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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
SC1144-2025
Radicación n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
(aprobado en sesión de veintisiete de marzo de dos mil veinticinco)
Bogotá, D.C., cuatro (04) de junio de dos mil veinticinco
(2025).
Se decide el recurso extraordinario de casación
interpuesto por la parte incidentada frente a la sentencia de
22 de septiembre de 2023, dictada por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el
incidente de liquidación de perjuicios promovido por C. I.
Calizas y Minerales S.A. contra Bancolombia S.A.
ANTECEDENTES
1. El proceso ejecutivo previo.
1.1. Pretensiones.
Leasing Bancolombia S.A. (hoy Bancolombia S.A.)
interpuso demanda ejecutiva contra Fundición y Aleaciones
Certificadas Fundalcert S.A.; C.I. Calizas y Minerales S.A.;
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Comercializadora Almetal S.A.; Metales y Excedentes S.A.;
Metales Medellín S.A.; Carlos Alberto Moreno y José Aldemar
Moncada, para obtener el pago de $4.408.765.083, capital
incorporado en el pagaré n.º 169888, junto con los intereses
moratorios causados a partir del 31 de julio de 2011,
liquidados a la tasa máxima que permite la ley mercantil.
1.2. Oposición.
Notificadas de la orden de pago librada en su contra, las
personas naturales y jurídicas demandadas presentaron las
siguientes excepciones: «cobro de lo no debido»; «incumplimiento del
contrato de leasing»; «falta de requisitos formales del título valor»; «falta
de representación»; «ineficacia del negocio jurídico» e «integración
abusiva del título valor en blanco».
1.3. Sentencia de primera instancia.
El 21 de marzo de 2014, el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Descongestión de Medellín resolvió abstenerse de
seguir la ejecución. En sustento, expuso que el título valor
presentado para el cobro respaldaba un contrato de leasing
celebrado entre Leasing Bancolombia S.A. y Fundalcert S.A.,
cuyo objeto consistía en una prensa hidráulica de alta
tecnología para extrusión de perfilería de aluminio, fabricada
en España, con un valor de $11.800.000.000.
El juzgado concluyó que, a pesar de que Leasing
Bancolombia S.A. había realizado un desembolso inicial de
€1.800.000 a favor del fabricante extranjero, nunca completó
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la adquisición de la máquina. En consecuencia, tampoco
pudo entregar su tenencia a la locataria, como era su
obligación contractual. Con base en ello, el juez a quo
determinó que «la demandante incumplió su obligación principal en
un contrato de leasing financiero», contraviniendo lo establecido
en el literal b) del artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 2555 de
2010, según el cual los bienes objeto del leasing «(...) deberá[n]
ser de propiedad de la compañía arrendadora, derecho de dominio que
conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra».
1.4. Sentencia de segunda instancia.
El Tribunal confirmó la decisión apelada mediante
providencia de 21 de junio de 2021, con fundamento en los
siguientes argumentos:
«En el caso bajo estudio, la cosa consistía en una prensa
hidráulica para extrusión de perfilería de aluminio nueva con sus
accesorios para su normal funcionamiento, que no existía al
momento del contrato (celebrado entre el día 14 de abril de 2010)
y era la empresa Gia Clecim Press de España quien la fabricaría.
Es decir, cuando se suscribió el negocio la máquina no estaba en
cabeza de Leasing Bancolombia, porque ni siquiera existía.
Pero, de otro lado, como ya se mencionó, la compañía aduce el
incumplimiento de los deudores-demandados, en las cargas del
crédito de anticipo, para la adquisición, por lo cual no alcanzó a
perfeccionarse el contrato. Así entonces, considera este Tribunal
que, la sociedad ejecutante no podía exigir forzosamente el
cumplimiento de las obligaciones dinerarias a cargo de la sociedad
Fundalcert Ltda. y demás obligados cambiarios (pago de los
cánones y valor de la opción de compra), llenando dicho título
valor, cuando las partes contratantes se acusan mutuamente de
incumplimiento contractual y precontractual.
Ahora, las instrucciones para llenar el pagaré que constan en el
cuerpo mismo del título valor (...) permite deducir con claridad
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meridiana que los anticipos para la adquisición de la maquinaria
objeto del contrato de arrendamiento financiero, que se dice fueron
pactados en la etapa precontractual, no quedaron comprendidos
dentro del catálogo de instrucciones para el llenado del título valor,
por lo cual no era dable incluirlos para su cobro coactivo».
2. Incidente de liquidación de perjuicios.
2.1. Pretensiones.
Tras haber salido victoriosa en ambas instancias, C. I.
Calizas y Minerales S.A. presentó un incidente de liquidación
de perjuicios, amparándose en lo dispuesto por el artículo
443-3 del Código General del Proceso. Allí pidió el
resarcimiento integral de los siguientes daños patrimoniales,
que, según su criterio, se derivaron directamente del proceso
ejecutivo infructuoso:
(i) $2.780.977.000, que C.I. Calizas y Minerales S.A.
entregó a Leasing Bancolombia S.A. y a su apoderado, para
obtener el levantamiento anticipado de las medidas
cautelares decretadas en este trámite.
(ii) $2.545.202.030, por los honorarios profesionales
que C.I. Calizas y Minerales S.A. debe pagar como
contraprestación por su defensa en el juicio ejecutivo; y
(iii) $5.703.029.768, que corresponderían al lucro
cesante, calculado a partir de los réditos moratorios sobre la
suma de $2.780.977.000 –mencionada en el punto (i)–. Este
monto representa las ganancias o rendimientos financieros
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que la incidentante dejó de percibir al verse privada del
dinero que habría entregado irregularmente
2.2. Fundamento fáctico.
En respaldo de sus pretensiones, C.I. Calizas y
Minerales S.A. adujo que el 28 de agosto de 2012, es decir,
mientras se desarrollaba la primera instancia del proceso
ejecutivo antecedente, celebró un contrato marco con la
multinacional Cemex Colombia S.A., mediante el cual se
comprometió a transferir la totalidad de sus activos, a cambio
de una contraprestación de USD $22.200.000.
Agregó que, durante la fase preparatoria de esta
transacción, se percató de que dos inmuebles de su
propiedad se encontraban afectados por medidas cautelares
de embargo y secuestro decretadas en varios procesos
ejecutivos promovidos por Bancolombia S.A. y Leasing
Bancolombia S.A. Lo anterior generaba un impedimento
material para culminar el negocio en los términos acordados,
lo que obligó a C.I. Calizas y Minerales S.A. a gestionar
múltiples prórrogas contractuales ante Cemex Colombia
S.A., con la finalidad de salvar la operación comercial y evitar
potenciales responsabilidades por incumplimiento.
La incidentante argumentó que, considerando el riesgo
inminente de que la millonaria transacción se frustrara
definitivamente, y siendo impracticable aguardar a la
resolución judicial favorable de las excepciones propuestas,
se vio obligada a buscar una solución alternativa y expedita.
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Para ello, concertó un acuerdo extrajudicial con Leasing
Bancolombia S.A., orientado a obtener el levantamiento
inmediato de las cautelas, para así poder cumplir a tiempo
sus compromisos contractuales con Cemex Colombia S.A.
Según la caracterización que hiciera la propia
incidentante, esa «negociación forzada» culminó con la entrega
a la entidad financiera ejecutante de $2.780.977.000,
cantidad que –sostuvo– carece de fundamento jurídico
obligacional, razón por la cual debe ser considerada como un
pago indebido, susceptible de restitución íntegra. Idéntica
argumentación extendió a los gastos en que incurrió para su
defensa técnica durante el proceso ejecutivo.
3. Trámite del incidente.
El incidente de liquidación de perjuicios fue admitido a
trámite por auto de 21 de octubre de 2021. Durante el plazo
concedido para ejercer su derecho de contradicción,
Bancolombia S.A. guardó silencio.
4. Sentencia de primera instancia.
En sentencia de 1 de diciembre de 2022, el Juzgado
Catorce Civil del Circuito de Medellín desestimó las
pretensiones indemnizatorias, tras considerar que no se
había acreditado en el proceso conducta dolosa o culposa
atribuible a Bancolombia S.A. A ello agregó que, aún si se
hubiera demostrado dicho elemento subjetivo, tampoco se
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configuraban los demás presupuestos para la prosperidad de
la reclamación indemnizatoria.
En punto de lo anterior, arguyó que las sumas de dinero
que transfirió la incidentante a cambio de que se levantaran
las medidas cautelares fueron el resultado de un acuerdo
voluntario válido, y no de una acción u omisión dañosa –de
las que se ocupa la responsabilidad civil extracontractual–.
Asimismo, resaltó que cualquier posible detrimento por
concepto de honorarios de abogados debería quedar cubierto
por la condena al pago de agencias en derecho.
SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal revocó la decisión proferida en primera
instancia y acogió parcialmente las pretensiones
indemnizatorias, cuantificando los perjuicios reclamados en
las sumas de $2.780.977.000 a título de daño emergente, y
$3.949.628.673 por concepto de lucro cesante.
Dicha corporación sostuvo que el juez a quo se había
equivocado al exigir prueba de un comportamiento abusivo o
temerario por parte de la entidad ejecutante, pues el
ordenamiento procesal consagra una presunción de culpa
cuando prosperan totalmente las excepciones propuestas por
la parte ejecutada. Era suficiente, por tanto, acreditar la
entidad y cuantía de los perjuicios derivados del proceso
ejecutivo y de las medidas cautelares decretadas, para
franquear el paso a las súplicas de la apelante.
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Por ese mismo sendero, consideró que la incidentante
había tenido que soportar una pérdida de $2.780.977.000,
cantidad que se vio compelida a transferir a Leasing
Bancolombia S.A. –y a su apoderado– para el levantamiento
de las medidas cautelares que afectaban los bienes objeto de
enajenación a favor de Cemex Colombia S.A. De igual
manera, dejó de percibir rendimientos sobre dicha suma, por
lo que debía reconocérsele un lucro cesante, mediante la
aplicación de la tasa máxima de interés mercantil.
En lo concerniente al nexo causal, el ad quem explicó
que, de no haberse promovido el proceso ejecutivo, ni
decretado medidas cautelares sobre los bienes objeto de
negociación, la incidentante no habría tenido que efectuar
erogación alguna para lograr su levantamiento. Y si bien
existía la posibilidad de que prestara caución para evitar esas
cautelas, le resultaba financieramente más conveniente el
acuerdo extrajudicial alcanzado con la entidad ejecutante.
Finalmente, el Tribunal advirtió que «con relación a los
honorarios debidos a la vocera judicial que representó a la incidentante
en el proceso ejecutivo, [esta] manifestó acogerse a lo definido por el
juzgado de primera instancia, en cuanto dicho concepto debe ser
reconocido y tasado como agencias en derecho».
DEMANDA DE CASACIÓN
En el escrito de sustentación de su recurso
extraordinario, Bancolombia S.A. formuló dos cargos contra
la sentencia del Tribunal. Sin embargo, la Sala centrará su
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análisis en la primera de dichas censuras, exclusivamente,
pues está llamada a prosperar.
CARGO PRIMERO
Se denunció la violación indirecta del artículo 2341 del
Código Civil, como consecuencia de errores de hecho
manifiestos en la apreciación probatoria. Según la
casacionista, el Tribunal incurrió en un yerro fáctico grave,
al considerar que el desembolso de $2.780.977.000
efectuado por C.I. Calizas y Minerales S.A. estaba desprovisto
de causa jurídica, cuando tenía un origen perfectamente
definido, legítimo y verificable: el acuerdo de voluntades
celebrado entre las partes para obtener el levantamiento de
las medidas cautelares decretadas en varios procesos.
El ad quem, en consecuencia, confundió indebidamente
el cumplimiento de una prestación contractual, con la
configuración de un perjuicio extracontractual derivado del
proceso ejecutivo y sus cautelas. Adicionalmente, incurrió en
un desacierto al presumir que la suma de $300.000.000,
transferida al apoderado judicial de Leasing Bancolombia
S.A. por concepto de costas y gastos procesales, correspondía
exclusivamente al este trámite, cuando, en realidad,
comprendía diferentes procesos, en los cuales C.I. Calizas y
Minerales S.A. fungía igualmente como parte ejecutada.
Los errores cometidos tuvieron como génesis una serie
de desaciertos en la valoración de las evidencias
documentales, en particular, las comunicaciones de
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aceptación de entendimiento dirigidas al señor Eugenio
Correa Díaz, quien actuó en representación de los intereses
de C.I. Calizas y Minerales S.A. durante la negociación
extrajudicial que culminó con el pago y el subsiguiente
levantamiento de la totalidad de las medidas cautelares que
gravaban el patrimonio de la sociedad incidentante.
De igual manera, el sentenciador de segunda instancia
omitió considerar diversos comprobantes de abonos, tales
como el volante de operación fiduciaria y recibos expedidos
por Leasing Bancolombia S.A., que corroboran la existencia
de un convenio bilateral entre las partes. Todos los dislates
reseñados derivaron en la aplicación indebida de las
disposiciones del Código Civil relativas a la responsabilidad
civil extracontractual y a la indemnización de perjuicios.
CONSIDERACIONES
1. Abuso del derecho a litigar.
Conforme a una consolidada línea jurisprudencial1, el
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia mediante la interposición de una
demanda constituye una prerrogativa legítima, amparada
por el ordenamiento jurídico. Si se ejerce con lealtad procesal
y de buena fe, el derecho a convocar a juicio a otra persona
para dirimir un conflicto no genera responsabilidad civil para
1 Cfr. CSJ SC, 5 ago. 1937, G. J. t. XLV, pág. 418; CSJ SC 28 sep. 1953, G. J. t. LXXVI, pág. 407;
CSJ SC, 2 ago. 1995, rad. 4159; CSJ SC, 14 nov. 2008, rad. 1999-00403-01; CSJ SC3920-2020; CSJ
SC1066-2021, entre otras.
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el demandante, cuandoquiera que sus pretensiones resulten
desestimadas. Por regla general, basta con que reembolse a
su contraparte las costas del proceso.
Sin embargo, el derecho de acceso a la justicia –como
toda prerrogativa jurídica– no reviste carácter absoluto, ni
ilimitado. Su ejercicio puede derivar en responsabilidad civil
cuando se desvía de sus fines legítimos y se instrumentaliza
como vehículo para causar agravios a terceros; es decir,
cuando existe abuso del derecho a litigar, supuesto que se
configura, principalmente, en los siguientes escenarios:
(i) Cuando el demandante, plenamente consciente de
su carencia de legitimación sustancial o material, promueve
deliberadamente un proceso judicial con la finalidad de
obtener ventajas indebidas, o de ocasionar un perjuicio
(económico o reputacional) a su contraparte.
(ii) Cuando se formula una demanda manifiestamente
infundada o carente de sustento jurídico razonable,
revelando una conducta negligente o descuidada en la
evaluación preliminar de los presupuestos fácticos y
jurídicos que fundamentan su pretensión.
(iii) Cuando se hace un uso sistemático de recursos
procesales con finalidad dilatoria, interponiendo múltiples
incidentes, nulidades o impugnaciones notoriamente
improcedentes, con el único propósito de prolongar
artificialmente un trámite judicial.
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(iv) Cuando se instrumentalizan las medidas
cautelares de manera abusiva, solicitando garantías
excesivas y desproporcionadas en relación con la naturaleza
y cuantía real del litigio, a sabiendas de los graves perjuicios
económicos que pueden causar a la contraparte.
Las anteriores hipótesis permiten ilustrar la idea que se
esbozó inicialmente: la responsabilidad civil derivada del
abuso del derecho a litigar no se configura por el simple
resultado adverso a las pretensiones del demandante,
sino que exige acreditar que su actuación procesal estuvo
mediada por algún tipo de dolo, temeridad o mala fe. Sobre
este punto, la Sala ha sido enfática al señalar que:
«Toda persona tiene derecho a acceder al sistema de justicia. Así
lo prevé la Carta Política de 1991 en su artículo 229. Por ende,
activar ese servicio público y esencial no genera per se ninguna
responsabilidad ni débito indemnizatorio. Solo,
excepcionalmente, cuando se hace con temeridad, mala fe,
negligencia o intención dañina, el afectado puede, ahí sí,
buscar la forma de ser desagraviado mediante la condigna
reparación de los daños irrogados.
Empero, como en tal caso no hay vínculo material entre el ofensor
y la víctima, la controversia debe resolverse en el ámbito de la
responsabilidad civil extracontractual, bajo el sistema de la culpa
probada establecido en el artículo 2341 del Código Civil, que, para
el caso, es cualificada, por lo que el reclamante debe demostrar:
“...una conducta humana antijurídica, en este caso, el
adelantamiento de un proceso o la realización de un acto procesal
particular en forma desviada de su finalidad; un factor o criterio
de atribución de la responsabilidad, que en la referida
hipótesis, como viene de explicarse, solamente puede consistir
en la temeridad o mala fe; un daño o perjuicio, es decir, un
detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses
lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con su esfera
espiritual o afectiva, o con los bienes de su personalidad; y,
finalmente, una relación o nexo de causalidad entre el
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comportamiento de aquel a quien se imputa la
responsabilidad y el daño sufrido por el afectado” (SC, 1°
nov. 2013, rad. n.° 1994-26630-01)» (CSJ SC1066-2021).
2. Abuso del derecho a litigar en procesos
ejecutivos (art. 443-3, Código General del Proceso).
2.1. Privilegios procesales en el proceso ejecutivo (y
su justificación).
El artículo 422 del Código General del Proceso establece
que las obligaciones de dar, hacer o no hacer pueden hacerse
efectivas mediante un proceso ejecutivo, siempre que consten
en un “título ejecutivo”, es decir, un documento que acredita
una obligación clara, expresa y actualmente exigible, de la
que es acreedor el ejecutante y deudor correlativo el
ejecutado. Su fuerza probatoria es privilegiada porque, por
regla general, proviene del mismo deudor, de su causante o
de una autoridad competente.
Sobre la base de esa evidencia documental cualificada,
la ley procesal habilita al juez de la ejecución para librar, de
inicio, un mandamiento de pago, «ordenando al demandado que
cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la
que aquel considere legal» (art. 430, ejusdem). Asimismo, invierte
la carga de la prueba, correspondiéndole a la parte
convocada desvirtuar el contenido obligacional del título
ejecutivo. Y, finalmente, permite el decreto de medidas
cautelares de embargo y secuestro de bienes, que limitan
sensiblemente el derecho de propiedad del deudor, incluso
antes de haber sido oído –o vencido– en juicio.
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Este particular diseño procesal –caracterizado por una
orden inmediata de pago, la inversión de la carga probatoria,
y la posibilidad de obtener el embargo y secuestro de bienes–
resulta legítimo, en tanto persigue garantizar la efectividad
de un derecho de crédito, prevenir la posible disposición
fraudulenta de bienes y hacer efectivo el principio de
responsabilidad patrimonial universal. Sin embargo, tales
justificaciones decaen por completo cuando se acogen
íntegramente las excepciones y el ejecutado sale victorioso,
dejando en evidencia que los privilegios procesales conferidos
a su contraparte carecían de fundamento jurídico.
2.2. La “condena preceptiva” al pago de perjuicios
(art. 443-3, Código General del Proceso).
Ante la situación descrita, el legislador consideró
pertinente habilitar un canal intraprocesal accesorio al
proceso ejecutivo (un incidente), para que el ejecutado
pudiera reclamar del convocante una compensación por los
daños injustos que le habrían sido irrogados con ocasión del
proceso, o de las cautelas. En los términos del artículo 443-
3 del Código General del Proceso, «la sentencia de excepciones
totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se
condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel
haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso».
La referida condena, cabe añadir, se impone en
abstracto, lo que significa que su cuantificación concreta se
realizará posteriormente, en el incidente de liquidación de
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perjuicios que regula el artículo 283 del mismo estatuto.
Naturalmente, ese trámite se adelanta ante el funcionario
judicial que conoció del proceso ejecutivo primigenio, lo que
permite al ejecutado beneficiarse de la previa integración de
la relación jurídico-procesal, así como de las actuaciones,
providencias y pruebas que conforman el expediente,
facilitando así la demostración de los perjuicios padecidos.
Sin embargo, sería totalmente impreciso afirmar que la
aludida condena preceptiva implica una responsabilidad
automática del ejecutante por el hecho de haber sido vencido
en el proceso. Es más, dicha interpretación contraviene los
principios que rigen el abuso del derecho a litigar,
desarrollados previamente, los cuales exigen una valoración
cuidadosa de la conducta procesal de la parte, y no una
simple constatación del resultado del litigio. La premisa de
responsabilidad objetiva desnaturalizaría la noción del abuso
del derecho, que presupone un ejercicio anormal, excesivo o
desviado de una prerrogativa lícita.
Adicionalmente, la referida hermenéutica desconoce
que el ejercicio del derecho de acción está amparado por la
presunción constitucional de buena fe, consagrada en el
artículo 83 de la Carta Política. Y una acción judicial
promovida de buena fe no puede transformarse, ex post, en
una conducta antijurídica, por el hecho de que el veredicto
resulte adverso a los intereses del demandante. Semejante
postura significaría imponer un gravamen excesivo al
ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el acceso a
la administración de justicia, y desincentivaría a los
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ciudadanos a acudir a los tribunales, ante la amenaza de ser
sancionados cuando sus reclamos no prosperen.
2.3. Elementos constitutivos de la responsabilidad
por abuso del derecho a litigar en el proceso ejecutivo.
De lo expuesto se sigue que la derrota procesal del
ejecutante constituye una condición necesaria para el éxito
de cualquier pretensión indemnizatoria del ejecutado, pero
no es suficiente, per se, para imponerle un débito de
resarcimiento. Para que proceda la indemnización a la que
se refiere el citado artículo 443-3, se deben demostrar todos
los elementos jurídicos y fácticos que constituyen la
responsabilidad civil por abuso del derecho a litigar, es decir:
(i) la existencia de un daño o agravio injusto (patrimonial o
extrapatrimonial); (ii) la conducta procesal temeraria,
negligente o de mala fe del acreedor al promover el proceso
ejecutivo, o solicitar las medidas cautelares; y (iii) un nexo
causal entre dicha conducta antijurídica y el daño injusto
Así lo tiene decantado el precedente:
«Como especie particular de culpa aquiliana, el empleo abusivo de
las vías de derecho sólo puede ser fuente de indemnización,
cuando, simultáneamente con la demostración de la
temeridad o mala fe con que actúa quien se vale de su
ejercicio, el ofendido acredita plenamente el daño que ha sufrido
y su relación causal con aquellas. De manera que ésta sigue la
regla general predicable en materia de responsabilidad civil
extracontractual, esto es, que el perjuicio sólo es indemnizable en
la medida de su comprobación.
Nada distinto a lo ya expuesto emerge de la condena preceptiva al
pago de perjuicios contemplada en el artículo 510 del C. de P.C.
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[norma que reproduce el artículo 443-3 del Código General del
Proceso], pues si bien es verdad que su imposición otorga a la
parte favorecida con la misma el privilegio de no tener que acudir
a proceso diferente para obtener su indemnización, no por eso
debe entenderse ella liberada de demostrar los requisitos
comunes a esta especie de responsabilidad, por cuanto no es
admisible colegir que con la consagración legal de esa condena el
legislador se propuso establecer una presunción del daño. Dicho
de modo diverso, el hecho de imponer la ley una condena
preceptiva (...) no implica para el beneficiario de la misma un
tratamiento favorable en materia probatoria que lo libere
del deber de acreditar los elementos configurativos de la
responsabilidad aquiliana» (CSJ SC, 12 jul. 1993, rad.
774377).
Este criterio fue reiterado recientemente, en sentencia
CSJ SC204-2023:
«El Tribunal, al referirse en abstracto o de forma general sobre el
“incidente de reparación de perjuicios”, reprodujo el mandato de
los artículos 283 y 443, numeral 3º, del Código General del
Proceso, así como la sentencia de esta Corporación SC3930 de
2020, en la que, haciéndose alusión al “ejercicio abusivo del
derecho a litigar”, se precisó que “para que proceda la reparación,
el afectado tiene que probar ‘una conducta humana
antijurídica, en este caso, el adelantamiento de un proceso
o la realización de un acto procesal particular en forma
desviada de su finalidad; un factor o criterio de atribución de la
responsabilidad, que en la referida hipótesis, como viene de
explicarse, solamente puede consistir en la temeridad o mala
fe; un daño o perjuicio, es decir, un detrimento, menoscabo o
deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de la víctima,
vinculados con su patrimonio, con su esfera espiritual o afectiva, o
con los bienes de su personalidad; y finalmente, una relación o
nexo de causalidad entre el comportamiento de aquel a quien se
imputa la responsabilidad y el daño sufrido por el afectado’ (SC,
1º nov. 2013, rad. n.° 1994-26630-01)”.
Seguidamente el funcionario judicial ad quem, contrariando lo
anterior, concluyó: “Es claro, entonces, que la actuación
promovida reviste la reclamación por una responsabilidad civil
extracontractual consagrada en el artículo 2341 de Código Civil.
Así que constituye carga probatoria del promotor del incidente la
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concerniente a la existencia del daño padecido y el nexo
causal entre éste y la conducta desplegada por el demandado,
que se calificó como dañosa, nada más; pues, por fundarse la
reclamación en una sentencia preceptiva, está relevado de
acreditar el comportamiento aludido (que la jurisprudencia
enlista como una ‘conducta humana antijurídica’) y el que también
denomina ‘criterio de atribución de la responsabilidad’, el cual se
patentiza en un acto calificado como ‘temeridad o mala fe’. En
definitiva, para el incidentante opera el régimen de carga
probatoria consagrado en el canon 167 del Código General del
Proceso, pero en lo tocante con los elementos de la responsabilidad
que se acaban de indicar”.
Tal inferencia, sin lugar a dudas, luce equivocada, pues que el
origen de la responsabilidad civil extracontractual ventilada en el
incidente de regulación de perjuicios decidido mediante la
providencia impugnada en casación sea una condena preceptiva,
no comporta que la víctima esté exonerada de acreditar
todos y cada uno de los elementos axiológicos que la
configuran, entre ellos, la conducta antijurídica del agente
que, en el presente caso, supone que la acción judicial intentada
por él y/o alguno o algunos de los actos desarrollados dentro de
ella, denoten, en líneas generales, temeridad o mala fe,
ocasionando daño a su contraparte».
2.4. Recapitulación.
Para sumariar, el artículo 443-3 del Código General del
Proceso estableció un régimen especial, que refuerza la
protección del ejecutado frente a procesos ejecutivos carentes
de fundamento, pero sin llegar a configurar un sistema de
responsabilidad objetiva o automática. La norma procesal no
altera la exigencia de demostrar todos los elementos
esenciales de la responsabilidad civil (daño antijurídico,
conducta, factor de atribución y nexo causal).
De este modo, resulta posible equilibrar el derecho
constitucional de acceso a la administración de justicia con
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
19
la prevención efectiva del abuso procesal, asegurando que la
condena indemnizatoria se imponga únicamente cuando la
valoración integral del comportamiento del ejecutante revele
una instrumentalización ilegítima del proceso ejecutivo,
incompatible con sus fines institucionales; es decir, un
verdadero abuso del derecho de acceso a la administración de
justicia, consagrado en el 229 de la Constitución Política.
3. Caso concreto.
Como se anticipó, la indemnización a la que se refiere el
artículo 443-3 del Código General del Proceso requiere
demostrar plenamente los elementos constitutivos de la
responsabilidad civil por abuso del derecho a litigar, esto es:
(i) la existencia de una pérdida o agravio; (ii) la conducta
procesal temeraria, negligente o de mala fe del acreedor al
promover el proceso ejecutivo, o solicitar las medidas
cautelares; y (iii) un nexo de causalidad –fáctico y jurídico–
entre ambas cosas.
Pues bien, en el cargo primero, la recurrente cuestionó
la última de esas premisas. Puntualmente, el análisis
probatorio que llevó al Tribunal a establecer la existencia de
un daño patrimonial causalmente atribuible a la conducta de
la entidad ejecutante. Y, conforme se explicará en las líneas
subsiguientes, le asiste razón en esa crítica, pues el ad quem
calificó erradamente como daño patrimonial un pago que, por
su naturaleza voluntaria, tiene una causa jurídica autónoma
y claramente diferenciada tanto del proceso ejecutivo, como
de las medidas cautelares practicadas.
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
20
3.1. Recuento de los hechos.
Antes de abordar el fondo del reparo planteado por la
recurrente, resulta pertinente precisar los hechos relevantes
que fueron acreditados en el proceso:
(i) El 7 de diciembre de 2011, el juzgado de primera
instancia decretó el embargo de los remanentes que le
pudieran corresponder a C.I. Calizas y Minerales S.A. dentro
de otro proceso ejecutivo, adelantado ante el Juzgado
Dieciséis Civil del Circuito de Medellín (rad. n.º 05001-31-
03-016-2011-00580-00).
(ii) Posteriormente, el 28 de agosto de 2012, la
incidentante celebró un contrato marco con Cemex Colombia
S.A. para la transferencia de la totalidad de sus activos, entre
ellos, dos predios embargados y secuestrados por cuenta del
Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín. A cambio,
pactaron un pago de USD$22.200.000.
(iii) Con el propósito de agilizar el levantamiento de las
medidas cautelares y cumplir con las obligaciones
contractuales adquiridas frente a Cemex Colombia S.A., el
señor Eugenio Correa Díaz, apoderado de C.I. Calizas y
Minerales S.A.2, presentó a su contraparte un «entendimiento
de pago». Aunque el documento que contiene dicha propuesta
2 Ese mandato fue conferido al señor Correa Díaz el 24 de noviembre de 2011, en el marco de la
negociación entre C.I. Calizas y Minerales S.A. y Cemex Colombia S.A. (folio 38, archivo digital
denominado «01.IncidenteRegulacionDePerjuicios.pdf»).
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
21
no se incorporó al expediente, sí se acreditó su aceptación,
mediante dos comunicaciones suscritas el 17 de septiembre
de 2013 por el apoderado de las entidades ejecutantes.
En el primero de tales documentos, se dijo lo siguiente:
«(...) en mi calidad de apoderado especial judicial de Bancolombia
S.A. y de Leasing Bancolombia S.A. en procesos judiciales que se
desarrollan ante el juzgado catorce (14) (radicado 2011-0652) civil
del circuito y dieciséis (16) (radicado 2011-0580) civil del circuito
de Medellín, hemos aceptado un acuerdo de ofrecimiento de
pago para desvincular a la sociedad C.I. Calizas y Minerales
S.A. de estos dos (2) procesos judiciales, por pago que realizará
en nombre de esta sociedad el señor Eugenio Correa Diaz, con
cédula de ciudadanía número 80.715.205 de Bogotá, por la suma
de $3.700.000.000, los cuales deberán ser consignados de la
siguiente manera:
1) A favor Bancolombia s.a., e Imputable a CI CALIZAS Y
MINERALES S A (900228137). las siguientes sumas de dinero:
▪ Obligación banco # 60085391, la suma de $783.400.000 (se
debe llenar un comprobante de pago de cartera castigada).
▪ Obligación banco # 60085441, la suma de $384.119.000 (se
debe llenar un comprobante de pago de cartera castigada)
TOTAL BANCO $ 1.167.519.000.00.
2) A favor Leasing Bancolombia S.A., e imputable a
Fundición y Aleaciones Certificadas Fundalcer
(900144353) en la cual la sociedad Calizas & Minerales (sic) es
vinculada como avalista de dichas obligaciones, Contrato de
Leasing # 109888, la suma de $2.480.977.000 (...).
TOTAL LEASING $2.480.977.000.
3) La suma de $51.504.000, a nombre [del apoderado judicial de
Bancolombia S.A.] (...).
Una vez materializado ello, se terminará por pago total de la
obligación sin consideración a la liquidación del juzgado, el
proceso del Juzgado 16 Civil del Circuito de Medellín y se
desvinculará totalmente, también sin consideración a la
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
22
liquidación del juzgado, y levantarán las medidas cautelares
que vinculen a Calizas & Minerales (sic), en lo relativo al
proceso del juzgado 14 civil del circuito de Medellín [que
corresponde a la presente causa]. Es de anotar, que esta
autorización de pago en estos términos, y para cancelar las
obligaciones que vinculan a la sociedad Calizas & Minerales (sic)
en los procesos mencionados, se sostiene y tiene vigencia, hasta
el 30 de septiembre de este 2013»3.
Una segunda comunicación reiteró los términos
anteriores, y añadió el pago de una suma adicional de
$300.000.000, por concepto de costas y gastos procesales:
«(...) en mi calidad de apoderado especial judicial de Bancolombia
S.A. y de Leasing Bancolombia S.A., en procesos judiciales que se
desarrollan ante el juzgado catorce (14) (radicado 2011-0652) civil
del circuito y dieciséis (16) (radicado 2011-0580) civil del circuito
de Medellín. hemos aceptado un acuerdo de ofrecimiento de
pago para desvincular a la sociedad C.I. Calizas y Minerales
S.A. de estos dos (2) procesos judiciales, por pago que realizará
en nombre de esta sociedad el señor Eugenio Correa Diaz, con
cédula de ciudadanía número 80.715.205 de Bogotá, por la suma
de $3.700.000.000 por parte de las acreedoras
demandantes.
Igualmente, deberán ser cancelados todos los conceptos de
costas y gastos procesales, por valor de $300.000.000; los
cuales deberán ser cancelados a nombre [del apoderado judicial
de Bancolombia S.A.].
Una vez materializado ello, se terminará por pago total de la
obligación sin consideración a la liquidación del juzgado, el
proceso del juzgado 16 civil del circuito de Medellín. Y se
desvinculará totalmente, también sin consideración a la
liquidación del juzgado, y levantarán las medidas cautelares
que vinculen a Calizas & Minerales (sic), en lo relativo al
proceso del juzgado 14 civil del circuito de Medellín.
Es de anotar, que esta autorización de pago en estos términos, y
para cancelar las obligaciones que vinculan a la sociedad Calizas
3 Folios 71 y 72, archivo digital denominado «01.IncidenteRegulacionDePerjuicios.pdf».
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
23
& Minerales (sic) en los procesos mencionados, se sostiene y tiene
vigencia, hasta el 30 de septiembre de este 2013 (...)»4.
(iv) El material probatorio también evidencia que
dicho convenio fue íntegramente ejecutado. La incidentante
efectuó varios pagos mediante transferencias bancarias, que
reposan en copia en el expediente5, todo lo cual fue ratificado
en el hecho cuarto del escrito incidental:
«...En vista de que no era posible adelantar todas las actuaciones
procesales dentro del nuevo término establecido, C.I. Calizas y
Minerales S.A., se vio obligado, el 29 de septiembre de 2013,
después de recibir de Cemex Colombia S.A, un anticipo por valor
de USD $3.000.000, a cancelar a favor de Bancolombia S.A, la
totalidad del monto de las obligaciones ejecutadas en el proceso
con Radicado Nro. 2011-00580 y a entregar a leasing
Bancolombia S.A, la suma de $2.480.977.000, asimismo le hizo
un pago al abogado (...) por la suma de $300.000.000, para que
las entidades financieras solicitaran el levantamiento de las
medidas cautelares que recaían sobre los bienes de propiedad de
C.I. Calizas y Minerales S.A., de tal forma que pudiera cumplir con
las obligaciones a su cargo, derivadas del memorando de
entendimiento suscrito con Cemex Colombia S.A. (sic)»6.
(v) Como los pagos se hicieron conforme a lo
acordado, el 30 de septiembre de 2013 el apoderado de la
parte ejecutante solicitó al juzgado de primera instancia el
levantamiento de la medida de embargo de remanentes
decretada en el presente proceso7, solicitud que fue aprobada
por auto del 1 de octubre siguiente8.
4 Folio 73, ídem.
5 Folios 68 a 70, ídem.
6 Folio 2, ídem.
7 Folio 19, archivo digital denominado «01MedidasPrevias.pdf».
8 Folio 20, ídem. Las comunicaciones fueron retiradas por la apoderada de la parte incidentante el día 11
del mismo mes (folio 21, ídem).
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24
3.2. La tesis del Tribunal.
El Tribunal, sostuvo que el pago voluntario descrito
previamente constituía un daño indemnizable, atribuible a la
conducta de Leasing Bancolombia S.A., aduciendo que:
(i) La necesidad de hacer el pago surgió como
consecuencia directa del contrato de compraventa celebrado
con Cemex Colombia S.A., cuya ejecución se encontraba
materialmente obstaculizada por los embargos vigentes
sobre algunos bienes objeto de la transacción.
(ii) Existe un nexo causal directo entre el proceso
ejecutivo y el perjuicio económico alegado, dado que, en
ausencia de dicho proceso judicial, no habría surgido la
necesidad de efectuar el pago para conseguir el
levantamiento de las medidas cautelares.
(iii) La alternativa prevista en el artículo 519 del
Código de Procedimiento Civil –constituir una caución para
obtener el levantamiento de las medidas cautelares–
resultaba económicamente más gravosa.
3.3. Refutación de la tesis del Tribunal.
Tal como se dijera en el fallo impugnado, desde la óptica
de la causalidad material o fáctica9, la demanda ejecutiva
9 El primer paso de todo análisis judicial de causalidad consiste en verificar, con ayuda de la lógica
contrafactual y de la prueba disponible, si la conducta o el hecho imputado al demandado constituye un
antecedente necesario, o condición sine qua non del resultado dañoso: es decir, si en un mundo hipotético
en el que la conducta del demandado no se hubiera producido, el daño tampoco habría ocurrido (de ser
así –si el daño hubiera ocurrido de todos modos–, no habría causalidad fáctica).
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
25
promovida por Leasing Bancolombia S.A. es una condición o
antecedente sine qua non del desembolso de $2.780.977.000,
pues, en un escenario en el que el proceso ejecutivo no
hubiese existido, la incidentante probablemente no habría
formulado la propuesta de pago que hoy califica como “daño”.
Esa relación contrafactual resulta suficiente para superar el
primer filtro –el puramente fáctico– del análisis causal.
Sin embargo, el tránsito del plano empírico al plano de
la causalidad jurídica10 exige una valoración adicional, que
el Tribunal omitió por completo. Una vez constatado el nexo
material, correspondía indagar si la conducta del ejecutante
merecía ser erigida, normativamente, en “causa” a efectos de
responsabilidad civil. Y la respuesta a ese cuestionamiento
es negativa, por varias razones:
(i) Imposibilidad jurídica de considerar un pago
contractual como daño indemnizable.
Antes de avanzar, es preciso desactivar una premisa
sobre la que descansa la conclusión del Tribunal. Su análisis
causal asume como cierto que el pago voluntario de
$2.780.977.000 constituye, sin más, un “daño patrimonial
indemnizable”, es decir, una pérdida cuya compensación
puede exigirse por la vía de la responsabilidad civil. Sin
embargo, ese punto de partida es equivocado.
10 Una vez superado el umbral fáctico, el juez debe ofrecer razones normativas para calificar esa misma
conducta como “causa” para efectos de la responsabilidad civil. Aquí intervienen criterios de política
legislativa (protección de la víctima, corrección del mercado, prevención de riesgos), conceptos como la
previsibilidad del daño, la proximidad entre la conducta y el resultado, el ámbito de protección de la
norma que se considera infringida, la existencia de causas concurrentes o interferentes, etc.
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
26
En efecto, el daño patrimonial indemnizable se define
por la ausencia de una causa jurídica que legitime la
disminución del patrimonio del agraviado. Cuando la merma
económica se produce como consecuencia de una causa
lícita, válida y eficaz, como la ejecución de un contrato
bilateral, una resolución de autoridad competente, etc.,
desaparece el elemento de antijuridicidad que permite
reconocerla como un perjuicio resarcible. Dicho de otro
modo: si existe justificación jurídica para una pérdida
concreta, deja de ser posible calificarla como “daño”, en el
sentido técnico que exige la responsabilidad civil.
Aceptar lo contrario socavaría principios esenciales del
derecho privado como la fuerza obligatoria de los contratos
(pacta sunt servanda), la seguridad jurídica y la buena fe
negocial. También generaría un precedente peligroso, pues
permitiría a cualquiera de las partes de una convención
cuestionar posteriormente sus propios actos, generando un
escenario de incertidumbre permanente. Asimismo,
desnaturalizaría la institución de la responsabilidad civil,
cuya función es reparar perjuicios antijurídicos, no
desconocer compromisos legítimamente adquiridos.
En última instancia, tal interpretación atentaría contra
la coherencia del ordenamiento jurídico, que no puede,
simultáneamente, reconocer la validez de un acuerdo de
voluntades en virtud del cual se hizo una transferencia de
dinero, y calificar los efectos económicos naturales de dicha
transferencia –la reducción del patrimonio del pagador–
como un “daño indemnizable”.
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
27
(ii) La verdadera naturaleza jurídica del pago: un
acuerdo voluntario válido.
Al margen del obstáculo descrito, debe insistirse en que,
de acuerdo con las evidencias recaudadas, la erogación
realizada por C.I. Calizas y Minerales S.A. a favor de
Bancolombia S.A. corresponde a la ejecución de un pacto
bilateral, celebrado en ejercicio de la autonomía de la
voluntad privada de ambas entidades. Es decir, la causa
jurídica en virtud de la cual se redujo el patrimonio de la
incidentante en $2.780.977.000 es un contrato, cuya validez
no fue puesta en tela de juicio.
En cuanto a lo primero, las comunicaciones del 17 de
septiembre de 2013, tituladas «aceptación de entendimiento de
pago» –que aportó la propia incidentante, sin discutir su
contenido–, sumadas a los registros de transferencias
provenientes de las cuentas bancarias de C.I. Calizas y
Minerales S.A., demuestran que dicha suma fue entregada
manera voluntaria, en cumplimiento de una prestación
libremente estipulada. Es más, dichas probanzas permiten
inferir que fue la referida sociedad quien propuso el arreglo,
con el propósito de que se levantaran anticipadamente todas
las medidas cautelares que afectaban sus propiedades.
En cuanto a lo segundo, el negocio jurídico descrito
resulta válido formal y materialmente, y fue cumplido a
cabalidad, sin que ninguna de las partes –la incidentante
incluida– alegara vicios del consentimiento, o defectos en la
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
28
formación de su voluntad, siendo del caso resaltar que ni las
urgencias comerciales, ni la presión que conlleva cualquier
negocio que involucre elevadas sumas de dinero, pueden
calificarse, por sí solas, como vicios de la voluntad; al
contrario, se trata de dificultades inherentes a las dinámicas
del mercado, lo que descarta su potencial para comprometer
la validez o fuerza ejecutoria de un débito auto-impuesto.
Lo que quiere decirse es que, a pesar de la presión de
las circunstancias, la decisión de C.I. Calizas y Minerales
S.A. de proponer a la ejecutante un pago anticipado, a
cambio del levantamiento inmediato de las medidas
cautelares que gravaban algunos de sus bienes –sin
condicionar el pacto a la suerte del litigio–, no deja de ser eso:
una decisión, que obedece a la voluntad de quien la toma.
En ese escenario, se reitera, la “causa” jurídica de la
disminución del patrimonio de la incidentante no puede ser
distinta que la conjunción de su propia voluntad y la de su
contraparte (un contrato). Y siendo ello así, no podría
asignársele el mismo rol –de causa– a otro acto o fenómeno,
incluyendo, por supuesto, la conducta atribuida a la
ejecutante –el abuso del derecho a litigar–.
(iii) Asunción consciente de riesgos.
Un aspecto decisivo que el Tribunal también pasó por
alto es que C.I. Calizas y Minerales S.A., comerciante de
reconocida trayectoria, permanentemente asesorada por un
profesional en derecho, asumió de manera consciente los
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
29
riesgos inherentes a su estrategia procesal y negocial, riesgos
que resultan patentes y, por ende, previsibles para cualquier
operador diligente.
En efecto, en la referida «aceptación de entendimiento de
pago» quedó sentado que, como contraprestación por la
solicitud de levantamiento anticipado de unas cautelas, la
ejecutada desembolsaría $2.780.977.000 a la entidad
financiera ejecutante, sin ningún condicionante adicional.
Quedó explícito, incluso, que el pago se haría «sin consideración
a la liquidación del juzgado»; en otras palabras, que no quedaba
supeditado a la suerte de la disputa.
Así, al intercambiar una suma cierta por un beneficio
inmediato, dejando de lado cualquier contingencia futura, se
descarta la viabilidad de elevar reclamaciones basadas en la
determinación de un saldo inferior a cargo de las ejecutadas,
o, incluso, en la frustración de la ejecución. C.I. Calizas y
Minerales S.A. eligió conscientemente asumir ese riesgo, por
lo que no puede ahora trasladar las consecuencias
económicas de su propia determinación a la ejecutante, a
través de una acción de responsabilidad civil.
(iv) Alternativas procesales que excluirían la
inevitabilidad del pago.
En contraposición a lo sostenido por el ad quem, C.I.
Calizas y Minerales S.A. disponía de alternativas procesales
efectivas para obtener el levantamiento inmediato del
embargo de remanentes decretado en este trámite, sin
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
30
necesidad de realizar un pago definitivo e irrevocable a la
entidad financiera ejecutante.
En efecto, el artículo 519 del Código de Procedimiento
Civil –vigente al momento de los hechos– contemplaba la
posibilidad de sustituir las cautelas mediante la
consignación judicial de una suma suficiente para garantizar
provisionalmente el crédito y las costas. Esta posibilidad
implicaba, ciertamente, la inmovilización inicial de una suma
superior a la del pago directo acordado con la ejecutante; sin
embargo, el costo real de esta opción resultaba menor, dado
que los recursos permanecían bajo custodia judicial y podían
ser recuperados por la ejecutada si, como efectivamente
ocurrió, prosperaban sus excepciones.
Dicho en términos económicos, aunque la consignación
judicial supusiera una erogación nominal mayor, su costo de
oportunidad era significativamente inferior al del pago
definitivo, comoquiera que la suma consignada permanecía
como un activo recuperable, cuyo retorno era posible. En
cambio, la utilidad marginal del pago directo e irrevocable a
favor del ejecutante era claramente negativa, pues implicaba
la pérdida definitiva de los recursos desembolsados, con
independencia del resultado del proceso.
En ese escenario, la decisión de no utilizar este
mecanismo legal, optando en su lugar por realizar un pago
directo y sin posibilidad de retorno, deja en evidencia que la
sociedad ejecutada efectuó conscientemente una valoración
de sus opciones, privilegiando, por razones particulares, una
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
31
solución más costosa en términos reales y menos eficiente
desde la perspectiva de preservación del valor patrimonial.
Esta circunstancia descarta por completo la pretendida
inevitabilidad del pago realizado y confirma que la
disminución patrimonial no constituye un resultado
necesario del proceso ejecutivo, sino la consecuencia directa
de una elección voluntaria, informada y estratégicamente
asumida por la propia sociedad incidentante.
(v) Sumario: Inexistencia de nexo causal.
Incluso si se admitiera –en simple gracia de discusión–
que el pago efectuado por C.I. Calizas y Minerales S.A.
pudiera constituir un “daño indemnizable”, resultaría
jurídicamente inviable atribuirlo causalmente a la existencia
del proceso ejecutivo, o al embargo de remanentes decretado
en el decurso de la primera instancia del proceso ejecutivo.
Como ya se indicó, el material probatorio demuestra
que la verdadera causa jurídica de la transferencia realizada
fue un negocio jurídico, ajustado entre las dos sociedades
involucradas en el trámite incidental. Adicionalmente, dicho
convenio fue propuesto por un apoderado de la propia
incidentante, y fue libremente aceptado por ella y por su
contraparte, con el propósito específico de obtener el
levantamiento inmediato de las medidas cautelares.
La existencia de este acuerdo de voluntades constituye
una causa jurídica autónoma, perfectamente diferenciada
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
32
del proceso ejecutivo y sus cautelas. El pago no fue una
consecuencia directa, ni necesaria, de la actuación procesal
de la entidad financiera, sino el resultado deliberado de un
pacto contractual válido, en el que la sociedad incidentante
intercambió un beneficio económico por la liberación
anticipada de sus bienes embargados.
Esta disociación causal resulta evidente al considerar
que los acuerdos extrajudiciales de pago anticipado no
constituyen una consecuencia típica o regular del trámite de
los procesos ejecutivos. La práctica demuestra que lo
habitual es que la parte ejecutada agote primero los
mecanismos procesales de defensa disponibles,
especialmente cuando considera fundadas sus excepciones.
La decisión de no seguir esta vía ordinaria, para optar por un
acuerdo directo, evidencia una elección deliberada, fruto de
un análisis consciente de costos y beneficios, que realizó –o
debió realizar– C.I. Calizas y Minerales S.A.
Lo anterior equivale a decir que no existe nexo causal
jurídicamente relevante entre la actuación procesal de
Leasing Bancolombia S.A. y la disminución patrimonial
alegada, toda vez que esta última encuentra su origen y
explicación en un acto jurídico independiente: el pacto para
el levantamiento anticipado de las medidas cautelares.
3.4. Conclusiones.
De lo expuesto se sigue que el Tribunal incurrió en un
yerro, pues atribuyó causalmente a un tercero un resultado
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
33
patrimonial que deriva de un ejercicio autónomo de voluntad
de quien alega ser víctima. Al hacer esto, incurrió en un yerro
fáctico –dar por probado un nexo causal inexistente–, y
contravino de paso principios estructurales del ordenamiento
jurídico colombiano, como la autonomía de la voluntad
privada, la fuerza obligatoria de los pactos –pacta sunt
servanda– y la teoría de los actos propios.
Por las razones expuestas, se impone casar la sentencia
impugnada y, en sede de instancia, adoptar la decisión
sustitutiva que en derecho corresponda.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. Control de legalidad.
Se encuentran reunidos todos los presupuestos
procesales de la acción. No se advierten irregularidades o
vicios de procedimiento que pudieran comprometer la validez
de lo actuado. Por consiguiente, esta Corporación procederá
a dictar sentencia de mérito.
2. Sentencia de primera instancia.
Como se advirtió en los antecedentes de esta
providencia, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín
denegó en su totalidad el reclamo indemnizatorio formulado
por C.I. Calizas y Minerales S.A., cuya cuantía ascendía a
$11.029.208.798.
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
34
Para fundamentar su resolución, resaltó que no se
había acreditado en el proceso conducta dolosa o culposa
atribuible a Leasing Bancolombia S.A. en el ejercicio de la
acción ejecutiva. A ello agregó que, incluso suponiendo ese
elemento subjetivo, tampoco se configuraban los demás
presupuestos para la prosperidad de las pretensiones.
En punto de lo anterior, arguyó que las sumas de dinero
que transfirió la incidentante a cambio de que se levantaran
las medidas cautelares fueron el resultado de un acuerdo
voluntario válido, y no de una acción u omisión dañosa –de
las que se ocupa la responsabilidad civil extracontractual–.
Asimismo, resaltó que cualquier posible detrimento por
concepto de honorarios de abogados debería quedar cubierto
por la condena al pago de agencias en derecho.
3. Recurso de apelación.
La sociedad C.I. Calizas y Minerales S.A. formuló dos
objeciones contra la decisión del juzgado a quo:
(i) En primer lugar, argumentó que se incurrió en
error al considerar que no se había acreditado un
comportamiento temerario por parte de Leasing Bancolombia
S.A., pues tal temeridad había sido declarada en las
sentencias previas dictadas en este proceso, donde se habría
establecido que la entidad ejecutante «inició un proceso ejecutivo
que constituyó una autotutela, la cual no fue fruto del ejercicio de un
derecho a su favor, sino un abuso de posición dominante».
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
35
(ii) En segundo lugar, cuestionó que se le
responsabilizara del resultado patrimonialmente adverso
derivado del pago efectuado a Leasing Bancolombia S.A.
Según la sociedad apelante, dicho pago fue el producto de un
abuso de posición dominante por parte de la entidad
financiera, que habría exigido la suma de $2.780.977.000
para liberar los bienes que debían ser transferidos a Cemex
Colombia S.A. en una operación comercial de considerable
magnitud, valorada en USD $22.200.000.
4. Resolución del recurso.
4.1. Precisión preliminar.
En ejercicio de la función nomofiláctica de la Sala11,
resulta pertinente reiterar el alcance de la regla contenida en
el artículo 443-3 del Código General del Proceso, pues una
interpretación excesivamente literal de la expresión «se
condenará al ejecutante a pagar (...) los perjuicios» podría conducir
al error de asumir la existencia de un régimen de
responsabilidad estricta –o, más grave aún, “automática”–.
Precisamente en el caso sub examine, el Tribunal
incurrió en aquel equívoco, al considerar que «al introducirse
(...) como causal de la condena en abstracto, que en el proceso ejecutivo
prosperaran las excepciones (...), implica que esa sola circunstancia se
tiene como hecho culposo que permite condenar al ejecutante al pago de
11 El término “nomofilaquia” proviene de las raíces griegas nómos (ley) y phýlaxis (vigilancia o
guardia). Hace referencia a la función de la Corte Suprema de Justicia de asegurar la interpretación
uniforme y adecuada de las normas jurídicas, o, en palabras del artículo 333 del Código General del
Proceso, «defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico».
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
36
los perjuicios», conclusión que resulta incorrecta, contraria al
precedente judicial –ampliamente referido supra– y a los
principios fundamentales del derecho de daños, por tres
razones esenciales:
Primero, nuestro ordenamiento jurídico no contempla
un régimen especial de responsabilidad civil para el
ejecutante vencido. El artículo 443-3 del Código General del
Proceso únicamente establece una condena preceptiva en
abstracto, sin definir sus presupuestos, ni las reglas
probatorias aplicables. En consecuencia, resulta imperativo
acudir a las normas generales de la responsabilidad civil,
particularmente, al artículo 2341 del Código Civil, que exige
la demostración de culpa o dolo como factor de atribución.
Segundo, quien demanda ejecutivamente ejerce el
derecho fundamental de acceso a la justicia (artículo 229 de
la Constitución Política) y su actuación está amparada por la
presunción constitucional de buena fe (artículo 83, ejusdem).
Asumir que el fracaso de la pretensión ejecutiva constituye
prueba suficiente de dolo o temeridad contraviene estos
postulados constitucionales y crea una inversión
injustificada de la carga probatoria.
Y, tercero, debe insistirse en que la incertidumbre es
inherente a todo proceso judicial. El rechazo de las
pretensiones puede obedecer a múltiples causas:
interpretaciones normativas particulares, errores formales,
deficiencias probatorias, entre otros supuestos, que no
implican, per se, malicia o negligencia del ejecutante.
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Por consiguiente, el fracaso de la acción ejecutiva no
constituye prueba o indicio de dolo, mala fe o temeridad del
ejecutante. Tampoco resulta válido equiparar la presentación
de una demanda ejecutiva con una actividad peligrosa, que
amerite un régimen de responsabilidad estricto. En esta
materia conviene evitar generalizaciones, centrando el
análisis en las circunstancias específicas de cada caso. Solo
mediante un juicio de reproche subjetivo, sumado a la
evidencia de un daño cierto y un nexo causal adecuado, será
posible declarar la responsabilidad civil del acreedor.
4.2. Análisis de los cuestionamientos de la parte
incidentante (apelante).
Como se ha establecido reiteradamente en esta
providencia, la indemnización de perjuicios contemplada en
el artículo 443-3 del Código General del Proceso no opera de
manera automática, ni configura un régimen de
responsabilidad objetiva.
Por el contrario, exige la demostración plena de todos
los elementos constitutivos de la responsabilidad civil por
abuso del derecho a litigar –que, a riesgo de fatigar, se
reiteran–: (i) el agravio o daño injusto; (ii) la conducta
temeraria, negligente o de mala fe del ejecutante al iniciar el
ejecutivo o solicitar medidas cautelares, y (iii) el nexo de
causalidad entre dicha conducta y aquel resultado. Estos
elementos son concurrentes y acumulativos, de modo que la
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ausencia de cualquiera de ellos impide la configuración de la
responsabilidad civil.
En el presente caso, según se explicó detalladamente al
resolver el cargo primero del recurso extraordinario de
casación, el material probatorio que obra en el expediente
demuestra inequívocamente que el pago efectuado por C.I.
Calizas y Minerales S.A. a Leasing Bancolombia S.A. fue
resultado de un acuerdo voluntario ajustado entre las partes,
formalizado mediante las comunicaciones denominadas
«aceptación de entendimiento de pago». Esta circunstancia excluye
la posibilidad de calificar ese desembolso como una
consecuencia dañosa directa e inmediata del proceso
ejecutivo o de las medidas cautelares.
La naturaleza jurídica del referido pago corresponde a
la ejecución de una prestación contractual libremente
asumida por la incidentante, quien obtuvo como
contraprestación el levantamiento inmediato de las medidas
cautelares que, según su manifestación, obstaculizaban la
realización de un importante negocio comercial con Cemex
Colombia S.A. Por ende, no puede considerarse como un
daño indemnizable la erogación patrimonial que constituyó,
precisamente, el precio propuesto y convenido para obtener
ese beneficio jurídico y comercial.
A la inexistencia de nexo causal entre el proceso
ejecutivo y el pago realizado se suma otra deficiencia
fundamental: C.I. Calizas y Minerales S.A. omitió aportar
evidencias relacionadas con la conducta temeraria,
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negligente o de mala fe de la entidad financiera. Su estrategia
procesal se limitó a postular, en directa contradicción con el
precedente jurisprudencial consolidado, que la prosperidad
de las excepciones configuraba una presunción automática
de temeridad, activando así el deber de indemnizar.
Y la referida postura, además de ser teóricamente
errada, no considera adecuadamente las particularidades
fácticas y jurídicas del caso. El material probatorio permite
ver con claridad que Leasing Bancolombia S.A. efectivamente
realizó un desembolso de €1.800.000 a favor del fabricante
español de la prensa hidráulica, pago que respondía a una
necesidad específica de Fundalcert S.A. como futura
locataria: financiar el anticipo requerido para iniciar la
construcción del equipo industrial solicitado.
Resulta evidente, por tanto, que el referido desembolso
no satisfacía un interés propio de la entidad financiera. Y
siendo ello así, ciertamente existía una razón económica
sustancial para que la entidad financiera intentara recuperar
sus recursos, cuando la operación de leasing no llegó a
concretarse. Es decir, la búsqueda del reembolso de dicha
suma de dinero respondía a un interés patrimonial legítimo
y tenía como fundamento una erogación efectiva y verificable.
Ocurre que los juzgadores de instancia, aplicando un
riguroso análisis jurídico, determinaron que dicho pago no
estaba directamente vinculado al contrato de leasing
proyectado; es decir, no constituía una de las prestaciones
pactadas en ese negocio jurídico, siendo esas prestaciones, y
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no otras, las que estaban garantizadas por el título valor
aportado. Fue gracias a esa distinción técnica que se
desestimaron las pretensiones de la ejecutante.
Y siendo ello así, es decir, ante un escenario complejo
como el descrito, no era posible afirmar que la interposición
de la demanda ejecutiva constituyera, necesariamente al
menos, una conducta temeraria o de mala fe. La intrincada
naturaleza de las operaciones financieras involucradas y la
existencia de un desembolso real para satisfacer una
necesidad de la futura locataria configuran un contexto que
dista considerablemente de los supuestos de abuso del
derecho que la jurisprudencia ha identificado como
generadores de responsabilidad civil.
Sea esta una razón de más para desestimar el reclamo
indemnizatoria de la incidentante.
5. Conclusión.
No se configuran los elementos indispensables para que
se estructure la responsabilidad civil extracontractual de la
ejecutante, por abuso del derecho a litigar. Por tanto, el fallo
apelado debe ser íntegramente confirmado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de
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Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 22
de septiembre de 2023, dictada por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín. SIN COSTAS,
dada la prosperidad de la impugnación extraordinaria.
Y, situada en sede de instancia, la Corte
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 1 de diciembre
de 2022, dictada por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de
Medellín, en el marco del incidente de regulación de
perjuicios de la referencia.
SEGUNDO. COSTAS de segunda instancia a cargo de la
incidentante. Liquídense, en los términos de los artículos
365-5 y 366 del Código General del Proceso, teniendo en
cuenta la suma de diez millones de pesos ($10.000.000), que
la Magistrada Sustanciadora fija como agencias en derecho.
TERCERO. REMÍTASE el expediente a la autoridad
judicial competente.
Notifíquese y cúmplase
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
(En comisión de servicios)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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