Texto del documento 51.709 caracteres
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC069-2023
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051-01
(Aprobada en sesión del dos de marzo de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil
veintitrés (2023).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Fabio Arturo Jaramillo Guzmán frente a la sentencia de 12
de febrero de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso
verbal adelantado por Swiss Investment Limited contra el
impugnante y Aurelio Aguirre Sanín.
I.- EL LITIGIO
1.- La promotora, en ejercicio de acción de dominio,
pidió que los poseedores demandados restituyan el predio La
Preferida, «descontada la parte que se enajenó a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR,
mediante la Escritura Pública No. 1148 de 6 de diciembre de
2010 de la Notaría Única de Cota Cundinamarca, el cual una
vez reciba materialmente (…) debe entregar la parte que le
corresponde a la citada entidad», localizado en la calle 17 #
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
2
133-09 de la nomenclatura urbana de Bogotá, con folio de
matrícula 50C-0024404, con los frutos «naturales o civiles»
percibidos y «los que la propietaria hubiera podido percibir con
mediana inteligencia y cuidado (…) desde el momento de
aprobación del Contrato de Transacción, en el cual inicia la
posesión irregular», además de las reparaciones «que hubiere
sufrido la demandante por culpa de los poseedores», sin lugar
a indemnizar expensas necesarias; y la cancelación de
cualquier gravamen «constituido por cuenta de los promitentes
compradores incumplidos y aquí demandados».
Informa como sustento de sus aspiraciones que
adquirió el inmueble por compra a Josef Otto Eichmann
Dingler, por medio de escritura 2065 de 9 de septiembre de
2003 de la Notaría 41 de Bogotá y contaba con una extensión
de 5 Has 3.500,25 m², que recibió desde el 20 de junio previo.
El 11 de octubre de 2007 prometió en venta el fundo a
Jaime Restrepo Marulanda, Aurelio Aguirre Sanín y Fabio
Arturo Jaramillo Guzmán por $4.800’000.000 «o su
equivalente en dólares americanos» de los cuales se
declararon recibidos $1.000’000.000 o U$500.000 a la firma
del documento y la diferencia se fraccionó en $1.000’000.000
o U$500.000 a cubrir el 3 de diciembre siguiente y
$2.800’000.000 el 1 de abril de 2008, más $50’000.000 por
los intereses de febrero y marzo, pero que de sufragarlos
antes del 1° de febrero «se aplicaría una tasa de descuento
del uno por ciento (1%) mensual sobre el monto aquí señalado
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
3
y por los meses anticipados de pago»; con la advertencia de
que el instrumento de traspaso se firmaría el 1 de abril de
2008. Se pactó una
cláusula penal
de $1.000’000.000 y que
el abono inicial se constituía en «arras confirmatorias».
También se contempló la posibilidad de que los promitentes
compradores adquirieran en esa última data el 100% de las
acciones de Swiss Investment Ltd.
Se satisfizo oportunamente la segunda cuota, pero en
vista de que el inquilino Osmar Arias que ocupaba el bien
tuvo dificultades para hacer entrega del mismo a los
adquirentes, fue postergada para el 1° de julio de 2008 y se
amplió a esa fecha el pago de la última cuota, así como el
otorgamiento de la escritura, pero con la cesión a estos de los
ingresos por renta de abril, mayo y junio, «acordándose que
la participación sería negociada con el inquilino».
El 27 de junio de 2008 se firmó un segundo otrosí con
la firma de Fabio Arturo Jaramillo Guzmán, para ejercer la
opción de compra del 100% de las acciones y fijar la «entrega
material del inmueble a más tardar el 29 de agosto de 2008»,
cuando se perfeccionaría lo primero y se atendería la suma
pendiente, pero en esa ocasión se suscribió con dicha
persona un tercer otrosí postergando la entrega para el 5 de
septiembre de 2008 y el «pago total de las acciones» al 29 de
octubre «cambiando de esta manera el objeto del contrato,
donde ya no se trataba del inmueble enajenado» por
«2.608.000.000.oo de pesos más intereses del 2% mensual a
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
4
partir del 29 de agosto de 2008, toda vez que el día 29 de
agosto de 2008 (sic) se canceló la suma de $250.000.000 como
abono al valor establecido en el otrosí anterior».
Aunque se cumplió con la «entrega del predio y de las
acciones de la Sociedad dueña del predio, en un 20 por ciento
de las mismas, en la fecha finalmente indicada, 5 de
septiembre de 2008», los promitentes compradores no
atendieron su compromiso ya que solo abonaron
$460’000.000 en tres contados ($110’000.000 el 3 de
diciembre de 2008, $200’000.000 el 23 y $150’000.000 el 24
subsiguientes), restando $2.410’000.000 que incluían los
$50’000.000 de «febrero y marzo de 2008».
En la conciliación por incumplimiento que se intentó en
la Cámara de Comercio de Bogotá el 3 de septiembre de 2009,
se enteró de que Aurelio Aguirre Sanín y Fabio Arturo
Jaramillo Guzmán le cedieron a Jaime Restrepo Marulanda
los derechos adquiridos en la promesa de venta, por lo que
se dirigió contra este acción de resolución con indemnización
de perjuicios y restitución del predio «que le correspondió al
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá D.C. con el
radicado 1100131030022010-00296-00».
El anterior trámite resolutorio terminó por acuerdo
extraprocesal a que llegó con Jaime Restrepo Marulanda el
14 de septiembre de 2010, donde transaron en que el último,
«único titular como parte promitente compradora» incumplió el
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
5
pago de $2.410’000.000, por lo que resolvían la promesa y la
promitente vendedora aceptó devolver $2.710’000.000, de los
cuales se entregaron a Restrepo Marulanda $1.710’000.000
luego de descontar los $1.000’000.000 de
cláusula penal
que
fue reconocida. Adicionalmente, en «una decisión poco
razonable» convinieron que la sociedad adelantaría las
gestiones «para recuperar la posesión material de dicho bien
inmueble» a su costo, cuando la cesión de derechos debía
incluir dicho señorío, fuera de que renunció a cobrar «los
frutos civiles y naturales producidos», así como los perjuicios
por lucro cesante y daño emergente «generados hasta el
momento de la transacción». Lo que no se indicó fue quién
«tenía la posesión material del predio, a pesar que se sabía
que era el arrendatario Osmar Ángel Arias Acuña», quien «se
había puesto de acuerdo con los otros dos promitentes
compradores para detentar y explotar el inmueble objeto de
enajenación».
A la culminación de dicho pleito Aurelio Aguirre Sanín
y Fabio Arturo Jaramillo Guzmán formularon denuncia por
fraude procesal contra Josef Otto Eichmann Dingler,
representante legal del ente jurídico, y presentaron escrito de
tutela con radicado 110012203000201100184 contra el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, donde
admitieron tener la posesión del inmueble desde septiembre
de 2008, así como el 20% de las acciones, y expusieron que
la cesión de sus derechos había sido exigida por la sociedad,
pero la revocaron con posterioridad, por lo que se ve
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
6
doblemente perjudicada ya que desembolsó $1.710’000.000
sin que obtuviera la devolución del predio.
Mediante escritura 1148 de 6 de diciembre de 2015 de
la Notaría Única de Cota, le vendió a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, «una fracción del
predio de 5.716,70 m²», dejando constancia del área restante
y quedando pendiente la entrega «por la posesión irregular
que ejercen los aquí demandados» (fls. 155 a 196 cno. 1).
2.- Fabio Arturo Jaramillo Guzmán se opuso y
excepcionó la inoponibilidad de la transacción suscrita entre
Jaime Restrepo y Josef Otto Eichmann, así como la
«improcedencia de la acción reivindicatoria en razón a que la
posesión que ostentan los demandados es de origen
contractual» (fls. 240 a 257 cno. 1).
Aurelio Aguirre Sanín se pronunció en similares
términos y planteó iguales defensas, además de la
«improcedencia de la acción reivindicatoria por cambio del
objeto del contrato de promesa de compraventa de un lote a
compraventa de una sociedad comercial» (fls. 300 a 318 cno.
1).
3.- El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá, en
sentencia de 2 de septiembre de 2019, advirtió que estaban
presentes los supuestos de la acción de dominio, entre ellos
la individualización del bien ya que la CAR ya tiene en su
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
7
poder la sección segregada, y si bien los contradictores
ejercen posesión «en cumplimiento del contrato preparatorio
(…) al resolverse el mismo por quienes tenían la potestad de
hacerlo, en virtud de una cesión debidamente acreditada, los
pretensos poseedores quedaron sin respaldo contractual para
alegar posesión», por lo que se desestimaron las excepciones
y se accedió a la reivindicación (fls. 502 a 510 cno. 1).
4.- Los opositores apelaron insistiendo en que
recibieron la posesión en virtud de un contrato sin que
fueran convocados al trámite donde se tuvo por resuelto y a
pesar de que quienes comparecieron al mismo estaban
enterados de la revocatoria de la cesión de sus derechos que
habían hecho a uno de ellos, fuera de que se resolvió un
pacto preparatorio que ya había mutado a uno de naturaleza
diferente por referirse a la adquisición de la sociedad y, por
último, «el bien objeto de reivindicación no fue plenamente
identificado, por cuanto no se probó qué porción de terreno es
respecto de la cual (…) detentan posesión, se confunde un
predio con el vendido a la CAS (sic), y el demandante pretende
reivindicar un terreno cuyo titular inscrito del dominio es la
CAR» (fls. 519 a 530 cno. 1).
5.- El ad quem confirmó la determinación de primer
grado y los vencidos interpusieron recurso de casación
(anotación 15 expediente digital segunda instancia).
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
8
Los argumentos de los inconformes no logran socavar
lo resuelto por el a quo «porque si bien la posesión del
inmueble ubicado en la Calle 17 No. 133-09 de Bogotá fue
obtenida por los demandados en virtud de un contrato de
promesa de venta, también es cierto que con posterioridad y
en atención a las particularidades en que se desarrolló la
relación de negocios, tal vínculo jurídico fue resuelto», dando
vía a la acción de dominio, sin que pueda decirse que el
mismo hubiera perdido eficacia porque se agotó el objeto o
que los «otro sí celebrados se puedan catalogar como negocios
independientes, ajenos a la inicial intención de los
contratantes que en esencia fue la transferencia del dominio
del inmueble».
En la apelación no se desconoce la posesión ejercida por
los contradictores, sino que afirman que «la entrega del
predio y el ánimo de propietario se derivó de un contrato de
venta de acciones, en contraposición a la postura del a-quo,
para quien ese hecho, de cardinal importancia, partió de la
celebración del contrato de promesa de venta del inmueble»,
como admitieron al pronunciarse sobre el «hecho
quincuagésimo de la demanda» y lo reiteraron en los
argumentos de una de las defensas así como al absolver el
interrogatorio Fabio Aurelio Jaramillo Guzmán.
Si bien es condición de éxito de la reivindicación la
ausencia de contratos entre las partes «dada su naturaleza
extracontractual», en este caso los efectos del nexo
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
9
preexistente no se extienden a los recurrentes que dejaron de
participar del mismo, fuera de que ese negocio jurídico
«decayó por el propio acuerdo al que llegaron sus
contrayentes, tanto la promitente vendedora, como el pretenso
comprador Jaime Restrepo Marulanda, habilitado para
disponer del derecho en virtud de la cesión de contrato que a
su favor realizaron Fabio Arturo Jaramillo Guzmán y Aurelio
Aguirre Sanín», como manifestaron ellos en declaración
extrajuicio de 27 de agosto de 2009 y está por fuera de
discusión.
El descontento radica en la notificación que se hizo de
la revocatoria de la cesión, pero en el documento allegado los
cedentes por su propia iniciativa y sin intervención del cedido
«expresaron “declaramos nula la Declaración Extrajuicio antes
citada”», cuando «la atestación sobre la invalidez de una
cesión contractual, si es que ello fuera posible de modo
unilateral y se le pueda dar tal connotación a la prueba en
mención, es del resorte exclusivo de un Juez de la República y
mediante una sentencia judicial», por lo que no se le puede
dar tal alcance y «ningún efecto podría haber surtido sobre las
personas -natural y jurídica-que continuaron como partes en
el iter negocial».
Precisamente la cesión dio paso a que se demandara la
resolución del contrato y la transacción con que culminó la
pendencia con el reconocimiento por Jaime Restrepo
Marulanda del «desacato contractual» y la aceptación de que
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
10
del precio pagado se descontara la
cláusula penal
, quedando
por cuenta de Swiss Investment Limited la recuperación de
la posesión material del inmueble «en razón a que la tenía un
tercero», resuelto de mutuo acuerdo el negocio y «solucionado
‘cualquier tipo de litigio’», lo que convalidó el «Juzgado de
conocimiento en auto de 23 de septiembre de 2010», surtiendo
efecto de cosa juzgada y posibilitando «el proceso acá iniciado
con el propósito de obtener la recuperación de la posesión».
No tienen cabida discusiones sobre «la presunta compra
de acciones» por ser ajenas a la «acción real de dominio» y ya
que la posesión surgió fue de la promesa de venta del bien
resuelta, donde solo se previó como una mera opción adquirir
dicha participación en la sociedad y también se diluyó con
«la resolución de ese contrato por falta de pago e
“incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas
en el contrato de compraventa”», con lo que «queda
desvirtuada la subsistencia de estipulaciones referidas al
desarrollo paralelo de una eventual adquisición de acciones, y
de suyo, roto cualquier efecto ultractivo de las cláusulas del
contrato resuelto», máxime cuando los otrosí son pactos
posteriores que ajustan o modifican el contrato y se integran
a él conformando una sola obligación «de manera que las
partes deben cumplir lo estipulado en el contrato, visto como
uno solo con lo que diga el otrosí» y así se indicó en CSJ SC 1
oct. 2004, rad. 7560.
Lo anterior se «acentúa si se tiene en cuenta que la citada
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
11
compra de acciones no fue un aspecto exclusivo de los otrosí
(sic), por el contrario, fue una alternativa que desde los albores
de las negociaciones se discutió como una forma marginal
para que los aquí demandados se hicieran con la propiedad
del predio» y no se podía entender ajena a la promesa de
compraventa del inmueble.
Por eso mismo tampoco es de recibo que «el objeto de la
promesa de compraventa se agotó con la alegada enajenación
de acciones, toda vez que cualquier efecto posterior quedó
resuelto por mutuo acuerdo de los sujetos contractuales
facultados para cesar las obligaciones y bajo los parámetros
ya decantados», perdiendo efecto «todos los débitos
adquiridos (incluidos los pactados en los otrosí)», así que al
haberse transado lo inherente a aquel «no podrían pervivir de
modo aislado las estipulaciones de un otrosí para frustrar la
recuperación del predio en poder de poseedores que, dadas la
cesión y resolución del contrato que fuera fuente de su
detentación, desde entonces quedaron sin un respaldo
contractual y de suyo sujetos pasibles de la acción dominical».
III.- DEMANDA DE CASACIÓN
A pesar de que ambos opositores impugnaron por este
extraordinario medio de contradicción, por auto de 13 de
septiembre de 2022 se declaró desierto respecto de Aurelio
Aguirre Sanín.
Por su lado, Fabio Arturo Jaramillo Guzmán planteó un
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
12
solo ataque por la segunda causal del artículo 336 del Código
General del Proceso.
ÚNICO CARGO
Denuncia la vulneración indirecta por falta de
aplicación de los artículos 1501, 1602, 1618 y 1849 del
Código Civil; el 1611 de la misma codificación, derogado por
el 89 de la Ley 153 de 1887; y 2, 29 y concordantes de la
Constitución Nacional, como producto de «error de hecho
manifiesto y trascendente en la apreciación de unas
determinadas pruebas, por falso juicio de identidad, al ser
objeto de tergiversación en su contenido material».
Los medios de convicción sobre los cuales recaen las
equivocaciones son la Promesa de Compraventa de 11 de
octubre de 2007; los tres otrosíes, el primero sin fecha y los
otros dos de 27 de junio y 29 de agosto de 2008,
respectivamente; y el contrato de transacción de 14 de
septiembre de 2010.
El primer documento contiene dos negociaciones
«compraventa del inmueble o compraventa de las acciones,
para un mismo resultado, la transferencia del inmueble», pero
en la cláusula tercera del primer otrosí «se celebra un contrato
de compraventa» en el que se acordó «una cesión de acciones
de la sociedad, precisamente el 20%» que pasó a ser de los
compradores, lo que «les da derecho sobre el inmueble en un
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
13
20%, pues el inmueble es el único activo de la sociedad», tan
es así que «si los promitentes compradores no optaban por el
resto de las acciones, entonces asumirían proporcionalmente
los costos en proporción a su participación en la sociedad, que
hasta este momento era de un 20%».
Ya en el segundo otrosí figura «la venta del resto de las
acciones de la sociedad, pues si como cláusula en la promesa
era una opción, esto es, una promesa, con el otrosí del 27 de
junio del año 2008, es una realidad, es una materialización,
es una opción de lo prometido, esto es, la compra de las
acciones, haciéndose efectiva», mientras que en las tres
primeras cláusulas del otrosí de 29 de agosto siguiente se fijó
la fecha de entrega de la posesión el 5 de septiembre postrero,
que se hizo efectiva; que el pago total de las acciones se haría
el 29 de octubre de la misma anualidad y en esa data se
entregarían el 100% de la participación societaria, lo que
corresponde a «cumplimientos de la compraventa de las
acciones, todo se refiere a pagos de lo ya vendido, que eran
otras cosas que las acciones de la sociedad y por ende del
inmueble porque él era el activo de la sociedad», sin que para
entonces existiera ya la promesa de compraventa porque se
había escogido la segunda opción con la claridad de que «la
compraventa de acciones es consensual y no necesita de
solemnidades como la compraventa de un inmueble, opción
que tomaron las partes porque de esa manera no tenían que
pagar gastos notariales y otros más». Estos dos otrosíes solo
fueron firmados por Fabio Arturo Jaramillo Guzmán.
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
14
La transacción de 14 de septiembre de 2010 solo tuvo
por objeto «dar por terminado el proceso No. 2010-00296, que
cursó en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá,
ordinario de Responsabilidad contractual, cuya primera y
principal pretensión era decretar la resolución del contrato de
promesa de compraventa», sin que se refiriera a los agregados
posteriores y cuando «la promesa de compraventa que se
creyó destruir con este proceso, ya no existía porque uno de
los contratos prometidos ya se había celebrado, esto es, la
compraventa de las acciones de la sociedad Swiss Investment
Limited», fuera de que Jaime Restrepo Marulanda no podía
«anular o dejar sin efecto» lo que solo había firmado Fabio
Arturo Jaramillo Guzmán.
El desatino del ad quem consistió en considerar como
«un solo negocio jurídico la promesa de compraventa y los
otrosí» y que resuelta la primera sucedía lo mismo con los
otros, «soslayando que se trata de dos negocios jurídicos
distintos» y que «la compraventa de las acciones se había
consumado y seguía y sigue vigente, razón por la cual la
reivindicación no procedía hasta que se destruyera esa
compraventa de las acciones», lo que no quedó incluido en la
«cesión que se hubiese dado por parte de los aquí
demandados» y que «hoy continúa incólume y vigente»,
constituyéndose en un obstáculo insalvable para la
reivindicación.
CONSIDERACIONES
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
15
1.- La gestora ejerció la acción de dominio en contra
de los actuales poseedores de un predio que entregó en virtud
de un «contrato de promesa de compraventa», que se tuvo por
resuelto previamente en virtud de un acuerdo de transacción
al que llegó con uno de los pactantes en calidad de cesionario
de todos los derechos de los otros dos promitentes
adquirentes.
El opugnador Fabio Arturo Jaramillo Guzmán se
mostró renuente porque a su criterio «no se ha resuelto la
suerte de la promesa de compraventa suscrita» por él con la
reivindicante y ya que actuó de mala fe al promoverla. Al
pronunciarse sobre los hechos sexto a décimo tercero de la
demanda admitió la celebración del «contrato de promesa de
compraventa» y sus estipulaciones, lo que también hizo
respecto de la firma de los tres otrosíes de que tratan los
hechos décimo cuarto a décimo octavo, añadiendo que se
atiene a lo que allí quedó plasmado1. Ya en las defensas se
limitó a que no le era oponible «la transacción suscrita entre
Jaime Restrepo y José Otto Eichmann», en vista de que con
antelación había revocado la cesión de derechos que había
hecho al primero y ambos estaban enterados de tal situación;
mientras que la «improcedencia de la acción reivindicatoria en
razón a que la posesión que ostentan los demandados es de
origen contractual», esto es, «un contrato de promesa de
compraventa que une a las partes aquí en litigio» y que
1Fls. 241 y 242 cno. 1.
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
16
«tratándose de quien aquí pretende reivindicar y quien finge
como poseedor pero a la vez promitente comprador en la
promesa de compraventa, aún no ha sido objeto de debate
judicial» ya que «la transacción de que se habla en los hechos
de esta demanda, no le es oponible» porque no fue parte en
ella y si en gracia de discusión ese negocio «estuviera resuelto,
lo cierto es que la restitución del inmueble no se logró a través
de la acción contractual y no se logró precisamente porque (…)
no se les vinculó en tal juicio»2.
Como puede verse ninguna observación hizo dicho
contradictor sobre la sustitución del objeto negocial ni los
actos de perfeccionamiento de algún acuerdo de reemplazo,
lo que en forma somera expuso exclusivamente Aurelio
Aguirre Sanín al complementar iguales excepciones con la de
«improcedencia de la acción reivindicatoria por cambio del
objeto de contrato de promesa de compraventa de un lote a
compraventa de una sociedad comercial» bajo el entendido de
que el pacto inicial «mutó por expresa voluntad» de las partes
que intervinieron en la promesa «a un contrato de
compraventa de la sociedad Swiss Invesment Limnited,
respecto de la cual el señor Aurelio Aguirre Sanín y Fabio
Jaramillo Guzmán ya han pagado más del 40% de las
acciones y a consecuencia de ello tiene en su poder el 20% de
las acciones físicas de dicha sociedad» que fueron entregadas
«dado los abonos que respecto de la compra se hizo», para lo
cual aportó «correos electrónicos a través de los cuales el
2Fls. 249 a 256 cno. 1.
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
17
Señor Otto Eichman inició los trámites para transferir dicha
sociedad (…), incluso programando un viaje a la ciudad de
Panamá donde fueron presentados como socios ante la firma
Morgan y Morgan encargada de hacer los trámites de
transmisión de la sociedad», los cuales «no terminaron y que
deberán continuar una vez se resuelva el conflicto que
entre los ahora socios ha surgido»3
A pesar de que la contestación fue individual, como
ambos opositores estaba representados por el mismo
apoderado eso justifica que al expresar el descontento común
frente a la determinación adversa de primer grado aunara en
un solo escrito todos los reparos, sin que con ello se
consolidaran las posiciones que ya habían quedado
delimitadas al pronunciarse dentro de la oportunidad
procesal pertinente4.
No obstante, si bien el vocero judicial de Aurelio Aguirre
Sanín y Fabio Arturo Jaramillo Guzmán interpuso casación
en nombre de ambos, solamente lo sustentó para Fabio
Arturo Jaramillo Guzmán y eso condujo a la declaratoria de
deserción respecto de Aurelio Aguirre Sanín por CSJ AC de
13 sep. 2022 en este asunto, lo que implicaba la completa
aceptación de éste del resultado desfavorable concordante de
las instancias y la renuncia a sus defensas, así como la
restricción del campo de acción de su litisconsorte a lo que
3Fl. 315 cno. 1.
4Fl. 519 a 530 cno. 1.
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
18
este adujo en su oportunidad, sin que pudiera apropiarse de
los planteamientos de otros actores procesales.
Quiere decir lo anterior que al desarrollar el impugnante
por esta vía excepcional el único cargo bajo el supuesto de
que incurrió el Tribunal en error de hecho por considerar «un
solo negocio jurídico la promesa de compraventa y los otrosí
(…) soslayando que se trata de dos negocios jurídicos
distintos», está enarbolando unos argumentos que le son
ajenos y resultan novedosos, por lo que le está vedado a la
Corte ahondar sobre los mismos.
Aún de admitírsele acoger tal razonamiento, que se
reitera fue abandonado por quien lo trajo a colación en el
pleito, de todas maneras recae en el mismo defecto pues, en
contravía de que Aguirre Sanín solo indicó que «los trámites
de transmisión de la sociedad (…) no terminaron y que
deberán continuar una vez se resuelva el conflicto que entre
los ahora socios ha surgido», la sustentación se desarrolla con
los sorpresivos giros de que el ad quem inadvirtió que «lo
único removido había sido la promesa de compraventa y que
la compraventa de las acciones se había consumado y seguía
y sigue vigente, razón por la cual la reivindicación no procedía
hasta que se destruyera esa compraventa de las acciones»;
que «por mucha cesión que se hubiese dado por parte de los
aquí demandados, al momento de la transacción la
compraventa de las acciones nunca fue incluida como parte de
la misma, de la transacción, y por ello hoy continúa incólume
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
19
y vigente»; que «los dos últimos otrosí sólo fueron firmados por
el señor Fabio Arturo Jaramillo Guzmán, para concluir y
determinar que en un momento dado las negociaciones finales
de las acciones sólo se celebraron entre Swiss Investment
Limited y Fabio Arturo Jaramillo Guzmán» y «Jaime Restrepo
Marulanda, no podía alterar lo que no había celebrado, lo que
no había firmado»; y que «la intención final de los contratantes
era y fue la venta de la sociedad, la venta del 100 % de las
acciones de la sociedad, contrato que se celebró con los otro
sí, pero además literalmente se dice en los otros sí, que
contienen la celebración de esa compraventa de las acciones».
Todos esos supuestos giran en torno a la
materialización de la transferencia de la totalidad de las
acciones de Swiss Investment Limited, cuando en el
transcurso del debate ambos demandados aceptaron que no
habían cumplido a cabalidad con el pago del precio acordado
y que solo en virtud de los abonos se había perfeccionado,
como parte de los actos preparatorios, el traspaso del 20% de
la participación en la sociedad.
Semejante discurso, con el cual se buscan superar los
efectos vinculantes de la cesión de derechos de la promesa
de compraventa y la inviabilidad de revocación unilateral de
dicho acto que advirtieron ambos juzgadores de instancia,
ante los cuales ahora fue silente el censor y cuya discusión
se cierra para los efectos de esta senda, a más de
acomodados refulgen intempestivos y entrarlos a analizar
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
20
resultaría completamente lesivo al debido proceso de la
contraparte, que resultaría atropellada a estas alturas por
temas que no fueron abordados con antelación.
Al respecto en CSJ SC1627-2022 se recordó como
(…) los hechos y argumentos que no se sometieron a consideración
de los jueces y las partes durante las instancias ordinarias,
constituyen un medio nuevo, «(...) el cual, como con insistencia lo
tienen definido la Sala, es “inadmisible en casación, toda vez que
‘la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse ‘sino con los
materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales
distintos, extraños y desconocidos. Sería de lo contrario, un hecho
desleal, no sólo entre las partes, sino también respecto del tribunal
fallador, a quien se le emplazaría a responder en relación con
hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y aún respecto
del fallo mismo, que tendría que defenderse de armas para él
hasta entonces ignoradas’ (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y
al cabo, a manera de máxima, debe tenerse en cuenta que ‘lo que
no se alega en instancia, no existe en casación’ (LXXXIII pág. 57)”
(CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.° 6108).
En tiempo más reciente se precisó que el recurso extraordinario de
casación “no puede basarse ni erigirse exitosamente” en
“elementos novedosos, porque él, ‘cual lo expuso la Corte en
sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, ‘no es propici[o]
para repentizar con debates fácticos y probatorios de última hora;
semejante irrupción constituye medio nuevo y es entonces
repulsado (…), sobre la base de considerarse, entre otras razones,
que ‘se violaría el derecho de defensa si uno de los litigantes
pudiese echar mano en casación de hechos, extremos o
planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto
de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habría
podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso,
la infirmación de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldría a la
pretermisión de las instancias, de las formas propias del trámite
requerido, con quebranto de la garantía institucional de no ser
condenado sin haber sido oído y vencido en juicio (LXXXIII 2169,
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
21
página 76)’” (CSJ, SC del 9 de septiembre de 2010, Rad. n.° 2005-
00103-01)» (CSJ SC18500-2017, 9 nov.).
Con similar orientación, recientemente se insistió en la necesidad
de rechazar los «(...) asuntos ajenos a las instancias que son
ondeados de forma novedosa para cuestionar la decisión recurrida
(SC, 16 jul. 1965, G. J. n.° 2278-2279, p. 106). Lo anterior, en
salvaguardia de la finalidad excepcional del remedio
extraordinario, que supone cuestionar la sentencia como thema
decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o
proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una
decisión favorable. “Total que, según el transcrito numeral 3 del
artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, el embiste debe ser
preciso, en el sentido de dirigirse con acierto contra las bases de
la sentencia de instancia, sin que sea posible que se aleje de ellas
para traer reflexiones de último minuto o aspectos que están por
fuera de la discusión” (negrilla fuera de texto, AC1014, 14 mar.
2018, rad. n.° 2005-00036-02). “Con esta prohibición también se
tutelan los derechos de defensa y contradicción de los no
recurrentes, quienes podrían verse sorprendidos con un
replanteamiento de la plataforma fáctica que varíe la causa
petendi, sin que tuvieran la oportunidad de controvertirlo y, menos
aún, hacer pedidos probatorios para su desestimación. Agréguese
que, admitir argumentos nuevos en casación, hiere la lealtad
procesal, en tanto se espera que en los grados jurisdiccionales se
discutan las materias fácticas objeto de su ligio, sin que pueda
aguardarse al final para izar tópicos con los que se pretende una
resolución favorable” (CSJ, SC1732 del 21 de mayo de 2019, rad.
2005-00539-01)» (CSJ SC2779-2020, 10 ago.).
2.- El anterior desfase en la formulación de la censura
resulta suficiente para despacharla adversamente, pero si en
gracia de discusión se entrara a profundizar en los sustentos
de la inconformidad expuesta los mismos tampoco logran
patentizar la existencia de las equivocaciones manifiestas
que se endilgan al sentenciador de segundo grado.
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
22
Bien es sabido que en materia de interpretación de los
contratos el esfuerzo del opugnador para revelar algún desvío
del ad quem es mayúsculo, puesto que por obvias razones la
propuesta que haga siempre va a estar marcada por el sesgo
del favorecimiento a sus intereses particulares, de tal manera
que las simples divergencias entre lo que se convino y la
manera como lo entiende cada uno de los pactantes es
insuficiente para suplantar la lectura que en el ámbito del
litigio haga el operador judicial aplicando los principios que
rigen los contratos para revelar su verdadera esencia.
No todas las negociaciones son esquemáticas y en
muchos casos tienden a confundirse pactos de una clase con
los de otra o incluso a entremezclarse, por lo que una
propuesta razonable de intención de los intervinientes que
esté acorde con lo plasmado no puede ser soterrada con
apreciaciones subjetivas con las que se le pretenda dar un
giro inesperado al quehacer negocial, como se indicó en CSJ
SC 30 oct. 2007, rad. 1997-05038-01 y se transcribe en
extenso por su relevancia:
Lo que ha quedado expuesto muestra que el debate trata de la
interpretación del contrato, asunto en el cual desde luego va
involucrada la capacidad de comunicación humana y de modo
especial la escrita, pues las partes dejaron huella de cómo se
propusieron coordinar sus voluntades y recursos para el logro de
unos fines contractuales de interés común. Acontece en casos
como el presente, que una vez emitida la declaración contractual,
ella gana cierta autonomía y pasa a vivir no sólo en el texto de las
prescripciones y descripciones del contrato, sino en la experiencia
negocial misma, es decir, en la forma de ejecución práctica que las
partes hacen. Entonces, no está demás señalar que cuando los
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
23
contratantes emiten la declaración, pierden el dominio sobre ella,
pues la conjugación de las dos voluntades y su emisión crean una
realidad que gana independencia, de modo que después de
expresado el acuerdo, sus autores de manera individual no
pueden recoger los pasos andados, para fijar, a la manera de cada
uno el genuino alcance de su manifestación de voluntad, pues tal
intento particular, que invariablemente lleva un sesgo, carece de
eficacia para hallar el sentido mediante un laborío aislado y
singular, sin tomar en cuenta que el contrato se concertó
pluralmente. Rehacer el significado de un negocio jurídico, fijar sus
alcances, es asunto que no está en poder de una sola de las
partes, sino que forzosamente concierne a ambas y en últimas al
juez en caso de desacuerdo insuperable. Y en general, si una de
ellas procura adscribir significado al contrato, con exclusión de la
otra, se descarta ese intento porque se sabe de antemano que cada
quien buscará salvar los silencios y las penumbras del contrato
del modo que mejor convenga a sus particulares intereses.
Por esa circunstancia, cuando las partes disputan acerca del
significado de una disposición contractual o del negocio todo, tal
divergencia debe ser zanjada por la intervención del juez, quien
atendidos los elementos lingüísticos de la convención, cuando ello
sea posible, el conjunto de sus disposiciones, los antecedentes
contractuales entre las mismas partes, o la forma de su ejecución,
entre otros aspectos, puede atribuir significado a las disposiciones
que siembran la incertidumbre sobre la conducta esperada de las
partes frente al acto, así su contenido sea claro. Ha dicho la Corte
que no “por el mero hecho de que ese sentido sea claro, queda
proscrita toda investigación de la intención común de las partes,
pues puede ocurrir por ejemplo, que las palabras hayan tenido en
el contexto espacio temporal en el que el contrato se discutió y
nació, un sentido propio y distinto del general, natural y obvio, o
que tengan diversas acepciones, o que sea equívoca una palabra
determinada mirado el contexto del contrato, o que tenga un
significado técnico preciso, o que de entrada al intérprete se le
ofrezca, a más del texto claro, una intención común diversa de
aquel. En fin, no ha de limitarse siempre el exégeta a una
interpretación gramatical por claro que sea el tenor literal del
contrato, pues casos hay en los que debe acudir a auscultar la
intención común, de lo que han querido o debido querer los
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
24
contratantes, sobre todo si se tiene en cuenta que es la voluntad
interna y no la declarada la que rige la hermenéutica contractual.
Y a ese propósito se encaminan las reglas que siguen al
mencionado artículo 1618, la principal de ellas, contenida en el
artículo 1622, alusivo a lo que las mismas partes contractuales
han entendido con las palabras utilizadas en el contrato de cuya
interpretación se trata. Es una especie de interpretación auténtica
que le imprime vigor al real sentido del contrato por la aplicación
práctica que las partes han hecho del mismo” (Sent. Cas. Civ. de
1º de agosto de 2002, Exp. No. 6907, subraya la Sala).
Y en ese contexto, si ya los jueces en las dos instancias naturales,
como epílogo de la actividad dialéctica realizada a lo largo del
proceso adscribieron significado a las cláusulas del acuerdo, ha
de juzgarse que en principio allí se clausura el debate, pues en
semejante situación el reclamo de una de las partes en sede de
casación resulta ser el regreso a la posición de partida que disoció
a los contratantes, en cuanto cada una de ellas ya intentó desde
el comienzo que fuera acogida su particular e interesada
perspectiva respecto de los alcances de la convención. Lo que se
dice sirve para mostrar que la tarea que espera al casacionista
cuando combate la hermenéutica que sobre el negocio se edificó a
lo largo de las instancias, va más allá de una simple propuesta
alternativa divergente, muy por el contrario, el derrumbe de una
sentencia en que se dice hubo error de hecho en la fijación de los
alcances de una disposición contractual, supone mostrar un
desbarro de tal magnitud que su sola descripción lleve de modo
directo a la convicción de su existencia. Pero si para la
demostración del error son necesarias abstrusas e intrincadas
elaboraciones teóricas y la concurrencia de supuestos ad hoc
extraños al caso concreto, en verdad lo que se revela es la
formulación de una nueva lectura de las cláusulas, en la misma
clave unilateral interesada que, por excluir los intereses del
antagonista, hizo necesaria la intervención judicial al comenzar el
proceso.
La jurisprudencia invariablemente ha mostrado la tendencia a
respetar el trabajo interpretativo que el juzgador despliega sobre
los contratos y en tanto esa autonomía no traspase los confines de
la arbitrariedad, resulte notoriamente absurda, ilógica, o
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
25
manifiestamente contraria a la realidad, merece el respeto de la
Corte, de modo que, habiendo elegido el ad quem una de las
lecturas admisibles que del negocio resultan, no se abre paso el
quiebre de la sentencia en casación, pues este recurso no puede
fundarse en la contingencia de las interpretaciones, sino en la
objetividad y magnitud del error, que ha de ser evidente en grado
tal que repugna la razón. La Sala, en reiterados pronunciamientos,
ha establecido que “cuando el error denunciado se plantea en el
ámbito de apreciación de hecho por interpretación de cláusulas
contractuales, la Corte sólo puede entrar a modificar la sentencia
objeto del recurso en tanto ésta se apoye en una interpretación
genitiva de un yerro manifiesto, el cual sucede cuando el
documento contractual sólo tiene una forma de interpretación
posible y ésta sea la propuesta por el impugnante, en
contraposición a la elaborada por el Tribunal, que entonces
aparecería absurda e ilógica. Si tal elemento admite diversos
entendimientos, todos ellos razonables, entonces no se presenta el
defecto en mención, máxime cuando en materia de interpretación
de contratos, se está frente a una ‘cuestión que corresponde a la
discreta autonomía de los juzgadores’, como lo ha predicado la
Corte (G.J. CXLII, págs. 218 y 219)" (Sent. Cas. Civ. de 20 de
octubre de 2000, Exp. No. 5497, reiterada en Sent. Cas. Civ. de 25
de enero de 2005, Exp. No. 7881).
Para el caso en concreto no hay discusión de que el
pacto primigenio fue de promesa de compraventa de un bien
inmueble con folio de matrícula 050C-0024404 y esa misma
naturaleza se conservó a la firma del primer otrosí, como lo
admite el impugnante, tampoco existen reparos sobre el
cumplimiento parcial de algunas obligaciones recíprocas
como fueron el abono de parte del precio y la entrega del bien,
sin embargo, desde un comienzo se estableció en la cláusula
décima primera que:
Los promitentes compradores tienen la opción de adquirir el 100
de las acciones de Swiss Investment Ltd, propietaria del inmueble,
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
26
caso en el cual no habría aplicación de las cláusulas quinta y
octava, aclarando sí, que esta cesión de las acciones se hará en la
misma fecha estipulada en la cláusula quinta sin costo alguno
para las partes. La sociedad vendedora y sus accionistas se
comprometen a entregar las acciones de la sociedad y la sociedad
libre de gravámenes de orden tributario en la República de
Colombia o en el Exterior.5
En el primer escrito adicional, sin fecha, dejaron
constancia expresa de que «hemos celebrado el presente otrosí
al contrato de promesa de compraventa de un inmueble
urbano, ubicado en la Calle 17 no. 133-09 de Bogotá» -
se llama la atención- y fijaron nuevas reglas de ejecución en
cuanto a la fecha de entrega del predio para el 1° de julio de
2008, en la que se cubriría el saldo del precio y se firmaría la
correspondiente escritura «o en su defecto se hará el traspaso
de la totalidad de las acciones de Swiss Investment Ltd», con
el agregado de que el «equivalente al 20% (veinte por ciento) de
las acciones de la sociedad Swiss Investment Ltd sean
transferidas a los promitentes compradores para definir lo
establecido en el contrato de promesa de compraventa» y que
en caso de que estos «no optaran por obtener la participación
total de la sociedad (…) y por el contrario solicitaran realizar
escritura pública de compraventa sobre el inmueble en
negocio», asumirían los costos en proporción a dicha
participación ya reconocida6.
Ese acto de reconocimiento del 20% en la participación
5 Fl. 3 cno. 1.
6 Fls. 75 y 76 cno. 1.
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
27
accionaria de la promitente vendedora no evidencia un
cambio del objeto de la negociación, que siempre fue obtener
la titularidad del inmueble, sino el reconocimiento de la
suma de dinero ya desembolsada y que correspondía a dicho
equivalente porcentual, si se tiene en cuenta que el precio
fijado fue de $4.800’000.000 y de antemano se recibieron
$1.000’000.000. Por ende, representaba una garantía de
cumplimiento ante los inconvenientes surgidos en la entrega
del bien.
El segundo otrosí de 27 de junio de 2008 también fue
claro en que complementaba el «contrato de promesa de
compraventa de un inmueble urbano, ubicado en la
Calle 17 no. 133-09 de Bogotá» -se resalta-, para postergar
el perfeccionamiento de la operación «a más tardar el día 29
de agosto 2008» e indicar que en esa data «los promitentes
compradores harán uso de la cláusula decimaprimera
denominada “opción” en todas sus partes del contrato de
promesa de compraventa de un inmueble urbano,
firmado en octubre 11, 2007» -se llama la atención-. Si
bien allí se habla del ejercicio de una de las opciones
previstas para materializar el traspaso del bien, es
indiscutible que se remite a las estipulaciones del acuerdo
original y que para esa fecha aún estaban pendientes por
cubrir $2.850’000.000 del precio7.
Ya en el último otrosí suscrito el 29 de agosto de 2008,
7 Fls. 73 y 74 cno. 1.
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
28
nuevamente anuncian que «hemos celebrado el presente
otrosí al contrato de promesa de compraventa de un
inmueble urbano, ubicado en la Calle 17 no. 133-09 de
Bogotá» -nuevamente se resalta-, con el propósito de señalar
una nueva data para el perfeccionamiento de la misma el 5
de septiembre postrero, cuando se pagaría «la suma de
2..608.000.000 de Pesos (sic) más intereses del 2% mensual
a partir del día 29 de Agosto de 2008, toda vez que el día 29
de Agosto del 2008 se canceló la suma de $250.000.000 como
abono al valor establecido en el otrosí anterior» y la precisión
de que «el equivalente al cien por ciento (100%) de las acciones
de Swiss Investment Limited se entregará el mismo día del
pago»8.
Como puede apreciarse los otrosíes 2 y 3 no eran
autónomos y estaban atados a las estipulaciones del
«contrato de promesa de compraventa», sin que de ellos se
pueda extraer a ciencia y paciencia que se hubiera
perfeccionado, puesto que todo quedaba atado al pago total
del precio convenido, de lo que no existe constancia en el
expediente.
Desde esa perspectiva luce razonable lo que dedujo el
Tribunal en el sentido de que
(…) no es afortunada la argumentación que se ofrece en la censura,
pues aunque es cierto que de las modificaciones que hicieron las
partes a la promesa inicial se podría extraer que la intención de
8 Fl. 71 cno. 1.
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
29
los contratantes, en últimas, fue que las personas que inicialmente
se llamaron pretensos compradores adquirieran las acciones de
Swiss Investment Limited, y así hacerse al dominio del predio de
una forma indirecta, lo cierto es que esos ulteriores acuerdos hacen
parten del contrato inicial, lo complementan, y por ende, no se les
puede catalogar como convenios propios e independientes, de allí
que debían correr la misma suerte que la obligación en general,
esto es, los efectos de cosa juzgada derivados de la resolución del
contrato por mutuo acuerdo a la que ya se hizo referencia, pese a
que en la transacción no se haya hecho expresa mención a tales
otrosí.
Esta conclusión se acentúa si se tiene en cuenta que la citada
compra de acciones no fue un aspecto exclusivo de los otrosí, por
el contario, fue una alternativa que desde los albores de las
negociaciones se discutió como una forma marginal para que los
aquí demandados se hicieran con la propiedad del predio ubicado
en la Calle 17 No. 133-09 de Bogotá, pues nótese -como ya se
advirtiera- que desde la fecha que se firmó el documento ‘contrato
de promesa de compraventa inmueble urbano’ se hizo alusión a
una ‘opción’, según la cual “Los promitentes compradores tiene la
opción de adquirir el 100% de las acciones de Swiss Investment
Ltd., propietaria del inmueble, caso en el cual no habría aplicación
de las cláusulas quinta y octava, aclarando sí, que esta cesión de
las acciones se hará en la misma fecha estipulada en la cláusula
quinta sin costo alguno para las partes..”.
En conclusión, la llamada ‘opción’ secundaria no se puede
entender ajena a la promesa de compraventa del inmueble,
simplemente lo modificó y hace parte, en líneas generales, de los
débitos contractuales a satisfacer por los extremos del negocio, que
confluían en últimas en la transferencia física y jurídica del
inmueble.
Adicionalmente el ad quem en el fallo confutado citó en
respaldo de su análisis la CSJ SC 1 octr. 2004, rad. 7560, en
la que por demás se concluyó en relación con los otrosíes que
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
30
[c]uando tales pactos son celebrados, amplían -como es obvio- el
entramado contractual básico o matriz, y la labor del intérprete, en
tal virtud, consistirá en auscultar y escrutar el contenido íntegro
del tejido contractual, integrado por la pluralidad de negocios o
acuerdos celebrados por las partes, con el fin de esclarecer cuáles
de las estipulaciones inicialmente establecidas han sido
modificadas o adicionadas y cuáles no. Expresado de otro modo,
el hermeneuta deberá, in complexu, analizar la integridad de
manifestaciones volitivas que, articuladas, conforman una red
negocial, objeto integro de auscultación.
Precisamente esa fue la labor que a conciencia
desarrolló el fallador de segundo grado para estructurar una
conclusión lógica y coherente con el comportamiento de los
concordantes, que no logra ser socavada con la ajustada
hermenéutica del opugnador según la cual la sola
manifestación de intención de cumplimiento lleva implícito
que este se diera, ni mucho menos al pregonar el
perfeccionamiento en la transferencia de las acciones de
Swiss Investment Ltd a la luz de los artículos 403 y 406 del
Código de Comercio, cuando dicha sociedad es extranjera al
tenor del artículo 469 de esa misma compilación ya que fue
«incorporada en las Islas Vírgenes Británicas como Compañía
Comercial Internacional»9 y no se acreditara la normatividad
foránea que regulara la materia.
Quedando enhiesta la deducción de que el contrato de
promesa y los tres otrosíes constituyen una sola negociación,
esto es, un «contrato de promesa de compraventa de un
9Fl. 13 cno. 1.
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
31
inmueble urbano, ubicado en la Calle 17 no. 133-09 de
Bogotá» al que se le fueron introduciendo paulatinamente
cambios que no implicaron su mutación a otro tipo de
convenio, pierde relevancia cualquier otra discusión sobre
las repercusiones de la cesión de derechos de Aurelio Aguirre
Sanín y Fabio Arturo Jaramillo Guzmán a Jaime Restrepo
Marulanda, así como los alcances de la transacción que este
celebró con el representante legal de la promotora, que
fueron abordados por el Tribunal y quedaron por fuera de los
reparos del censor, que solo se dirigieron a la autonomía de
las dos últimas modificaciones frente al convenio inicial y su
primer cambio.
3.- Toda vez que los reproches del opugnador
presentan vicios de forma y, por demás, no tienen la entidad
para derruir los pilares de la determinación confutada,
fracasa el cargo.
4.- Conforme al inciso final del artículo 349 del Código
General del Proceso, habrá de imponerse al vencido el pago
de las costas procesales en el trámite de la impugnación
extraordinaria, y para la tasación de las agencias en derecho,
se tomará en cuenta la réplica de la reivindicante.
IV.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
32
nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA
la sentencia de 12 de febrero de 2021, proferida por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
dentro del proceso verbal adelantado por Swiss Investment
Limited contra Fabio Arturo Jaramillo Guzmán y Aurelio
Aguirre Sanín. Costas a cargo del impugnante y a favor de la
accionante. Inclúyase la suma de $10’000.000 por concepto
de agencias en derecho que fija el Magistrado Ponente a cargo
del perdedor y en favor de quien promovió la acción de
dominio.
En su oportunidad, comuníquese lo decidido a la
Corporación de origen.
Notifíquese
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Radicación n° 11001-31-03-005-2017-00051- 01
33
LUÍS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Hilda González Neira
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Francisco Ternera Barrios
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: C2706F1A6E5352FEFD4C6FD28D807480702604681D6D03985BF12F13D6B43C9C
Documento generado en 2023-03-28