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clave: "corte_suprema:providencia:SC072-2025 [2013-00141-01]"
titulo: "Corte Suprema: el hecho contrario a derecho es la conducta del personal facultativo"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-03-27"
radicado: "2013-00141-01"
numero: "SC072-2025"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: el hecho contrario a derecho es la conducta del personal facultativo

- **Título oficial / radicado:** SC072-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-03-27
- **Radicado:** 2013-00141-01
- **Número:** SC072-2025
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC072-2025%20%5B2013-00141-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC072-2025%20%5B2013-00141-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI1L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8zLi0gTWFyem8vU2VudGVuY2lhcy9TQzA3Mi0yMDI1IFsyMDEzLTAwMTQxLTAxXS5wZGY%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 100 de 1993
- Constitución Política

## Extracto

El hecho contrario a derecho es la conducta del personal facultativo, activa u omisiva, que quebranta las reglas propias de la labor médica, según la situación en que se encuentra el paciente y el estado actual del conocimiento científico; huelga enfatizarlo, es el comportamiento o la omisión que vulnera la lex artis ad hoc de la profesión. Tratándose de la responsabilidad de las personas morales, en general, por la culpa de sus dependientes o comisionados… no puede hablarse de responsabilidad (o causalidad) indirecta, sino que ésta se configura siempre como directa, porque la persona jurídica… absorbe la culpa del empleado o subalterno… porque es quien realmente obra o actúa a través de sus agentes (SC, 31 oct.

## Texto del documento

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado ponente
SC072-2025
Radicación n.º 66001-31-03-004-2013-00141-01
(Aprobado en sesión de treinta de enero de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil
veinticinco (2025).
Procede la Corte a proferir la correspondiente sentencia
sustitutiva dentro del proceso promovido por Valentina y
Valeria Morales Zuluaga, Luz Marina Zuluaga Orozco y Orfa
Lucina Orozco Prado, contra Cafesalud E.P.S. -hoy
liquidada- y Pediatras Asociados Ltda., al cual se llamó en
garantía a La Previsora Compañía de Seguros S.A.
ANTECEDENTES
1. Las demandantes solicitaron declarar que las
convocadas son «solidariamente responsables de las lesiones,
secuelas y daños causados a la salud e integridad sicofísica
de la niña Valentina Morales Zuluaga, por el incumplimiento
de las obligaciones reglamentarias de la seguridad social,
entre otras por negligencia, imprudencia e impericia; lo que
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finalmente le causó irreversibles lesiones y consecuentemente
pérdida de capacidad laboral en grado de invalidez total».
Como consecuencia, deprecaron las siguientes
condenas: (I) daño moral, en cuantía de 500 s.m.l.m.v. para
Valentina Morales Zuluaga, y 300 s.m.l.m.v para cada una
de las otras actoras; (II) por daño a la vida de relación, 1000
s.m.l.m.v. para Valentina Morales Zuluaga y 300 s.m.l.m.v.
para las demás promotoras; (III) daño biológico o fisiológico,
equivalente a 1000 s.m.l.m.v. para Valentina Morales
Zuluaga; (IV) lucro cesante consolidado y futuro, con ocasión
de las ganancias que perderá Valentina Morales Zuluaga; (V)
lucro cesante de Luz Marina Zuluaga Orozco, desde la
ocurrencia del daño y hasta que se designe un acompañante
para Valentina Morales Zuluaga, en razón de un salario
mínimo mensual; (VI) daño emergente futuro de Luz Marina
Zuluaga Orozco, correspondiente a los salarios que debe
pagar a la persona acompañante de Valentina Morales
Zuluaga; (VII) reembolso de los gastos realizados y probados;
(VIII) devolución de los costos educativos especiales
asumidos por Luz Marina Zuluaga Orozco; (IX) asunción del
costo integral de los tratamientos y terapias, así como de la
educación especial requerida; (X) actualización monetaria de
las condenas desde el momento del hecho y hasta la fecha de
pago; (XI) intereses legales del 0.5% mensual, sobre las
condenas, desde el daño y hasta el pago efectivo; y (XII)
intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de
la sentencia.
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2. El escrito inaugural se sustentó en los hechos que
admiten este compendio:
2.1. El 23 de julio de 2001, Valentina Morales Zuluaga
enfermó con fiebre, malestar e inapetencia, siendo atendida
en la Clínica del Niño, donde se le formularon algunos
medicamentos y se devolvió a su casa.
2.2. El 1° de agosto de 2001, nuevamente acudió la
menor a la entidad hospitalaria, por iguales síntomas, siendo
internada para observación, sin que se realizaran exámenes
para correlacionar la enfermedad con neumonía.
2.3. Un día después se ordenó la salida de la paciente,
por considerar que la causa de sus dolencias era una
infección viral, sin que se le tomaran signos vitales.
2.4. El día 3 de este mes, Valentina Morales Zuluaga
manifestó dolores estomacales, que se acrecentaron con el
paso de las horas, razón para consultar al mismo centro
médico, donde se le diagnosticó gastritis medicamentosa.
2.5. El 6 de agosto de 2001, la menor fue conducida a
la Clínica Comfamiliar, en la que se diagnosticó neumonía
complicada con derrame pleural, siendo necesario realizar
inserción de tubo en el tórax para drenar el líquido
acumulado. «[D]urante el procedimiento la paciente presenta
un paro cardiorespiratorio (sic)…[,] 10 minutos después
recobra sus signos vitales siendo necesario internarla en la
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unidad de cuidados intensivos… para prestarle la
asistencia… pues se encontraba cuadripléjica, con
alteraciones del lenguaje, la visión y convulsiones».
2.6. La niña fue diagnosticada con «encefalopatía
hipóxica isquémica secundaria a reanimación».
2.7. En las valoraciones posteriores de neuropediatría
y neurosicología se determinó que la paciente tiene
alteraciones en sus funciones motoras, déficit de atención,
alto grado de impulsividad, procesos de inteligencia y
cognitivos afectados, e inmadurez en áreas de asociación.
2.8. El 6 de noviembre de 2008 se emitió dictamen de
pérdida de capacidad laboral, por médico especialista,
estimándola en 70.40%.
3. Por auto del 14 de octubre de 2009, el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Pereira admitió la demanda
y ordenó correr traslado a los accionados y a María Claudia
Flórez, la que fue desvinculada del trámite por proveído del
24 de febrero 2010.
4. Los demandados fueron enterados de la existencia
del litigio, quienes intervinieron según el siguiente
compendio.
4.1. Sociedad Pediatras Asociados Ltda. se opuso a las
pretensiones y propuso las excepciones que intituló
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«inexistencia de error médico», «adecuada práctica médica -
cumplimiento de la lex artis», «inexistencia de causalidad»,
«fuerza mayor - caso fortuito», «prescripción» y «excepción
genérica».
En documento separado llamó en garantía a La
Previsora S.A. Compañía de Seguros, para que se ordenara,
«conforme al contrato de seguro PREVIHOSPITAL POLIZA
MULTIRIESGO, póliza N° 1001001 - certificado de renovación
N° 1…, vigente desde el 15 de Enero de 2001 hasta el 15 de
Enero de 2002», que «pague la indemnización de perjuicios a
que llegare a ser condenada la Sociedad Pediatras Asociados
Ltda., vinculada a este proceso como demandada» o,
subsidiariamente, salga en liberación de esta sociedad.
Contrato de seguro que tiene una cobertura por
responsabilidad civil profesional médica, con cuantía básica
de $100.000.000, deducible del 10% de la pérdida y mínimo
de $500.000.
4.2. Cafesalud E.P.S. S.A. manifestó no constarle los
hechos, se opuso a las súplicas de las reclamantes e izó las
defensas que denominó «cumplimiento de las obligaciones
contractuales y legales por parte de CAFESALUD EPS S.A.»,
«inexistencia de solidaridad», «inimputabilidad de las
presuntas consecuencias del acto médico a la EPS»,
«inexistencia de causalidad médico legal» y la genérica.
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Además, propuso la excepción previa de caducidad de
la acción ordinaria, por cuanto desde la fecha de los hechos
y hasta la radicación de la demanda, transcurrieron más de
ocho años.
4.3. La Previsora S.A. aseguró que la plataforma fáctica
no le consta y formuló las defensas de «prescripción»,
«inexistencia del nexo causal», «oposición al lucro cesante de
la menor por ser un presunto daño incierto y exagerada
pretensión de perjuicios».
Frente al llamamiento esgrimió en su defensa
«prescripción», «inexistencia de la obligación de indemnizar por
parte de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, por ausencia
de falla en el servicio de nuestro llamante», «límite de
responsabilidad de la llamada en garantía, respecto del valor
asegurado» y «condiciones generales y exclusiones de la
póliza».
5. El cognoscente, el 11 de mayo de 2010, declaró que
no era posible acceder a la excepción previa de prescripción,
«toda vez que se están reclamando daños morales y
materiales, que obviamente se causan y se vienen causando
desde el año 2011».
Determinación mantenida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, por auto
del 25 de octubre del mismo año.
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6. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira,
a quien se remitió el expediente, por auto del 24 de julio de
2012 se declaró incompetente para conocer del asunto, con
ocasión de la entrada en vigencia del Código General del
Proceso. Decisión confirmada en reposición el 8 de agosto de
igualdad anualidad.
7. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a
quien le correspondió el asunto por reparto, después de
agotado el trámite procesal y de escuchados los alegatos de
conclusión, profirió sentencia de primer grado el 15 de
febrero de 2016, en la que declaró «imprósperas las
pretensiones de la demanda».
8. En audiencia del 27 de febrero de 2017, la Sala Civil-
Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira
resolvió el recurso de apelación impulsado por las
demandantes, en el sentido de confirmar el veredicto
confutado.
9. Agotada la tramitación del recurso de casación que
promovieron las afectadas, la Corte emitió la sentencia
SC2348 el 16 de junio de 2021, por la cual casó el fallo de
segunda instancia. Además, se ordenó la práctica de una
prueba, para establecer la pérdida de la capacidad laboral de
Valentina Morales Zuluaga.
10. El 22 de septiembre de 2021 se allegó «[d]ictamen
de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral
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y ocupacional», el cual se agregó al expediente el 23 de
noviembre de ese año y se dejó a disposición de las partes
por tres días para que se pronunciaran.
11. El apoderado de las demandantes, el día 29
siguiente, solicitó «que el perito comparezca a audiencia para
interrogarlo acerca de la idoneidad, imparcialidad y sobre el
contenido del dictamen» y anunció la aportación de un
«contra-dictamen», a lo que se accedió por proveído del 22 de
abril de 2022. Sin embargo, con posterioridad se desistió de
estas solicitudes, lo que fue aceptado por auto del 9 de mayo.
12. Por escrito del 5 de julio de 2022 se pidió la
desvinculación de Cafesalud E.P.S. S.A., por haberse
concluido el proceso liquidatorio con un déficit de
$922.365.059.506, en tanto «los pasivos reconocidos
conforme a las normas concursales, son muy superiores a los
activos realizables y, además, muy superiores frente a la
cartera y procesos a favor de la concursada»
13. Con ocasión del vencimiento del período
constitucional del magistrado ponente, la Sala de Casación
Civil, Agraria y Rural, reunida el 22 de febrero de 2023,
determinó que el asunto se reasignara a otro ponente.
14. La solicitud de desvinculación se denegó por auto
AC2913 del 3 de octubre de 2023, en tanto la ley procesal «en
ningún momento señala que deba desvincularse a la persona
jurídica desaparecida, ni puede predicarse que esa sea la
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consecuencia ineluctable de su extinción, pues bien podría ser
que fuera la única integrante de la parte y, por tanto, lo que en
realidad se produciría sería una abrupta terminación anormal
del proceso no contemplada en la ley, al punto que ni siquiera
podría dictarse sentencia».
15. En este momento procede emitir sentencia
sustitutiva, como lo impone el inciso segundo del artículo
349 del Código General del Proceso.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El juez a quo rehusó las súplicas de las demandantes,
con base en estas apreciaciones:
1. Como no se cuestionó la legitimación por pasiva,
infirió que Pediatras Asociados Ltda. aceptó tácitamente
actuar como IPS, a pesar de que en el proceso no se demostró
su vínculo con la Clínica del Niño.
2. Negó valor probatorio a la historia clínica de
Valentina, aportada con la demanda, por haberse hecho en
copia informal.
3. Estimó que la fiebre alta, persistente y resistente al
tratamiento sintomático desvelaba una infección oculta,
como fue señalado por el experto convocado al trámite, lo que
reclamaba una conducta «cautelosa y expectante» del
profesional en salud.
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Este comportamiento fue desatendido en el caso, por la
ausencia de correlación entre el dolor abdominal de la niña y
el «proceso evolutivo de la enfermedad, es decir, niña de tres
años de edad con fiebre persistente de foco no determinado,
de aproximadamente dos semanas de evolución». Cuadro
agravado porque la frecuencia respiratoria de la paciente no
aparece registrada en la historia clínica, información de
relevancia para sospechar de neumonía en niños.
4. «No se procuró, como la lex artis lo indica, obtener un
diagnóstico a tiempo sobre la persistencia en la sintomatología
presentada por la menor durante varios días, situación que
llevó a consultar por urgencias, no obstante lo cual, en una de
ellas fue dada de alta, y en otras, se le realizaron algunos
exámenes, pero no los especializados que ella requería, dada
su edad y sus reconsultas». Eso permitió colegir que la
atención dispensada no fue adecuada.
5. Las pruebas aportadas no permiten inferir el daño
reclamado, motivo para denegar las pretensiones. Y es que,
si bien los testimonios, los hechos de la demanda y ciertos
documentos, dan cuenta de alteraciones motoras y fallas de
coordinación de la infante, los mismos «no ofrecen la certeza
requerida para determinar las verdaderas secuelas que
quedaron en la niña, luego de padecer encefalopatía hipóxica-
isquémica, sin entrar en este momento a debatir, la
configuración de la relación de causalidad, entre el hecho y el
daño».
Radicac

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

equilibrada, armónica y coherente de la
incertidumbre causal de un resultado dañoso probable, evitando
por un lado, la injusticia de no repararlo, y por otro lado, la
reparación plena cuando no hay certeza absoluta sino la
probabilidad razonable respecto a que un determinado evento,
hecho o comportamiento pudo o no causarlo (Luis Medina Alcoz, La
teoría de la pérdida de oportunidad. Estudio doctrinal y
jurisprudencial de Derecho de daños público y privado,
Thomson/Civitas, Cizur Menor, 2007) (CSJ SC, 9 sep. 2010,
rad. 2005-00103-01).
Y, más recientemente, esta Sala expuso que:
Cuando la probabilidad es nula, escasa o insignificante, la víctima
no tiene derecho a indemnización porque no puede afirmarse el
nexo de causalidad ni se está ante un supuesto de estricta
incertidumbre al que pueda aplicarse la doctrina de la pérdida de
oportunidad. Cuando esa probabilidad es alta o suficiente, la
víctima tiene derecho a una reparación total porque hay lazo
causal, sin que pueda tampoco entrar en juego la doctrina del
chance. Cuando la probabilidad no es insignificante, pero tampoco
es alta, es decir, cuando las posibilidades de que la víctima
hubiera conseguido la ventaja son serias y reales, pero
insuficientes para tener por cierto el hecho causal, la víctima puede
tener derecho a un resarcimiento (parcial) en concepto de chance
irreversiblemente sacrificada (SC456-2024).
6.- Precisamente, en este último caso, me aparté de la
decisión mayoritaria, porque en el asunto estudiado la teoría
de la pérdida de la oportunidad no tenía cabida, debido al
abundante material suasorio que descartaba la existencia de
un nexo causal entre el menoscabo soportado por la víctima
y la actividad de los galenos demandados.
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En esencia, la pérdida de oportunidad como criterio de
causalidad es un juego de probabilidades, que deja
completamente de lado la certeza. En mi opinión, no es
conveniente, por ahora, la aplicación de esa doctrina, por
varias razones:
6.1- En primer lugar, el sistema jurídico de la
responsabilidad civil, se soporta, como se mencionó en la
providencia, en estos pilares fundamentales: i) Una situación
antijurídica; ii) Un factor de atribución (subjetivo u objetivo,
según el caso); iii) Un menoscabo y; d) Un nexo causal entre
la conducta antijurídica y el daño.
La falta de demostración del nexo causal, sin duda,
conlleva a la negativa a acceder a las pretensiones de la
demanda. Si no existe certeza entre la actividad y el
detrimento, el juez debe descartar la responsabilidad del
enjuiciado, no puede quedar a su arbitrio el determinar si
hay una probabilidad o no de que el daño padecido por la
víctima fue ocasionado por la conducta del agente. Eso sería
tanto como buscar siempre un culpable donde no puede
haberlo, incluso, es tan cuestionable esta figura jurídica que
la doctrina foránea ha dicho que su «utilización contradice un
postulado básico del Derecho de daños: incurre en responsabilidad quien
causó un daño, no alguien del que sólo se sabe que pudo ocasionarlo»17.
17 Ídem. p. 843.
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6.2.- El artículo 164 del Código General del Proceso
impone que todas las decisiones judiciales deben fundarse
en las «pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso» y,
enseguida, el canon 166 ibídem ordena que «incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen».
El uso de la pérdida de oportunidad, eventualmente,
pondría en entredicho estos dos postulados, de un lado,
porque si los medios suasorios no son suficientes para
acreditar con cierta convicción el nexo causal en los juicios
de responsabilidad, debería el juez procurar hacer efectivo la
facultad deber que el propio legislador le ha conferido
decretando pruebas de oficio para despejar esa zona de
penumbra, incluso, acudiendo a la carga dinámica de la
prueba cuando advierta que una de las partes está en mejor
condición de probar el hecho oscuro, para de esto modo
procurar lograr esa tutela judicial efectiva, que cobra tanta
relevancia en juicios los juicios de responsabilidad, debido a
la naturaleza reparatoria de estos.
Caso contrario, si pese a tales esfuerzos probatorios, no
se puede poner de relieve ese presupuesto esencial de la
acción deberá negar de plano las aspiraciones de la
demanda, en vez de basar su determinación en un cálculo de
probabilidades que, de entrada, no tendría ningún sustento
probatorio; y, de otra parte, la incertidumbre en la
determinación del nexo causal daría pie para que la víctima
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no emplee todos sus esfuerzos en aras de acreditar la
causalidad.
6.3.- Y si lo anterior fuera poco, se coarta la posibilidad
de defensa a quien se le atribuye un hecho lesivo, pues,
aunque el presunto victimario pudiera controvertir la
existencia del nexo causal y en ese propósito demostrara que
su comportamiento no tuvo incidencia que le endilga el
promotor en la producción del daño, la mayor de las veces
despuntaría la “incertidumbre” y el arbitrio del juez para
decidir que “probablemente” la conducta de aquél sí incidió
en la realización del detrimento. Se juzgaría con indicios y
probabilidades, no con el convencimiento de las pruebas, lo
que trasladaría el juicio del escenario de la culpa probada a
una de culpa presunta o lo que es lo mismo a una
responsabilidad objetiva. De donde se sigue que la aplicación
de la teoría de la perdida de oportunidad en los juicios de
responsabilidad civil derivada de los actos médicos
desconocería por completo la esencia de dicha actividad
arrasando por completo con la doctrina de la Corporación
referente a la necesidad de la demostración debida de los
pluricitados presupuestos de la acción, en la medida en que
en la mayoría de los casos se trata de obligaciones de medio
y no de resultado
7.- Mas bien, sí comparto lo que hasta ahora venía
reconociendo la jurisprudencia en materia de pérdida de la
oportunidad, visto como una clase de daño, pues, tras
auscultar y hallar presentes todos los elementos de la
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responsabilidad es dable reconocer este tipo de menoscabo a
quien acredite que el acto pernicioso le quitó la posibilidad
de obtener una ventaja o beneficio.
En los términos precedentes, dejo plasmado el alcance
de mi aclaración de voto.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Aclaración de voto
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: F5F7B13AE130315499851F4B7B5F15E0E420298F5A8FC56048D4E2A412F89A33
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC072-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2025-03-27. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2013-00141-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC072-2025%20%5B2013-00141-01%5D).
