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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado ponente
SC072-2025
Radicación n.º 66001-31-03-004-2013-00141-01
(Aprobado en sesión de treinta de enero de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil
veinticinco (2025).
Procede la Corte a proferir la correspondiente sentencia
sustitutiva dentro del proceso promovido por Valentina y
Valeria Morales Zuluaga, Luz Marina Zuluaga Orozco y Orfa
Lucina Orozco Prado, contra Cafesalud E.P.S. -hoy
liquidada- y Pediatras Asociados Ltda., al cual se llamó en
garantía a La Previsora Compañía de Seguros S.A.
ANTECEDENTES
1. Las demandantes solicitaron declarar que las
convocadas son «solidariamente responsables de las lesiones,
secuelas y daños causados a la salud e integridad sicofísica
de la niña Valentina Morales Zuluaga, por el incumplimiento
de las obligaciones reglamentarias de la seguridad social,
entre otras por negligencia, imprudencia e impericia; lo que
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finalmente le causó irreversibles lesiones y consecuentemente
pérdida de capacidad laboral en grado de invalidez total».
Como consecuencia, deprecaron las siguientes
condenas: (I) daño moral, en cuantía de 500 s.m.l.m.v. para
Valentina Morales Zuluaga, y 300 s.m.l.m.v para cada una
de las otras actoras; (II) por daño a la vida de relación, 1000
s.m.l.m.v. para Valentina Morales Zuluaga y 300 s.m.l.m.v.
para las demás promotoras; (III) daño biológico o fisiológico,
equivalente a 1000 s.m.l.m.v. para Valentina Morales
Zuluaga; (IV) lucro cesante consolidado y futuro, con ocasión
de las ganancias que perderá Valentina Morales Zuluaga; (V)
lucro cesante de Luz Marina Zuluaga Orozco, desde la
ocurrencia del daño y hasta que se designe un acompañante
para Valentina Morales Zuluaga, en razón de un salario
mínimo mensual; (VI) daño emergente futuro de Luz Marina
Zuluaga Orozco, correspondiente a los salarios que debe
pagar a la persona acompañante de Valentina Morales
Zuluaga; (VII) reembolso de los gastos realizados y probados;
(VIII) devolución de los costos educativos especiales
asumidos por Luz Marina Zuluaga Orozco; (IX) asunción del
costo integral de los tratamientos y terapias, así como de la
educación especial requerida; (X) actualización monetaria de
las condenas desde el momento del hecho y hasta la fecha de
pago; (XI) intereses legales del 0.5% mensual, sobre las
condenas, desde el daño y hasta el pago efectivo; y (XII)
intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de
la sentencia.
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2. El escrito inaugural se sustentó en los hechos que
admiten este compendio:
2.1. El 23 de julio de 2001, Valentina Morales Zuluaga
enfermó con fiebre, malestar e inapetencia, siendo atendida
en la Clínica del Niño, donde se le formularon algunos
medicamentos y se devolvió a su casa.
2.2. El 1° de agosto de 2001, nuevamente acudió la
menor a la entidad hospitalaria, por iguales síntomas, siendo
internada para observación, sin que se realizaran exámenes
para correlacionar la enfermedad con neumonía.
2.3. Un día después se ordenó la salida de la paciente,
por considerar que la causa de sus dolencias era una
infección viral, sin que se le tomaran signos vitales.
2.4. El día 3 de este mes, Valentina Morales Zuluaga
manifestó dolores estomacales, que se acrecentaron con el
paso de las horas, razón para consultar al mismo centro
médico, donde se le diagnosticó gastritis medicamentosa.
2.5. El 6 de agosto de 2001, la menor fue conducida a
la Clínica Comfamiliar, en la que se diagnosticó neumonía
complicada con derrame pleural, siendo necesario realizar
inserción de tubo en el tórax para drenar el líquido
acumulado. «[D]urante el procedimiento la paciente presenta
un paro cardiorespiratorio (sic)…[,] 10 minutos después
recobra sus signos vitales siendo necesario internarla en la
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unidad de cuidados intensivos… para prestarle la
asistencia… pues se encontraba cuadripléjica, con
alteraciones del lenguaje, la visión y convulsiones».
2.6. La niña fue diagnosticada con «encefalopatía
hipóxica isquémica secundaria a reanimación».
2.7. En las valoraciones posteriores de neuropediatría
y neurosicología se determinó que la paciente tiene
alteraciones en sus funciones motoras, déficit de atención,
alto grado de impulsividad, procesos de inteligencia y
cognitivos afectados, e inmadurez en áreas de asociación.
2.8. El 6 de noviembre de 2008 se emitió dictamen de
pérdida de capacidad laboral, por médico especialista,
estimándola en 70.40%.
3. Por auto del 14 de octubre de 2009, el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Pereira admitió la demanda
y ordenó correr traslado a los accionados y a María Claudia
Flórez, la que fue desvinculada del trámite por proveído del
24 de febrero 2010.
4. Los demandados fueron enterados de la existencia
del litigio, quienes intervinieron según el siguiente
compendio.
4.1. Sociedad Pediatras Asociados Ltda. se opuso a las
pretensiones y propuso las excepciones que intituló
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«inexistencia de error médico», «adecuada práctica médica -
cumplimiento de la lex artis», «inexistencia de causalidad»,
«fuerza mayor - caso fortuito», «prescripción» y «excepción
genérica».
En documento separado llamó en garantía a La
Previsora S.A. Compañía de Seguros, para que se ordenara,
«conforme al contrato de seguro PREVIHOSPITAL POLIZA
MULTIRIESGO, póliza N° 1001001 - certificado de renovación
N° 1…, vigente desde el 15 de Enero de 2001 hasta el 15 de
Enero de 2002», que «pague la indemnización de perjuicios a
que llegare a ser condenada la Sociedad Pediatras Asociados
Ltda., vinculada a este proceso como demandada» o,
subsidiariamente, salga en liberación de esta sociedad.
Contrato de seguro que tiene una cobertura por
responsabilidad civil profesional médica, con cuantía básica
de $100.000.000, deducible del 10% de la pérdida y mínimo
de $500.000.
4.2. Cafesalud E.P.S. S.A. manifestó no constarle los
hechos, se opuso a las súplicas de las reclamantes e izó las
defensas que denominó «cumplimiento de las obligaciones
contractuales y legales por parte de CAFESALUD EPS S.A.»,
«inexistencia de solidaridad», «inimputabilidad de las
presuntas consecuencias del acto médico a la EPS»,
«inexistencia de causalidad médico legal» y la genérica.
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Además, propuso la excepción previa de caducidad de
la acción ordinaria, por cuanto desde la fecha de los hechos
y hasta la radicación de la demanda, transcurrieron más de
ocho años.
4.3. La Previsora S.A. aseguró que la plataforma fáctica
no le consta y formuló las defensas de «prescripción»,
«inexistencia del nexo causal», «oposición al lucro cesante de
la menor por ser un presunto daño incierto y exagerada
pretensión de perjuicios».
Frente al llamamiento esgrimió en su defensa
«prescripción», «inexistencia de la obligación de indemnizar por
parte de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, por ausencia
de falla en el servicio de nuestro llamante», «límite de
responsabilidad de la llamada en garantía, respecto del valor
asegurado» y «condiciones generales y exclusiones de la
póliza».
5. El cognoscente, el 11 de mayo de 2010, declaró que
no era posible acceder a la excepción previa de prescripción,
«toda vez que se están reclamando daños morales y
materiales, que obviamente se causan y se vienen causando
desde el año 2011».
Determinación mantenida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, por auto
del 25 de octubre del mismo año.
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6. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira,
a quien se remitió el expediente, por auto del 24 de julio de
2012 se declaró incompetente para conocer del asunto, con
ocasión de la entrada en vigencia del Código General del
Proceso. Decisión confirmada en reposición el 8 de agosto de
igualdad anualidad.
7. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a
quien le correspondió el asunto por reparto, después de
agotado el trámite procesal y de escuchados los alegatos de
conclusión, profirió sentencia de primer grado el 15 de
febrero de 2016, en la que declaró «imprósperas las
pretensiones de la demanda».
8. En audiencia del 27 de febrero de 2017, la Sala Civil-
Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira
resolvió el recurso de apelación impulsado por las
demandantes, en el sentido de confirmar el veredicto
confutado.
9. Agotada la tramitación del recurso de casación que
promovieron las afectadas, la Corte emitió la sentencia
SC2348 el 16 de junio de 2021, por la cual casó el fallo de
segunda instancia. Además, se ordenó la práctica de una
prueba, para establecer la pérdida de la capacidad laboral de
Valentina Morales Zuluaga.
10. El 22 de septiembre de 2021 se allegó «[d]ictamen
de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral
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y ocupacional», el cual se agregó al expediente el 23 de
noviembre de ese año y se dejó a disposición de las partes
por tres días para que se pronunciaran.
11. El apoderado de las demandantes, el día 29
siguiente, solicitó «que el perito comparezca a audiencia para
interrogarlo acerca de la idoneidad, imparcialidad y sobre el
contenido del dictamen» y anunció la aportación de un
«contra-dictamen», a lo que se accedió por proveído del 22 de
abril de 2022. Sin embargo, con posterioridad se desistió de
estas solicitudes, lo que fue aceptado por auto del 9 de mayo.
12. Por escrito del 5 de julio de 2022 se pidió la
desvinculación de Cafesalud E.P.S. S.A., por haberse
concluido el proceso liquidatorio con un déficit de
$922.365.059.506, en tanto «los pasivos reconocidos
conforme a las normas concursales, son muy superiores a los
activos realizables y, además, muy superiores frente a la
cartera y procesos a favor de la concursada»
13. Con ocasión del vencimiento del período
constitucional del magistrado ponente, la Sala de Casación
Civil, Agraria y Rural, reunida el 22 de febrero de 2023,
determinó que el asunto se reasignara a otro ponente.
14. La solicitud de desvinculación se denegó por auto
AC2913 del 3 de octubre de 2023, en tanto la ley procesal «en
ningún momento señala que deba desvincularse a la persona
jurídica desaparecida, ni puede predicarse que esa sea la
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consecuencia ineluctable de su extinción, pues bien podría ser
que fuera la única integrante de la parte y, por tanto, lo que en
realidad se produciría sería una abrupta terminación anormal
del proceso no contemplada en la ley, al punto que ni siquiera
podría dictarse sentencia».
15. En este momento procede emitir sentencia
sustitutiva, como lo impone el inciso segundo del artículo
349 del Código General del Proceso.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El juez a quo rehusó las súplicas de las demandantes,
con base en estas apreciaciones:
1. Como no se cuestionó la legitimación por pasiva,
infirió que Pediatras Asociados Ltda. aceptó tácitamente
actuar como IPS, a pesar de que en el proceso no se demostró
su vínculo con la Clínica del Niño.
2. Negó valor probatorio a la historia clínica de
Valentina, aportada con la demanda, por haberse hecho en
copia informal.
3. Estimó que la fiebre alta, persistente y resistente al
tratamiento sintomático desvelaba una infección oculta,
como fue señalado por el experto convocado al trámite, lo que
reclamaba una conducta «cautelosa y expectante» del
profesional en salud.
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Este comportamiento fue desatendido en el caso, por la
ausencia de correlación entre el dolor abdominal de la niña y
el «proceso evolutivo de la enfermedad, es decir, niña de tres
años de edad con fiebre persistente de foco no determinado,
de aproximadamente dos semanas de evolución». Cuadro
agravado porque la frecuencia respiratoria de la paciente no
aparece registrada en la historia clínica, información de
relevancia para sospechar de neumonía en niños.
4. «No se procuró, como la lex artis lo indica, obtener un
diagnóstico a tiempo sobre la persistencia en la sintomatología
presentada por la menor durante varios días, situación que
llevó a consultar por urgencias, no obstante lo cual, en una de
ellas fue dada de alta, y en otras, se le realizaron algunos
exámenes, pero no los especializados que ella requería, dada
su edad y sus reconsultas». Eso permitió colegir que la
atención dispensada no fue adecuada.
5. Las pruebas aportadas no permiten inferir el daño
reclamado, motivo para denegar las pretensiones. Y es que,
si bien los testimonios, los hechos de la demanda y ciertos
documentos, dan cuenta de alteraciones motoras y fallas de
coordinación de la infante, los mismos «no ofrecen la certeza
requerida para determinar las verdaderas secuelas que
quedaron en la niña, luego de padecer encefalopatía hipóxica-
isquémica, sin entrar en este momento a debatir, la
configuración de la relación de causalidad, entre el hecho y el
daño».
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RECURSO DE APELACIÓN
1. La determinación de primer grado fue censurada por
las actoras el 19 de febrero de 2016, porque: (I) se denegó el
derecho a la reparación después de siete años de proceso; (II)
se desconoció el material probatorio que acredita los daños
materiales e inmateriales; (III) se desatendió el valor
probatorio de las historias clínicas, dictámenes, valoración
neurosicológica, informe del ISS, dictamen de pérdida de
capacidad laboral y similares, sin advertir que estos
documentos no fueron tachados por los demandados; (IV) se
desconocieron las presunciones sobre existencia y extensión
de los daños materiales e inmateriales en caso de graves
lesiones; (V) se desconoció «el estándar mínimo del daño a
favor de las víctimas» reconocido por la jurisprudencia y la
doctrina; (VI) no se decretaron pruebas de oficio, con el fin de
establecer la intensidad, calidad y gravedad de los daños;
(VII) no se dio vigencia a la carga dinámica de la prueba, ni
se valoró el dictamen sobre pérdida de capacidad laboral;
(VIII) se desatendió que la víctima es una niña, sujeto de
especial protección, que imponía acudir a las pruebas de
oficio; y (IX) no se interpelaron los alegatos de conclusión.
2. En la audiencia del 8 de noviembre de 2016,
únicamente se sustentaron estos reparos:
2.1. El a quo desconoció las valoraciones de expertos,
dictamen de pérdida de capacidad laboral e informes
psicológicos, aportados con la demanda, a pesar de que no
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fueron objetados, los cuales, en conjunto con los testimonios,
dan fe del daño y de su causalidad con la falla médica.
2.2. No se valoraron las pruebas y se desconoció el
mérito de los documentos emanados de terceros, en
particular, las historias clínicas de Comfamiliar, del Hospital
San Jorge, los dictámenes de neuropsicología, el informe del
ISS, el dictamen de pérdida de capacidad laboral y similares.
Enfatizó que la historia médica de Comfamiliar sí tiene
valor probatorio, por el avance probatorio actual, recogido
por la jurisprudencia y recientemente contenido en el
artículo 246 del Código General del Proceso, para lo cual cita
una determinación del Consejo de Estado. Con todo, remarcó
que existen otros documentos que dan cuenta del daño.
2.3. Desatendió los informes sicológicos de octubre de
2004 y 2008, que dan cuenta del estado en que quedó la
menor después de la intervención médica. Además, el médico
laboralista en el año 2011, al rendir dictamen, señaló que
Valentina tiene una pérdida de capacidad laboral del 70.40%
y requiere de una persona de acompañamiento.
2.4. Faltó valorar la prueba testimonial, que acredita
los daños reclamados, en particular, lo tocante a la
educación especializada que se le brindó por su condición
mental.
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2.5. No se decretaron pruebas de oficio, a pesar de estar
demostrada la responsabilidad, con el fin de solventar la
insuficiencia probatoria del daño. Además, acudiendo a la
presunción, debió tenerse por probado el daño
extrapatrimonial en cabeza de la niña, madre y abuela.
2.6. El juzgador de primera instancia desconoció que el
apelante es un sujeto de especial protección constitucional,
a quien se le vulneró el derecho fundamental a la salud,
agravado por no haberse decretado pruebas de oficio.
2.7. Existió silencio frente a los argumentos expuestos
al alegar de conclusión en primera instancia, pues en éstos
se analizó cada uno de los medios probatorios, en orden a
mostrar la existencia, entidad y cuantía de los daños.
3. El abogado de la llamada en garantía descorrió el
traslado de la apelación, momento en el que señaló que el
derecho a la reparación integral no exime de probar los
requisitos de la responsabilidad, lo que no sucedió en el caso,
a pesar de que el a quo hizo el esfuerzo de valorar todas las
pruebas, sin que fuera dable encontrar las secuelas que
quedaron en la salud de la niña.
Además, no se demostró que el paro cardiorrespiratorio
se originó en la infección pulmonar, ni se descartó que su
fuente fuera la anestesia u otras patologías.
CONSIDERACIONES
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1. Precisiones preliminares.
1.1. En la presente determinación únicamente se
resolverán los argumentos blandidos por las apelantes
contra la decisión de primer grado, conforme al canon 328
del Código General del Proceso, siempre que, además de
exponerse como motivos concretos de disenso ante el a quo,
se hayan sustentado frente al ad quem.
Total, «[e]l recurso de apelación contra providencias
judiciales, conforme a lo previsto en los artículos 322 y 327 del
Código General del Proceso, en lo que concierne a las cargas
procesales del recurrente comprende dos momentos
específicos, que debe tener en consideración el juzgador, el
primero de ellos, esto es, la interposición del recurso y la
formulación de los reparos que se desarrolla ante el juez de
primera instancia y, el segundo, esto es, la admisión, la
sustentación de la impugnación y la decisión, que se adelanta
ante el de segunda instancia» (STC9746-20241).
Por ende, los argumentos de las impugnantes tocantes
a la denegación del derecho de reparación después de tantos
años de litigio, el desconocimiento del estándar mínimo de
daño en favor de las víctimas y la aplicación de la carga
dinámica de la prueba, no serán evaluados, al quedar sin
1 Tesis aceptada por la Sala de forma unánime en la sentencia STC9313-2024.
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explanación ante al ad quem y, en consecuencia, devenir sin
sustento.
1.2. En aplicación del canon 282 ibidem, y siempre que
resulte pertinente, en esta providencia se evaluarán las
excepciones que no fueron objeto de decisión por el a quo,
«aunque quien la[s] alegó no haya apelado de la sentencia».
Así lo tiene decantado la jurisprudencia: «[es] deber del
juzgador analizar, no sólo las cuestiones de hecho y de
derecho esgrimidas en la apelación, sino también las
excepciones, pues de lo contrario no podría proferir una
decisión definitiva, so pena de vulnerar los derechos de
defensa y contradicción» (negrilla fuera de texto, SC1916-
2018).
1.3. Como consecuencia, en la presente providencia, en
primer lugar, se analizará si concurren, en el sub lite, los
elementos de la responsabilidad reclamada, previa
conceptualización sobre los mismos para fines de reiteración
y unificación jurisprudencial; después, de encontrarlos
satisfechos, se revisarán las defensas propuestas, con fin de
establecer si tienen la virtualidad de enervar el débito
resarcitorio; por último, se tasarán las indemnizaciones
reclamadas, en caso de ser procedente.
El mismo recorrido se transitará en cuanto hace al
llamamiento en garantía, en el sentido de establecer si tiene
vocación de prosperidad, evaluar las excepciones y
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determinar el contenido y alcance del deber aseguraticio, en
cuanto haya lugar a hacerlo.
2. Elementos de la responsabilidad médica.
2.1. La responsabilidad, esto es, la obligación que tiene
el victimario de indemnizar los daños causados al afectado
con ocasión de un hecho contrario a derecho, requiere de la
presencia simultánea de los siguientes elementos para
emerger a la vida jurídica: (I) comportamiento antijurídico;
(II) factor de atribución -subjetivo u objetivo-; (III) daño; y (IV)
nexo causal entre el comportamiento y el daño.
La Corporación tiene dicho:
La responsabilidad civil, entendida como la obligación que una
persona tiene de indemnizar el perjuicio sufrido por otra, se
asienta en la triada consistente en el daño material o inmaterial,
con sus características de directo, cierto, determinado o
determinable y antijurídico, amén de previsible (contractual); el
hecho jurídico, humano o no, incluidas las omisiones, imputable
a título de culpa o dolo, elementos subjetivos que
modernamente son matizados por factores como el riesgo creado,
el ejercicio de actividades peligrosas, e incluso, la mera
objetividad; y el nexo de causalidad, es decir, el vínculo jurídico
entre los dos supuestos anteriores (negrilla fuera de texto, SC616-
2024).
Exigencias aplicables a la responsabilidad médica,
aunque con ciertas particularidades, que emanan de la
profesionalidad del personal sanitario, las reglas científicas
que guían esta actividad, las obligaciones de medios y
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resultado imbricadas en el diagnóstico y el tratamiento, la
imprevisibilidad de la intervención galénica, entre otras
variables relevantes.
Luego, «causada una lesión o menoscabo en la salud»,
corresponde al afectado «demostrar [los] elementos
axiológicos integradores de la responsabilidad médica[:] la
conducta antijurídica, el daño y la relación de
causalidad entre éste y aquélla, así como la culpabilidad»
(negrilla fuera de texto SC003-2018), considerando «la
naturaleza de la responsabilidad (subjetiva u objetiva) o
de la modalidad de las obligaciones de que se trata (de
medio o de resultado)» (idem).
2.2. El hecho contrario a derecho es la conducta del
personal facultativo, activa u omisiva, que quebranta las
reglas propias de la labor médica, según la situación en que
se encuentra el paciente y el estado actual del conocimiento
científico; huelga enfatizarlo, es el comportamiento o la
omisión que vulnera la lex artis ad hoc de la profesión.
In extenso, este órgano de cierre tiene dilucidado:
[E]l acto médico o quirúrgico corresponde a un ejercicio legal de la
profesión por persona o institución, que además de capacitada
académicamente, está autorizada o habilitada oficialmente para
dicha práctica, pues son esos los criterios valorativos que el acto
demanda para entenderlo como de beneficio para el paciente y
socialmente justificado, porque como bien lo ha explicado la
jurisprudencia externa, “la corrección del concreto acto médico
ejecutado por el profesional de la Medicina ‘Lex artis ad hoc”, debe
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tener en cuenta “las especiales características de su autor, de la
profesión, de la complejidad y trascendencia vital del paciente y,
en su caso, de la influencia en otros factores endógenos -estado e
intervención del enfermo, de sus familiares, o de la misma
organización sanitaria-, para calificar dicho acto de conforme o no
con la técnica normal requerida (derivando de ello tanto el acervo
de exigencias o requisitos de legitimación o actuación lícita, de la
correspondiente eficacia de los servicios prestados y, en
particular, de la posible responsabilidad de su autor/médico por
el resultado de su intervención o acto médico ejecutado); siendo
sus notas: 1) Como tal ‘lex’ implica una regla de medición de una
conducta, a tenor de unos baremos, que valoran la citada
conducta; 2) Objetivo: valorar la corrección o no del resultado de
dicha conducta, o su conformidad con la técnica normal requerida,
o sea, que esa actuación médica sea adecuada o se corresponda
con la generalidad de conductas profesionales ante casos
análogos; 3) Técnica: los principios o normas de la profesión
médica en cuanto ciencia se proyectan al exterior a través de una
técnica y según el arte personal de su autor o profesionalidad: el
autor o afectado por la ‘lex’ es un profesional de la Medicina; 4) El
objeto sobre que recae: especie de acto (clase de intervención,
medios asistenciales, estado del enfermo, gravedad o no,
dificultad de ejecución); 5) Concreción de cada acto médico o
presupuesto ‘ad hoc’: tal vez sea éste el aporte que individualiza
a dicha ‘lex artis’; así como en toda profesión rige una ‘lex artis’
que condiciona la corrección de su ejercicio, en la médica esa ‘lex’,
aunque tenga un sentido general, responde a las peculiaridades
de cada acto, en donde influirán en un sentido u otro los factores
antes vistos”. (Trib. Supremo de España, Sent. de 11 de marzo de
1991) (SC, 30 ene. 2001, exp. n.° 5507).
2.3. El factor de atribución es un criterio, las más de
las veces material, aunque excepcionalmente jurídico, que
permite imputar la conducta generadora de responsabilidad
a una determinada persona, por considerar que ésta tiene la
capacidad de comprender el acto y determinarse conforme a
esa comprensión.
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Sostiene la doctrina especializada: «Entre los elementos
del ilícito suele también incluirse la imputabilidad, es decir, la
aptitud del sujeto para entender, para darse cuenta de lo que
ocurre y entender lo que se debe hacer, y para querer, para
determinarse sobre el comportamiento a seguir (la llamada
‘capacidad de entender y de querer’)»2.
2.3.1. Clásicamente la atribución se fundamentó en
criterios subjetivos, basados en el dolo o en la culpa. El
primero entendido como la intención de dañar o de incumplir
los deberes de conducta que le son exigibles. La segunda
reflejada en un actuar negligente, imperito o imprudente.
Con posterioridad también se reconocieron, como
motivos de atribución, la creación o el aprovechamiento de
riesgos y la falta del resultado esperado, cuando se está
frente a actividades peligrosas o cuando la prestación del
deudor consista en alcanzar un fin concreto, en su orden.
Tratándose de dependientes, trabajadores o
representantes, la atribución se construyó a partir de la
culpa in vigilando o in eligendo, por las desatenciones en el
proceso de seguimiento a la actividad de los subordinados o
en la selección de los encargados de la prestación.
2 ALPA, Guido, Nuevo Tratado de la Responsabilidad Civil, Jurista Editores, Lima,
2006, p. 413.
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Para las personas jurídicas, con los años, se aceptó la
responsabilidad directa por las acciones de sus trabajadores,
fundada en que éstos son la expresión concreta de aquélla:
[T]ratándose de la responsabilidad de las personas morales, en
general, por la culpa de sus dependientes o comisionados… no
puede hablarse de responsabilidad (o causalidad) indirecta, sino
que ésta se configura siempre como directa, porque la persona
jurídica… absorbe la culpa del empleado o subalterno… porque es
quien realmente obra o actúa a través de sus agentes (SC, 31 oct.
1962, G.J. n.° 2261, 2262, 2263 y 2263, Tomo C, p. 690).
Incluso, en nuestro días, se acude a la culpa in
operatione, para imputar la conducta a los entes morales
cuando es fruto del incorrecto o incompleto funcionamiento
de la estructura empresarial o de la inobservancia de
estándares de calidad (cfr. SC9193-2017).
2.3.2. En el campo médico se tiene que el galeno, por
regla general, «será el error culposo en el que aquel incurra en
el diagnóstico el que comprometerá su responsabilidad; vale
decir, que como la ciencia médica ni quienes la ejercen son
infalibles, ni cosa tal puede exigírseles, sólo los yerros
derivados de la imprudencia, impericia, ligereza o del
descuido de los galenos darán lugar a imponerles la obligación
de reparar los daños que con un equivocada diagnosis
ocasionen» (SC, 26 nov. 2010, exp. n.° 08667, reiterado en
SC 28 nov. 2011, rad. n.° 1998-00869-00).
Reiterado en el sentido de que el estándar es el de «la
culpa probada», que se traduce en que el reclamante debe
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demostrar que actuaron con «impericia, imprudencia,
negligencia o dolo, mientras que la presunta es una excepción
acotada a ciertas materias» (SC4786-2020).
De forma especial es dable que pueda imputársele
responsabilidad cuando no alcanzó un resultado
determinado, lo que sucederá «en los casos en que haya una
convención expresa, se trate de resultados de exámenes de
laboratorio, recaiga sobre equipos ortopédicos o
anticonceptivos de uso común, y todas las demás situaciones
que puedan equipararse a las precedentes» (ibidem).
En materia de instituciones médicas, como clínicas y
hospitales, es pacífico que responden de forma directa por el
hecho de sus trabajadores y dependientes, dado que en ellos
se conforma y exterioriza la voluntad del ente colectivo.
De forma particular, la atribución de responsabilidad
para las entidades prestadoras de salud, por errores
médicos, se origina de su calidad de garante del sistema,
como lo ha señalado esta Corporación:
La cultura de calidad total del servicio de salud y seguridad del
paciente tiene repercusiones directas en el derecho de la
responsabilidad civil, pues en el entorno del sistema obligatorio de
calidad de la atención en salud las demoras en la prestación del
servicio; el uso de tecnología obsoleta; la ausencia de tratamientos
y medicamentos de utilidad comprobada por la medicina
evidencial; la despreocupación por la satisfacción del cliente y la
falta de atención de sus necesidades asistenciales; la falta de
disciplina en el acatamiento de reglamentos tales como guías,
normas técnicas y reglas de diligenciamiento de la historia clínica;
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
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la insuficiencia de continuidad e integralidad del servicio; la
complacencia frente a malas prácticas y su ocultamiento; y en fin,
la carencia de un pensamiento orientado al proceso y desarrollo
de estrategias que aseguren un mejoramiento continuo e
interminable del servicio de salud que involucre a todas las
personas de los distintos niveles de la jerarquía, son
circunstancias constitutivas de responsabilidad organizacional
por deficiente prestación del servicio cuando lesionan con culpa la
integridad personal del paciente; lo que afecta la sostenibilidad
económica del sistema por mayores costos de tratamientos de
eventos adversos y pagos de indemnizaciones por daños
ocasionados a los usuarios (SC9193-2017).
Explicada en los términos subsiguientes:
Según el juicio de imputación que corresponde hacer en este caso,
los artículos 177, 178, 179 y 180 de la Ley 100 de 1993 imponen
a las empresas promotoras de salud la obligación de «organizar y
garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de
salud obligatorio a los afiliados». De igual modo, las EPS tienen el
deber jurídico de garantizar la prestación integral, oportuna,
eficiente y de calidad del servicio de salud a sus afiliados.
Por esa posición de garante que les otorga la ley, las entidades
promotoras asumen “como suyos” y están civilmente llamadas a
indemnizar los daños que sufren sus afiliados siempre y cuando
éstos puedan correlacionarse con la conducta omisiva o negligente
del personal médico, asistencial o administrativo de la
organización.
Esa correlación de imputación puede establecerse en términos de
probabilidad lógica:
Si la entidad demandada tiene el deber legal de brindar un
servicio de salud de calidad porque de lo contrario podría afectarse
o ponerse en riesgo la integridad psicofísica de los pacientes,
entonces hay razones para suponer que los eventos adversos que
sufrió la paciente estuvieron relacionados con el incumplimiento de
ese deber jurídico al estar probada la deficiente prestación del
servicio (SC562-2020).
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Y en época más cercana iterada:
De conformidad con el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, las
Entidades Promotoras de Salud -EPS- son las «responsables de la
afiliación, y el registro de los afiliados y del recaudo de sus
cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía»,
siendo su función básica «organizar y garantizar, directa o
indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los
afiliados». De ahí, que tengan el deber legal de garantizar la
calidad y eficiencia de los servicios de salud, los cuales pueden
prestar de manera directa o mediante contratos con las
Instituciones Prestadoras de Salud –IPS- y/o con los profesionales
respectivos, tal y como lo autoriza el artículo 179 de la misma
normatividad.
Naturalmente, el cumplimiento de esos deberes debe estar
orientado, entre otros, por el principio de eficiencia que irradia todo
lo relacionado con las prestaciones inherentes a la garantía del
derecho a seguridad social en general, entendido como «la mejor
utilización social y económica de los recursos administrativos,
técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da
derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada,
oportuna y suficiente» (SC456-2024).
2.4. El daño es el demérito o afectación ocasionado al
patrimonio, sentimientos, vida de relación o bienes de
especial relevancia constitucional de la víctima, provocado
por el hecho contrario a derecho (cfr. SC4455-2021).
En palabras de la Corte, «es todo detrimento, menoscabo
o deterioro, que afecta bienes o intereses lícitos de la víctima,
vinculados con su patrimonio, con su esfera espiritual o
afectiva, o con los bienes de su personalidad» (SC, 16 sep.
2011, reiterado en SC109-2023 y SC504-2023, entre
muchas otras). Es «una modificación de la realidad que
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consiste en el desmejoramiento o pérdida de las condiciones
en las que se hallaba una persona o cosa por la acción de las
fuerzas de la naturaleza o del hombre. Pero desde el punto de
vista jurídico, significa la vulneración de un interés tutelado
por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u
omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como
el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se
impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de
satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la
desaparición del agravio» (SC10297-2014; reiterada SC2758-
2018).
El daño se clasifica en patrimonial y extrapatrimonial,
según afecte, respectivamente, el peculio o a la víctima
misma.
2.4.1. El patrimonial, conforme al artículo 1613 del
Código Civil, comprende tanto el daño emergente como el
lucro cesante. «Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la
pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o
de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado
su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho
que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido
la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su
cumplimiento» (artículo 1614 idem).
En palabras de la Corte, «‘[e]l daño emergente abarca la
pérdida misma de elementos patrimoniales, los desembolsos
que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y
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el advenimiento del pasivo, causados por los hechos de los
cuales trata de deducirse la responsabilidad; en tanto que el
lucro cesante, cual lo indica la expresión, está constituido por
todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que
se recibirían luego, con el mismo fundamento de hecho’, como
ha sido el criterio de esta Corporación (Sent. del 29 de
septiembre de 1978)» (SC, 28 jun. 2000, exp. n.° 5348,
reiterada SC16690-2016).
2.4.2. El daño extrapatrimonial, en antaño, estaba
acotado al moral, aunque con el paso del tiempo y la
evolución de la ciencia del derecho, se amplió a otras
categorías (cfr. SC, 20 ene. 2009, rad. n.° 1993-00215-01),
conocidas como «el daño a la salud, a la vida de relación,
o a bienes jurídicos de especial protección
constitucional… que tienen el rango de derechos humanos
fundamentales» (negrilla fuera de texto, SC10297-2014).
Subespecies que «no pueden confundirse entre sí, pues
cada una de ellas posee su propia fisonomía y peculiaridades
que las distinguen de las demás y las hacen merecedoras de
tutela jurídica; aunque a menudo suele acontecer que
confluyan en un mismo daño por obra de un único hecho
lesivo» (ibidem).
2.4.2.1. El daño moral es el que emana de los «dolores,
padecimientos, aflicciones y afectaciones como individuo y ser
social» (SC088-1994), por lo que «incide en la órbita de los
afectos, en el mundo de los sentimientos más íntimos, pues
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consiste en el pesar, en la aflicción que padece la víctima por
el comportamiento doloso o culposo de otro sujeto, por cuanto
sus efectos solamente se producen en la entraña o en el alma
de quien lo padece, al margen de los resultados que puedan
generarse en su mundo exterior… (CSJ Civil S-454 de 6 de
diciembre de 1989, exp. 0612)» (SC4703-2021).
Sobre la distinción entre este daño y los demás, esta
Corporación tiene dicho:
[E]l daño moral, aún en la hipótesis de provenir de la lesión
concurrente de otros intereses, por ejemplo, los derechos de la
personalidad, la salud e integridad, es una entidad separada e
independiente, cuyo resarcimiento es diferente, al tratarse recta y
exclusivamente, del detrimento experimentado por el sujeto en su
espectro interior, afectivo y sentimental, sin comprender su órbita
exterior, proyecto, calidad de vida, actividad o desarrollo vivencial.
En sentido análogo, su reparación es singular e individual y no se
contiene en la de otros daños, respecto de los cuales se distingue
por su especificidad al recaer únicamente en los sentimientos y
afectos, a consecuencia del quebranto de derechos, intereses o
valores de naturaleza, ya patrimonial, bien no patrimonial, con los
cuales no se confunde (SC, 18 sep. 2009, rad. n.° 2005-00406-
01).
2.4.2.2. El daño a la vida de relación, también conocido
como daño al agrado -o a la amenidad-, es el ocasionado por
la imposibilidad en que queda la víctima de disfrutar o
realizar las actividades de recreo, disfrute o sosiego, e incluso
las normales o esenciales de la vida -como comer, beber,
levantarse, acostarse, caminar, controlar esfínteres, realizar
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labores domésticas, manejar dispositivos, etc.-, fruto del
hecho contrario a derecho.
Asevera la doctrina que este daño «se manifiesta sobre
la privación de amenidad que podría resultar para la víctima
en el ejercicio de una actividad específica (deportes o artes,
por ejemplo), se incluye también de una manera mucho más
amplia, la privación de las comodidades de una vida normal.
Sin duda, hubo más que un simple cambio en la definición, de
la frustración de los placeres particulares de la vida a la
disminución del placer de vivir»3.
Se admitió como categoría autónoma por primera vez -
en esta jurisdicción-, con el veredicto del 13 de mayo de
2008, caracterizándolo así:
a) tiene naturaleza extrapatrimonial o inmaterial, en tanto que
incide o se proyecta sobre intereses, derechos o bienes cuya
apreciación es económicamente inasible… b) adquiere
trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del individuo,
situación que también lo diferencia del perjuicio moral propiamente
dicho; c) en las situaciones de la vida práctica o en el
desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal,
familiar o social se manifiesta en impedimentos, exigencias,
dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones,
temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él debe
soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un
significado o contenido monetario, productivo o económico; d) no
sólo puede tener origen en lesiones o trastornos de tipo físico,
corporal o psíquico, sino también en la afectación de otros bienes
intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, e
incluso en la de otro tipo de intereses legítimos; e) según las
3 BRUN Philippe, Responsabilidad Civil Extracontractual, Instituto Pacífico, Perú,
2015, p. 219.
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circunstancias de cada caso, puede ser sufrido por la víctima
directa de la lesión o por terceros que igualmente resulten
afectados, como, verbigracia, el cónyuge, el compañero o la
compañera permanente, los parientes cercanos o los amigos, o por
aquélla y éstos; f) su reconocimiento persigue una finalidad
marcadamente satisfactoria, enderezada a atemperar, lenificar o
aminorar, en cuanto sea factible, los efectos negativos que de él se
derivan; y g) es una noción que debe ser entendida dentro de los
precisos límites y perfiles enunciados, como un daño autónomo
que se refleja en la afectación de la actividad social no patrimonial
de la persona, vista en sentido amplio, sin que pueda pensarse
que se trata de una categoría que absorbe, excluye o descarta el
reconocimiento de otras clases de daño - patrimonial o
extrapatrimonial - que posean alcance y contenido disímil, ni
confundirlo con éstos, como si se tratara de una inaceptable
amalgama de conceptos (SC, rad. n.° 1997-09327-01; en el
mismo sentido SC4124-2021).
2.4.2.3. El daño a los bienes constitucionalmente
relevantes se refiere a las consecuencias que emanan de la
vulneración de los derechos de la personalidad, que tengan
la calidad de fundamentales, tales como la libertad, dignidad,
honra y buen nombre.
Total, “[l]a defensa de las garantías fundamentales… no
se agota en la jurisdicción constitucional ni se limita al ejercicio
de las acciones constitucionales, sino que es el propósito de
todo el establecimiento jurídico entendido como un sistema
unitario sustentado en el respeto a la dignidad humana”
(SC10297-2014).
Esta Corporación tiene dicho:
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[E]l daño a los bienes personalísimos de especial protección
constitucional que constituyen derechos humanos fundamentales,
no encaja dentro de las categorías tradicionales en que se
subdivide el daño extrapatrimonial, por lo que no es admisible
forzar esas clases de daño para incluir en ellas una especie
autónoma cuya existencia y necesidad de reparación no se pone
en duda.
De ahí que el daño no patrimonial se puede presentar de varias
maneras, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y,
por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la
facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar
deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer,
departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener
relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como
vulneración a los derechos humanos fundamentales como
el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad
y la dignidad, que gozan de especial protección
constitucional (negrilla fuera de texto, SC10297-2014).
Aclárese, este daño no emana de la sola vulneración del
derecho fundamental, sino que tiene su fuente en los efectos
o consecuencias de dicha violación, atendiendo al contenido
del derecho concernido. Verbi gracia, tratándose del buen
nombre, la reparación buscará compensar el descrédito o la
desestimación social a la que se somete la víctima.
2.4.3. La Corte también ha señalado que el daño a la
salud -lesión a la salud o daño biológico- es uno de los
deméritos resarcibles, de forma autónoma. Entendiéndose
por aquél la pérdida de la «integridad sicosomática» o
«integridad física o mental» (SC, 18 sep. 2009), que se ve
truncada cuando se pierde la normalidad «orgánica funcional,
tanto física como en el plano de la operatividad mental»
(SC16690-2016).
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2.4.3.1. Entendimiento que encuentra asidero en que
la salud es un derecho fundamental, no sólo por su íntima
conexión con la vida, sino por su importancia para la
dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad (cfr.
CSJ, SC292-2021), de allí que sus afectaciones aparejen
consecuencias gravosas, que trascienden de la disminución
corporal o de sus funciones orgánicas o mentales, para
ubicarse en la posibilidad de desplegar un proyecto de vida
acorde con sus convicciones, hasta tanto se agoten los
tratamientos disponibles para buscar la curación,
recuperación, rehabilitación y/o readaptación, según la
ciencia médica aceptada y comprobada.
No en vano la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sostiene que «[l]os derechos a la vida y a la
integridad personal se hallan directa e inmediatamente
vinculados con la atención a la salud humana. En este
sentido, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona
tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más
alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la
salud es un bien público» (Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador,
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas,
sentencia 19 may. 2011).
2.4.3.2. La concreción de este daño ha encontrado
diferentes respuestas en la jurisprudencia, según el
momento histórico.
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(I) En un primer período, se afirmó que los perjuicios
estaban vinculados a sus efectos concretos, en el sentido de
que «puede[n] repercutir en el patrimonio de la [persona], tanto
en los gastos de curación o rehabilitación, como en las
ganancias ciertas que por tal motivo ha dejado o dejará de
percibir, y también manifestarse en quebrantos transitorios o
definitivos, más o menos graves, en la vida de relación del
sujeto, e incluso proyectarse en sus sentimientos y, además,
considerando que todos estos efectos de la agresión
constituyen daño a la persona» (SC, 4 ab. 1968).
(II) Con posterioridad, y fruto del reconocimiento del
daño a la vida de relación, que como ya se dijo también recibe
el nombre de daño al agrado, se entendió que éste
comprendía el daño a la salud, bajo la consideración de que
lo relevante no es el quebranto físico o mental, sino sus
repercusiones para «gozar [de] los placeres de la vida» y
«actividades rutinarias», que ya no «pueden realizarse» o que
«requieren de un esfuerzo excesivo, o suponen determinadas
incomodidades o dificultades» (SC, 13 may. 2008, rad. n.°
1997-09327-01).
(III) En la actualidad se ha reconocido la autonomía del
daño a la salud, por las perturbaciones relevantes al núcleo
esencial de este derecho fundamental, expresado en las
lesiones temporales -deficiencias físicas, intelectuales,
orgánicas o sensoriales que sufre la víctima de forma
inmediata- y/o secuelas -deficiencias que permanecen
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después de finalizado el proceso de curación- que el yerro
médico irroga en el cuerpo o la siquis de la víctima.
Su reparación, entonces, gravita alrededor de la
atención sanitaria requerida para el diagnóstico y/o
tratamiento, que incluye, sin limitarse, servicios médicos,
hospitalarios, farmacéuticos, de terapia física o sicológica,
entre otros.
Servicios que deben garantizarse por todo el interregno
en que exista expectativa de mejoramiento o sanación, dentro
de un criterio de razonabilidad y sindéresis, en el marco de
la medicina basada en la evidencia, caracterizada por el «uso
consciente, explícito y juicioso del mejor conocimiento científico
disponible y pertinente para la toma de decisiones sobre el
cuidado de cada paciente concreto»4.
Así lo delineó esta Corporación en la sentencia del 17
de noviembre de 2016, en la que se ordenó al victimario
reparar las consecuencias por el daño cerebral irreversible
sufrido por un niño, condenándolo, de forma particular, a
pagar el valor necesario para atender a la víctima, incluyendo
el costo del material terapéutico, del tratamiento médico y de
la persona de acompañamiento (cfr. SC16690-2016).
4 RODRÍGUEZ PERÓN, Miguel, Medicina de precisión y medicina basada en la
evidencia. En Revista Cubana de Medicina Militar, vol.48 n.°4, Ciudad de la Habana,
oct.-dic. 2019.
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33
De forma similar, en el fallo del 28 de junio de 2017,
frente a una afectación grave al derecho a la salud de un
menor de 18 años, oficiosamente se ordenó a las enjuiciadas
que garantizaran la atención médica requerida por éste, de
forma ininterrumpida, sin cobrar cuotas moderadoras y con
independencia de su tipo de afiliación al sistema de
seguridad social (cfr. SC9193-2017).
Se abrió paso, reitérese por claridad, para que los
menoscabos a la psiquis o al cuerpo de la víctima sean
indemnizables, de forma autónoma, por medio de la
provisión del servicio médico tendiente a su recuperación,
rehabilitación o readaptación, bien con la imposición del
deber de prestar el servicio de forma gratuita, en caso de que
el agresor pueda hacerlo directamente, ora con el
señalamiento de una condena dineraria que se destinará al
mismo fin, la cual deberá ser establecida a partir de los
principios de reparación integral y equidad.
Daño que no se confunde con los demás que pueden
emerger del hecho antijurídico, pues no busca compensar los
quebrantos emocionales, las privaciones a las actividades
placenteras o normales de la vida, las ganancias dejadas de
recibir o los gastos efectivamente realizados con ocasión del
hecho dañoso o los que ciertamente se causarán en el futuro;
repítase, a riesgo de hastiar, se acota a compensar las
afectaciones al derecho fundamental a la salud, que se hacen
palpables a través de las lesiones temporales o secuelas, y
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que reclaman acceder al servicio de salud para su
tratamiento.
De allí que la doctrina enseñe que el resarcimiento
propenda por «asegurar a la persona una completa gama de
instrumentos de defensa, comprendido el instrumento de
reacción frente al daño causado a uno de los valores
fundamentales (y garantizados por la Constitución), es decir,
a la salud fisio-síquica del individuo»5, en tanto, «[s]e pone el
acento en el daño a la salud -concebida no sólo como ausencia
de enfermedad, sino como estado completo de bienestar físico,
mental y social, conforme al criterio de la Organización
Mundial de la Salud-, que consiste en el impedimento de gozar
de los bienes de la vida, independientemente de la capacidad
de trabajar o de ganar dinero… la salud, diríamos, tiene un
valor en sí misma»6.
(IV) Innovación que no es caprichosa, pues dentro del
contexto jurídico internacional se han dado pasos en el
mismo sentido.
Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, al abrigo del artículo 5° de la Convención
Americana de Derechos Humanos, que consagra el derecho
de todas las personas «a que se respete su integridad física,
psíquica y moral» (numeral 1°), y «cuya infracción ‘es una
5 ALPA, Guido, op. cit., p. 496.
6 ALTERINI, Atilio Aníbal, AMEAL, Oscar José y LÓPEZ CABANA, Roberto, Derecho
de Obligaciones, Civiles y Comerciales, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 217.
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clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado
y [...] cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad
según los factores endógenos y exógenos que deberán ser
demostrados en cada situación concreta’» (CIDH, Caso Vera
Rojas y otros vs. Chile, Excepciones preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas, sentencia 1 oct. 2021), ha condenado
a los infractores a brindar atención médica y sicológica, de
forma gratuita e inmediata, y con suministro de
medicamentos, a las víctimas, considerando «las
circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, de
manera que se les brinden tratamientos familiares e
individuales, según lo que se acuerde con cada una de ellas,
y después de una evaluación individual» siempre que lo
soliciten dentro de un plazo razonable (cfr. Caso Kawas
Fernández vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas,
Sentencia 3 ab. 20097).
De forma concordante, los Principios de Derecho
Europeo de la Responsabilidad Civil, incluyen como interés
protegido, que da lugar a un daño resarcible, con la más
amplia protección, «la integridad física y psíquica» (ordinal 2
del artículo 2:102). Sobre esta norma se explica que, «desde
el punto de vista de los Principios, no hay ninguna duda
acerca de la resarcibilidad abstracta de los perjuicios que
derivan del menoscabo de la vida, de la integridad corporal y
7 En el mismo sentido caso Rosendo Cantú y otra vs. México, Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia 31 ag. 2010; Caso Nadege Dorzema y otros
vs. República Dominicana, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia 24 oct. 2012;
entre otras
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mental, de la dignidad humana, de la libertad y de la
propiedad»8.
En el mismo sentido, el reciente Código Civil y
Comercial de la Nación de Argentina, en su artículo 1738
estableció como demérito reparable el que emana de la
violación de la «integridad personal» y «salud psicofísica» de la
víctima.
Igual orientación se encuentra en la Ley 35 de 2015 de
España, en la que se prevé, dentro de las materias
indemnizables, «el valor económico de las prestaciones
sanitarias en el ámbito hospitalario y ambulatorio que precise
el lesionado de forma vitalicia después de que se produzca la
estabilización de las lesiones y también aquellas prestaciones
sanitarias que se produzcan en el ámbito domiciliario»
(numeral 1 del artículo 113).
2.4.4. En asuntos médicos pueden presentarse
cualquiera de los daños rememorados, de forma individual o
concurrente.
Los interesados en la reparación, por fuerza del artículo
167 del Código General del Proceso, deben probar los daños
que imploran, mandato sobre el que esta Sala tiene dicho:
8 INFANTINO, Marta, ¿Hacia un derecho europeo de la responsabilidad civil? Los
proyectos, los métodos, las perspectivas. En Revista de Derecho Privado, n.º 26, enero
- junio de 2014, p. 424.
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El principio de carga de la prueba guarda relación con el interés
que dentro del juicio tiene cada una de las partes en demostrar los
hechos relevantes para obtener decisión favorable. En esa
medida, como carga procesal, indica a los intervinientes en el juicio
cuales son los hechos que deben demostrar para sacar avante sus
aspiraciones, de manera que su omisión trae aparejada una
consecuencia gravosa para el litigante que la incumple, por cuanto,
además, se constituye en una regla que le indica al juez como debe
decidir si las partes no satisfacen dicha carga, determinación que
debe ser de fondo aun cuando no existan medios demostrativos
que acrediten los hechos o los aportados resulten escasos para la
formación del convencimiento del juez (SC1301-2022, reiterado en
SC706-2024).
Claro está, cuando se presuma el demérito, como
sucede cuando en el contrato médico se incluya una cláusula
penal, la parte queda relievada de su demostración, según lo
previene el artículo 1600 del Código Civil.
Esto mismo sucederá cuando el juez pueda tener por
acreditados los daños como consecuencia ingénita del hecho
contrario a derecho, lo que puede acontecer,
excepcionalmente, cuando refulgen deberes legales que
dejarán de ser cumplidos por la víctima, o en aplicación de
las máximas de la experiencia y del sentido común.
Por ejemplo, la jurisprudencia ha condenado al pago del
lucro cesante en favor de los alimentarios, con ocasión del
fallecimiento del alimentante, ante la evidencia de que el
deceso impide cumplir con la obligación a que se refiere el
artículo 411 del Código Civil (cfr. SC4703-2021), siempre que
se acredite en el litigio la dependencia económica (cfr. SC, 25
feb. 2005, exp. n.° 7232).
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
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Lo mismo acontecerá frente al daño moral por la muerte
o las graves afectaciones a la salud de hijos, padres,
consortes o compañeros permanentes, pues, fruto del cariño
y afecto que es connatural a quienes integran el núcleo
familiar o los «parientes cercanos a la víctima», es fácil
suponer el dolor o congoja por el fallecimiento o el
desmejoramiento relevante de sus condiciones físicas o
mentales (SC, 28 feb. 2013, rad. n.° 2002-01011; en el
mismo sentido SC5686-2018 y SC3728-2021).
También se admite esta forma de demostración para el
caso del daño a la vida de relación -o al agrado-, cuando hay
deterioros graves al cuerpo o la psiquis de la víctima, pues
refulge como notorio que los mismos impedirán o dificultarán
en grado superlativo la interacción con el entorno (SC4803-
2019, reiterada SC3728-2021).
Remárquese, en estos casos, y otros equivalentes, el
sentenciador puede inferir la existencia del daño, a partir de
las pruebas que integran el expediente, siempre que
concurran diáfanamente los supuestos para acceder al
mismo.
La Sala tiene dicho refiriéndose al daño moral, en
palabras aplicables mutatis mutandi a supuestos análogos:
En relación con la prueba (del daño moral), ha dicho esta
Corporación… [que] están exonerados de demostrarlos, [pero] hay
allí un gran equivoco que, justamente, proviene del significado o
alcance que se le debe dar al término presunción…
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
39
[C]uando la jurisprudencia de la Corte ha hablado de presunción,
ha querido decir que esta es judicial o de hombre. O sea, que la
prueba dimana del razonamiento o inferencia que el juez lleva a
cabo. Las bases de ese razonamiento o inferencia no son
desconocidas, ocultas o arbitrarias. Por el contrario, se trata de
una deducción cuya fuerza demostrativa entronca con clarísimas
reglas o máximas de la experiencia de carácter antropológico y
sociológico, reglas que permiten dar por sentado el afecto que los
seres humanos, cualquiera sea su raza y condición social,
experimentan por su padres, hijos, hermanos o cónyuge.
Sin embargo, para salirle al paso a un eventual desbordamiento o
distorsión que en el punto pueda aflorar, conviene añadir que esas
regias o máximas de la experiencia -como todo lo que tiene que ver
con la conducta humana- no son de carácter absoluto. De ahí que
sería necio negar que hay casos en los que el cariño o el amor no
existe entre los miembros de una familia; o no surge con la misma
intensidad que otra, o con respecto a alguno o algunos de los
integrantes del núcleo. Mas cuando esto suceda, la prueba que
tienda a establecerlo, o, por lo menos, a cuestionar las bases
factuales sobre las que el sentimiento al que se alude suele
desarrollarse y, por consiguiente, a desvirtuar la inferencia que de
otra manera llevaría a cabo el juez-, no sería difícil, y si de hecho
se incorpora al proceso, el juez, en su discreta soberanía, la
evaluará y decidirá si en el caso particular sigue teniendo cabida
la presunción, o si, por el contrario, ésta ha quedado desvanecida.
De todo lo anterior se sigue, en conclusión, que no obstante que
sean tales, los perjuicios morales subjetivos están sujetos a
prueba, prueba que, cuando la indemnización es reclamada por
los parientes cercanos del muerto, las más de las veces, puede
residir en una presunción judicial. Y que nada obsta para que ésta
se desvirtúe por el llamado a indemnizar poniéndole de presente
al fallador datos que, en su sentir, evidencia una falta o una menor
inclinación entre los parientes (SC, 28 feb. 1990; reiterada SC, 5
may. 1999, exp. n.° 4978).
2.4.5. La enunciación atrás realizada no resulta
limitativa, pues atendiendo las circunstancias concretas y
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
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especiales del caso es dable reconocer otros menoscabos. «Es
bien sabido que la institución jurídica de la responsabilidad
civil descansa sobre el principio del neminem laedere,
conforme al cual nadie puede causar daños a otro. Si los causa
debe repararlos… En atención al principio de la indemnización
plena del daño, nuestro sistema jurídico reconoce el derecho
del afectado a ser íntegramente reparado por el perjuicio
causado» (SC407-2023).
Recientemente, por citar un ejemplo representativo,
esta Corporación ha abierto paso a la reparación de la
pérdida de oportunidad o del chace, entendida como el
menoscabo que se produce porque se frustra la expectativa
seria, actual y cierta del afectado de alcanzar un provecho o
de conjurar una desventaja, en razón del hecho dañoso.
Total, cercenar «una legítima expectativa», siempre que
«ese interés jurídico qued[e] frustrado de manera definitiva por
el hecho antijurídico de otra persona», debe abrirse la puerta
al «derecho de daños», para garantizar la indemnización de la
víctima (SC456-2024).
Este daño no es equivalente ni comparable al derecho
que se pretendía adquirir o a la pérdida que se buscaba
evitar. En realidad, se limita a la «oportunidad» de la que fue
privado el afectado, quien tenía la legítima esperanza de que,
al ocurrir un hecho futuro e incierto, hubiera alcanzado
dicho derecho o evitado aquella desventaja.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
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La jurisprudencia tiene dicho que el perjuicio «se ve
concretado en el desvanecimiento de la posibilidad de obtener
una ganancia o de evitar que se produzca un evento,
frustración que correlativamente, coloca a quien sufre el
menoscabo en la posición de poder demandar la reparación de
los perjuicios» (SC10261-2014).
No se está indemnizando, por lo tanto, el derecho
sustancial o procesal que la víctima esperaba consolidar a su
favor, una vez le fuera favorable el azar del que dependía su
consolidación. Itérese, para perspicuidad, el menoscabo
corresponde a la frustración de la expectativa, oportunidad o
chance.
Para que este daño pueda ser resarcido, la
jurisprudencia ha señalado que el interesado debe
demostrar, en el respectivo proceso, los siguientes
presupuestos:
(i) Certeza respecto de la existencia de una legítima oportunidad,
y aunque la misma envuelva un componente aleatorio, la “chance”
diluida debe ser seria, verídica, real y actual; (ii) Imposibilidad
concluyente de obtener el provecho o de evitar el detrimento por
razón de la supresión definitiva de la oportunidad para conseguir
el beneficio, pues si la consolidación del daño dependiera aún del
futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no
susceptible del reconocimiento de una indemnización que el
porvenir podría convertir en inconveniente; y (iii) La víctima debe
encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender
la consecución del resultado esperado (SC10261-2014, reiterada
SC7824-2016 y SC500-2023)
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
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Aclárese, la indemnización no depende del porcentaje
de expectativa que tenía el afectado, pues el orden jurídico
no establece un quantum mínimo para que emerja la
responsabilidad. El elemento diferenciador se encuentra en
la seriedad de la expectativa, en el sentido de que la víctima
satisfaga las condiciones objetivas que le permitan pretender,
de forma verídica y actual, la concreción de los efectos
favorables de los que se vio privada, más allá de las simples
fantasías o eventualidades.
Bien se asegura que «no es cualquier expectativa o
posibilidad la que configura el daño, porque si se trata de
oportunidades débiles, lejanas o frágiles, no puede aceptarse
que, incluso, de continuar el normal desarrollo de las cosas,
su frustración inevitablemente conllevaría en la afectación
negativa del patrimonio u otros intereses lícitos» (SC10261-
2014, reiterada SC456-2024). Quedan por fuera «todos
aquellos ‘sueños de ganancia’, como suele calificarlos la
doctrina especializada, que no son más que conjeturas o
eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras
hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del
daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables»
(SC, 9 mar. 2012, rad. n.° 2006-00308-01).
En materia médica, afirman los expertos, «[e]l daño
viene así constituido por la oportunidad de curación o
supervivencia perdida a consecuencia de la actividad médico-
sanitaria establecida en función de la experiencia común
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
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(daño intermedio) y no por los totales perjuicios sufridos por el
paciente (daño final)»9.
2.5. El nexo de causal es el vínculo entre el hecho
contrario a derecho y el daño, en el sentido de que aquél sea
la causa directa o la adecuada de éste.
La Sala ha señalado que «el nexo causal es el vínculo
entre la culpa y el daño, en virtud del cual aquélla se revela
como la causa de aquél (CSJ, SC, 26 sep. 2002, exp. n° 6878;
reiterada SC, 13 jun. 2014, rad. n° 2007-00103-01), para cuya
comprobación deben tenerse en cuenta las reglas de la vida,
el sentido común y la lógica de lo razonable» (SC4455-2021).
Bien se ha dicho que «[e]lemento basilar de la responsabilidad
civil es la existencia de un nexo causal entre el daño cuya
reparación se demanda y la culpa atribuida al agente que lo
generó, es decir, la exigencia de una vinculación directa entre
ambos» (SC456-2024).
2.5.1. En materia médica, este requisito «es el aspecto
de mayor discusión pues no es factible imputar al profesional
de la medicina las consecuencias perjudiciales que afecten al
paciente mientras no se determine la existencia de un vínculo
causal entre éstas y su actuar culposo» (SC4876-2020).
9 LUENA YERGA, Álvaro, Oportunidades perdidas. La doctrina de la pérdida de
oportunidad en la responsabilidad civil médico-sanitaria En Indret, Revista para el
Análisis del Derecho, Cornell Law School, New York, mayo 2005, p. 5.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
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Esto ha dado lugar a «asumir como causa la ‘que de
todos los antecedentes y condiciones que confluyen a la
producción de un resultado, tiene la categoría de causa aquél
que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el
sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más
‘adecuado’, el más idóneo para producir el resultado,
atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que
rodearon la producción del daño’» (SC456-2024).
En caso de que la causalidad adecuada resulta
insuficiente, es dable acudir a «los estándares res ipsa
loquitur, culpa virtual y resultado desproporcionado»
(SC4876-2020), los cuales permiten «decantar las reglas que
han de gobernar [la causalidad de] los errores galénicos»
(ibidem).
La tesis de la «pérdida de oportunidad» también puede
aplicarse, no como un daño autónomo, sino como un criterio
de causalidad en situaciones donde concurren múltiples
causas, ninguna de las cuales puede calificarse como
adecuada. En estos casos, si se comprueba que el error
médico tuvo una incidencia decisiva en el resultado dañoso,
se procederá a condenar al personal médico y/o a la
institución prestadora según el porcentaje de participación,
la cual se establecerá conforme a las reglas del arte, de la
probabilidad o, subsidiariamente, de la equidad.
Teoría con una aplicación limitada para los casos en
que exista una incertidumbre causal insuperable, incluso de
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cumplirse adecuadamente con la carga de la prueba que pesa
sobre las partes, por no superarse las dudas razonables que
se ciernen sobre el nexo causal.
Este órgano de cierre ha señalado:
Cuando la probabilidad es nula, escasa o insignificante, la víctima
no tiene derecho a indemnización porque no puede afirmarse el
nexo de causalidad ni se está ante un supuesto de estricta
incertidumbre al que pueda aplicarse la doctrina de la pérdida de
oportunidad. Cuando esa probabilidad es alta o suficiente, la
víctima tiene derecho a una reparación total porque hay lazo
causal, sin que pueda tampoco entrar en juego la doctrina del
chance. Cuando la probabilidad no es insignificante, pero tampoco
es alta, es decir, cuando las posibilidades de que la víctima
hubiera conseguido la ventaja son serias y reales, pero
insuficientes para tener por cierto el hecho causal, la víctima puede
tener derecho a un resarcimiento (parcial) en concepto de chance
irreversiblemente sacrificada (SC456-2024).
2.5.2. Para establecer el nexo causal, es menester
considerar tanto los elementos fácticos como jurídicos. «El
aspecto material se conoce como el juicio sine qua non y su
objetivo es determinar los hechos o actuaciones que
probablemente tuvieron injerencia en la producción del daño,
por cuanto de faltar no sería posible su materialización… Con
posterioridad se hace la evaluación jurídica, con el fin de
atribuir sentido legal a cada gestión, a partir de un actuar
propio o ajeno, donde se hará la ponderación del tipo de
conexión y su cercanía» (SC3919-2021).
2.6. La concurrencia de los requisitos rememorados
permitirá que emerja el deber de reparar los daños causados,
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sin perjuicio de que confluya alguna de las causales de
exoneración de responsabilidad o de justificación de la
conducta, o que se materialice un riesgo imprevisible en los
términos del artículo 16 de la ley 23 de 1981.
Y es que, frente a la última de las hipótesis, el artículo
13 del decreto 3380 de 1981 establece que no hay
responsabilidad «cuando el daño a la salud o a la vida se
origine de una situación imprevisible o de difícil previsión, en
una clara salvedad ‘por la imprevisibilidad connatural a esta
ciencia’ (Cfr. SC9721, 27 jul. 2015, rad. n.° 2002-00566-01).
Obviamente, siempre que los médicos hayan realizado las
conductas que son propias de la lex artis y no hayan incidido
en la ocurrencia del riesgo» (SC4786-2020).
3. Indemnización de perjuicios.
3.1. Cuantificación del daño y principios que lo
gobiernan.
Demostrada la responsabilidad, se impone condenar al
victimario al pago de la indemnización para resarcir los
deméritos probados.
Para esto, y en garantía de que las condenas sean
concretas, como lo establece el artículo 283 del Código
General del Proceso, es menester establecer la extensión y
alcance de los daños, por medio de su cuantificación, que
normalmente se hace en «moneda legal (dinero)», por ser el
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«patrón de referencia para determinar la mensura, por cuanto
considera que dada su simplicidad y universalidad, es el que
más conviene al tráfico de las reparaciones, caso en el cual
opera una reparación por equivalencia o propiamente
indemnizatoria, por oposición a la reparación natural que
implica ‘volver las cosas al estado que tendrían si no hubiera
ocurrido el hecho dañoso’» (SC, 9 ag. 1999, exp. n.° 4897).
En esta cuantificación, según el precepto16 de la ley
446 de 1998, en concordancia con el artículo 283 ya citado,
deben considerarse «los principios de reparación integral y
equidad», y observarse «los criterios técnicos actuariales».
(I) La reparación integral busca que «el agraviado [sea]
restituido al estado anterior de la conducta dañosa», huelga
decirlo, busca «dejar a la víctima en forma similar al que
precedía a la ocurrencia de los hechos perjudiciales» (SC4703-
2021), para lo cual deberán reconocerse «todos los daños
ocasionados a la persona o bienes del lesionado», sin
«sobrepasarlos, pues la indemnización no es en ningún
caso fuente de enriquecimiento» (negrilla fuera de texto,
SC9193-2017).
(II) La equidad «se caracteriza porque escudriña las
específicas circunstancias que rodean el conflicto y propugna
por resolverlo desde un enfoque de la justicia del caso»
(SC155-2023), al cual se acude, en particular, «como última
posibilidad», para «imponer una condena razonable,
atendiendo a las circunstancias del caso», cuando el
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interesado no pudo «acreditar el valor de la afectación que
sufrió con ocasión del hecho culposo» (SC1256-2022).
(III) Los criterios técnicos actuariales son «parámetros
objetivos» (SC506-2022), fundados en las ciencias
matemática, financiera o estadística, empleados para la
cuantificación de los daños por medio de fórmulas o
procedimientos, como sucede con la actualización de la
pérdida de poder adquisitivo del dinero o el reconocimiento
de intereses, entre otros.
3.2. Cuantificación del daño por fallas médicas.
Para efectuar la cuantificación, en el contexto de errores
médicos, de la jurisprudencia es dable extraer algunas
pautas, las que se compendian en lo siguiente en cuanto
interesan al presente litigio.
3.2.1. Daño emergente.
Tratándose de daño emergente, la valuación está ligada
con la demostración de la pérdida patrimonial en cabeza de
la víctima, presente o futura, que emana de la merma de
activos o la reducción de su valor patrimonial, o por la
asunción de cargas o erogaciones en razón del hecho
contrario a derecho, como sucede con los gastos realizados
para la atención inicial en salud o para propender por la
recuperación.
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La Sala ha dicho que el daño emergente es «la pérdida
que sufre el paciente por haberse cumplido imperfectamente el
servicio médico profesional», tales como «los gastos
hospitalarios, quirúrgicos, terapéuticos; rehabilitación, gastos
de transporte, etc.» (SC088-1994).
3.2.2. Lucro cesante.
En cuanto se refiere al lucro cesante, se concreta en la
reducción o imposibilidad de la víctima de obtener réditos de
su actividad laboral, profesional o económica, mientras se
recupera o rehabilita, «por efecto de la eliminación, reducción
o transformación (en caso de rehabilitación para otro trabajo)
de la capacidad laboral, así como de algunos que específica e
inequívocamente se hayan dejado de percibir» (ibídem).
Este demérito varía dependiendo de las consecuencias
del hecho antijurídico en la vida del paciente, pues uno es el
escenario en caso de defunción, y otro cuando pervive,
aunque con lesiones temporales o secuelas.
3.2.2.1. Fallecimiento del paciente.
En este caso, el daño por lucro cesante, afecta a los
titulares del derecho alimentario y a las demás personas
favorecidas con el apoyo patrimonial del occiso, quienes
dejan de percibir los recursos que, hasta ese momento,
percibían. Este demérito deberá calcularse, en esencia,
según la vida probable de la fallecido, el monto del apoyo y,
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de ser el caso, los límites temporales de la obligación
alimentaria.
Al respecto, la Sala tiene definido:
[L]a indemnización del daño, en su modalidad de lucro cesante,
proveniente del fallecimiento de una persona, la misma emerge, en
principio, de la dependencia económica del peticionario con la
víctima, circunstancia que a aquél le incumbe acreditar; pero
igualmente, es viable su reconocimiento a quienes, a pesar de
contar con ingresos propios, percibían de ella asistencia económica
habitual, y en tal evento, igualmente al respectivo beneficiario le
incumbe demostrar esa condición (SC15996-2016).
Concretamente, las directrices que se han tenido en
cuenta son:
(I) Los ingresos, que servían al causante para proveer
alimentos o apoyar económicamente a sus deudos, serán los
que efectivamente se acrediten en el proceso. De no probarse
un ingreso determinado, podrá acudirse al salario mínimo
legal mensual vigente como sustituto de aquéllos.
Total, «[l]a estimación de ese detrimento debe
armonizarse con el postulado de la reparación integral. Para
la Corte ‘una vez demostrada la afectación negativa del
ejercicio de una actividad productiva, debe procederse al
restablecimiento patrimonial del agraviado, para lo cual basta
la prueba de su aptitud laboral y, para fines de cuantificación,
la remuneración percibida, sin perjuicio de que esta sea
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suplida por el salario mínimo legal mensual vigente’»
(negrilla fuera de texto, SC4703-2021).
(II) Dentro de los ingresos deberán considerarse,
siempre que sea procedente conforme a las normas laborales
vigentes, los emolumentos por prestaciones sociales,
estimados en «un 25%» de lo «que percibía… como
consecuencia de su relación laboral», como lo reconoció esta
Corporación en la sentencia SC4966-2019.
(III) A los ingresos y prestaciones sociales «habrá de
restársele un porcentaje que -por presunción judicial- se
estima en un 25%», correspondiente a lo que el difunto «debió
destinar para satisfacer sus gastos personales, pues la
experiencia muestra que normalmente una persona que
sostiene económicamente su hogar tiene que gastar algo de
sus ingresos en su propia manutención (SC de 22 de marzo de
2007, Exp.: 5125; 15 de abril de 2009, Exp.: 1995-10351-01;
18 de diciembre de 2009, Exp.: 1998-00529-01; 17 de
noviembre de 2011, Exp.: 1999-00533-01; 9 de julio de 2012,
Exp. 2002-00101-01)» (SC13925-2016. Tesis reiterada en los
veredictos SC15996-2016 y SC665-2019).
El valor resultante será el que sirva para los cálculos
por lucro cesante, en favor de todos los llamados a recibir
esta prestación.
(IV) En la tasación del lucro cesante debe considerarse
la vida probable del occiso, pues, en ningún caso, podrá
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superarse este límite temporal. Y es que, los beneficiarios del
deber alimentario y demás favorecidos con la ayuda del
fenecido, sólo pueden aspirar a recibir esta prestación hasta
la fecha en que éste normalmente hubiera vivido.
El número de años de la esperanza de vida debe
acreditarse dentro del proceso; sin embargo, en ausencia de
probanzas, es dable acudir a «las tablas de supervivencia
expedidas… [por] la Superintendencia Financiera de
Colombia» (SC16690-2016, SC18146-2016, SC2498-2018 y
SC4966-2019), en particular, a la «Resolución 1555 de 2010,
por la cual la Superintendencia Financiera actualizó las
‘tablas de mortalidad de rentistas hombres y mujeres’ a
utilizar las ‘entidades administradoras del Sistema General
de Pensiones, del Sistema General de Riesgos Profesionales y
las aseguradoras de vida, para la elaboración de sus
productos y de los cálculos actuariales que se deriven de los
mismos’» (SC8219-2016).
(V) Cuando el occiso estaba casado o había conformado
unión marital de hecho, su pareja tiene derecho a percibir
indemnización por lucro cesante, siempre que demuestre que
aquél aportaba al hogar común o que existía dependencia
económica.
La «aludida dependencia económica ha sido interpretada
por la jurisprudencia… como la contribución proporcionada por
el extinto, a su pareja, para el sostenimiento del hogar y,
especialmente de sus hijos comunes, la cual ésta dejó de
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obtener, por obra de la muerte de dicho aportante, quedando
el sobreviviente abocado a asumir en su integridad, la
satisfacción de las necesidades del núcleo familiar,
repercutiendo en un detrimento de la capacidad económica
para atender sus necesidades particulares e inclusive,
afectando sus proyectos financieros» (SC15996-2016).
(VI) De existir hijos, éstos serán beneficiarios del lucro
cesante hasta la anualidad en que alcancen o deban alcanzar
los 25 años de edad, siempre que la esperanza de vida del
causante lo permita, como lo tiene doctrinado esta
Corporación: «el periodo indemnizable a tener en cuenta para
ellos, se extenderá hasta la edad límite de 25 años, (…), pues
de conformidad con la doctrina de esta Corporación,
normalmente a ese momento de la existencia se culmina la
educación superior, y la persona ya se halla en capacidad de
valerse por sí misma» (SC15996-2016. En el mismo sentido,
SC11149-2015, SC1731-2021 y SC042-2022).
Directriz que resulta inaplicable tratándose de hijos con
discapacidad, siempre que carezcan del grado de
independencia suficiente para subsistir sin el apoyo de sus
progenitores, pues en este caso el deber indemnizatorio se
extiende por toda la expectativa de vida del alimentante.
(VII) En el caso de acreedores alimentarios diferentes a
los hijos, se tiene que su sola calidad «no da derecho a
presumir dependencia económica y, por ende, a pensar que la
muerte del presunto alimentante irroga a aquél un perjuicio
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material, sino que es necesario acreditar la efectiva percepción
de ese beneficio» (SC1731-2021).
(VIII) El valor resultante por lucro cesante, tanto
consolidado como futuro, deberá distribuirse entre todos los
dependientes económicos, según las particularidades
relevantes de la controversia.
Con todo, de concurrir únicamente el consorte o
compañero(a) permanente y los hijos, el reparto podrá
hacerse por alícuotas iguales entre todos los concernidos (cfr.
SC13925-2016), o dividir la mitad para la pareja, y el otro
50% para los hijos (cfr. SC15996-2016 y SC4703-2021),
decisión que deberá adoptarse por el juzgador con base en el
principio de equidad.
3.2.2.2. Por pérdida de capacidad laboral.
Otro es el escenario cuando la víctima preserva su
existencia, pero se reduce su capacidad laboral -temporal o
permanente-, pues ya no podrá percibir los ingresos a los que
estaba acostumbrada o que podía aspirar a recibir en
condiciones de normalidad.
Para su fijación se han utilizado estas pautas:
(I) Se utilizará como base del cálculo el 100% de las
retribuciones percibidas por el afectado, sin ningún tipo de
descuento. Claro está, tratándose de salarios, deberá
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sumársele el 25% correspondiente a las prestaciones
sociales.
No se tendrán en cuenta para esta cuantificación «los
pagos propios de las pensiones de invalidez o de
sobrevivientes, o a encargarse de las reservas patrimoniales
que la ley exige constituir para garantizarlas, tampoco de los
auxilios o subsidios contemplados en el SGRP, toda vez que su
reconocimiento deviene del régimen laboral de protección al
trabajador en virtud del cual dichas prestaciones se
garantizan una vez ocurrida la contingencia profesional, con
total independencia de la responsabilidad civil» (SC407-
2023).
(II) «[N]o es menester exigir al afectado que demuestre el
desarrollo de un laborío redituable para acceder a su
pretensión, basta con encontrar acreditada la pérdida de su
capacidad laboral -temporal o permanente-, salvo que su
aspiración sea una tasación mayor [al salario mínimo legal
mensual vigente]» (SC3919-2021, reiterada en SC506-2022).
(III) Este daño afecta a cualquier persona que se
encuentre en edad productiva, o al arribar a ésta, «por
cuanto… [l]as reglas de la experiencia indican que una
persona adulta, concluido el débito alimentario, realiza
actividades redituables como mecanismo para garantizar su
sustento personal» (SC3919-202110).
10 En el mismo sentido SC, 21 oct. 2013, rad. n.° 2009-00392-01; SC, 18 dic. 2018,
rad. n.° 2004-00172-01; SC16690-2016; y SC22036-2017.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
56
(IV) Se empleará el salario mínimo legal mensual
vigente, como subsidiario de los ingresos reales, en caso de
que éstos no se demuestren o no haya insumos para su
concreción (ejusdem).
(V) La vida probable es el hito final para el cómputo del
lucro cesante, en las condiciones ya explicadas para el evento
de fallecimiento.
3.2.2.3. Fórmulas para el cálculo del lucro cesante.
(I) Para la determinación del guarismo concreto, la Corte
ha acogido el siguiente criterio técnico actuarial11:
𝑉. 𝐴. = 𝐿. 𝐶. 𝐼. 𝑥 𝑆𝑛
Donde, «V.A.» es el valor actual a la fecha de la
liquidación. «L.C.I.» es el lucro cesante mensual. «Sn» es el valor
acumulado de una renta periódica de 1 peso que se paga n
veces, a una tasa de interés i por período.
(II) El «Sn», tratándose de rentas pasadas, debe incluirse
la tasa de interés legal civil, como retribución por la privación
en el uso del dinero de forma oportuna, de allí que se aplique
el siguiente procedimiento:
11 SC, 6 mar. 2006, exp. n.° 7368; SC, 9 jul. 2012, rad. n.° 2002-00101-01; SC5885-
2016; SC20950-2017; entre muchas otras.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
57
𝑆𝑛 =
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖
(III) El «Sn», tratándose de rentas futuras, debe incluir
la reducción del «interés puro o lucrativo (6% anual) que podría
devengarle a la persona llamada a responder si la reparación
no se realizara de manera anticipada, sino a medida en que
el lucro cesante se genera» (SC, 24 ab. 2009), lo que se
representa con esta fórmula:
𝑆𝑛. =
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑛
Donde: «i», reitérese, corresponde al interés puro o
técnico, que es el señalado en el numeral 1° del artículo 1617
del Código Civil del 6% anual, expresado financieramente en
0.004867, con el fin de permitir su aplicación como variable
dentro de los criterios técnicos actuariales, como procedió
esta Corte en las providencias SC9068-2016, SC16690-
2016, SC2498-2018 y SC4322-2020, que ahora se ratifican.
«n» es el número de meses a considerar, según la fecha de
ocurrencia del hecho contrario a derecho, la data en que se
profiere la providencia judicial, la vida del afectado y demás
particulares del caso.
3.2.3. Daños no patrimoniales.
Los perjuicios extrapatrimoniales, dado «que recaen
sobre intereses, bienes o derechos [de] naturaleza
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
58
extrapatrimonial o inmaterial», «resultan inasibles e
inconmensurables», pero esto «no impide que, como medida de
satisfacción, el ordenamiento jurídico permita el
reconocimiento de una determinada cantidad de dinero, a
través del llamado arbitrium judicis, encaminada, desde
luego, más que a obtener una reparación económica exacta, a
mitigar, paliar o atenuar, en la medida de lo posible, las
secuelas y padecimientos que afectan a la víctima» (SC, 13
may. 2008, rad. n.° 1997-09327-01).
3.2.3.1. El Arbitrium judicis.
El prudente o libre juicio es un mandato para el
sentenciador con el fin de que adopte una decisión
considerando su propio juicio, según lo que es justo y
razonable en el caso, a partir de la ponderación de las
circunstancias que inciden en el ánimo o psiquis de la
víctima, o en su interacción con el entorno.
Dicho de otra forma, «se trata de una potestad especial
que supone, de una parte, la prueba del daño… y, de la otra,
la aplicación supletoria de las reglas directas de la equidad
con fundamento en las características propias del daño,
repercusiones intrínsecas, posibilidad de satisfacciones
indirectas, etc…» (SC011-1993, reiterada SC064-1996 y SC
de 12 sep. 1996). «[A]rbitrium iudicis, naturalmente,
ponderado, razonado y coherente según la singularidad,
especificación, individuación y magnitud del impacto, por
supuesto que las características del daño, su gravedad,
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
59
incidencia en la persona, el grado de intensidad del golpe y
dolor, la sensibilidad y capacidad de sufrir de cada sujeto, son
variables y el quantum debeatur se remite a la valoración del
juez» (SC, 18 sep. 2009, rad. n.° 2005-00406-01).
En desarrollo de este deber el juez debe señalar una
suma líquida satisfactoria para la víctima, y/o prever
reparaciones simbólicas, según su discrecionalidad reflexiva,
pero sin perder de vista la ponderación, pues debe evitar que
la condena se «constituya [en] una ‘fuente de enriquecimiento
para el indemnizado [o una] desventaja ridícula o mediocre
para el responsable’» (SC117-1993).
3.2.3.2. Parámetros jurisprudenciales.
La Corte, fundada en razones de equidad, ha
justipreciado la indemnización por daño moral al evaluar la
razonabilidad de las condenas impuestas por el jueces de
segunda instancia o al proferir sentencias sustitutivas,
tasación que puede servir a la labor de los demás servidores
judiciales, quienes han acudido a estos parámetros en el
ejercicio su labor decisional, inicialmente, por fuerza de la
doctrina probable establecida en el artículo 4° de la ley 169
de 1896, derogada por el canon 92 de la ley 2430 de 2024, y,
con posterioridad, por ser la jurisprudencia una fuente de
derecho conforme al precepto 230 de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 7 y 42 -numeral 6- del
Código General del Proceso.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
60
Y es que, dentro de las misiones confiadas a esta
Corporación se encuentra la de unificar la jurisprudencia
nacional (artículo 333 del C.G.P.), en salvaguardia de
importantes valores del estado de derecho como son la
igualdad y la seguridad jurídica, de allí que sus
determinaciones en materia de cuantificación del daño
extrapatrimonial sean insumos para toda la jurisdicción, sin
comportar una camisa de fuerza que desdiga sobre el arbitrio
judicial, pues es pacífico que «en la jurisdicción civil… [no]
existe una disposición legal que restrinja la discrecionalidad
del juez para decidir la reparación de perjuicios morales»
(Corte Constitucional, C-916/2002).
No en vano, a esta actividad jurisprudencial del órgano
de cierre, se han atribuido importantes efectos procesales y
sustanciales.
Así, por ejemplo, estas pautas deben ser consideradas
para determinar la cuantía de los procesos en que se reclama
«la indemnización de daños extrapatrimoniales» (inciso final
del artículo 25 del C.G.P.), y para medir el demérito irrogado
por el veredicto que pretende confutarse en casación (AC, 18
dic. 2013, rad. n.° 2010-00216-01, AC5016-2019, AC1827-
2022, entre muchas otras).
A su vez, es reconocido que estas sumas sirven para
prever la extensión patrimonial de los riesgos que pueden
materializarse en el ejercicio de ciertas actividades, lo que
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
61
facilita a las aseguradoras el cálculo de la prima y la
determinación de las coberturas por responsabilidad civil.
Por esto, de antaño la Corte sentó como lineamiento
que, «consultando la función de monofilaquia, hermenéutica y
unificadora del ordenamiento que caracteriza a la
jurisprudencia, la Sala periódicamente ha señalado al
efecto unas sumas orientadoras del juzgador, no a título
de imposición sino de referentes (cas.civ. sentencia de 28
de febrero de 1990, G.J. No. 2439, pp. 79 siguiente)» (negrilla
fuera de texto, SC, 18 sep. 2009, rad. n.° 2005-00406-01).
Pensamiento reiterado:
En lo que hace a la cuantificación del daño moral, esta
Corporación, en cumplimiento de su misión unificadora de la
jurisprudencia, ha fijado unos montos que reajusta
periódicamente en sus pronunciamientos, los cuales amén de
concretar, en sede extraordinaria, las condenas donde procede la
indemnización de esa ofensa, satisfacen la finalidad de servir
de derrotero para las autoridades judiciales de grado
inferior, en la fijación de los importes cuyo pago deban ordenar
por este concepto, en las controversias sometidas a su
conocimiento…
La debida observancia de los valores máximos fijados por
la Sala de Casación se extiende al justiprecio de otros
perjuicios de orden extrapatrimonial como el daño a la vida
de relación, donde los falladores deben atender la orientación
proporcionada en los precedentes sobre la materia, en tanto su
cuantificación también se encuentra deferida al arbitrium iudicis
(negrilla fuera de texto, SC3728-2021).
3.2.3.2.1. Parámetros para el daño moral.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
62
(I) En lo que avanza de la centuria, período objeto de
análisis para fines de concreción, la Corte ha reconocido
como reparación del daño moral sumas dinerarias que han
oscilado entre $10.000.000 y $72.000.000.
En efecto, en providencia del 26 de junio de 2003 (exp.
n.° 5906), con ocasión de la pérdida parcial de la visión,
acortamiento de una extremidad y pérdida de flexión de los
dedos de una mano, se tasó la indemnización para la víctima
en $10.000.000.
Al año siguiente, frente la amputación de un miembro
que sufrió un niño a corta edad, reconoció $15.000.000 para
resarcir el agravio en comentario (SC, 15 oct. 2004, exp. n.°
6199).
El 20 de enero de 2009 se resarció con $40.000.000 el
demérito moral producido por una deformidad facial y
perturbación permanente de la locomoción (rad. n.° 1993-
00215-01).
Igual suma se empleó para fijar la compensación, tanto
por el padecimiento que experimentó una persona con
quemaduras en un 60% de cuerpo antes de fallecer, como de
su hija menor de edad por la pérdida de su ascendiente (SC,
9 jul. 2010, rad. n.° 1999-02191-01).
Dos años más tarde se reparó a la esposa e hijo, por el
deceso de su familiar, con $55.000.000, en sentencia del 9
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
63
de julio de 2012 (rad. n.° 2002-00101-01). A lo mismo se
accedió, por una hipótesis equivalente, en la anualidad
siguiente (SC, 8 ag. 2013, rad. n.° 2001-01402-01).
Con ocasión de la deformidad permanente en rostro y
pérdida de capacidad laboral del 20.54%, la Corte, el 15 de
septiembre de 2016, estimó razonable que el sentenciador de
segundo grado impusiera una condena por $56.670.000
(SC12994-2016).
A la finalización de este período se emitieron las
sentencias SC13925-2016 y SC15996-2016, que fijaron,
para remediar la afectación moral fruto de la pérdida de un
familiar, una condena por $60.000.000. Adicionalmente,
frente al daño cerebral grave e irreversible de un niño, se
señaló como indemnización la suma de $50.000.000
(SC16690-2016).
Al año posterior, frente a la parálisis cerebral y
discapacidad física en un niño, se reparó con $60.000.000 a
éste, $60.000.000 para los padres y $30.000.000 para los
abuelos (SC9193-2017). En el mismo período, con ocasión de
la pérdida parcial de la visión en un adulto, el resarcimiento
se fijó en $40.000.000 (SC21828-2017).
Ante la gravedad por una lesión masiva, que aparejó la
muerte de decenas de personas, por daño moral por muerte
se fijó en favor de los hijos en $72.000.000, nietos
$50.000.000 y hermanos $36.000.000 (SC5686-2018).
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
64
Con el advenimiento del año 2019, se determinó que,
para desagraviar a la cónyuge de una persona fallecida, era
procedente imponer el pago de $60.000.000 (SC665-2019).
Al poco tiempo, para compensar las afectaciones
morales por daños auditivos, visuales y mentales graves a
una niña, se fijó una condena de $60.000.000, tanto en favor
de la menor como de sus padres, y a los hermanos
$30.000.000 (SC562-2020). En esta calenda, frente a la
deformidad facial permanente en una persona mayor de
edad, se fijó $30.000.000 para indemnizar el daño moral, y
para su hijo la suma de $20.000.000 (SC780-2020).
Por último, para el 2021, por los daños corporales y
mentales graves a un niño, se le desagravió con $60.000.000,
y se precisó que para los padres el criterio jurisprudencial
vigente era de $55.000.000 (SC3728-2021).
Por igual demérito, emanado de las secuelas
neurológicas de tipo motriz, intelectivo, de comunicación y
percepción de un niño, se estimó razonable la decisión del ad
quem de tasarlos en $50.000.000 para el infante y para sus
progenitores (SC3919-2021). En tratándose del fallecimiento
de una persona, al actualizar la condena impuesta por el
juzgador de segunda instancia, fijó la reparación en favor de
la esposa y las hijas en $47.472.181 (SC4703-2021).
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
65
(II) Este recuento desvela importantes trazas en el
pensamiento de esta Corporación, que vale la pena remarcar
para infundir la labor de toda la jurisdicción.
a) Las condenas por daño moral deben guardar
coherencia, tanto en el tiempo como frente a los supuestos
de hecho, de suerte que las providencias judiciales sean
respetuosas del principio de igualdad, que reclama que a
situaciones similares se den respuesta equivalentes, y de la
seguridad jurídica, expresada en el respeto al precedente
horizontal.
De allí que, lo señalado por la Corte en el veredicto del
26 de junio de 2003, fuera seguido en el proveído del 15 de
octubre de 2004. Lo mismo se hizo en los años 2009 y 2010,
donde se impusieron condenas por valores similares. Entre
el 2012 y el 2016 se fijó un guarismo uniforme, que sirvió
para todas las sentencias proferidas hasta el 2021.
b) La pauta indemnizatoria debe reajustarse de tanto en
tanto, por razones de equidad, cuando se advierta una
reducción sensible de la capacidad compensatoria de la
condena.
Así, en el año 2009, y después de cinco anualidades, se
pasó de $15.000.000 a $40.000.000 (SC de 20 en. 2009); a
su vez, en el año 2016, transcurridas cuatro años, se
incrementó a $60.000.000 (SC13925-2016 y SC15996-
2016), el cual se mantuvo hasta el año 2021 (SC3728-2021,
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
66
SC3919-2021 y SC4703-2021), data en la que se emitieron
las últimas providencias sobre la materia.
c) El daño moral por el deceso de una persona y por las
afectaciones corporales o mentales graves, se considera el
más penoso, siendo indemnizado con las mayores cuantías
(SC de 20 en. 2009, SC de 9 sep. 2010, SC de 9 jul. 2012, SC
de 8 ag. 2013, SC13925-2016, SC15996-2016, SC16690-
2016, SC9193-2017, SC665-2019, SC562-2020, SC3728-
2021, SC3919-2021 y SC4703-2021).
d) Este valor ha servido para tasar las condenas por
otros daños morales. De tal suerte, en los eventos de pérdida
parcial de un sentido, como la visión, se ha condenado a una
cifra cercana al 60% de aquélla (SC21828-2017); a su vez, en
materia de deformidades faciales, la proporción utilizada fue
del 50% de la misma (SC780-2020).
e) El parentesco ha servido para definir el monto
dinerario de la indemnización, considerando la línea y el
grado en que se encuentra el reclamante respecto a la
persona afectada en su salud.
En concreto, frente al fallecimiento, se ha concedido a
los padres, hijos, cónyuge y compañero o compañera
permanente el 100% de la reparación más alta reconocida en
la jurisprudencia para ese momento (SC, 9 jul. 2012, SC, 8
ag. 2013, SC13925-2016, SC15996-2016, SC5686-2018 y
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
67
SC665-2019); para los nietos el 70% de aquéllos y para los
hermanos el 50% (SC5686-2018).
En materia de daños graves a la integridad física o
mental de menores de edad, los padres han sido
indemnizados con el quantum más elevado (SC9193-2017,
SC562-2020, SC3728-2021 y SC3919-2021), mientras que
los abuelos y hermanos con la mitad de éste (SC9193-2017
y SC562-2020). Otro tipo de afectaciones irrogadas a los
progenitores, ha dado lugar a reconocer en favor del hijo un
33%.
f) En suma, y con el propósito de sistematizar la
información antes presentada, este órgano de cierre ha
utilizado estos derroteros para tasar la compensación
económica del daño moral:
Hecho
originador del
daño moral
Víctima
Porcentaje
indicativo empleado
en comparación con
el máximo
parámetro
indemnizatorio
Fallecimiento
de familiar
Padres de la persona
fallecida
100%
Hijos de la persona fallecida 100%
Cónyuge o compañero(a)
permanente de la persona
fallecida
100%
Nietos de la persona
fallecida
70%
Hermanos de la persona
fallecida
50%
Daños
corporales o
Persona afectada con los
daños corporales o mentales
graves
100%
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
68
Hecho
originador del
daño moral
Víctima
Porcentaje
indicativo empleado
en comparación con
el máximo
parámetro
indemnizatorio
mentales
graves
Padres de la persona
afectada con los daños
corporales o mentales
graves
100%
Abuelos de la persona
afectada con los daños
corporales o mentales
graves
50%
Hermanos de la persona
afectada con los daños
corporales o mentales
graves
50%
Pérdida
parcial de un
órgano
sensorial
Persona que perdió
parcialmente el sentido
60%
Hijo de la persona que
perdió parcialmente el
sentido
33%
Deformidad
facial
Persona que sufrió la
deformidad facial
50%
Hijo de la persona con
deformidad facial
33%
f) Estas directrices, como ya se indicó, han servido a la
Corte para desarrollar su labor, sin que sean fórmulas de
aplicación inmediata ni barreras infranqueables, pues en
cada caso debe establecerse la forma en que se compensará
el daño irrogado, evaluando las particularidades que rodean
los elementos constitutivos de la responsabilidad y la
situación de la víctima.
De allí que, frente a cada supuesto de hecho, sea
menester considerar sus matices y singularidades, laborío
dentro del cual, y en armonía con el arbitrio judicial, tienen
cabida los lineamientos jurisprudenciales recapitulados.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
69
Total, en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en
otras latitudes, no existe un baremo, o sea, un catálogo de
daños a los que se les asignan techos únicos
indemnizatorios, con el propósito de que haya respuestas
únicas por parte de la jurisdicción. Esta metodología, amén
de sus profundas implicaciones, requiere de una
intervención legislativa, ausente en el ámbito nacional.
3.2.3.2.2. Actualización de la condena por daño
moral.
(I) El último pronunciamiento en que la Sala estableció
una condena por daño moral data del año 2021, fijándolo en
$60.000.000 (SC3728-2021), en observancia de la guía
definida en el año 2016 (SC13925-2016 y SC15996-2016).
Desde aquel momento no se ha tenido la oportunidad
de volver sobre el parámetro y su cuantía, haciendo
imperativo que se haga en este momento para mantener su
capacidad indemnizatoria, en el sentido de que la reparación
económica sea suficiente para que los afectados puedan
realizar actividades gratificantes o satisfactorias que
renueven su sentido de vida y, por esta senda, contrarresten
los efectos del dolor y del desasosiego.
Bien enseña la doctrina especializada que, «si las
cuantías indemnizatorias no son auténticamente reparadoras
(y aún con toda la carga que conlleva este concepto
indeterminado, todos tenemos una idea muy aproximada de
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
70
lo que debe significar), el sistema termina siendo o puede
constituirse en un instrumento peligroso de injusticia»12.
Y es que, por el lapso transcurrido desde que se fijó la
mesura empleada por la Sala, es notoria la reducción del
poder adquisitivo del peso colombiano, en tanto la tendencia
decreciente de la inflación, que se mantuvo hasta el año
2020, se revirtió para el 2021, pues del 1.61% subió a 5.62%,
incrementado al 13.12% para el 2022, 9.28% para el 2023 y
5.2% para el 2024. Significa que, mientras la inflación
acumulada del 2016 a 2020 era del 18.43%, para el
interregno 2021 a 2024 subió a 33.22%, lo que conjuntado
alcanza un 51.65%.
Por sabido se tiene que «la pérdida del poder adquisitivo
propiciada por la inflación que ha estado presente en la
economía mundial durante siglos, pero que se ha hecho sentir
con mayor fuerza especialmente desde hace varias décadas»,
«erosiona cualquier suma de dinero, independientemente del
concepto que la genera, todavía más si se tiene en cuenta que
el fenómeno de la inflación sigue estando presente en la
economía contemporánea, de tal suerte que modifica de forma
significativa el valor del dinero en el mercado, ya que este se
deprecia con el paso del tiempo» (SC507-2023).
12 RUIZ VADILLO, Enrique, La Ley 30/1995 de 8 de diciembre, de ordenación y
supervisión de los seguros privados: Los baremos. En Revista Española de Seguros,
n.º 85, enero/marzo 1996.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
71
Ante la escalada de la inflación en los últimos años y,
por ende, la merma en la representatividad del dinero para
adquirir bienes y servicios, se impone ajustar la guía que ha
servido a la actividad de esta Corporación.
En el pasado se ha procedido de forma similar,
advertidas circunstancias que reclaman el reajuste. Así, en
la sentencia del 2 de julio de 1987, después de reconocer que
hasta ese momento era prudente estimar el pretium doloris
en $100.000, calificó este monto como «insuficiente a causa
del acelerado proceso de devaluación que la moneda
colombiana ha vivido durante los últimos años», y «[e]n tal
virtud, estim[ó] que ese tope es reajustable a la suma de
quinientos mil pesos ($500.000.00)» (G.J. CLXXXVIII, n.°
2427). Lo mismo hizo el 26 de junio de 2003, 20 de enero de
2009 y 30 de septiembre de 2016, con invocación del
principio de reparación de integral, al aumentar el quantum
a $10.000.000, $40.000.000 y $60.000.000, en su orden.
(II) La actualización que ahora se realiza se hará con
base en el salario mínimo legal mensual vigente, por variadas
razones:
a) Garantiza la conservación del poder adquisitivo de la
indemnización, pues la remuneración mínima laboral debe
reajustarse anualmente por fuerza del principio de movilidad
salarial (cfr. Corte Constitucional, C-408/21).
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
72
b) El salario mínimo se ajusta teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, el índice de precios al consumidor, que es el
indicador al que acude la Corporación para actualizar la
pérdida de poder adquisitivo.
c) Es pacífico en la jurisprudencia que, «en todas las
hipótesis en las cuales el ordenamiento no consagre explícita
y expresamente la aplicación imperativa de un parámetro de
corrección monetaria, el juzgador podrá aplicar el que
mejor se ajuste a la naturaleza de la relación obligatoria, tipo
negocial celebrado por las partes, el designio de éstas, la
función práctica o económica social del acto
dispositivo, la equidad y simetría prestacional,
naturalmente dentro con un ponderado, razonable y prudente
análisis» (negrilla fuera de texto, SC133-2007).
d) Facilita a los usuarios de la administración de
justicia, y al público en general, entender y predecir las
condenas que normalmente impone esta Corporación por
daño moral.
e) Se aliviana la actividad judicial, pues se evita que
deban aplicar fórmulas de indexación adicionales para
mantener las condenas actualizadas.
f) Se unifica el patrón empleado para la indemnización
de los daños, con independencia de la especialidad o
jurisdicción, pues los salarios mínimos se utilizan tanto en
materia penal (cfr. artículo 297 de la ley 599 de 2000), como
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
73
en asuntos contencioso administrativos (cfr. CE, Sec. 3ª, Sala
Plena, 28 ag. 2014, rad. n.° 1999-00326-01); y
g) Se sigue el precedente de la Sala contenido en la
sentencia SC456-2024, para establecer los daños derivados
de una desatención médica, en el que se condenó en salarios
mínimos legales mensuales.
(III) En consecuencia, a partir de la fecha, el parámetro
indicativo para tasar la reparación del daño moral será de
100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Cifra que, por su naturaleza, debe observarse con
apertura y flexibilidad, por ser una guía a considerar con
razonabilidad y coherencia, de lo cual debe darse cuenta en
la motivación de la sentencia respectiva.
Total, «las vivencias internas causadas por el daño,
varían de la misma forma como cambia la individualidad
espiritual del hombre, de modo que ciertos incidentes que a
una determinada persona pueden conllevar hondo
sufrimiento, hasta el extremo de ocasionarle severos
trastornos emocionales, a otras personas, en cambio, puede
afectarlos en menor grado» (SC, 18 sep. 2009, rad. n.° 2005-
00406-01).
3.2.3.2.3. Daño a la vida de relación o daño al
agrado.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
74
(I) Desde el reconocimiento, en la jurisdicción ordinaria,
del daño a la vida de relación o al agrado, hasta la fecha, la
Sala ha justipreciado la indemnización por valores entre
$10.000.000 y $140.000.00013, según esta relación:
Sentencia Situación de hecho
Reparación
para la
víctima
directa
Reparación
para los
familiares
SC, 13 may.
2008
Lesión permanente
y grave en adulto
(cuadriplejia)
$90.000.000
(aunque
asintió en que
debió ser
superior)
SC, 9 dic. 2013 Pérdida de la
capacidad laboral
del 75%, sin
posibilidad de
recuperación
$140.000.000
SC16690-2016 Daño cerebral grave
e irreversible en un
niño
$50.000.000
(reducida a
$35.000.000
por
concurrencia
de culpas)
SC9193-2017 Parálisis cerebral y
discapacidad física
de un niño
$70.000.000
SC21828-2017 Pérdida de visión
por un ojo en un
adulto
$30.000.000
SC5686-2018 Quemadura en
siniestro colectivo
$2.000.000 a
$10.000.000
SC665-2019 Fallecimiento de un
familiar
$30.000.000
(cónyuge)
SC562-2020 Daños auditivos,
visuales y mentales
graves en una niña
$70.000.000
SC780-2020 Deformidad facial
permanente
$40.000.000
SC3919-2021 Secuelas
neurológicas de tipo
$50.000.000
13 No se toma en consideración la sentencia SC3728-2021, pues se impuso la
condena con la expresa advertencia de que contraviene la doctrina probable de la
Sala.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
75
Sentencia Situación de hecho
Reparación
para la
víctima
directa
Reparación
para los
familiares
motriz, intelectivo,
de comunicación y
percepción
(se estimó
razonable la
decisión del
tribunal)
(II) Son trazas que emanan de este recorrido
jurisprudencial:
a) La guía que ha servido para cuantificar este demérito
es de $140.000.000 (SC, 9 dic. 2013), empleado para los
casos que representen una gravedad superlativa. Cifra que
se reajustó, para reducirla, en el año 2016, fijándola en
$50.000.000 (SC16690-2016), aumentada prontamente a
$70.000.000 (SC9193-2017), y aplicándose con
posterioridad (SC562-2020 y SC3919-2021).
Sin embargo, en el veredicto SC3728-2021 se
reconsideró la posición, por lo que se volvió al quantum
«contenid[o] en el fallo de 9 de diciembre de 2013, que tasó en
$140.000.000 la reparación», el cual se mantiene en la
actualidad.
b) Las afectaciones mayúsculas a la salud de personas,
como la cuadriplejia o el daño cerebral grave, por limitar
considerablemente el desarrollo de las actividades esenciales
de la vida, se reparan con un monto equivalente al 100% de
la guía mencionada (SC, 13 may. 2008, SC9193-2017 y
SC562-2020).
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
76
c) La deformidad facial permanente, por sus evidentes
efectos sobre la sociabilidad, ha sido compensada con
condenas por el 60% del parámetro más alto reconocido para
el respectivo momento (SC780-2020).
d) Las pérdidas parciales de los órganos de los sentidos,
como la visión, dan lugar a compensar sus implicaciones
sobre la capacidad de actuar con sus congéneres, en un
porcentaje del 40% de la mayor condena para la data
(SC21828-2017).
e) El deceso de un cónyuge, por impedir las actividades
que únicamente podían adelantarse con el consorte, fue
indemnizado con un 40% de la guía aceptada para el período.
f) Afectaciones en partes del cuerpo, diferentes al rostro
o a la pérdida de sentidos, han dado lugar a condenas entre
el 3% y el 15% de la reparación monetaria más alta aceptada
(SC5686-2018).
(III) Mostrado gráficamente se tiene:
Hecho originador del
daño a la vida de
relación -o al agrado-
Víctima
Porcentaje
indicativo empleado
en comparación con
el máximo
parámetro
indemnizatorio
Afectaciones graves que
impiden actividades
esenciales de la vida
Persona afectada
en su salud
100%
Deformidad facial
Persona afectada
en su salud
60%
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
77
Hecho originador del
daño a la vida de
relación -o al agrado-
Víctima
Porcentaje
indicativo empleado
en comparación con
el máximo
parámetro
indemnizatorio
Pérdidas parciales en
los órganos de los
sentidos
Persona afectada
en su salud
40%
Fallecimiento de
cónyuge, compañero(a)
permanente o
equivalentes
Persona que
perdió a su
familiar
40%
Otras afectaciones en el
cuerpo
Persona con
afectaciones en
su cuerpo
3% - 15%
(IV) La Corte, advertido el tiempo transcurrido entre la
última de las sentencias en que se abordó la temática y los
cambios inflacionarios recientes, como se mostró
ampliamente para el daño moral, actualizará el parámetro
que empleará en su quehacer judicial y lo expresará en
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por tanto, desde ahora, se fija en 200 salarios mínimos
legales mensuales vigentes. Monto que, conviene reiterar, no
es una fórmula objetiva ni una muralla, pues el sentenciador
tiene el deber, evaluadas las particularidades del litigio, de
fijar la indemnización que considere adecuada y justa, para
lo cual puede acudir a los precedentes de esta Corporación
como indicativos.
3.2.3.2.4. Daño a la salud.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
78
Para cuantificar los daños a la salud, la Sala fijó como
derrotero que, por tratarse de un bien inmaterial e
inestimable en dinero, debe acudirse a criterios de
razonabilidad, en tanto «la medida de compensación o
satisfacción que se otorga es siempre simbólica (sea monetaria
o de cualquier otra índole)» (SC9193-2017).
En todo caso, esta tarea debe girar alrededor del
restablecimiento del derecho conculcado, que se expresa en
el acceso al servicio médico, con el fin de superar las lesiones
o manejar las secuelas que aquejan el cuerpo o la siquis de
la víctima, y alcanzar su curación o mejoramiento.
Por tanto la reparación se materializará en una de las
siguientes condenas, de acuerdo con el pedimento realizado
por la víctima en su escrito genitor: (I) imponerle al
victimario, cuando le sea posible conforme a su objeto social,
que atienda médica y sicológicamente a la víctima, con
suministro de medicamentos; (II) ordenar al victimario que
sufrague los costos del tratamiento, cuando deba ser
ejecutado por un tercero; o (III) condenar al victimario al pago
de una suma dineraria, que servirá al afectado para sufragar
sus gastos médicos.
El tipo de condena, y sus confines, tiene que
establecerse con fundamento en los principios de reparación
integral y equidad, evitando, entre otras cosas, dejar sin
indemnización a la víctima, así como la imposición de
condenas confiscatorias o una doble indemnización.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
79
3.2.3.2.5. Daño por pérdida de la oportunidad.
Tratándose de la pérdida del chance, la medida para la
reparación depende del valor del derecho perdido o de la
pérdida que no pudo evitarse, descontado el porcentaje
correspondiente al alea, expresado en tantos por ciento. Es
decir, deben diferenciarse las variables cierta e inciertas,
descontando aquéllas de forma proporcional al valor del
interés afectado. En resumen, la «cuantificación dependerá de
la mayor o menor probabilidad de su ocurrencia» (SC, 1° nov.
2013, rad. n.° 1994-26630-01), para lo cual deberá
descontarse el riesgo de que la oportunidad no se materialice.
Esto significa que «la pérdida de una oportunidad
comporta a la reparación proporcional, parcial, fraccionada o
probabilística con distribución equilibrada, armónica y
coherente de la incertidumbre causal de un resultado dañoso
probable, evitando por un lado, la injusticia de no repararlo, y
por otro lado, la reparación plena cuando no hay certeza
absoluta sino la probabilidad razonable respecto a que un
determinado evento, hecho o comportamiento pudo o no
causarlo» (SC10103-2014).
La Sala tiene dicho:
En particular, la supresión definitiva de una oportunidad, podrá
comprender el reconocimiento de los costos, desembolsos o
erogaciones inherentes a su adquisición, el valor de la ventaja
esperada o de la desventaja experimentada, cuando los elementos
probatorios lleven al juzgador a la seria, fundada e íntima
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
80
convicción a propósito de la razonable probabilidad de concreción
futura del resultado útil, por lo cual, a diferencia del lucro cesante,
o sea, la ‘ganancia o provecho que deja de reportarse’ (artículo
1614 del Código Civil), en ella no se tiene la utilidad, tampoco se
extingue, y el interés protegido es la razonable probabilidad de
obtenerla o de evitar una pérdida (cas. civ. sentencia de 24 de
junio de 2008 [S-055-2008], exp. 11001-3103-038-2000-01141-
01) (SC, 9 sep. 2010, rad. n.° 2005-00103-01).
4. El caso concreto.
Aplicado el anterior estado del arte a la resolución del
caso en discusión, encuentra la Corte que los elementos de
la responsabilidad reclamada están debidamente
comprobados, como se detalla en el porvenir.
4.1. Hecho contrario a derecho.
4.1.1. Por fuerza del artículo 328 del Código General
del Proceso, que limita la intervención del juzgador de
segunda instancia, se tiene que en sub examine está fuera de
duda la existencia y demostración del error de diagnóstico en
que incurrió el personal facultativo en el caso de Valentina
Morales.
Y es que, el a quo fue perspicuo en señalar que «[n]o se
procuró, como la lex artis lo indica, obtener un diagnóstico a
tiempo sobre la persistencia en la sintomatología presentada
por la menor durante varios días» (folio 2019 del archivo
digital Cua.Principal(623-837).pdf), sin que este
razonamiento fuera criticado con ocasión del remedio
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
81
vertical, haciéndose intangible e inmodificable para el
juzgador de alzada.
Dicho en otras palabras, al encontrar el juzgador de
primera instancia que la falla médica existió, sin que se
cuestionara esta reflexión, la materia no puede ser revisada
al resolverse la apelación, so pena de desconocer los límites
de la actividad jurisdiccional del superior.
4.1.2. Conclusión que encuentra apoyo en el hecho de
que las sociedades demandadas, a pesar de contar con la
oportunidad de censurar la hermenéutica del a quo,
omitieron hacerlo, lo que es indicativo de su conformidad con
la misma.
Así se extrae del hecho de que, a pesar de contar con la
apelación adhesiva, para propender por la revisión de «la
providencia apelada» en lo que «le[s] fuere desfavorable»,
como lo permite el parágrafo del artículo 322 del Código
General del Proceso, dejaron de hacerlo.
La Sala refiriéndose a esta posibilidad, en palabras
aplicables mutatis mutandi, tiene decantado:
[S]i una de las partes impugna en alzada una resolución
determinada y la otra, conformándose, se aquieta ante ella, la
providencia que decida el recurso no puede por norma modificar
aquella resolución dañando al recurrente de donde se sigue que la
actividad jurisdiccional en sede de apelación, si bien puede
ejercitarse sobre la totalidad de la Litis en punto a fiscalizar lo
actuado por el a quo en aquellas cuestiona específicas que plantea
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
82
la impugnación, no es admisible que se exprese en proveídos que
de cualquier modo impliquen menoscabo para la posición del
apelante (SC8410-2014).
Se suma a lo expuesto que, en desarrollo de la
audiencia de sustentación y fallo, caracterizada porque todos
los sujetos procesales tienen a su buen recaudo la
posibilidad de alegar, como lo permite el canon 327 del
estatuto adjetivo en vigor, las accionadas decidieron no hacer
uso de esta facultad y, por ende, dejaron sin mácula la
reflexión del sentenciador de primer grado sobre la
configuración del hecho antijurídico.
Significa que, fruto de su comportamiento pasivo de
Cafesalud E.P.S. -hoy liquidada- y Pediatras Asociados Ltda.,
consistente en no acudir a la apelación adhesiva y no alegar
en la audiencia de sustentación y fallo, se asintió tácitamente
en que en el proceso yacen los instrumentos persuasivos de
la transgresión de la lex artis ad hoc en el presente caso,
consistente en la falta de correlación de los antecedentes
médicos de Valentina Morales con la sintomatología que la
acompañó entre el 1° y el 3 de agosto de 2001.
4.2. Factor de atribución.
4.2.1. Como sucede con el hecho contrario a derecho,
lo aseverado por el fallador de primera instancia respecto a
la atribución de responsabilidad no puede ser revisado al
desatarse la apelación, por la ausencia de censuras sobre
esta materia.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
83
Recuérdese que, en el veredicto del 15 de febrero de
2016, se aseguró que «la atención médica… [de] la IPS
demandada… no fue apropiada» y que «la lectura del cuadro
hemático del primero de agosto de 2001, realizado por la
médico Flórez, no resultó ser lo suficientemente acertado»
(folios 221 y 222 del archivo digital Cua.Principal(623-
837).pdf).
Así se descubre que la conducta censurada se atribuyó
a título de culpa a Pediatras Asociados Ltda., consistente en
la falta de destreza o impericia del personal médico, actuar
culposo que compromete de forma directa a la institución
prestadora de salud.
Como este colofón, al no ser fustigado al impugnar, no
puede ser fiscalizado por la Corte en su calidad de juez de
instancia.
4.2.2. Se agrega a lo explicado que la Sala tuvo la
oportunidad de referirse a este elemento de responsabilidad,
al desatar el recurso de casación, en consideraciones que se
acogen en su integridad en esta providencia sustitutiva.
En resumen, se aseguró:
De suyo que, tratándose de una menor de edad con un proceso
evolutivo que empezó el 25 de julio de 2001 con fiebre, síntoma
que persistió pese al paso del tiempo, y que no mostró mejoría con
el “manejo sintomático” de la “virosis” inicialmente decretada, se
imponía a los médicos tratantes, como lo destacó el experto
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
84
en el inicio de su análisis, considerar la existencia de “una
infección oculta importante” que podía “llegar a ser grave”
y, por ende, actuar de forma “cautelosa y expectante,
brindando el manejo sintomático” pertinente y
manteniendo una constante valoración clínica de la
paciente en busca de “signos de alarma” y “ordenando los
exámenes de laboratorio” necesarios para establecer la
verdadera patología que la aquejaba, cosa que no hicieron.
Más grave fue la omisión de los galenos, cuando el 4 de agosto
de 2001 la niña fue llevada nuevamente a consulta, debido a que
desde la noche anterior empezó a sufrir de “dolor abdominal”,
puesto que como lo indicó el experto al contestar el interrogante No.
13 del cuestionario formulado por la parte actora, “[u]na de las
manifestaciones atípicas de la neumonía, especialmente en niños,
es el dolor abdominal referido por la ubicación del foco infeccioso
en las bases pulmonares”, lo que explica el reproche del
forense consistente en que los médicos que la atendieron en
esa oportunidad, no hubiesen “correlacionado” ese síntoma
“con todo el proceso evolutivo de la enfermedad”, porque
como aquél lo puntualizó en el literal G) de la respuesta a la
pregunta 27 de las accionantes, “[e]l diagnóstico de neumonía
debería haberse sospechado como posible en una niña de tres
años de edad con fiebre persistente por más de una semana, quien
de pronto se queja de dolor abdominal inespecífico”.
Ostensible es, entonces, que el manejo dado a la menor el 4
de agosto de 2001 fue deficitario, como lo ratificó el perito
en la aclaración de su trabajo, al señalar: “Por lo tanto, se
reitera lo inadecuado del dar salida con ‘Plan de manejo: Se
solicita coprológico. Se aplica una dosis de Buscapina” (fl. 642, cd.
2) (negrilla fuera de texto, SC2348-2021).
Descuella que la Corporación encontró un actuar
culposo en los médicos tratantes y en la IPS, por haber
procedido con impericia -no evaluar la existencia de una
infección oculta- y negligencia -no realizar la correlación de
síntomas-, indicativo de un factor de atribución subjetivo,
reflexiones que ahora integran el presente fallo.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
85
4.2.3. Finalmente, es cierto que ninguna cavilación se
ha realizado sobre la atribución de responsabilidad a
Cafesalud E.P.S. -hoy liquidada-, por lo que procede hacerlo
en este momento procesal.
En esta materia, y como ya se explicó, la jurisprudencia
tiene decantado que las EPS responden por los actos
contrarios a la lex artis médica, en la atención de las
personas a ellas afiliadas, por su calidad de garante de la
prestación del servicio de salud en condiciones de calidad.
Por tanto, como Valentina Morales Zuluaga estaba
afiliada a Cafesalud E.P.S., esta última debe responder por
las fallas en el proceso de atención de sus aflicciones
médicas, por cuanto los galenos no procedieron con el rigor
científico que se espera de ellos.
Máxime por cuanto el suceso que desencadenó los
daños tuvo una prolongada génesis, sin que la EPS tomara
medidas correctivas para superar el desdén y apatía del
equipo médico, lo que refulgía, no sólo por el paso del tiempo
sin una solución, sino porque se estaba frente a una niña de
la primera edad, que reclama intervenciones oportunas y
seguimientos adecuados.
Aclárese que la afiliación de Valentina Morales a
Cafesalud E.P.S. -liquidada- fue aceptada por ésta al
contestar la demanda, pues allí se asintió en que «autoriz[ó]
debidamente la atención y tratamiento de la paciencia» (folio
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
86
505 ibidem), lo que sólo es posible bajo la consideración de
que entre ellas se forjó un vínculo jurídico.
Aseveración que se ratifica con la historia clínica de la
paciente, del 1 de agosto de 2001, en la que se indica que la
entidad aseguradora era «Cafesalud» (folio 437 ejusdem). Lo
mismo aparece registrado en el documento intitulado
«laboratorio clínico» del 2 de agosto (folio 446) y en el
«Resumen de la Historia Clínica» de Comfamiliar del 6 de
agosto de 2021 (folio 91).
Frente al último de los documentos conviene clarificar
que, si bien el a quo le restó mérito demostrativo, por haberse
aportado en copia simple, lo cierto que esta inferencia no
tuvo en consideración el artículo 11 de la ley 1395 de 2010,
que modificó el artículo 254 del Código de Procedimiento
Civil, según el cual: «los documentos privados manuscritos,
firmados o elaborados por las partes, presentados en original
o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con
fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad
de presentación personal ni autenticación. Esta presunción
no aplicará a los documentos emanados de terceros de
naturaleza dispositiva» (negrilla fuera de texto).
Total, este último precepto eliminó la necesidad de que
todas las copias documentales fueran autenticadas como
condición para su valoración judicial, al presumir la
autenticidad de los documentos, salvo los dispositivos.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
87
De allí que la jurisprudencia de esa época explicara:
La Sala ha sostenido que las copias sin autenticar tanto de los
instrumentos privados como de los públicos ‘carecen de valor
probatorio’, inclusive en vigencia de la Ley 1395 de 2010. La
doctrina, sin embargo, ha sido morigerada. En últimas, con
relación al Código de Procedimiento Civil y sus reformas, le ha
conferido a las copias simples valor demostrativo.
Lo primero, al asentar que ‘cuando un documento es aportado por
la parte que, ex ante, lo elaboró y firmó, sin ser tachado de falso
por ella o por la parte contra quien se presenta, ello es importante,
no es menester detenerse a examinar si se trata de original o de
copia y, en esta última hipótesis, si cumple con las exigencias del
artículo 254 del C. de P.C., pues la autenticidad, en ese evento, se
deduce o emerge de su aportación, sin protesta’ (CSJ. SC.
Sentencia 291 de 22 de noviembre de 2005, expediente 1325).
Lo segundo, al decir que en la hora de ahora la «directriz
jurisprudencial debe entenderse en un marco donde no exista
certeza sobre la procedencia o el contenido del instrumento de que
se trate, pero no cuando la conducta de los sujetos en contienda,
tratándose de copias informales de documentos públicos, cejan la
incertidumbre (CSJ. SC. Sentencia de 18 de mayo de 2018,
expediente 00274)…
Como corolario, para la época, las copias simples de los
documentos privados provenientes de las partes o de
terceros que no sean dispositivos, así como de los públicos,
se encontraban libradas de allegarse con la constancia de
coincidir con los originales o con una copia autenticada
(negrilla fuera de texto, SC4792-2020, reiterado SC3654-2021).
Como la historia clínica es un documento de carácter
declarativo, por dar cuenta de lo sucedido en la atención
médica de Valentina Morales Zuluaga, se tiene que era
procedente su valoración en el sub lite, sin exigir su previa
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
88
autenticación, máxime por cuanto ninguno de los sujetos
procesales tachó su falsedad o pidió su ratificación.
4.3. Nexo causal.
Este componente de la responsabilidad fue decantado
al fallarse la casación promovida, al analizar el contenido del
dictamen pericial practicado en desarrollo de la actuación
judicial, en consideraciones que se entienden reproducidas
para evitar reiteraciones innecesarias.
4.4. Daño.
4.4.1. Opuesto a lo indicado por el fallador de primer
grado, y como acertadamente lo señalaron las apelantes, en
el proceso si está probado el daño a la salud de Valentina
Morales, a consecuencia del error médico atribuido a las
enjuiciadas.
Total, las probanzas que integran el plenario dejan al
descubierto que aquélla, después del incidente médico,
presentó retrasos significativos en su desarrollo psicomotor
y cognitivo, así como dificultades en el manejo de sus
emociones, que le dificultaron participar en sociedad.
Esta situación, si bien ha mejorado con el paso de los
años, resultado del compromiso familiar por lograr la
atención sicológica, fonoaudiológica y médica de Valentina
Morales, lo cierto es que persisten secuelas.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
89
Así se extrae de estos instrumentos persuasivos:
(I) Informe de Evolución del 18 de noviembre de 2002,
en el cual se señala que la niña después del suceso dañoso
presentó un «desarrollo del lenguaje y pensamiento… un poco
debajo de su edad cronológica» (folio 247 del archivo digital
Cua.Principal(1-622).pdf).
(II) Informe de psicología de Lilia Yasmine Soleiman
Carmona, del 22 de octubre de 2004, que reveló que
Valentina presentó
…[a]lteraciones en las funciones motoras, con fallas de
coordinación motora gruesa y fina. Déficit de atención y
dificultades de concentración. Baja tolerancia a la frustración.
Alto grado de impulsividad, donde los estímulos controlan las
respuestas. Procesos básicos de inteligencia alterados. Déficit de
atención con hiperactividad. Procesos cognoscitivos alterados… Lo
que indica un coeficiente de inteligencia deficiente… Alteraciones
en área premotoras, prefrontales y áreas de asociación (folios 351
a 356 ejusdem).
(III) Evaluación Neuropsicológica de Óscar Rosero
Ocaña, del 12 de febrero de 2005, que relató
…signos blandos de inmadurez cerebral presentes. La capacidad
de simbolizar objetos y eventos significativos, mediante el uso de
palabras, frases, en contextos adecuados es deficiente para su
edad cronológica… tiene deficiente percepción de coordinación de
los movimientos necesarios para la ejecución de una acción…
Estímulos externos hacen que se desconcentre… Inseguridad…
Deficiencias importantes en la atención, marcada inquietud
motora. Su nivel cognoscitivo y psicomotriz es deficiente. Se le
dificulta planear una estrategia para resolver un problema», con
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
90
diagnóstico «trastorno de la habilidad escolar por compromiso
severo de áreas de asociación neuronal principal a nivel parieto-
temporo-occipital de hemisferio derecho, secundario a hipoxia
perinatal. El trastorno de atención no tiene origen neurobiológico
(folios 359 a 361).
(IV) Valoración del Centro de Rehabilitación Integral y
Medina del Deporte, del 5 de marzo de 2006, en la que se
aseguró que «la atención discriminativa, selectiva y
sostenidas (sic) [de la víctima] se encuentra levemente
alterados. Estímulos externos hace que se desconcentre. Tiene
procesos de evocación deficientes… La curva de aprendizaje
muestra problemas en registros iniciales que se asocia a fallos
de amplitud atencional», con diagnóstico de «trastorno de la
habilidad escolar por déficit e inmadurez en áreas de
asociación» (folio 263).
(V) Evaluación fonoaudiológica de Patricia E. Camayo,
del 4 de abril de 2006, que precisó que a Valentina «se le
dificulta darle solución a algún problema, se enreda en
expresar la idea… debe organizar la idea de lo que va a
decir… Se distrae con facilidad, aunque ya presenta mayores
períodos de concentración, atiende, entiende y ejecuta órdenes
adecuadamente… Ha mejorado en la realización de tareas, es
más conciente (sic) y demuestra mayor interés hacia las
diferentes actividades» (folio 262 ibidem).
(VI) Resumen de atención del 23 de julio de 2008, de
Cafesalud Casa Especialistas Eje Cafetero, que incluyó como
diagnóstico «retraso mental no especificado: deterioro del
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comportamiento», con la observación «RM [retardo mental]
leve debido a hipoxia post natal».
(VII) Informe de Evaluación del Seguro Social, del 13 de
febrero de 2007, que mencionó: «Observaciones generales: Es
una niña que tiene un índice de fatigabilidad bajo, se distrae
con frecuencia ante estímulos externos. Se toma más tiempo
de lo determinado para el desarrollo de las actividades
propuestas. Se observa una niña participativa, curiosa,
respetuosa, atenta… Conclusiones y recomendaciones: El
D.F.H. (dibujo de la figura humana) no es acorde para la
edad… El tipo lector, escritura no son acordes con la edad
(folios 372 a 377).
(VIII) Informe de Evaluación Neuropsicológica de Yamile
Bocanegra García, de octubre de 2008, que indicó que «[l]a
puntuación del CI total es de 71, lo cual indica una capacidad
intelectual baja (límite)… El análisis de los índices indica
fortalezas en tareas que requieren habilidades verbales. Sin
embargo, se encuentran dificultades en tareas que impliquen
habilidades viso-perceptuales, espaciales y de razonamiento
fluido… Los resultados de las escalas clínicas indican
puntuaciones altas para síntomas de hiperactividad, baja
tolerancia a la frustración… Actividades básicas cotidianas
alteradas para el aseo y el vestido (por dificultades en
motricidad fina). Destrezas sociales y comunicativas limitadas
para la edad» (folios 381 a 385).
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(IX) Evaluación de la Pérdida de la Capacidad Laboral
realizada por Aldemar Hernando Gómez, del 6 de noviembre
de 2008, que diagnosticó que la menor «presenta alteraciones
de atención, con excesiva actividad motora – trastorno de
aprendizaje ‘no alcanza logros esperados para la edad’»,
coligiendo que presenta «deficiencia global por alteraciones
funciones complejas e integradoras del cerebro», que se
traduce en una pérdida de capacidad laboral del 70.40%,
disgregado por deficiencia 41.80%, discapacidad 7.10% y
minusvalía 21.50% (folios 388 a 390).
(X) Finalmente, Dictamen de Determinación de Origen
y/o Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, del 17 de
septiembre de 2021, que afirmó:
Información ocupacional: Persona económicamente no activa…
Requiere que esta en la casa todo el día, nunca ha laborado,
ayuda en la casa al arreglo de esta. Bachiller en el año 2018 (con
apoyo)… Diagnóstico y origen… Encefalopatía no especificada…
encefalopatía hipóxica isquémica (resuelta)… Retraso mental leve:
deterioro del comportamiento nulo o mínimo… Deficiencia…
Deficiencia por discapacidad intelectual (Eje II) Deficiencias por
trastornos mentales y del comportamiento…. Pérdida de la
capacidad laboral y otras áreas ocupaciones… 20.00%...
Fecha establecida por reporte de coeficiente intelectual que se
registra en 71. De acuerdo con la revisión de la historia clínica y el
estado actual de salud mental, esta junta considera que no se han
presentado mayores cambios en el déficit cognitivo por lo cual es
válido (folios 210 a del archivo digital CuadernoCorte.pdf)
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4.4.2. Remárquese de estos instrumentos persuasivos
que, después del incidente cardiorrespiratorio, Valentina
Morales perdió variadas habilidades motoras y sufrió retraso
mental, algunas de las cuales persisten hasta ahora, esto es,
la han acompañado por más de 20 años.
Pruebas que, valga la pena señalarlo, son merecedoras
de credibilidad, por haber sido aportadas tempestivamente,
permitirse su contradicción sin que fueran refutadas por las
enjuiciadas, y dar cuenta de su autoría y fiabilidad.
Lo mismo se predica de la evaluación realizada por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, por
haber sido practicada por una entidad especializada, la cual
se fundó en los antecedentes médicos de Valentina Morales
y sus condiciones actuales, sin que las partes del proceso
objetaran su calidad, fundamentación o conclusiones.
4.4.3. De este recuento se descubre que el error de
diagnóstico provocó los siguientes daños:
4.4.3.1. Lucro cesante pasado y futuro de Valentina
Morales por pérdida de la capacidad laboral, por cuanto sus
condiciones mentales, físicas y comportamentales limitaron
su potencialidad laboral, en comparación con personas de su
misma edad y preparación.
Este demérito fue fijado en un 20.00%, según el
Dictamen de Determinación de Origen y/o Pérdida de
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Capacidad Laboral y Ocupacional, de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Risaralda.
Daño que se causó, ante la ausencia de otros elementos
persuasivos, desde el 8 de agosto de 2016, por cuanto a
partir de este momento pudo haber ejercido una tarea
redituable, por alcanzar la mayoría de edad, momento en el
que normalmente las personas se insertan al campo laboral.
No se tendrá en cuenta, entonces, para el cálculo del
lucro cesante pasado, el interregno comprendido entre el 9
de agosto de 2001 y el 7 de agosto de 2016, por cuanto
Valentina Morales era menor de edad, prohibiéndosele que
pudiera trabajar según el Convenio 182 de 1999 de la
Organización Internacional del Trabajo, en vigor en nuestro
país desde el 28 de enero de 2005. Y, si bien en nuestro país
es posible autorizar el trabajo desde los 15 años, conforme al
35 del Código de la Infancia y la Adolescencia, esta es una
situación excepcional, sometida a variadas autorizaciones,
de allí que sólo puede ser indemnizada en caso de que estén
probados con claridad todos los supuestos sobre su
procedencia, lo que no sucede en el sub examine.
No se tomará una fecha posterior al 8 de agosto de 2016
para la cuantificación, pues el expediente está ayuno de
probanzas que permitan advertir que la víctima, en
condiciones de normalidad, no laboraría, por estar dedicada
a otras actividades que colmarían su tiempo. En este punto
conviene señalar que, si bien en el Dictamen de
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Determinación de Origen y/o Pérdida de Capacidad Laboral y
Ocupacional se indicó que Valentina Morales culminó su
bachillerato en el año 2018, esta afirmación no pasó de ser una
enunciación, sin precisión ni soportes, por lo que no puede
servir para fundamentar esta decisión judicial.
4.4.3.2. También se encuentra probado el lucro cesante
de Luz Marina Zuluaga Orozco, madre de Valentina Morales,
por la imposibilidad de realizar laboríos redituables ante la
imperatividad de atender a su hija.
Es cierto que, uno de los deberes parentales, es el
cuidado y la atención de los niños, niñas y adolescentes, por
lo que, en principio, su costo no puede trasladarse a terceros.
Así se extrae del artículo 23 del Código de la Infancia y la
Adolescencia, a saber: «Custodia y cuidado personal. Los
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus
padres en forma permanente y solidaria asuman directa y
oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La
obligación de cuidado personal se extiende, además, a
quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o
institucional, o a sus representantes legales».
Sin embargo, el desarrollo de este deber, per se, no
impide que los padres puedan realizar actividades
fructíferas, necesarias para proveer los recursos requeridos
para el sostenimiento del núcleo familiar. Laborío que
ejecutan en el ínterin de la jornada estudiantil y,
eventualmente, después de que se agota, para lo cual dejan
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a sus hijos al cuidado de familiares, instituciones educativas,
casas de cuidado, hogares comunitarios, particulares, entre
otros.
No puede olvidarse que, según las estadísticas del
DANE, «[e]n promedio, para [el] total nacional, la unidad de
gasto [persona o grupo de personas que atienden sus propios
gastos, que comparten vivienda y tienen un fondo común para
satisfacer sus necesidades esenciales] está compuesta por 3,3
personas y en promedio 2,0 de esas personas reciben
algún tipo de ingreso» (negrilla fuera de texto14).
Luego, lo usual en los hogares colombianos es que dos
de sus integrantes perciban ingresos periódicos fruto de su
trabajo individual o de otras fuentes, siendo los primeros
llamados a hacerlo los padres.
En el caso se tiene que esta posibilidad fue truncada
para la madre de la víctima, pues la condición física en que
ésta egresó de la institución hospitalaria le impuso contar
con una acompañante permanente, no sólo por las pérdidas
sensoriales que experimentó, sino también para asistir a las
atenciones médicas que eran requeridas.
Tal colofón se extrae de la declaración de María Amparo
López Mejía, que ante la pregunta «cómo ha afectado la vida
14 Resultados de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, agosto de
2018, p. 23, disponible en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/bole-
tines/enph/presentacion-enph-2017.pdf
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familiar dentro del hogar… la enfermedad que padece la
menor Valentina Morales», rememoró que «la mamá no
puede trabajar porque tiene que tener un cuidado especial
con ella» (negrilla fuera de texto, folio 664 del archivo digital
Cua.Principal(1-622).pdf). En el mismo sentido, Omaira
Castaño relató que, para el 17 de mayo de 2012, la situación
«es difícil porque tienen que estar pendientes de Valentina
las 24 horas, a Valentina no la dejan sola, siempre está
o con la abuela o con la mamá» (negrilla fuera de texto, folio
688).
Beatriz Eugenia López reiteró, recordando el suceso
dañoso, que: «la niña la entregan ciega, sorda y muda,
después de que era una niña totalmente normal, debido a eso
el conocimiento de la niña es totalmente anormal, la niña
necesita acompañamiento todo el tiempo, debido a eso la
mamá no trabaja… la niña… es una persona que tiene que
estar cuidada las 24 horas, porque no se percata de los
peligros, ni de la malicia de la gente hoy en día» (negrilla
fuera de texto, folios 669 y 670).
Incluso, la directora de la institución educativa en que
Valentina Morales se formó, ante la pregunta «si el estado
actual de la menor exige que la madre le dedique un tiempo
superior al que se dedica a un hijo en condiciones normales»,
puso de presente «Si (sic) necesita mucho tiempo de su mamá,
ella muchas veces la saca de la institución en la mañana para
llevarla a las terapias… una niña de 13 años podría hacerse
muchas cosas que la mamá manifiesta que no puede hacer,
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como por ejemplo hacer algo en la cocina, [pero] a la mamá le
da miedo o dejarla un rato sola… la mamá vive en función de
Valentina y de su otra hija» (folio 696).
De esta forma descuella que, después del incidente
cardiorrespiratorio, la menor quedó en una situación que le
imponía estar acompañada por una persona de apoyo,
misión que acometió la madre como proyecto de vida, lo que
de contera le impidió desarrollar actividades productivas
para acrecentar los ingresos domésticos.
Daño generado desde el evento cardiorrespiratorio y
hasta el día anterior al 17 de septiembre de 2021, pues,
según el dictamen practicado con posterioridad a la
sentencia casacional, para esta data Valentina Morales había
alcanzado un nivel adecuado de independencia, lo que
excluye la imperatividad de un acompañante permanente.
En efecto, según los expertos para esta data Valentina
Morales tenía un «rol ocupacional con dificultad leve - no
dependencia» (negrilla fuera de texto, folio 214), de lo que se
infiere que contaba con aptitud de autorregularse y de
realizar las actividades requeridas para el cuidado propio.
Colofón que encuentra apoyo en las conclusiones del
informe, en el que se indica que después de la hipoxia
cerebral «ha recibido terapias del lenguaje, terapia física y de
motivación cognitiva con lo que ha logrado recuperarse.
[A]ctualmente no se detectan alteraciones motoras, de hecho
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practica deporte, no hay registros de afectación auditiva o
visual. Recuperación del déficit cognitivo, actualmente
clasificado en limítrofe… Se califica esta secuela como la única
presente actualmente del episodio hipóxico-isquémico sufrido»
(folio 214).
4.4.3.3. El daño moral de Valentina Morales, su madre,
hermana y abuela, esta evidenciado, por refulgir como una
inferencia forzosa frente a la situación física y psíquica en
que quedó la víctima con ocasión del error de diagnóstico.
Para Valentina Morales, en tanto el sentido común
indica que ha tenido que padecer sufrimientos y desasosiego
por los retrasos significativos en su proceso motor, cognitivo
y social, que la han hecho diferente en comparación con sus
semejantes.
Para Luz Marina Zuluaga y Valeria Morales, cuyas
calidades de madre y hermana se encuentran demostradas
con los registros civiles de nacimiento con seriales n.°
27738041 y 33683838 (folios 120 y 122 del archivo digital
Cua.Principal(1-622).pdf), porque, al integrar el núcleo
familiar de Valentina Orozco, según las declaraciones de
Omaira Castaño Aguirre y Beatriz Eugenia López Mejía (folios
667 y 669 del archivo digital Cua.Principal(1-622).pdf,
respectivamente), es dable inferir que sufrieron al observar
las lesiones físicas y mentales que acompañaron, y
acompañan, a su pariente, así como sus efectos concretos
para integrarse a la sociedad.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
100
Y es que, por la cercanía profunda que se teje entre los
miembros más cercanos de la familia, lo normal es que se
forme una comunidad de dolor, como lo ha señalado la
jurisprudencia, en palabras aplicables al presente litigio
mutatis mutandi:
De igual modo, la experiencia muestra que es normal que los
familiares más cercanos de la víctima sufran tristeza, angustia y
desasosiego al ver sufrir a su ser querido. Por ello, no hay
necesidad de exigir la prueba de los padecimientos morales
sufridos por el hijo de la accidentada, pues ellos se presumen a
menos que surjan en el acervo probatorio elementos de
conocimiento que permitan desvirtuar la presunción judicial, lo que
no ocurrió en este caso (SC780-2020).
Tratándose de la abuela -Orfa Lucina Orozco Zuluaga-
su afectación moral emana de la cercanía con la hija y nieta,
como lo relató Omaira Castaño Aguirre, al señalar que
Valentina Morales «siempre esta (sic) o con la abuela o con la
mamá y Valeria la abuelita vive pendiente, pendiente de la
hermanita también» (folio 668). No en vano, para la fecha de
los hechos, la abuela fue la encargada de acompañar a su
descendiente a las citas médicas, como fue declarado por
María Claudia Flórez Aristizábal, profesional responsable de
lo acontecido el 1 de agosto de 2001 (folio 704).
4.4.3.4. El daño a la vida de relación -o al agrado- está
probado, respecto a la víctima, su madre y hermana, por
cuanto la situación que afectó a aquélla, en algunos casos les
impidió, y en otros les dificultó, realizar diversas actividades,
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tanto individualmente, como en consuno con sus seres más
cercanos.
(I) Recuérdese que, a la temprana edad de 3 años,
perdió todas sus habilidades motoras e, incluso, algunos de
sus sentidos, lo que hizo imposible que interactuara con el
entorno. Así lo rememoró Omaira Castaño Aguirre, al señalar
que la víctima «quedó como un vegetal», porque «no se movía,
no caminaba, no hablaba…, había que alimentarla…, quedó
en pañal» (folio 668).
Ciertamente, Valentina Morales evolucionó
positivamente con los tratamientos médicos y sicológicos, lo
que le permitió recuperar las habilidades perdidas y superar
muchas de las lesiones que experimentó, pero mientras tanto
vivió muchas limitaciones y restricciones, que le dificultaron
actuar en sociedad, como lo relató María Amparo López, en
tanto aquélla «no se asocia[ba] con niños normales… no da[ba]
respuestas normales, ni [actuaba] en la capacidad de una
niña de 13 años, ni [jubaga]» (folio 664).
Las situaciones que aquejaron a la demandante,
además de estorbar actividades rutinarias, como caminar,
correr o asir objetos con la mano, comportaron embarazos
significativos para divertirse por medio del juego,
comunicarse con terceras personas y, en general, disfrutar
plenamente de todas las fases de la niñez y la adolescencia.
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Se prueba, de esta forma, el demérito a la vida de
relación -o al agrado- reclamado en la demanda.
(II) Las condiciones físicas y mentales de Valentina
también afectaron la vida de relación de su madre y
hermana, quienes tuvieron un relacionamiento diferente al
interior de su familia y con su entorno, no sólo por
concentrarse en el proceso de rehabilitación, sino también
por las limitaciones connaturales a la situación de
discapacidad.
Así lo dejan entrever los testimonios de Omaria
Castaño, Beatriz Eugenia López y Virginia Eduviges Gómez
(folios 668, 669 y 696, respectivamente), que relataron que la
madre se consagró a las terapias y al acompañamiento
escolar, que consecuentemente aparejó la privación de otras
actividades.
En cuanto a Valeria Morales, no formó una relación con
Valentina basada en la hermandad, el juego y el
acompañamiento, por cuanto ésta mostraba «oscilaciones
recurrentes en el estado de ánimo, que posiblemente dificulta
sus relaciones interpersonales», por lo que prefería «compartir
con niños menores a su edad» (folio 394), según se conceptuó
en la evaluación pedagógica del 24 de noviembre de 2008.
De allí que María Amparo López, al ser cuestionada
sobre el tipo de relación entre las hermanas, asegurara: «Pues
la niña Valeria no lo conoció antes de la enfermedad, porque
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nació después, entonces es una relación, digamos que
psicológicamente, afecta el desarrollo de Valeria, porque no
juegan como hermanitas y como niñas de la misma
edad» (negrilla fuera de texto, folio 665). De hecho, según la
atestación de Beatriz Eugenia López, la relación mutó hacia
un vínculo de autoridad y protección, en tanto «Valeria es la
que más autoridad, siendo la más pequeña… entonces Valeria
es la que está más pendiente de Valentina y Valentina de lo
que diga la hermanita» (folio 670); apreciación confirmada por
Omaira Castaño Aguirre (folio 667).
4.4.3.5. El daño a la salud igualmente se encuentra
probado, pues Valentina Morales todavía padece
consecuencias adversas del error médico, diagnosticado
como «Retraso mental leve: deterioro del comportamiento nulo
o mínimo», con deficiencia por «discapacidad intelectual» y
deficiencia en el «rol ocupacional con el uso del tiempo libre y
de esparcimiento», según el Dictamen de Determinación de
Origen y/o Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional.
Como existen secuelas que, en principio, están
llamadas a ser tratadas, es menester garantizarle el acceso
al servicio de salud, hasta tanto se logre la completa
recuperación, rehabilitación o readaptación.
4.4.4. Los siguientes perjuicios, a pesar de ser
reclamados por las demandantes, no fueron demostrados,
haciendo improcedente reconocer el débito indemnizatorio
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104
respecto de ellos, por los motivos que se indican en cada
caso.
4.4.4.1. El daño emergente por los «pagos realizados y
probados», no pasó de ser una afirmación que quedó ayuna
de concreción, al no haberse realizado esfuerzo alguno para
su particularización.
Y es que, ninguno de los medio suasorio adjuntados da
cuenta de que las demandantes hayan asumido cargas
patrimoniales en razón de la situación médica que aquejó a
Valentina Morales, tales como recibos, comprobantes o
similares, con el fin de evaluar si resulta procedente su
reembolso.
4.4.4.2. «[E]l valor de los costos educativos especiales
asumidos por la madre» tampoco logró demostrarse.
De un lado, por cuanto la afectada acudió a
instituciones educativas comunes, como parte de su proceso
de rehabilitación, lo que descarta que acudiera a
establecimientos especializados para personas con
discapacidad. De esto da cuenta la declaración de Virginia
Eduviges Gómez, quien manifestó que Valentina Morales,
cursó su educación básica en el Colegio Liceo Altair, el cual
está abierto al público en general, tanto que su hermana
también estudió allí (folios 694 y 695).
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
105
Por otra parte, puesto que la foliatura carece de los
soportes de los pagos supuestamente realizados para acceder
a educación especializada, lo que se traduce en una
desatención de la carga de la prueba que pesaba sobre las
reclamantes.
4.4.4.3. El perjuicio consistente en el «costo de la
educación especial que requiera la menor», también queda
falto de prueba por las razones ya denunciadas, esto es: (I)
no se demostró la necesidad ni la conveniencia de la
educación especializada, con el fin de demostrar el demérito;
y (II) no se acreditó el valor de este clase de formación.
4.4.4.4. El pretendido daño a la vida de relación -o al
agrado- de Orfa Lucina Orozco Zuluaga, abuela de Valentina
Morales, tampoco aparece comprobado, pues los medios
suasorios recaudadas no dan cuenta de que, como
consecuencia del error médico, se le privara de las
actividades que normalmente realizaba con su nieta, ni que
su relación con ésta se viera afectada por las lesiones o
secuelas.
Se echan de menos, entonces, los instrumentos
persuasivos que prueben los actos placenteros o normales de
la vida que fueron truncados para esta demandante, con
ocasión del estado de salud de su nieta.
5. Análisis de las excepciones propuestas.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
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5.1. La Sociedad Pediatras Asociados Ltda., recuérdese,
pidió desestimar las pretensiones de la demanda, para lo cual
formuló las siguientes excepciones, que en lo sucesivo se
analizan.
5.1.1. Alegó «inexistencia de error médico», «adecuada
práctica médica - cumplimiento de la lex artis» e «inexistencia
de causaudad (sic)», por considerar que la actuación de los
profesionales en medicina, en el caso de Valentina Morales,
se ajustó a los cánones que gobiernan su actividad, sin que
se probara quiénes fueron los causantes de los daños.
Materias que, advierte la Sala, ya fueron dilucidadas al
analizar los elementos de la responsabilidad reclamada, por
lo que las consideraciones allí efectuadas resultan
suficientes para desestimar estas justificaciones.
5.1.2. En cuanto a la excepción de prescripción, que se
fundó en la aplicación del artículo 488 del Código Sustantivo
del Trabajo, fue despachada en la audiencia del 11 de mayo
de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Pereira, al resolver idéntica defensa planteada como previa.
Decisión confirmada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira, por proveído del 26 de octubre
de 2011, al considerar que
…al asunto en cuestión no le son aplicables los artículos 488 del
C. S. del T. y 151 del C. de P. L. en lo que a prescripción se refiere…
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
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La Sala, a riesgo de volverse repetitiva, Insiste en que en el sub
Judice no se está ante la relación trabajador - empleador, sino
ante los extremos afiliado - EPS y/o IPS… Aclarado lo anterior y
remitiéndonos a las normas propias de la acción de Indemnización
de perjuicios por falla médica, hay que decir que la acción
prescribe en 10 años conforme el artículo 2536 del Código Civil,
mismos que se cuentan desde la fecha en que ocurrió el hecho
dañoso y por el cual se reclaman perjuicios.
En virtud de lo anterior… se puede colegir que para la data en que
se instauró la presente demanda no había transcurrido aún el
término de 10 años para acudir a la jurisdicción laboral, de suerte
que, le asiste razón a la procurado judicial de primer nivel para no
declarar probado ese medio exceptivo de procedimiento (folio 629
del Cua.Principal(1-622).pdf).
Luego, como el asunto ya fue definido judicialmente, el
principio de preclusión enseña que no puede reabrirse la
discusión, máxime en tanto el Tribunal abordó de fondo la
materias explicando las razones jurídicas para desechar que
se hubiera configurado la extinción de la obligación
resarcitoria por el paso del tiempo.
Es bien sabido que «[u]no de los principios que rigen la
actividad judicial es el de ‘preclusión’ o ‘eventualidad’, ‘bajo
cuyo significado para [la] validez y eficacia [los] actos
[procesales] deben efectuarse en el tiempo permitido, so pena
de ser intempestivos, pues las etapas procesales acontecen en
forma sucesiva y ordenada, de manera que rebasada una,
queda cerrada para dar paso a la siguiente, sin poderse
retrotraer la actuación, en atención a la necesidad de
mantener la seguridad y certeza que reclama la
administración de justicia (AC3347, 7 dic. 2020, rad. n.° 2020-
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
108
01335-00)’ (AC4032, 3 oct. 2022, rad. n.° 2011-00575-01)»
(SC456-2024).
Luego, una vez el ad quem determinó que no se había
configurado la prescripción, clausuró la controversia de
forma definitiva, la cual debe mantenerse en este estado.
Con todo, conviene señalar que la interpretación del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira guarda
coherencia con la hermenéutica de este órgano de cierre, que
ha señalado, refiriéndose a la responsabilidad médica, que
«la prescripción que regula esta acción es la decenal
consagrada en el artículo 2536 del Código Civil» (SC9193-
2017. En el mismo sentido, SC, 22 jul. 2010, rad. n.° 2000-
0042-01 y SC562-2020).
5.1.3. Finalmente, la excepción «fuerza mayor - caso
fortuito» carece por completo de contenido, pues no se
identificaron los supuestos para su aplicación, esto es, el
hecho imprevisible e irresistible que permite la ruptura del
nexo de causalidad.
Falencia que refulge tanto de la demanda, como del
escrito de alegatos de conclusión, haciéndose que su estudio
devenga imposible, en aplicación del principio dispositivo,
que prohíbe a la juzgadores adentrarse en materias que no
fueron planteadas por las partes.
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5.2. Cafesalud E.P.S. -hoy liquidada- esgrimió varias
excepciones en su favor, las que tampoco tienen vocación de
prosperidad por las consideraciones que se indican para
cada una de ellas.
5.2.1. Alegó el «cumplimiento de las obligaciones
contractuales y legales», «inexistencia de causalidad médico
legal» e «inimputabilidad de las presuntas consecuencias del
acto médico a la EPS», por cuanto cumplió con su deber de
organizar el plan obligatorio de salud, sin que le
correspondiera la prestación efectiva de la atención médica.
Al respecto, y como se detalló en la parte teórica de esta
determinación, la Corte tiene decantado que las entidades
prestadoras de salud, en su calidad de garantes del sistema,
están llamadas a responder por los yerros que se cometan en
el proceso de atención médica de sus afiliados.
Total, las EPS no son meras gestoras de afiliaciones,
administradoras de recursos o contratantes de servicios, sino
que, además, tienen el deber de verificar una oportuna y
correcta atención de sus afiliados, so pena de comprometer
su responsabilidad, como lo ha señalado la jurisprudencia:
Puestos en contexto, la función de las EPS de ‘garantizar, directa
o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio’ a
que se refiere el artículo 177 de la Ley 100 de 1993 debe ser vista
más allá del mero ‘contrato de afiliación’, como si su único efecto
fuera la recaudación por delegación de aportes y la administración
de recursos, para extender sus alcances al fin primordial de lograr
una óptima cobertura en el servicio social de salud.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
110
Basta observar cómo el término ‘garantía’ en una de las
acepciones que trae el DRAE significa ‘efecto de afianzar lo
estipulado’, de ahí que tanto para el afiliado como sus
beneficiarios la Entidad Promotora de Salud por la que se optó está
en la obligación de respaldar que la atención en materia de salud
se brinde de manera ‘eficiente, oportuna e integral’ dentro de los
lineamientos trazados en el plan obligatorio de salud, por medio
de las IPS y médicos que hagan parte de ella o estén vinculados a
la misma por cualquier otra relación jurídica… Por lo tanto, no es
suficiente que se facilite el acceso de los usuarios a los centros de
atención hospitalaria o los especialistas particulares, ya sea que
obren por cuenta de las EPS o como agentes alternos, para que se
entienda cumplido el cometido de éstas dentro del marco de la Ley
100 de 1993 y las demás normas complementarias, toda vez que
su compromiso se extiende a propender porque se logren evitar las
afecciones previsibles y superar satisfactoriamente los
padecimientos detectados, todo ello con prontitud y brindándole al
paciente un trato acorde con la dignidad humana.
Esa situación se evidencia incluso en el Decreto 1485 de 1994…
que en su artículo 2° recalca que las EPS son ‘responsables’ de
‘[a]dministrar el riesgo en salud de sus afiliados…’, además de
‘[o]rganizar y garantizar la prestación de los servicios de salud
previstos en el Plan Obligatorio de Salud, con el fin de obtener el
mejor estado de salud de sus afiliados con cargo a las Unidades
de Pago por Capitación correspondientes’, por lo cual deben
gestionar y coordinar la oferta de servicios de salud… y establecer
procedimientos de garantía de calidad para la atención integral,
eficiente y oportuna de los usuarios en las instituciones
prestadoras de salud (literales b. y d.) (SC2769-2020).
Por lo expuesto, las defensas blandidas no tienen la
aptitud de enervar el débito indemnizatorio.
5.2.2. La enjuiciada también planteó la excepción de
«inexistencia de solidaridad», fundada en la falta de norma
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
111
expresa que consagre este efecto, así como la inexistencia de
un deber objetivo de cuidado.
Respecto a esta cuestión, la Sala tiene una línea
decantada en la que admite que la solidaridad emana de
fuentes diferentes, según la responsabilidad sea contractual
o extracontractual, a saber:
La responsabilidad de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS),
es contractual o extracontractual. Con relación al afiliado o
usuario, la afiliación, para estos efectos, materializa un contrato,
y por tanto, en línea de principio, la responsabilidad es
contractual, naturaleza expresamente prevista en los artículos 183
de la Ley 100 de 1983 que prohíbe a las EPS “en forma unilateral,
terminar la relación contractual con sus afiliados”, y los artículos
16 y 17 del Decreto 1485 de 1994, relativos a los “contratos de
afiliación para la prestación del Plan Obligatorio de Salud que
suscriban las Entidades Promotoras de Salud con sus afiliados” y
los planes complementarios. Contrario sensu, la responsabilidad
en que pueden incurrir las Entidades Promotoras de Salud (EPS)
respecto de terceros perjudicados por los daños al afiliado o
usuario con ocasión de la prestación de los servicios médicos del
plan obligatorio de salud, es extracontractual (…) Ahora, cuando
se ocasiona el daño por varias personas o, en cuya
causación intervienen varios agentes o autores, todos son
solidariamente responsables frente a la víctima (art. 2344,
Código Civil; cas. civ. sentencias de 30 de enero de 2001,
exp. 5507, septiembre 11 de 2002, exp. 6430; 18 de mayo
de 2005, SC-084-2005], exp. 14415) (negrilla fuera de texto,
SC8219-2016, reitera SC, 17 nov. 2008 rad. n.° 1999-00533-01).
Retomado en época cercana:
[L]a prestación de los servicios de salud garantizados por las
Entidades Promotoras de Salud (EPS), no excluye la
responsabilidad legal que les corresponde cuando los prestan a
través de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o de
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
112
profesionales mediante contratos reguladores sólo de su relación
jurídica con aquéllas y éstos. Por lo tanto, a no dudarlo, la
prestación del servicio de salud deficiente, irregular, inoportuna,
lesiva de la calidad exigible y de la lex artis, compromete la
responsabilidad civil de las Entidades Prestadoras de Salud y
prestándolos mediante contratación con Instituciones Prestadoras
de Salud u otros profesionales, son todas solidariamente
responsables por los daños causados, especialmente, en
caso de muerte o lesiones a la salud de las personas (negrilla
fuera de texto, SC3919-2021).
Dicho en breve, la solidaridad brota, tratándose de la
responsabilidad médica contractual, de la participación
colectiva e indisoluble de múltiples actores, frente a la
producción del hecho dañoso; mientras que en la
extracontractual de la aplicación directa del artículo 2344 del
Código Civil.
De esta forma queda desdicha la alegación que, en
sentido contrario, planteó la entidad prestadora de salud.
5.3. La Previsora S.A. Compañía de Seguros se opuso a
la prosperidad de la demanda principal, por considerar que
se configuraron las defensas de:
5.3.1. «prescripción» e «inexistencia de nexo causal», las
que, por ya haberse analizado en la presente determinación,
resulta innecesario efectuar reflexiones adicionales para
rehusar su prosperidad.
5.3.2. «oposición al lucro cesante de la menor por ser un
presunto daño incierto y exagerada pretensión de perjuicios»,
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
113
por cuanto resulta incierto que la víctima llegará a la mayoría
de edad y que alcanzará la edad de supervivencia.
Materia frente a la cual se tiene dicho, como se dejó en
claro en la parte general de este proveído, que el principio de
reparación integral impone resarcir todos los deméritos que
razonablemente puedan preverse, conforme al curso normal
de los acontecimientos; que es precisamente lo que sucede
frente a la pérdida de capacidad laboral de menores de 18
años de edad, pues lo normal es que, al alcanzar edad
productiva, realizarán actividades redituables que le
permitan subsistir y realizarse dentro de la sociedad, hasta
tanto fallezca, lo cual se determina conforme a la esperanza
de vida.
Es cierto que pueden presentarse circunstancias que
alteren o impidan este desenlace, pero su ocurrencia es
excepcional, en tanto no es lo que regularmente acontece. De
allí que se abra paso al reconocimiento del lucro cesante
pasado y futuro, tasado con base en el salario mínimo legal
mensual vigente.
En consecuencia, la defensa blandida deviene contraria
al entendimiento jurisprudencial actual de la materia.
5.4. De esta forma se desprende que las excepciones
propuestas no tienen la potencialidad de enervar la
indemnización suplicada ante la jurisdicción, sin que
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
114
refuljan los supuestos que permitan la declaración de oficio
de alguna adicional.
Se abre así paso que deba accederse a las pretensiones,
en cuanto hace a los daños probados, ordenando el pago de
la reparación a que haya lugar, de lo cual se dará cuenta en
el acápite resolutivo de esta sentencia sustitutiva.
6. Cuantificación de los daños reclamados.
6.1. Lucro cesante de Valentina Morales.
6.1.1. Para determinar esta condena se tendrán en
cuenta los supuestos que se enumeran:
(I) Inicio de la afectación: 8 de agosto de 2016, por
cuanto, como ya se explicó, para este día se probó que podía
realizar labores redituables por alcanzar la mayoría de edad.
(II) Finalización del demérito: según la Resolución 1555
de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia,
regla aplicable ante la ausencia de otros instrumentos
persuasivos en la foliatura, la vida probable de Valentina
Morales, tomando en consideración las fechas de nacimiento
y en que principió la afectación, es de 67.1 años adicionales,
equivalentes a 804.12 meses.
(III) Ingresos: por estar en discusión la situación de una
persona que, al momento de demandar, era menor de 18
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
115
años, para tasar el lucro cesante se acudirá al salario mínimo
legal mensual vigente para la fecha de esta decisión, esto es,
$1.423.500, en garantía de la actualización monetaria
respectiva, como ha procedido esta Corporación en casos
análogos:
En ese orden, corresponde a la Sala establecer el ingreso mensual
base de la liquidación, para lo cual, tal como se ha señalado en
anteriores oportunidades, debe acogerse el salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de esta sentencia, por cuanto tiene
implícita «la pérdida del poder adquisitivo del peso (…), ya que
hasta ahora se haría efectiva la indemnización (CSJ SC, 25 Oct.
1994, G.J. t. CCXXXI pág. 870; en el mismo sentido: CSJ SC071-
99, 7 Oct. 1999, Rad. 5002; CSJ SC, 6 Ago. 2009, Rad. 1994-
01268-01; CSJ SC5885-2016, 6 May. 2016, Rad. 2004-00032-01
y CSJ SC15996-2016, 29 Nov. 2016, Rad. 2005-00488-01)
(SC20950-2017).
A este valor se sumará el 25%, por concepto de
prestaciones sociales, en atención a que la base de la
tasación es salarial, lo que arroja como resultado
$1.779.375.
(IV) Pérdida de capacidad laboral: según el Dictamen de
determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y
ocupacional, la «[p]érdida de la capacidad laboral y otras
áreas ocupaciones» de la víctima es del «20.00%».
Dictamen que, si bien data del 16 de septiembre de
2021, se tendrá en consideración para todo el período a
indemnizar, ante la ausencia de probanzas que permitan
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
116
establecer si, entre el 8 de agosto de 2016 y esta fecha, la
pérdida de capacidad era superior.
Esto se traduce en que, del total de ingresos, Valentina
Morales se privó, y privará, de un 20%, por lo que sobre esta
última cifra se harán los cálculos: $1.779.375 𝑥 20% =
$355.875.
6.1.2. Lucro cesante pasado
Como ya se explicó, la fórmula a aplicar es: 𝑉. 𝐴. =
𝐿. 𝐶. 𝐼. 𝑥 𝑆𝑛. El Sn se determina según este procedimiento:
𝑆𝑛 =
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖
i corresponde a 0.004867, y n a 99,76, por corresponder
a los meses transcurridos entre el 8 de agosto de 2016 y el
31 diciembre de 2024 -fecha más próxima a la aprobación
por Sala-, luego
𝑆𝑛 =
(1 + 0.004867)99,76 − 1
0.004867
𝑆𝑛 = 128,0309126
Por tanto,
𝑉. 𝐴. = $355.875 𝑥 128,0309126
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
117
𝑉. 𝐴. = $ 45.563.001
6.1.3. Lucro cesante futuro
Se aplica la fórmula 𝑉. 𝐴. = 𝐿. 𝐶. 𝐼. 𝑥 𝑆𝑛. El Sn, a su vez, se
calcula así:
𝑆𝑛. =
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑛
i corresponde a 0.004867; y n equivale a 704,35, que
se obtienen de restar, a los meses tocantes a la vida probable
- 804,12 meses-, el período consolidado del lucro cesante
pasado - 99,7666667 meses-.
𝑆𝑛. =
(1 + 0.004867) 704,35 − 1
0.004867 ∗ (1 + 0.004867) 704,35
𝑆𝑛 = 198,7424674
Por tanto,
𝑉. 𝐴. = $355.875 𝑥 198,7424674
𝑉. 𝐴. = $70.727.476
6.2. Lucro cesante de Luz Marina Zuluaga.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
118
6.2.1. Para determinar esta condena se tendrán en
cuenta los supuestos que se enumeran:
(I) Inicio de la afectación: 9 de agosto de 2001, fecha en
la entonces menor de 18 años presentó hipoxia severa y paro
cardiorrespiratorio, según la historia clínica de urgencias
pediátricas (folio 125 del archivo digital Cua.Principal(1-
622).pdf).
(II) Finalización del demérito: corresponde a la data en
que se demostró que Valentina Morales podía valerse por sí
misma, huelga decirlo, el 17 de septiembre de 2021, fecha
del dictamen en que se señaló que era no dependiente.
(III) Ingresos: ante la ausencia de otros instrumentos
persuasivos se acudirá al salario mínimo legal mensual
vigente para la fecha de esta decisión, en garantía de la
actualización monetaria respectiva. A este monto se le
sumará el 25% por prestaciones sociales, dado que la base
de cálculo son ingresos laborales:
$1.423.500 𝑥 25% = $1.779.375
(IV) Porcentaje a reconocer: las reglas de la experiencia
indican que, de haber laborado Luz Marina Zuluaga, habría
tenido que efectuar erogaciones para ejecutar esta
ocupación, lo que habría mermado los ingresos
efectivamente percibidos. En consecuencia, y orden a
garantizar la justicia del caso concreto, del total de ingresos
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
119
se deducirá el 25%, que se estima por equidad corresponde
a lo requerido por la demandante para sufragar sus gastos
de transporte, vestuario y adicionales, necesarios para
desarrollar un quehacer redituable.
También se descontará otro 25%, al abrigo del mismo
principio, para compensar lo que Luz Marina Zuluaga habría
tenido que gastar para el cuidado de sus hijas, mientras ella
trabajaba, en especial, después de la finalización de la
jornada escolar y en las temporadas vacacionales.
La base del cálculo, así las cosas, será de $889.688,
que se obtiene de deducir el 50% de $1.779.375.
6.2.2. La fórmula a aplicar es: 𝑉. 𝐴. = 𝐿. 𝐶. 𝐼. 𝑥 𝑆𝑛. El Sn,
a su vez, se calcula así:
𝑆𝑛 =
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖
i equivale a 0.004867. n a 241,2333333, que
corresponde a los meses transcurridos entre el 9 de agosto
de 2001 y el 16 de septiembre de 2021, luego
𝑆𝑛 =
(1 + 0.004867)241,2333333 − 1
0.004867
𝑆𝑛 = 457,3604723
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
120
Por tanto,
𝑉. 𝐴. = $889.688 𝑥 457,3604723
𝑉. 𝐴. = $406.907.895
6.3. Daño moral.
6.3.1. Para determinar estas codenas se tendrán en
cuenta estos supuestos:
(I) La afectación de Valentina Morales, de forma
inmediata al error médico, fue muy grave, por traducirse en
restricciones físicas y mentales intensas. Sin embargo, en la
actualidad, estos efectos se han morigerado, fruto de los
exitosos tratamientos médicos y psicológicos.
(II) Luz Marina Zuluaga Orozco es pariente de Valentina
Morales en primer grado de consanguinidad -madre-, Valeria
Morales y Orfa Lucia Orozco lo son en segundo -hermana y
abuela, respectivamente-.
(III) Según la jurisprudencia vigente, y la actualización
que por este proveído se efectúa, el parámetro que se tendrá
en cuenta para tasar el daño moral por afectaciones
corporales y/o mentales graves es de 100 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
121
6.3.2. Como la situación que aquejó a Valentina
Morales le comportó efectos mayúsculos, los cuales se han
reducido después de 20 años, que sin duda produjeron, y
producen, pesadumbre y desdicha, por comportar
inseguridades, incomprensibilidad y extrañeza, se tasa el
daño moral de aquélla en 70 s.m.l.m.v.
6.3.3. El daño moral de Luz Marina Zuluaga Orozco, en
su calidad de progenitora de Valentina Morales, revistió
mucha intensidad, al experimentar la involución psicomotor
de su hija y soportar las angustias de una lenta mejoría,
aunque mediada por la satisfacción de los avances que
trajeron los tratamientos. Por estas razones se tasa el
demérito en 50 s.m.l.m.v.
6.3.4. La afectación a los sentimientos de Valeria
Morales y Orfa Lucina Orozco, se fija en 25 s.m.l.m.v., para
cada una, correspondiente al 50% del fijado para la
progenitora, como ha sido la usanza en la jurisprudencia de
la Corporación.
6.4. Daño a la vida de relación -o al agrado-.
6.4.1. Son supuestos para establecer las condenas por
este concepto:
(I) Valentina Morales, con ocasión del paro
cardiorrespiratorio y consecuente hipoxia cerebral, perdió
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
122
temporalmente la mayoría de las posibilidades de interactuar
con el entorno, situación que se revirtió, aunque con lentitud.
(II) El parámetro que ha servido a la Sala para este
demérito, debidamente actualizado conforme se explicó en
este veredicto, corresponde a 200 s.m.l.m.v.
6.4.2. Considerando que Valentina Morales perdió sus
habilidades motoras por varios meses, que en su niñez vivió
restricciones para interactuar con congéneres de la misma
edad, y que en su juventud no pudo relacionarse
adecuadamente, se tasa el daño a la vida de relación -o al
agrado- en 100 s.m.l.m.v.
6.4.3. Como Luz Marina Zuluaga Orozco perdió la
oportunidad de realizar actividades lúdicas y de
esparcimiento, por dedicarse a la atención de su hija, y vió
cercenada la posibilidad de interrelacionarse con ésta en
condiciones de normalidad, su afectación a la vida en
relación se fija en 50 s.m.l.m.v.
6.4.4. El daño a Valeria Morales, por perturbarse la
relación de hermandad con su colateral, que mutó hacia un
vínculo de autoridad y cuidado, se determina el daño a la
vida de relación -o al agrado- en 20 s.m.l.m.v.
6.5. Daño a la salud.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
123
6.5.1. Comprobada la afectación a la salud de
Valentina Morales, con repercusiones que permanecen, es
menester ordenar a las accionadas que salvaguarden el
ejercicio efectivo de este derecho fundamental.
Para estos fines, se impone que asuman el tratamiento
integral requerido por aquélla, hasta el momento en que
resulte necesario para lograr su completa rehabilitación o
readaptación.
Las enjuiciadas, por tanto, deberán proveer
directamente a Valentina Morales sus terapias y/o
tratamientos, así como el suministro de medicación, sin
cobrar por estos servicios o exigir el pago de cuotas
moderadoras, hasta tanto lo aconseje la ciencia médica
aceptada y comprobada.
Orden que resulta procedente en tanto Pediatras
Asociados Ltda., por integrar el sistema de seguridad social
en salud, pueden prestar los servicios médicos requeridos,
siendo excesivo y contrario a la buena fe que se adopte una
determinación diferente, como la imposición de su pago en
favor de un tercero o la fijación de una condena dineraria.
6.5.2. Con el fin de evitar una doble indemnización, se
denegará el pedimento efectuado por la demandante para
que se imponga una condena patrimonial de 1.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, en restablecimiento del
derecho a la salud de Valentina Morales.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
124
Total, «[l]a prohibición de doble indemnización… repele
cualquier ventaja que la víctima obtenga del hecho dañoso,
diferente al restablecimiento del statu quo: ‘La indemnización
del daño patrimonial tiene como fin remediar el detrimento
económico sufrido por la víctima, por lo que una condena
excesiva puede ser fuente de riqueza o ganancia injustificada’
(CSJ, SC10297, 5 ag. 2014, rad. n.° 2003-00660-01)» (SC282-
2021).
Significa que, una vez reparado el agravio sufrido por la
víctima, por medio de la instrucción para que se le dispense
la atención médica que llegue a requerir con ocasión del yerro
médico que dio lugar al presente litigio, no proceden otras
indemnizaciones por el mismo concepto, so pena de
desquiciar la finalidad de la responsabilidad.
7. Llamamiento en garantía.
7.1. Antecedentes.
(I) Recuérdese que Sociedad Pediatras Asociados Ltda.
llamó en garantía a Previsora S.A. - Compañía de Seguros,
con el fin de que se le ordene que pague la indemnización a
que fuere condenada o, subsidiariamente, que salga en
liberación de aquélla, con fundamento en la póliza
Previhospital Multiriesgo n.° 1001001.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
125
Señaló, como fundamento, que el contrato de seguro
tiene una cobertura básica de $100.000.000, con un
deducible del 10%, que ampara la responsabilidad médica
derivada de la prestación de servicio de salud.
(II) La llamada, después de su vinculación al trámite,
aceptó ser parte del contrato de seguro, su vigencia, las
coberturas y amparos, pero se opuso al éxito del llamamiento
con fundamento en las defensas intituladas «prescripción»,
«inexistencia de la obligación de indemnizar por parte de la
Previsora S.A. Compañía de Seguros, por ausencia de falla en
el servicio de nuestro llamante», «límite de responsabilidad de
la llamada en garantía, respecto del valor asegurado» y
«condiciones generales y exclusiones de la póliza».
7.2. Relación negocial entre Pediatras Asociados
Ltda. y Previsora S.A.
7.2.1. Según la póliza n.° 1001001, denominada
«Seguro Previhospital Póliza Multiriesgo», se celebró contrato
de seguro entre «Pediatras Asociados Ltda. - Clínica del Ni¥o»
(sic), en calidad de tomador y asegurado, con La Previsora
S.A., con vigencia del 15 de enero de 2001 al 15 de enero de
2002 (folio 536 del archivo digital Cua.Principal(1-622).pdf).
Los «amparos contratados» incluyen, entre otros,
«responsabilidad civil… cobertura R.C. extracontractual…
valor asegurado… 200,000,000.00», discriminados así:
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
126
Según la sección II de las «condiciones generales», la
aseguradora se obligó a indemnizar «los perjuicios
patrimoniales y morales, los daños materiales y las lesiones
personales que el asegurado cause con motivo de determinada
responsabilidad civil profesional y extracontractual en que
incurra de acuerdo con la ley», incluyendo la responsabilidad
civil profesional ocurrida por
a. Actos u omisiones cometidas en ejercicio de una actividad
profesional médica por personal médico, paramédico o médico
auxiliar (médicos, practicantes, enfermeras, etc.), al servicio y bajo
la supervisión del asegurado.
b. Actos u omisiones cometidas en ejercicio de una actividad
profesional médica por los médicos adscritos o autorizados por el
asegurado mediante un convenio especial (folio 548).
También se amparó la responsabilidad civil
extracontractual por «las operaciones que lleve a cabo el
asegurado en desarrollo de las actividades que le son
inherentes en el giro normal de los negocios» (folio 549).
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
127
Se previó adicionalmente que, «[e]l límite máximo de
responsabilidad, asumido por La Previsora al producirse
cualquiera de los eventos amparados en esta sección, será el
que se encuentra estipulado en la carátula de la presente
Póliza», y que, de presentarse «durante la vigencia de la póliza
dos o más acontecimientos constitutivos de sinestros, la
responsabilidad máxima… no podrá exceder los límites
globales indicados en la carátula de la presente póliza».
7.2.2. Refulge de las transcripciones realizadas que el
seguro contratado es del esquema de ocurrencia del daño o
losses ocurrence, que se caracteriza porque se amparan los
riesgos que acaezcan dentro de los límites temporales del
contrato, con independencia de la fecha en que sean
descubiertos o reclamados, siempre que no haya operado el
fenómeno de la prescripción.
En estos seguros, para que opere la cobertura, basta
que el daño acaezca -ocurra- dentro de la vigencia dispuesta
para el negocio jurídico (cfr. SC10300-2017). Dicho de otra
forma, la «cobertura temporal» está vinculada a «la fecha de
ocurrencia del hecho o de la pérdida (losses ocurrence)»
(SC130-2018).
7.2.3. Las partes convinieron el aseguramiento, entre
otros, de los riesgos originados en las acciones u omisiones
de los profesionales médicos, o de cualquier otra operación
que sea desarrollada por el asegurado dentro de sus
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
128
actividades normales, que den lugar a responsabilidad civil
profesional y/o extracontractual.
Así se extrae de la hoja 2 de la carátula de la póliza, en
que se incluyó como amparos la responsabilidad
extracontractual y la responsabilidad civil «clínicas y
hospitales». De la misma forma, en la sección II de las
condiciones generales se indicó que los amparos incluyen la
«responsabilidad civil profesional» y la «responsabilidad civil
extracontractual».
Entiéndase por responsabilidad profesional la suscitada
en el ejercicio directo de la actividad médica, por parte del
facultativo que se encuentre al servicio y bajo supervisión de
Pediatras Asociados Ltda. – Clínica del Niño (condición
primera de la sección II de las condiciones generales).
Excluyéndose los «daños derivados del ejercicio de una
profesión médica con fines diferentes al diagnóstico o a la
terapéutica» (numeral 12 ibidem) y los daños indirectos
(numeral 17). Y por responsabilidad extracontractual los que
brotan de otras fuentes, como el uso de inmuebles, vehículos
automotores, avisos y vallas, viajes, y, en general, de
operaciones vinculadas a actividades propias del giro normal
de negocios.
7.2.4. La suma asegurada, tratándose de
responsabilidad civil profesional, es de $100.000.000, con un
deducible del 10% de la pérdida y mínimo $500.000 por
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
129
evento. Para la responsabilidad extracontractual de
$200.000.000, con igual deducible.
7.3. Configuración del siniestro.
La situación acaecida alrededor de la atención médica
de Valentina Morales, en los meses de julio y agosto de 2001,
encaja dentro de los eventos asegurados en el contrato
celebrado entre Pediatras Asociados Ltda. y Previsora S.A.,
como se explaya.
7.3.1. Los hechos que constituyen error de diagnóstico,
ocurrieron los primeros días de agosto de 2001, fecha para
la que se encontraba vigente la póliza n.° 1001001, que
principió el 15 de enero de ese año y terminó hasta el
siguiente.
7.3.2. Los galenos que fallaron en sus deberes
profesionales eran dependientes de la Clínica del Niño,
establecimiento asegurado conforme a la póliza, como se
extrae de la contestación a la demanda principal realizada
por Pediatras Asociados Ltda., en la que esta sociedad aceptó
que era la prestadora del servicio, lo que equivale a reconocer
el vínculo directo con los médicos.
En igual orientación se expresó María Claudia Flórez
Aristizábal, pediatra encargada de la atención de Valentina
Morales el 1 de agosto de 2001, que al declarar admitió que
tuvo relación «con la clínica del niño, propiedad de Pediatras
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130
Asociados», porque «trabaj[ó] ahí del 2001 hasta el año 2010»
(folio 703 del Cua.Principal(1-622).pdf).
7.3.3. El hecho antijurídico corresponde a una omisión
en el ejercicio de la actividad médica, consistente en la falta
de pericia de los galenos para identificar una infección
oculta, y en su negligencia por no correlacionar la
sintomatología con los antecedentes médicos.
Riesgo expresamente cubierto en la póliza, al abrigo del
amparo por responsabilidad profesional, por referirse a
«[a]ctos u omisiones cometidos en ejercicio de una actividad
profesional médica por personal médico» (literal a. del
numeral 1 de la sección II de las condiciones generales).
Así mismo, la conducta reprochada encaja dentro de los
supuestos del amparo por responsabilidad extracontractual
(literal b. del numeral 2 ejusdem), por corresponder a una
operación propia del giro de los negocios de la clínica, en
tanto su objeto social es «la prestación de servicios médicos
quirúrgicos a entidades públicas o privadas, personas
naturales o jurídicas», según el certificado de existencia y
representación legal aportado con el libelo genitor del proceso
(folio 116 del archivo digital Cua.Principal(1-622).pdf).
7.4. Obligación de la aseguradora.
7.4.1. La llamada en garantía, por haberse configurado
el siniestro amparado, debe indemnizar los perjuicios
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
131
causados por Pediatras Asociados Ltda. en la atención de
Valentina Morales. Por responsabilidad profesional en
cuanto hace a la afectada en su salud; por responsabilidad
extracontractual, en cuanto corresponde a Luz Marina
Zuluaga Orozco, Valeria Morales y Orfa Lucina Orozco Prado.
7.4.2. Dados los límites establecidos como sumas
aseguradas, el deber de la aseguradora se acotará a
$300.000.000, resultante de sumar $200.000.000 como
valor asegurado por responsabilidad extracontractual, y
$100.000.000 por responsabilidad civil clínicas y hospitales,
a pesar de que la sumatoria de las condenas sea más alta.
Importe al que habrá de reducirse el deducible, pactado
en 10.00% del valor de la pérdida, que se traduce en una
disminución de $30.000.000.
7.4.3. La condena por $270.000.000 deberá ser
pagada, por la aseguradora, directamente a las víctimas del
suceso dañoso, por aplicación del artículo 1127 del Código
de Comercio.
7.4.3.1. La ley 45 de 1990 comportó importantes
cambios regulatorios en el seguro de responsabilidad, para
modernizar su funcionamiento y responder adecuadamente
a las necesidades de una sociedad industrializada y
despersonalizada.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
132
Dentro de los múltiples ajustes, el legislador estableció
que el beneficiario de este tipo de seguro, no sólo debe ser el
tomador, sino que también comprende a la víctima del suceso
dañoso, haciéndola acreedora directa del débito aseguraticio.
Así lo previene el artículo 84 de la ley 54 de 1990, que
subrogó el canon 1127 del estatuto de los comerciantes, al
señalar que en este tipo de convenciones se «impone a cargo
del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios
patrimoniales que cause el asegurado… y tiene como
propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal
virtud se constituye en el beneficiario de las
prestaciones que se le reconozcan al asegurado» (negrilla
fuera de texto).
Significa que las personas perjudicadas, ante la
existencia de un seguro de responsabilidad que ampare la
responsabilidad del victimario, se vuelven titulares de la
prestación a cargo de la aseguradora, imponiéndose que ésta
solvente el crédito en su favor sin más intermediarios.
Así fue plasmado en la exposición de motivos de la ley:
El incremento de actividades industriales, comerciales y
profesionales, con su correlativo aumento de capacidad de
generación de daño, hacen que el seguro de responsabilidad civil
cumpla una función preventiva y reparadora que evita la lesión
patrimonial del asegurado causante del hecho dañoso y protege a
los damnificados. Acogiendo tendencias del derecho comparado,
el proyecto introduce dos enmiendas fundamentales: de una
parte, la conversión del damnificado en el beneficiario de
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
133
la indemnización que tenga como fuente un seguro de
responsabilidad civil, con ocasión de determinada
responsabilidad en que incurra el asegurado, y por la otra, la
consagración legal de que dicho seguro es un contrato a
favor de terceros y que, en tal virtud, los damnificados
tienen acción directa contra el asegurador (negrilla fuera de
texto).
No en vano el artículo 87 de la ley 45 de 1990, que
subrogó el precepto 1133 del Código de Comercio, consagró
una acción directa de la víctima contra el asegurador, siendo
posible que en un único proceso se demuestre «la
responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización
del asegurador».
Refiriéndose a estos preceptos, la Sala fijó como
derrotero:
En el estadio actual se le asigna otro rol al seguro de
responsabilidad civil, pues ha cambiado sustancialmente el
principio por el cual la obligación del asegurador era la de
“indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado
con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de
acuerdo con la ley” (se subraya), para ser reemplazada por la de
“indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado
con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de
acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la
víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la
indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le
reconozcan al asegurado” (se subraya), conforme a la reforma que
al mentado artículo 1127 del Código de Comercio introdujo el 84
de la ley 45 de 1990.
Como se aprecia, a los seguros de esta clase, en sentido lato, se
les ha otorgado una doble función de la que antes carecían, dado
que, a más de proteger de algún modo y reflejamente el patrimonio
del asegurado, pretenden directamente reparar a la víctima, quien,
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134
de paso, entra a ostentar la calidad de beneficiaria de la
indemnización. Mírese así cómo ésta, y por consiguiente sus
herederos, según el caso, no ocupan la posición de asegurados,
pues su derecho frente al asegurador surge de la propia ley, que
ha dispuesto claramente una prestación en su favor, en calidad de
beneficiarios, aunque circunscrita a los lineamientos trazados por
el contrato de seguro - y en lo pertinente por la misma ley -, de
modo que la víctima, ha de reiterarse, no sólo se tendrá como
beneficiaria de la indemnización - artículo 1127 in fine -, sino que
estará asistida, además, de una acción directa como instrumento
contra el asegurador, como inequívocamente aflora del tenor del
artículo 1133 ejusdem, modificado por el 87 de la ley 45 de 1990,
por el cual “en el seguro de responsabilidad civil los damnificados
tienen acción directa contra el asegurador. Para acreditar su
derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077, la
víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso
demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la
indemnización del asegurador”.
Sobre el particular, en providencia de la misma fecha, la Sala
expuso que en consonancia “con la orientación legislativa vigente
en materia del seguro de responsabilidad civil, ocurrido el
siniestro, es decir, acaecido el hecho del cual emerge una deuda
de responsabilidad a cargo del asegurado, causante del daño
irrogado a la víctima - artículo 1131 del Código de Comercio -,
surge para el perjudicado el derecho de reclamarle al asegurador
de la responsabilidad civil de aquél, la indemnización de los
perjuicios patrimoniales experimentados, derecho que en
Colombia deriva directamente de la ley, en cuanto lo instituye
como beneficiario del seguro - artículo 1127 ibídem - y que está
delimitado por los términos del contrato y de la propia ley, más
allá de los cuales no está llamado a operar, derecho para cuya
efectividad se le otorga acción directa contra el asegurador -
artículo 1133 ejúsdem - la que constituye entonces una
herramienta de la cual se le dota para hacer valer la prestación
cuya titularidad se le reconoce por ministerio de la ley” (exp. 7614,
no publicada aún oficialmente) (SC, 10 feb. 2005, exp. n.° 7173).
Hermenéutica reiterada prontamente:
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
135
[E]l seguro de responsabilidad civil, con anterioridad a la vigencia
de la ley 45 de 1990, tuvo como norte la protección del patrimonio
del asegurado, de forma tal que su función, en esencia, era
resarcir al patrimonio de éste, los valores o sumas que hubiese
tenido que pagar a la víctima a título de indemnización de
perjuicios y que, por consiguiente, aquél era la única persona
llamada a hacerlo efectivo. Así se deducía del otrora artículo 1127
del Código de Comercio, cuando refiriéndose al seguro de que se
trata, señalaba que él “impone a cargo del asegurador la
obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el
asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que
incurra de acuerdo con la ley” (se subraya), norma en relación con
la cual la Sala recientemente precisó que “el seguro se constituía
en favor del asegurado, por cuanto la prestación asumida por el
asegurador era la de indemnizarlo a él, mas no al tercero
damnificado” (Cas. Civ., sentencia de 10 de febrero de 2005, Exp.
7173), quien, en esa época, no tenía la posibilidad de accionar
directamente contra la aseguradora, según restricción expresa y
categórica que al efecto imponía el artículo 1133 de la misma obra,
a cuyo tenor: “El seguro de responsabilidad civil no es un seguro
a favor de terceros. El damnificado carece en tal virtud, de acción
directa contra el asegurador” (Se subraya).
Procurando estar a tono con las nuevas realidades sociales y
económicas de la vida moderna, caracterizadas, en gran medida,
por un estado de cosas generador de situaciones de riesgo
potencial para los asociados y, por tanto, de nuevas
circunstancias que comprometen la responsabilidad civil, el
legislador de 1990 estimó necesario realizar sustantivas reformas,
entre otras materias, a la aseguraticia y, particularmente, al
seguro de daños, en torno del cual, en el artículo 84 de la ley 45
del citado año, modificatorio del precitado artículo 1127 del
estatuto mercantil, consagró que esta clase de seguros “impone al
asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios
patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada
responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley”; que “tiene
como propósito el resarcimiento de la víctima” y que ésta, “en tal
virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin
perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado”.
Adicionalmente, el artículo 87 de la misma ley, que transformó el
sentido del también mencionado artículo 1133 ibídem, previó que
“En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen
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136
acción directa contra el asegurador” (SC, 29 jun. 2007, rad. n.°
1998-04690-01. En el mismo sentido SC, 8 sep. 2011, rad. n.°
2006-00049-01).
7.4.3.2. En el sub examine, de acuerdo con lo
explicado, la condena en contra de la aseguradora se
impondrá en favor las víctimas, de forma proporcional a la
indemnización a que tienen derecho cada uno de ellas. Para
Valentina morales corresponderá el 100% del valor
asegurado por responsabilidad profesional, para Luz Marina
Zuluaga el 87% de la suma para responsabilidad
extracontractual, para Valeria Morales el 8% de esta última;
y para Orfa Orozco el 5% de la misma.
7.5. Análisis de las excepciones.
7.5.1. Prescripción.
7.5.1.1. La sociedad aseguradora alegó, en su favor,
prescripción, por cuanto se han superado ampliamente los
términos establecidos en el artículo 1081 del Código de
Comercio, considerando que los hechos ocurrieron el 23 de
julio de 2001.
7.5.1.2. Para resolver es menester traer a la memoria el
canon 1131 del Estatuto Comercial, regla especial para el
seguro de responsabilidad, según el cual: «En el seguro de
responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el
momento en que acaezca el hecho externo imputable al
asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
137
respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde
cuando la víctima le formula la petición judicial o
extrajudicial».
Regla incorporada en la ya citada ley 45 de 1990, con el
fin de hacer compatible el aseguramiento de la
responsabilidad, con los cortos tiempos establecidos para
promover las acciones que emergen del contrato de seguro.
Y es que, frente a los elongados plazos para reclamar la
responsabilidad, que pueden llegar hasta los diez años
(artículo 2536 del Código Civil), resulta disonante que la
prescripción de la acción contra la aseguradora sea de dos o
cinco años (artículo 1081 del Código de Comercio), según las
circunstancias del caso.
Para estos fines, si bien se conservan los plazos de
prescripción propios del contrato de seguro, el referido
precepto 1131 estableció que su conteo empieza, para la
víctima, desde el acaecimiento del hecho generador de la
responsabilidad, mientras que, para el asegurado, desde que
es requerido judicial o extrajudicialmente de la
indemnización pretendida.
Dicho de otra forma, para el asegurado, el plazo para
reclamar el débito indemnizatorio de la aseguradora,
principia desde que la víctima le reclama la reparación de los
daños irrogados. Luego, la ocurrencia del siniestro no es
punto de partida para el plazo extintivo, sino que éste queda
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
138
diferido hasta el momento en que la víctima requiera al
victimario, bien de forma extrajudicial, o con la notificación
de la demanda.
La doctrina jurisprudencial es pacífica en este punto:
[A]l ostentar la llamante la calidad de asegurada en las pólizas
que sirvieron de base a la mencionada citación, a la luz del artículo
1131 del Código de Comercio, para ella el término de prescripción
empezaba a correr solo a partir de la notificación de la demanda
formulada en su contra como presunta responsable del daño
irrogado a los promotores, pues al no existir constancia de que con
antelación en forma extrajudicial fue requerida para el mismo
efecto, solo a partir de ese momento puede predicarse con
exactitud que tuvo conocimiento del hecho base de la acción, es
decir, de la responsabilidad civil que se le atribuye, de modo que
allí también nace su derecho a reclamarle a la aseguradora que
acuda al proceso y, de ser el caso, honre sus obligaciones
aseguraticias para la indemnidad de su patrimonio (SC456-2024).
Años antes había fijado como derrotero:
[E]n el ramo de los ‘seguros de responsabilidad civil’ la ley no exige
que el productor del menoscabo primero sea declarado
responsable para que pueda repetir contra el ‘asegurador’, pues
basta con que al menos se la haya formulado una «reclamación»
(judicial o extrajudicial), ya que a partir de ese hito podrá dirigirse
contra la «aseguradora» en virtud del ‘contrato de seguro’; luego,
siendo ello así, como en efecto lo es, mal se haría al computarle la
‘prescripción’ de las ‘acciones’ que puede promover contra su
garante desde época anterior al instante en que el perjudicado le
«reclama» a él como presunto infractor.
Con otras palabras, sin mediar ‘reclamación de la víctima’ el
«asegurado» no puede exhortar al ‘asegurador’ a que le responda
con ocasión del ‘seguro de responsabilidad civil’ contratado, pues
a él nadie le ha pedido nada aún; luego, si lo hace el ‘asegurador’
podrá entonces aducir, con total acierto, que no le es ‘exigible’ la
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
139
satisfacción de la obligación indemnizatoria derivada del ‘seguro’,
puesto que ministerio legis, tal exigibilidad pende inexorablemente
no solo de la realización del ‘hecho externo’ imputable al
‘asegurado’ (el riesgo), cual se materializa con el siniestro, que es
el detonante de la ‘responsabilidad civil’, sino que requerirá
además la condición adicional de que esta se haga valer por «vía
judicial o extrajudicial» contra el agente dañino, es decir, frente al
‘asegurado’ (STC13948-2019).
7.5.1.3. En este contexto, para el 20 de noviembre de
2009, fecha en que Pediatras Asociados Ltda. formuló el
llamamiento en garantía (folio 452 del archivo digital
Cua.Principal(1-622).pdf), no habían transcurrido dos años
desde su enteramiento judicial de la reclamación
indemnizatoria, que se efectuó el 17 de septiembre de ese año
(folio 397 ídem), interrumpiéndose así el fenómeno de la
prescripción extintiva.
Efecto que permaneció inalterado dado que dicha
solicitud fue admitida por auto del 24 de febrero de 2010,
siendo notificado el apoderado judicial de la aseguradora el
18 de marzo de igual anualidad, esto es, dentro de la debida
oportunidad procesal.
En consecuencia, la excepción de prescripción extintiva
se declarará infundada.
7.5.2. Ausencia de falla en el servicio.
7.5.2.1. La Previsora S.A. alegó que la atención médica
se ajustó a las reglas de esta actividad, «de ahí que no podrá
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140
desprenderse ningún tipo de responsabilidad de nuestro
llamante».
7.5.2.2. Esta materia, por haber sido definida al
analizar los elementos de la responsabilidad reclamada, ya
fue resuelta, haciéndose innecesarias reflexiones adicionales
para desestimar esta defensa.
7.5.3. Límite del valor asegurado.
7.5.3.1. La llamada invocó en su favor «el límite de la
cobertura contratada en la póliza por el amparo de RC Clínicas
y Hospitales, sin perjuicio de los pagos que haya efectuado o
que tenga que efectuar la Aseguradora y que afecte el valor
asegurado durante la vigencia afectada de la póliza»
7.5.3.2. Primero conviene insistir, a pesar de la
repetitividad, que, en este caso, deben activarse las
coberturas «extracontractual por ocurrencia» y «r.c. clínicas y
hospitales». Aquélla, para indemnizar los daños irrogados a
Luz Marina Zuluaga Orozco, Valeria Morales Zuluaga y Orfa
Lucina Orozco Prado, fruto del lucro cesante pasado,
demérito moral y a la vida de relación -o al agrado-. La
última, para indemnizar a Valentina Morales por todos los
perjuicios que sufrió por el error médico.
La suma asegurada por el primer amparo se limita a
$200.000.000, y para el segundo a $100.000.000, sobre los
cuales debe restarse el deducible. No procede hacer otros
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141
descuentos, pues la llamada no probó que se hubieran
efectuados pagos a otras víctimas, que minaran la integridad
de la cobertura.
7.5.4. Condiciones y exclusiones de la póliza
7.5.4.1. Deprecó La Previsora S.A. que se tenga «en
cuenta tanto las condiciones generales de la póliza como las
exclusiones allí contenidas».
7.5.4.2. Como ninguna particularización se hizo sobre
la condición general de contratación que se pide sea aplicada,
ni su relevancia para resolver el llamamiento en garantía, la
defensa deviene huera y llamada al fracaso.
Con todo, no aparece manifiesto que se configure
alguno de los motivos de exclusión del débito resarcitorio de
la aseguradora, pues la actividad médica gravitó sobre el
diagnóstico y tratamiento de Valentina Morales, sin
comprometer materias estéticas u otras expresamente
exceptuadas de cobertura.
8. Otras pretensiones.
8.1. El pedimento para que las condenas sean
actualizadas hasta la fecha de la sentencia, ya se satisfizo,
pues la base que se tuvo en consideración para el lucro
cesante fue el salario mínimo legal mensual vigente para este
año, y los parámetros para los daños moral y vida de relación
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142
-o al agrado- también se actualizaron en este fallo conforme
a la equidad y se expresaron en salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Por lo expuesto, no procede hacer pronunciamientos
adicionales sobre este punto.
8.2. La súplica para que se reconozcan intereses del
0.5% mensual fue resuelta de forma indirecta al explicarse el
procedimiento para el cálculo del lucro cesante por pérdida
de ingresos laborales, pues allí se incluyó esta variable para
establecer el guarismo que debe pagarse a Valentina Morales
y Luz Marina Zuluaga.
Sobre las demás condenas no pueden reconocerse
intereses remuneratorios o moratorios, pues la obligación
indemnizatoria encuentra su fuente en la presente
determinación judicial.
8.3. Por último, el pedimento de intereses comerciales
moratorios sobre las sumas reclamadas, a partir del día
siguiente a la ejecutoria de la sentencia, no puede acogerse
en los términos planteados, por desconocer la naturaleza de
la relación subyacente.
No admite duda que «la obligación de reparar[,]
consistente en la satisfacción de una suma de dinero, sólo se
hace exigible con la ejecutoria de la sentencia, de manera que
es con posterioridad a ella que podrían computarse los réditos
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de mora» (SC, 13 may. 2010, rad. n.° 2001-00161-01), por lo
que procede acceder a los mismos a partir de este momento,
como lo pretenden las reclamantes.
Sin embargo, la exhortación para que se acuda al
interés comercial no puede abrirse paso, en tanto el marco
normativo de los empresarios no tiene aplicación en este
caso.
De un lado, por encontrarse pacífico que la
responsabilidad extracontractual es una figura netamente
civil, regulada por la codificación de los privados. Así lo tiene
dicho la Sala: «los preceptos del Código Civil… los que
habilitan la reparación de los daños que una persona infiere a
otra por la comisión de un delito o culpa», por lo que están
llamados a gobernar los casos de este tipo (SC, 30 ag. 2010,
rad. n.° 1999-06826-01)
Por otra parte, tratándose de la responsabilidad médica,
el numeral 5 del artículo 23 del Código de Comercio señala
que «l[a] prestación de servicios inherentes a las profesiones
liberales» no son actos de comercio, haciendo que esta
materia quede gobernada por el Código Civil.
En cuanto hace a los integrantes del sistema de
seguridad social se aplica el mismo racero, puesto que «[e]n
su condición de clientes del sistema, los pacientes se
presentan ante las instituciones prestadoras del servicio de
salud en calidad de usuarios del servicio público de salud que
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
144
administran y promueven las entidades de la seguridad
social, por lo que el vínculo jurídico que surge entre los
usuarios y el sistema de salud entraña una relación especial
de origen legal y reglamentario» (SC13925-2016).
Para determinar el interés que debe reconocerse, es
menester acudir al canon 1617 del Código Civil, que dispone
que «la indemnización de perjuicios por la mora» se sujeta a
«los intereses legales», fijados «en seis por ciento anual».
Intereses que se generarán desde la ejecutoria de la presente
providencia, y hasta que las demandadas satisfagan las
obligaciones surgidas a su cargo en este fallo.
En este punto, conviene rememorar el pensamiento de
este órgano de cierre:
Tórnase como algo indiscutible, que la responsabilidad deducida
por el Tribunal en contra de la demandada es civil y
extracontractual y que, siendo esa su naturaleza, ella está, en
todos sus aspectos, sometida a las normas de ese mismo linaje.
También que, por principio, a tal tipo de responsabilidad no le son
aplicables preceptos de otras disciplinas, como las comerciales,
rectoras, en general, de los comerciantes y de los actos y negocios
mercantiles.
En tal orden de ideas propio es ver, entonces, que, cual lo plantea
la recurrente, la ordenación de intereses causados en relación con
el valor de indemnizaciones derivadas de responsabilidad civil
extracontractual, como es la impuesta en los fallos de instancia
proferidos en este asunto, está sujeta a lo dispuesto en el artículo
1617 del Código Civil, es decir, al interés legal (puro) del 6% anual
que allí se consagra, descartándose, ante esa expresa regulación,
la posibilidad de aplicarse disposición diferente y, menos, la del
artículo 884 del Código de Comercio, que está referida a los
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
145
"negocios mercantiles", siendo ese, por tanto, su exclusivo campo
de aplicación (SC092-2002).
9. Conclusión final.
Prospera el recurso de apelación formulado por la parte
demandante, por encontrarse probados los requisitos de la
responsabilidad reclamada, en punto al lucro cesante, daño
moral, daño a la vida de relación -o al agrado- y daño a la
salud. Debe denegarse parcialmente el demérito por daño
emergente pasado y futuro, y vida de relación de Orfa Lucina
Orozco Prado, por no existir prueba del perjuicio. Las
excepciones de fondo están llamadas a fracasar, por no
enervar la responsabilidad reclamada.
El llamamiento en garantía debe resolverse de forma
favorable a la llamante, ordenándose a la aseguradora que
cancele, directamente a las víctimas, $270.000.000, por
corresponder a la máxima suma asegurada previa
disminución del deducible.
Sobre las condenas se reconocerán intereses civiles,
desde la ejecutoria de este veredicto y hasta el pago efectivo.
Se condenará en costas de ambas instancias a la parte
vencida, las cuales serán tasadas de forma concentrada por
el a quo según el artículo 366 del Código General del Proceso.
Las agencias en derecho de ambas instancias las fija el
magistrado ponente en treinta salarios mínimos legales
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
146
mensuales vigentes, considerando el monto de las
pretensiones reconocidas.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
en sede de segunda instancia resuelve:
Primero. Revocar en su integridad el fallo proferido el
15 de febrero de 2016 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
de Pereira, en el caso de la radicación.
Segundo. Declarar que son civil y solidariamente
responsables Cafesalud E.P.S. -hoy liquidada- y Pediatras
Asociados Ltda., por los perjuicios ocasionados a las
demandantes, con ocasión de los hechos que dieron lugar a
este proceso.
Tercero. Declarar no probadas las excepciones de
mérito formuladas por Cafesalud E.P.S. -hoy liquidada-,
Pediatras Asociados Ltda. y La Previsora Compañía de
Seguros S.A.
Cuarto. Condenar a Cafesalud E.P.S. -hoy liquidada- y
Pediatras Asociados Ltda., a pagar las siguientes sumas,
dentro del término de ejecutoria de esta providencia:
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
147
4.1. En favor de Valentina Morales Zuluaga:
4.1.1. Por lucro cesante pasado $45.563.001
4.1.2. Por lucro cesante futuro $70.727.476.
4.1.3. Por daño moral 70 s.m.l.m.v. a la fecha de esta
sentencia.
4.1.4. Por daño a la vida de relación -o al agrado- 100
s.m.l.m.v. a la fecha de esta sentencia.
4.2. En favor de Luz Marina Zuluaga Orozco:
4.2.1. Por lucro cesante pasado $406.907.895.
4.2.2. Por daño moral 50 s.m.l.m.v. a la fecha de esta
sentencia.
4.2.3. Por daño a la vida de relación -o al agrado- 50
s.m.l.m.v. a la fecha de esta sentencia.
4.3. En favor de Valeria Morales Zuluaga:
4.3.1. Por daño moral 25 s.m.l.m.v. a la fecha de esta
sentencia.
4.3.2. Por daño a la vida de relación -o al agrado- 20
s.m.l.m.v. a la fecha de esta sentencia.
4.4. En favor de Orfa Lucina Orozco Prado:
4.4.1. Por daño moral 25 s.m.l.m.v. a la fecha de esta
sentencia.
Quinto. Condenar a Cafesalud E.P.S. -hoy liquidada- y
Pediatras Asociados Ltda., a proveer a Valentina Morales
Zuluaga sus terapias y/o tratamientos, así como medicación,
sin cobrar por estos servicios o exigir el pago de cuotas
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
148
moderadoras, que guarden relación directa con el error
médico a que se refiere este veredicto y hasta que lo
determine la ciencia médica aceptada y comprobada.
Sexto. Condenar al pago intereses legales civiles del 6%
anual sobre las condenas indicadas en el resuelve cuarto, a
partir de la ejecutoria de esta decisión, y hasta el pago
efectivo.
Séptimo. Denegar los demás perjuicios reclamados,
por las razones explicadas.
Octavo. Condenar a La Previsora Compañía de Seguros
S.A., como llamada en garantía de Pediatras Asociados Ltda.,
a pagar directamente a las demandantes los siguientes
valores, que se imputan a título de pago parcial de la
condenas dinerarias impuestas en el resuelve cuarto, con
cargo a la póliza Previhospital Multiriesgo n.° 1001001:
8.1. En favor de Valentina Morales Zuluaga
$90.000.000.
8.2. En favor de Luz Marina Zuluaga Orozco
$156.735.829.
8.3. En favor de Valeria Morales Zuluaga $14.955.538.
8.4. En favor de Orfa Lucina Orozco $8.308.633.
Noveno. Condenar a Cafesalud E.P.S. -hoy liquidada-,
Pediatras Asociados Ltda. y La Previsora Compañía de
Seguros S.A., en favor de Valentina y Valeria Morales
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
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Zuluaga, Luz Marina Zuluaga Orozco y Orfa Lucina Orozco
Prado, por concepto de costas y agencias en derecho. El
magistrado ponente fija, como agencias de ambas instancias
el equivalente a 30 s.m.l.m.v. a la fecha de esta providencia.
Décimo. En su oportunidad, devuélvase el expediente
al despacho judicial de origen.
Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
(Aclaración de voto)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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Radicación n°. 66001-31-03-004-2013-00141-01
ACLARACIÓN DE VOTO
En el asunto de la referencia, aunque estoy de acuerdo
con la decisión tomada y con el juicioso trabajo investigativo
que se abordó sobre la responsabilidad médica, con el
respeto debido por las decisiones de la mayoría considero mi
deber de aclarar mi voto, en tanto no comparto una de las
afirmaciones contenidas en su parte motiva.
1.- En efecto, en la sentencia se dijo lo siguiente:
La tesis de la «pérdida de oportunidad» también puede aplicarse,
no como un daño autónomo, sino como un criterio de causalidad
en situaciones donde concurren múltiples causas, ninguna de las
cuales puede calificarse como adecuada. En estos casos, si se
comprueba que el error médico tuvo una incidencia decisiva en el
resultado dañoso, se procederá a condenar al personal médico y/o
a la institución prestadora según el porcentaje de participación, la
cual se establecerá conforme a las reglas del arte, de la
probabilidad o, subsidiariamente, de la equidad.
Teoría con una aplicación limitada para los casos en que exista
una incertidumbre causal insuperable, incluso de cumplirse
adecuadamente con la carga de la prueba que pesa sobre las
partes, por no superarse las dudas razonables que se ciernen
sobre el nexo causal. (pp. 43 y 44).
2.- Ya lo dijo el fallo. En Colombia, la obligación de
indemnizar requiere de cuatro componentes esenciales, a
saber: a) una conducta antijurídica; b) un factor de
atribución (subjetivo u objetivo, según el caso); c) un daño
cierto y; d) un nexo causal entre la conducta antijurídica y
el daño.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
151
El último de los elementos mencionados, se le ha
denominado con el apelativo de causalidad y en virtud de ella
únicamente se puede condenar al victimario a reparar a la
víctima, solo si hay una relación entre el hecho pernicioso y
el daño, tanto así que de no haber ocurrido el primero no se
hubiera producido el segundo, no más.
Esto, indefectiblemente, sugiere que, en el curso de los
acontecimientos, puede presentarse un comportamiento
lesivo, sin embargo, no necesariamente, tenga relación con el
menoscabo ocasionado, de ahí que, se descarte de plano la
responsabilidad del agente.
3.- La labor de acreditar el nexo causal la tiene, en
principio, quien reclama la reparación, axioma que se
armoniza con el canon 167 del estatuto adjetivo, según el
cual, «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; entonces, si no
se demuestra que a partir de un hecho nocivo se produjo el
perjuicio, no hay cómo achacarle responsabilidad al
supuesto agente, mucho menos condenarlo a pagar una
indemnización.
Claramente, la tarea de probar esa relación causal no
es fácil, sobre todo en la responsabilidad médica en cuyo
ámbito se pone en duda la profesionalidad del galeno; para
ello, el presunto perjudicado debe acudir en algunas
ocasiones a elaborados dictámenes científicos con el
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
152
propósito de evidenciar que la actividad o inactividad del
personal médico tuvo repercusiones nocivas en su salud.
No siempre se logra el objetivo. Suele ocurrir en los
juicios de responsabilidad civil que se presenten aprietos al
probar el nexo causal hasta el punto que exista
incertidumbre en si la conducta del supuesto victimario fue
la causa del daño padecido por la víctima, verbigracia, que
en tratándose de la responsabilidad médica, la prueba
científica arroje que, por ejemplo, un procedimiento
quirúrgico no haya incidido en la afectación a los bienes del
paciente o, que, probablemente sí.
4.- Para hacer frente a los problemas en la demostración
de esa relación causal, la doctrina jurídica moderna concibió
la llamada «pérdida de la oportunidad o chance» como criterio de
causalidad, que no es otra cosa que «una técnica a la que se acude
para salvar las dificultades de la prueba del nexo causal en el ámbito de
la responsabilidad por daños»15.
Se habla de «pérdida de oportunidad» a la expectativa o
posibilidad que tenía una persona para obtener un bien, una
ventaja o beneficio, pero que se vio malograda por el accionar
de un agente. Así, cuando hay la incertidumbre en el nexo
causal algunos ordenamientos aplican esta figura (vr.
Francia y España), claro está que, esa incertidumbre afecta,
bien, al presunto victimario cuando existe una conexión
15 ÁLVAREZ LATA, Natalia, et al. Tratado de Responsabilidad Civil. Editorial
Thomson Reuters, 2014. España. Página 830. Tomo I.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
153
dudosa entre la actividad y el daño condenándolo a pagar
una indemnización, ora, a la víctima, en el caso de exonerar
al supuesto autor del hecho antijurídico.
Según esta doctrina, esa incertidumbre es cualificada,
pues, en primer lugar, deber ser estricta, esto es, la presencia
de una contingencia altamente seria de que el suceso lesivo
ocurrió y tan solo mínimamente probable de que fue
realizado por el victimario. En segundo término, tiene que ser
irreversible, es decir, la pérdida de oportunidad de que
gozaba la víctima efectivamente se vio sacrificada o frustrada.
Por último, la incertidumbre ha de ser intrínseca, valga
anotar, no patrocinada por la víctima.
En últimas, según la doctrina extranjera, «[l]a teoría de la
pérdida de oportunidad se aplica de este modo a supuestos de falta de
prueba del nexo causal, cuando el perjudicado, después de agotar los
recursos que tenía a su disposición, sólo consigue demostrar que las
posibilidades de consecución de una ventaja habrían sido serias y reales
de no haber intervenido el hecho ilícito. Es la idea de que la teoría de la
chance entra en juego únicamente en supuestos de imposibilidad
material de prueba»16.
5.- En el pasado la Corte, a modo de ilustración habló
acerca de la pérdida de oportunidad como criterio de
causalidad. Al respecto, dijo lo siguiente:
[O]tra percepción tiene la doctrina de la pérdida de una
oportunidad, como un mecanismo de facilitación probatoria de
16 Ibídem. Pp. 840 y 841.
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154
origen jurisprudencial (se cita, el célebre arrêt de la Cour de
Cassasation Francesa, de 17 de julio de 1889, S.1891, I.399)
identificando el proceso causal en relación con la determinación e
individuación del interés destruido (Probabilistic Causation, cfr.
Joseph H. KING, Jr., Causation, Valuation and Chance in Personal
Injury Torts Involving Preexisting Conditions and Future
Consequences, 90 Yale Law Journal 1353, 1981).
En tiempos recientes, la pérdida de una oportunidad comporta a
la reparación proporcional, parcial, fraccionada o probabilística
con distribución equilibrada, armónica y coherente de la
incertidumbre causal de un resultado dañoso probable, evitando
por un lado, la injusticia de no repararlo, y por otro lado, la
reparación plena cuando no hay certeza absoluta sino la
probabilidad razonable respecto a que un determinado evento,
hecho o comportamiento pudo o no causarlo (Luis Medina Alcoz, La
teoría de la pérdida de oportunidad. Estudio doctrinal y
jurisprudencial de Derecho de daños público y privado,
Thomson/Civitas, Cizur Menor, 2007) (CSJ SC, 9 sep. 2010,
rad. 2005-00103-01).
Y, más recientemente, esta Sala expuso que:
Cuando la probabilidad es nula, escasa o insignificante, la víctima
no tiene derecho a indemnización porque no puede afirmarse el
nexo de causalidad ni se está ante un supuesto de estricta
incertidumbre al que pueda aplicarse la doctrina de la pérdida de
oportunidad. Cuando esa probabilidad es alta o suficiente, la
víctima tiene derecho a una reparación total porque hay lazo
causal, sin que pueda tampoco entrar en juego la doctrina del
chance. Cuando la probabilidad no es insignificante, pero tampoco
es alta, es decir, cuando las posibilidades de que la víctima
hubiera conseguido la ventaja son serias y reales, pero
insuficientes para tener por cierto el hecho causal, la víctima puede
tener derecho a un resarcimiento (parcial) en concepto de chance
irreversiblemente sacrificada (SC456-2024).
6.- Precisamente, en este último caso, me aparté de la
decisión mayoritaria, porque en el asunto estudiado la teoría
de la pérdida de la oportunidad no tenía cabida, debido al
abundante material suasorio que descartaba la existencia de
un nexo causal entre el menoscabo soportado por la víctima
y la actividad de los galenos demandados.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
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En esencia, la pérdida de oportunidad como criterio de
causalidad es un juego de probabilidades, que deja
completamente de lado la certeza. En mi opinión, no es
conveniente, por ahora, la aplicación de esa doctrina, por
varias razones:
6.1- En primer lugar, el sistema jurídico de la
responsabilidad civil, se soporta, como se mencionó en la
providencia, en estos pilares fundamentales: i) Una situación
antijurídica; ii) Un factor de atribución (subjetivo u objetivo,
según el caso); iii) Un menoscabo y; d) Un nexo causal entre
la conducta antijurídica y el daño.
La falta de demostración del nexo causal, sin duda,
conlleva a la negativa a acceder a las pretensiones de la
demanda. Si no existe certeza entre la actividad y el
detrimento, el juez debe descartar la responsabilidad del
enjuiciado, no puede quedar a su arbitrio el determinar si
hay una probabilidad o no de que el daño padecido por la
víctima fue ocasionado por la conducta del agente. Eso sería
tanto como buscar siempre un culpable donde no puede
haberlo, incluso, es tan cuestionable esta figura jurídica que
la doctrina foránea ha dicho que su «utilización contradice un
postulado básico del Derecho de daños: incurre en responsabilidad quien
causó un daño, no alguien del que sólo se sabe que pudo ocasionarlo»17.
17 Ídem. p. 843.
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
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6.2.- El artículo 164 del Código General del Proceso
impone que todas las decisiones judiciales deben fundarse
en las «pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso» y,
enseguida, el canon 166 ibídem ordena que «incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen».
El uso de la pérdida de oportunidad, eventualmente,
pondría en entredicho estos dos postulados, de un lado,
porque si los medios suasorios no son suficientes para
acreditar con cierta convicción el nexo causal en los juicios
de responsabilidad, debería el juez procurar hacer efectivo la
facultad deber que el propio legislador le ha conferido
decretando pruebas de oficio para despejar esa zona de
penumbra, incluso, acudiendo a la carga dinámica de la
prueba cuando advierta que una de las partes está en mejor
condición de probar el hecho oscuro, para de esto modo
procurar lograr esa tutela judicial efectiva, que cobra tanta
relevancia en juicios los juicios de responsabilidad, debido a
la naturaleza reparatoria de estos.
Caso contrario, si pese a tales esfuerzos probatorios, no
se puede poner de relieve ese presupuesto esencial de la
acción deberá negar de plano las aspiraciones de la
demanda, en vez de basar su determinación en un cálculo de
probabilidades que, de entrada, no tendría ningún sustento
probatorio; y, de otra parte, la incertidumbre en la
determinación del nexo causal daría pie para que la víctima
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
157
no emplee todos sus esfuerzos en aras de acreditar la
causalidad.
6.3.- Y si lo anterior fuera poco, se coarta la posibilidad
de defensa a quien se le atribuye un hecho lesivo, pues,
aunque el presunto victimario pudiera controvertir la
existencia del nexo causal y en ese propósito demostrara que
su comportamiento no tuvo incidencia que le endilga el
promotor en la producción del daño, la mayor de las veces
despuntaría la “incertidumbre” y el arbitrio del juez para
decidir que “probablemente” la conducta de aquél sí incidió
en la realización del detrimento. Se juzgaría con indicios y
probabilidades, no con el convencimiento de las pruebas, lo
que trasladaría el juicio del escenario de la culpa probada a
una de culpa presunta o lo que es lo mismo a una
responsabilidad objetiva. De donde se sigue que la aplicación
de la teoría de la perdida de oportunidad en los juicios de
responsabilidad civil derivada de los actos médicos
desconocería por completo la esencia de dicha actividad
arrasando por completo con la doctrina de la Corporación
referente a la necesidad de la demostración debida de los
pluricitados presupuestos de la acción, en la medida en que
en la mayoría de los casos se trata de obligaciones de medio
y no de resultado
7.- Mas bien, sí comparto lo que hasta ahora venía
reconociendo la jurisprudencia en materia de pérdida de la
oportunidad, visto como una clase de daño, pues, tras
auscultar y hallar presentes todos los elementos de la
Radicación n.° 66001-31-03-004-2013-00141-01
158
responsabilidad es dable reconocer este tipo de menoscabo a
quien acredite que el acto pernicioso le quitó la posibilidad
de obtener una ventaja o beneficio.
En los términos precedentes, dejo plasmado el alcance
de mi aclaración de voto.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Aclaración de voto
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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