para el caso era Fernando Sanclemente circunstancia que era suficientemente
conocida por las partes». Minuto 42:48 a 43:01
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
26
las comunicaciones entre las partes, se vislumbraba lo que
viene. 1. Los correos electrónicos no evidenciaban una
aceptación pura y simple del contratante, pues
reiteradamente solicitaban el envío de una oferta definitiva.
Y 2. De dichos documentos emanaba la voluntad de las
partes de plasmar el futuro acuerdo de voluntades por
escrito.60
De manera que el reparo del Tribunal frente a dicho
correo electrónico no se circunscribió al formato en que se
hallaba la comunicación, sino a la falta de los requisitos para
la configuración de la aceptación.61
1.2. Pese a haber sido planteado el cargo por la vía
directa, lo cierto es que la queja trasiega en varias
oportunidades frente a la valoración efectuada por el ad quem
en torno a la comunicación del 17 de diciembre del
60 En punto de lo expuesto, frente al correo electrónico del 16 de diciembre del 2017, el
Colegiado sostuvo que: «(…) y en gracia de discusión fuera dado asumir un evento de un evento
de representación aparente, lo cierto es que ese correo no podía implicar aceptación pues de su
contenido, a lo sumo, se podría extraer la intención de contratar, que no la aceptación de una
oferta, la cual tiene que venir expresada de manera pura y simple, cosa que acá no sucedía pues
se anunciaba la necesidad de que se remitiera una “oferta comercial definitiva”, así entre
comillas, con esa denominación, que se remitiera una “oferta comercial definitiva” que
correspondiera a los acuerdos que allí llamaron modificaciones, todo lo cual denota que la
intención de las partes era que el contrato se celebrara posteriormente y luego del cruce de la
correspondiente oferta y su aceptación todo ello expresión de las máximas formalidades que se
acompasan con la concreción de un contrato de semejante envergadura». Minuto 43:17 a 43:56
61 Sobre este yerro, dijo la Corporación:
«El fenómeno del desatino de la acusación ocurre “cuando la argumentación del recurrente se
enfoca hacia aspectos que no fueron desarrollados por el fallador, es decir cuando van por
caminos disímiles”, por lo que las razones del casacionista “carecen de la virtualidad necesaria
para enervar el soporte de la sentencia impugnada, siendo inane la censura formulada.
Precisamente a este defecto, que supone que el recurrente dirija su labor impugnaticia hacia
fundamentos diferentes de los tenidos en cuenta por el fallador y no frente al soporte real de la
decisión, de antiguo, en la esfera casacional se le conoce como desenfoque o desatino del cargo,
que, por la misma razón anotada, le resta todo mérito de prosperidad a la censura.” (Sentencia
del 18 de octubre de 2000, exp. 5638)
” En el común de las veces, el desenfoque de la impugnación se establece al momento del estudio
de fondo de la cuestión litigiosa, esto es, en el fallo propiamente dicho, siempre y cuando el
sentenciador de casación haya verificado que la acusación se orientó en sentido muy diverso de
los fundamentos tenidos en cuenta por el Tribunal». (CSJ AC 323-2000, del 15 de diciembre de
2000, rad. 760013110008-1996-8690-02.)
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
27
2010.62Ello significa que el censor estará llamado a ajustar
sus reparos exclusivamente a los textos legales que, a su
juicio, resultaron quebrantados en las modalidades
anotadas, sin que le sea dado adentrarse en consideraciones
que impliquen disentimiento con las apreciaciones fácticas
del juzgador, pues estas se deberán realizar con la acusación
por la vía indirecta.63
Así y todo, si se omiten las referidas consideraciones
respecto del cargo, este tampoco tendría vocación de
prosperidad, tal como se observa a continuación.
2. Según lo ha expresado esta Sala, <
la normatividad de los actos jurídicos (art 1602, C.C) se
traduce esencialmente, entonces, en que legalmente ajustado
un contrato se convierte en ley para las partes, quienes por
62 Ciertamente, obsérvese que en la página 20 de la demanda de casación, se plantea que «[e]l
momento de la formación es cuando se acepta la oferta. Si las partes deciden además elevarlo a
un escrito especial, será para fines probatorios, pero no para la formación del acto. El Tribunal
se equivoca al no darle alcance a la oferta aceptada mediante comunicación del 17 de diciembre
de 2010 del presidente de Puerto Brisa como momento de formación por escrito, y diferirlo a la
firma de un escrito adicional, que solamente tendría una función probatoria» (subrayado de la
Sala).
Véase que cuando se esgrime la violación directa de la norma sustancial, contemplada como
causal de casación en el numeral primero del artículo 336 del Código General del Proceso, la
discusión se ceñirá a «la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria,
por lo que debe estructurarse en forma adecuada cómo se produjo la vulneración ya por tomar
en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo regían o, a pesar de
acertarse en la selección, terminar reconociéndoles implicaciones que no tienen» (CSJ AC3599-
2018 de 27 de agosto de 2018 rad. 2015-00704).
Así mismo, más adelante sostuvo que «[l]a voluntad del artífice se dio en la presentación de su
oferta y la del encargante con su aceptación, enviada mediante correo electrónico del 17 de
diciembre de 2010 y suscrita por el presidente y representante legal de Puerto Brisa. Al tenor del
artículo 864 del Código de Comercio quedó celebrado el contrato y por tanto es ley para los
contratantes, según lo predica el artículo 1602 del Código Civil, aplicable a la materia mercantil
por el artículo 822 del Código de Comercio. La sentencia del Tribunal, con el entendimiento que
hace al establecer una solemnidad que las partes no acordaron debido a la envergadura del
negocio, está flagrantemente en contradicción con las citadas normas del estatuto mercantil».
63 En tal sentido, en reciente jurisprudencia, esta Sala argumentó lo siguiente:
«Si la violación de disposiciones sustanciales se encausa por la vía directa, los argumentos de la
impugnación deben limitarse al campo jurídico sin referirse a la plataforma fáctica ni la valoración
de los medios de convicción. Expresado de otra manera, será defectuoso el embiste que, pese a
fincarse en la vulneración inmediata de la ley sustancial que gobernó el litigio, critica los asertos
suasorios y fácticos elaborados en el fallo de última instancia, pues el mismo debe limitarse a
demostrar que el Tribunal dejó de aplicar, hizo actuar indebidamente o interpretó de forma
equivocada un precepto sustancial» (AC2708-2020).
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
28
consiguiente quedan obligados a cumplir las prestaciones
acordadas en él».64
3. En primer término, la oferta es una propuesta firme
de celebrar un contrato, presentada en condiciones
precisas65, de suerte que la mera aceptación es suficiente
para la formación del contrato66. De manera puntual, en los
términos del artículo 845 del Código de Comercio, la
propuesta «deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser
comunicada al destinatario».67
4. A su turno, la aceptación se recibe como el
asentimiento inequívoco -expreso o tácito-, incondicional y
64 CSJ Sala Civil, Tomo CLXXVI. 2415, pp. 249-a 257.
65 Esto es, la oferta “es una manifestación unilateral de la voluntad, precisa y sin reservas, que
engloba los elementos esenciales de un convenio.” Deshayes, Olivier; Genicon, Thomas y
Laithier, Yves. Reforme du droit de contrat. LexisNexis, París, 2018, pág. 117. O, incluso, “la
decisión de someterse totalmente a los efectos legales de un acuerdo.” Goode, Roy. Commercial
law. Penguin, Nueva York, 2004, pág. 89. Se destaca, en cuanto a su fisonomía, la firmeza del
compromiso -libre de reservas-. Y en cuanto a sus efectos, “crea en el destinatario una situación
de legitima confianza” y, con respecto al oferente, el “estado de sujeción que le impone la carga
de revocar o retirar la oferta.” Diez-Picasso, L. Fundamentos del derecho patrimonial. T. I, pág.
331.
66 «(…) Sólo hay oferta cuando la declaración de voluntad contiene todos los elementos necesarios
para que el contrato que se refiere pueda formarse por la mera aceptación de la otra parte sin
necesidad de una nueva declaración de voluntad del proponente. en esto se diferencia de las
proposiciones o pourparlers» Arturo Alessandri Rodríguez, de los contratos, editorial Temis P
88. Se podría aseverar que si hay “reservas”, no podría denominarse <
>, “incluso si
reúne los elementos esenciales del contrato”. Terré, F., Simler, Ph. y Lequette, Y. Les
Obligations. Dalloz. París, 2002, pág. 117.
67 Al respecto, esta Sala sostuvo en SC11815-2016 lo siguiente:
«(…) aquel acto jurídico unilateral -la oferta- ostenta unas características que la distinguen de
tratativas, acuerdos prenegociales, invitaciones a negociar, etc. que forman parte de la etapa
precontractual; y aún de la propaganda, la publicidad, las promociones dirigidas a personas
indeterminadas, etc. en las que, con todo, en protección del consumidor, la ley torna vinculantes
(artículo 29 de la ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor). En términos de la Corte, la oferta
“[p]ara su eficacia jurídica ha de ser firme, inequívoca, precisa, completa, acto voluntario
del oferente, y estar dirigida al destinatario o destinatarios y llegar a su conocimiento
-se resalta-. Ello significa, entonces, que para que exista oferta se requiere voluntad firme y
decidida para celebrar un contrato, lo que la distingue de los simples tratos preliminares, en los
que de ordinario esa voluntad con tales características todavía está ausente; y, al propio
tiempo, ha de ser tan definida la voluntad de contratar por quien lo hace, de manera tal que
no ha de aparecer duda de ninguna índole de que allí se encuentra plasmado un
proyecto de contrato revestido de tal seriedad que no pueda menos que tenerse la
certeza de que podrá perfeccionarse como contrato, con el lleno de todos los requisitos
legales, si ella es aceptada por aquel o aquellos a quienes va dirigida, lo que
necesariamente supone que en ella han de estar contenidos, cuando menos, los
elementos esenciales del contrato propuesto y que, además, ha de ser dirigida al
destinatario o destinatarios y llegar a su conocimiento” (CSJ SC 029-1995 del 8 de marzo
de 1995, rad.4473)».
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
29
oportuno de la oferta. Sobre tal definición, es imperativo
destacar dichas características pues «en caso de ser
extemporánea o estar acompañada de reparos constituye un nuevo
intento ajeno al anterior que debe ser considerado por los demás
intervinientes, ya que como se dijo en CSJ SC 8 mar. 1995, rad. 4473,
“la oferta inicial queda en el vacío y surge entonces una "nueva
propuesta", en la cual ahora el antiguo destinatario asume la calidad de
oferente y el primer ofertante se convierte en destinatario”»68. Esto
último, en consonancia con lo prescrito en el canon 855 del
estatuto comercial.69
5. Como se sabe, no toda confluencia simultánea de
manifestaciones de las partes interesadas da origen al
contrato, comoquiera que la práctica negocial ha evidenciado
que al lado de estos dos insumos convencionales -oferta y
aceptación-, las tratativas, pourparlers o negociación dan
cuenta de declaraciones tales como las contraofertas,
invitaciones a ofrecer, aclaraciones y complementaciones de
primigenias ofertas, cartas de intención, auditorias e
informes, convocatorias y reuniones, acuerdos parciales y -
muy especialmente para el caso concreto- formalidades
especiales de perfeccionamiento del convenio.70
68 SC2775-2018 del 16 de julio.
69 << (…) Sólo en el evento de que la intentio de los participantes sea positiva y coincidente
respecto de las bases por ellos proyectadas, se estará en presencia de un acuerdo de voluntades
que, en el caso de los contratos consensuales, determinará su celebración o, tratándose de los
contratos solemnes, exigirá para su cabal perfeccionamiento, la satisfacción de las
correspondientes formalidades legales. Si la voluntad de los interesados, o de alguno de ellos,
es negativa, o disímil en algún punto -determinante- materia del negocio, no tendrá lugar el
surgimiento o floración plena del contrato en el cosmos jurídico.>> (CSJ SC, 19 Dic. 2006, Rad.
1998-10363-01).
Esta Sala también ha sostenido lo siguiente:
«En virtud de la aceptación que se exprese sin condicionamientos, tanto el oferente como el
aceptante quedan vinculados, y si el contrato no es de aquéllos que están sujetos al cumplimiento
de alguna solemnidad para su perfeccionamiento pues es meramente consensual, surge de
inmediato a la vida jurídica, por lo que está destinado a producir, a plenitud, los efectos que le
son propios» (CSJ SC054-2015, 29 ene. 2015, 2010-0399-01).
70 Este periodo de negociación podría ofrecer la “facultad de romperla de manera unilateral; sin
embargo, esta ruptura podría conducir a ser fuente de responsabilidad.” Larroumet, Christina y
Bros, Sarah. Les Obligations. Le contrat. Económica. París, 2016, pág. 206. En el caso
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
30
A guisa de ejemplo, generalmente, a la oferta
«le preceden y aún queda sustituida por otras actitudes,
comportamientos o comunicaciones, llámense cartas de intención,
declaraciones previas, due diligence, etc., que la práctica comercial
–en aplicación de estilos de contratación foráneos- ha ido
aclimatando en este medio. En el mismo sentido, se constata que,
sin que las partes hayan llegado aún al perfeccionamiento del
convenio, van suscribiendo o dejando por escrito los avances o
puntos en los que han llegado a acuerdos, en memorandos o
documentos con similar propósito que, en ocasiones, tan solo los
compromete a seguir en la discusión del trato o a respetar el estado
de lo ya pactado, en caso de arribar a un arreglo pleno». 71
Así mismo, en el caso en que la convención sea de
aquellas que requieren exigencias adicionales para su
conformación, también tendrán que cumplirse aquellos
requisitos esenciales de forma72 que reclame el caso
concreto, “la redacción del escrito ofrecería la facultad o reserva de desdecirse.” Bufnoir, C.
Propriété et contrat. Rousseau, París, 1924, pág. 464. Igualmente, a: Barros, Enrique. Tratado
de responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007 págs. 1001-
1041.
71 CSJ SC11815-2016 del 06 de septiembre.
En torno de dicha temática, la Sala tiene señalado que
«la formación del contrato implica, en no pocas ocasiones, una fase preparatoria, en desarrollo
de la cual los interesados progresivamente definen los términos -principales y accesorios- del
contrato mismo que se pretende celebrar, en aras de explicitar su voluntad de cara al respectivo
negocio. Sólo en el evento de que la intentio de los participantes sea positiva y coincidente
respecto de las bases por ellos proyectadas, se estará en presencia de un acuerdo de voluntades
que, en el caso de los contratos consensuales, determinará su celebración o, tratándose de los
contratos solemnes, exigirá para su cabal perfeccionamiento, la satisfacción de las
correspondientes formalidades legales. Si la voluntad de los interesados, o de alguno de ellos,
es negativa, o disímil en algún punto -determinante- materia del negocio, no tendrá lugar el
surgimiento o floración plena del contrato en el cosmos jurídico» (se subraya).
En este mismo fallo, más adelante, precisó que «[a]hora bien, ese camino -o iter- negocial puede
estar circunscrito a simples tratos preliminares o ‘tratativas’, mediante los cuales los
intervinientes, de ordinario, básicamente exploran recíprocamente sus posiciones e intereses en
relación con el potencial contrato. Esos contactos o acercamientos, si bien -incluso- pueden
conducir al logro de acuerdos respecto de ciertos y específicos puntos, no suponen,
inexorablemente -o in toto-, la celebración del contrato propiamente dicho, el que es corolario de
un acuerdo más definido alrededor de sus elementos esenciales y, por contera, vinculante,
merced al establecimiento de aspectos neurálgicos en la respectiva esfera negocial» (Cas. Civ.,
sentencia de 19 de diciembre de 2006, expediente No. 1998-10363-01).
72 La forma es un “elemento vital” de todo convenio. Anzola, N. Lecciones de derecho civil. Curso
Tercero. Bogotá, pág. 5. Como se sabe, en principio la forma es “consensual”. En el caso
concreto, identificamos una formalidad – estatuida en los siguientes términos (Fls 76 cno.1):
“la suscripción del contrato correspondiente.” En esta comunicación también se aclaró que tal
suscripción del contrato estaba precedida del envío de PHB WESERHUTTE de “la Oferta
Comercial corregida, ajustada y definitiva según los términos de lo acordado junto con la
correspondiente memoria técnica”, por un lado, y la presentación por la demandada de una
“proforma” de la minuta contractual, por otro. En una palabra, de manera voluntaria, se
estatuyó una formalidad actus, ad solemnitatem, “o quizá más gráficamente <
>”.
Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones. Externado, Bogotá, 2015, pág. 411.
Convenio, pues, que para su “perfección requiere alguna solemnidad.” Vélez, F. Estudio sobre
el derecho colombiano. T.VII. París-América, pág. 167. Se trataría de “una restricción aportada
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
31
concreto.73 Piénsese, por ejemplo, en las solemnidades
impuestas por el legislador.74 Y, claro está, como en el caso
concreto, aquellas pactadas por las partes - eficaces a la luz
del ordenamiento75-, para el perfeccionamiento del contrato.
En el caso concreto, las formalidades establecidas por el
proponente -especialmente, la aprobación de una proforma y
la suscripción de un contrato- se pueden recibir como
verdaderas reservas formales. Esto es, en la negociación se
afincó una verdadera formalidad ad solemnitatem, <
precisamente lo mismo que ocurre cuando el contrato es
solemne por disposición directa de la ley; sólo que en la
hipótesis lo que es por voluntad de las partes, quienes han
querido que el contrato “no produzca ningún efecto civil” sin la
observancia de la formalidad especial de otorgarse el
instrumento>> (GJ CLXVI p. 183).76 Recuérdese que “[e]s
por el proponente a su voluntad de contratar.” Flour, J., Aubert, J. y Savaux, É. Droit civil. Les
Obligations. T.1. Sirey. París, 2012, pág. 113. Por lo demás, la forma, incluida esta voluntaria,
permitiría que se “diferencien los distintos actos”. Ihering, Rudolf. El espíritu del derecho
romano. T. III, Oxford Unversity Press, México, pág. 599. Otro posible propósito de la forma:
“provoca una reflexión cuidadosa y garantiza la seriedad de la decisión que se ha tomado.”
Flume, Werner. El negocio jurídico. Fundación Cultural del Notario. Madrid, 1998, pág. 298
73 Sobre el particular, la jurisprudencia ha estimado que «a la aceptación habrá de seguir la
promesa de contrato con el lleno de los requisitos legales, si así lo quieren las partes, o, si lo
prefieren, la celebración directa del contrato a que se refiere la oferta». CSJ SC 8 mar. 1995, rad.
4473, citado en SC2775-2018.
74 “Cuando un contrato está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, es
solemne, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil.” CSJ. G.J. 1920, pág. 756,
sentencia del 11 de dic. de 1936. En efecto, la existencia o no de solemnidades para la
estructuración de un acto jurídico define los efectos jurídicos de la aceptación de la oferta y,
aún más importante, la celebración del contrato. Es principio de la legislación comercial, la
consensualidad de los pactos jurídicos que celebren los comerciantes. Ciertamente, el canon
824 del Código de Comercio consagra que «los comerciantes podrán expresar su voluntad de
contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco». De forma tal que
basta la expresión de la voluntad de los contratantes, ya sea verbal o escrita, para entender
que el acto jurídico se ha perfeccionado. Sin embargo, continúa la norma, «cuando una norma
legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico, este no se
formará mientras no se llene tal solemnidad».
75 Recuérdese que «la validez de la estipulación resulta incontrovertible porque es del resorte los
contratantes y revestir de formalidad los negocios jurídicos que por ley carecen de ellas, puesto
que atendiendo motivaciones de seguridad o certeza pueden condicionar la existencia de tales
actos a la presencia de solemnidades que acuerden. Y en este orden de ideas, mientras no se
cumpla con la formalidad acordada no se puede decir que el contrato exista» CSJ. Sentencia de
17 de noviembre de 1993, S-173, exp. 3885.
76 «Ciertamente, como lo admite el impugnante, un contrato consensual puede transformarse
en solemne por manifestación inequívoca de las partes, siempre y cuando se dejen a salvo el
orden público y las buenas costumbres, como con mayor razón ocurre en el presente caso, si
se tiene en cuenta lo previsto por el artículo 1858 del Código Civil, porque la ejecución de la
obra a él aplicable, debidamente especificada, corría por cuenta del contratista, quien entre
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
32
principio de derecho que en las obligaciones contractuales rige,
casi soberanamente, el querer libre de las partes, o sea el
principio de la libertad jurídica” (sentencia del 20 de
noviembre de 1906, G.J. XVIII, p. 70). 77
6. De allí que los criterios de
interpretación del contrato
tengan que se extendidos, con las diferencias del caso, a las
plurales declaraciones de voluntad de toda la negociación. En
relación con la regla principal e imperativa de interpretación:
ha de retenerse la intención de los declarantes.78Al lado de
esta regla principal e imperativa, se abre paso la siguiente
subregla de interpretación -en realidad una presunción79 de la
otras cosas debía suministrar los materiales y demás, por el sistema de precios fijos, recibiendo
en dinero la debida contraprestación, evento en el cual, según voces del artículo 2053, ibídem,
el contrato ofrecido se entendía como de compraventa». CSJ 12 de agosto de 2002. Exp 6151.
77 La autonomía de la voluntad también se proyectaría, en principio, con respecto a la formación
del contrato, a propósito del principio de libertad contractual. Véase a López, Jorge. Contratos.
Parte general, Santiago, págs. 233-410. Se incluye también el “principio de libertad de
conclusión.” Larenz, Karl. Derecho de obligaciones. Revista de Derecho, Madrid, 1958, pág. 66.
78 Regla asentada en el artículo 1618 del Código Civil -siguiéndose las clásicas fórmulas de
Domat y Pothier-. “La intención debe preferirse a la expresión.” O con la fórmula “debe seguirse
más esta intención que los términos.” Domat, Jean. Les Loix Civiles dans leur Ordre Naturel.
Cluzier. París, 1967, pp. 69 y 73. Consultado en: gallica.bnf.fr (se conserva la ortografía del
título).
Débese buscar en las convenciones cuál ha sido la común intención de las partes contratantes,
mejor que no el sentido gramatical de los términos.” Pothier, R.J. Tratado de las obligaciones.
Atalaya, Buenos Aires, 1947, pág. 60.
Fórmulas extraídas de esta: “[s]e ha admitido que en los convenios debe estarse más a la
voluntad de los contratantes que a las palabras.” (El Digesto de Justiniano: 50, 16, 219. T.III.
D’ors, Hernández, Fuenteseca, García y Burillo. Aranzadi, Pamplona, 1972, pág. 865.
Sobre esta regla, esta Corte ha aclarado:
«Ahora bien, el criterio basilar en esta materia –más no el único, útil es memorarlo- es, pues, el
señalado en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, “conocida claramente la intención de
los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”, en cuya puesta en
práctica sirve de fundamento, entre otras pautas o reglas, la prevista en el inciso final del artículo
1622 ib., a cuyo tenor las cláusulas de un contrato se interpretarán “por la aplicación práctica
que hayan hecho ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra».
Esa búsqueda –o rastreo ex post- de la intención común, por lo demás, no debe ser erradicada
por el hecho de que las palabras usadas por los contratantes reflejen, prima facie, claridad y
precisión, pues no hay que olvidar que si la voluntad común de las partes es diferente y se conoce,
a ella hay que plegarse más que al tenor literal, el que, in radice, en precisas circunstancias,
puede llegar a eclipsar y, por ende, desfigurar, la verdadera voluntad de los convencionistas,
ratio medular del laborío hermenéutico. No en vano, como bien lo señala la antigua máxima, “la
letra mata, y el espíritu vivifica» (CSJ, Sala Civil, 28 de febrero de 2005, Exp 7504).
79 Esta subregla -según la doctrina-, no fue ignorada por Andrés Bello. Se observa afincada en
uno de sus números “proyectos inéditos del Código Civil.” La fórmula era la siguiente: “[e]n los
contratos, es de regla atenerse a la letra en lo que no pugna manifiestamente con la conocida
intención de las partes.” En Barrientos, Javier. El Código Civil. Su Jurisprudencia e Historia.
Thomson Reuters-La Ley. Santiago, 2016, pág. 574.
Como se ha precisado desde la doctrina, no se trata de “llegar a los procesos psíquicos reales
de la voluntad, sino solamente a la presunción jurídica de los mismos.” Kelsen, Hans. Problemas
Capitales de la Teoría Jurídica del Estado. Porrúa, México, 1987, pág. 134.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
33
regla principal-: “Las reglas que da el Código Civil en materia
de convenciones interpretan la presunta voluntad de las
partes” (CSJ. G.J. XVIII, p. 70, sentencia del 20 de noviembre
de 1906).80
Así las cosas, bien podría concluirse lo siguiente.
Primero, que las negociaciones descansaron en varias
declaraciones de voluntad. Algunas de estas expresiones de
la voluntad se citan a continuación: declaraciones
unilaterales de 15 de junio del 201081, 16 de diciembre de
201082, 17 de diciembre de 201083,20 de diciembre de 2010,
el 28 de diciembre de 201084, 4 de enero de 201185, 5 de enero
de 201186, 18 de enero de 201187, 25 de enero de 201188, 7
de febrero del 201189, 21 de febrero de 201190, 24 de febrero
de 201191 y 9 de marzo de 201192, entre otras. Segundo, que
Incluso, en otras latitudes -con diferente intensidad-, también se ha hecho referencia a lo
expresado de manera clara en el convenio -en sus “cuatro esquinas”-, como una “prueba de lo
discutido” por los contratantes. Scott, Robert y Kraus, Jody. Contract Law and Theory. Carolina
Academic Press. Durham, 2017, pp. 542 y ss.
80 Es decir, “la intención de las partes al celebrar los contratos puede desentrañarse tomando en
consideración la naturaleza del contrato y las cláusulas claras y admitidas del mismo” CSJ. G.J.
LX, p. 661, sentencia del 3 de junio de 1946). Es decir, “[n]o hay necesidad de rastrear por sus
antecedentes la verdadera intención de los contratantes, cuando ella aparece declarada
expresamente en las cláusulas del instrumento que otorgan” (CSJ. G.J. XXIV, p. 121, sentencia
del 30 de mayo de 1914).
Esto es, según la regla consensus ad idem: conforme a las palabras queridas y comunicadas.
Goode, Roy. Commercial law. Penguin, Nueva York, 2004, pág. 76. También en: Peel, E. Treitel.
The law of contract. Sweet&Maxwell, Londres, 2015, 2-046.
Desde luego, “[s]olo cuando no es posible determinar con claridad la intención de los contratantes
es cuando el fallador debe a acudir, con vista de las circunstancias de cada caso, las normas
que estime conducentes de entre las establecidas en los arts. 1619 a 1624 del C.C.” (CSJ,
sentencia del 14 de marzo de 1946, G.J.LX, p. 112). Esto es, “los jueces tienen la facultad para
interpretar los contratos oscuros, pero no pueden olvidar que dicha atribución no los autoriza, so
pretexto de interpretación, a distorsionar ni a desnaturalizar pactos cuyo sentido sea claro y
terminante, ni mucho menos para quitarles o reducirles efectos legales” (CSJ, Sala Civil, 14 de
agosto de 2000, Exp. 5577).
81 Fls 257. Hecho 3 de la demanda.
82 Fls 483 cno.2
83 Fls 259 hecho 19 del escrito inicial.
84 Fls 260. Hecho 32 de la demanda.
85 Fls 510 cno 2.
86 Fls 511 cno. 2.
87 Fls 523 cno. 2.
88 Fls 526 cno. 2.
89 Fls 262. Hecho 36. del escrito inicial.
90 Fls 263. Hecho 43 del libelo.
91 Fls 263. Hecho 44 de la demanda.
92 Fls 246 a 247. Cno 1.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
34
a partir de la interpretación de estas declaraciones de
voluntad no es un desafuero concluir que, desde el comienzo
de la negociación, se establecieron reservas formales para la
contratación. Tercero, que la omisión de estas formalidades
ad solemnitatem, impuestas y asumidas por los declarantes,
condujo a la inexistencia de la pretendida convención.
4. En una palabra, el cargo no puede prosperar.
SEGUNDO CARGO
1. Bajo la segunda causal de casación, aseveró que se
violaron indirectamente los artículos 16, 1494, 1495, 1496,
1546, 1602, 1604, 1613, 1614, 1615 y 1617 del Código Civil,
por falta de aplicación o aplicación errónea; los artículos 822,
824, 845, 864 del Código de Comercio, también por falta de
aplicación o aplicación errónea y la Ley 527 de 1999, en sus
artículos 5, 6, 10, 14, 15 y 22, por falta de aplicación o
aplicación errónea. Ello a consecuencia de errores de hecho
en la valoración probatoria.
1.1. El primer yerro denunciado se relaciona con la
determinación del momento de la formación del contrato y
por considerar que la persona que actuaba por el destinatario
no tenía la capacidad de celebrar contratos. En efecto, a su
juicio, el ad quem no observó que «la aceptación de la oferta
efectivamente se dio mediante la comunicación del señor Fernando
Sanclemente, la cual fue enviada a PHB por correo electrónico el 17 de
diciembre de 2010 y no mediante la comunicación del día anterior»,
enviada por Javier Méndez. A su turno, precisó que el hecho
de que PHB hubiera señalado diferentes fechas como la de
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
35
celebración del contrato «no demuestra de ninguna manera que el
contrato no se celebró, ni es una actitud que merezca un reproche
jurídico». Así pues, califica de error grave el haber descalificado
el mensaje electrónico del 17 de diciembre de 2010 como
medio idóneo para el perfeccionamiento del contrato.
Del análisis de esta última prueba documental, según
el casacionista, se puede advertir que «las partes lograron
acuerdo sobre los elementos esenciales del contrato, la obra a realizar,
el precio y el plazo de ejecución, así como de los demás elementos
incluidos en la Oferta Comercial No. 2101013, según las modificaciones
acordadas por las partes»; lo cual no puede significar otra cosa
que el perfeccionamiento del acuerdo por la confluencia de la
oferta y la aceptación sobre los elementos esenciales del
negocio. Sin embargo, tal medio probatorio fue dejado de
apreciar.
1.2. Como segundo yerro, denunció que se incurrió en
error manifiesto en la apreciación de las pruebas al
considerar que las negociaciones nunca concluyeron en un
contrato. Ello como consecuencia de la indebida apreciación
de las comunicaciones cruzadas entre las partes por medio
de las cuales se aceptó la oferta y se perfeccionó el convenio,
a saber, las del 16 y 17 de diciembre de 2010.
En punto de esta última, destacó que «en relación con el
plazo de ejecución, Puerto Brisa señaló expresamente que el mismo
iniciaba a partir de ese mismo día (17 de diciembre de 2010), por lo que
no debe quedar duda alguna que se trató de una aceptación formal de
la oferta presentada, según las modificaciones acordadas verbalmente,
y que de esa manera se perfeccionó el contrato. No tendría sentido dicha
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
36
manifestación de inicio del plazo de ejecución del contrato, si no fuera la
intención de Puerto Brisa celebrarlo. Por lo tanto, el Tribunal dejó de
apreciar dicha manifestación de la Demandada según la cual ese mismo
día iniciaba la ejecución contractual y, por ende, se celebraba el
contrato».
Además de ello, cejó de expresar las implicaciones de
los correos electrónicos del 23 de diciembre de 2010, en que
funcionarios de PHB informaron sobre el nombramiento de
los equipos de trabajo y solicitaron información para el inicio
de la ingeniería básica del proyecto. Mensajes que fueron
contestados por el ingeniero Espinosa de Puerto Brisa S.A.,
quien además convocó a una reunión «que se llevaría a cabo con
todos los contratistas de la obra (entre los que, por supuesto, ya se
incluía a PHB) con fines de planeación y programación de la ejecución
contractual (folio 279)». Comunicaciones que «son una diáfana
manifestación del inicio de la ejecución del contrato que se había
celebrado entre las partes días antes y que el Tribunal dejó de apreciar
o apreció indebidamente, por lo que no encontró en ellas la prueba de la
celebración del contrato y la posterior ejecución del mismo».93
1.3. Como tercer aspecto, aludió a que se erró al
considerar que las negociaciones de modificación del
contrato seguían siendo tratativas preliminares. Comenzó
por señalar que la comunicación del 07 de febrero de 2011,
independientemente de los términos utilizados por el
93 Por otro lado, denunció que se apreció indebidamente el testimonio del señor Michael
Fuentes y omitió valorar el de Alfonso Fidalgo Corredor Gómez. De la declaración del primero
«se desprende claramente que el contrato sí se celebró y ejecutó, por lo que incurrió en error fáctico
el Tribunal al apreciar dicho testimonio y señalar que este coincide con el del señor Espinosa de
Puerto Brisa sobre la ausencia de perfeccionamiento del contrato (aunque se reitera que nunca
se aclara cuál es la supuesta coincidencia)». Y, del segundo, sostuvo que quedó probado el inicio
de la ejecución de actividades contractuales a cargo de PHB y la terminación unilateral y sin
justa causa del contrato a cargo de la demandada.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
37
presidente de Puerto Brisa S.A., «es claro que esta se trató de una
solicitud de modificación del contrato celebrado».94
1.4. Increpó el error cometido al considerar que las
partes acordaron que el contrato debía celebrarse por
escrito.95Sostuvo que las solicitudes de envío de oferta
comercial corregida y de suscripción del contrato por escrito
no son más que meros formalismos, «como lo reconoce la misma
Puerto Brisa al señalar que enviaría una “pro forma” para su
suscripción». Aunado a ello, señaló cómo ninguna de las
pruebas que obran en el expediente dan cuenta de que «las
partes hubieran acordado que el contrato sólo podría celebrarse por
escrito, huyendo a la consensualidad propia de este tipo de contratos».
Tal apreciación se ratifica con el correo electrónico enviado el
20 de diciembre de 2010 por el Director General de PHB.
TERCER CARGO
1. Con fundamento en la causal segunda de casación,
censuró la sentencia de segunda instancia por ser violatoria
indirectamente de los artículos 16, 1494, 1495, 1496, 1546,
1602, 1604, 1613, 1614, 1615, 1617 y 1618 del Código Civil,
94 Además, criticó que, de la apreciación indebida de los correos electrónicos del 17, 19, 18,
21, 24 y 25 de febrero del 2011,
«se desprende el error manifiesto del Tribunal en relación con las negociaciones entre las partes
posteriores al 17 de diciembre de 2010. En efecto, el Tribunal interpretó erróneamente todas las
comunicaciones cruzadas entre las partes con posterioridad a dicha fecha al considerar que las
mismas correspondían a la continuación de las tratativas preliminares, por el sólo hecho de que
Puerto Brisa así intentara aparentarlo. De una correcta y adecuada interpretación de dichas
pruebas el Tribunal ha debido identificar el malintencionado intento de la Demandada de
desconocer el contrato celebrado, realizando una serie de exigencias desproporcionadas que
debían a llevar a que PHB no las aceptara y, con base en lo anterior, proceder a dar por terminado
el contrato bajo la apariencia de una terminación de la etapa precontractual por falta de acuerdo».
95 Al respecto, dictaminó que la solicitud de envío de oferta comercial definitiva por parte de
Puerto Brisa en correo del 16 de diciembre de 2010 «no fue más que un mero formalismo para
hacer constar por escrito los acuerdos logrados y que constituyen el acuerdo de voluntades de
las partes, así como para lograr un medio probatorio más eficiente de los términos y condiciones
acordados. No quiere decir esto, como equivocadamente lo entendió el Tribunal de la valoración
probatoria, que las partes hubieran condicionado o supeditado la celebración o el
perfeccionamiento del contrato a la suscripción del documento escrito».
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
38
por falta de aplicación; los cánones 822, 824, 845, 864, 870
del Código de Comercio y la Ley 527 de 1999, en sus artículos
5, 6, 10, 14, 15 y 22, también por falta de aplicación, como
consecuencia de errores de derecho derivados del
desconocimiento de normas probatorias, artículos 164 y 176
del Código General del Proceso y artículo 11 de la Ley 527 de
1999.
1.1. Reprochó la escasez del soporte probatorio de la
providencia, en la que únicamente se hizo referencia a dos
pruebas documentales y «a unas pocas pruebas documentales para
justificar y fundamentar su decisión». Además de no haber
valorado la totalidad de las probanzas, alegó que tampoco
fueron analizadas en su conjunto aplicando las reglas de la
sana crítica, «puesto que, en la sentencia acusada, se analizan tan
sólo algunas pruebas y de manera parcial con el fin de lograr ratificar la
decisión del a quo». Por último, tampoco se expuso
razonadamente «el valor que le asignó a cada prueba que obra en el
expediente, ya que la gran mayoría de ellas ni siquiera fueron tenidas
en cuenta en la decisión».
1.2. En lo concerniente con la apreciación de la
comunicación del 16 de diciembre de 2017, aseveró que el
Colegiado omitió «reconocer que en dicho correo electrónico se
manifestó que al día siguiente se enviaría la confirmación formal, como
en efecto se hizo, la cual sí venía suscrita por el mencionado
representante legal». Aunado a ello, de haber realizado un
análisis sistemático de los medios de prueba, «el Tribunal
hubiera reconocido que la solicitud de envío de la oferta modificada no
era un requisito para formalizar una nueva oferta, sino un mero
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
39
mecanismo de instrumentalización de los acuerdos logrados por las
partes».
1.3. Por otro lado, alegó que se interpretó
indebidamente la comunicación del 17 de diciembre de 2017
en punto de la expresión “primera opción” y la ausencia de
análisis sobre la fecha de inicio del plazo de ejecución del
contrato. Indicó que una valoración en conjunto habría
arrojado la conclusión de que la intención de Puerto Brisa
S.A. era realmente celebrar el negocio a través de esta
declaración.96Por último, aludió al intercambio de
comunicaciones entre funcionarios de una y otra empresa,
para evidenciar que se dio el inicio de la ejecución
contractual, «lo cual implica que el contrato debió haberse celebrado».
1.4. En punto de las pruebas testimoniales, criticó que
el ad quem se limitara a señalar que existían coincidencias
en las declaraciones de dos testigos «las cuales no explicó, sin
establecer lo que encontró probado de cada uno de los testimonios que
se ventilaron en el proceso, ni el mérito probatorio que les otorgó a estos,
vulnerando las normas probatorias generales antes mencionados».
Finaliza esgrimiendo que el yerro más protuberante se
evidencia en la omisión de los dictámenes periciales. Todo lo
anterior para concluir que, si el Colegiado hubiera atendido
a los preceptos de linaje probatorios consagrados en los
artículos 164 y 176 del Código General del Proceso, «no habría
llegado a la equivocada conclusión de que no se encontraba probado el
96 Tal discernimiento se desprende -se dijo- «de las pruebas que demuestran el inicio de la
ejecución contractual. Sin embargo, el Tribunal otorgó un mayor valor a la literalidad de los
términos expresados por Puerto Brisa en esta comunicación, que, a la clara intención de las
partes de celebrar el contrato a través de la comunicación del 17 de diciembre, lo cual se prueba
a través de lo señalado en esa misma carta y en las demás pruebas del expediente».
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
40
contrato y que la relación entre las partes no pasó de las tratativas
preliminares».
CONSIDERACIONES
1. En los cargos vistos en precedencia, se censuró que
el Tribunal hubiese colegido que: i) no se concretó el
perfeccionamiento del contrato. ii) todo se quedó en
tratativas. Y, iii) no hubo, consecuencialmente, inejecución
obligacional. Con ese propósito, el impugnante atribuyó, de
un lado, errores de hecho por indebida apreciación y, de otro
parte, errores de derecho por falta de valoración conjunta de
los medios de prueba. Tales dislates, aseveró, llevaron a la
Corporación a desconocer la existencia del contrato y su
ulterior incumplimiento. De tal suerte que esta unidad
temática explica la conjunción de los cargos.
2. Como se señaló al resolverse el cargo cuarto, el
espectro de análisis del Tribunal gravitó en determinar «si
existió o no contrato». Con ese propósito advirtió que el correo
electrónico del 16 de diciembre de 2010 fue suscrito por
quien carecía de capacidad para obligar a la sociedad Puerto
Brisa. En el punto «se evidencia en el expediente que el correo
electrónico antes mencionado no es el medio idóneo para el
perfeccionamiento del contrato de obra después del contrato que se había
invitado a celebrar pues de los testimonios, así como de las pruebas
documentales aportadas que en redacta tal correo no tiene la capacidad
para obligar a puerto brisa y menos aun siendo que no era su
representante legal el único que tiene esa capacidad para el caso era
Fernando San Clemente». En consecuencia, coligió, en principio,
que la comunicación no tenía el vigor para obligar. No
provenía de aquel con capacidad para ligar a la sociedad.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
41
No obstante, anotó que, sí se admitiera la
representación aparente, el contenido del documento refleja
el condicionamiento frente a una eventual aceptación de una
oferta. Sostuvo que: «en gracia de discusión [si] fuera dado a asumir
un evento de representación aparente lo cierto es que ese correo no podía
implicar aceptación pues de su contenido, a lo sumo se podría extraer la
intención de contratar, que no la aceptación de una oferta, la cual tiene
que venir expresada de manera pura y simple cosa que acá no sucedía
pues se anunciaba la necesidad de que se remitiera una oferta comercial
definitiva así con esa denominación que se remitiera una oferta
comercial definitiva que correspondiera a los acuerdos que allí llamaron
modificaciones». De tal forma que, al ocuparse de la
materialidad del documento, evidenció su falta de fuerza
vinculante. La exigencia de remitir el instrumento
concluyente denota la falta de concordancia entre oferta y
aceptación.97
Establecido lo precedente, se ocupó de estudiar la
demanda. Destacó que los hechos presentados en el escrito
apoyaban el razonamiento según el cual el contrato no
alcanzó su perfeccionamiento y se quedó en umbral de la
negociación.98A su turno, subrayó el contenido del
97 Evidenciado lo anterior, el ad quem dedujo que la intención de las partes era la celebración
ulterior del acto jurídico. Consignó que «todo lo cual denota que la intención de las partes era
que el contrato se celebrara posteriormente y luego del cruce de la correspondiente oferta y su
aceptación todo ello expresión de las máximas formalidades qué se acompasan con la concreción
de un contrato de semejante envergadura.» Desde luego, el uso de la expresión “máximas
formalidades” en el razonamiento del Tribunal se empleó para significar la necesidad de la
presentación completa de la oferta, dada la complejidad de la obra civil en ciernes.
98 Para ello, el fallador razonó:
“(…) «el demandante no tiene muy claro cuál es el momento del perfeccionamiento del contrato y
es que en la demanda en en el hecho 17 afirmó que a partir del contenido del correo el contenido
del correo 16/12/2010 era dable entender que el negocio ya había sido concretado. Pero en la
misma demanda se relacionan hechos a partir de los cuales phb terminó por darle alcance al
contenido de una carta suscrita por el presidente de la empresa convocada de 17/12/2010 en
la cual apenas consta qué se formalizaba que puerto brisa había decidido elegir a phb como
primera opción para contratar se enfatiza y se pone entre comillas “primera opción para contratar»
” (…) remitiendo el 20 de diciembre vía correo electrónico, según lo dijo en su hecho 21 de la
demanda “remitiendo por correo vía electrónica las ofertas técnicas y comerciales contractuales
actualizadas de conformidad con las reuniones realizadas en los días anteriores y además
quedando a la espera de la minuta del contrato que formalizaría la relación contractual” así lo
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
42
documento del 17 de diciembre de 2012, que a la sazón
señala: «para efectos de articular esta selección y si fuese de su
interés solicitamos que se sirva enviarnos antes de cinco días
calendario la oferta comercial corregida, ajustada y definitiva,
según los términos de lo acordado junto con la correspondiente
memoria técnica para proceder a la suscripción del contrato
correspondiente cuya proforma le haremos llegar en posterior
correo». Con la mirada puesta en el medio de prueba, estimó
que los interesados seguían delineando los aspectos
preliminares de la oferta.
Asimismo, estudió el correo electrónico de 20 de
diciembre de 2010, evidenciando que, del comportamiento de
PHB WESERHUTTE S.A, no podía deducirse su vínculo
contractual con Puerto Brisa S.A., dado que «no parece muy
consistente que la parte contratante todavía se estuviera refiriendo
a que era menester hacerle ajustes a la oferta mucho menos que el
contratista dándole como se dijo alcances a la carta de 17 de
diciembre del 2010 se hubiera dado a la tarea de cumplir con el
plazo pactado de 5 días remitiendo el 20 de diciembre vía correo
electrónico, según lo dijo en su hecho 21 de la demanda “remitiendo
por correo vía electrónica las ofertas técnicas y comerciales
contractuales actualizadas”».
narró en la demanda. (…) hecho 24 se le informaba phb que el contrato aún no había sido enviado
por cuanto era necesario hacer unos ajustes a la oferta técnica frente a lo cual ese mismo día se
le remitieron a phb las observaciones acerca de la última revisión de la oferta técnica que había
sido enviada el 20 de diciembre.
” (…) «Ahora la solicitud por parte de puerto brisa de ajustar una nueva cotización con miras a
un proyecto de mayor capacidad según se dijo en el hecho 36 y el hecho de que el 24 de febrero
se haya remitido una minuta de contrato, que modificaba sustancialmente las condiciones
contractuales pactadas anteriormente, y que no reflejaba los acuerdos a los que las partes
habían llegado, conforme se dijo textualmente en el hecho 44 era la demanda son circunstancias
que en modo alguno pueden reputarse como un incumplimiento o una modificación unilateral, a
un contrato que en puridad todavía no existía».
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
43
Aunado a lo anterior, ahondó en el conocimiento que
mostraba el libelo, para lo cual dijo que «el candidato a
contratista reconoció en la demanda que procedió a contestar una
a una las antedichas observaciones, lo cual refuerza la idea de que
para entonces las partes continúan afinando los términos de la
futura convención». De tal manera que los actos propios de PHB
revelaban que la formación de la oferta se está gestando, «en
esas condiciones no es de recibo que el recurrente desconociendo que a
partir de su propia conducta le había dado alcances al contenido de la
carta del 17 de diciembre de 2010 en donde es inequívoco que para
entonces no existía contrato, y que de celebrarse lo sería ulteriormente y
por escrito, reivindique que el acuerdo de voluntades quedo
perfeccionado a partir del contenido del correo electrónico que recibió el
16 de diciembre de 2010».
Dicho razonamiento no luce desatinado. Las voluntades
de los interesados no se habían definido de manera
conclusiva en los términos expuestos en el desarrollo del
cargo primero. Al respecto, se advierte lo siguiente:
3. Armonizado con lo precedido, en misiva del 03 de
marzo de 201099 se refleja la «invitación» elevada por la
demandada a PHB WESERHUTTE S.A. «sobre el sistema
integrado de manejo de carga (carbón) para puerto brisa S.A». A
reglón seguido, se señala que: «adjunto al presente documento
los anexos técnicos para la propuesta sobre el sistema integrado
de manejo de carga (carbón) para Puerto Brisa S.A». En efecto, en
el acápite XI del anexo técnico se indicó lo siguiente: «Puerto
Brisa S.A reserva el derecho a declarar desierta la presente invitación
sin expresión de causa ni requisito de ninguna especie, si libre,
99 Fls 2 con 2. AZ
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
44
autónoma y unilateralmente llegase a entender que las propuestas
presentadas no cumplen sus expectativas». En otro aparte se resaltó
que «la presente solicitud de propuesta es privada y no constituye
propuesta oferta comercial». De ahí, que no resulta un desafuero
sostener que la invitación se circunscribió a emprender
negociaciones.
En el citado documento del 17 de diciembre de 2010,
cuya apreciación se critica en casación, se consigna lo
siguiente: «con la presente queremos comunicar formalmente que
Puerto Brisa se ha decidido elegirlos como primera opción para contratar
con ustedes (…) para efectos de articular esta selección y si fuese de su
interés solicitamos se sirvan enviarnos antes de (5) días calendario la
oferta comercial corregida ajustada y definitiva según los términos de lo
acordado».100 Dicha misiva refleja precisamente el
racionamiento del Tribunal, a saber, que los interesados no
habían llegado a un acuerdo definitivo. La oferta a cargo de
la demandante estaba siendo objeto de modificaciones. Lo
que se muestra es un preeminente interés negocial por parte
de Puerto Brisa S.A. en la sociedad PHB WESERHUTTE S.A.
Por otra parte, la aceptación de la oferta debe mostrarse
indubitable. Lo primordial es la conformidad del aceptante.
Sin embargo, instar en modificar el acto revela es la
discordancia del destinatario de cara al instrumento
presentado.
Ello demuestra que la interpretación del ad quem aflora
del mismo contenido de las probanzas obrantes en el
plenario, lo que desvirtúa de plano que la única
100 Fls 487 con 2.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
45
interpretación plausible sea la que propone el impugnante.
Memórese que, en el ámbito del recurso de casación, está
averiguado que, si del texto se descubren varios sentidos
razonables, la elección que de uno de ellos haga el Tribunal
ha de ser respetada y mantenida por la Corte. Esto, a menos
que otras pruebas desmientan ese sentido escogido, para lo
cual ha de empeñarse el impugnante en hacerlo ver mediante
la denuncia de yerros probatorios trascendentes, presentes
en la sentencia que combate.
3.1. A su turno, de las pruebas testificales llama la
atención la declaración de Luis Manuel Espinosa García,
quien se desempeñó como ingeniero de Puerto Brisa. Se
advierte que se le preguntó «usted envió desde su correo electrónico
el 17 de diciembre del 2010 una carta a PHB suscrita por Fernando San
Clemente la cual se les informaba que era la primera opción y sólo
quedaban trámites administrativos para continuar con el proceso de
contratación. Contestó: efectivamente mandé a través de mi correo
electrónico la carta donde se les informaba que era la primera opción y
donde les pedíamos plasmarán en un documento en una oferta comercial
y técnica todos los cambios y modificaciones que puerto brisa
consideraba había que modificar en su propuesta para ser tenida en
cuenta». La referida manifestación redunda en apoyo al juicio
del Tribunal. De tal suerte que la referida declaración se
articulaba con las probanzas documentales y con lo
manifestado en el escrito introductor.
Ahora bien, el testimonio de Alfonso Fidalgo Trujillo101
quien se desempeñó como agente comercial de PHB, en el
101 Fls 833.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
46
momento en que se le instó a que «dijera si conoció o conoce a la
fecha si Puerto Brisa dejó constancia, que, si no se cumplían las
expectativas exigidas en el proyecto a realizarse, Puerto Brisa se reservó
a declarar desierta la invitación por no cumplir expectativas. Contestó:
como ya estaba aceptada la propuesta las expectativas que no se
cumplieron se tenían que resolver de acuerdo al contrato que se estaba
firmando» (Subrayado de la Sala). Lo anterior revela que el
Colegiado de segundo grado no cejó en su laborío de estimar
la prueba, sino que simplemente desestimó dichas
manifestaciones pues se alejan del contenido material de
otros medios de prueba -correos electrónicos, testimonios,
los hechos de la demanda- y de su examen en conjunto.
Lo que corresponde a la declaración de Miguel Ángel
Fuentes Alfonso102, llama la atención que cuando se le
pregunta que «Sírvase informar sí por parte de puerto brisa S.A
finalmente se dio respuesta a la comunicación enviada por parte de PHB
Waserhutte? en caso afirmativo a qué se refería la misma. Respuesta si
tras algunas comunicaciones cruzadas entre las partes, Puerto Brisa le
remitió un mensaje sobre dichas comunicaciones. Contestó: la respuesta
por Puerto Brisa el 09 de marzo del 2011 planteaba por primera vez la
argumentación de que no había entrado en vigor ningún contrato entre
nosotros y que demuestra no aceptación de las condiciones contractuales
le llevaba a ellos a decidirse por otra opción. Quiero hacer notar que las
condiciones contractuales a las que se refiere nos fueron enviadas por
Puerto Brisa el 24 de febrero del 2011 y alteraron sustancialmente las
indicadas en el borrador del 28 de diciembre del 2010» (destacado de la
Sala). Lo cual corrobora la afirmación de Luis Manuel
Espinosa García, referente a que para el 17 de diciembre de
2010 no hubo aceptación de oferta. Elocuente resulta la
deposición en el punto «les pedíamos plasmarán en un documento
102 Fls 225 a 235 con 3.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
47
en una oferta comercial y técnica todos los cambios y modificaciones que
puerto brisa consideraba había que modificar».103
3.2. Por el contrario, es patente la valoración conjunta
de los medios probatorios que efectuó el ad quem en
contraposición con la lectura aislada sobre algunos medios
probatorios que acá plantea el censor. Aunado a ello, no se
advierte que se hubiera cumplido con la exigencia de
completitud a la que alude el artículo 344 del Código General
del Proceso, pues nada se dijo sobre la apreciación que
efectuó el juez de segunda instancia sobre las afirmaciones
contenidas en la demanda. Discernimientos que son uno de
los pilares probatorios del fallo mediante el cual se confirmó
la denegatoria de las pretensiones.104
3.3. Por último, el hecho de que el Tribunal hubiese
optado por un grupo de pruebas -por sobre otros-, no obsta
para inferir per se un yerro grave en la labor argumentativa
y probatoria. Memórese que «cuando se está frente a dos grupos de
pruebas, el juzgador de instancia no incurre en error evidente de hecho al
dar prevalencia y apoyar su decisión en uno de ellos con desestimación
103Véase que, la articulación de los hechos vertidos en la demanda, junto con los correos
electrónicos, condujo al Tribunal a confirmar la determinación de primer grado que negó las
pretensiones. Los medios de convicción no muestran -con la entidad requerida-, la inequívoca
formación del acto, así como tampoco se observa la configuración de los aludidos errores de
derecho.
104 Conviene señalar que el censor debe atacar todas las pruebas determinantes que sirven de
base al fallo, de tal manera que la impugnación se muestre completa, de cara a los argumentos
basilares de la sentencia. Al respecto:
«El sentido legal del recurso está determinado inexorablemente por la sentencia misma lo que
implica el deber del recurrente de echar a pique en su integridad los pilares en que se fundamenta
para lo cual debe asumir la tarea de desvirtuar la totalidad de las pruebas con que el ad quem
tuvo por acreditado los hechos relevantes del asunto litigioso resuelto pues alguna de ellas no es
atacada y por sí mismo presta base sólida a dicha resolución esta quedará en pie y el fallo no
puede quebrarse en sede de casación resultando en consecuencia completamente intrascendente
si se logra o no demostrar los errores que el impugnante señala en la apreciación de otras
pruebas». CSJ SC Sentencia de 5 de noviembre de 1973, G.J.t CXLVII.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
48
del restante, pues en tal caso su decisión no estaría alejada de la realidad
del proceso»105.
3.4. En conclusión, los errores in judicando, no saltan a
la vista. 106
4. Por lo discurrido, los cargos no prosperan.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá el 16 de mayo de 2018. Tal
proveído fue dictado dentro del proceso ordinario iniciado por
el recurrente contra Puerto Brisa S.A.
Costas en casación a cargo del recurrente. Como quiera
que la parte opositora replicó en tiempo la demanda, con la
que se sustentó la impugnación extraordinaria, se fija como
agencias en derecho la suma de seis (6) S.M.L.M.V.
105 CSJ, SC del 18 septiembre de 1998, Rad. 5058.
Y en otro caso, de esta misma especie, en similar sentido indicó que
«‘[l]a selección de un grupo de pruebas respecto de otro, tampoco constituye per se un error de
derecho por ausencia de apreciación conjunta’, en la medida que tal ‘escogencia es, en línea de
principio, fruto de la apreciación, análisis y confrontación integral de los elementos probatorios,
lo cual excluye la conculcación del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil» (Cas. Civ.,
sentencia de 2 de diciembre de 2011, Rad. No. 25899-3103-001-2005-00050-01)». CSJ, SC del
19 de diciembre de 2012, Rad. n.° 2008-00444-01.
106 Recuérdese que:
“Debe tenerse presente que en virtud de la autonomía de que goza el fallo de instancia para efectuar la
actividad apreciativa del acervo probatorio el yerro fáctico para que tenga entidad en casación y pueda
por ende producir el quiebre de un fallo tiene que ser manifiesto o como lo pregona la jurisprudencia de
esta corporación ser tan grave y notorio que a simple vista se imponga la mente sin mayor esfuerzo ni
raciocinio o en otros términos de tal magnitud que resulte contrario a la evidencia del proceso no es por
tanto error de un fallo aquel a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado racionamiento”.
CSJ- Sala de Casación Civil, Sentencia de 15 de septiembre de 1998, expediente 5075.
Radicación no. 11001-31-03-004-2011-00840-01
49
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
(Ausencia Justificada)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(Comisión de Servicios)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Hilda Gonzalez Neira
Álvaro Fernando García Restrepo
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Francisco Ternera Barrios
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 899A783A450BDFA5959BE880CB1B3CAC3A6B9CEEAFF0B116FA67F524FD5941A0
Documento generado en 2022-06-30