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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC068-2025
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
(Aprobado en sesión de treinta de enero de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil
veinticinco (2025).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Amparo Rosa Castilla Contreras frente a la sentencia de 2 de
abril de 2024, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso
de simulación que adelantó contra Marcela Ogliastri Barrera.
I.- EL LITIGIO
1.- La accionante pidió declarar la simulación
absoluta de la venta de derechos herenciales en la sucesión
de Miguel Castilla Cohen, que hizo a la convocada por medio
de la escritura 3757 de 23 de octubre de 2003 de la Notaría
Séptima de Bucaramanga. En subsidio la nulidad absoluta
por carencia de causa y precio de la transferencia y como
segunda subsidiaria lo mismo, pero por precio irrisorio.
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Sustentó sus reclamos en que de la unión entre Miguel
Francisco Castilla Cohen y Rosa Helena Contreras Lázaro
fueron fruto Osvaldo, Zully María, Jairo Miguel, Amparo
Rosa y Diana Castilla Contreras, falleciendo el padre el 16 de
julio de 2000, sin que sus descendientes estimaran necesario
adelantar la sucesión para que la progenitora siguiera
disfrutando de los bienes.
A solicitud de Rosa Helena accedió a «que se hiciera una
venta de derechos simulados a alguien que fuera de absoluta
confianza», como lo era su cuñada Marcela Ogliastri Barrera,
esposa de Jairo, lo que también hizo aquel por medio de la
escritura 3757 de 2003 de la Notaría Séptima de
Bucaramanga, así como Osvaldo con posterioridad; mientras
que Zully los transfirió directamente a la madre y solo los
conservó Diana, quien «administra lo recibido por cánones de
arrendamiento, bancos, efectivo, etc.».
En agosto de 2003 Rosa Helena y sus hijos compraron
un inmueble en el Condominio Ruitoque Country Club,
según escritura «3771 de la Notaría 3ª de Bucaramanga»,
reservándose aquella el usufructo, pero sin informarle lo
enajenaron a Henry Cuevas Valbuena y Patricia Serna
Valencia, de lo que se enteró en 2009 por la notificación que
se le hizo de un proceso divisorio.
Nunca tuvo la intención de transferir los derechos
herenciales en la sucesión de su padre, lo que no necesitaba
hacer ya que su situación económica «le permitía vivir sin
recurrir a los bienes herenciales, ya que su patrimonio desde
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el año 2000 a 2009 es muy superior a la expectativa de la
masa herencial», ni recibió suma alguna por la cesión, que
tampoco fue incluida en la separación de bienes que hicieron
Marcela y Jairo Miguel por escritura 2365 de 2 de mayo de
2005, otorgada en la Notaría Tercera de Bucaramanga.
El ánimo de disfrazar es tal que Rosa Helena en 2007
vendió a la sociedad Inversiones Mao Ltda., por «[e]scritura
2901 de 25 de junio de la Notaría 7ª del Círculo de
Bucaramanga (…) una casa ubicada en la CL. 17#28-31/33
de Bucaramanga», afirmando la enajenante seguir casada y
con sociedad conyugal vigente, fuera de que nunca ha
recibido rendición de cuentas de los numerosos bienes
sucesorales1.
2.- Marcela Ogliastri Barrera se opuso y excepcionó
«falta de legitimidad jurídica para accionar de la parte
demandante», «inexistencia de la acción de simulación
absoluta pretendida en este proceso por la demandante»,
«inexistencia de la acción de nulidad absoluta pretendida en
este proceso», «legalidad del contrato. Inexistencia de causa
para demandar la simulación y la nulidad por cuanto el
contrato de compraventa contenido en la escritura pública N°
3757 de octubre 23 de 2003, de la Notaría Séptima de
Bucaramanga, es totalmente legal», «nadie puede beneficiarse
con su propio dolo» y «prescripción»2.
1 Págs. 69 a 79 pdf RAD- 2009-264-000001 primera instancia.
2 Págs. 236 a 292 id. 1.
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3.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Bucaramanga declaró probadas las defensas denominadas
«inexistencia de la acción de simulación absoluta pretendida
en este proceso por la demandante», «inexistencia de la acción
de nulidad absoluta pretendida en este proceso» y «legalidad
del contrato. Inexistencia de causa para demandar la
simulación y la nulidad por cuanto el contrato de compraventa
contenido en la escritura pública N° 3757 de octubre 23 de
2003, de la Notaría Séptima de Bucaramanga, es totalmente
legal», por lo que negó las pretensiones principales y
subsidiarias.
Para llegar a esa decisión no encontró que se dieran los
supuestos de un contrato simulado, ya que la accionante
consintió en la negociación y la incertidumbre es si recibió el
precio, fuera de que con antelación se había suscrito
promesa de venta de esos derechos entre las mismas partes,
sin que los elementos de convicción fueran suficientes para
dar crédito a los reclamos de la gestora.
Tampoco resultaron exitosas las aspiraciones de
nulidad absoluta formuladas como subsidiarias, pues la
carencia de causa y de precio, así como el precio irrisorio, no
son causales de la misma y tampoco hay mérito para
declararla de oficio.
En lo que respecta al incidente de tacha de falsedad y
cotejo, no prosperó por improcedente al referirse a una
diligencia y no a un documento, pero al advertirse una
posible falsedad en la firma de la gestora, conforme a lo
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dictaminado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, se dispuso la compulsa de copias a la
Fiscalía para que se investigue la existencia de un punible3.
4.- La promotora apeló tal decisión en la audiencia y
manifestó desacuerdos en la valoración dada a los medios de
convicción en lo que se refiere a la simulación4.
En la sustentación ante el Colegiado de segundo grado
insistió en que estaban acreditados los indicios que daban
crédito a esa misma figura, pero añadió que de desestimarse
lo anterior, sí estaban dados los supuestos de la nulidad
absoluta por falta de precio ante lo irrisorio5.
5.- El superior confirmó el fallo del a quo6.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
A fin de establecer el alcance de los reclamos es
necesario precisar que fueron siete los puntos de
discordancia al formular la alzada, consistentes en: 1. Lo
coetáneo de la «promesa y el contrato de compraventa de los
derechos herenciales»; 2. La confesión que hizo la
contradictora «del móvil del pacto aparente»; 3. La
simultaneidad de la negociación de derechos de Jairo; 4. Lo
irrisorio del precio frente al avalúo estimado de
3 Audiencia 22 de abril de 2019, págs. 426 a 428 pdf RAD- 2009-264-
Cdno 6 Tacha de Falsedad primera instancia.
4 Id. 3.
5 Audiencia 19 de marzo de 2024, pdf. 13 cno. 2ª instancia.
6 Audiencia 2 de abril de 2024, pdf. 17 cno. 2ª instancia.
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$16.000’000.000 de «los bienes del finado»; 5. Que no le
correspondía a la promotora demostrar la falta de pago del
precio; 6. Las deficiencias al no sopesar «la conducta y el
dicho de la demandada y sus testigos» y 7. Que «no fue
valorada como indicio la simulación de la compraventa de la
casa “Yerbabuena”, en la que la señora Rosa Contreras de
Castilla domó a cada hijo y de forma inconsulta el 20% de la
nuda propiedad».
En la exposición del gestor en segunda instancia los
«reparos 1, 3 y 7 no fueron siquiera considerados», por lo que
«le está vedada el Tribunal la posibilidad de adentrarse en su
estudio», ya que de hacerlo desconocería «el régimen de
impugnación que consagró el C.G.P. en el art. 322, esto es,
interposición, formulación de reparos y sustentación, sobre
todo si se tiene en cuenta que el régimen aplicable es el
previsto en el C.G.P. y no en el Decreto 806 de 2020 o Ley 2213
de 2022», por lo que la discusión se «circunscribe a determinar
si se encuentra demostrado que el negocio jurídico contenido
en la escritura pública número 3757 del 23 de octubre de 2003
es simulado, en tanto que su contenido es del todo ajeno a la
real volición de los signatarios».
Como es bien sabido el fingimiento se acredita «a través
de un conjunto de indicios» que deben ser convergentes, «tales
como el parentesco o la amistad intima, la falta de capacidad
económica del adquirente, la retención de la posesión del bien
por parte del enajenante, el comportamiento de las partes en
el litigio, el precio exiguo, estar el vendedor o verse amenazado
del cobro de obligaciones vencidas», también «la disposición
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del todo o buena parte de los bienes, la carencia de necesidad
en el vendedor para disponer de sus bienes, la forma de pago,
la intervención del adquirente en una operación simulada
anterior», así como «el móvil para simular, lo que se conoce
como la causa simulandi, los intentos de arreglo amistoso, el
tiempo sospechoso del negocio, la ausencia de movimiento en
las cuentas bancarias, el precio no entregado de presente», el
lugar, documentación y precauciones sospechosas, amén de
«la no justificación dada al precio, la falta de examen previo
por el comprador del objeto adquirido especialmente cuando
se trata de un bien raíz».
Ceñidos a los «indicios en los que precisamente se hace
descansar la sustentación de la alzada», está plenamente
demostrado el parentesco de afinidad entre las partes como
cuñadas.
En cuanto a la «ausencia o falta de pago», negación
indefinida que debía ser desvirtuada por la contraparte, las
declaraciones de «Amparo Rosa Contreras, Zully María, Jairo,
Diana, Pilar y Osvaldo Castilla Contreras y además José
María Navas Cadena que es el esposo de Zully María» son
coincidentes en que «Marcela sí le pagó a Amparo el precio
pactado, hecho del cual no quedó trazabilidad en las cuentas
bancarias de las contratantes o mediante recibos expedidos
por la compradora» y, aunque se trata de restar credibilidad
al dicho de Diana Pilar por no estar presente en los pagos,
ella expuso que por expresa manifestación de Amparo solo le
debía consignar «la mitad de lo que recibía de los arriendos
porque había hecho un negocio con Jairo y Marcela, en el 2004
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me dijo que ya no le consignara nada porque todo les
correspondía a Jairo y Marcela del negocio que se había hecho
de los ranchos», mientras que los demás deponentes «dijeron
que Amparo para la época de la negociación tenía problemas
conyugales con su marido por lo que procuraba desviar los
recursos de la sociedad conyugal», lo que justifica que los
cheques figuraran a nombre de Jairo.
Precisamente el parentesco de consanguinidad entre la
demandante y los testigos les brinda más peso por los lazos
afectivos que los unen, sin que fueran tachados o se adujera
«alguna enemistad o rencilla familiar entre demandante y
testigos que haga suponer a la Sala que los testigos que son
su madre y sus hermanos quisieran perjudicar a Amparo»,
mientras las declaraciones de José Manuel Arias y Armando
Sarmiento «no pueden dar fe de los hechos sobre los cuales se
cimientan los indicios aducidos por Amparo», al ser de oídas,
«mientras que los testigos del extremo pasivo dan cuenta de la
razón de su dicho» y está descontado que «la intención de
Amparo era justamente ocultar bienes y haberes a su esposo,
luego, es lógico pues que Francisco José no se enterara ni de
las tratativas del negocio ni de los dineros producto de este
negocio», de ahí que «no hay ausencia de pago como indicio de
simulación pues en oposición a esto Marcela acreditó, con
rendida prueba testimonial, la cancelación del precio pactado»,
por lo que fracasa dicho argumento.
Si bien no fue tema de reparo, vale acotar que en virtud
del segundo inciso del artículo 225 del Código General del
Proceso «la falta de documento de principio de prueba por
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escrito constituye indicio grave de la existencia del respectivo
acto, es decir, del pago» y tanto la escritura discutida como
del documento denominado promesa del 1 de septiembre de
2023, a pesar de no reunir los requisitos para darle tal
connotación, constituyen prueba escrita de ello «en tanto que,
en el primer documento es decir en la escritura se indica que
el dinero correspondiente al precio fue recibido en efectivo por
la parte vendedora y en la promesa de venta se indica que el
precio se pagará por instalamento, siendo la primera cuota el
1 de septiembre y la ultima el 1 de diciembre», puesto que «se
pactó que las primeras 8 cuotas se pagarían a la aquí
demandante Amparo, por lo que en principio la promesa
acredita el pago de los primero $10 millones de pesos»,
mientras que «como la escritura se otorgó el 23 de octubre de
2003, su otorgamiento hace presumir que se pagó también a
Amparo la cuota del 1º de octubre de 2003, lo que de alguna
manera corrobora la escritura pública al estipularse allí que el
precio fue de $20 millones de pesos los cuales ya se habían
pagado, entonces, lo que no se acreditó fue el pago del saldo
restante».
Frente a la vileza del precio, fuera de las disparidades
en el monto estimado de los activos según la apelación en
primer grado al compararlo con el reportado en los alegatos
de segunda instancia, «no hay prueba en lo absoluto que
acredite lo afirmado en este sentido», pues a pesar de obrar
«avalúo comercial decretado a instancias de la parte
demandante», no puede ser tenido en cuenta para constatar
si era irrisorio ya que se incluyeron bienes que no hacían
parte de la masa herencial o estaban por fuera de la
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discusión, la experticia es imprecisa «en punto al método
empleado para establecer el precio de cada uno de los bienes
para el año 2000», se dejaron de ilustrar las condiciones de
los inmuebles y la forma como llegó a los valores calculados,
fuera de que la aclaración resulta ambigua al referirse «a la
inflación que sufrió la economía colombiana en los años 2002
y 2003 sin mencionar nada acerca del estado de las finanzas
del país para el año 2000 que, se itera, era la anualidad de
objeto de estudio», tampoco se especifican las construcciones
y dejó de precisar el método utilizado para valorar los predios.
Las anteriores razones impiden que el dictamen se
tenga «como plena prueba del importe de los bienes que
eventualmente integrarían la sucesión de Miguel Castilla
Cohen y, por contera, de los derechos herenciales que le
corresponderían a la demandante», al carecer de «la firmeza,
precisión y claridad que demanda el canon 241 del C.P.C., que
era la norma vigente para la época en que fue decretada y
practicada la comprobación», amén de que «si ese valor resulta
acorde o se compadece o no con el caudal existente para la
época, no es cuestión que por sí sola dé al traste con el pacto
que se escruta, bajo el entendido que tendría que estar
aparejada de otras pruebas que lo infirme, las que, se itera,
no militan en el expediente» y la disparidad de precios «a lo
sumo, podría dar lugar a la recisión del contrato por lesión
enorme, habida cuenta que a pesar de que versó sobre
intangibles asociados al alea, sí era posible estimar su valor
de cara al patrimonio del causante y el número de herederos».
Por su lado la contradictora «adunó pruebas que indican
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que el negocio fustigado fue real», como el escrito denominado
promesa de venta de 1 de septiembre de 2003, muy a pesar
de que carezca de tal connotación por no reunir los requisitos
del artículo 1611 del Código Civil, pero donde figura el valor
real de la negociación de derechos por $80’000.000 para cada
vendedor «diferencia que se explica en la práctica común, regla
de la experiencia, declarar un valor inferior del contrato para
disminuir los gastos notariales e impuestos», como también se
hizo con las negociaciones de Zully y Osvaldo Castilla,
advirtiendo que el alcance dado a dicho documento «es el de
prueba de las tratativas previas de los contratantes» y sin que
se pretenda derivar de él «los efectos del contrato de promesa
de compraventa dado que ese es un debate del todo ajeno al
caso que acá estamos analizando, simulación», sino que
constituye un antecedente a la cesión de derechos que no fue
redargüido por la gestora y «denota la confianza entre los
contratantes y la disposición de derechos intangibles a través
del mecanismo anotado».
A eso se suma la desidia de la vendedora frente a la
universalidad de bienes, ya que no requirió sobre la
administración a sus hermanos Jairo y Diana, dejando de
contribuir para su mantenimiento y de recibir lo que
inicialmente le reconocían en proporción por
arrendamientos, que le fueron cubiertos a la opositora, como
«sostuvo Marcela en la contestación de la demanda, también
en el interrogatorio de parte y que corroboró la persona
encargada de su consignación Diana Castilla Contreras»,
fuera de que lo confirmaron los demás testigos.
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De esos medios de convicción se extrae que «las
estipulaciones contenidas a la escritura pública número 3757
de 2003, son ciertas y reflejan la voluntad de quienes allí
participaron, al menos la de Amparo y Marcela, en tanto que
el interés de Jairo es un asunto que escapa la competencia del
Tribunal» y por ello la sugerida «simulación de la venta hecha
por Jairo a Marcela en tanto no fue inventariada en la
liquidación de su sociedad conyugal no viene al caso».
Como solo existe claridad sobre el parentesco, no existe
«una convergencia de indicios» que permitan inferir que el
acto es simulado, «ya que si las conjeturas solo suscitan
dudas o sospechas sobre la veracidad del acto deberá estarse
por su realidad como lo consagran las leyes» y para el caso se
torna en irrelevante la «solvencia o insolvencia económica de
Amparo (…) como quiera que no hay ningún otro indicio al que
pueda sumársele este», nada se demostró sobre la «falta de
capacidad económica de la demandada para pagar el precio»
sin que constituyera una negación indefinida, ni fuera «el
parentesco de afinidad entre Jaime y Marcela (…) óbice de la
capacidad económica de la compradora», amén de que la
promotora no está legitimada para poner en duda dicha
negociación.
Carece de sentido la afirmación de que la venta de
derechos herenciales «tenía como único objetivo permitirle a
Rosa Contreras de Castilla la administración y disposición del
legado de Miguel Francisco Castilla, su esposo, cuya sucesión
no se había surtido para la época de los hechos, 2003», en la
medida que «no se aprecia como la venta de los derechos de
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dos de los herederos en favor de un tercero, le facilitaría a la
cónyuge supérstite la administración de los bienes, menos
aún, si se tiene en cuenta que era necesario adelantar la
sucesión del finado como presupuesto para la enajenación de
sus haberes» y cuando nada impedía que la transferencia
fuera directamente a quien se decía beneficiar.
Finalmente se advierte al opugnador que la
competencia en segunda instancia queda circunscrita «a los
reparos que fueron debidamente sustentados, reparos que se
presentan ante el juez de primer grado», sin que en esa
ocasión se expresara disconformidad por el resultado de la
nulidad absoluta como pretensión subsidiaria, «lo que impide
a esta Sala analizar el asunto» como se esbozó al sustentar
la alzada, en atención a lo preceptuado en el artículo 322 del
Código General del Proceso.
III.- DEMANDA DE CASACIÓN
La gestora recurrió en casación y plantea dos cargos con
base en las causales segunda y tercera del artículo 336 del
Código General del Proceso, los cuales se desatarán en el
orden propuesto, toda vez que el inicial se refiere a las
pretensiones principales de simulación, mientras el otro se
contrae a las dos aspiraciones subsidiarias de nulidad.
PRIMER CARGO
Denuncia la vulneración indirecta de los artículos 1766
del Código Civil y 254 del Código General del Proceso, por
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errores de hecho en la valoración de las pruebas.
El Tribunal se pifió al sopesar «los testimonios de Rosa
Contreras de Castilla, Zully María, Jairo Miguel, Diana Pilar y
Oswaldo (sic) Castilla Contreras, así como de José María
Navas Cadena, junto con los documentos declarativos
suscritos por ellos», al deducir que «Marcela Ogliastri Barrera
le pagó el precio de la compraventa de derechos herenciales a
Amparo Rosa Castilla Contreras».
Es así como se tergiversó el dicho de Rosa Contreras
quien expuso que «su hijo Jairo Miguel Castilla Contreras era
quien supuestamente le había pagado, “en seis contados”, a
la demandante», sin que éste fuera parte en el contrato ni
aludiera a «que el pago se hubiese efectuado por la
demandada y mucho menos el monto del mismo y las
condiciones de modo, tiempo y lugar en que se hizo», amén de
que su versión y el «documento declarativo de 22 de enero de
2010», que la misma suscribió, riñe con lo que se extrajo
puesto que en ambos «enfática y repetidamente, manifestó
que la demandada Marcela Ogliastri Barrera y su esposo Jairo
Miguel Castilla Contreras fueron quienes, conjuntamente, le
compraron a la demandante sus derechos herenciales», lo que
denota «lo simulado del contrato recogido en la Escritura
Pública N.º 3757», ya que dichos medios de convicción
contradicen su contenido y «la propia circunstancia de que los
compradores fueran conjuntamente Jairo Miguel Castilla y
Marcela Ogliastri, en sí misma, desdice tajantemente a la
escritura y al documento preliminar».
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Lo que debió colegirse de dichas pruebas era que «Jairo
no puede ser el adquirente de sus propios derechos
hereditarios»; «el precio en uno y otro instrumentos no puede
ser el allí anotado habida cuenta que Jairo no está enajenando
sus derechos ni Marcela los está adquiriendo» y «las cuotas y
las fechas de pago no pueden ser ciertas, sino mentirosas,
habida cuenta que no se pueden corresponder con lo señalado
en ninguno de esos documentos en cuanto hay un fingido
vendedor que en verdad no está enajenando ningún derecho».
Adicionalmente, en lo expresado por la testigo ni siquiera
aparece la «razón de su dicho», a pesar de lo cual le dio
eficacia demostrativa, pasando por alto sus contradicciones.
La misma equivocación se presenta al apreciar los
testimonios de Zully María, Jairo Miguel, Diana Pilar y
Osvaldo Antonio Castilla Contreras, así como los
documentos declarativos suscritos por ellos.
Por demás, en la exposición de Jairo Miguel «dijo tener
en su poder el original de un recibo de pago supuestamente
suscrito [por] la demandante Amparo Castilla y por su
cónyuge (…) para apuntalar su afirmación de que a la actora
se le habían pagado sesenta millones de pesos en efectivo»,
pero dicho documento «fue calificado de falso en la experticia
rendida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses Dirección Regional Nororiente (Cdno. 6 – fls. 238 a
243/470), igualmente preterida por el Tribunal», lo que le
restaba credibilidad, ya que debía cuestionarse «¿para qué se
falsificó ese recibo sino es porque el contrato de compraventa
de derechos herenciales es simulado?» y la respuesta era que
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«al no haberse pagado ningún precio con corte al 23 de octubre
de 2003 (ni en ninguna otra fecha), en aras de imprimirle un
perfil de verosimilitud al contrato pretenso en simulación, lo
que se imponía era falsear aquel documento persiguiendo
demostrar -de modo inane- que hubo pago».
Durante esa misma declaración se aportó «copia de unos
cheques con los que pretendía acreditar que fueron parte del
pago del precio que, supuestamente, le fue pagado a la
demandante», pero se pasó por alto que esos mismos
«instrumentos cartulares aportados junto con la contestación
de la demanda no tenían vedada su circulación, los que arrimó
el declarante sí tenían esa restricción al establecer que
solamente se podían pagar “al primer beneficiario”»,
discrepancia que no fue cuestionada, ni «cómo pudo suceder
que un cheque girado con un sello de cruce de ser pagado al
primer beneficiario (Jairo Castilla Contreras) fue
supuestamente cobrado por un tercero (Zully Castilla
Contreras), quien, hipotéticamente, obraba como mandataria
de la demandante Amparo Castilla Contreras».
Otro dislate consistió en apreciar lo narrado por Diana
Pilar y darle «mérito demostrativo del pago del precio de la
venta muy a pesar de haber advertido que se trataba de un
testimonio de oídas», cuando «debió negarle valor probatorio
por no constarle los hechos narrados» y carecer de relevancia,
con mayor razón si «adoleció de la espontaneidad que es de
esperar, comoquiera que la propia testigo adujo que de
antemano era conocedora de las demás deposiciones e incluso
del interrogatorio de parte que absolvió la accionante,
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enturbiando y sesgándose así sus recuerdos propios».
En lo que respecta al testimonio de José María Navas
Cadena «no adujo que hubiera estado presente al momento del
pago imaginario, tampoco que lo hubiese hecho Marcela
Ogliastri. Eso lo puso en su dicho el Tribunal. En su versión
señaló que la demandante recibió el pago de Jairo Miguel
Castilla Contreras y de Marcela Ogliastri» a quienes les vendió
conjuntamente Amparo Castilla, en contraposición con «lo
aducido en el documento declarativo (pagó Jairo)», disparidad
«en punto de las cuales el fallador no advirtió su tenor
heterogéneo, lo que, se itera, se yergue en un error de hecho
en que incurrió el Tribunal». Igualmente se «contradice cuando
afirma que Amparo Rosa pretendía formar un patrimonio
independiente de la sociedad conyugal, pero asevera que los
supuestos cheques con los que se habría pagado parte del
precio fueron endosados por Francisco Ornaz, cónyuge de la
demandante», lo que «nubla la eficacia demostrativa del
testimonio en sus aspectos medulares», a lo que se añade que
«es un mero testigo de oídas, motivo por el cual la valía
probatoria de su deposición es escasa, sino nula» y de haberse
reparado en todas esas circunstancias «lo habría
descalificado sin titubeos. Otro tanto con el documento
declarativo que suscribió».
La contestación de la demanda fue mutilada al
inadvertir la confesión «en el sentido de que, conjuntamente
con su esposo Jairo Miguel Castilla Contreras, fueron quienes
realizaron la negociación con Amparo Castilla, erigiéndose
ambos en supuestos compradores de los derechos
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hereditarios de la demandante», lo que «desnuda que las
pautas negociales del documento privado calendado 1 de
septiembre de 2003 (“promesa de compraventa”) como
también de la Escritura Pública N.º 3757 de 2003, son del todo
falaces» ya que en ellos figuraba «que la accionante Amparo
Rosa y Jairo Miguel eran vendedores, cada uno por separado,
de sus individuales derechos sucesorios, y que Ogliastri
Barrera fue la exclusiva y excluyente compradora».
Desacertó el ad quem al «afirmar que los testigos
judiciales eran imparciales», desconociendo que en el libelo se
hizo referencia a las «animadversiones entre Amparo Rosa
Castilla y su entorno familiar», lo que también fue
referenciado en múltiples apartes de la contestación donde
se evidencia que «tanto la madre de Amparo Rosa Castilla
Contreras, como sus hermanos e inclusive su cuñada y
demandada Marcela Ogliastri, tienen un fuerte sentimiento de
repulsa para con la demandante» por múltiples afrentas que
han afectado «en sus personas a título moral, familiar y social,
así como también que han visto menguada su salud, al menos
en el caso de la progenitora de la demandante». También se
desatendieron las alusiones a desavenencias en el entorno
familiar que hicieron «Rosa Contreras de Castilla, Zully María
y Jairo Miguel Castilla Contreras y José María Navas Cadena»
y figuraban en los «documentos declarativos de Rosa
Contreras de Castilla, Diana Pilar, Zully María, Jairo Miguel y
Oswaldo (sic) Antonio Castilla Contreras».
Contrario a lo anterior estaba patentizado que «los
declarantes sí albergan sentimientos negativos en frente de su
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hermana Amparo Rosa, la demandante» que afectaron su
imparcialidad y se evidencia en la forma como absolvieron las
preguntas «omitiendo la razón de su dicho con miras a evadir
la especificación de las condiciones de modo, tiempo y lugar
en las que supuestamente percibieron los pagos a los que
aluden, así como también en las distintas contradicciones (…)
en las que incurrieron».
El parentesco fue apreciado con un «enfoque
unidimensional predicable entre la actora y los deponentes»,
cuando de igual manera aplicaba con la opositora de la cual
son suegra, cuñados y cónyuge, que por demás querían
favorecer ya que todos «suscribieron un facsímil en el que
destilan sin vacilaciones su repulsión a las reclamaciones de
la demandante», por lo que no se explica la falta de cuidado
«de que en razón de esa cercanía parental entre ellos y
Marcela Ogliastri Barrera sus deposiciones no fueran
parcializadas pero a favor de esta última, lo cual era más que
plausible dentro del marco de realidad en que hay denodado
repudio contra la actora y que ellos mismos pusieron de
presente».
Si bien en el fallo se adujo que los deponentes no fueron
tachados, dejar de lado tal potestad de ninguna manera
constituye «una habilitación para que el juez, a la hora de
auscultar la prueba testifical, se crea eximido de desplegar un
cabal y concienzudo examen sobre la misma», debiendo por el
contrario escudriñar su «credibilidad y fiabilidad (…), como
requisito para predicar la eficacia demostrativa», por lo que el
agregado de que «como los testigos -supuestamente- no fueron
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tachados de sospechosos eso impone entender que “no hay
motivo para dudar de la sinceridad de estas declaraciones”,
no es cosa distinta que la muestra de que en ese malhadado
pregón aquél se escudó para no asumir con responsabilidad
examen adecuado», es más, «el ad quem pasó por alto que la
testigo Alicia Barrera de Ogliastri, madre de la demandada, sí
fue tachada de sospechosa, asunto sobre el cual el Tribunal
no se pronunció para definir si procedía o no tal tacha», porque
ni siquiera se percató de ella.
Siendo carga de la contradictora demostrar el pago, se
patentiza un nuevo yerro «al pasar por alto el indicio derivado
de la falta de movimientos bancarios», ya que «omitió, poner
de presente las circunstancias que habrían rodeado esos
fantasiosos pagos en efectivo, esto es, la prueba del origen de
los dineros con los que supuestamente pagó el precio avenido,
concretamente, dónde estaban esas sumas de dinero y los
movimientos bancarios que habrían dado lugar a su retiro».
Se contradijo asimismo el fallador de segundo grado,
pues con amparo en los testimonios «encontró demostrado el
pago del precio de la venta, precio que los declarantes tasaron
en ochenta millones de pesos», pero en otro aparte «asienta,
también sin titubeos, que conforme a la prueba documental
que enuncia, solamente se pagó parte del precio (20 millones,
“lo que de alguna manera corrobora la escritura pública”),
restando por pagar el saldo», de los cuales solo «le
corresponderían a la demandante la suma de diez millones de
pesos porque el excedente correspondería al otro supuesto
vendedor». Tales enunciados «en tanto manifiestamente
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contradictorios, se anulan entre sí, lo que es tanto como
asentar que el Tribunal no tuvo por demostrado el pago».
Aún «si el fallador entendió que lo único que se demostró
fue un pago exiguo porque, en sus palabras, no se probó el
pago del saldo restante, es decir, de la suma de
$60’000.000,00 M/Cte., entonces también incurrió en error de
hecho pues dejó de percatarse de que el indicio de falta de
pago sí se demostró», situación que aunada al «indiscutible
desinterés de la compradora de cumplir cabalmente las
obligaciones a su cargo ponen de presente el fingimiento del
contrato porque las partes saben que por ser simulado en
verdad no hay nada que deba ejecutarse. Solamente se
cumplió lo estrictamente necesario para darle visos de
realidad a la apariencia».
A pesar de que se indicó en el fallo que «la falta del pago
de una gran parte del precio es “circunstancia que per se no
constituye un indicio de la simulación del cobro”», en realidad
«esquivó ver que esa derivación demostrativa desemboca en la
verificación de otro indicio que denota que sí hubo la
simulación alegada, concretamente, el del pretium confessus»,
más cuando «es inexplicable que las partes, siendo todas ellas
abogados, no hubiesen dejado recibos ni trazas bancarias del
pago de las obligaciones, aseveración esta que no hay que
demostrar porque el Tribunal la tiene por cierta».
Fue equivocada la apreciación del «documento privado
adiado 1 de septiembre de 2003», al tenerlo como prueba del
pago y de la veracidad de la venta, si como ya se reseñó ese
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instrumento fue desmentido por «Jairo, Zully y Diana Pilar
Castilla, José María Navas y la confesión de la demandada
que al “unísono” dan cuenta de que no es cierto que la futura
compradora fuese solamente Marcela, tampoco que Jairo
fuese un expectante vendedor porque en verdad era
comprador» y que, al no poder este adquirir lo que tenía, el
precio tampoco era de $160’000.000, desdiciendo incluso de
los plazos señalados, por lo que «ese documento es mentiroso
y la mendacidad se predica de todo su contenido so pena de
infringir la regla del artículo 250 del C.G.P., conforme al cual
la prueba que resulte de un documento es indivisible».
Por demás, al no reunir el documento las exigencias del
artículo 1611 del Código Civil «a duras penas refiere a una
mera tratativa preliminar sin ser una promesa de contrato»,
que no supone la celebración del contrato y «únicamente
cuando se perfilan todos los resortes ingénitos al negocio, es
que éste deviene en vinculante para sus intervinientes», por
ende tal escrito «solamente podrá tenerse como un sustrato
especulativo que meramente sirve, quizá, para denotar el
proceso de formación del contrato, pero en modo alguno llega
a ser prueba de éste o de las obligaciones a cargo de quienes
lo suscriben», más cuando se elaboró con el «afán de pre-
constituir un instrumento que le adosara credibilidad a la
escritura fingida» y discrepa del contenido de la escritura, así
que no podía entenderse como un reflejo del verdadero querer
de las partes.
Menos acreditaba el pago de los primeros $10’000.000,
puesto que se pretirió «el documento aportado por la
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demandante -sic- (cuaderno 1 folio 120/1042) y cuyo original
también mostró su esposo Jairo Castilla en el transcurso de
su testimonio, en el que se lee que el supuesto abono no se
hizo con la promesa sino en otra fecha distinta (el 16 de
octubre de 2013) y por un valor también disímil» (sic), cuya
firma de la promotora «fue calificada por los expertos como
falsa», más no la de la opositora que la reconoció al allegarlo
sin tacharlo de falso, por lo que de allí se deduce que al 23
de octubre de 2003 «no había pagado ningún valor por causa
de su precio; lo propio, dado que en dicha documental ella dejó
dicho que fueron realizados abonos individuales, cada uno de
20 millones de pesos (no de diez millones), pero en fechas 16
de octubre (esto es mucho después del escrito privado) y 8 de
diciembre de 2003, y 23 de marzo de 2004», lo que derriba lo
que concluyó el Tribunal, fuera de que «la aportación de ese
recibo espurio es, en sí misma considerada la conducta, como
indicativa de un indicio (endoprocesal) de la simulación».
Otro yerro fáctico manifiesto se dio al estimar que «la
demandante, al tener problemas conyugales para la época de
la negociación, tenía intención de ocultar el ingreso de dineros
a la sociedad conyugal conformada con su cónyuge Francisco
José Ornaz», siendo que «al tratarse de una enajenación de
los derechos herenciales de la demandante, ellos no ingresan
a la sociedad conyugal como rotundamente lo preceptúa el
artículo 1782 del C.C.».
Deficiencias garrafales adicionales se dieron al no «tener
por demostrado que el precio de la enajenación fue irrisorio» y
desestimar la experticia de Jairo Enrique Arciniegas Mutis,
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ya que incurrió «en yerro de derecho, con violación de medio
del inciso tercero del artículo 226 del C.G.P. (en ese sentido
similar al artículo 236 del C.P.C.), en la apreciación de esta
experticia, violación que despuntó en la violación de los
artículos 1766 del C.C. y 254 del C.G.P.», cuando el
profesional se limitó a elaborar su informe con base en lo
solicitado y cualquier incidencia de temas jurídicos, como el
que algunos inmuebles avaluados no hacían parte de la masa
herencial, debía ser tomada en consideración al sopesarlo,
sin desecharlo.
De igual manera, el estimativo tenía que hacerse a la
data de otorgamiento del instrumento atacado el 23 de
octubre de 2003 y no al 2000 cuando murió el causante, por
lo que se procedió a «tergiversar la anualidad del contrato sub-
lite, lo que a su vez lo condujo a desestimar erradamente, por
ese aspecto, aquella experticia y, de contragolpe, no tuvo por
demostrado el precio vil del fingido pacto, estando
debidamente acreditado», fuera de que, en contra de lo que
se dijo al desestimar el trabajo, allí «sí quedó determinado y
esclarecido cuál fue el método concreto empleado en su
estructuración».
Ya si «lo que se trataba era de establecer el valor de esos
predios para el año 2003, acuso al sentenciador de haber
incurrido en error de derecho por violar el artículo 180 del
C.G.P.», en virtud del cual «el juez conoce o debe conocer los
indicadores económicos del país, de modo que no es dable
exigir una experticia para hacerlos allegar al proceso y menos
aún para aplicarlos», por lo que al conocer los avalúos
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estimados a 2012 debió aplicar tales indicadores a efecto de
«deducir cuál era el valor de esos derechos sucesorales para
la fecha en que se suscribió la venta simulada», para concluir
que «la cantidad de $13.634’210.000,oo en marzo de 2012
equivalía a $9.081’904.223,oo pesos en octubre de 2003»,
haciéndose evidente lo irrisorio del precio.
Se cuestionó el dictamen de Jairo Arciniegas por la falta
de ingreso a los inmuebles y no especificar el tipo de
construcción, pero se pasó por alto el material fotográfico de
soporte y que daba fe de su estado, la manifestación sobre
los inconvenientes para acceder a los predios y la
coincidencia con las apreciaciones del arquitecto Antonio
José Díaz Ardila en el «avalúo que arrimó la demandada», que
fue preterido, a pesar de que allí consta que para 2012 los
bienes sumaban $6.660’908.976, estimado que deflactado a
2003 daría un monto de $4.217’200.756.
Fue preterida la escritura 2365 de 2 de mayo de 2005
de la Notaría Tercera de Bucaramanga, por medio de la cual
la contradictora liquidó su sociedad conyugal sin que
relacionara la adquisición de derechos herenciales, «como si
no existiesen y, desde luego, a nadie le fueron adjudicados»,
lo que «no se hizo porque los cónyuges tenían muy claro que
ese negocio no era real y no se justificaba pagar impuestos
sobre un acto fingido solo por tratar de mantener la ficción», a
pesar de que «se habrían erigido en gananciales de los
mencionados esposos, razón por la que no existe escusa
válida, desde el punto de vista legal, para haberlos dejado por
fuera del patrimonio común a liquidar» y no fueran de recibo
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las explicaciones que los otorgantes en su calidad de
abogados dieron a tal omisión.
Se pifió el Colegiado de segundo grado al señalar que el
«indicio de la no necesidad de vender carecía de relevancia en
tanto que no había otro al que éste pudiese agregársele», a
pesar de que era un «hecho mutuamente admitido por las
partes» y si a bien se tiene que «en la propia sentencia señaló,
entre otras cosas, que “está acreditado el parentesco de
afinidad entre las partes” y que “sólo se tiene el indicio del
parentesco, para decir con probabilidad de certeza que el acto
jurídico atacado es simulado”».
Finalmente desacertó al sostener que «no se acreditó que
la causa simulandi respecto de la compraventa incorporada
en la Escritura Pública N.º 3757 de 23 de octubre de 2003
fuera permitirle a Rosa Contreras de Castilla la administración
y disposición del haber herencial de Miguel Francisco Castilla
Cohen (q. e. p. d.)», ya que se cercenó la contestación donde
«la demandada puso de presente la intención de la familia de
mantener incólume e íntegro el patrimonio sucesoral, razón por
la cual no iban a adelantar por esa época la liquidación de la
sociedad conyugal, así como permitirle a su suegra, Rosa
Contreras de Castilla, que disfrutara el haber sucesoral», así
como el testimonio de ésta al contestar a porqué no se había
llevado a cabo la sucesión y el interrogatorio de parte que
absolvió la gestora al explicar «la razón por la cual, entre otras
cosas, no pidió rendición de cuentas sobre los frutos de los
bienes que materializaban los derechos que
proporcionalmente le correspondían en la sucesión de su
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
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progenitor».
CONSIDERACIONES
1.- Generalidades de la simulación.
La figura de la simulación se ha desarrollado
jurisprudencialmente a partir de lo establecido en el artículo
1766 del Código Civil, en virtud del cual las «escrituras
privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado
en escritura pública, no producirán efecto contra terceros», a lo
que añade que «[t]ampoco lo producirán las contraescrituras
públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al
margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran
en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado
el tercero».
Es así, como se recordó en CSJ SC3678-2021, que en
dicho caso «hay discordancia entre lo pactado por los
contratantes y lo revelado al público, haciéndose necesario
desterrar del ordenamiento el acto fingido para que, en su
lugar, prevalezca el real, al ser el que, en verdad, está llamado
a producir efectos frente a las partes y respecto de los terceros
que se hallan a su alrededor».
A partir de ese postulado, como se indicó allí mismo, se
han diferenciado dos vertientes, esto es, la simulación
absoluta si se comprueba la total ausencia de interés en
celebrar el acuerdo entre quienes aparentan hacerlo, caso en
el cual «acto no hay, tanto que al correr el velo que cubre la
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fachada no se ve más que la nada porque las partes ningún
acto jurídico celebraron realmente». En contraposición a la
anterior existe la desfiguración del verdadero querer de los
intervinientes que prefieren encubrirlo al utilizar vías
alternas «evento en el que la simulación es relativa porque
negocio sí hubo solo que su nomenclatura jurídica es opuesta
al revelado, en cuyo caso se afecta “la naturaleza de la
operación”. Por ejemplo, querían donar e hicieron ver una
compraventa».
En el momento en que los mismos participantes del acto
subrepticio o un tercero con interés legítimo pretendan correr
el velo de la apariencia para hacer surgir a la luz la realidad
oculta, exponiéndose así la voluntad interna, el éxito de tales
aspiraciones previamente precisadas acarrea la inexistencia
del acuerdo completamente fingido o que se ponga en
evidencia su verdadera naturaleza jurídica, con la
advertencia de que, tal cual se manifestó en el precedente en
mención,
[p]ara que la acción de simulación triunfe se debe derruir la buena
fe sobre la que esté guarnecido el acto cuestionado, de modo tal
que salga a la luz la diferencia entre el querer de los simuladores
y su declaración pública, así como la intención (animus simulandi)
que los movió a realizar tal alteración, pues de lo contrario deberá
tenerse como real el acto dado a conocer por más dudas que
genere, ya que, en tal caso, las presunciones de legalidad y de
certeza que lo acompañan se mantendrán enhiestas.
Valga anotar que la estipulación referida fue replicada
casi textualmente en el artículo 267 del Código de
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Procedimiento Civil7, razón por la cual se le reconoció
connotación sustancial en múltiples pronunciamientos8, lo
que amerita extenderla al artículo 254 del Código General del
Proceso que retomó el texto, con un pequeño ajuste en su
redacción, para reiterar que
Artículo 254. Contraescrituras. Los documentos privados hechos
por los contratantes para alterar lo pactado en otro documento no
producirán efecto contra terceros.
Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas cuando no se
haya tomado razón de su contenido al margen de la escritura
matriz cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura y en la
copia en cuya virtud ha obrado el tercero.
2.- Precisiones sobre las dos variables de la
simulación.
La total ausencia de voluntad negocial es la principal
característica del completo fingimiento en un instrumento
que solo busca consignar un acuerdo no querido, de tal
manera que la simple manifestación de alteración en la
situación jurídica de los otorgantes resulta inane para ellos
frente al comportamiento que siguen manteniendo en la
realidad encubierta, por muy elaborado que sea el escenario
edificado para hacer creer a los terceros que se llevó a cabo
una modificación que no resulta palpable en la práctica, ya
que como se indicó en CSJ SC 19 jun. 2000, rad. 6266, este
7 El anterior estatuto adjetivo en su artículo 267 estipulaba que «[l]as
estructuras privadas, hechas por los contratantes para alternar lo practicado en
escritura pública, no producirán efectos contra terceros. (…) Tampoco lo producirán las
contraescrituras públicas, cuando no se haya tomado razón de su contenido al margen
de la estructura matriz cuyas disposiciones se alternan en la contraescritura, y en la
copia en cuya virtud ha obrado el tercero».
8 En ese sentido las CSJ SC 062 de 29 de abril de 1994; SC 005 de 5 de
febrero de 1996 y SC 14 dic. 2005, rad. 1996-2920-01, entre otras providencias.
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fenómeno se materializa «si no hay vínculo contractual de
ninguna especie y por lo tanto el único acto en realidad
celebrado consiste en el convenio de las partes para dar vida
a una apariencia que engañe públicamente demostrando ante
terceros la existencia de un negocio que las partes nunca se
propusieron ajustar»9.
Cualquier cambio efectivamente convenido, por mínimo
que sea y así esté acompañado de estipulaciones imprecisas
e inexactas en gran medida, deriva en una desfiguración
parcial que no conduce al quiebre del pacto sino a su efectiva
revelación, con las consecuencias que se deriven de cualquier
convención contraria a la ley.
Es así como en CSJ SC1008-2024 se recalcó al hacer
un paralelo entre ambas categorías que
[s]on absolutamente simulados aquellos compromisos celebrados
por las partes sin querer realmente haberlos llevado a cabo, como,
por ejemplo, en una compraventa el vendedor en contra de sus
ansias finge transmitir el dominio de una cosa y el comprador
muestra la ambición de adquirirla, cuando, en verdad, siente
desinterés.
En este evento, la declaración de los estipulantes triunfa por
encima de su real voluntad y aflora una verdad disfrazada para
embaucar a los terceros. De este tipo de negocios, «solo existe la
apariencia, la forma exterior y representan un continente sin
contenido», quedando las partes atadas «por la ausencia del
negocio inmerso en la apariencia» (CSJ SC1807-2015, 24 feb., rad.
2000-01503-01; CSJ SC775-2021, 15 mar., rad. 2004-00160-01,
criterio reiterado en CSJ SC2906-2021, 29 jul.).
La actitud mendaz de revelar un acto sin estar queriéndolo tiene
como fuente, principalmente, móviles económicos. Según Cámara,
H. (1958), por lo general, un negocio ilusorio afecta la situación
patrimonial de uno de los partícipes, se merma ficticiamente su
patrimonio o se acrecientan sus deudas, evitando así la
9 Precedente citado en CSJ SC 3598-2020, SC963-2022 y SC 3103-2022.
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persecución de los acreedores y el cobro de sus créditos.
Ahora, la simulación es relativa cuando los suscriptores aparentan
la celebración de cierto pacto en contravía del propio anhelo de
hacer otro, adquiriendo entre sí «los derechos y obligaciones
inherentes al tipo negocial resultante de la realidad» (CSJ SC1807-
2015, 24 feb., rad. 2000-01503-01; CSJ SC775-2021, 15 mar.,
rad. 2004-00160-01, criterio reiterado en CSJ SC2906-2021, 29
jul.), verbigracia, la ejecución de una venta ansiando una
donación, o bien, simplemente, colocando como beneficiario de una
prestación a una persona distinta al sentir de los negociantes
(interpuesta persona), ora, la alteración del contenido de la
convención «como la indicación en un precio menor que el
verdadero en la compraventa».
2.5.- En todo caso, suscitada la pantomima negocial, esta produce
dos tipos de consecuencias, unas relativas a las partes y otras
frente a los ajenos al artilugio.
2.5.1.- Frente a los artífices del engaño, prevalece lo
verdaderamente anhelado, restando todos los efectos a la
declaración de voluntad fingida. En tratándose de la simulación
absoluta, el querer surge sin mácula, en tanto que el acto o contrato
irreal devine inexistente, verbi gratia, comprobada la venta ficticia,
el juez declarará que entre los negociantes jamás hubo intención
auténtica de transferir el dominio de la cosa.
Otro es el resultado en la simulación relativa: demostrado que el
convenio es ficticio, se revela el verdaderamente codiciado por sus
autores, cobrando plena vigencia, no obstante, según la doctrina
local, para que este último impere es indispensable que sea lícito
y válido, de lo contrario, «no puede ser sostenido, y caerá, no por
simulación, sino por ilicitud o invalidez». En uno u otro caso,
siempre prevalecerá la intención de los contratantes por encima,
incluso, del contenido literal del pacto (art. 1618 Código Civil).
3.- Carga de la prueba en la acción de prevalencia.
Quien busque levantar el velo con el que se cubre una
transacción ilusoria está compelido a agotar un esfuerzo
mayúsculo para demostrar, ya sea, la ausencia de ánimo
vinculante o, de ser el caso, la verdadera esencia del
instrumento que la representa, puesto que según se indicó
en SC1008-2024 «es misión de quien pretenda la prosperidad
de la comentada acción revelar la estratagema del vínculo
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negocial», si a bien se tiene que «las declaraciones de voluntad
están amparadas bajo la «presunción de seriedad, veracidad,
legitimidad y validez que acompaña a todo acto jurídico
público» (CSJ SC503-2023, 15 dic.)».
Eso no significa que la contraparte quede libre de
agotar esfuerzos para desvirtuar los argumentos de su
oponente, para que con el material recopilado a instancia de
todos los intervinientes en el debate se habilite el camino a
dilucidar lo que efectivamente aconteció y dónde reside el
desacuerdo, ya que como quedó dicho en CSJ SC3979-2022,
[l]a simulación, en cualquiera de sus variantes, puede
establecerse por los diferentes medios de prueba enunciados el
artículo 165 del Código General del Proceso, que una vez
recaudados pasan a conformar un conjunto de elementos a ser
sopesados conforme a las reglas de la sana crítica, en busca de la
realidad material más próxima, independientemente de quien
facilite su aportación, puesto que una vez se recaudan son para el
proceso y en beneficio de todos los litigantes, sin discriminación.
Ya la relevancia de la carga de la prueba se materializa es en
aquellos aspectos que se vislumbran dudosos dentro del pleito,
puesto que la desatención del deber de demostrar, por quien le
corresponde hacerlo, le acarrea efectos adversos y es al fallador a
quien le corresponde advertirlo.
Si bien no se niega la practicidad de fijar las consecuencias
nefastas de la omisión de los deberes procesales de las partes,
también lo es que la administración de justicia no puede ser ajena
a las eventualidades en que le resulte dispendioso a alguna de
ellas tener acceso a ciertos medios de convicción que sirvan de
respaldo a sus afirmaciones, los cuales estarían más al alcance
de su oponente por determinadas razones.
En ese mismo precedente se señaló como en materia de
la carga de la prueba, con la expedición del Código General
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del Proceso y el contenido del artículo 16710,
(…) se obtuvo una modificación radical que conlleva una
participación activa, tanto de las partes como de los falladores con
el uso de sus facultades oficiosas, para delimitar, oportunamente
y antes de proferir sentencia, cuáles son los hechos concretos que
deben ser acreditados por determinado interviniente, cuya
carencia de demostración les acarrearía los efectos adversos de
su desidia, eso sí, brindando garantías al derecho de los litigantes
al debido proceso y sin que se corra el riesgo de giros sorpresivos
que lo lleguen a lesionar (…).
De allí que, ante la posibilidad de que ciertas
situaciones o circunstancias sean susceptibles de
demostrarse primordialmente por uno de los otorgantes del
instrumento dubitado, así debe precisarse oportunamente
con el fin de que el operador judicial busque equiparar las
cargas al momento de decretar las pruebas o al menos antes
de fallar, a efecto de fijar a quién le corresponde «probar
determinado hecho», de tal manera que puedan predicarse las
devastadoras consecuencias de su desatención.
4.- Relevancia de los indicios en simulación.
Como prevén los artículos 1766 del Código Civil y 254
10 El texto del precepto es del siguiente tenor: «Artículo 167. Carga de la
prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen(…) No obstante, según las
particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la
carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos
controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su
cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos
que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se
encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares (...) Cuando el juez adopte
esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el
término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a
las reglas de contradicción previstas en este código (...) Los hechos notorios y las
afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba».
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del Código General del Proceso, no es extraño que los
involucrados en un negocio fingido documenten, a manera
de protección de sus intereses, lo que persiguen con ese
proceder. Tal cautela, como se recordó en SC1008-2024 se
caracteriza porque
i) Debe haber correspondencia entre ambos actos, es decir, «una
unidad de vinculación intelectual» entre uno y otro, siendo
indiferente la época de su celebración; y ii) Es necesario que la
contraescritura sea independiente al pacto fingido, es decir, que
sea un acto distinto en donde se especifique claramente el
nacimiento del acuerdo artificioso, ya que, «no habría simulación
ni contradocumento, si un solo y mismo acto contuviere la
convención o declaración de los contratantes junto con sus
cláusulas derogatorias».
Sin embargo, no siempre es así, por lo que se hace
necesario acudir a los diferentes medios de convicción con el
propósito de constatar la certidumbre o falacia de lo
consignado en el acto atacado, cobrando especial relevancia
«los indicios relacionados con el iter contractual, esto es, los
antecedentes de la negociación, la forma como se lleva a cabo
y las consecuencias de la misma», los cuales «se constituyen
en el principal medio de convicción para tomar la decisión
correspondiente en las contiendas adelantadas con dicho
propósito», según se indicó en CSJ SC3979-2022 y ya que
como fue resaltado en la previamente referida CSJ SC1008-
2024
(…) en ocasiones para evitar dejar algún vestigio de la patraña, los
creadores del concierto simulado se abstienen de suscribir una
contraescritura. Consciente de ello, el ordenamiento jurídico otorgó
plena libertad para descubrir la simulación, de esta manera, los
interesados podrán acudir a cualquier medio de prueba,
verbigracia, una carta escrita, un correo electrónico u otra
comunicación cruzada entre los simuladores reconociendo el
fingimiento del acto demandado, o bien, la confesión de éstos, ora,
por conducto de testigos o a través de indicios.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
35
De esta manera, «[e]n materia de pretensión simulatoria y para su
exitoso ejercicio, pueden las partes o los terceros, in abstracto,
acudir a toda clase de medios de prueba, dado el sigilo y la
audacia con que los contratantes suelen actuar para disfrazar el
acto urdido en la penumbra (actus clam et occulte celebratus), aun
cuando en la praxis la prueba indirecta es la más socorrida,
particularmente la indiciaria, dada la dificultad probatoria que
campea en esta materia (difficilioris probationes)» (CSJ SC de 15
febrero de 2000, rad. 5438; citada recientemente en CSJ SC503-
2023, 15 dic.).
De forma complementaria en CSJ SC3452-2019 se
recalcó como
(…) a raíz de la experiencia se han establecido algunas conductas
específicas de las que pueden extraerse inferencias siempre que
sean lógicas, graves, concordantes y convergentes a partir de
hechos debidamente demostrados relacionados con las aristas de
la simulación.
Por ejemplo, en CSJ SC16608-2015, con apoyo en lo que sobre el
punto ha escrito la doctrina, se destacó que en esta materia sirve
como prueba circunstancial, entre otros,
(…) causa o motivo para simular - falta de necesidad de enajenar
o gravar – venta de todo el patrimonio o de lo mejor – relaciones
parentales, amistosas o de dependencia – falta de medios
económicos del adquirente – ausencia de movimientos en las
cuentas corrientes bancarias – precio bajo – precio no entregado
de presente – precio diferido o a plazos – no justificación del
destino dado al precio – persistencia del enajenante en la posesión
– tiempo sospechoso del negocio – ocultación del negocio –
falsificaciones, captaciones de voluntad, otras maniobras
torticeras – documentación sospechosa – precauciones
sospechosas – falta de equivalencia en el juego de prestaciones y
contraprestaciones – dejadez – pasividad del cómplice –
intervención preponderante del simulador – falta de
contradocumento – intentos de arreglo amistoso – conducta
procesal de las partes.
Ahora bien, la conjunción de inferencias debe ser vista
acorde con las expectativas del promotor, ya que no le basta
con alegar genéricamente la existencia de simulación para
que se proceda a su declaración, sino que es menester
precisar en cuál de las variables encaja, de tal manera que
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
36
aduciendo la absoluta, pero estableciéndose que en realidad
fue relativa, no es viable tenerla por configurada, salvo que
esta última se hubiere formulado como pretensión
subsidiaria en virtud de la acumulación que permite la
regulación adjetiva.
5.- Análisis de los reparos frente al fallo de
segundo grado.
La conclusión del Tribunal fue que no era posible
declarar la simulación absoluta solicitada porque la
negociación fue cierta, lo que sustentó en la coincidencia de
los relatos hechos por los integrantes del grupo familiar de la
promotora, prueba documental aportada donde constaba el
pago de sumas de dinero por dicho concepto y la ausencia de
indicios que dieran lugar a entender que todo fue producto
de una maquinación para «permitirle a Rosa Contreras de
Castilla la administración y disposición del legado de Miguel
Francisco Castilla, su esposo, cuya sucesión no se había
surtido para la época de los hechos, 2003».
Infructuosamente pretende derribar la opugnadora
dicha conclusión acusando deficiencias en la valoración
probatoria, sin que su exposición trascienda más allá de
sugerir una propuesta de sopesar las probanzas ajustada a
sus intereses particulares y más inclinada a denotar un
fingimiento relativo de la negociación, antes que la
elaboración de una puesta en escena sin efectos para quienes
intervinieron en el acto cuestionado, como se pasa a ver:
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
37
a.-) A pesar de que se escudriñan por separado los
testimonios de José María Navas Cadena, Rosa Contreras de
Castilla, Zully María, Jairo Miguel, Diana Pilar y Osvaldo
Castilla Contreras, confrontándolos con «los documentos
declarativos suscritos por ellos», con el ánimo de hacer surgir
contradicciones de su dicho frente al contenido del
instrumento que se busca socavar, dicho esfuerzo resulta
vano para los propósitos de la simulación absoluta
perseguida.
Recalca la censora que del dicho de los deponentes se
extrae que Jairo Miguel Castilla Contreras tuvo una
participación activa en la negociación de los derechos
herenciales cedidos por ella y a él se le atribuye el pago de
los valores allí convenidos, lo que, si bien es cierto, no
termina por constituir un desafuero del Tribunal al deducir
que «no hay ausencia de pago como indicio de simulación pues
en oposición a esto Marcela acreditó, con rendida prueba
testimonial, la cancelación del precio pactado», ya que
indistintamente de donde provinieran los recursos lo cierto
es que estaban encaminados a satisfacer el compromiso
adquirido con la cedente de su participación en la sucesión
de Miguel Castilla Cohen, contenido en la escritura objeto de
debate.
A pesar de que en el caso expuesto sería predicable,
según se recordó en CSJ SC de 28 de agosto de 2001, rad.
6673, una «simulación por interposición fingida de persona»
que «consiste en hacer figurar como parte contratante a quien
en verdad no lo es, con el fin concertado de ocultar la identidad
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
38
de quien real y directamente está vinculado con la relación
negocial», donde «ese intermediario o testaferro es un
contratante imaginario o aparente, y en la que no se disimula
el contrato propiamente dicho, el cual en términos generales
permanece intacto», eso significa que el fingimiento sería
apenas relativo y no absoluto como se esgrimió en la
pretensión principal del libelo, ya que como se precisó en ese
mismo precedente
[p]or contraposición a la simulación absoluta, donde el acuerdo
simulatorio, por definición, ha de servir para establecer pura y
simplemente que la apariencia contractual no es real y carece por
lo tanto de valor jurídico, en la simulación relativa, como la que se
impetró en el presente caso, hay un contenido disimulado tras un
engaño artificioso, el cual da fe de la auténtica finalidad de los
agentes y es diferente del que pone de manifiesto externamente el
acto celebrado, lo que ha llevado a la Corte a sostener que este tipo
de simulación puede ser de tres clases: “a) Aquella en que la fase
oculta del acto cambia la naturaleza jurídica del que se hizo
ostensible, pero no para destruir los efectos que a éste le son en
esencia inherentes; b) Aquella en que el acto aparece realizado por
un testaferro con el objeto de ocultar la genuina identidad de los
titulares de la relación creada; c) Y por último, aquella en que lo
disfrazado no es ya la naturaleza misma del contrato celebrado,
sino las condiciones llamadas a regirlo en cuanto a objeto, precio,
fecha, modalidades, pactos accesorios, etc,, categorías estas tres
que, desde luego, son de carácter conceptual y entre sí no se
excluyen…” (Cas. Civil, Sent. 279 de 30 de septiembre de 1992).
El silencio del Colegiado de segundo grado frente a las
divergencias en los términos como se pactó la cesión, no
significa que se hubiera tergiversado lo expuesto por los
testigos, ya que profundizar en esos aspectos para
simplemente concluir que sí existió la transacción, aunque
en otros términos y con la intervención de terceros que
optaron por no figurar en el documento donde se materializó,
solo redundaría en la imposibilidad de acceder al reclamo por
«simulación absoluta» en el que se encasillo el pleito.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
39
b.-) Las objeciones que involucran la cesión de
derechos y acciones en la sucesión de Miguel Francisco
Castilla Cohen que hizo Jairo Miguel Castilla Contreras a su
esposa Marcela Ogliastri Barrera, en la misma escritura
puesta en duda, se diluyen ante lo indubitado de dicha
transacción, máxime cuando la acción solo comprendía ese
mismo acto, pero solo respecto del traspaso que en favor de
su cuñada hizo Amparo Rosa Castilla Contreras.
Eso aunado a que dicha operación no entraba dentro
del objeto del litigio y la demandante carencia de interés para
discutirla, como se resaltó en el fallo cuestionado al precisar
(…) que el interés de Jairo es un asunto que escapa la competencia
del Tribunal, pues no fue convocado a este proceso en calidad de
parte y la promotora carece de legitimación en la causa para
escudriñar lo que a él atañe y solo a él le interesa. Por esa misma
razón, la réplica de la demandante referida a la simulación de la
venta hecha por Jairo a Marcela en tanto no fue inventariada en
la liquidación de su sociedad conyugal no viene al caso, se insiste,
porque este acto no es objeto de escrutinio y el proceso desconoce
la suerte de dicho activo o cualquier hecho que justifique la
mentada omisión.11
Tales apreciaciones quedaron indiscutidas en el
desarrollo de la censura e incluso están por fuera de
discusión si a bien se tiene que, a pesar de haber sido punto
de reclamo al apelar, no fue tema tratado al sustentar la
alzada cómo si se admitiera su irrelevancia para los fines del
caso y a bien lo tuvo en cuenta el ad quem12, razón por la
11 Id. 6 min 37:15 a 37:52.
12 Al delimitar su competencia el Tribunal se recordó como al apelar se
anunciaron siete puntos de discordancia, entre ellos «El tercero, apunta a la venta que
efectuó Jairo en la misma escritura que es simulada, tanto así que no fue inventariada
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
40
cual tampoco ameritaba escrutar la escritura 2365 de 2 de
mayo de 2005 de la Notaría Tercera de Bucaramanga, por
medio de la cual la contradictora liquidó su sociedad
conyugal, que se dice preterida.
c.-) La razón del conocimiento de los declarantes
estaba dada por la calidad de los mismos como integrantes
de la familia Castilla Contreras, así como la naturaleza de los
derechos que fueron objeto de cesión, esto es, las
expectativas en la distribución de los bienes relictos del
patriarca Miguel Francisco Castilla Cohen.
Es más, todos coincidieron en que la cesión de derechos
de la mayoría de los hijos de Miguel Francisco fue un tema
tratado y acordado entre los hermanos y la progenitora en
forma libre y voluntaria, atendiendo las situaciones
particulares de cada uno, tan es así que existió un consenso
inicial de transferencia respecto de lo que les pudiera
corresponder sobre uno de los inmuebles en cabeza del
causante13, mientras que frente a los restantes Diana Pilar
en la liquidación de la sociedad conyugal habida con la compradora y, aquí
demandada», pero luego fue recalcado que «[l]os reparos 1, 3 y 7 no fueron siquiera
considerados en la exposición de los argumentos efectuada por el abogado del extremo
activo y, siendo así, le está vedada el Tribunal la posibilidad de adentrarse en su
estudio, pues si así lo hiciera y obviara el silencio que sobre estos puntos se presentó
en la audiencia de sustentación del recurso, se estaría desconociendo el régimen de
impugnación que consagró el Código General del Proceso en el art. 322, esto es,
interposición, formulación de reparos y sustentación, sobre todo si se tiene en cuenta
que el régimen aplicable es el previsto en el Código General del Proceso y no en el
Decreto 806 de 2020 o Ley 2213 de 2022», id. 6 min 1:55 a 6:00.
13 La acordado en estos términos quedó consignado en los documentos
obrantes en las páginas 123 a 134 del cuaderno principal respecto del inmueble con
matrícula inmobiliaria 300-037808 y que según quedó consignado en la escritura
4949 de 3 de noviembre de 2010, de la notaría tercera de Bucaramanga, por medio
de la cual se protocolizó la sucesión intestada de Miguel Francisco Castilla Cohen, se
perfeccionó a nombre de Jairo Miguel Castilla Contreras por medio de la escritura
5853 del 3 de diciembre de 2009 de la Notaría Tercera de Bucaramanga (pág. 54 cno.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
41
decidió conservarlos, Jairo y Osvaldo los cedieron a Marcela
Ogliastri, esposa del primero y cuñada del segundo, y Zully
María los pasó a Rosa Contreras, cónyuge del causante y
madre de todos ellos, por medio de negociaciones plenamente
aceptadas14, lo que demuestra que fue un tema marcado por
los lazos sanguíneos y de afinidad de quienes participaron en
las negociaciones, observando como quedaron por fuera de
la sucesión quienes residían fuera de Bucaramanga y la
distribución efectiva se hizo entre los miembros que
conservaban su residencia en dicha ciudad.
d.-) El recibo de pago en el que figura una firma
atribuida a la gestora y que coadyuva la opositora, no fue
tomado en consideración por el Tribunal, de ahí que ninguna
relevancia tiene la discusión sobre su contenido y certeza,
puesto que, como recalcó el Colegiado,
(…) el pago del precio pactado de la compraventa, corresponde a
la parte demandada y a este propósito acudieron los testigos
Amparo Rosa Contreras, Zully María, Jairo, Diana, Pilar y Osvaldo
Castilla Contreras y además José María Navas Cadena que es el
esposo de Zully María, quienes expresaron al unísono que
Marcela sí le pagó a Amparo el precio pactado, hecho del
cual no quedó trazabilidad en las cuentas bancarias de las
contratantes o mediante recibos expedidos por la
compradora, sin embargo, recordemos que nuestro sistema
procesal civil, salvo contadas excepciones, no existe tarifa
probatoria, ciertamente para este fin la demandada podía acudir
a cualquier medio probatorio.15
5 pruebas de oficio).
14. Esas operaciones fueron documentadas en documentos privados (págs.
108 a 110, 135, 136, 145 y 146 cno. 1) e instrumentos públicos (págs. 19 a 26, 54 a
57, 138 a 144 cno. 1.
15 Id. 6 min 13:05 a 13:56.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
42
Quiere decir que, al no existir un reproche de peso
frente a lo expuesto por los deponentes sobre ese particular,
diferente a que fueron concordantes en que los desembolsos
los hizo el esposo de la demandada, conserva peso dicha
conjetura.
Pero aun ahondando en el tema, lo que busca la
opugnadora es favorecerse tardíamente de la apreciación en
un dictamen que llegó al expediente en forma confusa, con el
cual aspira superar su incuria al dejar de tachar
oportunamente el documento a que hace mención.
Revisadas las actuaciones, figura que la contradictora
aportó con la contestación una copia autenticada el 25 de
enero de 2010, tomada de copia auténtica del 19 de enero de
2010, de una constancia de «abonos a la venta de derechos
hereditarios de fecha 17 de oct/03» por un total de
$60’000.000 al 23 de marzo de 2004 y que figura suscrito
por Amparo Rosa Castilla Contreras y Marcela Ogliastri
Barrera16.
Para la época en que fue allegado dicho documento, esto
es el 31 de mayo de 2010, estaba vigente el Código de
Procedimiento Civil que en su artículo 254 establecía que las
«copias tendrán el mismo valor probatorio del original», entre
otros casos «[c]uando sean autenticadas por notario, previo
cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente»,
lo que acompasaba con el artículo 252 ibídem según el cual
16 Pág. 120 cno. 1.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
43
el «documento privado es auténtico (…) 3. Si habiéndose
aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido
manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó
de falso oportunamente (…)», procedimiento este último que
al tenor del artículo 289 ejusdem debía agotarse «en la
contestación de la demanda, si se acompañó a ésta, y en los
demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día
siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o
diligencia».
Aun cuando al descorrer el traslado de las excepciones
la promotora expresó que «Rechazo como auténtico el Recibo
que se allega como prueba 1., el inciso dos por valor de
SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000), y lamento
muy de veras se utilice un medio como este, para generarle
fortaleza de auténtico a dicho documento. Rechazo su
autenticidad»17, tal manifestación prematura, porque aún no
se habían decretado pruebas, lejos estaba de constituir una
tacha y ni siquiera se solicitó una experticia para restarle
peso.
Dentro de los cinco días siguientes al enteramiento del
auto de 6 de octubre de 2010, en el que se dispuso tener
«como pruebas documentales (…) las allegadas con la
contestación de la demanda»18, la demandante guardó
completo silencio, con lo que quedaba superada su
17 Pág. 296 cno. 1.
18 Pág. 296 cno. 1.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
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inconformidad inicial, ya que como se señaló en CSJ
SC4792-2020
[l]a prueba de la certeza del documento privado emanado de las
partes, sea en original o en copia simple, abreva en el
reconocimiento explícito o implícito. Lo primero, por ejemplo, en los
eventos en que sus autores declaran ante notario que las «firmas
son suyas y el contenido (…) es cierto» (artículo 68 del Decreto 960
de 1970). Lo segundo, verbi gratia, cuando la parte respecto de la
cual se afirma que lo elaboró, escribió o firmó no lo tacha de falso
ni tampoco lo desconoce (artículos 252-3 del Código de
Procedimiento Civil y 244-2 del Código General del Proceso).
Igualmente, cuando quien lo presenta deja de hacer esas
manifestaciones (en los mismos ordenamientos, en su orden,
cánones 276 y 244-5).
Esa oportunidad para redargüir la autenticidad del
escrito que figuraba firmado por la inconforme no se reabría,
en virtud al principio de preclusión, por el hecho de que el 10
de diciembre de 2010 el testigo Jairo Miguel Castilla
Contreras expresara que «como constancia de que sí se le
pagó a AMPARO y obra en el proceso copia de ese pago
firmado y suscrito por AMPARO y por MARCELA me permito
exhibir el original al despacho porque quiero también
conservar el original» a lo que procedió y simultáneamente
aportó su reproducción, puesto que se trataba del mismo
documento que ya había sido objeto de contradicción.
Incluso para esa fecha ya había empezado a regir la
modificación que le introdujo al mencionado artículo 252 del
Código de Procedimiento Civil el artículo 11 de la Ley 1395
de 2010, en el sentido de que «[e]n todos los procesos, los
documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por
las partes, presentados en original o en copia para ser
incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
45
presumirán auténticos, sin necesidad de presentación
personal ni autenticación», lo que reforzaba que eso
aconteciera respecto del aludido comprobante, amén de que
para el día siguiente a la nueva aportación, esto es el 13 de
diciembre, en forma expresa el apoderado de Amparo Rosa
Castilla expuso que «por haberme sido imposible la
comunicación con mi poderdante, y lograr que se me
autorizara por escrito formular tacha alguna no lo estoy
haciendo» -se resalta-19.
Bajo esos parámetros extraña que en auto de 7 de junio
de 201120 y sin mediar solicitud de alguna de las partes se
dispusiera que «como quiera que para el momento del
interrogatorio de parte a la doctora Amparo Rosa Castilla
Contreras, se omitió el reconocimiento al documento visto al
folio 89 del cuaderno principal, el Despacho de oficio y de
conformidad con lo previsto en los artículos 179 y 180 del
C.P.C., decreta la prueba del mencionado documento», muy a
pesar de que para ese momento, como se señaló previamente,
dicha diligencia resultaba innecesaria.
Fue en ese escenario21 que la promotora aprovechó para
repeler tardíamente el recibo y allegar un informe identificado
como anexo 222, donde quien lo suscribía conceptuó que «[n]o
se halló identidad escritural entre las firmas indubitadas de
19 Pág. 484 cno. 1.
20 Págs.536 y 537 cno. 1.
21 Diligencia de reconocimiento de documento llevada cabo el 26 de julio de
2011 págs. 99 a 107 pdf cno. 5 pruebas oficio.
22 Experticia elaborada el 16 de diciembre de 2010 págs. 12 a 33 id. 21.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
46
AMPARO CASTILLA CONTRERAS y la firma cuestionada que
se encuentra plasmada en la constancia de abonos a la venta
de derechos hereditarios descrita como material dubitado, es
decir, se trata de firma FALSA por el método de IMITACIÓN
SIMPLE»23.
En vista de lo anterior la contradictora solicitó «verificar
la AUTENTICIDAD del documento que fue objeto de
reconocimiento (…) por parte de la Sra. AMPARO ROSA
CASTILLA CONTRERAS»24, sin que la promotora pidiera
tomar en cuenta como prueba la experticia que allegó
prematuramente en dicha diligencia.
Ahora bien, en el trámite incidental se encomendó una
«prueba grafológica»25 al Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, entidad que rindió «informe pericial de
documentología forense» de 29 de noviembre de 201426 en el
sentido de que «[l]a firma como de la señora AMPARO ROSA
CASTULLA CONTRERAS, obrante en la zona media de la
constancia de abonos obrante a folio 98 motivo de duda, NO
SE IDENTIFICA, con las muestras remitidas como material
extraproceso», lo que fue ratificado en el escrito de respuesta
a las solicitudes de ampliación y aclaración27 y se mantuvo
en el trabajo que elaboró esa misma entidad en respuesta a
la objeción por error grave para que se ampliara la
confrontación a otros documentos con los que tampoco se
23 Pág. 22 id. 22.
24 Pág. 40 a 47 pdf 6 Tacha de Falsedad cno. 6.
25 Pág. 135 y 136 id. 24.
26 Pág. 238 a 243 id. 24.
27 Pág. 268 a 270 id. 24.
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encontró que existiera «identidad gráfica»28.
Como se advierte, quedó planteado un galimatías en lo
que se refería a dicha prueba, puesto que, a pesar de contar
con presunción de autenticidad al no haber sido tachada en
su debida oportunidad e incluso con posterioridad a la
exhibición del original, oficiosamente se abrió camino a su
desconocimiento por la demandante, quien terminó
desperdiciando la posibilidad de utilizar una experticia que
le favorecía y allegó apresuradamente, pero no fue pedida ni
decretada como prueba en el incidente de verificación de
autenticidad, que tampoco produjo un resultado
contundente sobre la «falsedad» de dicho medio.
Es tal la confusión generada, que a pesar de que la
apelante se lamentó de que no se ahondara en la «falsedad»
del recibo, terminó por diluir tal reproche cuando precisó los
aspectos que serían tema de estudio por el superior,
restándole relevancia.
El bosquejo de lo discurrido frente al recibo en cuestión,
no hace más que escenificar la razón por la cual el Tribunal
se desentendió del mismo, en vista de que lo que se buscaba
demostrar con su aportación quedaba establecido con la
prueba testimonial que fue coincidente en el pago total de lo
convenido por las partes en la negociación de los derechos
sucesorales, de tal manera que si lo hubiera apreciado como
cierto y válido en su contenido solo reforzaría dicha
28 Pág. 413 a 420 id. 24.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
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deducción, pero ninguna incidencia traería en el caso de
hallar eco en el desconocimiento de la gestora, ya que de
todas maneras seguiría en firme la conclusión de plena
satisfacción de la enajenante a la que llegó por otros medios.
e.-) Igual de irrelevantes para el resultado del pleito
resultaban los cheques de gerencia 2442922-1 y 2442923-1
por $7’500.000 cada uno, girados en favor de Jairo Castilla
Contreras y que según lo expuesto por éste fueron
consignados en cuenta de ahorros de que es titular Zully
Castilla por instrucciones de Amparo Rosa, puesto que los
mismos quedaban relegados por las atestaciones
coincidentes de los testigos en el sentido de que hacían parte
de la forma de cancelación convenida para cubrir los
derechos herenciales cedidos, conforme a los convenios
particulares entre los hermanos, según este extracto
(…) apuntó el abogado de la demandante que los cheques de
gerencia enrostrados por Marcela no se libraron a orden de la
vendedora sino de Jairo, su cónyuge, por lo tanto, no era prueba
del pago, pero tal particularidad no desdice del pago en realidad,
pues precisamente al unísono Amparo Rosa Contreras que es
madre de la demandante, Sully María, Diana Pilar, Jairo y
Osvaldo Castilla Contreras, que son hermanos de la demandante
y José María Navas, cuñado de la demandante y Alicia Barrera,
madre de la demandada, dijeron que Amparo para la época de la
negociación tenía problemas conyugales con su marido por lo que
procuraba desviar los recursos de la sociedad conyugal29
Además, la disparidad entre las reproducciones de esos
títulos valores aportadas con la contestación30, en la que no
figuran restricciones, frente a las que aportó Jairo Castilla en
el curso de su declaración donde aparece un sello de
29 Id. 6 min 14:54 a 15:46.
30 Págs. 121 y 122 cno. 1.
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«PÁGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO»31,
termina siendo una nimiedad, ya que aquellas podían ser
copias previas a la imposición de la limitación a la
circulación, que por demás aparece levantada en las últimas
en el reverso de tales instrumentos cambiarios.
f.-) Al revisar por separado lo expuesto por Diana Pilar
Castilla no se desentendió el ad quem de que ella aceptó estar
ausente cuando se hicieron los pagos, ya que el peso de su
dicho lo brindaba a haber adquirido tal conocimiento de lo
que le dijo expresamente la directa interesada, según este
extracto
(…) aunque es cierto y admitió que no estuvo presente en el
momento del pago, le constaba el hecho sobre el cual declaraba
toda vez que y aquí abre comillas la Sala para citar literalmente lo
que dijo la testigo “Amparo de primera mano me dijo que la
consignara en su cuenta la mitad de lo que recibía de los arriendos
porque había hecho un negocio con Jairo y Marcela, en el 2004 me
dijo que ya no le consignara nada porque todo les correspondía a
Jairo y Marcela del negocio que se había hecho de los ranchos”. 32
Eso significaba que supo de primera mano de la
operación y el cumplimiento de los compromisos adquiridos,
esto es, de la vendedora demandante y no como resultado del
dicho de terceros extraños a la negociación. No puede
olvidarse que al sopesar las declaraciones lo que se cuestiona
es darles peso a especulaciones derivadas de lo que se
escucha en el entorno o de otras personas ajenas al pleito,
sin que tal demérito se extienda a lo que sea perjudicial a las
partes en contienda y estás mismas expresaron al deponente
31 Págs. 11 y 12 cno. 4 pruebas conjuntas.
32 Id. 6 min 14:15 a 14:48.
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en forma libre y voluntaria, ya que como se indicó en CSJ
SC123 19 abr. 1988 y se recordó en CSJ 3 oct. 2003, rad.
6861,
(…) conforme los principios que gobiernan la prueba testimonial,
en la labor crítica de este medio de prueba el juzgador debe
observar, a fin de determinar el grado de credibilidad o de
convicción de las declaraciones, si el testigo percibió directamente
el hecho sobre el cual depone, o si lo supo a través de otra persona,
o si lo afirma por haberlo escuchado de la parte misma, en
cuanto esta afirmación favorezca a ésta. Y en cuanto las dos
últimas hipótesis, tiénese dicho que, frente al riesgo de
equivocación o mentira en que pueden incurrir estos deponentes,
el vertido en el proceso por haberse oído de interpuesta persona,
tiene muy poco o escaso poder de convicción; y que ningún valor
demostrativo ostenta el que se rinde cuando la versión proviene de
lo que le han expresado al declarante alguna de las partes -negrita
adrede-.
Menos podría predicarse algún enturbiamiento porque
«adujo que de antemano era conocedora de las demás
deposiciones e incluso del interrogatorio de parte que absolvió
la accionante», ya que existían amplias razones de orden
familiar y personal para estar atenta al resultado del debate,
si se repara en que fue la única que conservó derechos
herenciales en la sucesión de su padre, por lo que cualquier
decisión afectaría la distribución en ciernes.
g.-) En el fallo no aparece afirmado que José María
Navas Cadena hubiera presenciado algún pago, sino que
tuvo conocimiento del mismo, como se advierte del siguiente
aparte:
El segundo indicio, la ausencia o falta de pago: es cierto como lo
dijo el abogado apelante que esta manifestación negativa de la
demandante constituye una negación indefinida, por lo que la
prueba del hecho contrario, esto es, el pago del precio pactado de
la compraventa, corresponde a la parte demandada y a este
propósito acudieron los testigos Amparo Rosa Contreras, Zully
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María, Jairo, Diana, Pilar y Osvaldo Castilla Contreras y además
José María Navas Cadena que es el esposo de Zully María,
quienes expresaron al unísono que Marcela sí le pagó a
Amparo el precio pactado, hecho del cual no quedó
trazabilidad en las cuentas bancarias de las contratantes
o mediante recibos expedidos por la compradora, sin
embargo, recordemos que nuestro sistema procesal civil, salvo
contadas excepciones, no existe tarifa probatoria, ciertamente
para este fin la demandada podía acudir a cualquier medio
probatorio -negrita adrede-. 33
Tal deducción está respaldada en lo que expresó el
testigo al relatar que, por el parentesco civil con las partes y
la «relación muy cercana d con todos los miembros s de la
familia» (sic) durante 38 años, tuvo conocimiento de la
negociación y que «Amparo Rosa viajo en varias
oportunidades a Bucaramanga a recibir en efectivo los
pagos que entre jairo y Marcela -se resalta- le hicieron»
(sic), además de que «me consta el último pago que recibió
Amparo Rosa por 20 millones de pesos, pues ella regresó de
Bucaramanga con cinco millones en efectivo y 2 cheque de
siete millones quinientos mil pesos» (sic)34.
Es más, añadió a continuación que la promotora «le
solicitó a mi esposa delante de mí, que la autorizara
consignar los dos cheques en la cuenta que Zully tenía en
Conavi o Bancolombia y se identifica con el número
20780008014, posteriormente mi señora, saco en efectivo y se
lo entregó a Amparo Rosa» (sic) 35.
33 Id. 6 min 12:48 a 13:55.
34 Declaración rendida por José María Navas Cadena, obrante a págs. 150 a
155 pdf RAD- 2009-264-Cdno 3-Pruebas Parte DDA primera instancia.
35 Id. 34.
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Las anteriores reproducciones no solo están acordes
con lo que extrajo de ellas el Colegiado, sino que desacreditan
las afirmaciones de la opugnadora, ya que fuera de reportar
su saber sobre la satisfacción de la negociación, la forma
como se hicieron la mayoría de desembolsos «en efectivo» y
que la enajenante se desplazaba a Bucaramanga a recibirlos,
contundentemente admitió su presencia cuando se hizo el
«último pago» y la forma como se materializó. Y a pesar de que
vincula como interviniente en la transacción y los abonos a
su cuñado Jairo, no excluye el interés que tenía Marcela en
la operación y, se reitera, solo revelaría un encubrimiento
parcial de los términos convenidos.
En cuanto a la posible contradicción por la situación
conyugal de Amparo Rosa, no fue tajante el testigo en
aceptarla ya que solo anotó que «como se suponía que el
esposo de Amparo el señor Ornass, no debía enterarse de esos
dineros y toda la familia la estaba ayudando para que
formara un patrimonio independiente y legal por fuera de la
sociedad conyugal», de ahí que les causó extrañeza cuando
«más tarde supimos que el endoso de esos cheques lo había
hecho de manera personal el señor Francisco Ornas, pues al
mirar la fotocopia de los cheques consignados es su letra y son
sus número perfectamente identificables los que aparecen
endosando el cheque como si fuera mi esposa» (sic) 36. Tales
apartes dibujan una intensión del grupo familiar de favorecer
los intereses de uno de sus integrantes en vista de las
manifestaciones de Amparo sobre inconvenientes de pareja,
36 Id. 34.
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pero sin ser determinantes de que fueran ciertos, lo que es
entendible por lo voluble de las relaciones afectivas.
h.-) Nuevamente se descarrila la opugnadora al objetar
que se pasó por alto que la contradictora admitió en la
contestación que «conjuntamente con su esposo Jairo Miguel
Castilla Contreras, fueron quienes realizaron la negociación
con Amparo Castilla, erigiéndose ambos en supuestos
compradores de los derechos hereditarios de la demandante»,
ya que tal aceptación no deriva ineludiblemente en que «las
pautas negociales del documento privado calendado 1 de
septiembre de 2003 (“promesa de compraventa”) como
también de la Escritura Pública N.º 3757 de 2003, son del todo
falaces», ya que a lo sumo constituyen la admisión de un
fingimiento parcial cuya declaración no fue pedida, ni
siquiera en subsidio de la simulación absoluta enarbolada.
Frente al indubitado alcance de la aspiración para que
se declarara completamente fingido el instrumento
contentivo de la cesión de derechos, la comprobación de que
en realidad se trataba de una transacción querida y
perfeccionada, así se hubieran alterado parcialmente sus
estipulaciones, conducía a proceder como lo hicieron los
falladores de instancia denegándola, sin quedar habilitado el
camino para develar los verdaderos términos.
i.-) La imparcialidad de los declarantes precisamente
estaba dada por los nexos familiares con ambas partes y la
particularidad de que, tanto la gestora como la opositora,
pidieron llamarlos a rendir versión sobre lo que les constara
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en relación con los hechos del libelo, su réplica y las
excepciones planteadas.
Es así como la gestora en la demanda pidió citar como
únicos testigos a Osvaldo, Zully María, Jairo Miguel y Diana
Karina Castilla Contreras (sic), así como a Rosa María
Contreras de Castilla, «con el propósito que los declarantes
manifiesten a su juzgado los pormenores de las transacciones
realizadas, hechos de la demanda y demás actos ejecutados
por la demandada, además que narren cómo dispusieron de
sus derechos sucesorales»37.
Por su lado la opositora en la contestación pidió llamar
a deponer a esas mismas personas, incluyendo a José María
Navas Cadena, Eduardo Muñoz Serpa, Alicia Barrera de
Ogliastri, Francisco José Ornass y Héctor Elías Ariza, con el
propósito de que manifestaran «que todo lo que ha afirmado
y declarado en esta demanda la señora AMPARO ROSA
CASTILLA CONTRERAS es una mentira y una falsedad»38.
En respuesta a la defensa planteada, la promotora se
adhirió a todas ellas con el agregado de que «las solicito como
pruebas de mi parte, y en caso de que la parte contraria
renuncie a ellas, pido respetuosamente que sean
consideradas también como pruebas pedidas por este
abogado, y se decrete su práctica como pruebas conjuntas»39,
37 Acápite de pruebas del libelo pág. 77 id. 1.
38 Acápite de pruebas de la contestación págs. 289 y 290 id. 1.
39 Pruebas pedidas al descorrer el traslado de las excepciones pág. 297 id. 1.
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solicitando en complemento citar a José Manuel Arias
Carrizosa, Armando Sarmiento Mantilla y Esperanza
Aristizábal de Gómez, pero «con el fin de demostrar la
capacidad, seriedad, responsabilidad y forma de actuar en
sus negocios por la DRA. AMPARO ROSA CASTILLA
CONTRERAS, como también la forma desprendida con que ella
ha manejado la sucesión de su padre»40.
Tales peticiones de los involucrados en la contienda
son determinantes de que todos los integrantes de la familia
Castilla Contreras y sus cónyuges estuvieron al tanto de las
negociaciones internas para definir entre quiénes se
terminaría por distribuir la masa herencial de Miguel Castilla
Cohen, de ahí que siendo convocados por ambos lados era
lógico entender que la concordancia entre ellos era muestra
de neutralidad. Con las personas ajenas a tan estrecho
círculo, apenas buscaba la impugnante resaltar su
comportamiento negocial en ámbitos diferentes al que se
ceñía la disputa, lo que les restaba relevancia.
No se desconoce que fueron expuestas por las partes
fricciones relacionadas con temas económicos entre Rosa
María Contreras y su hija Amparo, que incluso implicaron
denuncias penales y el entorpecimiento de una negociación
que recaía en un inmueble ajeno a la sucesión por liquidar,
pero tal aspecto no era suficiente para deducir
animadversión o ánimo revanchista alguno, máxime cuando
lo expuesto por la primera concordaba con el resto de los
40 Pronunciamiento sobre excepciones pág. 297 y 298 id. 1.
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deponentes y en ninguno se patentizan sesgos que pudieran
evidenciar el deseo de favorecer a Marcela por sobre la
gestora, cuando el consenso general era la necesidad de
zanjar las diferencias para reestablecer la paz filial.
De allí que no luce arbitrario, antojadizo ni ajeno a la
realidad el peso que se le brindó a las declaraciones para
desvirtuar la «ausencia o falta de pago» al precisar que
[h]ay también una peculiaridad en todo lo que atañe a la prueba
en relación con este hecho y pago, quienes así lo expresaron, en
su mayoría, tiene parentesco de consanguinidad en primero y
segundo grado con la demandante, es decir, así lo declararon, su
propia madre Amparo y sus hermanos. Y la Sala dice
“peculiaridad” porque las reglas de la experiencia enseñan que las
declaraciones de los familiares en un proceso civil deben mirarse
con especial atención, con recelo si se quiere, en tanto tienden a
favorecer los hechos que interesan a sus congéneres pero acá,
contra todo pronóstico, sucedió todo lo contrario, los hermanos y la
madre de Amparo la desmintieron y no hay motivo para dudar de
la sinceridad de estas declaraciones, puesto que por un lado ha
de suponerse que entre los hermanos y madre de Amparo existen
lazos afectivos de los que se infiere no hay ningún interés en
mentir para perjudicar a su hermana e hija, amen que tampoco se
advierte de estos testimonios un interés en las resultas de este
juicio más allá de que prevalezca la verdad. Pero también porque
no fueron tachados y, esto es lo cardinal, de sospechosos ni se
adujo alguna enemistad o rencilla familiar entre demandante y
testigos que haga suponer a la Sala que los testigos que son su
madre y sus hermanos quisieran perjudicar a Amparo.41
Como puede verse la valoración no fue caprichosa sino
el producto de considerar los vínculos sanguíneos y
consanguíneos con las dos pleiteantes, el contenido de las
declaraciones, los efectos de las mismas y la ausencia de
intereses particulares que pudieran desdibujarlas o terminar
descarriando su contenido en pos de legitimar algún reclamo
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incierto, dejando como último punto y a manera de refuerzo,
no como primordial razón, el que llamara la atención la
ausencia de tacha de sospecha de tales testigos.
Esa apreciación final, por demás, no significa que se
hubiera brindado automáticamente convicción a lo
expresado por los testigos ya que la parte que discrepa de
ellos no pidió hacerle un escrutinio mayor al usual, sino que
tal desidia convalidaba su transparencia al dejar de
percatarse circunstancias que afectaran su credibilidad o
imparcialidad, ya que el solo vínculo sanguíneo o afectivo
constituía a los parientes en testigos sospechosos a la luz de
las normas procesales vigentes para la época en que se
recaudaron 42, pero eso no impedía que las mismas partes las
tacharan43, lo que de forma más genérica consolidó el actual
estatuto vigente al prescindir de categorizar a ciertas
personas como «testigos sospechosos» y dejar la carga de
cuestionar su imparcialidad a quien vislumbre cualquier
motivo que la empañe44.
42 Conforme al artículo 217 del Código de Procedimiento Civil eran
«sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en
circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas».
43 El artículo 217 ibídem posibilitaba tachar los testigos «por escrito antes de
la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella», con
la advertencia de que al tratarse de «testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la
tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual
se solicitó el testimonio» y que el «juez apreciará los testimonios sospechosos, de
acuerdo con las circunstancias de cada caso».
44 El artículo 211 del Código General del Proceso estipula: «Imparcialidad
del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que
se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón
de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas (…) La tacha deberá formularse
con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el
momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso. ».
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De todas maneras, así se hubiera propuesto la tacha,
eso solo no hubiera significado que el peso dado a las
declaraciones de los parientes resultara diferente a la que en
esta oportunidad se les brindo, ya que como se dijo en CSJ
28 sep. 2004, rad. 1996-7147-01,
(…) la sola tacha por sospecha no es suficiente para menguar la
fuerza demostrativa de un testimonio, ya que de esa circunstancia
no cabe inferir sin más, que el testigo faltó a la verdad. Como lo
advirtió el fallador, cuando la persona que declara se encuentra
en situación que haga desconfiar de su veracidad e imparcialidad,
lo que se impone no es la descalificación de su exposición, sino un
análisis más celoso de sus manifestaciones, a través del cual sea
permisible establecer si intrínsecamente consideradas disipan o
ratifican la prevención que en principio infunden, y en fin, si
encuentran corroboración o no en otros elementos persuasivos,
criterios que en definitiva son los que han de guiar la definición del
mérito que se les debe otorgar. Hoy, tiene dicho la Corte, “…la
sospecha no descalifica de antemano –pues ahora se escucha al
sospechoso-, sino que simplemente se mira con cierta aprensión a
la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien
puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle
credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato
carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la
prueba, y, después –acaso lo más prominente- halla respaldo en
el conjunto probatorio” (Cas. Civ. del 19 de septiembre de 2001).
Incluso el parentesco civil que une a las contendientes
ni siquiera emerge como un indicio irrefutable de la falta de
seriedad del acuerdo, ya que como se expresó en CSJ SC de
15 feb. de 2000, rad. 5438, traída a colación recientemente
en CSJ SC3979-2022, el ordenamiento jurídico vigente no
tolera
(…) que toda negociación deba ser satanizada, so pretexto de que
se realizó entre parientes o familiares, como si el vínculo emergente
de la consanguinidad se erigiera en patente de corso para eclipsar,
invariablemente, la seriedad y sinceridad de las convenciones, sin
que medie para ello ningún examen o fórmula de juicio individual
y, lo que es más decisivo, su integración armónica y concatenada
con otras probanzas, aún de raigambre indiciaria. No en vano, con
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innegable acierto, la doctrina especializada se ha preocupado por
aclarar que la relación personal o familiar de los contratantes
(coniunctio sanguinis et affectio contrahentium), aisladamente
considerada, es impotente para acreditar el acuerdo simulatorio,
pues como bien lo recuerda el profesor italiano Carlos Lessona,
esta circunstancia “…no basta por sí sola, no habiéndose
prohibido a tales personas contratar entre sí”. Incluso, en
determinadas ocasiones - como lo relata el mismo profesor de la
Universidad de Pisa - “el vínculo de parentesco puede tal vez
probar la sinceridad del acto más bien que suministrar una
conjetura de simulación” (Teoría General de la Prueba Civil, Reus,
T. V., Madrid, 1964, pág., 420), todo lo cual confirma la imperiosa
necesidad de ponderar, ex abundante cautela, cada prueba
obrante en el proceso, en concordancia con otras del mismo o
similar linaje.
En cuanto a la tacha que formuló la demandada al
testificar Alicia Barrera de Ogliastri y de la cual extraña falta
de pronunciamiento por el juzgador de segundo grado, es
suficiente una oteada al contenido de la decisión para
concluir que ninguna trascendencia se le dio a su relato, ya
que la única referencia a la misma fue para llamar la atención
a que, a la par de otros declarantes, Alicia expuso como
«Amparo para la época de la negociación tenía problemas
conyugales con su marido por lo que procuraba desviar los
recursos de la sociedad conyugal», lo que ninguna incidencia
tenía frente a los términos de la negociación que llevaron a
cabo las partes, cuyos alcances aceptó desconocer.
j.-) Ninguna discusión existe en el expediente frente a
la solvencia de las litigantes, quienes son profesionales del
derecho con desempeño comercial e incluso una de ellas
vinculada al sector público, de ahí que resultaba
intrascendente «la prueba del origen de los dineros con los que
supuestamente pagó el precio avenido [la demandada],
concretamente, dónde estaban esas sumas de dinero y los
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movimientos bancarios que habrían dado lugar a su retiro»45,
ya que la capacidad económica de quienes firmaron el
instrumentos dubitado quedó por fuera de discusión y la
relativa informalidad en los desembolsos estaría refrendada
por los vínculos familiares existentes.
k.-) No se aprecian contradicciones en las conjeturas
del Tribunal sobre la forma como se hicieron algunos pagos
al expresar que
(…) el art. 225 inciso segundo del C.G.P. que prácticamente es una
norma reproducida del C.P.C., dispone que la falta de documento
de principio de prueba por escrito constituye indicio grave de la
existencia del respectivo acto, es decir, del pago, sin embargo, no
puede perderse de vista que tanto la escritura pública de venta del
respectivo acto número 3757 del 23 de octubre de 2003, como la
promesa del 1 de septiembre de 2023, entre comillas promesa
porque sabemos que no reúne los requisitos formales, constituyen
ese principio de prueba por escrito del respectivo acto en tanto que,
en el primer documento es decir en la escritura se indica que el
dinero correspondiente al precio fue recibido en efectivo por la
parte vendedora y en la promesa de venta se indica que el precio
se pagará por instalamento, siendo la primera cuota el 1 de
septiembre y la ultima el 1 de diciembre. Explicado de otra manera
el razonamiento que hace la Sala en este punto, en el presente
asunto se allegó una promesa de compraventa celebrada entre las
partes el 1 de septiembre de 2003, según la cual el valor de la
venta de los derechos y acciones que le correspondían a la actora
Amparo Castilla y a Jairo Castilla, su cónyuge, fue de $160
millones de pesos, es decir, $80 millones de pesos para cada uno,
los cuales deberían pagarse en 16 cuotas mensuales de $10
millones cada una a partir de ese mismo día y se pactó que las
primeras 8 cuotas se pagarían a la aquí demandante Amparo, por
lo que en principio la promesa acredita el pago de los primero $10
millones de pesos. Por otra parte, como la escritura se otorgó el 23
de octubre de 2003, su otorgamiento hace presumir que se pagó
también a Amparo la cuota del 1º de octubre de 2003, lo que de
alguna manera corrobora la escritura pública al estipularse allí
que el precio fue de $20 millones de pesos los cuales ya se habían
pagado, entonces, lo que no se acreditó fue el pago del saldo
restante, circunstancia que per se no constituye un indicio de la
45 Como censura la opugnadora en el escrito de sustentación, pág. 79.
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simulación del contrato.46
Sin desatender que se tuvo en cuenta la coincidencia de
los familiares declarantes en el sentido de que «Marcela si le
pagó a Amparo el precio pactado», lo que hizo el ad quem fue
escudriñar a profundidad los restantes medios de convicción
y percatarse de que existían dos documentos en los que la
demandante había manifestado recibir sumas de dinero de
manos de la contradictora, para reforzar lo anterior y
desvirtuar la inexistencia de prueba escrita al respecto.
Esa valoración resulta lógica y coherente, para revaluar
la tajante afirmación de la promotora en el sentido de que la
negociación era totalmente simulada ya que ni siquiera hubo
alguna erogación relacionada con la misma, cuando existían
por lo menos dos elementos de convicción indubitados en los
que ella afirmaba que le habían hecho pagos, por lo que a lo
sumo su inconformidad era el resultado del incumplimiento
en la satisfacción del resto del precio convenido, lo que
excluía de tajo la aspiración principal.
Además, el ejercicio fue concatenado en el tiempo, para
apreciar en primer lugar la «promesa de compraventa»47,
aunque sin admitirle tal categoría para catalogarla de una
mera tratativa de la negociación, en virtud de la cual existió
un desembolso preliminar de $10’000.000, ya que allí se hizo
constar que la suma convenida se cubriría en pagos
46 Id. 6 min 19:56 a 22:36.
47 Documento de «contrato de venta de derechos hereditarios» aportado en
copia autenticada con la contestación de la demanda págs. 108 a 110 id 1.
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mensuales por dicho monto «a partir del día de hoy 1 de
septiembre de 2.003», con la precisión de que al figurar dos
cesionarios de derechos herenciales, «los primeros ocho pagos
serán para la vendedora AMPARO CASTILLA», de lo que se
extrae que la firma del documento por ella, que por demás
fue autenticada personalmente el 16 de octubre de 2003, era
señal de satisfacción de que así se había procedido.
Bajo ese mismo razonamiento, como el instrumento de
venta se protocolizó por medio de la escritura 3757 del 23 de
octubre de 2003, otorgada en la Notaría Séptima de
Bucaramanga, la expresión de que en esa fecha se recibían
$10’000.000 patentizaba el cumplimiento de lo previamente
convenido, puesto que para esa data ya se habría causado la
segunda cuota prevista.
Ahora bien, el desacuerdo entre el contenido de los dos
documentos lo atemperó el sentenciador con que si bien el
primero denota que «el importe de la transacción era de
$160’000.000, $80’000.000 para cada vendedor, Amparo y
Jairo, y no de $20’000.000 que serían $10’000.000 para cada
uno como quedó inserto en el instrumento público», tal
diferencia «se explica en la práctica común, regla de la
experiencia, declarar un valor inferior del contrato para
disminuir los gastos notariales e impuestos».
Ese ejercicio revela implícitamente lo que extraña la
censora, esto es, estuvo consciente el Colegiado de que el
contenido de la escritura dubitada no era acorde a la
realidad, pero eso no significaba la ausencia de voluntad
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negocial de las otorgantes del instrumento público, razón por
la cual resultaba innecesario ahondar al respecto ya que,
como consta en el fallo confutado, en esencia «las
estipulaciones contenidas en la escritura pública número 3757
de 2003, son ciertas y reflejan la voluntad de quienes allí
participaron, al menos la de Amparo y Marcela», esto es, el
ánimo de la enajenante de transferir sus derechos
herenciales, lo que deslindaba la transacción de la
simulación absoluta que era el preciso tema de análisis en
segunda instancia.
Y es que independientemente de que se hubiera dado
por comprobado con la prueba testimonial «el pago del precio
pactado» o solo la satisfacción de dos de las cuotas
convenidas conforme a las manifestaciones libres y
voluntarias por escrito de la promotora, el hecho de que se
hubieran materializado desembolsos desvirtuaba como
indicio la «ausencia o falta de pago» como determinante del
completo fingimiento pretendido.
Aún si se le reconociera el alcance de confesión de la
demandada al contendido del comprobante de pagos que en
forma tardía desconoció la opugnadora, donde figura que
para el 16 de octubre de 2003 se habían abonado
$20’000.000, tampoco eso contradice lo que alcanzó a
deducir el ad quem en el sentido de que para el 23 siguiente
ya se había cumplido con el pago de dos cuotas de
$10’000.000 cada una, cuya sumatoria arroja tal monto. De
todas maneras, a pesar de esa coincidencia conceptual, no
puede olvidarse que dicho comprobante fue obviado para
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basar la determinación en los demás medios de convicción
recaudados.
l.-) La vileza del precio como indicio determinante en
los casos de simulación absoluta, ineludiblemente va atada
a la ausencia de su pago, puesto que la efectiva realización
del monto expresado en el instrumento, de parte del mismo
o si se sufragan sumas superiores, deriva en convenios
aparentes relativos.
Quiere decir lo anterior que, para los fines del caso,
sentado como estaba el cumplimiento de la erogación en los
términos indicados en la escritura e incluso la entrega de
mayores sumas acorde con las «tratativas» escritas signadas
por las mismas otorgantes, perdían relevancia las experticias
rendidas para constatar lo irrisorio del valor negociado.
De todas maneras, en aras de atender la totalidad de
reclamos de la apelante, se expusieron ocho razones que le
impedían al Tribunal tener en cuenta el «avalúo comercial
decretado a instancias de la parte demandante», algunas de
forma y otras de fondo.
Si bien, como expone la recurrente, la inclusión de
bienes ajenos al debate podía ser superada y dejando de lado
cualquier discusión frente a la claridad del «método empleado
para establecer el precio de cada uno de los bienes para el año
2000», aspectos a los que se contraen los tres motivos
iniciales de descrédito, los cinco restantes quedan enhiestos
frente a la amañada sugerencia de ajuste oficioso tanto al
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dictamen rendido por Jairo Arciniegas, como al de Antonio
José Díaz Ardila que presentó la contradictora.
Precisamente esas falencias restantes denotaban un
completo desconocimiento del estimativo de mercado de los
inmuebles para la época en que se otorgó la escritura de
cesión, tomando en consideración el estado de los mismos
para ese entonces, ya que estaba dado que muchos de ellos
fueron refaccionados e incluso rehabilitados, de ahí que
resultaba imprescindible la inspección física de los predios y
sus construcciones para constatar la existencia de mejoras,
su antigüedad y la trascendencia que tuvieron en el
incremento del valor comercial luego de su implantación.
A pesar de aceptar que eso es cierto, la impugnante
pretende superar tales deficiencias con la aplicación de los
indicadores económicos para deflactar los avalúos dados a
2012 como si el crecimiento y decrecimiento de los mismos
fuera lineal, independientemente de las diferentes variables
a tomar en cuenta cuando del avalúo de bienes inmuebles se
trata, pasando por alto que son múltiples los factores que
pueden incidir en incrementos o decrementos bruscos, como
puede ser la rehabilitación de zonas deprimidas, las
variaciones del mercado inmobiliario en las diferentes áreas
del país y demás aspectos determinantes que
imposibilitarían aplicar en forma indiscriminada los datos
que reflejan el comportamiento económico en términos
generales.
No se desconoce que, como dispone el artículo 180 del
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
66
Código General del Proceso, «[t]odos los indicadores
económicos nacionales se consideran hechos notorios», solo
que su aplicación debe estar acorde con la naturaleza del
tema que se pretende demostrar, puesto que no es lo mismo
la actualización de sumas de dinero o proceder a deflactarlas
para poder hacer una comparación correcta de una suma de
dinero en tiempos distintos, como acontece con la indexación
de partidas indemnizatorias, al contrastarla con las
fluctuaciones del mercado inmobiliario que pueden estar
signadas por diferentes circunstancias.
De ahí que ningún error de jure puede predicarse del
Tribunal porque, al advertir deficiencias insuperables en los
informes obrantes, no procedió a aplicar «indicadores
económicos» a fin de especular un valor tentativo del
patrimonio a distribuir en la sucesión de Miguel Francisco
Castilla Cohen para el año 2003, cuando se otorgó la
escritura de cesión de derechos de Amparo dentro de la
misma.
Incluso las disparidades de las dos experticias y lo
voluble de las variaciones en los estimativos por cada
inmueble entre los años 2000 y 2012 reflejan la dificultad
para acoger, aún en gracia de discusión, la propuesta de la
censora, como se refleja en la tabla que se reproduce a
continuación:
Folios de
matrícula
Dictamen Jairo Arciniegas Dictamen Antonio Díaz
2000 2012 2000 2012
300-46863 $1.000.000.000 $1.266.000.000 $215.540.000 $1.266.000.000
300-40142 $250.000.000 $356.400.000 $50.112.000 $246.812.000
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
67
300-51072 $350.000.000 $450.000.000 $76.500.000 $363.300.000
300-39951 $500.000.000 $1.339.215.000 $104.250.000 $577.221.978
300-81955 $1.000.000.000 $2.168.400.000 $188.676.378 $1.220.501.451
300-160366 $1.000.000.000 $1.378.400.000 $101.800.000 $498.000.000
300-53328 $500.000.000 $643.125.000 $55.728.000 $256.566.020
300-52482 $250.000.000 $318.770.000 $147.840.000 $894.432.000
300-37808 $700.000.000 $960.000.000 $129.700.800 $617.528.880
300-29938 $700.000.000 $960.000.000 $72.062.500 $352.749.582
300-004417 $8.276.463 $276.697.140
300-98805 $350.000.000 $500.000.000 $25.715.000 $91.099.945
TOTALES $6.600.000.000 $10.340.310.000 $1.176.201.141 $6.660.908.996
De todas formas, como lo precisó el ad quem y no fue
tema de desarrollo en el cargo
(…) si ese valor resulta acorde o se compadece o no con el caudal
existente para la época, no es cuestión que por sí sola de al traste
con el pacto que se escruta, bajo el entendido que tendría que estar
aparejada de otras pruebas que lo infirme, las que, se itera, no
militan en el expediente.
Y es que la disparidad de precios, a lo sumo, podría dar lugar a la
recisión del contrato por lesión enorme, habida cuenta que a pesar
de que versó sobre intangibles asociados al alea, sí era posible
estimar su valor de cara al patrimonio del causante y el número
de herederos. 48
Nuevamente se concluye que al haberse dado por
sentada la voluntad contractual de las partes, cualquier
discrepancia con el valor acordado no era indicativo de un
fingimiento total en la negociación, sino un desacuerdo a
ventilar por otras vías ajenas a la simulación, razón por la
cual las experticias resultaban inocuas para los fines del
pleito, juicio que está ajustado al desarrollo argumentativo
de la providencia y no se logra quebrar con la visión de la
recurrente al realizar los cálculos que más le convienen a sus
intereses, pero sin cohesionar los mismos a las implicaciones
que efectivamente tendrían para evidenciar la completa
48 Id. 6 min 30:45 a 31:29.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
68
ausencia de ánimo transaccional entre las otorgantes del
instrumento dubitado.
Ni siquiera lo irrisorio del precio visto insularmente,
aún de haberse podido establecer, constituiría un indicio
determinante de simulación absoluta entre personas
solventes, ya que como se señaló en CSJ SC640-2024 no
puede confundirse tal aspecto con la inexistencia de precio
como requisito esencial del contrato de compraventa, pues
(…) de antaño la jurisprudencia de la Corte –en línea con la
doctrina– ha reconocido que «se puede inferir falta de seriedad en
el contrato (...) cuando el precio que figura en la escritura de venta
no guarde relación con el justo valor de los bienes enajenados,
porque en las ventas simuladas suélese señalar un bajo precio,
para hacer verosímil el desembolso del dinero en el adquirente que
carece de posibilidades económicas» (CSJ SC, 11 may. 1955, G. J.
t. LXXX, pág. 301-311). Sobra insistir en que este indicio,
considerado de forma aislada, no revela la seriedad o mendacidad
de un negocio, pero sí puede valorarse como elemento de juicio
relevante para esclarecer el punto.
Sin embargo, no debe confundirse esa prueba indirecta de
simulación con el precio irrisorio al que se refiere el segundo inciso
del artículo 920 del Código de Comercio (a cuyo tenor «El precio
irrisorio se tendrá por no pactado»). Es este el caso de la venta de
un bien valioso por una suma despreciable, minúscula o
meramente simbólica, como por ejemplo si se transfiere un bien
cualquiera, avaluado en $100.000.000, en tan solo $20.000.
En casos como ese, la escasísima representatividad de la suma
hace que el precio se torne inexistente, lo que conlleva la
desaparición de un elemento esencial del contrato de
compraventa. Pero ello no traduce que la venta se transforme en
donación, porque para ello es necesario auscultar la voluntad de
las partes, y el fenómeno al que se refiere el citado canon 920 es
puramente objetivo. Más bien da cuenta de la presencia de un vicio
en el contrato.
m.-) Ningún desconcierto suscita la afirmación del
Colegiado en el sentido de que la causa para simular o móvil
«está ayuno de prueba, carece en ese sentido en tanto que no
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
69
se aprecia como la venta de los derechos de dos de los
herederos en favor de un tercero, le facilitaría a la cónyuge
supérstite la administración de los bienes», la cual devino de
las reglas de la experiencia y el estudio del caso, en el cual la
razón expuesta por la demandante para justificar la supuesta
transferencia inexistente carecía de lógica y sentido común,
con mayor razón cuando la operación se hizo entre dos
profesionales del derecho, complementado con las
actividades mercantiles y laborales de las cuales se deduce
un conocimiento claro de reglas básicas de administración y
representación.
Ninguna justificación se patentizó para admitir que la
cesión de derechos herenciales incidiera en la facilitación del
manejo y cuidado de los bienes relictos por la cónyuge del
causante, cuando el mero hecho de no adelantar la sucesión
hubiera sido suficiente o lo indicado era una cesión conjunta
de todos a la madre, con mayor razón si no se buscaba
perjudicar derechos de terceros.
Además, no existe algún convenió o acuerdo suscrito
por todos los integrantes del grupo familiar en ese sentido, ni
mucho menos fue aceptado por alguno de los hermanos o la
progenitora, razón por la cual la expresión de la gestora en el
sentido de que todo se hizo para «permitirle a doña ROSA
CONTRERAS DE CASTILLA manejar y disfrutar de sus bienes,
es decir, administrarlos sin limitación alguna» no pasó de ser
una excusa sin fundamento ni sentido práctico. Es más, si
bien se hicieron varias cesiones no todas fueron a la misma
persona, ya que Zully María hizo la transferencia a su madre
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
70
Rosa, sin que adujera algún propósito encubierto al hacerlo
así.
Ahora, el hecho de que a la fecha en que se incoó el
libelo no se hubiera adelantado la sucesión ni siquiera
constituye indicio de acuerdo en ese sentido, sino, según lo
que se extrae del expediente, la decisión de los directos
interesados en dilatarlo, bajo el entendido de que la única
heredera que mantuvo su participación, al menos en gran
parte, se entendió de la administración de los bienes en
forma conjunta, sin tropiezos, con su progenitora y los
cesionarios de derechos integrantes del grupo familiar,
quienes terminaron por materializar en forma postrera la
distribución por medio de la Escritura 4949 de 3 de
noviembre de 2010 de la Notaría Tercera de Bucaramanga49.
6.- Conclusión.
Como se dejó evidenciado, los cuestionamientos de la
censora lejos quedaron de revelar una equivocación
manifiesta del Tribunal al deducir que existió una
negociación querida por las partes, lo que le impedía declarar
la simulación absoluta pretendida.
Todos los reparos, si bien insisten en que el
instrumento fue fingido, se centran es en que los medios
probatorios revelan la participación que tuvo el esposo de la
contradictora en el acuerdo y su materialización, así como en
49 Págs. 51 a 97 pdf RAD- 2009-264-Cdno. 5pruebas oficio primera instancia.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
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los verdaderos términos convenidos, discrepancia que no
contradice el resultado adverso, sino que esboza una falencia
al plantear el debate sin pedir la declaratoria de simulación
relativa, para los fines que se estimaran pertinentes en
relación con lo que verdaderamente quisieron las otorgantes.
Al respecto en CSJ SC de 15 feb. de 2000, rad. 5438,
traída a colación recientemente en CSJ SC2906-2021, se
llamó la atención a que
[n]o bastan, entonces, las meras sospechas o especulaciones que
nacen de la aprehensión maliciosa del acto dubitado o de la
consideración aislada - o insular - de los diferentes medios de
prueba, específicamente de los indicios, tomados en abstracto - o
incluso en forma fragmentada - sin la necesaria contextualización
en al ámbito propio del negocio censurado y en las
particularidades - ello es neurálgico - que ofrece el caso in concreto,
insuficientes y anodinas para desvirtuar la arraigada presunción
de sinceridad que lo abriga, pues es necesario resaltar que la sola
presencia de circunstancias que pudieran llamar la atención bajo
el prisma de experimentados negociantes, no se traduce más que
en una duda sobre la habilidad del vendedor para disponer de sus
bienes, a quien le bastaría invocar como argumento de
contrapartida para enfrentar con éxito tan débiles argumentos, el
principio de la autonomía privada, a cuyo amparo puede
entenderse que, por ejemplo, el precio no sea del equivalente al que
se otorga en el comercio al bien, o que la forma de pago no suponga
exigentes requerimientos económicos y probatorios (intereses y
documentación), como suele suceder, merced a la confianza
reinante - de ordinario - en los negocios entre parientes, o que del
producto de la transferencia el enajenante no obtenga un
adecuado provecho.
Al fin y al cabo la ley civil, las más de las veces supletiva como en
estos menesteres corresponde, e inspirada en ese acerado
postulado, en asocio con el potísimo axioma de la buena fe - tan
celosamente defendido en esta específica materia desde el
derecho medieval por los post-glosadores, mejor comentaristas, en
particular por Baldo y por Bartolo -, no sanciona la impericia ni la
ingenuidad o candidez, réctamente entendidas, ni la generosidad
o desprendimiento límpidos en los negocios, ni impone, por regla
general, determinados compromisos cuando ellos se acuerden, ni
mucho menos permite edificar una presunción de mala fe por el
hecho de que uno de los convencionistas - más experimentado que
el otro -, se aproveche lícitamente de las ventajas negociales que
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
72
su contraparte le ofrece, en la inteligencia, claro está, de que su
proceder no se torne abusivo.
Ante las deficiencias argumentativas advertidas se
mantiene enhiesto el trabajo juicioso y serio del colegiado de
segunda instancia, por lo que fracasa el ataque.
SEGUNDO CARGO
Acusa la sentencia de ser incongruente «en cuanto
omitió el pronunciamiento que correspondía sobre las
pretensiones subsidiarias primera y segunda, atañederas con
la nulidad absoluta deprecada, en su orden, ya por ausencia
de precio ora por precio irrisorio».
El Tribunal al advertir motivos para confirmar lo
resuelto frente a la aspiración principal, debió abordar el
estudio de las complementarias «bajo el supuesto de que,
descartada la simulación absoluta, debió entenderse que
entre las partes realmente se pactó una compraventa en que
no se cumplió con el requisito del precio», ya que al exponer el
vocero del apelante los motivos de inconformidad
simultáneamente con la formulación de la alzada «cuestionó
la ponderación probatoria efectuada por el juez a quo en punto
del precio de la compraventa, lo cual se predica a la par tanto
para la pretensión simulatoria (principal) como para las
pretensiones (subsidiarias) de nulidad absoluta, en tanto que
tanto aquélla como éstas se sirven de las mismas pruebas
para ser demostradas» y sin que lo circunscribiera solo a la
simulación, razón por la cual fue tema expuesto al sustentar
ante el superior.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
73
CONSIDERACIONES
1.- De la incongruencia en general.
La naturaleza dispositiva del proceso civil y lo previsto
en el artículo 281 de la Ley 1564 de 2012 hacen que el libelo
y las oportunas defensas del demandado, así como las
excepciones que la ley ordena reconocer de oficio,
constituyan el marco en que se debe desenvolver la decisión
de fondo de los juzgadores de instancia, so pena de que por
exceso o defecto caigan en el vicio de incongruencia
denunciable en casación conforme la causal tercera del
artículo 336 ibidem, que como se recordó en CSJ SC4126-
2021 tiene diversas manifestaciones ya que
(…) puede ser «fáctica» si el fallador incide en una «sustitución
arbitraria de los supuestos aducidos por las partes en sustento de
sus aspiraciones», en otras palabras, altera la causa petendi; u
«objetiva», si al acoger las súplicas «peca por exceso o por defecto
(extra, ultra o mínima petita)», lo que puede darse cuando «…se
pronuncia sobre objeto distinto del pretendido…., o desborda las
fronteras cuantitativas de lo que fue suplicado…, o deja de
resolver aspectos que le fueron demandados…», respectivamente
(CSJ SC 4 sept. 2000, reiterada en SC 27 sept. 2013, exp. 2005
00488 01).
Otra modalidad puede configurarse cuando en la segunda
instancia el superior no se pronuncia sobre todos los reparos
debidamente sustentados del apelante o, sin tener de obligación
de hacerlo oficiosamente, aborda tópicos que este no cuestionó, en
tanto se revela contra el principio tantum devolutum quantum
appellatum.
Todo ello porque de conformidad con el estatuto ritual la
formulación de la alzada no lo habilita para resolver de manera
panorámica, excepto si ambas partes la proponen, sino que lo
limita a «…pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley» (num. 1, art. 328
ídem).
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
74
Al respecto, en SC14427-2016 la Sala señaló que «…la
incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia
entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado,
sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza
con lo pedido en la sustentación del recurso que, indudablemente,
corresponde a una pretensión del derecho sustancial
controvertido».
2.- De la incongruencia por no atender los reparos
de la alzada.
En lo que respecta a los alcances de la apelación el
artículo 320 del Código General del Proceso es enfático en
que dicho recurso «tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión» -se resalta-, de ahí
que la inconsonancia opera cuando las determinaciones
exceden o no desentrañan en su integridad tales
cuestionamientos.
Eso sí, hay que tener en cuenta que el sistema de
impugnación desarrollado en el estatuto adjetivo vigente
presenta dos etapas, la primera de formulación y
delimitación ante el a quo, que se complementa con la
posterior argumentación ante el ad quem, pero dentro de los
límites ya impuestos, de ahí que es en primera instancia
donde quedan precisados los puntos materia de discordancia
que no pueden ser desbordados por la parte inconforme,
aunque si restringidos, ya que conforme al segundo párrafo
del numeral 3 del artículo 322 ibídem «[c]uando se apele una
sentencia, el apelante (…) deberá precisar, de manera breve,
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
75
los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los
cuales versará la sustentación que hará ante el
superior» -negrita adrede-.
Precisamente en CSJ SC3148-2021, invocada en las
CSJ SC1303-2022 y SC640-2024, se resaltó como
(…) las facultades que tiene el superior, en tratándose de la
apelación de sentencias, únicamente se extiende al contenido de
los reparos concretos señalados en la fase de interposición de la
alzada, oralmente en la respectiva audiencia o por escrito en la
oportunidad fijada en el inciso 2º del numeral 3º del artículo 322
del Código General del Proceso, siempre y cuando que, además,
ello es toral, hubiesen sido sustentados en la audiencia que, con
ese fin y el de practicar las pruebas decretadas de oficio, si fuere
el caso, así como de proferir la sentencia de segunda instancia,
practique el ad quem.
De allí se extracta que está vedado al ad quem pronunciarse sobre
cuestiones no comprendidas en los reparos concretos expresados
por el censor contra la sentencia de primera instancia, como sobre
aquellos reproches que, pese a haber sido indicados en esa
primera etapa del recurso, no fueron sustentados posteriormente
en la audiencia del artículo 327 del Código General de Proceso.
Por lo expuesto, una vez planteadas las inquietudes del
opugnador en primer grado a eso debe ceñirse al momento
de acudir ante el fallador de segunda instancia a ahondar en
las razones que ameritan replantear la determinación,
quedándole prohibido en esta última etapa extenderse a
temas que, así sean tema del debate, no fueron objeto de
reparo y, por ende, quedaron por fuera del disentimiento.
3.- Despacho del cargo.
En esta oportunidad se lamenta la vencida que el
Colegiado al desatar la alzada dejó de pronunciarse sobre las
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
76
dos pretensiones subsidiarias que planteó por nulidad
absoluta, la primera por carencia de causa y precio de la
transferencia, mientras que la segunda fue por lo irrisorio del
precio.
No obstante, es de resaltar que el ad quem expuso en
forma clara y concreta las razones que le impedían abordar
tales temas, puesto que al no quedar comprendidos dentro
de los puntos que precisó la apelante al momento de
interponer el ataque, resultaba infructuoso el esfuerzo en
segunda instancia para hacer extensivo el estudio a otros, en
atención a las restricciones de las reglas adjetivas que
contorneaban su ejercicio.
Incluso fueron dos las advertencias que sobre el
particular se hicieron, ya que al comenzar la audiencia
expresó el sentenciador como
(…) conviene recordar que la competencia de este Tribunal está
circunscrita exclusivamente a los reparos que fueron formulados
frente a la sentencia de primer grado en esta sede y que fueron
debidamente sustentados en la audiencia que tuvo lugar en el mes
de marzo, ello en virtud del art. 328 del C.G.P. y se hace necesario
entonces recordar, cuales fueron esos reparos que se adujeron en
primera instancia comoquiera que la sustentación del recurso que
tuvo lugar el pasado 19 de marzo, el apoderado que representa los
intereses de la parte demandante que, conviene advertir, no es el
mismo que formuló la apelación, dejó al margen algunos de esos
reparos en su sustentación.
Esos reparos que repito se formularon frente a la sentencia de
primer grado una vez esta fue proferida fueron los siguientes:
Primero, lo relativo a la temporalidad de la promesa y el contrato
de compraventa de los derechos herenciales que fue protocolizado
en escritura pública número 3757 de 2003 en tanto fueron
coetáneos, es decir, se celebraron al mismo tiempo, lo que indica
que sí son espurios estos actos.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
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El segundo reparo se hizo consistir en que la demandada confesó
el móvil del pacto aparente, cual fue dejar el manejo de los bienes
en manos de la señora Rosa Contreras de Castilla.
El tercero, apunta a la venta que efectuó Jairo en la misma
escritura que es simulada, tanto así que no fue inventariada en la
liquidación de la sociedad conyugal habida con la compradora y,
aquí demandada.
El cuarto es el precio de la venta irrisorio de cara al avalúo de los
bienes del finado que asciende a la suma de $16.000 millones de
pesos, tanto así que el porcentaje de la casa “Yerbabuena” que la
señora Rosa le donó a la demandante, el 20% de la nuda
propiedad, asciende a $70 millones de pesos.
El quinto, que no era carga de la parte actora demostrar la falta
de pago del precio.
El sexto reparo, que no fue valorada la conducta y el dicho de la
demandada y sus testigos, quienes relataron con exactitud los
hechos que inventaron para respaldar su defensa.
Y el séptimo y último reparo, se hizo consistir en que no fue
valorada como indicio la simulación de la compraventa de la casa
“Yerbabuena”, en la que la señora Rosa Contreras de Castilla donó
a cada hijo y de forma inconsulta el 20% de la nuda propiedad.
Los reparos 1, 3 y 7 no fueron siquiera considerados en la
exposición de los argumentos efectuada por el abogado del
extremo activo y, siendo así, le está vedada el Tribunal la
posibilidad de adentrarse en su estudio, pues si así lo hiciera y
obviara el silencio que sobre estos puntos se presentó en la
audiencia de sustentación del recurso, se estaría desconociendo el
régimen de impugnación que consagró el Código General del
Proceso en el art. 322, esto es, interposición, formulación de
reparos y sustentación, sobre todo si se tiene en cuenta que el
régimen aplicable es el previsto en el Código General del Proceso y
no en el Decreto 806 de 2020 o Ley 2213 de 2022.
De cara a los reparos formulados y sustentados en audiencia,
según lo impone el art. 327, conforme a los limites trazados, se
insiste en esto, por la regla 328 del Código General del Proceso la
cuestión que acá debe abordar la Sala se circunscribe a
determinar si se encuentra demostrado que el negocio jurídico
contenido en la escritura pública número 3757 del 23 de octubre
de 2003 es simulado, en tanto que su contenido es del todo ajeno
a la real volición de los signatarios -resaltado adrede-.50
50 Id. 6 min 1:55 a 6:00.
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En ese ejercicio inicial se repasó la delimitación que hizo
la demandante cuando propuso el ataque vertical al ceñirse
a la indebida valoración de indicios demostrativos de la
simulación, lo que coincide con las manifestaciones del
desacuerdo y quedaron resumidos en la recapitulación que
hizo su apoderado al concluir la intervención, al expresar que
(…) por esas pequeñas razones yo interpongo el recurso de
apelación y mirare si, si encuentro más para donde sustentar o
sustentaré en segunda instancia, pero quiero hacer un recuento
sobre porque, porque no se observaron los indicios, porque no se
observaron las declaraciones, porque no se observó la conducta de
la parte al contestar la demanda, porque no se observó la
contestación de la demanda.51
El laborío introductorio en el fallo cuestionado incluso
revela como de los siete reparos en materia de valoración de
los indicios solo fueron sustentados ante el Tribunal cuatro,
consistentes en la supuesta confesión del «móvil del pacto»,
lo irrisorio del pecio, la carga de demostrar el pago y la
indebida valoración de la conducta de la contraparte y sus
testigos. Así mismo quedó precisado que se desechaban por
renuncia de la opugnadora «lo relativo a la temporalidad de
la promesa y el contrato de compraventa de los derechos
herenciales que fue protocolizado en escritura pública número
3757 de 2003», las referencias a la venta que hizo Jairo en
ese mismo instrumento y lo relacionado con la «simulación de
la compraventa de la casa “Yerbabuena”, en la que la señora
Rosa Contreras de Castilla donó a cada hijo y de forma
inconsulta el 20% de la nuda propiedad».
51 Id. 3 min 44:19 a 44:44.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
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Evacuado ese derrotero y antes de concluir la diligencia
precisó dicho fallador que
(…) conviene recordarle al apoderado de la parte actora que, como
se explicó al inicio de estas consideraciones, la competencia del
juez de segunda instancia, en este caso juez colegiado, no es
panorámica como puede serlo la competencia del juez del primer
grado, el marco discrecional de este Tribunal está atado
indisolublemente a los reparos que fueron debidamente
sustentados, reparos que se presentan ante el juez de primer
grado y se sustentan ante el juez segundo grado, esto porque uno
de los argumentos enarbolados en la audiencia de sustentación
ocurrida el pasado 19 de marzo, fue la nulidad absoluta como
pretensión subsidiaria por la ausencia del precio justo como
elemento esencial de contrato de compra venta, sin embargo, tal
cuestión no fue esbozada como reparo ante el juez de primera
instancia, circunstancia que impide a esta Sala analizar el asunto.
El artículo 322 del Código General del Proceso no suscita ninguna
interpretación distinta, al momento de interponer el recurso en la
audiencia, si hubiere sido proferida en ella o dentro de los tres días
siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiera
sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar de manera
breve los reparos concretos que le hace a la decisión, y en esto
enfatiza la Sala, sobre los cuales versará la sustentación que se
hará ante el superior. Así lo ha pontificado la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia entre muchas otras en
sentencia ese STC14037 de 2019, STC5354 de 2023, STC 4022
de 2023 y abre comillas acá la Sala para citar literalmente lo que
dice la Corte Suprema de Justicia al respecto “en tal sentido no
podía, luego de entrar a alterar nuevamente su petitum en
contradicción con su propio acto, máximo si ese cambio de postura
se da de los alegatos de segunda instancia, oportunidad procesal
en la cual no es posible incluir nuevos puntos de inconformidades
a las ya planteadas en el recurso de apelación”, aquí se termina
la cita de la Corte, así pues entonces los argumentos expuestos en
la sustentación del recurso de apelación de una providencia deben
guardar absoluta congruencia con los reparos formulados al
momento en el que se presenta la impugnación, permitir la
proposición de temas nuevos con posterioridad a la fase de
exposición de reparos, implica una transgresión al derecho
fundamental a la defensa de la parte no apelante quien no tendría
certeza de los puntos sobre los cuales versaría lanzada y, en todo
caso, desbordaría la competencia al Tribunal la cual es limitada
con los reparos.52
52 Id. 6 min 44:13 a 47:06.
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Quiere decir lo anterior que no hubo un olvido o desidia
del ad quem en abordar las aspiraciones accesorias
consignadas en el libelo, sino un concienzudo y razonado
estudio que condujo a la conclusión de que no podía
entrometerse en ese campo, en virtud a disposiciones
procesales que son de orden público y obligatorio
cumplimiento, lo que encuentra respaldo en el artículo 13 del
estatuto adjetivo.
Tan juicioso trabajo es pasado por alto por la objetora
que, sin discutir si fue acertado o no, busca habilitar una
exposición tardía y amplificada al sustentar la alzada para
incluir como recalca la casacionista «la temática atañedera
con que obró nulidad absoluta», bajo una lectura amañada y
conjunta de lo que se esboza como un argumento de
descontento inicial que se dice predicable de todas las
pretensiones, pero que en realidad corresponde a la
mescolanza de tres apartes inconexos que no reflejan lo que
esboza la impugnante, como se advierte al reproducirlos por
separado
(…) ¿podría existir un indicio en ese momento o no? ¿Podría
considerarse indiciaria? ¿Podrá considerarse que la doctora
Amparo Castilla vende en ochenta millones de pesos o en noventa,
o en diez, o en veinte sus bienes, cuando en el mismo mes en que
estaba vendiendo sus bienes le colocan a nombre suyo una casa
que vale setenta millones de pesos la parte que ella le
corresponde?, cuando está totalmente demostrado por todos los
testigos, más lo usan como prueba contraria de que la doctora
Amparo Castilla nunca vino a averiguar cuánto valían los bienes,
nunca vino a aprovecharse de sus bienes, nunca vino a pedirle
posesión de sus bienes y todo para comprar un bien que se
llamaba Miguelito53.
53 Id. 3 min 33:24 a 39:00.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
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(…) pero desconoció también el juzgado y, señor juez, los avalúos,
el avalúo dado por el perito que nombró su juzgado, y que tuvo un
costo alto, que por respeto debía tenerse y mirarse por lo menos, y
la forma como se contrarió porque es que resulta que ahí resultó
peor para la parte demandada, resultó peor la prueba que se
allegó con el peritaje que la oposición que ellos hacen donde dice
que los bienes valen nueve mil ochocientos millones de pesos a la
fecha en que se hizo la compraventa. Entonces, ¿eso también
quedó olvidado?, ¿cuánto fue que le dieron?, ¿ochenta millones que
dio?, ochenta millones que son falsos, ochenta millones que no
están probados, ochenta millones que son el producto de una
falsedad, ¿sí? 54.
(…) pero no solamente el perito lo avaluó en catorce mil millones,
los señores al contestar, como le digo, al objetar el peritaje, dice
que los bienes valen nueve mil ochocientos millones, es decir, ellos
mismos reconocen la diferencia, la pequeña diferencia de precios,
la reconocen, eran más o menos diez mil, eran diez veces su
valor55.
La sola formulación de los cuestionamientos restringe
su desarrollo al campo de las inferencias para censurar ante
el a quo su descuido ante lo irrisorio del precio como indicio
determinante de la simulación, sin desarrollar qué efecto
podría tener en la supuesta «carencia de causa y precio de la
transferencia» o la sanción anulatoria por lo irrisorio del
precio, puesto que estaba atado exclusivamente a los
restantes reparos frente a la pretensión principal, sin que por
algún lado se hicieran extensivos dichos argumentos a una
expresa y manifiesta disconformidad con la determinación
adversa frente a las nulidades absolutas pedidas en subsidio.
Queda evidenciado así lo irreprochable del
comportamiento del Colegiado, que encaja dentro de los
contornos previstos por los artículos 320, 322.3 y 328 del
54 Id. 3 min 38:07 a 34:12.
55 Id. 3 min 42:02 a 42:25.
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Código General del Proceso, en los que se apoya la
impugnante para esgrimir una inconsonancia que lejos está
de materializarse, toda vez que los cuestionamientos con que
aspiraba reabrir una discusión ya zanjada excedían los topes
fijados por ella misma al apelar.
Es más, a pesar de la contundencia de dicho
razonamiento y con el ánimo de zanjar cualquier duda el ad
quem expresó como colofón que «[a]l margen de todo lo
anterior, se recaba nuevamente, el precio irrisorio no está
demostrado pues no se acreditó el valor real de los bienes que
integran el acervo hereditario objeto de la negociación que acá
se cuestiona, por esa arista entonces, esta tesis traída a
cuenta por el abogado apelante queda sin sustento», lo que de
todas maneras hubiera conducido al traste las expectativas
complementarias de la apelante.
Por demás, en el evento de que la impugnante hubiera
entendido que el Colegiado pasó por alto un punto
debidamente estructurado al apelar y que se equivocó en la
delimitación de sus facultades, existiendo deficiencias en la
determinación o la resolución de «cualquiera de los extremos
de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con
la ley debía ser objeto de pronunciamiento», lo cierto es que
desperdició la posibilidad de pedir la aclaración o adición en
los términos de los artículos 285 y 287 del Código General
del Proceso, lo que redunda en lo desatinado de la acusación.
En vista de que no se logra comprobar el desfase
endilgado fracasa el embate.
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IV.- RECAPITULACIÓN Y COSTAS
Ninguno de los cargos encontró prosperidad ante las
injustificadas acusaciones por errores de hecho y de derecho
en la valoración de los medios de convicción, amén del
completo laborío del juzgador de segundo grado al desatar la
alzada dentro de los límites impuestos por la apelante.
Conforme al inciso final del artículo 349 del Código
General del Proceso, habrá de imponerse a la impugnante el
pago de las costas procesales en esta extraordinaria senda y,
para la tasación de las agencias en derecho, se tomará en
cuenta la réplica de la contradictora.
V.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 2 de abril de
2024, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso
de simulación que adelantó Amparo Rosa Castilla Contreras
contra Marcela Ogliastri Barrera.
Costas a cargo del recurrente y a favor de la
contradictora. Inclúyase el equivalente a diez salarios
mínimos mensuales legales vigentes por concepto de
agencias en derecho.
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En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
Notifíquese
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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