---
clave: "corte_suprema:providencia:SC1144-2025 [2011-00652-01]"
titulo: "Corte suprema: SC1144-2025"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-06-04"
radicado: "2011-00652-01"
numero: "SC1144-2025"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1144-2025%20%5B2011-00652-01%5D"
---

# Corte suprema: SC1144-2025

- **Título oficial / radicado:** SC1144-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-06-04
- **Radicado:** 2011-00652-01
- **Número:** SC1144-2025
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1144-2025%20%5B2011-00652-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1144-2025%20%5B2011-00652-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI1L0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzYuLSBKdW5pby9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTE0NC0yMDI1IFsyMDExLTAwNjUyLTAxXS5wZGY%3D/Civil/interpretaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2555 de 2010
- Constitución Política

## Extracto

Las anteriores hipótesis permiten ilustrar la idea que se esbozó inicialmente: la responsabilidad civil derivada del abuso del derecho a litigar no se configura por el simple resultado adverso a las pretensiones del demandante, sino que exige acreditar que su actuación procesal estuvo mediada por algún tipo de dolo, temeridad o mala fe. De este modo, resulta posible equilibrar el derecho constitucional de acceso a la administración de justicia con Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01 19 la prevención efectiva del abuso procesal, asegurando que la condena indemnizatoria se imponga únicamente cuando la valoración integral del comportamiento del ejecutante revele una instrumentalización ilegítima del proceso ejecutivo, incompatible con sus fines institucionales; es decir, un verdadero abuso del derecho de acceso a la administración de justicia, consagrado en el 229 de la Constitución Política.

## Texto del documento

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
SC1144-2025
Radicación n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
(aprobado en sesión de veintisiete de marzo de dos mil veinticinco)
Bogotá, D.C., cuatro (04) de junio de dos mil veinticinco
(2025).
Se decide el recurso extraordinario de casación
interpuesto por la parte incidentada frente a la sentencia de
22 de septiembre de 2023, dictada por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el
incidente de liquidación de perjuicios promovido por C. I.
Calizas y Minerales S.A. contra Bancolombia S.A.
ANTECEDENTES
1. El proceso ejecutivo previo.
1.1. Pretensiones.
Leasing Bancolombia S.A. (hoy Bancolombia S.A.)
interpuso demanda ejecutiva contra Fundición y Aleaciones
Certificadas Fundalcert S.A.; C.I. Calizas y Minerales S.A.;
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
2
Comercializadora Almetal S.A.; Metales y Excedentes S.A.;
Metales Medellín S.A.; Carlos Alberto Moreno y José Aldemar
Moncada, para obtener el pago de $4.408.765.083, capital
incorporado en el pagaré n.º 169888, junto con los intereses
moratorios causados a partir del 31 de julio de 2011,
liquidados a la tasa máxima que permite la ley mercantil.
1.2. Oposición.
Notificadas de la orden de pago librada en su contra, las
personas naturales y jurídicas demandadas presentaron las
siguientes excepciones: «cobro de lo no debido»; «incumplimiento del
contrato de leasing»; «falta de requisitos formales del título valor»; «falta
de representación»; «ineficacia del negocio jurídico» e «integración
abusiva del título valor en blanco».
1.3. Sentencia de primera instancia.
El 21 de marzo de 2014, el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Descongestión de Medellín resolvió abstenerse de
seguir la ejecución. En sustento, expuso que el título valor
presentado para el cobro respaldaba un contrato de leasing
celebrado entre Leasing Bancolombia S.A. y Fundalcert S.A.,
cuyo objeto consistía en una prensa hidráulica de alta
tecnología para extrusión de perfilería de aluminio, fabricada
en España, con un valor de $11.800.000.000.
El juzgado concluyó que, a pesar de que Leasing
Bancolombia S.A. había realizado un desembolso inicial de
€1.800.000 a favor del fabricante extranjero, nunca completó
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
3
la adquisición de la máquina. En consecuencia, tampoco
pudo entregar su tenencia a la locataria, como era su
obligación contractual. Con base en ello, el juez a quo
determinó que «la demandante incumplió su obligación principal en
un contrato de leasing financiero», contraviniendo lo establecido
en el literal b) del artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 2555 de
2010, según el cual los bienes objeto del leasing «(...) deberá[n]
ser de propiedad de la compañía arrendadora, derecho de dominio que
conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra».
1.4. Sentencia de segunda instancia.
El Tribunal confirmó la decisión apelada mediante
providencia de 21 de junio de 2021, con fundamento en los
siguientes argumentos:
«En el caso bajo estudio, la cosa consistía en una prensa
hidráulica para extrusión de perfilería de aluminio nueva con sus
accesorios para su normal funcionamiento, que no existía al
momento del contrato (celebrado entre el día 14 de abril de 2010)
y era la empresa Gia Clecim Press de España quien la fabricaría.
Es decir, cuando se suscribió el negocio la máquina no estaba en
cabeza de Leasing Bancolombia, porque ni siquiera existía.
Pero, de otro lado, como ya se mencionó, la compañía aduce el
incumplimiento de los deudores-demandados, en las cargas del
crédito de anticipo, para la adquisición, por lo cual no alcanzó a
perfeccionarse el contrato. Así entonces, considera este Tribunal
que, la sociedad ejecutante no podía exigir forzosamente el
cumplimiento de las obligaciones dinerarias a cargo de la sociedad
Fundalcert Ltda. y demás obligados cambiarios (pago de los
cánones y valor de la opción de compra), llenando dicho título
valor, cuando las partes contratantes se acusan mutuamente de
incumplimiento contractual y precontractual.
Ahora, las instrucciones para llenar el pagaré que constan en el
cuerpo mismo del título valor (...) permite deducir con claridad
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
4
meridiana que los anticipos para la adquisición de la maquinaria
objeto del contrato de arrendamiento financiero, que se dice fueron
pactados en la etapa precontractual, no quedaron comprendidos
dentro del catálogo de instrucciones para el llenado del título valor,
por lo cual no era dable incluirlos para su cobro coactivo».
2. Incidente de liquidación de perjuicios.
2.1. Pretensiones.
Tras haber salido victoriosa en ambas instancias, C. I.
Calizas y Minerales S.A. presentó un incidente de liquidación
de perjuicios, amparándose en lo dispuesto por el artículo
443-3 del Código General del Proceso. Allí pidió el
resarcimiento integral de los siguientes daños patrimoniales,
que, según su criterio, se derivaron directamente del proceso
ejecutivo infructuoso:
(i) $2.780.977.000, que C.I. Calizas y Minerales S.A.
entregó a Leasing Bancolombia S.A. y a su apoderado, para
obtener el levantamiento anticipado de las medidas
cautelares decretadas en este trámite.
(ii) $2.545.202.030, por los honorarios profesionales
que C.I. Calizas y Minerales S.A. debe pagar como
contraprestación por su defensa en el juicio ejecutivo; y
(iii) $5.703.029.768, que corresponderían al lucro
cesante, calculado a partir de los réditos moratorios sobre la
suma de $2.780.977.000 –mencionada en el punto (i)–. Este
monto representa las ganancias o rendimientos financieros
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
5
que la incidentante dejó de percibir al verse privada del
dinero que habría entregado irregularmente
2.2. Fundamento fáctico.
En respaldo de sus pretensiones, C.I. Calizas y
Minerales S.A. adujo que el 28 de agosto de 2012, es decir,
mientras se desarrollaba la primera instancia del proceso
ejecutivo antecedente, celebró un contrato marco con la
multinacional Cemex Colombia S.A., mediante el cual se
comprometió a transferir la totalidad de sus activos, a cambio
de una contraprestación de USD $22.200.000.
Agregó que, durante la fase preparatoria de esta
transacción, se percató de que dos inmuebles de su
propiedad se encontraban afectados por medidas cautelares
de embargo y secuestro decretadas en varios procesos
ejecutivos promovidos por Bancolombia S.A. y Leasing
Bancolombia S.A. Lo anterior generaba un impedimento
material para culminar el negocio en los términos acordados,
lo que obligó a C.I. Calizas y Minerales S.A. a gestionar
múltiples prórrogas contractuales ante Cemex Colombia
S.A., con la finalidad de salvar la operación comercial y evitar
potenciales responsabilidades por incumplimiento.
La incidentante argumentó que, considerando el riesgo
inminente de que la millonaria transacción se frustrara
definitivamente, y siendo impracticable aguardar a la
resolución judicial favorable de las excepciones propuestas,
se vio obligada a buscar una solución alternativa y expedita.
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
6
Para ello, concertó un acuerdo extrajudicial con Leasing
Bancolombia S.A., orientado a obtener el levantamiento
inmediato de las cautelas, para así poder cumplir a tiempo
sus compromisos contractuales con Cemex Colombia S.A.
Según la caracterización que hiciera la propia
incidentante, esa «negociación forzada» culminó con la entrega
a la entidad financiera ejecutante de $2.780.977.000,
cantidad que –sostuvo– carece de fundamento jurídico
obligacional, razón por la cual debe ser considerada como un
pago indebido, susceptible de restitución íntegra. Idéntica
argumentación extendió a los gastos en que incurrió para su
defensa técnica durante el proceso ejecutivo.
3. Trámite del incidente.
El incidente de liquidación de perjuicios fue admitido a
trámite por auto de 21 de octubre de 2021. Durante el plazo
concedido para ejercer su derecho de contradicción,
Bancolombia S.A. guardó silencio.
4. Sentencia de primera instancia.
En sentencia de 1 de diciembre de 2022, el Juzgado
Catorce Civil del Circuito de Medellín desestimó las
pretensiones indemnizatorias, tras considerar que no se
había acreditado en el proceso conducta dolosa o culposa
atribuible a Bancolombia S.A. A ello agregó que, aún si se
hubiera demostrado dicho elemento subjetivo, tampoco se
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
7
configuraban los demás presupuestos para la prosperidad de
la reclamación indemnizatoria.
En punto de lo anterior, arguyó que las sumas de dinero
que transfirió la incidentante a cambio de que se levantaran
las medidas cautelares fueron el resultado de un acuerdo
voluntario válido, y no de una acción u omisión dañosa –de
las que se ocupa la responsabilidad civil extracontractual–.
Asimismo, resaltó que cualquier posible detrimento por
concepto de honorarios de abogados debería quedar cubierto
por la condena al pago de agencias en derecho.
SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal revocó la decisión proferida en primera
instancia y acogió parcialmente las pretensiones
indemnizatorias, cuantificando los perjuicios reclamados en
las sumas de $2.780.977.000 a título de daño emergente, y
$3.949.628.673 por concepto de lucro cesante.
Dicha corporación sostuvo que el juez a quo se había
equivocado al exigir prueba de un comportamiento abusivo o
temerario por parte de la entidad ejecutante, pues el
ordenamiento procesal consagra una presunción de culpa
cuando prosperan totalmente las excepciones propuestas por
la parte ejecutada. Era suficiente, por tanto, acreditar la
entidad y cuantía de los perjuicios derivados del proceso
ejecutivo y de las medidas cautelares decretadas, para
franquear el paso a las súplicas de la apelante.
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
8
Por ese mismo sendero, consideró que la incidentante
había tenido que soportar una pérdida de $2.780.977.000,
cantidad que se vio compelida a transferir a Leasing
Bancolombia S.A. –y a su apoderado– para el levantamiento
de las medidas cautelares que afectaban los bienes objeto de
enajenación a favor de Cemex Colombia S.A. De igual
manera, dejó de percibir rendimientos sobre dicha suma, por
lo que debía reconocérsele un lucro cesante, mediante la
aplicación de la tasa máxima de interés mercantil.
En lo concerniente al nexo causal, el ad quem explicó
que, de no haberse promovido el proceso ejecutivo, ni
decretado medidas cautelares sobre los bienes objeto de
negociación, la incidentante no habría tenido que efectuar
erogación alguna para lograr su levantamiento. Y si bien
existía la posibilidad de que prestara caución para evitar esas
cautelas, le resultaba financieramente más conveniente el
acuerdo extrajudicial alcanzado con la entidad ejecutante.
Finalmente, el Tribunal advirtió que «con relación a los
honorarios debidos a la vocera judicial que representó a la incidentante
en el proceso ejecutivo, [esta] manifestó acogerse a lo definido por el
juzgado de primera instancia, en cuanto dicho concepto debe ser
reconocido y tasado como agencias en derecho».
DEMANDA DE CASACIÓN
En el escrito de sustentación de su recurso
extraordinario, Bancolombia S.A. formuló dos cargos contra
la sentencia del Tribunal. Sin embargo, la Sala centrará su
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
9
análisis en la primera de dichas censuras, exclusivamente,
pues está llamada a prosperar.
CARGO PRIMERO
Se denunció la violación indirecta del artículo 2341 del
Código Civil, como consecuencia de errores de hecho
manifiestos en la apreciación probatoria. Según la
casacionista, el Tribunal incurrió en un yerro fáctico grave,
al considerar que el desembolso de $2.780.977.000
efectuado por C.I. Calizas y Minerales S.A. estaba desprovisto
de causa jurídica, cuando tenía un origen perfectamente
definido, legítimo y verificable: el acuerdo de voluntades
celebrado entre las partes para obtener el levantamiento de
las medidas cautelares decretadas en varios procesos.
El ad quem, en consecuencia, confundió indebidamente
el cumplimiento de una prestación contractual, con la
configuración de un perjuicio extracontractual derivado del
proceso ejecutivo y sus cautelas. Adicionalmente, incurrió en
un desacierto al presumir que la suma de $300.000.000,
transferida al apoderado judicial de Leasing Bancolombia
S.A. por concepto de costas y gastos procesales, correspondía
exclusivamente al este trámite, cuando, en realidad,
comprendía diferentes procesos, en los cuales C.I. Calizas y
Minerales S.A. fungía igualmente como parte ejecutada.
Los errores cometidos tuvieron como génesis una serie
de desaciertos en la valoración de las evidencias
documentales, en particular, las comunicaciones de
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
10
aceptación de entendimiento dirigidas al señor Eugenio
Correa Díaz, quien actuó en representación de los intereses
de C.I. Calizas y Minerales S.A. durante la negociación
extrajudicial que culminó con el pago y el subsiguiente
levantamiento de la totalidad de las medidas cautelares que
gravaban el patrimonio d

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

s, centrando el
análisis en las circunstancias específicas de cada caso. Solo
mediante un juicio de reproche subjetivo, sumado a la
evidencia de un daño cierto y un nexo causal adecuado, será
posible declarar la responsabilidad civil del acreedor.
4.2. Análisis de los cuestionamientos de la parte
incidentante (apelante).
Como se ha establecido reiteradamente en esta
providencia, la indemnización de perjuicios contemplada en
el artículo 443-3 del Código General del Proceso no opera de
manera automática, ni configura un régimen de
responsabilidad objetiva.
Por el contrario, exige la demostración plena de todos
los elementos constitutivos de la responsabilidad civil por
abuso del derecho a litigar –que, a riesgo de fatigar, se
reiteran–: (i) el agravio o daño injusto; (ii) la conducta
temeraria, negligente o de mala fe del ejecutante al iniciar el
ejecutivo o solicitar medidas cautelares, y (iii) el nexo de
causalidad entre dicha conducta y aquel resultado. Estos
elementos son concurrentes y acumulativos, de modo que la
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
38
ausencia de cualquiera de ellos impide la configuración de la
responsabilidad civil.
En el presente caso, según se explicó detalladamente al
resolver el cargo primero del recurso extraordinario de
casación, el material probatorio que obra en el expediente
demuestra inequívocamente que el pago efectuado por C.I.
Calizas y Minerales S.A. a Leasing Bancolombia S.A. fue
resultado de un acuerdo voluntario ajustado entre las partes,
formalizado mediante las comunicaciones denominadas
«aceptación de entendimiento de pago». Esta circunstancia excluye
la posibilidad de calificar ese desembolso como una
consecuencia dañosa directa e inmediata del proceso
ejecutivo o de las medidas cautelares.
La naturaleza jurídica del referido pago corresponde a
la ejecución de una prestación contractual libremente
asumida por la incidentante, quien obtuvo como
contraprestación el levantamiento inmediato de las medidas
cautelares que, según su manifestación, obstaculizaban la
realización de un importante negocio comercial con Cemex
Colombia S.A. Por ende, no puede considerarse como un
daño indemnizable la erogación patrimonial que constituyó,
precisamente, el precio propuesto y convenido para obtener
ese beneficio jurídico y comercial.
A la inexistencia de nexo causal entre el proceso
ejecutivo y el pago realizado se suma otra deficiencia
fundamental: C.I. Calizas y Minerales S.A. omitió aportar
evidencias relacionadas con la conducta temeraria,
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
39
negligente o de mala fe de la entidad financiera. Su estrategia
procesal se limitó a postular, en directa contradicción con el
precedente jurisprudencial consolidado, que la prosperidad
de las excepciones configuraba una presunción automática
de temeridad, activando así el deber de indemnizar.
Y la referida postura, además de ser teóricamente
errada, no considera adecuadamente las particularidades
fácticas y jurídicas del caso. El material probatorio permite
ver con claridad que Leasing Bancolombia S.A. efectivamente
realizó un desembolso de €1.800.000 a favor del fabricante
español de la prensa hidráulica, pago que respondía a una
necesidad específica de Fundalcert S.A. como futura
locataria: financiar el anticipo requerido para iniciar la
construcción del equipo industrial solicitado.
Resulta evidente, por tanto, que el referido desembolso
no satisfacía un interés propio de la entidad financiera. Y
siendo ello así, ciertamente existía una razón económica
sustancial para que la entidad financiera intentara recuperar
sus recursos, cuando la operación de leasing no llegó a
concretarse. Es decir, la búsqueda del reembolso de dicha
suma de dinero respondía a un interés patrimonial legítimo
y tenía como fundamento una erogación efectiva y verificable.
Ocurre que los juzgadores de instancia, aplicando un
riguroso análisis jurídico, determinaron que dicho pago no
estaba directamente vinculado al contrato de leasing
proyectado; es decir, no constituía una de las prestaciones
pactadas en ese negocio jurídico, siendo esas prestaciones, y
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
40
no otras, las que estaban garantizadas por el título valor
aportado. Fue gracias a esa distinción técnica que se
desestimaron las pretensiones de la ejecutante.
Y siendo ello así, es decir, ante un escenario complejo
como el descrito, no era posible afirmar que la interposición
de la demanda ejecutiva constituyera, necesariamente al
menos, una conducta temeraria o de mala fe. La intrincada
naturaleza de las operaciones financieras involucradas y la
existencia de un desembolso real para satisfacer una
necesidad de la futura locataria configuran un contexto que
dista considerablemente de los supuestos de abuso del
derecho que la jurisprudencia ha identificado como
generadores de responsabilidad civil.
Sea esta una razón de más para desestimar el reclamo
indemnizatoria de la incidentante.
5. Conclusión.
No se configuran los elementos indispensables para que
se estructure la responsabilidad civil extracontractual de la
ejecutante, por abuso del derecho a litigar. Por tanto, el fallo
apelado debe ser íntegramente confirmado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
41
Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 22
de septiembre de 2023, dictada por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín. SIN COSTAS,
dada la prosperidad de la impugnación extraordinaria.
Y, situada en sede de instancia, la Corte
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 1 de diciembre
de 2022, dictada por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de
Medellín, en el marco del incidente de regulación de
perjuicios de la referencia.
SEGUNDO. COSTAS de segunda instancia a cargo de la
incidentante. Liquídense, en los términos de los artículos
365-5 y 366 del Código General del Proceso, teniendo en
cuenta la suma de diez millones de pesos ($10.000.000), que
la Magistrada Sustanciadora fija como agencias en derecho.
TERCERO. REMÍTASE el expediente a la autoridad
judicial competente.
Notifíquese y cúmplase
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
Rad. n.º 05001-31-03-014-2011-00652-01
42
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
(En comisión de servicios)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 12BC16F20BDF13003C76AB2DF16EA4FF47F147AA3C5AEA62D254729FFAB83064
Documento generado en 2025-06-04

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1144-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2025-06-04. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2011-00652-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1144-2025%20%5B2011-00652-01%5D).
