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clave: "corte_suprema:providencia:SC109-2023 [2018-00074-01]"
titulo: "Corte Suprema: la excepcionalidad de esta prerrogativa se explica por su fuerte impacto en la existencia del demandado"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-06-09"
radicado: "2018-00074-01"
numero: "SC109-2023"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: la excepcionalidad de esta prerrogativa se explica por su fuerte impacto en la existencia del demandado

- **Título oficial / radicado:** SC109-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-06-09
- **Radicado:** 2018-00074-01
- **Número:** SC109-2023
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC109-2023%20%5B2018-00074-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC109-2023%20%5B2018-00074-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIzL0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS82Li0gSnVuaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzEwOS0yMDIzIFsyMDE4LTAwMDc0LTAxXS5wZGY%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

La excepcionalidad de esta prerrogativa se explica por su fuerte impacto en la existencia del demandado, quien podrá verse privado del uso, goce y disposición de sus bienes antes de haber sido oído y vencido en juicio.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 45 de 1990
- Ley 446 de 1998
- Constitución Política

## Extracto

En ese sentido, en CSJ SC3930-2020 se explicó lo siguiente: Por tanto, si el decreto de una medida cautelar obedece al actuar doloso o gravemente descuidado de quien la solicitó, emerge adecuada la atribución a esa persona de todas las secuelas negativas padecidas por su contraparte. Así las cosas, tan pronto el derecho incierto se transformó en crédito cierto –dadas las condenas que se impusieron en el laudo arbitral de 15 de mayo de 2013–, Comcel se aseguró de que los dineros que debía pagarle a Llama quedaran afectados con las cautelas pedidas abusivamente en un proceso ejecutivo. Pero ello es improcedente, pues implica introducir un planteamiento novedoso al debate, que precisamente por su tardía aparición, no fue replicado por la convocada, ni mucho menos considerado por el tribunal en su sentencia, razón suficiente para excluirlo del escrutinio de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casación.

## Cita textual

> se impone una nueva lectura de la aplicación del artículo 1617 en materia extracontractual

## Texto del documento

LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC109-2023
Radicación n.° 11001-31-03-009-2018-00074-01
(Aprobado en sesión de treinta de marzo de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintitrés
(2023).
Se decide el recurso extraordinario de casación que
interpuso la convocante frente a la sentencia de 21 de abril
de 2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que promovió
Llama Telecomunicaciones S.A. contra Comunicación
Celular Comcel S.A.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
Llama Telecomunicaciones S.A. (en adelante, Llama)
pidió declarar que su contraparte «ejerció en forma temeraria o de
mala fe acción judicial contra Llama Telecomunicaciones S.A., mediante
demanda ejecutiva con acción mixta y medidas cautelares de embargo y
secuestro de bienes, para cobrar y obtener el pago indebido de la suma
Radicación n.° 11001-31-03-009-2018-00074-01
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de $3.451.451.171, más intereses de mora (…), con base en un pagaré
con espacios en blanco que fue llenado con esa suma por Comcel».
Por consiguiente, solicitó reconocer que Comunicación
Celular Comcel S.A. (en adelante, Comcel) «abusó de su derecho
subjetivo de perseguir la ejecución de las obligaciones sobre los bienes
del deudor», por lo que es responsable de todos «los perjuicios por
(...) lucro cesante causados» a la convocante, los cuales tasó en
$3.471.750.612.
2. Fundamento fáctico.
2.1. Mediante sendos contratos, celebrados el 14 de
junio de 1994, 1 de abril de 1997 y 7 de julio de 1998, la
convocada encargó a Llama la «distribución de los productos y la
comercialización de los servicios de Comcel» en la zona occidental
del territorio nacional.
2.2. El 12 de agosto de 2005 las partes ajustaron otro
negocio jurídico en términos similares, pero ahora referido a
la región oriental del país.
2.3. Concomitante con la celebración de este último
convenio, Llama otorgó un pagaré con espacios en blanco en
favor de Comcel, que garantizaría el pago de las obligaciones
que pudieran surgir de esa específica negociación.
2.4. Mediante laudo arbitral de 15 de mayo de 2013, se
declaró que los tres convenios iniciales correspondían a un
contrato de agencia comercial, extendido entre el 14 de junio
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de 1994 y el 9 de febrero de 2011. Por lo anterior, se condenó
a Comcel a pagar a Llama una suma aproximada de
$9.000.000.000, a título de cesantía comercial.
2.5. Concomitante con la iniciación del trámite
arbitral, Comcel presentó para el cobro ejecutivo el pagaré
previamente reseñado, y reclamó $3.451.451.171 a título de
capital. Al diligenciar los espacios en blanco de ese
documento, el acreedor desatendió las instrucciones dadas
por Llama, pues incluyó débitos ajenos al contrato de 12 de
agosto de 2005, del que apenas existía un saldo a cargo de
Llama de $255.163.667.
2.6. Durante el juicio ejecutivo, Comcel pidió embargar
y secuestrar todos «los dineros que existan por concepto de créditos
a cargo de Comcel y a favor de Llama Telecomunicaciones». Decretada
esa cautela, el 4 de junio de 2013 la propia ejecutante
(Comcel) consignó $5.177.100.000 a órdenes del juez de la
ejecución –límite del embargo decretado–, monto que
correspondía a parte de la condena que se le había impuesto
en el procedimiento arbitral aludido.
2.7. Mediante sentencia de 24 de noviembre de 2016,
confirmada el 20 de junio del año siguiente, se ordenó que el
recaudo ejecutivo prosiguiera solamente por el capital que
realmente adeudaba Llama a Comcel ($257.395.440), junto
con sus intereses moratorios.
2.8. En firme esa decisión, y aprobada la liquidación
del crédito, el 21 de julio de 2017 se dispuso la devolución a
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Llama de los saldos embargados en exceso, que ascendían a
$4.570.462.334.
2.9. El abuso cometido por Comcel de su derecho a
litigar «causó graves perjuicios a Llama», los cuales «ascienden a la
suma de $3.471.750.612, que corresponden únicamente al lucro cesante
de los rendimientos financieros que debió producir la suma
indebidamente embargada (de $4.570.462.334) entre el 4 de junio de
2013 y el 21 de julio de 2017».
3. Actuación procesal.
3.1. Enterada del auto admisorio, la convocada
excepcionó «inexistencia del derecho pretendido»; «falta de causa para
demandar»; «demanda infundada»; «inexistencia de perjuicios»;
«carencia del derecho pretendido»; «inexistencia de la temeridad
endilgada»; «inexistencia del abuso del derecho endilgado»; «legitimidad
en el diligenciamiento del pagaré en la época en que esto ocurrió y
derecho legítimo de presentar y tramitar el proceso ejecutivo»; «cosa
juzgada respecto de la mala fe endilgada»; «compensación» y
«procedería la indexación, mas no los intereses corrientes».
3.2. Comcel también presentó demanda de mutua
petición, reclamando el pago de $1.914.006.906, o la «suma
que resulte probada en este proceso», por concepto de saldos a
cargo de la convocante principal, la liquidación de todos los
contratos a los que se hizo previa alusión.
3.3. En audiencia de 20 de enero de 2022, el Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Bogotá desestimó la demanda
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principal, y acogió la de reconvención. En consecuencia,
condenó a Llama a pagar $1.914.066.906, junto con los
réditos de mora causados a partir de la fecha de presentación
de la demanda de mutua petición.
SENTENCIA IMPUGNADA
Al resolver la alzada que interpuso la sociedad
demandante, el ad quem modificó lo decidido en primera
instancia, para revocar la condena impuesta a Llama y negar
todos los reclamos de la demanda de reconvención. Esta
determinación no es objeto de debate en sede de casación,
toda vez que la parte interesada –Comcel– no expresó su
inconformidad al respecto.
De otro lado, la desestimación del petitum de la
demanda principal fue refrendada, con apoyo en las razones
que a continuación se compendian:
(i) No es posible sostener, como lo hiciera la
juzgadora de primer grado, que «únicamente se podían reclamar
en el mismo proceso ejecutivo donde se causaron los perjuicios
generados por la práctica de unas medidas cautelares exorbitante,
fundadas en la ejecución de una cuantiosa suma de dinero, no
respaldada en su mayoría por el cartular báculo del recaudo». Lo
anterior en tanto que, «la legislación procesal civil no ha restringido
en manera alguna el derecho del perjudicado con el litigio y las medidas
ejecutivas en él materializadas, por resultar victorioso con todas o
algunas de excepciones propuestas».
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(ii) Sin embargo, el reclamo indemnizatorio formulado
en la demanda principal no está llamado a prosperar.
Aunque Comcel, deliberadamente, diligenció un pagaré y
promovió su recaudo «contrariando las instrucciones emitidas para
ello» –como lo reconocieron los jueces de la ejecución–, lo
cierto es que «ninguna prueba fue adosada por la precursora del libelo
principal (…), que refrende que el monto cautelado generaría la utilidad
[reclamada], máxime cuando no se acreditó alguna inversión dejada de
materializarse con ocasión de la consumación de la medida [cautelar]».
(iii) Así las cosas, «ante la falta de demostración del perjuicio,
ninguna consideración corresponde hacer a la Sala sobre la labor
efectuada por la accionante para probar la cuantía del detrimento
reclamado, la validez del peritaje arrimado para acreditar su quantum,
el juramento estimatorio efectuado con tal propósito en la demanda
principal y la correspondiente objeción presentada por la convocada,
pues la falencia suasoria memorada respecto del detrimento reclamado,
impide ahondar en el estudio de su cuantía».
DEMANDA DE CASACIÓN
Llama interpuso el recurso extraordinario de casación
contra la sentencia de segunda instancia. Al sustentarlo
formuló cuatro cargos, tres de ellos con base en la causal
segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, y el
postrero con sustento en la causal primera.
CARGO PRIMERO
Se acusó al fallo que clausuró las instancias ordinarias
de infringir, de manera indirecta, los artículos 95-1 de la
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Constitución Política; 78-2, 80, 443-3 y 597-10 del Código
General del Proceso; 830 del Código de Comercio; 1608,
1612, 1613, 1615, 1617-2, 1649 y 2341 del Código Civil, y
111 de la Ley 45 de 1990, como consecuencia de errores de
hecho cometidos en la apreciación del laudo arbitral de 15 de
mayo de 2013. En desarrollo de esta censura, explicó la
demandante principal:
(i) De haberse apreciado de manera correcta la parte
resolutiva del laudo, el tribunal se habría dado cuenta de que
«todas, absolutamente todas, las condenas hechas en contra de Comcel
S.A. y en beneficio de Llama Telecomunicaciones S.A., devengaban
intereses, aún antes de la expedición del laudo según se reconoció en
esa providencia con alcance de cosa juzgada».
(ii) En ese escenario, es contraevidente «negar la
productividad del dinero congelado por obra de las medidas cautelares
forzadas por Comcel S.A., si es que antes de la expedición del laudo ya
se generaban dichos intereses, luego la prueba del devengo reposa en el
expediente y el Tribunal no la vio (…). Si antes de la expedición del laudo
las cantidades debidas a título de indemnización de estirpe contractual
producían intereses, nada explicaría que, una vez expedido el laudo, se
produj[era] una especie de esterilización de los beneficios esperados del
capital debido, como si pasasen del oasis al desierto».
(iii) Al exigir la prueba de un proyecto económico
frustrado por causa de las excesivas cautelas, el ad quem
pasó por alto «el oficio de registro del embargo de que da cuenta el
texto del laudo (…), que fue radicado en la Cámara de Comercio de
Bogotá el día 28 de enero de 2013» así como la «parte resolutiva del
laudo en la cual se ordena poner a disposición del Juzgado los dineros
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reconocidos en favor de Llama Telecomunicaciones y embargados por
iniciativa de Comcel S.A., tal como se dispuso en la resolución
Cuadragésima Segunda tomada por el Tribunal Arbitral».
(iv) De haberse valorado adecuadamente esos dos
elementos de juicio, se habría colegido forzosamente que «el
derecho de crédito reconocido en el laudo como activo de Llama
Telecomunicaciones S.A. nació muerto, pues era imposible disponer de
él, primero, porque era una simple expectativa, es decir, el evento incierto
de la litis, y luego, porque convertido en crédito quedo esterilizado por
mandato del artículo 1521 del Código Civil, que por ilicitud del objeto,
impide cualquier acto respecto de ese derecho que nació embargado».
(v) Bajo ese entendido, «la exigencia de prueba de una
“inversión dejada de materializarse…” riñe con el sentido común, pues
resultaba imposible para Llama Telecomunicaciones S.A. planear una
inversión, por cuanto hallándose el derecho en estado larvario en su
carácter de litigioso, como contingencia o posibilidad apenas en ciernes,
no permitía responsablemente planear una inversión (…)».
CARGO SEGUNDO
Tras acusar al tribunal de transgredir, por vía indirecta,
los mismos preceptos invocados en el cargo inaugural, la
actora adujo:
(i) El análisis de las piezas procesales que componen
el trámite arbitral refleja «la naturaleza contractual de los fondos
congelados ilegalmente como consecuencia de las medidas cautelares»,
puesto que «el pagaré que sirvió de soporte a la ejecución en la cual
hubo el exceso y abuso (…) es un instrumento contractual de garantía
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del cual se aprovisionó Comcel S.A. como parte esencial de un programa
contractual cumplido en el escenario del contrato de agencia».
(ii) Al obviar este aspecto medular del litigio, así como
los elementos de juicio que lo corroboran, el tribunal no
advirtió la necesidad de aplicar a este asunto la regla que
prevé el canon 1617-2 del Código Civil, «de conformidad con la
cual, si la obligación es de pagar una cantidad de dinero (…) “[e]l
acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra
intereses; basta el hecho del retardo”».
(iii) De manera equivocada, se concluyó «que con la
expedición del laudo y la consignación de las condenas a órdenes del
Tribunal de arbitraje, cesaba la mora, sin tomar en cuenta que el estado
de retardo culpable proseguía, pues sin solución de continuidad, los
fondos constitutivos del crédito reconocido en beneficio de Llama
Telecomunicaciones S.A., migraron del Tribunal Arbitral para quedar
inmediatamente congelados en el proceso ejecutivo por virtud del
embargo ilícito provocado allí por Comcel S.A. en uso de la garantía
otorgada en desarrollo del contrato de agencia mercantil».
(iv) En estricto sentido, «el retardo culpable de Comcel S.A.
se mantuvo, solo cambió el título de imputación, primero fue el

incumplimiento del contrato
de agencia mercantil, luego la imposibilidad
de recaudo real por obra del ejercicio abusivo de la garantía contractual,
el pagaré, ot

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

e que los árbitros dispusieron condenar a la
hoy demandada al pago de una cuantiosa suma en favor de
la recurrente mediante laudo de 15 de mayo de 2013; pero
desde el 29 de noviembre del año de 2012 el juez que conocía
de la ejecución que promovió Comcel había dispuesto «el
embargo de los derechos litigiosos que a favor de Llama (...) pueda existir
dentro del proceso arbitral promovido por Llama (...) contra Comcel». La
actora, pues, era consciente de que para disponer de algún
capital debía salir triunfante no en uno, sino en dos litigios
concomitantes. Y en esas condiciones, luce inconducente
idear el destino de esos dineros, francamente contingentes.
Cabe anotar que, quizá, lo que el tribunal pretendía
decir con la frase previamente trasuntada era que la víctima
tenía la opción de plantear alguna hipótesis acerca de las
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utilidades o rendimientos que pudo haber dejado de percibir
con ocasión del acto abusivo de Comcel; es decir, una especie
de análisis contrafactual del impacto que habrían tenido los
$4.570.462.334 injustamente cautelados en el ejercicio
comercial ordinario de Llama, o en su plan de tesorería, de
haberlos recibido en la fecha que en derecho correspondía.
Una prueba como esa, adecuadamente elaborada y
sustentada, indudablemente ofrecería elementos de juicio
valiosos para que la jurisdicción pudiera dimensionar mejor
la afectación económica sufrida por la víctima; y ello, con
seguridad, permitiría fijar una indemnización que se adecúe
con mayor exactitud a la extensión del daño causado
injustamente. Pero, dadas las razones explicadas, no era
cuestión sencilla recaudar tal probanza en este caso.
La situación, entonces, parecía obligar a acudir a
alguna presunción, de forma análoga al modo en el que se
tasa el lucro cesante consecuencial a la pérdida de capacidad
laboral de una persona que no acredite (o no pueda acreditar,
v.gr., en caso de no tener empleo) que está percibiendo algún
ingreso para la fecha del daño. En esos eventos, suele
cuantificarse la indemnización a través de una presunción
relativa al piso de remuneración al que puede acceder una
persona que esté laborando, es decir, 1 SMLMV (Cfr. CSJ
SC4803-2019; o CSJ SC16690-2016); esto partiendo de la
base de que la víctima tenía una fuerza de trabajo intrínseca,
de la que fue privada por la acción u omisión del dañador.
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En casos como esos, podría objetarse que el resultado
que se obtiene al aplicar la presunción no es aritméticamente
exacto, pero, a decir verdad, ningún juicio contrafactual (lo
es preguntarse ¿cuánto dinero habría podido recibir la víctima
de no haber sido dañada?) ofrece certezas absolutas como
respuesta. Apenas se obtendrá un resultado hipotético, pero
no uno desfasado, o desconectado de la realidad, sino uno
que razonablemente pueda ser admitido en una discusión
racional, mediada por la necesidad de dar efectos concretos
al derecho de la víctima a una reparación integral.
Naturalmente, entre más información se recaude sobre
la rentabilidad que solía obtener la víctima antes del daño, o
su planificación patrimonial a futuro, más elementos de
juicio habrá para calcular la indemnización a cargo del
agente dañador; de ahí la importancia de arrimar pruebas
pertinentes para esclarecer el caso ante el juez de la causa.
Pero si esas pruebas no se aportan, resultaría injustificado
negar la reparación, pues so pretexto de no poder tasar con
precisión la extensión económica de un daño probado, se
terminaría aplicando una consecuencia jurídica que
corresponde al supuesto de inexistencia de ese daño.
Pues bien, quizá sea posible presumir también algún
“piso de remuneración” para el dinero, tal como se presume
el ingreso mínimo en las personas, a efectos de calcular el
monto de la reparación debida por el causante del daño. Sin
embargo, cualquier camino que la Corte pudiera tomar con
miras a esclarecer el contenido de esa presunción estaría
vedado en este específico caso, porque Llama limitó su
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súplica a la recuperación de réditos moratorios, al punto que
el cargo cuarto buscó explícitamente que se asumiera su
causación para los efectos anotados previamente.
Insístase en que, aun en ese cuestionamiento postrero,
la recurrente se dolió de que el tribunal no hubiera
construido una “presunción de daño”, pero a partir del
artículo 1617 del Código Civil, precepto orientado a regular
los casos en los que exista una obligación «de pagar una
cantidad de dinero», y además, haya un «retardo», conceptos que,
se insiste, no conciernen a la acción elegida por Llama (de
responsabilidad civil extracontractual).
En esas condiciones, y dadas las restricciones que
imponen el principio de congruencia y la naturaleza
dispositiva del recurso extraordinario de casación, no resulta
factible variar la suerte de esta particular controversia.
4. Conclusión.
Ninguno de los cargos formulados puede prosperar,
porque todos ellos están basados en una improcedente
analogía entre el ilícito extracontractual (la cautela abusiva
de una suma de dinero) y un incumplimiento contractual (la
mora en el pago de una obligación).
En esas condiciones, las limitaciones de la competencia
de la Corte en sede de casación tornan inviable explorar
alternativas distintas –viables– para tasar el daño alegado
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por la actora; y siendo ello así, la frustración del recurso
deviene inexorable.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 21 de abril de
2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que promovió
Llama Telecomunicaciones S.A. contra Comunicación
Celular Comcel S.A.
SEGUNDO. CONDENAR a la demandante principal,
como impugnante vencida, al pago de las costas procesales
de esta actuación. En la liquidación inclúyanse $10.000.000,
por concepto de agencias en derecho.
TERCERO. Por secretaría remítase el expediente al
tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidenta de Sala
Radicación n.° 11001-31-03-009-2018-00074-01
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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(En comisión de servicios)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Presidente
Hilda González Neira
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC109-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2023-06-09. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2018-00074-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC109-2023%20%5B2018-00074-01%5D).
