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clave: "corte_suprema:providencia:SC127-2025 [2018-00493-01]"
titulo: "Corte Suprema: la condenó a pagarles la suma de $352.211.730,48 a título de daño emergente"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-02-17"
radicado: "2018-00493-01"
numero: "SC127-2025"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte Suprema: la condenó a pagarles la suma de $352.211.730,48 a título de daño emergente

- **Título oficial / radicado:** SC127-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-02-17
- **Radicado:** 2018-00493-01
- **Número:** SC127-2025
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC127-2025%20%5B2018-00493-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC127-2025%20%5B2018-00493-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI1L0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzIuLSBGZWJyZXJvL1NlbnRlbmNpYXMvU0MxMjctMjAyNSBbMjAxOC0wMDQ5My0wMV0ucGRm/Civil/interpretaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 446 de 1998
- Ley 45 de 1990
- Ley 510 de 1999

## Extracto

En consecuencia, ordenar el resarcimiento de los perjuicios materiales «generados de la responsabilidad civil contractual con indemnización moratoria», discriminados así: En consecuencia, los rubros a reconocer a título de daño emergente por los anticipos de 12 de mayo de 2016 y 17 de mayo de 2017, corresponden a $296.308.360.50 y $56.783.187,68, para un total de $353.091.548.18. En consecuencia, solicita casar parcialmente la sentencia impugnada y, en su lugar, como Tribunal de instancia, modificar su parte resolutiva, específicamente, condenar a la demandada de restituir los $240.000.000 con los correspondientes intereses moratorios del artículo 884 del Código de Comercio, en la forma pedida en la demanda. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; En Ajuste de Obligaciones por depreciación monetaria.

## Texto del documento

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC127-2025
Radicación n° 11001 31 03 010 2018 00493 01
(Aprobado en sesión de treinta de enero de dos mil veinticinco)
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil
veinticinco (2025)
Decide la Corte el recurso de casación formulado por la
parte demandante contra la sentencia proferida el 7 de
diciembre de 2023, por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso declarativo
promovido por Boris Herman Gartner Caballero y Álvaro
Rafael Mendoza Saray contra Martha Isabel Zuluaga
Jaramillo.
I.- ANTECEDENTES
1.- Solicitaron los convocantes declarar que el 12 de
mayo de 2016 celebraron un contrato atípico con Martha
Isabel Zuluaga Jaramillo, el cual fue incumplido por ella. En
consecuencia, ordenar el resarcimiento de los perjuicios
materiales «generados de la responsabilidad civil contractual con
indemnización moratoria», discriminados así:
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- Daño emergente, por restitución del primer pago,
$200.000.000 como capital; y sobre la misma suma, por
lucro cesante, $140.662.000, «a título de indemnización moratoria
a la tasa máxima mercantil por 841 días de mora, contados desde la
fecha del pago, es decir, el 12 de mayo de 2016 y con corte a 31 de
agosto de 2018, sin perjuicio de su continua causación hasta el momento
del pago efectivo».
- Daño emergente, la restitución del pago anticipado de
$40.000.000 como capital, y sobre la misma suma, por lucro
cesante, $15.218.000, «a título de indemnización moratoria a la tasa
máxima mercantil por 440 días de mora, contados desde la fecha del
pago, es decir, el 17 de mayo de 2017 y con corte a 31 de agosto de
2018, sin perjuicio de su continua causación hasta el momento del pago
efectivo».
- Daño emergente estimado en $451.760.366, por pago
de las inversiones realizadas por los demandantes para el
desarrollo del proyecto, según las tarifas oficiales de la
Sociedad Colombiana de Arquitectos, suma que deberá ser
indexada para el momento del fallo.
- Lucro cesante por $10.671.960.238, «de acuerdo con la
factibilidad del año 2018 debidamente conocida por la demandada,
debidamente indexados para el momento en que se produzca el fallo
definitivo y en última instancia».
2.- El sustento fáctico de la demanda es el siguiente1:
1 Fls. 286-294, expediente digital. Cuaderno 01C01principal. Archivo:
01C01PrincipalParte1.
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El 12 de mayo de 2016, las partes celebraron un
contrato «atípico», en el cual se regularon los deberes de los
inversionistas para realizar un proyecto arquitectónico de
interés social en el predio «Los Gavilanes» de propiedad de la
demandada, ubicado en la ciudad de Armenia.
Entre las obligaciones a cargo de Martha Isabel Zuluaga
estaban las de aportar el predio con destino al proyecto
mediante la constitución de un contrato de fiducia, entregar
la documentación pertinente, y autorizar a los demandantes
«por medio de mandato», para que gestionaran todos los
trámites, permisos y licencias requeridas para el proyecto.
Por su parte, Álvaro Rafael Mendoza Saray y Boris
Herman Gartner Caballero, se obligaron a constituir la
sociedad desarrolladora del proyecto una vez contaran con
todos los permisos y licencias, así como a efectuar los pagos
a la demandada, convenidos así: $200.000.000 el día de la
firma del contrato; $100.000.000 a la firma del contrato de
fiducia; $1.635.000.000 el día que el proyecto alcanzara el
punto de equilibrio y $2.365.000.000 en la fecha de
liquidación y finalización del mismo, más un 33,33% de la
utilidad esperada.
El 12 de mayo de 2016, se otorgó el poder requerido
para solicitar los permisos y licencias necesarias para el
proyecto.
El 13 de mayo del mismo año, se constituyó hipoteca
abierta a favor de los demandantes, sin embargo, la escritura
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pública no fue inscrita en el respectivo folio inmobiliario, por
lo que quedó sin efectos.
El 17 de mayo de 2017, pese a las dificultades que
fueron surgiendo para avanzar en los trámites, los
convocantes le entregaron a la accionada otro anticipo por
$40.000.000, no obstante, la Curaduría les informó que ella
había revocado unilateralmente el poder conferido para
actuar frente a esa entidad.
Según el estudio de «pre factibilidad» de 2018, el proyecto
estaría compuesto por 1004 unidades habitacionales y
tendría una utilidad final de $16.007.140.000, de la cual le
correspondería a la demandada un 33.33% y a los
demandantes el 66.67%, esto es, $10.671.960.238.
3.- La accionada se opuso al éxito de las pretensiones y
excepcionó: «culpa exclusiva de la víctima», «contrato no cumplido»,
«ausencia de culpa», «cobro de lo no debido» y «genérica». Además,
formuló contrademanda.
4.- El juez de primer grado negó las súplicas tanto de la
demanda principal como de la de reconvención.
5.- El superior al desatar la apelación formulada por
ambas partes, revocó la sentencia de primer grado.
En su lugar, declaró imprósperas las excepciones
formuladas por Martha Isabel Zuluaga Jaramillo, negó las
aspiraciones de su demanda de reconvención y la declaró
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civil y contractualmente responsable de los daños irrogados
a los demandantes con ocasión del incumplimiento del
contrato celebrado el 12 de mayo de 2016. En consecuencia,
la condenó a pagarles la suma de $352.211.730,48 a título
de daño emergente, que a partir de la ejecutoria de la
providencia devengaría interés civil legal del 6% anual, hasta
que se verifique su pago efectivo, y denegó las demás
pretensiones de la demanda principal.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
Para el Tribunal el problema jurídico a resolver se
concretaba a establecer quién fue el contratante incumplido
y a determinar la existencia del perjuicio. De las pruebas
allegadas al proceso dedujo las conductas contractuales de
las partes, el intercambio de comunicaciones entre ellas y los
distintos inconvenientes que se presentaron en las gestiones
administrativas realizadas en aras de obtener la licencia de
urbanismo para desarrollar el proyecto inmobiliario. A
continuación, razonó:
1.- Aunque es cierto que formalmente el trámite de
licenciamiento se presentó el 12 de septiembre de 2017,
también lo es que, de acuerdo a la versión de la arquitecta de
la Curaduría Urbana No. 2 y el cruce de correos que obra en
el plenario, se acreditó que antes de la presentación definitiva
del proyecto hubo gestiones ante la entidad, con el fin de
verificar los diseños y rectificar los mismos, y que el 15 de
marzo de 2018, el señor Mendoza Saray,
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(…) agotó varias actuaciones ante la Curaduría, con el propósito que
la arquitecta Martínez Ramírez tuviera por cumplidas “las normas
urbanísticas y de edificación vigentes”, hecho que aconteció el 03
de abril siguiente. Acto seguido, el 09 de abril, la Curaduría remitió
los documentos aprobados ante el Departamento de Planeación de
Armenia rindiera concepto sobre el estudio de la referida solicitud
de licencia”, cuyo acuso de recibo fue del 24 de abril. (…) Luego, el
11 de mayo de 2018, la Curaduría requirió se relacionaran las
matrículas de los predios colindantes a la finca “Los Gavilanes”,
cuestión que Mendoza atendió en escrito del 17 de mayo, actuación
suficiente para que, el 28 de mayo, la Curaduría enviara a Álvaro
Rafael “el edicto correspondiente”, fijación que se acató en el diario
La Crónica, el sábado 02 de junio de 2018»
12.16. Finalmente, aunque la Curaduría expidió los recibos para el
pago de la licencia de construcción, los mismos no fueron
entregados a Álvaro, en razón a que, desde el 08 de junio de 2018,
Martha Isabel le retiró sus facultades y constituyó nuevo mandato
a favor del señor Gerardo Antonio Henao Carmona.
Con todo, aunque la terminación del mandato únicamente hizo
alusión a Álvaro Rafael, lo cierto es que, por el poder dado al señor
Henao Carmona, la Curaduría se abstuvo de entregar los recibos a
los dos constructores, inclusive, pese a que Boris Herman hizo
hincapié en que la revocatoria no tenía efectos respecto a él.
13. Entonces, véase cómo, aunque Martha Isabel se duele que, entre
el 13 de mayo de 2016, fecha en que otorgó poder amplio y
suficiente, y el 12 de septiembre de 2017, momento en que se
presentó por primera vez la solicitud de licencias de urbanismo y
construcción, transcurrieron un año y cuatro meses de demora
‘injustificada’ por parte de los constructores, de lo visto en el
expediente, es palmario que no demostró la existencia de un
acuerdo expreso sobre los plazos para la ejecución del mandato
(artículo 2150 civil), y tampoco allegó material probatorio que
acreditara que ese período fue excesivo, es decir, en el sentido que,
los documentos requeridos por ley para obtener la licencia de
construcción que se enunciaron, hubieran podido ser obtenidos en
menor tiempo.
13.1. Y no se diga que, el hecho que no se atendieran los correos y
las llamadas de Martha configura un incumplimiento, pues, según
el pacto, aquellos no estaban en el deber de informar diariamente a
la reconviniente sobre el curso del plan inmobiliario; pese a todo, el
recuento efectuado da cuenta que las partes estaban
eventualmente en contacto y, en esas ocasiones, los constructores
manifestaban a la propietaria lo que acontecía en ejecución del
proyecto de vivienda.
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2.- La respuesta al problema jurídico, es que en lapsos
razonables, los iniciales demandantes «propendieron por el
recaudo de los documentos del predio (cuya colaboración también recaía
en Martha Isabel), elaboraron los diseños del proyecto y estuvieron
sujetos a los tiempos de los entes administrativos quienes eran los
encargados de proveer la información requerida para la obtención de la
echada de menos licencia de construcción, demoras cuyo acaecimiento
confirmó en vista pública, el testigo Juan Carlos Sánchez Fernández».
El negocio inmobiliario y el poder conferido por Martha
Isabel a los constructores, aunque eran convenios diferentes
en cuanto a su finalidad, obedecían a un mismo designio y
como consecuencia de ello, estuvieron íntimamente unidos
dado que ambos tenían un objetivo común: desarrollar las
fases del Proyecto Arquitectónico de Interés Social –
Agrupación Habitacional Terrazas de Gavilanes, entonces,
«pese a que, en línea de principio, se trata de contratos individualizados
en su fisonomía y regulación jurídica, los mismos guardaban relación de
dependencia entre ellos, situación suficiente para considerarlos como
pactos coligados o conexos», sin que pueda decirse que el
mandato podía ser «retirado unilateralmente», pues a la par de lo
previsto en el artículo 1279 del Código de Comercio, la
demandada solo podía finiquitarlo de existir una justa causa,
lo que no se acreditó. En resumen,
(…) si el poder y el “contrato” estaban vinculados íntimamente y la
señora Zuluaga Jaramillo terminó el primero de los mentados sin
razón justificada, no hay que ir muy lejos para concluir que ese
hecho per se, tuvo graves efectos en la ejecución del proyecto
inmobiliario, en tanto es palmario que Martha Isabel puso en
imposibilidad de cumplir sus débitos a los constructores.
(…)
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19. Y es que, inclusive, si se dejara a un lado la conexidad de los
contratos, es claro que el poder emanó de una obligación principal,
que no era otra que permitir a los constructores, sin limitación,
actuar en nombre de Martha Isabel Zuluaga Jaramillo. (…) aunque
no se trata de una obligación de no hacer (…) por no haber sido
debidamente estipulada en el contrato, lo cierto es que dimitir del
mandato e impedir la expedición de la licencia fue un abierto
incumplimiento del negocio entre las partes, motivo suficiente para
sacar avante la súplica judicial de los accionantes, pues además de
estar probada la inobservancia de la demandada, se configuró el
nexo causal requerido para la prosperidad de la acción.
3.- La improcedencia de la reconvención emerge de que
Martha Isabel Zuluaga no acreditó el incumplimiento culposo
de los deudores Gartner Caballero y Mendoza Saray, respecto
al negocio inmobiliario, presupuesto esencial para la
prosperidad de la acción de responsabilidad civil contractual,
por lo que se ratificará su negativa.
4.- En cuanto a la tasación de la condena en perjuicios
patrimoniales, refirió el Tribunal:
La indemnización para resarcir, en términos generales,
«supone regresar a la víctima a una situación igual o semejante a la que
tenía antes de ocurrir el hecho lesivo», por lo que en su
cuantificación se deberá atender el principio de la reparación
integral, a la par de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 446
de 1998 y el canon 283 procesal.
En este caso, los accionantes reclamaron la restitución
de los $240.000.000 anticipados, más intereses moratorios
de esa suma, sin embargo, «aunque, en línea de principio, procede
la actualización de los rubros para de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

lo cobra intereses; basta
el hecho del retardo», regulación que se fundamente en la
presunción legal de que el dinero por su misma significación,
tiene una aptitud natural de producir réditos, y que,
precisamente, esos son sus frutos civiles, de conformidad con
el artículo 717 del Código Civil. Sobre ese aspecto la doctrina
especializada sostiene que «la obligación pecuniaria es una suerte de
obligación privilegiada, en la medida en que el acreedor no necesita
demostrar el daño producido, pues se entiende que en ese tipo de
obligaciones el retraso, en virtud del sistema financiero, produce daño
siempre»13.
Esta disposición general resulta aplicable al caso por la
integración que dispone el artículo 822 del Código de
Comercio, pero debe destacarse que en lo que atañe a la
modalidad de los intereses exigibles y a sus particularidades,
13 Diez Picazo, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Volumen Segundo,
Las Relaciones Obligatorias, 5° ed. Civitas, Madrid, 1996, pág. 636.
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sí existe norma de carácter especial, como lo es el canon 884
ibidem, que por lo mismo es la llamada a regir la definición del
reclamo de tutela jurisdiccional relacionada con la
indemnización de perjuicios derivada del incumplimiento
contractual de la demandada, solicitada en términos de
intereses comerciales moratorios sobre las sumas de dinero
que ella debe restituirle a los promotores de la litis.
Sobre este tópico, en CSJ SC514-2023, la Sala
puntualizó:
Con otras palabras, en los negocios mercantiles en que las partes no
hayan convenido intereses de mora y la ley tampoco supla ese
silencio, estos se deducen de armonizar el artículo 884 del Código de
Comercio con las reglas que en materia civil regulan los perjuicios
materiales, sobre todo porque esa integración es dable en virtud de la
remisión expresa autorizada por el artículo 822 ibidem, que sirve de
puente para acoplar ambas disciplinas jurídicas, pues tal integración
sistemática y lógica pone al descubierto, ministerio legis, la obligación
del deudor de una suma dineraria de carácter mercantil de pagar
intereses sancionatorios desde que ha incurrido en mora y a partir de
ella, aunado a que el dinero es un bien que está llamado a producir
intereses (CSJ SC1230-2018), lo cual constituye una regla de la
experiencia de indiscutible vigencia.
3.- En las circunstancias descritas, para efectos de
establecer a partir de qué momento la señora Martha Isabel
Zuluaga Jaramillo estaba en mora de restituir el dinero a los
demandantes, es necesario tener en cuenta lo preceptuado en
el inciso segundo del artículo 94 del Código General del
Proceso, en el sentido que, la notificación del auto admisorio
de la demanda produce el efecto del requerimiento judicial
para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para
tal fin, y que los efectos de la mora solo se producirán a partir
de la notificación, acto procesal que se surtió al finalizar el 14
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de marzo de 2019, esto es, al día siguiente de la notificación
por aviso en el lugar de destino14, conforme lo prevé el artículo
292 del Código General del Proceso.
4.- Teniendo en cuenta que los demandantes a título
de indemnización de perjuicios solicitaron la condena al pago
de intereses de mora «a la tasa máxima mercantil» sobre las
sumas pagadas a la demandada, se accederá a ese
pedimento, pero no desde la fecha del pago, sino desde el día
siguiente a aquella en que se puede predicar que la deudora
se constituyó en mora, esto es, de la notificación de la
demanda que también tuvo ese efecto, pues al tenor del
artículo 1615 del Código Civil, «se debe la indemnización de
perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora».
Por tratarse de la responsabilidad emanada del
incumplimiento de un negocio de carácter mercantil, la
condena al pago de los intereses moratorios comerciales lleva
implícita la actualización monetaria, de manera que no hay
lugar a reconocer ningún otro componente por el mismo
concepto.
En conclusión, se condenará a la convocada a restituir
a los demandantes, dentro del término que se indicará en la
parte resolutiva, la suma de $240.000.000 recibida como
parte del precio acordado, más intereses moratorios,
generados desde el 15 de marzo de 2019, hasta la fecha en
que se profiere el presente fallo sustitutivo (art. 283 C. G. P.),
14 Cfr. folio 375 del archivo 01c01principalparte1.pdf
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de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio,
teniendo en cuenta las fluctuaciones de la tasa del interés
bancario corriente certificado por la Superintendencia
Financiera.
VI.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: Casar parcialmente la sentencia proferida el
7 de diciembre de 2023, por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito de Bogotá, en el proceso declarativo
promovido por Boris Herman Gartner Caballero y Álvaro
Rafael Mendoza Saray contra Martha Isabel Zuluaga
Jaramillo.
Segundo: En consecuencia, el ordinal cuarto de la parte
resolutiva del fallo de segunda instancia queda así:
CUARTO: CONDENAR a Martha Isabel Zuluaga Jaramillo a restituir
a los demandantes Boris Herman Gartner Caballero y Álvaro Rafael
Mendoza Saray, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, la suma de
doscientos cuarenta millones de pesos ($240.000.000); y a manera
de indemnización moratoria, sobre dicha suma pagará intereses
comerciales moratorios de conformidad con el artículo 884 del
Código de Comercio, desde el 15 de marzo de 2019 y hasta la fecha
en que se profiere el presente fallo sustitutivo, teniendo en cuenta
las fluctuaciones de la tasa del interés bancario corriente certificado
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por la Superintendencia Financiera. A partir del término concedido,
se generarán intereses moratorios mercantiles hasta el pago
efectivo.
En lo demás, la providencia de segunda instancia
recurrida en casación, permanece igual.
Tercero: Sin condena en costas en esta sede.
Notifíquese y devuélvase
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de la Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERERAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC127-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2025-02-17. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2018-00493-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC127-2025%20%5B2018-00493-01%5D).
