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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC127-2025
Radicación n° 11001 31 03 010 2018 00493 01
(Aprobado en sesión de treinta de enero de dos mil veinticinco)
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil
veinticinco (2025)
Decide la Corte el recurso de casación formulado por la
parte demandante contra la sentencia proferida el 7 de
diciembre de 2023, por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso declarativo
promovido por Boris Herman Gartner Caballero y Álvaro
Rafael Mendoza Saray contra Martha Isabel Zuluaga
Jaramillo.
I.- ANTECEDENTES
1.- Solicitaron los convocantes declarar que el 12 de
mayo de 2016 celebraron un contrato atípico con Martha
Isabel Zuluaga Jaramillo, el cual fue incumplido por ella. En
consecuencia, ordenar el resarcimiento de los perjuicios
materiales «generados de la responsabilidad civil contractual con
indemnización moratoria», discriminados así:
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- Daño emergente, por restitución del primer pago,
$200.000.000 como capital; y sobre la misma suma, por
lucro cesante, $140.662.000, «a título de indemnización moratoria
a la tasa máxima mercantil por 841 días de mora, contados desde la
fecha del pago, es decir, el 12 de mayo de 2016 y con corte a 31 de
agosto de 2018, sin perjuicio de su continua causación hasta el momento
del pago efectivo».
- Daño emergente, la restitución del pago anticipado de
$40.000.000 como capital, y sobre la misma suma, por lucro
cesante, $15.218.000, «a título de indemnización moratoria a la tasa
máxima mercantil por 440 días de mora, contados desde la fecha del
pago, es decir, el 17 de mayo de 2017 y con corte a 31 de agosto de
2018, sin perjuicio de su continua causación hasta el momento del pago
efectivo».
- Daño emergente estimado en $451.760.366, por pago
de las inversiones realizadas por los demandantes para el
desarrollo del proyecto, según las tarifas oficiales de la
Sociedad Colombiana de Arquitectos, suma que deberá ser
indexada para el momento del fallo.
- Lucro cesante por $10.671.960.238, «de acuerdo con la
factibilidad del año 2018 debidamente conocida por la demandada,
debidamente indexados para el momento en que se produzca el fallo
definitivo y en última instancia».
2.- El sustento fáctico de la demanda es el siguiente1:
1 Fls. 286-294, expediente digital. Cuaderno 01C01principal. Archivo:
01C01PrincipalParte1.
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El 12 de mayo de 2016, las partes celebraron un
contrato «atípico», en el cual se regularon los deberes de los
inversionistas para realizar un proyecto arquitectónico de
interés social en el predio «Los Gavilanes» de propiedad de la
demandada, ubicado en la ciudad de Armenia.
Entre las obligaciones a cargo de Martha Isabel Zuluaga
estaban las de aportar el predio con destino al proyecto
mediante la constitución de un contrato de fiducia, entregar
la documentación pertinente, y autorizar a los demandantes
«por medio de mandato», para que gestionaran todos los
trámites, permisos y licencias requeridas para el proyecto.
Por su parte, Álvaro Rafael Mendoza Saray y Boris
Herman Gartner Caballero, se obligaron a constituir la
sociedad desarrolladora del proyecto una vez contaran con
todos los permisos y licencias, así como a efectuar los pagos
a la demandada, convenidos así: $200.000.000 el día de la
firma del contrato; $100.000.000 a la firma del contrato de
fiducia; $1.635.000.000 el día que el proyecto alcanzara el
punto de equilibrio y $2.365.000.000 en la fecha de
liquidación y finalización del mismo, más un 33,33% de la
utilidad esperada.
El 12 de mayo de 2016, se otorgó el poder requerido
para solicitar los permisos y licencias necesarias para el
proyecto.
El 13 de mayo del mismo año, se constituyó hipoteca
abierta a favor de los demandantes, sin embargo, la escritura
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pública no fue inscrita en el respectivo folio inmobiliario, por
lo que quedó sin efectos.
El 17 de mayo de 2017, pese a las dificultades que
fueron surgiendo para avanzar en los trámites, los
convocantes le entregaron a la accionada otro anticipo por
$40.000.000, no obstante, la Curaduría les informó que ella
había revocado unilateralmente el poder conferido para
actuar frente a esa entidad.
Según el estudio de «pre factibilidad» de 2018, el proyecto
estaría compuesto por 1004 unidades habitacionales y
tendría una utilidad final de $16.007.140.000, de la cual le
correspondería a la demandada un 33.33% y a los
demandantes el 66.67%, esto es, $10.671.960.238.
3.- La accionada se opuso al éxito de las pretensiones y
excepcionó: «culpa exclusiva de la víctima», «contrato no cumplido»,
«ausencia de culpa», «cobro de lo no debido» y «genérica». Además,
formuló contrademanda.
4.- El juez de primer grado negó las súplicas tanto de la
demanda principal como de la de reconvención.
5.- El superior al desatar la apelación formulada por
ambas partes, revocó la sentencia de primer grado.
En su lugar, declaró imprósperas las excepciones
formuladas por Martha Isabel Zuluaga Jaramillo, negó las
aspiraciones de su demanda de reconvención y la declaró
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civil y contractualmente responsable de los daños irrogados
a los demandantes con ocasión del incumplimiento del
contrato celebrado el 12 de mayo de 2016. En consecuencia,
la condenó a pagarles la suma de $352.211.730,48 a título
de daño emergente, que a partir de la ejecutoria de la
providencia devengaría interés civil legal del 6% anual, hasta
que se verifique su pago efectivo, y denegó las demás
pretensiones de la demanda principal.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
Para el Tribunal el problema jurídico a resolver se
concretaba a establecer quién fue el contratante incumplido
y a determinar la existencia del perjuicio. De las pruebas
allegadas al proceso dedujo las conductas contractuales de
las partes, el intercambio de comunicaciones entre ellas y los
distintos inconvenientes que se presentaron en las gestiones
administrativas realizadas en aras de obtener la licencia de
urbanismo para desarrollar el proyecto inmobiliario. A
continuación, razonó:
1.- Aunque es cierto que formalmente el trámite de
licenciamiento se presentó el 12 de septiembre de 2017,
también lo es que, de acuerdo a la versión de la arquitecta de
la Curaduría Urbana No. 2 y el cruce de correos que obra en
el plenario, se acreditó que antes de la presentación definitiva
del proyecto hubo gestiones ante la entidad, con el fin de
verificar los diseños y rectificar los mismos, y que el 15 de
marzo de 2018, el señor Mendoza Saray,
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(…) agotó varias actuaciones ante la Curaduría, con el propósito que
la arquitecta Martínez Ramírez tuviera por cumplidas “las normas
urbanísticas y de edificación vigentes”, hecho que aconteció el 03
de abril siguiente. Acto seguido, el 09 de abril, la Curaduría remitió
los documentos aprobados ante el Departamento de Planeación de
Armenia rindiera concepto sobre el estudio de la referida solicitud
de licencia”, cuyo acuso de recibo fue del 24 de abril. (…) Luego, el
11 de mayo de 2018, la Curaduría requirió se relacionaran las
matrículas de los predios colindantes a la finca “Los Gavilanes”,
cuestión que Mendoza atendió en escrito del 17 de mayo, actuación
suficiente para que, el 28 de mayo, la Curaduría enviara a Álvaro
Rafael “el edicto correspondiente”, fijación que se acató en el diario
La Crónica, el sábado 02 de junio de 2018»
12.16. Finalmente, aunque la Curaduría expidió los recibos para el
pago de la licencia de construcción, los mismos no fueron
entregados a Álvaro, en razón a que, desde el 08 de junio de 2018,
Martha Isabel le retiró sus facultades y constituyó nuevo mandato
a favor del señor Gerardo Antonio Henao Carmona.
Con todo, aunque la terminación del mandato únicamente hizo
alusión a Álvaro Rafael, lo cierto es que, por el poder dado al señor
Henao Carmona, la Curaduría se abstuvo de entregar los recibos a
los dos constructores, inclusive, pese a que Boris Herman hizo
hincapié en que la revocatoria no tenía efectos respecto a él.
13. Entonces, véase cómo, aunque Martha Isabel se duele que, entre
el 13 de mayo de 2016, fecha en que otorgó poder amplio y
suficiente, y el 12 de septiembre de 2017, momento en que se
presentó por primera vez la solicitud de licencias de urbanismo y
construcción, transcurrieron un año y cuatro meses de demora
‘injustificada’ por parte de los constructores, de lo visto en el
expediente, es palmario que no demostró la existencia de un
acuerdo expreso sobre los plazos para la ejecución del mandato
(artículo 2150 civil), y tampoco allegó material probatorio que
acreditara que ese período fue excesivo, es decir, en el sentido que,
los documentos requeridos por ley para obtener la licencia de
construcción que se enunciaron, hubieran podido ser obtenidos en
menor tiempo.
13.1. Y no se diga que, el hecho que no se atendieran los correos y
las llamadas de Martha configura un incumplimiento, pues, según
el pacto, aquellos no estaban en el deber de informar diariamente a
la reconviniente sobre el curso del plan inmobiliario; pese a todo, el
recuento efectuado da cuenta que las partes estaban
eventualmente en contacto y, en esas ocasiones, los constructores
manifestaban a la propietaria lo que acontecía en ejecución del
proyecto de vivienda.
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2.- La respuesta al problema jurídico, es que en lapsos
razonables, los iniciales demandantes «propendieron por el
recaudo de los documentos del predio (cuya colaboración también recaía
en Martha Isabel), elaboraron los diseños del proyecto y estuvieron
sujetos a los tiempos de los entes administrativos quienes eran los
encargados de proveer la información requerida para la obtención de la
echada de menos licencia de construcción, demoras cuyo acaecimiento
confirmó en vista pública, el testigo Juan Carlos Sánchez Fernández».
El negocio inmobiliario y el poder conferido por Martha
Isabel a los constructores, aunque eran convenios diferentes
en cuanto a su finalidad, obedecían a un mismo designio y
como consecuencia de ello, estuvieron íntimamente unidos
dado que ambos tenían un objetivo común: desarrollar las
fases del Proyecto Arquitectónico de Interés Social –
Agrupación Habitacional Terrazas de Gavilanes, entonces,
«pese a que, en línea de principio, se trata de contratos individualizados
en su fisonomía y regulación jurídica, los mismos guardaban relación de
dependencia entre ellos, situación suficiente para considerarlos como
pactos coligados o conexos», sin que pueda decirse que el
mandato podía ser «retirado unilateralmente», pues a la par de lo
previsto en el artículo 1279 del Código de Comercio, la
demandada solo podía finiquitarlo de existir una justa causa,
lo que no se acreditó. En resumen,
(…) si el poder y el “contrato” estaban vinculados íntimamente y la
señora Zuluaga Jaramillo terminó el primero de los mentados sin
razón justificada, no hay que ir muy lejos para concluir que ese
hecho per se, tuvo graves efectos en la ejecución del proyecto
inmobiliario, en tanto es palmario que Martha Isabel puso en
imposibilidad de cumplir sus débitos a los constructores.
(…)
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19. Y es que, inclusive, si se dejara a un lado la conexidad de los
contratos, es claro que el poder emanó de una obligación principal,
que no era otra que permitir a los constructores, sin limitación,
actuar en nombre de Martha Isabel Zuluaga Jaramillo. (…) aunque
no se trata de una obligación de no hacer (…) por no haber sido
debidamente estipulada en el contrato, lo cierto es que dimitir del
mandato e impedir la expedición de la licencia fue un abierto
incumplimiento del negocio entre las partes, motivo suficiente para
sacar avante la súplica judicial de los accionantes, pues además de
estar probada la inobservancia de la demandada, se configuró el
nexo causal requerido para la prosperidad de la acción.
3.- La improcedencia de la reconvención emerge de que
Martha Isabel Zuluaga no acreditó el incumplimiento culposo
de los deudores Gartner Caballero y Mendoza Saray, respecto
al negocio inmobiliario, presupuesto esencial para la
prosperidad de la acción de responsabilidad civil contractual,
por lo que se ratificará su negativa.
4.- En cuanto a la tasación de la condena en perjuicios
patrimoniales, refirió el Tribunal:
La indemnización para resarcir, en términos generales,
«supone regresar a la víctima a una situación igual o semejante a la que
tenía antes de ocurrir el hecho lesivo», por lo que en su
cuantificación se deberá atender el principio de la reparación
integral, a la par de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 446
de 1998 y el canon 283 procesal.
En este caso, los accionantes reclamaron la restitución
de los $240.000.000 anticipados, más intereses moratorios
de esa suma, sin embargo, «aunque, en línea de principio, procede
la actualización de los rubros para determinar su valor en tiempo
presente, ello no comporta lucro cesante en sí mismo, pues su causación
no encuadra en la definición de “ganancia o provecho que deja de
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reportarse”, según el canon 1614 civil». Por lo anterior, la
liquidación se elaborará teniendo en cuenta,
Que el 12 de mayo de 2016 se pagaron $200.000.000 y, luego, el
17 de mayo de 2017, los demandantes giraron $40.000.000 a la
accionada. Aunado, los cálculos se efectuarán con sustento en el
Índice de Precios al Consumidor más reciente, conforme el canon
283 procesal, el cual prevé la obligación de “extender la condena en
concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia”.
(…)
En consecuencia, los rubros a reconocer a título de daño emergente
por los anticipos de 12 de mayo de 2016 y 17 de mayo de 2017,
corresponden a $296.308.360.50 y $56.783.187,68, para un total
de $353.091.548.18.
5.- De manera separada estudió las pretensiones
relacionadas con el daño emergente correspondiente a los
costos de la inversión para la licencia de construcción y el
lucro cesante dejado de percibir de acuerdo a la
«prefactibilidad» del proyecto, para concluir que «el daño
emergente por costos y el lucro cesante dada la prefactibilidad
inmobiliaria no saldrán avante», pues si bien en materia de
indemnización de perjuicios rige el principio de reparación
integral, éste no releva a los lesionados del deber de
demostrar a cuánto ascienden los mismos.
III.- DEMANDA DE CASACIÓN
Se formularon dos cargos, sin embargo, dado que
mediante AC4563-2024, se declaró inadmisible el primero,
solo se analizará el segundo.
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Con fundamento en la causal primera del artículo 336
del Código General del Proceso, se acusó la sentencia de
violar, por falta de aplicación, los artículos 884 del Código de
Comercio y 65 de la Ley 45 de 1990.
Para sustentarlo, el recurrente comenzó por referir el
contenido de las pretensiones formuladas en la demanda, y
afirmó que el yerro del Tribunal se concreta a que, aunque
concluyó que la demandada fue la contratante incumplida,
al resolver respecto de las condenas solicitadas, consideró,
«En el caso que nos atañe, se tiene que Boris y Álvaro reclamaron la
restitución de los $240.000.000 anticipados, más los intereses
moratorios de esa suma. Sin embargo, aunque, en línea de principio,
procede la actualización de los rubros para determinar su valor en tiempo
presente, ello no comporta lucro cesante en sí mismo, pues su causación
no encuadra en la definición de “ganancia o provecho que deja de
reportarse”, según el canon 1614 civil».
Desde su punto de vista, el fallador pasó por alto que en
la demanda se solicitó el pago de intereses mercantiles
moratorios sobre las sumas que se entregaron a la accionada
en desarrollo del negocio jurídico celebrado, esto es,
$240.000.000, y no concedió tales intereses, sino que ordenó
su actualización con el índice de precios al consumidor IPC.
De ese modo, el Tribunal vulneró de manera directa los
artículos 65 de la Ley 45 de 1990 y 884 del Código de
Comercio, que regulan los intereses comerciales moratorios,
«pues no los concedió –debiendo hacerlo, por haber sido pedidos en
forma expresa en la demanda- a pesar de concluir que la demandada
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incumplió el contrato de mandato mercantil por la injusta revocatoria del
poder que hizo».
En refuerzo de su argumento, refiere que en la sentencia
CSJ SC514-2023, al resolver un asunto similar al presente,
esta Sala señaló, «Ese panorama de inmediato revela la infracción
directa del artículo 884 del Código de Comercio, por falta de aplicación,
toda vez que el Tribunal lo dejó de lado e indexó la utilidad reconocida,
sin advertir que, al tratarse de una obligación dineraria que nació en una
relación material de carácter comercial, era dable hacer actuar tal
disposición en concordancia con los artículos 1608, 1613, 1615 y 1617
del Código Civil».
En consecuencia, solicita casar parcialmente la
sentencia impugnada y, en su lugar, como Tribunal de
instancia, modificar su parte resolutiva, específicamente,
condenar a la demandada de restituir los $240.000.000 con
los correspondientes intereses moratorios del artículo 884
del Código de Comercio, en la forma pedida en la demanda.
IV.- CONSIDERACIONES
1.- Limitación de la impugnación.
El alcance del recurso extraordinario es apenas parcial
y se concreta al desacuerdo del recurrente con la
determinación del ad quem de disponer la indexación de las
sumas que la demandada debe restituir, en vez de ordenar el
pago de intereses en la forma prevista en el artículo 884 del
Código de Comercio, tal como fue pedido en la demanda. Por
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ende, los demás aspectos del fallo de segunda instancia
quedan por fuera de análisis en esta sede.
2.- De la actualización de sumas dinerarias objeto de
restitución en los procesos de responsabilidad civil
contractual.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, la
necesidad de actualizar las sumas dinerarias que a manera
de prestaciones mutuas deben reconocerse en una sentencia
judicial, tiene su fundamento en evitar su envilecimiento por
efectos de la pérdida del poder adquisitivo y obedece a
motivos de equidad que, a la luz del artículo 230 de la
Constitución, es un criterio auxiliar de la interpretación
judicial. Además, entre las razones que conllevan al
reconocimiento del reajuste monetario, se encuentran la
plenitud o integridad del pago, así como la necesidad de
preservar el equilibrio contractual y de evitar un
enriquecimiento injustificado de alguno de los contratantes.
Respecto de la viabilidad de actualizar la orden de pago
de las obligaciones dinerarias y en particular sobre el
fundamento de la completitud del pago, en CSJ SC 19 nov.
20012, exp. 6094, la Sala precisó:
Como se sabe, para que el pago, concebido como arquetípico modo
de extinguir las obligaciones, produzca efectos liberatorios,
suficientes para diluir el débito preexistente, debe ser completo, lo
que implica que corresponde al deudor hacerlo “bajo todos respectos
en conformidad al tenor de la obligación” (art. 1627 C.C.),
comprendiendo no sólo el capital, sino también “los intereses e
indemnizaciones que se deban” (inc. 2 art. 1649 ib.).
2 Reiterada en CSJ SC 15 ene. 2009, expediente 2001-00433.
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Este principio: el de la integridad del pago, por regla, presupone
que, tratándose de obligaciones dinerarias insolutas, debe existir
equivalencia cualitativa –y no simplemente cuantitativa- entre las
unidades monetarias entregadas por el acreedor y aquellas con las
que el deudor pretende solventar su prestación, si se tiene en cuenta
que, como efecto del inexorable, amén de implacable transcurso del
tiempo, la moneda se ve afectada –las más de las veces y,
particularmente en países con economías deficitarias o inestables-
por procesos inflacionarios que erosionan y, por contera, desdibujan
su poder adquisitivo.
Es por ello por lo que la Corte ha expresado, que el pago no será
completo, “especialmente respecto de deudores morosos de
obligaciones de dinero, cuando éstos pagan con moneda
desvalorizada, o sea, sin la consiguiente corrección monetaria, pues
en tal evento se trata de un pago ilusorio e incompleto, como
acertadamente lo sostienen la doctrina y la jurisprudencia, no sólo
nacional sino foránea, la cual insiste en que si la obligación no es
pagada oportunamente, se impone reajustarla, para representar el
valor adeudado, porque esa es la única forma de cumplir con el
requisito de la integridad del pago” (se subraya; cas. civ. de 30 de
marzo de 1984, CLXXVI, pág. 136. Vid: Sents. de 24 de abril de
1979, CLIX, pág. 107; de 15 de septiembre de 1983, CLXXII, pág.
198; de 19 de marzo de 1986, CLXXXIV, pág. 24; de 12 de agosto
de 1988, CXCII, pág. 71 y de 24 de enero de 1990, CC, pág. 20).
3.- De la denominada «indexación indirecta».
En materia comercial el legislador colombiano por vía
de intereses aplicables a las obligaciones de esa índole,
estableció un mecanismo de actualización monetaria que la
jurisprudencia y la doctrina han llamado de «indexación
indirecta», toda vez que el artículo 884 del Código de Comercio
recurre a una tasa de interés legal moratorio que entre otros
factores incluye un componente inflacionario, lo que
comporta también un reajuste de la prestación adeudada,
por la pérdida de su poder adquisitivo.
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Sobre esa modalidad de indexación, esta Corporación
en CSJ SC 9 nov. 2001, exp. 60943, hizo una importante
disertación, precisando que al lado de los mecanismos de
ajuste de las obligaciones pecuniarias conocidos como
directos,
(…) también corre pareja la apellidada indexación indirecta,
modalidad que presupone que “la deuda dineraria –por regla- sigue
aferrada al principio nominalístico, y los índices de corrección se
aplican por vía refleja, en situaciones particulares” 4, una de cuyas
principales expresiones es la tasa de interés que incluye la inflación
(componente inflacionario) y que, por ende, “conlleva al reajuste
indirecto de la prestación dineraria”5, evento en el cual resulta
innegable que ella, además de retribuir –y, en el caso de la
moratoria, resarcir- al acreedor, cumple con la función de
compensarlo por la erosión que, ex ante, haya experimentado la
moneda (función típicamente dual).
A este respecto ha señalado la Corte que, “dado el sistema de
fijación del interés legal moratorio que consagran los artículos 883
–hoy 65 Ley 45/90- y 884 del Código del ramo, cuando los jueces
condenan al pago de intereses de esta naturaleza se están
remitiendo a una tasa que, también, comprende el resarcimiento por
la pérdida del poder adquisitivo del dinero” (se subraya; cas. civ.
de 24 de enero de 1990; CC, pág. 22), aspecto éste de especial
importancia, si se considera que tales normas develan el inequívoco
criterio adoptado por el legislador comercial para la determinación
del interés corriente, referido a una actividad que, como la bancaria,
además de estar sujeta a la inspección y vigilancia del Estado (art.
335 C.Pol.), tiene una acentuada incidencia en la economía, y
presupone, por definición legal, profesionalismo y ánimo de lucro,
entre otros factores (arts. 10 y 20 nral. 7 C. de Co.; 2º, 6º y 46 Dec.
663/93), lo que permite suponer que el interés que dichas entidades
cobran en sus distintas operaciones activas, es el reflejo o corolario
del estado de la economía, en general. (Subraya intencional).
Posteriormente, en CSJ SC11631-2015, se expuso,
Lo que sucede es que el interés legal comercial, el cual corresponde
al interés bancario corriente al que alude el artículo 884 del estatuto
3 Reiterada, entre otras, en: CSJ SC 18 nov. 2004, exp. 7287; 15 de enero de 2009,
exp. 2001-00433-01; CSJ SC13 may. 2010, exp. 2001-00161-01 y SC3971 -2022.
4 Roberto M. López Cabana. La indexación de las deudas dinerarias; en Indexación
en el Derecho Argentino y Comparado. Buenos Aires. Depalma. 1979. Pág. 76.
5 Jorge Bustamante Alsina. Indexación de deudas de dinero. En Responsabilidad civil
y otros estudios. Buenos Aires. Abeledo Perrot. 1984. Pág. 166.
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mercantil, se certifica por la Superintendencia Financiera con base
en las ponderaciones de los promedios de las tasas efectivamente
cobradas por los establecimientos de crédito, operación ésta que
atiende las condiciones de oferta y demanda de préstamo de los
recursos; el riesgo inherente a la actividad; el fenómeno
inflacionario de la economía y la devaluación que experimenta la
moneda nacional en el mercado, de ahí que ese tipo de interés
involucra un componente de corrección monetaria y otro de tasa
pura.
Criterio que ha sido ratificado por la Sala en otras ocasiones,
precisando que en la indexación efectuada a través de la tasa de
interés comercial, el índice de corrección monetaria se aplica por vía
refleja (…).
4.- De la indemnización moratoria de obligaciones
pecuniarias derivadas de contratos comerciales.
De conformidad con la jurisprudencia de esta Sala,
tratándose de negocios jurídicos de naturaleza comercial, la
forma adecuada para ajustar monetariamente las sumas de
dinero que deben ser pagadas o restituidas en aquellos
eventos en que las obligaciones contraídas no fueron
atendidas a cabalidad por alguno de los intervinientes, no es
otra que la consagrada en los artículos 65 de la Ley 45 de
19906 y 884 del Código de Comercio7, esto es, mediante el
reconocimiento de intereses mercantiles en la forma prevista
6 ARTÍCULO 65. En las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor
estará obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella. Toda suma que
se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de
una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su
denominación.
7 ARTÍCULO 884. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente;
si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media
veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el
acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de
la Ley 45 de 1990. Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido
por la Superintendencia Bancaria.
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en dichas disposiciones, los cuales llevan aparejado un factor
de indexación.
Al respecto, en CSJ SC19 nov. 2001, exp. 60948, la Sala
precisó:
(…) puede afirmarse que si el deudor de una obligación mercantil de
naturaleza dineraria, está obligado –ope legis- a pagar intereses en
caso de mora (art. 65, Ley 45 de 1990); si ese deudor, por mandato
de la ley, debe reconocerle a su acreedor una tasa de interés, la
cual, como se anotó, cubre la desvalorización de la moneda, debe
concluirse que, tratándose de dichas obligaciones, el legislador, por
vía de los intereses, consagró un mecanismo de indexación indirecta
–o refleja- que excluye la posibilidad de reclamar un reajuste
complementario o de prohijar un camino diferente para el
reconocimiento de la corrección monetaria, como sería, por vía de
ejemplo, la actualización del valor originario, para aplicar sobre el
resultado una tasa de interés pura, toda vez que las vías indirectas
de indexación “no operan para producir la ‘repotenciación’ de una
‘suma determinada’ histórica, sino que concretan cierta expresión
en moneda actual”9. Y como la modalidad adoptada por el
legislador comercial para ajustar las obligaciones dinerarias en
caso de mora del deudor, privativamente fue la de los intereses, no
es posible, ad libitum, acudir a otra metodología, a pretexto de ser
más decantada o diferente el resultado aritmético, de suerte que el
juzgador, por su específica naturaleza imperativa, no puede
soslayar la preceptiva legal para transitar, en el punto, por un
sendero trazado a su talante, como quiera que “la revalorización del
crédito…no debe hacerse matemática e indiscriminadamente, pues
se corre el peligro de caer en graves injusticias sociales”10, a fortiori,
cuando se tiene establecido, a modo de inquebrantable criterio
rector, que cuando se reconocen intereses se está igualmente
actualizando la suma primigeniamente adeudada (cas. civ. de 24
de enero de 1990, CC, pág 22; cas. civ. de 18 de septiembre de
1995, CCXXXVII, pág. 911, entre otros).
En CSJ SC 25 abr. 2003, expediente 7140, se reiteró el
criterio expuesto con anterioridad, en el sentido que, «En
materia mercantil, según lo precisó la Corte en su sentencia del 19 de
8 Reiterada, entre otras, en CSJ SC15 ene. 2009, expediente 2001-00433-01 y en Y
en CSJ SC13 may. 2010, expediente 2001-00161-01
9 Atilio Anibal Alterini. Nominalismo, inflación y tasa de interés. En Responsabilidad
Civil. Medellín. Dike. 1995. Pág. 395.
10 Acdeel Ernesto Salas. Problemática jurídica de la desvalorización. En Ajuste
de Obligaciones por depreciación monetaria. Montevideo. Acali. 1977. Pág. 172.
Radicación n° 11001 31 03 010 2018 00493 01
17
noviembre de 2001, el legislador adoptó un mecanismo de indexación
indirecta de las obligaciones pecuniarias de tal naturaleza, engastado
en los intereses previstos en dicha normatividad».
Más recientemente, en CSJ SC3971-2022 la Sala señaló
que esta Corporación desde tiempo atrás «ha insistido en que el
régimen aplicable para la actualización de obligaciones dinerarias de
estirpe mercantil es a través de las pautas dispuestas en el
ordenamiento de dicha especialidad», así como en la «procedencia de
la indexación indirecta a las obligaciones mercantiles, como método
legalmente admisible para la actualización de sumas dinerarias», al
tiempo que efectuó una importante reseña jurisprudencial
acerca de esa postura, para precisar que, «el Código de Comercio,
regulador de aquellas actividades, prevé directrices específicas en
cuanto al manejo de obligaciones dinerarias, respecto de las cuales
autoriza -aun sin pacto expreso de las partes- el reconocimiento de
intereses bancarios», y puntualizó, además,
(…) tratándose de un negocio jurídico mercantil, que al tenor del
artículo 22 del Código de Comercio, para su solución deben
aplicarse las disposiciones de dicho ordenamiento, concretar la
actualización con los intereses bancarios, además de ajustarse a la
normatividad que gobierna dichas relaciones, también cumple ese
fin restaurativo de la equidad, permitiendo que el comerciante
afectado sea restituido en forma completa, máxime cuando el
acreedor de la obligación reclame, expresamente, en su demanda
que se reconozca a su favor el pago de intereses comerciales.
5.- Análisis concreto del cargo
5.1.- La sentencia impugnada se profirió en el marco de
un proceso de responsabilidad civil contractual en el cual la
parte convocante reclamó declarar la existencia del contrato
y que la demandada fue contratante incumplida; en forma
consecuencial, pidió condenar a la convocada a resarcir los
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18
perjuicios causados que, en resumen, agrupó en dos
conceptos: i) daño emergente consistente en la restitución de
los dos pagos realizados que ascendieron a $240.000.000 y,
ii) Lucro cesante «a título indemnización moratoria» sobre la base
de la restitución de los dos pagos, así:
Se solicita el pago de ciento cuarenta millones seiscientos
sesenta y dos mil pesos ($140.662.000) a título de
indemnización moratoria a la máxima tasa mercantil por
ochocientos cuarenta y un (841) días de mora, contados desde la
fecha del pago, es decir, doce (12) de mayo de dos mil dieciséis
(2016) y con corte el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho
(2018), sin perjuicio de su continua causación hasta el momento del
pago efectivo» y
(…) Se solicita el pago de quince millones doscientos dieciocho
mil pesos (15.218.000) a título de indemnización moratoria a la
máxima tasa mercantil por cuatrocientos setenta y un (440) [sic]
días de mora, contados desde la fecha del pago, es decir, el
diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017) y con corte el
treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), sin perjuicio
de su continua causación hasta el momento del pago efectivo”.
Aunque la sentencia de segunda instancia fue favorable
a los iniciales demandantes en lo que atañe al éxito de las
pretensiones declarativas en mención, las consecuenciales
de condena no fueron acogidas en la forma pedida.
Particularmente, para denegar el reconocimiento de los
«intereses moratorios» solicitados sobre las sumas que en
cumplimiento del acuerdo negocial los accionantes le
entregaron a la convocada, el Tribunal señaló que ellos
reclamaron la restitución de los $240.000.000 anticipados
«más intereses moratorios de esa suma. Sin embargo, aunque, en línea
de principio, procede la actualización de los rubros para determinar su
valor en tiempo presente, ello no comporta lucro cesante en sí mismo,
pues su causación no encuadra en la definición de “ganancia o provecho
que deja de reportarse”, según el canon 1614 civil».
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19
En lo concerniente a la naturaleza del contrato, la
corporación razonó que el negocio inmobiliario y el poder
conferido por Martha Isabel Zuluaga a los constructores,
aunque eran convenios diferentes en cuanto a su finalidad,
obedecían a un mismo designio y, como consecuencia de ello,
estuvieron íntimamente unidos dado que ambos tenían un
objetivo común: desarrollar las fases del Proyecto
Arquitectónico de Interés Social – Agrupación Habitacional
Terrazas de Gavilanes, y precisó, «pese a que, en línea de principio,
se trata de contratos individualizados en su fisonomía y regulación
jurídica, los mismos guardaban relación de dependencia entre ellos,
situación suficiente para considerarlos como pactos coligados o
conexos», sin que pueda decirse que el mandato podía ser
«retirado unilateralmente», pues a la par de lo previsto en el
artículo 1279 del Código de Comercio, la demandada solo
podía finiquitarlo de existir una justa causa, lo que no se
acreditó.
En esa medida, es claro que el fallador de segundo
grado, por la vía de la conexidad negocial, reconoció el
carácter comercial de la relación jurídica que vinculó a los
litigantes en este juicio pues esa connotación le confirió al
mandato que fuera revocado por la demandada y que, a la
postre, constituyó el detonante del deducido incumplimiento
contractual generador de la responsabilidad civil declarada
en su sentencia. Como frente a ese aspecto ningún reproche
se formuló, resulta pacífico en esa sede extraordinaria.
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20
5.2.- Ahora bien, tratándose de contratos de carácter
comercial, el artículo 884 del Código de Comercio, modificado
por el 111 de la Ley 510 de 1999, dispone, «[c]uando en los
negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se
especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las
partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y
media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de
estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990».
Por su parte, el artículo 65 Ley 45 de 1990 señala, «[e]n
las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor estará
obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella» y añade
que, «[t]oda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple
retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá
como interés de mora, cualquiera sea su denominación».
Es claro que los preceptos del Código de Comercio y
complementarios de la misma índole, son los llamados a regir
la definición de las controversias que versen sobre los réditos
del capital invertido en los contratos comerciales que llegaren
a reclamarse a título de «indemnización moratoria», de allí que la
mencionada metodología conocida como «indexación indirecta»
sea la aplicable en los casos de responsabilidad contractual
de origen mercantil, por lo que el juzgador debe tenerla en
cuenta en forma imperativa para resolver sobre ese tipo de
reclamos, pues, como se reseñó en precedencia, si el
legislador comercial, «instituyó un mecanismo de indexación
indirecta a través de los intereses, no puede el intérprete abogar por una
metodología divergente para obtener el ajuste de la obligación dineraria,
toda vez que ello traduciría, en últimas, el desconocimiento de normas
Radicación n° 11001 31 03 010 2018 00493 01
21
que, en lo pertinente, son de obligatorio cumplimiento y observancia».
(CSJ SC 19 nov. 2001, exp. 6094).
5.3.- En este caso quedó en evidencia que, con completo
desconocimiento del carácter comercial del negocio jurídico
que vinculó a las partes y pasando por alto la expresa
pretensión de pago de intereses moratorios a la «máxima tasa
mercantil» reclamada por la parte demandante a manera de
indemnización, el Tribunal se limitó a decir que «ello no
comporta lucro cesante en sí mismo, pues su causación no encuadra en
la definición de “ganancia o provecho que deja de reportarse”, según el
canon 1614 civil», y ordenó la actualización de los dineros que
debían ser restituidos a los demandantes con base en el
índice de precios al consumidor -IPC- más reciente «conforme
el canon 283 procesal, el cual prevé la obligación de “extender la condena
en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia”».
Puestas de ese modo las cosas, en la determinación
censurada el Juzgador colegiado incurrió en afrenta directa,
por falta de aplicación, del artículo 884 del Código de
Comercio que era la norma de carácter sustancial llamada a
disciplinar la actualización de las sumas de dinero
entregadas a la contratante incumplida y a definir la
viabilidad de la pretensión indemnizatoria de perjuicios; en
vez de ello, optó por aplicar otra forma de indización
monetaria -variación del IPC-, como si en una determinación
de ese talante fuera admisible su discrecionalidad, dejando
de lado la naturaleza comercial del asunto y las expresas
disposiciones legales que lo regulan.
Radicación n° 11001 31 03 010 2018 00493 01
22
Al respecto, en CSJ SC 19 de noviembre de 2001,
expediente 6094, esta Sala en forma categórica expuso:
Ahora bien, aunque la Corte ha registrado de tiempo atrás la
necesidad de indexar –actualizar o revaluar- ciertas obligaciones
que se ven afectadas por la inflación (cas. civ. de 24 de abril y
noviembre 19 de 1979, entre otras, CLIX, págs. 107 y 321), a dicho
reconocimiento no se le apareja que los Jueces puedan determinar
libre y espontáneamente la manera como ese ajuste debe hacerse,
pues al margen de las cláusulas que –según el caso- las partes
válidamente pueden acordar con ese específico cometido,
corresponde antes que todo verificar si el legislador, aun cuando no
consagre expresamente el deber de corregir monetariamente
determinada obligación, ha establecido una metodología especial
que deba seguirse para preservar la capacidad de compra del
dinero, ya que sólo en defecto de ella podrá el juzgador señalarla,
claro está que con sujeción a los principios generales del derecho,
como lo ha precisado de antaño esta Corporación. En otros
términos, los mecanismos de revalorización de las obligaciones no
pueden dejarse –en todos los eventos- al fuero del fallador, sino que
deben responder, en línea de principio, a unas pautas o directrices
de carácter legal o convencional que le confieran seguridad y
certeza a las relaciones jurídicas. (Subraya intencional).
En forma más puntual, en el mismo proveído la Sala
señaló,
(…) como la modalidad adoptada por el legislador comercial para
ajustar las obligaciones dinerarias en caso de mora del deudor,
privativamente fue la de los intereses, no es posible, ad libitum,
acudir a otra metodología, a pretexto de ser más decantada o
diferente el resultado aritmético, de suerte que el juzgador, por su
específica naturaleza imperativa, no puede soslayar la preceptiva
legal para transitar, en el punto, por un sendero trazado a su
talante, como quiera que “la revalorización del crédito…no debe
hacerse matemática e indiscriminadamente, pues se corre el peligro
de caer en graves injusticias sociales” , a fortiori, cuando se tiene
establecido, a modo de inquebrantable criterio rector, que cuando
se reconocen intereses se está igualmente actualizando la suma
primigeniamente adeudada (cas. civ. de 24 de enero de 1990, CC,
pág 22; cas. civ. de 18 de septiembre de 1995, CCXXXVII, pág. 911,
entre otros).
Esta postura fue ratificada por la Sala en SC 25 abr.
2003, expediente 2001-00433, así:
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23
En consideración al fenómeno inflacionario que ordinariamente se
presenta durante el tiempo transcurrido entre la fecha de la
recepción del dinero y la devolución, el cual trae como efecto la
pérdida o disminución de su valor adquisitivo, desde hace varios
lustros la jurisprudencia ha sido constante en disponer el
correspondiente reajuste monetario con el fin de corregir la
depreciación experimentada por la moneda, pues no de otra manera
se logra el efecto retroactivo de la sentencia, porque si ella tenía al
tiempo de celebrarse el contrato un determinado poder de compra,
la parte que hizo entrega del dinero sólo puede considerarse
restablecida a la situación preexistente al acuerdo contractual,
recibiendo una cantidad de dinero con un poder adquisitivo
equivalente.
3. En materia mercantil, según lo precisó la Corte en su sentencia
del 19 de noviembre de 2001, el legislador adoptó un mecanismo
de indexación indirecta de las obligaciones pecuniarias de tal
naturaleza, engastado en los intereses previstos en dicha
normatividad. En la modalidad indicada, señaló la Corporación,
'"...la deuda dineraria -por regla- sigue aferrada al principio
nominalístico, y los índices de corrección se aplican por vía refleja,
en situaciones particulares"4, una de cuyas principales expresiones
es la tasa de interés que incluye la inflación (componente
inflacionario) y que, por ende, "conlleva el reajuste indirecto de la
prestación dineraria"5, evento en el cual resulta innegable que ella,
además de retribuir -y, en el caso de la moratoria, resarcir- al
acreedor, cumple con la función de compensarlo por la erosión que,
ex ante, haya experimentado la moneda (función típicamente
dual)'.
Por la circunstancia anotada consideró que si "... el pago, a manera
de segmento cuantitativo, involucra el reconocimiento de intereses
legales comerciales, no pueden los jueces, con prescindencia de
toda consideración especial, ordenar igualmente el ajuste monetario
de la suma adeudada, específicamente cuando los réditos que el
deudor debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto que,
sean ellos remuneratorios o moratorios, el interés bancario corriente
que sirve de base para su cuantificación (art. 884 C. de Co.), ya
comprende, per se, la aludida corrección", explicando que "... la tasa
de interés monetaria -distinta de la pura, esto es, la concerniente al
reconocimiento privativo del uso del capital-, se desdobla en
diversos factores, v.gr: el rédito propiamente dicho; una tasa de
seguridad por el riesgo asumido por el prestamista (tasa de riesgo);
gastos de operación; monto compensatorio derivado del proceso
inflacionario (tasa de inflación), entre otros conceptos admitidos por
la jurisprudencia, por la doctrina6 y por la autoridad encargada -en
Colombia- de la inspección y vigilancia de las instituciones
financieras,7 de modo que, en tratándose de esta clase de tasas,
específicamente de la bancaria corriente (art. 884 C. de Co.), puede
afirmarse sin hesitación alguna que su función, en la hora de ahora,
Radicación n° 11001 31 03 010 2018 00493 01
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no se reduce tan solo a determinar el precio por el uso del dinero,
sino que también tiene el propósito, así sea indirecto, de compensar
al acreedor por el deterioro cualitativo que éste sufra, en el
entendido, claro está, de la irrupción y preservación del fenómeno
inflacionario en la economía”11.
5.4.- En consecuencia, evidenciado como quedó el
quebrantamiento directo de la norma comercial citada por
falta de aplicación en la solución del caso, se impone casar
parcialmente el fallo impugnado y en esta misma providencia
se emitirá la de reemplazo en lo concerniente al cargo
acogido, sin que haya lugar a imponer condena en costas por
el recurso extraordinario, dado que resultó exitoso, conforme
al numeral primero del artículo 365 del Código General del
Proceso.
V.- SENTENCIA SUSTITUTIVA PARCIAL
Teniendo en cuenta que el alcance de la acusación que
resultó próspera en esta sede está restringido al específico
aspecto de la indemnización moratoria, a ese punto se limitará
la actividad de la Corte actuando en sede de segunda
instancia.
1.- A tono con el artículo 1608 del Código Civil, aplicable
al caso por expresa remisión del artículo 822 del Código de
Comercio, el deudor está en mora: i) cuando no ha cumplido
la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley,
en casos especiales, exija que se requiera al deudor para
constituirlo en mora; ii) cuando la cosa no ha podido ser dada
11 A su vez reiterada en SC11331-2015
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25
o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha
dejado pasar sin darla o ejecutarla; iii) en los demás casos,
«cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor».
En este asunto, para el Tribunal las obligaciones
plasmadas en el contrato no estaban sometidas a plazos
específicos, sino a condición suspensiva, en ese sentido
expuso:
Y fijado este punto, adviértase que, aunque en el cuerpo del contrato
no se fijó expresamente el momento en el cual se cumplirían cada uno
de los débitos, de acuerdo a la normatividad sustancial, se recuerda
que las obligaciones no siempre están sujetas a acaecimiento de un
plazo (artículos 1551 a 1555 del Código Civil), pues además de los
deberes simples y puros cuyo nacimiento y exigibilidad coinciden en
el mismo tiempo, los compromisos condicionales o modales surgen a
la vida jurídica con la ocurrencia de una situación particular (cánones
1530 a 1550 ibidem).
(…)
De donde aflora sin mayor miramiento, que la entrega del predio y
la obtención de la licencia urbanística, se instituyó como condición
para que el proyecto avanzara a la segunda fase, esto es, el loteo, la
construcción y la venta de las unidades habitacionales de interés
social e interés prioritario.
Por ende, si la mencionada aprobación para la obra no se expidió por
la Curaduría, en razón a la revocatoria del poder de Martha Isabel al
señor Mendoza, es prístino que el incumplimiento que se reclamó
respecto a las obligaciones de las etapas operativa y posoperativa no
es un aspecto que deba verificar el Tribunal pues, ante la falta de
ocurrencia de la preanotada condición suspensiva, es palmario que
estos deberes nunca surgieron a la vida jurídica.
Como ha señalado la jurisprudencia, “si hay condición, su nacimiento
se contrae a la realización del acontecimiento futuro e incierto, desde
luego posible y definido (arts. 1530 y 1536 C.C.)”, hecho que,
ciertamente, no subyace del plenario por cuanto – se reitera – la
licencia de construcción no se expidió por el deseo de Martha Isabel
Zuluaga Jaramillo de desistir del negocio.
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Ante la calificación de «condicionales» que el juzgador le
confirió a las obligaciones contraídas por las partes
enfrentadas en este proceso, debe tenerse en cuenta que, a
la luz del artículo 1542 del Código Civil, el cumplimiento de
una obligación de esa naturaleza no puede exigirse «sino
verificada la condición totalmente» y como el negocio jurídico no
tuvo buen suceso por el incumplimiento atribuido a la
demandada, resulta palmario que, al tenor del artículo 1608
del mismo estatuto, es este uno de los eventos en el deudor
de la prestación -en este caso el obligado a restituir el pago
recibido de sus contradictores- solo puede entenderse que
está en mora cuando «ha sido judicialmente reconvenido por el
acreedor».
2.- La viabilidad de la indemnización de perjuicios
reclamada emana de la conclusión a la que llegó el juzgador
de segunda instancia, al declarar que la demandada es «civil y
contractualmente responsable» de los daños irrogados a los
accionantes, «con ocasión del incumplimiento del denominado
“contrato”, celebrado entre las partes el 12 de mayo de 2016», pues
según lo tiene decantado la doctrina, los intereses moratorios
«se pagan en concepto de indemnización por el perjuicio que experimenta
el acreedor por el retardo en obtener la restitución del capital o el pago de
las sumas adeudadas»12.
Ahora bien, pese a que, de manera un tanto ambigua, los
demandantes en sus pretensiones de condena pidieron que se
les reconociera el «lucro cesante a título de indemnización moratoria»,
12 Bustamante Alsina, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. 5° ed,
Abeledo – Perrot, 1987, pág. 236.
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respecto de las sumas pagadas y que igualmente pidieron les
fueran restituidas -por concepto de daño emergente-; no
puede desconocerse que formularon aquel reclamo por la vía
del pago de intereses a la «máxima tasa mercantil», lo que significa
que eligieron la forma adecuada para hacerlo, dado que se
refieren a los réditos de una obligación de carácter dinerario.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, al tenor del
artículo 1617 del Código Civil, cuando la obligación es de
pagar una cantidad de dinero, entre las reglas que definen la
indemnización de perjuicios por la mora se destaca la
consagrada en el numeral 2°, conforme al cual, «el acreedor no
tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta
el hecho del retardo», regulación que se fundamente en la
presunción legal de que el dinero por su misma significación,
tiene una aptitud natural de producir réditos, y que,
precisamente, esos son sus frutos civiles, de conformidad con
el artículo 717 del Código Civil. Sobre ese aspecto la doctrina
especializada sostiene que «la obligación pecuniaria es una suerte de
obligación privilegiada, en la medida en que el acreedor no necesita
demostrar el daño producido, pues se entiende que en ese tipo de
obligaciones el retraso, en virtud del sistema financiero, produce daño
siempre»13.
Esta disposición general resulta aplicable al caso por la
integración que dispone el artículo 822 del Código de
Comercio, pero debe destacarse que en lo que atañe a la
modalidad de los intereses exigibles y a sus particularidades,
13 Diez Picazo, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Volumen Segundo,
Las Relaciones Obligatorias, 5° ed. Civitas, Madrid, 1996, pág. 636.
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sí existe norma de carácter especial, como lo es el canon 884
ibidem, que por lo mismo es la llamada a regir la definición del
reclamo de tutela jurisdiccional relacionada con la
indemnización de perjuicios derivada del incumplimiento
contractual de la demandada, solicitada en términos de
intereses comerciales moratorios sobre las sumas de dinero
que ella debe restituirle a los promotores de la litis.
Sobre este tópico, en CSJ SC514-2023, la Sala
puntualizó:
Con otras palabras, en los negocios mercantiles en que las partes no
hayan convenido intereses de mora y la ley tampoco supla ese
silencio, estos se deducen de armonizar el artículo 884 del Código de
Comercio con las reglas que en materia civil regulan los perjuicios
materiales, sobre todo porque esa integración es dable en virtud de la
remisión expresa autorizada por el artículo 822 ibidem, que sirve de
puente para acoplar ambas disciplinas jurídicas, pues tal integración
sistemática y lógica pone al descubierto, ministerio legis, la obligación
del deudor de una suma dineraria de carácter mercantil de pagar
intereses sancionatorios desde que ha incurrido en mora y a partir de
ella, aunado a que el dinero es un bien que está llamado a producir
intereses (CSJ SC1230-2018), lo cual constituye una regla de la
experiencia de indiscutible vigencia.
3.- En las circunstancias descritas, para efectos de
establecer a partir de qué momento la señora Martha Isabel
Zuluaga Jaramillo estaba en mora de restituir el dinero a los
demandantes, es necesario tener en cuenta lo preceptuado en
el inciso segundo del artículo 94 del Código General del
Proceso, en el sentido que, la notificación del auto admisorio
de la demanda produce el efecto del requerimiento judicial
para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para
tal fin, y que los efectos de la mora solo se producirán a partir
de la notificación, acto procesal que se surtió al finalizar el 14
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de marzo de 2019, esto es, al día siguiente de la notificación
por aviso en el lugar de destino14, conforme lo prevé el artículo
292 del Código General del Proceso.
4.- Teniendo en cuenta que los demandantes a título
de indemnización de perjuicios solicitaron la condena al pago
de intereses de mora «a la tasa máxima mercantil» sobre las
sumas pagadas a la demandada, se accederá a ese
pedimento, pero no desde la fecha del pago, sino desde el día
siguiente a aquella en que se puede predicar que la deudora
se constituyó en mora, esto es, de la notificación de la
demanda que también tuvo ese efecto, pues al tenor del
artículo 1615 del Código Civil, «se debe la indemnización de
perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora».
Por tratarse de la responsabilidad emanada del
incumplimiento de un negocio de carácter mercantil, la
condena al pago de los intereses moratorios comerciales lleva
implícita la actualización monetaria, de manera que no hay
lugar a reconocer ningún otro componente por el mismo
concepto.
En conclusión, se condenará a la convocada a restituir
a los demandantes, dentro del término que se indicará en la
parte resolutiva, la suma de $240.000.000 recibida como
parte del precio acordado, más intereses moratorios,
generados desde el 15 de marzo de 2019, hasta la fecha en
que se profiere el presente fallo sustitutivo (art. 283 C. G. P.),
14 Cfr. folio 375 del archivo 01c01principalparte1.pdf
Radicación n° 11001 31 03 010 2018 00493 01
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de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio,
teniendo en cuenta las fluctuaciones de la tasa del interés
bancario corriente certificado por la Superintendencia
Financiera.
VI.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: Casar parcialmente la sentencia proferida el
7 de diciembre de 2023, por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito de Bogotá, en el proceso declarativo
promovido por Boris Herman Gartner Caballero y Álvaro
Rafael Mendoza Saray contra Martha Isabel Zuluaga
Jaramillo.
Segundo: En consecuencia, el ordinal cuarto de la parte
resolutiva del fallo de segunda instancia queda así:
CUARTO: CONDENAR a Martha Isabel Zuluaga Jaramillo a restituir
a los demandantes Boris Herman Gartner Caballero y Álvaro Rafael
Mendoza Saray, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, la suma de
doscientos cuarenta millones de pesos ($240.000.000); y a manera
de indemnización moratoria, sobre dicha suma pagará intereses
comerciales moratorios de conformidad con el artículo 884 del
Código de Comercio, desde el 15 de marzo de 2019 y hasta la fecha
en que se profiere el presente fallo sustitutivo, teniendo en cuenta
las fluctuaciones de la tasa del interés bancario corriente certificado
Radicación n° 11001 31 03 010 2018 00493 01
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por la Superintendencia Financiera. A partir del término concedido,
se generarán intereses moratorios mercantiles hasta el pago
efectivo.
En lo demás, la providencia de segunda instancia
recurrida en casación, permanece igual.
Tercero: Sin condena en costas en esta sede.
Notifíquese y devuélvase
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de la Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERERAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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