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LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC109-2023
Radicación n.° 11001-31-03-009-2018-00074-01
(Aprobado en sesión de treinta de marzo de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintitrés
(2023).
Se decide el recurso extraordinario de casación que
interpuso la convocante frente a la sentencia de 21 de abril
de 2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que promovió
Llama Telecomunicaciones S.A. contra Comunicación
Celular Comcel S.A.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
Llama Telecomunicaciones S.A. (en adelante, Llama)
pidió declarar que su contraparte «ejerció en forma temeraria o de
mala fe acción judicial contra Llama Telecomunicaciones S.A., mediante
demanda ejecutiva con acción mixta y medidas cautelares de embargo y
secuestro de bienes, para cobrar y obtener el pago indebido de la suma
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de $3.451.451.171, más intereses de mora (…), con base en un pagaré
con espacios en blanco que fue llenado con esa suma por Comcel».
Por consiguiente, solicitó reconocer que Comunicación
Celular Comcel S.A. (en adelante, Comcel) «abusó de su derecho
subjetivo de perseguir la ejecución de las obligaciones sobre los bienes
del deudor», por lo que es responsable de todos «los perjuicios por
(...) lucro cesante causados» a la convocante, los cuales tasó en
$3.471.750.612.
2. Fundamento fáctico.
2.1. Mediante sendos contratos, celebrados el 14 de
junio de 1994, 1 de abril de 1997 y 7 de julio de 1998, la
convocada encargó a Llama la «distribución de los productos y la
comercialización de los servicios de Comcel» en la zona occidental
del territorio nacional.
2.2. El 12 de agosto de 2005 las partes ajustaron otro
negocio jurídico en términos similares, pero ahora referido a
la región oriental del país.
2.3. Concomitante con la celebración de este último
convenio, Llama otorgó un pagaré con espacios en blanco en
favor de Comcel, que garantizaría el pago de las obligaciones
que pudieran surgir de esa específica negociación.
2.4. Mediante laudo arbitral de 15 de mayo de 2013, se
declaró que los tres convenios iniciales correspondían a un
contrato de agencia comercial, extendido entre el 14 de junio
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de 1994 y el 9 de febrero de 2011. Por lo anterior, se condenó
a Comcel a pagar a Llama una suma aproximada de
$9.000.000.000, a título de cesantía comercial.
2.5. Concomitante con la iniciación del trámite
arbitral, Comcel presentó para el cobro ejecutivo el pagaré
previamente reseñado, y reclamó $3.451.451.171 a título de
capital. Al diligenciar los espacios en blanco de ese
documento, el acreedor desatendió las instrucciones dadas
por Llama, pues incluyó débitos ajenos al contrato de 12 de
agosto de 2005, del que apenas existía un saldo a cargo de
Llama de $255.163.667.
2.6. Durante el juicio ejecutivo, Comcel pidió embargar
y secuestrar todos «los dineros que existan por concepto de créditos
a cargo de Comcel y a favor de Llama Telecomunicaciones». Decretada
esa cautela, el 4 de junio de 2013 la propia ejecutante
(Comcel) consignó $5.177.100.000 a órdenes del juez de la
ejecución –límite del embargo decretado–, monto que
correspondía a parte de la condena que se le había impuesto
en el procedimiento arbitral aludido.
2.7. Mediante sentencia de 24 de noviembre de 2016,
confirmada el 20 de junio del año siguiente, se ordenó que el
recaudo ejecutivo prosiguiera solamente por el capital que
realmente adeudaba Llama a Comcel ($257.395.440), junto
con sus intereses moratorios.
2.8. En firme esa decisión, y aprobada la liquidación
del crédito, el 21 de julio de 2017 se dispuso la devolución a
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Llama de los saldos embargados en exceso, que ascendían a
$4.570.462.334.
2.9. El abuso cometido por Comcel de su derecho a
litigar «causó graves perjuicios a Llama», los cuales «ascienden a la
suma de $3.471.750.612, que corresponden únicamente al lucro cesante
de los rendimientos financieros que debió producir la suma
indebidamente embargada (de $4.570.462.334) entre el 4 de junio de
2013 y el 21 de julio de 2017».
3. Actuación procesal.
3.1. Enterada del auto admisorio, la convocada
excepcionó «inexistencia del derecho pretendido»; «falta de causa para
demandar»; «demanda infundada»; «inexistencia de perjuicios»;
«carencia del derecho pretendido»; «inexistencia de la temeridad
endilgada»; «inexistencia del abuso del derecho endilgado»; «legitimidad
en el diligenciamiento del pagaré en la época en que esto ocurrió y
derecho legítimo de presentar y tramitar el proceso ejecutivo»; «cosa
juzgada respecto de la mala fe endilgada»; «compensación» y
«procedería la indexación, mas no los intereses corrientes».
3.2. Comcel también presentó demanda de mutua
petición, reclamando el pago de $1.914.006.906, o la «suma
que resulte probada en este proceso», por concepto de saldos a
cargo de la convocante principal, la liquidación de todos los
contratos a los que se hizo previa alusión.
3.3. En audiencia de 20 de enero de 2022, el Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Bogotá desestimó la demanda
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principal, y acogió la de reconvención. En consecuencia,
condenó a Llama a pagar $1.914.066.906, junto con los
réditos de mora causados a partir de la fecha de presentación
de la demanda de mutua petición.
SENTENCIA IMPUGNADA
Al resolver la alzada que interpuso la sociedad
demandante, el ad quem modificó lo decidido en primera
instancia, para revocar la condena impuesta a Llama y negar
todos los reclamos de la demanda de reconvención. Esta
determinación no es objeto de debate en sede de casación,
toda vez que la parte interesada –Comcel– no expresó su
inconformidad al respecto.
De otro lado, la desestimación del petitum de la
demanda principal fue refrendada, con apoyo en las razones
que a continuación se compendian:
(i) No es posible sostener, como lo hiciera la
juzgadora de primer grado, que «únicamente se podían reclamar
en el mismo proceso ejecutivo donde se causaron los perjuicios
generados por la práctica de unas medidas cautelares exorbitante,
fundadas en la ejecución de una cuantiosa suma de dinero, no
respaldada en su mayoría por el cartular báculo del recaudo». Lo
anterior en tanto que, «la legislación procesal civil no ha restringido
en manera alguna el derecho del perjudicado con el litigio y las medidas
ejecutivas en él materializadas, por resultar victorioso con todas o
algunas de excepciones propuestas».
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(ii) Sin embargo, el reclamo indemnizatorio formulado
en la demanda principal no está llamado a prosperar.
Aunque Comcel, deliberadamente, diligenció un pagaré y
promovió su recaudo «contrariando las instrucciones emitidas para
ello» –como lo reconocieron los jueces de la ejecución–, lo
cierto es que «ninguna prueba fue adosada por la precursora del libelo
principal (…), que refrende que el monto cautelado generaría la utilidad
[reclamada], máxime cuando no se acreditó alguna inversión dejada de
materializarse con ocasión de la consumación de la medida [cautelar]».
(iii) Así las cosas, «ante la falta de demostración del perjuicio,
ninguna consideración corresponde hacer a la Sala sobre la labor
efectuada por la accionante para probar la cuantía del detrimento
reclamado, la validez del peritaje arrimado para acreditar su quantum,
el juramento estimatorio efectuado con tal propósito en la demanda
principal y la correspondiente objeción presentada por la convocada,
pues la falencia suasoria memorada respecto del detrimento reclamado,
impide ahondar en el estudio de su cuantía».
DEMANDA DE CASACIÓN
Llama interpuso el recurso extraordinario de casación
contra la sentencia de segunda instancia. Al sustentarlo
formuló cuatro cargos, tres de ellos con base en la causal
segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, y el
postrero con sustento en la causal primera.
CARGO PRIMERO
Se acusó al fallo que clausuró las instancias ordinarias
de infringir, de manera indirecta, los artículos 95-1 de la
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Constitución Política; 78-2, 80, 443-3 y 597-10 del Código
General del Proceso; 830 del Código de Comercio; 1608,
1612, 1613, 1615, 1617-2, 1649 y 2341 del Código Civil, y
111 de la Ley 45 de 1990, como consecuencia de errores de
hecho cometidos en la apreciación del laudo arbitral de 15 de
mayo de 2013. En desarrollo de esta censura, explicó la
demandante principal:
(i) De haberse apreciado de manera correcta la parte
resolutiva del laudo, el tribunal se habría dado cuenta de que
«todas, absolutamente todas, las condenas hechas en contra de Comcel
S.A. y en beneficio de Llama Telecomunicaciones S.A., devengaban
intereses, aún antes de la expedición del laudo según se reconoció en
esa providencia con alcance de cosa juzgada».
(ii) En ese escenario, es contraevidente «negar la
productividad del dinero congelado por obra de las medidas cautelares
forzadas por Comcel S.A., si es que antes de la expedición del laudo ya
se generaban dichos intereses, luego la prueba del devengo reposa en el
expediente y el Tribunal no la vio (…). Si antes de la expedición del laudo
las cantidades debidas a título de indemnización de estirpe contractual
producían intereses, nada explicaría que, una vez expedido el laudo, se
produj[era] una especie de esterilización de los beneficios esperados del
capital debido, como si pasasen del oasis al desierto».
(iii) Al exigir la prueba de un proyecto económico
frustrado por causa de las excesivas cautelas, el ad quem
pasó por alto «el oficio de registro del embargo de que da cuenta el
texto del laudo (…), que fue radicado en la Cámara de Comercio de
Bogotá el día 28 de enero de 2013» así como la «parte resolutiva del
laudo en la cual se ordena poner a disposición del Juzgado los dineros
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reconocidos en favor de Llama Telecomunicaciones y embargados por
iniciativa de Comcel S.A., tal como se dispuso en la resolución
Cuadragésima Segunda tomada por el Tribunal Arbitral».
(iv) De haberse valorado adecuadamente esos dos
elementos de juicio, se habría colegido forzosamente que «el
derecho de crédito reconocido en el laudo como activo de Llama
Telecomunicaciones S.A. nació muerto, pues era imposible disponer de
él, primero, porque era una simple expectativa, es decir, el evento incierto
de la litis, y luego, porque convertido en crédito quedo esterilizado por
mandato del artículo 1521 del Código Civil, que por ilicitud del objeto,
impide cualquier acto respecto de ese derecho que nació embargado».
(v) Bajo ese entendido, «la exigencia de prueba de una
“inversión dejada de materializarse…” riñe con el sentido común, pues
resultaba imposible para Llama Telecomunicaciones S.A. planear una
inversión, por cuanto hallándose el derecho en estado larvario en su
carácter de litigioso, como contingencia o posibilidad apenas en ciernes,
no permitía responsablemente planear una inversión (…)».
CARGO SEGUNDO
Tras acusar al tribunal de transgredir, por vía indirecta,
los mismos preceptos invocados en el cargo inaugural, la
actora adujo:
(i) El análisis de las piezas procesales que componen
el trámite arbitral refleja «la naturaleza contractual de los fondos
congelados ilegalmente como consecuencia de las medidas cautelares»,
puesto que «el pagaré que sirvió de soporte a la ejecución en la cual
hubo el exceso y abuso (…) es un instrumento contractual de garantía
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del cual se aprovisionó Comcel S.A. como parte esencial de un programa
contractual cumplido en el escenario del contrato de agencia».
(ii) Al obviar este aspecto medular del litigio, así como
los elementos de juicio que lo corroboran, el tribunal no
advirtió la necesidad de aplicar a este asunto la regla que
prevé el canon 1617-2 del Código Civil, «de conformidad con la
cual, si la obligación es de pagar una cantidad de dinero (…) “[e]l
acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra
intereses; basta el hecho del retardo”».
(iii) De manera equivocada, se concluyó «que con la
expedición del laudo y la consignación de las condenas a órdenes del
Tribunal de arbitraje, cesaba la mora, sin tomar en cuenta que el estado
de retardo culpable proseguía, pues sin solución de continuidad, los
fondos constitutivos del crédito reconocido en beneficio de Llama
Telecomunicaciones S.A., migraron del Tribunal Arbitral para quedar
inmediatamente congelados en el proceso ejecutivo por virtud del
embargo ilícito provocado allí por Comcel S.A. en uso de la garantía
otorgada en desarrollo del contrato de agencia mercantil».
(iv) En estricto sentido, «el retardo culpable de Comcel S.A.
se mantuvo, solo cambió el título de imputación, primero fue el
incumplimiento del contrato
de agencia mercantil, luego la imposibilidad
de recaudo real por obra del ejercicio abusivo de la garantía contractual,
el pagaré, otorgado como extensión del mismo contrato».
CARGO TERCERO
Insistiendo en su acusación por la senda indirecta, así
como en las normas sustanciales que se invocaron como
quebrantadas, la recurrente arguyó:
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(i) Según lo consignado en la parte resolutiva del
laudo arbitral, la mora de Comcel no inició con el
proferimiento de ese fallo, sino con el incumplimiento del
contrato de agencia comercial. Los árbitros previeron la
efectiva causación de una pérdida a título de lucro cesante,
al reconocer de antemano intereses de mora sobre las sumas
que integraron la condena.
(ii) El fallador de segundo grado no reparó en esa
circunstancia, omitiendo así «el examen de las condenas hechas
en la resolución número trigésimo novena, las que contienen sin
atenuantes, la prueba demostrativa de la naturaleza contractual de la
relación entre Llama Telecomunicaciones y Comcel S.A., así como el
estado de mora de Comcel S.A., [el cual] se mantuvo por obra de las
medidas cautelares abusivas».
(iii) De no haberse cometido ese yerro de valoración, el
tribunal «hubiera aplicado la regla segunda del artículo 1617 del C.C.
y por ende hubiera admitido que los intereses de mora constituyen el
lucro cesante reclamado en la demanda y que no era menester la prueba
de un proyecto económico específico (...) frustrado por las cautelas».
CARGO CUARTO
Se denunció la trasgresión directa de los artículos 95-
1, de la Constitución Política; 78-2, 80, 94, 443-3 y 597-10
del Código General del Proceso; 830 del Código de Comercio;
1608, 1612, 1613, 1615, 1617-2, 1649 y 2341 del Código
Civil y 111 de la Ley 45 de 1990. Esta censura puede
sintetizarse así:
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(i) A pesar de dar por probados «todos los presupuestos
de la imputación a Comcel S.A. a título de culpa», el ad quem
desestimó la demanda principal por no encontrar acreditado
el daño objeto del reclamo indemnizatorio, citando como
respaldo algunos precedentes jurisprudenciales que, o son
impertinentes, o contradicen la idea de un «proyecto económico
frustrado» como presupuesto del resarcimiento.
(ii) La colegiatura de segundo grado también dejó de
lado varios pronunciamientos de la Corte Suprema de
Justicia, que darían cuenta de «la idea de que la regla prevista en
el numeral 2º del artículo 1617 del Código Civil es aplicable también a la
responsabilidad extracontractual».
(iii) Siendo claro que «el laudo arbitral no solamente hizo una
condena concreta, sino que reconoció que la cifra más importante
reconocida en dicha providencia estaba en mora de ser satisfecha,
mucho antes de ser proferido el laudo», resultaba ineludible que se
aplicara «la regla segunda del artículo 1617», de modo que «Llama
Telecomunicaciones S.A. no tenía por qué justificar los perjuicios
recibidos, pues solo cobraba los intereses».
(iv) No existe fundamento legal o jurisprudencial que
permita «discriminar a la víctima en la responsabilidad
extracontractual, imponiéndole la carga desmedida de probar los
perjuicios derivados de la privación del uso de una suma de dinero,
exigencia esa que impone una distinción absolutamente inicua».
(v) Los artículos 283 del Código General del Proceso y
16 de la Ley 446 de 1998, elevan a la equidad y a la
reparación integral a la categoría de principios, sin distinguir
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la naturaleza contractual o extracontractual de la
responsabilidad civil. Por tanto, «se impone una nueva lectura de
la aplicación del artículo 1617 en materia extracontractual».
(vi) Dada la «ausencia de una distinción fáctica, y en presencia
de un episodio de privación del uso del dinero, como el que ilustra la
presente causa, nada explicaría que se dejara de aplicar el numeral 2º
del artículo 1617, que exonera de prueba, bajo la presunción de la
vocación productiva del dinero, con lo cual el Tribunal en la sentencia
ahora acusada violó por falta de aplicación el precepto citado».
CONSIDERACIONES
1. El abuso del derecho en la solicitud de medidas
cautelares.
1.1. A partir de la década de 1930 (Cfr. CSJ SC, 5 ago.
1937, G. J. t. XLV, pág. 418; CSJ SC, 24 ago. 1938, G. J. t.
XLVII, pág. 54; o CSJ SC, 24 mar. 1939, G. J. t. XLVII, pág.
742, entre otras), esta Corporación ha venido reconociendo,
de manera reiterada y uniforme, la posibilidad de que una
persona, actuando en ejercicio de un derecho legalmente
reconocido, cause un daño injusto a otra y, por lo mismo,
deba repararla.
Naturalmente, el ejercicio del derecho que es causa del
daño injusto tendrá que ser ilegítimo; de lo contrario, no
existiría ninguna incorrección en esa conducta (ejercer un
derecho), haciendo inviable la atribución de pérdidas ajenas.
Tal como lo explicó la Sala en fechas recientes,
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«(...) el ordenamiento legal dispensa a los coasociados diversas
herramientas jurídicas para defender sus derechos subjetivos en
sede jurisdiccional cuandoquiera que sean amenazados o
desconocidos; sin embargo, tal poder de acción no es absoluto,
irrestricto ni ilimitado, pues debe ejercerse, en cada caso, acorde
con su finalidad y sin la intención de hacer daño a los demás. De
ahí que ese poder de acción encuentra sus límites en el respeto de
los atributos de los demás sujetos o, mejor dicho, en la prohibición
genérica impuesta a cada persona de abusar de sus derechos, so
pena de tener que indemnizar los daños irrogados a terceros.
(...) [N]o es que el sistema jurídico le restringa al sujeto iuris el
legítimo ejercicio de sus prerrogativas, porque se lo garantiza a
plenitud, solo que impide abusar o exceder, de cualquier forma,
del marco de legalidad que las rige. Es así como el artículo 95 de
la Constitución Política contempla, en su numeral primero, la
obligación que tienen los habitantes de “[r]espetar los derechos
ajenos y no abusar de los propios”, lo cual evidencia que los
derechos subjetivos no son absolutos, sino relativos y su ejercicio
debe hacerse con miramiento al fin social para el cual fueron
creados por el sistema jurídico y dentro del ámbito y límites que él
consagra. Queda claro, entonces, que, a la luz del ordenamiento
positivo, los derechos subjetivos tienen restricciones, por lo que
deben ser utilizados por su titular de acuerdo con su finalidad y
sin la intención de dañar a los demás, pues de hacerlo con este
último propósito el responsable debe resarcir los daños que
ocasione a terceros» (CSJ SC1066-2021).
1.2. Las consideraciones expuestas son perfectamente
aplicables al derecho de acceso a la administración de
justicia –consagrado en los artículos 229 de la Constitución
Nacional y 2 del Código General del Proceso–, en virtud del
cual se reconoce a todas las personas la potestad de elevar
reclamos ante las autoridades judiciales, en procura de
garantizar la efectividad de sus derechos sustanciales.
Ello significa que el derecho a presentar una demanda
ante la jurisdicción también puede ser ejercido de forma
abusiva, lo que ocurrirá siempre que la parte convocante,
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amén de haber promovido la acción judicial sin fundamento
–es decir, sin ser el titular del derecho sustancial que
reclama–, actúe con temeridad, negligencia o con la intención
manifiesta de agraviar al demandado. En ese sentido, en CSJ
SC3930-2020 se explicó lo siguiente:
«[E]l ejercicio del derecho a litigar es una prerrogativa que, si bien
puede generar consecuencias negativas para quien tiene que
resistir la pretensión, sólo comporta el débito indemnizatorio
cuando a través de ella se busque agraviar a la contraparte
o se utilice de forma abiertamente imprudente. Bien ha
pregonado “la jurisprudencia y la doctrina [que] el ejercicio abusivo
del derecho a litigar es un fenómeno que puede configurar la
responsabilidad civil extracontractual de quien acude a la
jurisdicción de manera negligente, temeraria o maliciosa para
obtener una tutela jurídica inmerecida” (SC, 14 feb. 2005, exp. n.°
12073).
En estos casos, para que proceda la reparación, el afectado tiene
que probar “una conducta humana antijurídica, en este caso, el
adelantamiento de un proceso o la realización de un acto procesal
particular en forma desviada de su finalidad; un factor o criterio
de atribución de la responsabilidad, que en la referida hipótesis,
como viene de explicarse, solamente puede consistir en la
temeridad o mala fe; un daño o perjuicio, es decir, un detrimento,
menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de la
víctima, vinculados con su patrimonio, con su esfera espiritual o
afectiva, o con los bienes de su personalidad; y, finalmente, una
relación o nexo de causalidad entre el comportamiento de aquel a
quien se imputa la responsabilidad y el daño sufrido por el
afectado” (SC, 1° nov. 2013, rad. n.° 1994-26630-01). Son
ejemplos de uso abusivo de las vías legales, entre otros, (i) la
interposición de una acción temeraria basada en el albur del
proceso y sin consideración al derecho en discusión (SC, 28 sep.
1953); (ii) el desistimiento de un proceso inesperadamente para
evitar un inminente fallo adverso que diere la victoria a la
contraparte; o (iii) la promoción de un compulsivo sin fundamento
ni respaldo (SC, 15 dic. 2009, rad. n.° 2006-00161-01)».
1.3. En el caso sub examine, el problema no está
directamente vinculado con la presentación de una demanda
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abusiva, sino con un aspecto más puntual del litigio, que
pudiera describirse como la muy excesiva proporción –aquí,
de más del 2000% (dos mil por ciento)– de los recursos que
fueron embargados y secuestrados por cuenta del acreedor
en un proceso ejecutivo previo, con respecto de la verdadera
prestación insoluta a cargo del deudor.
En ese escenario, cabe añadir que la posibilidad de
solicitar medidas cautelares –como el embargo y secuestro de
bienes–también es un derecho, pero para adquirir su
titularidad, resulta menester probar cierto privilegio jurídico
con relación al patrimonio del demandado, como el que
podría otorgar la condición de acreedor de una obligación que
consta en título ejecutivo, o la de beneficiario de una condena
pecuniaria impuesta por un funcionario judicial, mediante
sentencia vigente –aunque no haya cobrado ejecutoria– (arts.
444, 590, 593 y 594 del Código General del Proceso).
La excepcionalidad de esta prerrogativa se explica por
su fuerte impacto en la existencia del demandado, quien
podrá verse privado del uso, goce y disposición de sus bienes
antes de haber sido oído y vencido en juicio. De ahí que el
embargo y secuestro solo procedan en cierto tipo de proceso
–en los que el legislador asume la presencia de una sólida
apariencia de buen derecho en el demandante–; o que el
solicitante de esas medidas deba prestar caución para
practicarlas –por defecto en los procesos declarativos (art.
590-2, ib.), o a petición de parte en los juicios ejecutivos (art.
599-5, ib.)–; o que, ante el fracaso del petitum, con el
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levantamiento de cautelas se imponga condena preceptiva de
perjuicios, incluso de oficio (art. 597-10, ib.).
Ese panorama refleja, adicionalmente, que, en lo que
concierne con el derecho al reclamo de imposición de
cautelas, la potencialidad dañosa siempre está latente. Por
tanto, si el decreto de una medida cautelar obedece al actuar
doloso o gravemente descuidado de quien la solicitó, emerge
adecuada la atribución a esa persona de todas las secuelas
negativas padecidas por su contraparte. De este modo lo ha
decantado la Sala de Casación Civil:
«La existencia de un Código de Procedimiento Civil para regular el
modo como deben ventilarse y resolverse las trasgresiones del
derecho entre los particulares (...), significa que éstos pueden
recurrir lícitamente a ese medio con que la sociedad ha querido
sustituir el derecho a la fuerza. El mismo código, al regular el
ejercicio judicial de los derechos, va determinando la extensión que
puede hacerse de las acciones tendientes a perseguir o defender
un derecho. Y mientras el que recurre a él se mantenga dentro de
límites útiles y conducentes, hace uso de su derecho y a nadie
daña. Pero el uso anormal, mal intencionado, imprudente,
inconducente o excesivo en relación con la finalidad que
legítimamente ofrecen esas leyes rituarias para el reconocimiento,
efectividad o defensa de un derecho, degenera en abuso del
derecho de litigar y en cada caso particular el juez puede juzgar
que constituyen un caso de culpa civil.
El Código Judicial al no autorizar el embargo y secuestro de bienes
sino en la cantidad suficiente para seguridad del pago (artículo
274, inciso 1º), al permitir la reducción del secuestro en el exceso
que se compruebe (artículo 283) al exigir fianza previa al acto del
embargo (artículo 274, inciso 3º), para asegurar al verdadero
dueño de los bienes el reembolso de los posibles perjuicios, y no
ya solamente de las costas, y al sancionar la temeridad del em-
bargo y del secuestro con una multa de diez a mil pesos (artículo
1021), en todos esos casos (...) muestra claramente su intención
de castigar el dolo y la culpa lata equiparada a él, lo cual no es
otra cosa que la sanción del abuso del derecho de litigar,
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caracterizado, en aquellos concretos ejemplos, con el propósito de
perjudicar a otro privando al propietario por tiempo indeter-
minado del ejercicio y goce legítimos de sus derechos de
administrar, gozar y enajenar sus bienes, sin que con las
referidas medidas judiciales haya utilidad para el ejecutante,
porque, no resultando ser de su deudor los bienes, no conseguirá
reducirlos a dinero mediante el remate, que es la finalidad del
juicio ejecutivo, y excediendo evidentemente la cuantía de los
bienes embargados y secuestrados a la proporción del
crédito que persigue, ese exceso, de cuya disponibilidad se
priva al deudor, no es un medio necesario sino inútil para
la satisfacción del derecho del acreedor» (CSJ SC, 30 oct.
1935, G. J. t. XLIII, pág. 310).
Por idéntico sendero, en CSJ SC, 24 ene. 2005, rad.
1994-02131-01, se dijo:
«(...) El acreedor, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo
2488 del Código Civil, puede embargar y secuestrar bienes para,
llegado el caso, cubrir su crédito, los intereses y las costas del
proceso. Derecho que, sin embargo, no es absoluto, porque el
artículo 2492, ibídem, en concordancia con el artículo 513-8 del
Código de Procedimiento Civil, lo limita “a lo necesario”, a la par
que, como es apenas obvio, únicamente puede recaer sobre bienes
embargables del deudor y no de terceros.
En el ejercicio de esa facultad, el acreedor incurre en abuso del
derecho, generador de responsabilidad civil, cuando las medidas
cautelares que a instancia suya se practican son excesivas, a
pesar de lo cual las mantiene, y cuando las mismas se proyectan
sobre bienes que no son del deudor. La Corte tiene explicado que
constituye abuso del derecho embargar “bienes del ejecutado en
cuantía que exceda los límites legales” (sentencia de 2 de
diciembre de 1993), mantener “medidas que ninguna garantía
prestan para la efectividad de la obligación perseguida” (sentencia
de 11 de octubre de 1973), y comprometer “haberes pertenecientes
a terceros” (sentencia de 27 de mayo de 1964).
En tales eventos, al demandante le corresponde demostrar el daño
causado, la culpa del demandado y la relación de causalidad
entre ésta y aquél. Sobre el particular la jurisprudencia ha
precisado que el “empleo abusivo de las vías de derecho, sólo
puede ser fuente de indemnización, cuando, simultáneamente con
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la demostración de la temeridad o mala fe con que actúa quien se
vale de su ejercicio, el demandante acredita plenamente el daño
que ha sufrido y su relación causal con aquellas” (sentencia de 12
de julio de 1993)».
Y en fechas más recientes, la Corte reiteró:
«En tratándose de cautelas está fuera de duda que el acreedor,
por mandato de los artículos 2488 y 2492 del Código Civil, puede
acudir a ellas con el fin de asegurar los bienes del deudor y
pretender la realización de su crédito, junto a los intereses y
gastos de cobranza. Posibilidad que no es absoluta, por cuanto se
entiende que sólo se podrá hacer uso de ella cuando reporte
un beneficio para el acreedor y se limite a lo necesario para
satisfacer su interés, tasado en el duplo de la obligación
insatisfecha, “salvo [cuando] se trata de un solo bien o de bienes
afectados por hipoteca o prenda que garantizan aquel crédito, o
cuando la división disminuya su valor o su venalidad” (artículo
513 del Código de Procedimiento, equivalente al canon 599 del
Código General del Proceso).
(...) Tales normas, como es sabido, guardan estrecha relación con
lo preceptuado por el artículo 513, inciso 8° del Código de
Procedimiento Civil, en cuanto faculta al juez para que, al decretar
medidas precautorias las limite ‘a lo necesario’, de tal manera que
ellas no excedan el ‘doble del crédito cobrado, sus intereses y las
costas prudencialmente calculadas’, salvo, claro está, que se trate
de un solo bien gravado con hipoteca o prenda, o cuando por su
división se ‘disminuya su valor o su venalidad’ (SC, 2 ago. 1995,
exp. n.° 4159).
De allí que se considere abusivo el embargo innecesario de bienes
en un proceso ejecutivo (SC, 9 ab. 1942); la cautela sobre la
totalidad de los bienes del deudor sin justificación (SC, 11 oct.
1973, G. J. CXLVII, n.° 2372 a 2377); la omisión en el
destrabamiento de bienes que no prestan ninguna garantía para
la efectividad de la obligación perseguida (ídem); o la ejecución de
un deudor con cautelas excesivas respecto al crédito que se cobra
(SC, 2 dic. 1993, exp. n.° 4159)» (CSJ SC3930-2020).
Radicación n.° 11001-31-03-009-2018-00074-01
19
2. Recuento del debate.
2.1. En líneas generales, en este juicio el tribunal tuvo
por probado que entre las partes existió una relación
comercial, instrumentada en cuatro convenciones distintas.
Tres de ellas, de fechas 14 de junio de 1994, 1° de abril de
1997 y 7 de julio de 1998, fueron materia de disputa en un
procedimiento arbitral, que culminó con la expedición del
laudo de 15 de mayo de 2013.
En esa providencia, se declaró que aquellos negocios
jurídicos correspondían a contratos de agencia mercantil, y
se condenó a la convocada a pagar «a) $4.0114.020.940 por
concepto de la prestación del inciso primero del artículo 1324 de Código
de Comercio (...); b) $547.518.226 por concepto de valores de los
descuentos y penalizaciones (...); c) $343.654.898 por concepto de
bonificaciones causadas y no pagadas (...); d) $79.476.005 por concepto
de daño emergente (...); [y] e) $300.000.000 por concepto de lucro
cesante». Asimismo, se dispuso el reconocimiento de los
réditos moratorios causados «desde la fecha de notificación del
auto admisorio de la demanda a Comcel».
Para cumplir esa orden, Comcel entregó a Llama un
cheque por valor de $3.765.344.869, que cobijaba solo una
parte de las referidas condenas. El saldo, de $5.177.100.000,
lo consignó en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Cali, donde se tramitaba un
proceso ejecutivo promovido por la propia Comcel en contra
de Llama. Esto último lo hizo en atención a una medida de
Radicación n.° 11001-31-03-009-2018-00074-01
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«embargo de derechos litigiosos» que decretó el juez de la
ejecución, mediante auto de 29 de noviembre de 2012.
En ese compulsivo, Comcel pretendía el cobro de un
pagaré, por un importe de capital de $3.451.451.171. Sin
embargo, mediante fallo de 24 de noviembre de 2016, el
aludido juez a quo declaró probada la excepción denominada
«cobro de lo no debido», advirtiendo que el título valor, otorgado
en blanco, solo podía ser llenado con obligaciones atinentes
a un cuarto contrato (celebrado el 12 de agosto de 2005), y
no con las deudas que pudieron haber quedado pendientes
en la liquidación de los tres pactos iniciales, sobre cuya
suerte, además, se había pronunciado el tribunal arbitral.
Por lo anterior, redujo la cuantía del capital de la deuda
a $257.395.440, decisión que refrendó en su integridad la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
en sentencia de 20 de junio de 2007. Así las cosas, como los
recursos cautelados excedían el total de la obligación a cargo
de la ejecutada, el 21 de julio siguiente –tan pronto cobró
ejecutoria el auto de que trata el artículo 446 del Código
General del Proceso–, se entregaron a la ejecutante (Comcel)
$606.637.666, monto correspondiente a la liquidación del
crédito aprobada. En esa misma calenda, se restituyeron a
Llama los $4.570.462.334 restantes.
A partir de estos hechos, que no se discuten, Llama
pretendió atribuir a su contraparte la obligación de resarcirle
la pérdida patrimonial que tuvo que soportar como
consecuencia de las referidas medidas cautelares de embargo
Radicación n.° 11001-31-03-009-2018-00074-01
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y secuestro, que consideró abusivas. El detrimento alegado
se hizo consistir en el «(...) lucro cesante de los rendimientos
financieros que debió producir la suma indebidamente embargada (de
$4.570.462.334) entre el 4 de junio de 2013 y el 21 de julio de 2017».
2.2. Ya en lo que respecta a la presente actuación
declarativa, el funcionario de primer grado descartó
pronunciarse sobre la abusividad alegada, bajo el pretexto de
que esa temática solo podía ventilarse ante el juez de la
ejecución. Sin embargo, al resolver el recurso de apelación
interpuesto contra esa decisión, el tribunal rebatió aquella
tesis –con apoyo en el precedente consolidado (Cfr. CSJ
SC3930-2020, ya citada)–, advirtiendo que en el proceso
ejecutivo referido ni siquiera habría sido viable discutir sobre
los daños que ahora se alegan, pues las excepciones de
Llama solo prosperaron parcialmente.
A renglón seguido, dicha colegiatura advirtió que
Comcel sí había abusado de su derecho, pues a pesar de que
solo se le adeudaba un capital de $257.395.440, pidió que se
librara orden de pago contra Llama por una suma mucho
más elevada ($3.451.451.171), reclamando, además, el
embargo y secuestro de $5.177.100.000; todo lo anterior,
prevaliéndose de un título valor cuyos espacios en blanco
fueron diligenciados en abierta oposición a las instrucciones
predispuestas por el deudor cambiario, a sabiendas.
En palabras del tribunal,
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22
«(...) es evidente que si la sociedad promotora de la acción
ejecutiva, esto es, Comcel S. A. teniendo precisas instrucciones
para llenar el título valor, optó por soslayarlas e incluir en este
instrumento negocial obligaciones que no era dable respaldar en
tal documento, y apoyada en el cuantioso monto allí consignado,
deprecó considerables medidas que aseguraran el cumplimiento
de tal cifra, se extralimitó en el ejercicio de sus prerrogativas y
abusó del derecho a litigar.
Lo anterior es así, porque, aunque en virtud de lo previsto por el
artículo 622 del Estatuto Mercantil, el tenedor legítimo de un título
valor está legitimado para diligenciarlo, tal derecho no es absoluto,
pues debe hacerlo acorde con las instrucciones impartidas para el
efecto, facultad que trasgredió Comcel S.A. al consignar en el
cartular créditos diferentes al que se había habilitado depositar en
éste. Sumado a lo anterior, la referida sociedad, amparada en el
derecho a reclamar el pago del valor registrado en el pagaré, y en
lo previsto en el artículo 2488 del Código Civil, persiguió los bienes
de su deudora, hasta el límite máximo legal permitido, logrando el
decreto y materialización de unas cautelas que superaban
ampliamente la suma que realmente garantizaba tal instrumento.
Ante tal panorama, es palmario que Comcel S.A. abusó del derecho
a demandar al incoar la acción ejecutiva sin consideración a las
obligaciones puntuales que podía incluir en el documento, y al
obtener la práctica de un embargo de una suma de dinero bastante
superior a la que, según las prerrogativas legales y
convencionales, era dable perseguir, al punto que superaba un
poco más de siete veces la adeudada.
(...) En suma, aun cuando Comcel S.A. al iniciar la ejecución lo hizo
en desarrollo de una prerrogativa consagrada en la ley, sí incurrió
en desvíos en ejercicio de sus derechos de acreedor, pues
desatendió el tenor de las instrucciones impartidas para su
diligenciamiento y anotó todas las obligaciones pendientes de
solución, derivadas de la relación comercial con Llama
Telecomunicaciones S.A., pese a que solo le era posible incluir las
originadas de la ejecución del contrato celebrado en el año 2005».
Con todo, para esa colegiatura la prueba del monto de
la pérdida patrimonial alegada sería insuficiente. Es decir,
Llama no habría acreditado cuáles fueron los rendimientos o
utilidades que esperaba recibir en el lapso (de cuatro años y
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un mes) durante el cual una elevada cantidad de dinero de
su propiedad ($4.570.462.334) permaneció en la cuenta de
depósitos judiciales del Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Cali, como resultado del obrar abusivo de la demandada.
2.3. Para combatir la única premisa en la que se funda
la desestimación de las pretensiones de la demanda
principal, la recurrente propuso tres argumentos:
(i) En todos sus cuestionamientos por vía indirecta
(cargos primero a tercero), sostuvo que existe un yerro en la
valoración probatoria, relativo a la relación jurídica
antecedente que existió entre Llama y Comcel, y que estaba
determinada por la acusación de intereses moratorios, dada
la fuente mediata –la relación contractual de agencia– o
inmediata –la condena impuesta en el laudo– de la obligación
de pagar el dinero que fue abusivamente cautelado.
(ii) En el primer cargo también se denunció al ad
quem por haber reclamado la prueba de «alguna inversión dejada
de materializarse con ocasión de la consumación de la medida
[cautelar]», perdiendo de vista que los recursos fueron objeto
de aprehensión mucho antes de que se dictara el laudo
arbitral, es decir, cuando el crédito seguía sometido a las
contingencias propias de la litis. En ese escenario, no podía
exigírsele a Llama que previera algún destino específico para
dineros que se le pagarían en un futuro apenas eventual.
(iii) En su último cargo, y esta vez por la senda directa,
la recurrente reiteró el argumento (i), y además se quejó de
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que el tribunal no hubiera hecho extensiva a este caso la
regla prevista en el artículo 1617-2 del Código Civil,
arguyendo para ello que, «en presencia de un episodio de privación
del uso del dinero como el que ilustra la presente causa, nada explicaría
que se dejara de aplicar el [precepto citado], que exonera de prueba, bajo
la presunción de la vocación productiva del dinero».
3. Solución al caso concreto.
3.1. Como viene de verse, los hechos probados dan
cuenta de una situación muy particular, consistente en que
Comcel, con apoyo en un pagaré con espacios en blanco,
diligenciado en contravía de lo dispuesto por el deudor
cambiario en la carta de instrucciones, solicitó a un juez el
embargo y secuestro de unos derechos patrimoniales que su
deudora estaba reclamándole en un trámite arbitral paralelo.
Así las cosas, tan pronto el derecho incierto se
transformó en crédito cierto –dadas las condenas que se
impusieron en el laudo arbitral de 15 de mayo de 2013–,
Comcel se aseguró de que los dineros que debía pagarle a
Llama quedaran afectados con las cautelas pedidas
abusivamente en un proceso ejecutivo.
Dicho esto, debe tenerse en cuenta que, en todas sus
censuras, la impugnante extraordinaria sostuvo que el abuso
del derecho en el que incurrió Comcel al solicitar el embargo
y secuestro de los $5.177.100.000 que la propia Comcel
debía pagarle a Llama, le habría generado una pérdida
equivalente a los intereses moratorios sobre dicha suma,
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25
cuya causación debía presumirse siempre que el deudor
incurriese en mora de pagar una obligación de dinero.
Esta tesis resulta ser un tanto ambigua, por lo que
permite varias lecturas distintas. La primera de ellas
implicaría entender que, si los dineros no hubieran sido
abusivamente embargados, Llama habría podido producir
con ellos algún tipo de renta o ganancia equivalente al interés
de mora previsto en el artículo 884 del Código de Comercio.
Sin embargo, esa hermenéutica no luce plausible, máxime
cuando haría necesario acreditar algo que no se alegó, y es
que efectivamente la operación comercial de Llama podía
generar riqueza en porcentajes equivalentes al 150% del IBC.
Consecuentemente, tampoco existen pruebas que
permitan sostener esa capacidad de generar utilidad. De
hecho, la actora redujo la prueba del daño a un trabajo
pericial de liquidación de réditos moratorios sobre el monto
que fue afectado por la cautela judicial, y no presentó
ninguna evidencia acerca de su propio ejercicio comercial,
sus planes de tesorería, o cualquier otra variable que pudiera
llevar al conocimiento de las utilidades que dejó de percibir
por no haber recibido a tiempo los $4.570.462.334 a los que
aludió a lo largo de la demanda.
3.2. Otra posible interpretación del alegato consistiría
en que Comcel debe pagar intereses de mora porque los
recursos abusivamente cautelados por solicitud suya
estaban llamados a producirlos, según lo argumentado y
decidido por los árbitros que resolvieron una controversia
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pretérita. No obstante, ello implicaría entender que, en este
juicio declarativo, no se pretendía atribuir la responsabilidad
civil por un ilícito extracontractual, sino reclamar una
compensación por la tardanza en el pago de las condenas que
se dispusieron en el laudo arbitral –o de los débitos
contractuales reconocidos en esas condenas–.
En efecto, si se asume como hecho dañoso el haber
privado a Llama de una suma de dinero que le pertenecía,
necesariamente debe aceptarse que tanto las condenas que
fijaron los árbitros, como las prestaciones contractuales que
ellos elucidaron, habrían sido pagadas por Comcel, aunque
el pago no llegara directamente a manos de su beneficiaria,
debido al embargo y secuestro decretados por el juez de la
ejecución. Y si ese pago existió, es obvio que se extinguirían
tanto la obligación impuesta judicialmente, como la derivada
de los negocios jurídicos de agencia comercial.
En cambio, si se afirmara que Llama fue despojada de
los réditos moratorios ordenados en caso de impago de la
condena fijada en el laudo, o hacer referencia a la relación
jurídica preexistente entre la recurrente y Comcel, implicaría
extraer el conflicto del ámbito de la responsabilidad
aquiliana, transformando lo que se alegó como daño (la
privación de un capital) en un supuesto de incumplimiento,
o bien del laudo arbitral, o bien de las prestaciones
procedentes del contrato de agencia.
Y, sobra decirlo, no fue eso lo que se argumentó en la
demanda principal. Allí, simplemente, Llama afirmó que
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Comcel había incurrido en «abuso del derecho a litigar», porque
«la acción [ejecutiva] corresponde a una demanda temeraria o de mala
fe (...), causando así «graves perjuicios a la sociedad con el secuestro
de $5.177.100.000», los cuales «ascienden a la suma de
$3.471.750.612, que corresponden únicamente al lucro cesante de
los rendimientos financieros que debió producir la suma
indebidamente embargada (...)».
De lo anotado se sigue que Llama eligió, de manera
inequívoca, encauzar su reclamo por la senda de la
responsabilidad extracontractual por abuso del derecho, y
también que lo hizo pidiendo los rendimientos del dinero que
fue objeto de las medidas cautelares que solicitó Comcel; es
decir, lo que ese monto debía producir como utilidad. A ello
cabe añadir que, Llama no introdujo al debate procesal algún
planteamiento que permitiera equiparar su pérdida con la
causación de réditos de mora al descorrer el traslado de las
excepciones, ni al presentar sus alegatos de cierre, ni
tampoco al sustentar su recurso de apelación.
Esto equivale a decir que, en ninguna fase del trámite
ordinario, quedó planteado que las pretensiones de la
demanda principal se orientaran al cobro de algún tipo de
réditos sobre los saldos impagados de la condena arbitral, o
respecto de las cargas dinerarias derivadas de la relación
contractual de agencia precedente. Hasta la presentación de
la demanda de sustentación del recurso de casación, el
conflicto entre Llama y Comcel se mantuvo en el escenario
propio de la responsabilidad civil extracontractual por abuso
Radicación n.° 11001-31-03-009-2018-00074-01
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del derecho, parcela por completo ajena a la reclamación de
intereses de mora por incumplimiento de alguna obligación.
Dichos réditos fueron traídos a colación en esta sede
extraordinaria, para hacerlos ver como sucedáneos de las
pruebas del daño que el tribunal extrañó en su fallo. Pero ello
es improcedente, pues implica introducir un planteamiento
novedoso al debate, que precisamente por su tardía
aparición, no fue replicado por la convocada, ni mucho
menos considerado por el tribunal en su sentencia, razón
suficiente para excluirlo del escrutinio de la Corte Suprema
de Justicia, como Tribunal de Casación.
No se olvide que, ante esta sede extraordinaria, resulta
imperativo rechazar
«(...) asuntos ajenos a las instancias que son ondeados de
forma novedosa para cuestionar la decisión recurrida (SC,
16 jul. 1965, G. J. n.° 2278-2279, p. 106) (...), en salvaguardia de
la finalidad excepcional del remedio extraordinario, que supone
cuestionar la sentencia como thema decisum, sin que sea dable
reabrir el debate de instancia o proponer lecturas novedosas de la
controversia para buscar una decisión favorable. “Total que, según
el (...) numeral 3 del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil
[que corresponde al canon 344-2 del Código General del Proceso],
el embiste debe ser preciso, en el sentido de dirigirse con acierto
contra las bases de la sentencia de instancia, sin que sea posible
que se aleje de ellas para traer reflexiones de último minuto
o aspectos que están por fuera de la discusión” (negrilla fuera
de texto, AC1014, 14 mar. 2018, rad. n.° 2005-00036-02). Con
esta prohibición “también se tutelan los derechos de defensa y
contradicción de los no recurrentes, quienes podrían verse
sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma fáctica que
varíe la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de
controvertirlo y, menos aún, hacer pedidos probatorios para su
desestimación. Agréguese que, admitir argumentos nuevos en
casación, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que en los
Radicación n.° 11001-31-03-009-2018-00074-01
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grados jurisdiccionales se discutan las materias fácticas objeto de
su ligio, sin que pueda aguardarse al final para izar tópicos
con los que se pretende una resolución favorable” (CSJ,
SC1732 del 21 de mayo de 2019, rad. 2005-00539-01)» (CSJ
SC2779-2020; reiterada en CSJ SC948-2022).
3.3. Una última posibilidad interpretativa, que engloba
todos los cuestionamientos de la censura (incluso el cuarto,
por vía directa), consistiría en aceptar que siempre que se
embargue y secuestre una suma de dinero como resultado
de un acto de abuso del derecho de la parte que solicitó esas
medidas cautelares, se causan intereses moratorios para
compensar el daño sufrido por la persona afectada.
Pero esta afirmación también es inadmisible, porque
confunde un ilícito extracontractual, como lo es el abuso del
derecho, con un supuesto de mora en el pago. En efecto, si
una persona priva a otra de determinado capital por un acto
de abuso del derecho, esta última quedará obligada a
compensar la pérdida sufrida por la víctima, pero no existe
pauta jurídica alguna que lo obligue a hacerlo a través del
reconocimiento de réditos moratorios, ni el agente queda
constituido en mora desde que causó el daño.
Expresado de otro modo, si lo que se pide es la
indemnización de un daño, naturalmente será esa la fuente
de la obligación de reparar del agente-demandado; por tanto,
acudir a circunstancias externas del daño mismo para
caracterizar esa obligación no es de recibo. En punto de lo
anterior, tiene dicho la jurisprudencia:
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«(...) La mora es la situación en que se coloca el deudor tras su
incumplimiento y siempre que, además, se dé alguno de los
supuestos del artículo 1608 del Código Civil, evento a partir del
cual se autoriza al acreedor para reclamar el pago de los perjuicios
que haya podido sufrir (arts. 1610 y 1615 ibídem). Desde luego
que la mora supone la existencia de una obligación preexistente
que en su momento no se satisface por el deudor, o dicho de otro
modo, “la mora del deudor… consiste en ‘el retraso, contrario a
derecho, de la prestación por una causa imputable a aquél’
(Casación 19 de julio de 1936, G.J. T. XLIV, pág. 65)…” y
“…supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la
obligación, y para constituir en ella al deudor, se requiere que sea
reconvenido por el acreedor, esto es, que se le intime o reclame
conforme a la ley la cancelación de la prestación debida. De tal
suerte que, sólo a partir de surtida la interpelatio puede afirmarse
que el deudor incumplido, además ostenta la calidad de deudor
moroso, momento éste a partir del cual puede exigirse el pago de
perjuicios conforme a lo dispuesto por los artículos 1610 y 1615
del Código Civil” (Sent. Cas. Civ. de 10 de julio de 1995, Exp. No.
4540)» (CSJ SC, 13 may. 2010, rad. 2001-00161-01).
Es evidente, pues, que no es apropiado confundir la
mora del deudor con el daño que produce quien priva a otra
persona de la disposición de su dinero, por cualquier acción
u omisión constitutiva de responsabilidad extracontractual.
Quien infiere un daño injusto a otro tiene el deber de
repararlo, pero solo incurrirá en mora cuando ese deber se
concrete en una prestación cierta, de contornos definidos. Es
decir, con un monto exacto de indemnización ya fijado y una
fecha para su pago, lo que suele ocurrir sólo cuando se
profiere el fallo que declara la responsabilidad, o cuando las
partes, autónomamente, resuelven sus conflictos a través de
cualquier medio autocompositivo.
En línea con ese razonamiento, la Corte ha sostenido lo
siguiente:
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«Sobre el tema de la causación de réditos de la especie exigida
[moratorios, se aclara], el artículo 65 de la Ley 45 de 1990, en lo
pertinente reza: “En las obligaciones mercantiles de carácter
dinerario el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de
mora y a partir de ella”. Obsérvese, que el precepto alude al
concepto de “obligaciones mercantiles”, por las cuales se entiende
aquellas que provienen de “actos o negocios comerciales”, y
también que tengan carácter “dinerario”, es decir, que su objeto
consiste en la entrega por el deudor a su acreedor de una suma de
“dinero”; mientras que los “intereses” pretendidos, tienen por
finalidad “indemnizar el daño” a partir de la incursión en mora
para cancelar el respectivo capital.
Sin embargo, en los eventos de responsabilidad civil
extracontractual, modalidad a la que corresponde la invocada
como fundamento de la súplica resarcitoria, aunque con carácter
especial, es claro que solo a partir de la concreción o
cuantificación de aquella pueden generarse réditos, dado
que es en ese momento que se establece el monto en una suma
líquida y la oportunidad para hacer el pago; empero no
corresponden en este caso a los de naturaleza “mercantil”, porque
no derivan de un “acto o negocio” de esa índole, hallándose el
sustento para su exigencia, en el artículo 1617 del Código Civil, y
así lo ha entendido esta Corporación» (CSJ SC, 7 dic. 2012,
rad. 2005-00327-01).
3.4. Resta por analizar un argumento, también relativo
al uso de presunciones en la tasación de daños. Con este fin
memórese que, según lo señalado por el tribunal, en este
juicio quedó probado que las medidas cautelares solicitadas
por Comcel abusando de su derecho, despojaron a Llama del
poder de disposición de $4.570.462.334 1 por 1508 días
(entre el 4 de junio de 2013 y el 21 de julio de 2017), período
1 Esta cifra, que es la referida en la demanda, resulta de restar de los $5.177.100.000 embargados y
secuestrados en el proceso ejecutivo, los $606.637.666 que terminaron entregándosele a Comcel tras la
liquidación del crédito (de los cuales $257.395.440 correspondían a capital, y la suma restante a réditos
moratorios causados).
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durante el cual ese dinero estuvo embargado y secuestrado
por orden del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali.
En su demanda, se insiste, la actora pareció entender
que la pérdida irrogada con ese desapoderamiento podía
tasarse liquidando réditos moratorios sobre la suma
cautelada. Pero como ya se indicó, esa opción debe
rechazarse, pues a pesar de los paralelismos que pudieran
idearse entre el acreedor que no recibe a tiempo el pago de
una obligación y la víctima que se ve privada de una suma
de dinero, el concepto de mora no puede operar sin un
vínculo obligacional preexistente, y precisamente la
responsabilidad civil aquiliana se ocupa de las interacciones
entre personas que ocurren en ausencia de ese vínculo.
Y si bien en esta causa el agente dañador y su víctima
habían celebrado un contrato de agencia comercial, lo cierto
es que sobre esa duplicidad de roles no se fundamentó la
demanda, y, por ende, tampoco serviría para explorar alguna
opción que habilitara a la Corte, en este caso concreto, y dada
la particularidad anotada, para equiparar las secuelas del
ilícito extracontractual con los intereses de mora sobre el
capital objeto de las medidas cautelares solicitadas
abusando del derecho.
Dada esa deficiente conceptualización del daño que se
hiciera en el escrito de demanda (confundiendo el daño con
los intereses moratorios), desde los albores de este juicio la
cuestión de la cuantificación de la pérdida que realmente
sufrió Llama no fue materia de ningún esfuerzo probatorio.
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De hecho, al escrito inicial solamente se adosó un dictamen
pericial, en el que se calculaban los réditos de mora sobre
$4.570.462.334, durante 1508 días, a la tasa máxima
legalmente permitida por el ordenamiento mercantil.
Al tribunal ello le pareció insuficiente, por lo que
reclamó la prueba de «alguna inversión dejada de materializarse con
ocasión de la consumación de la medida [cautelar]». Pero tal como lo
anotó la recurrente, si de lo que se trataba era de probar un
daño cierto, exigir esa evidencia no era razonable, pues
ninguna persona podría concebir un plan de negocios con
recursos que apenas estaban siendo objeto de debate en el
escenario de un proceso arbitral, y que luego lo fueron en el
trámite de un juicio ejecutivo.
Recuérdese que los árbitros dispusieron condenar a la
hoy demandada al pago de una cuantiosa suma en favor de
la recurrente mediante laudo de 15 de mayo de 2013; pero
desde el 29 de noviembre del año de 2012 el juez que conocía
de la ejecución que promovió Comcel había dispuesto «el
embargo de los derechos litigiosos que a favor de Llama (...) pueda existir
dentro del proceso arbitral promovido por Llama (...) contra Comcel». La
actora, pues, era consciente de que para disponer de algún
capital debía salir triunfante no en uno, sino en dos litigios
concomitantes. Y en esas condiciones, luce inconducente
idear el destino de esos dineros, francamente contingentes.
Cabe anotar que, quizá, lo que el tribunal pretendía
decir con la frase previamente trasuntada era que la víctima
tenía la opción de plantear alguna hipótesis acerca de las
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utilidades o rendimientos que pudo haber dejado de percibir
con ocasión del acto abusivo de Comcel; es decir, una especie
de análisis contrafactual del impacto que habrían tenido los
$4.570.462.334 injustamente cautelados en el ejercicio
comercial ordinario de Llama, o en su plan de tesorería, de
haberlos recibido en la fecha que en derecho correspondía.
Una prueba como esa, adecuadamente elaborada y
sustentada, indudablemente ofrecería elementos de juicio
valiosos para que la jurisdicción pudiera dimensionar mejor
la afectación económica sufrida por la víctima; y ello, con
seguridad, permitiría fijar una indemnización que se adecúe
con mayor exactitud a la extensión del daño causado
injustamente. Pero, dadas las razones explicadas, no era
cuestión sencilla recaudar tal probanza en este caso.
La situación, entonces, parecía obligar a acudir a
alguna presunción, de forma análoga al modo en el que se
tasa el lucro cesante consecuencial a la pérdida de capacidad
laboral de una persona que no acredite (o no pueda acreditar,
v.gr., en caso de no tener empleo) que está percibiendo algún
ingreso para la fecha del daño. En esos eventos, suele
cuantificarse la indemnización a través de una presunción
relativa al piso de remuneración al que puede acceder una
persona que esté laborando, es decir, 1 SMLMV (Cfr. CSJ
SC4803-2019; o CSJ SC16690-2016); esto partiendo de la
base de que la víctima tenía una fuerza de trabajo intrínseca,
de la que fue privada por la acción u omisión del dañador.
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En casos como esos, podría objetarse que el resultado
que se obtiene al aplicar la presunción no es aritméticamente
exacto, pero, a decir verdad, ningún juicio contrafactual (lo
es preguntarse ¿cuánto dinero habría podido recibir la víctima
de no haber sido dañada?) ofrece certezas absolutas como
respuesta. Apenas se obtendrá un resultado hipotético, pero
no uno desfasado, o desconectado de la realidad, sino uno
que razonablemente pueda ser admitido en una discusión
racional, mediada por la necesidad de dar efectos concretos
al derecho de la víctima a una reparación integral.
Naturalmente, entre más información se recaude sobre
la rentabilidad que solía obtener la víctima antes del daño, o
su planificación patrimonial a futuro, más elementos de
juicio habrá para calcular la indemnización a cargo del
agente dañador; de ahí la importancia de arrimar pruebas
pertinentes para esclarecer el caso ante el juez de la causa.
Pero si esas pruebas no se aportan, resultaría injustificado
negar la reparación, pues so pretexto de no poder tasar con
precisión la extensión económica de un daño probado, se
terminaría aplicando una consecuencia jurídica que
corresponde al supuesto de inexistencia de ese daño.
Pues bien, quizá sea posible presumir también algún
“piso de remuneración” para el dinero, tal como se presume
el ingreso mínimo en las personas, a efectos de calcular el
monto de la reparación debida por el causante del daño. Sin
embargo, cualquier camino que la Corte pudiera tomar con
miras a esclarecer el contenido de esa presunción estaría
vedado en este específico caso, porque Llama limitó su
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súplica a la recuperación de réditos moratorios, al punto que
el cargo cuarto buscó explícitamente que se asumiera su
causación para los efectos anotados previamente.
Insístase en que, aun en ese cuestionamiento postrero,
la recurrente se dolió de que el tribunal no hubiera
construido una “presunción de daño”, pero a partir del
artículo 1617 del Código Civil, precepto orientado a regular
los casos en los que exista una obligación «de pagar una
cantidad de dinero», y además, haya un «retardo», conceptos que,
se insiste, no conciernen a la acción elegida por Llama (de
responsabilidad civil extracontractual).
En esas condiciones, y dadas las restricciones que
imponen el principio de congruencia y la naturaleza
dispositiva del recurso extraordinario de casación, no resulta
factible variar la suerte de esta particular controversia.
4. Conclusión.
Ninguno de los cargos formulados puede prosperar,
porque todos ellos están basados en una improcedente
analogía entre el ilícito extracontractual (la cautela abusiva
de una suma de dinero) y un incumplimiento contractual (la
mora en el pago de una obligación).
En esas condiciones, las limitaciones de la competencia
de la Corte en sede de casación tornan inviable explorar
alternativas distintas –viables– para tasar el daño alegado
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por la actora; y siendo ello así, la frustración del recurso
deviene inexorable.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 21 de abril de
2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que promovió
Llama Telecomunicaciones S.A. contra Comunicación
Celular Comcel S.A.
SEGUNDO. CONDENAR a la demandante principal,
como impugnante vencida, al pago de las costas procesales
de esta actuación. En la liquidación inclúyanse $10.000.000,
por concepto de agencias en derecho.
TERCERO. Por secretaría remítase el expediente al
tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidenta de Sala
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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(En comisión de servicios)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Presidente
Hilda González Neira
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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