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clave: "corte_suprema:providencia:SC068-2025 [2009-00264-01]"
titulo: "Corte Suprema: en vista de lo anterior la contradictora solicitó verificar la AUTENTICIDAD del documento que fue objeto de reconocimiento"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-02-25"
radicado: "2009-00264-01"
numero: "SC068-2025"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: en vista de lo anterior la contradictora solicitó verificar la AUTENTICIDAD del documento que fue objeto de reconocimiento

- **Título oficial / radicado:** SC068-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-02-25
- **Radicado:** 2009-00264-01
- **Número:** SC068-2025
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC068-2025%20%5B2009-00264-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC068-2025%20%5B2009-00264-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI1L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8yLi0gRmVicmVyby9TZW50ZW5jaWFzL1NDMDY4LTIwMjUgWzIwMDktMDAyNjQtMDFdLnBkZg%3D%3D/Civil/interpretaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 806 de 2020
- Ley 2213 de 2022

## Extracto

Si bien no se niega la practicidad de fijar las consecuencias nefastas de la omisión de los deberes procesales de las partes, también lo es que la administración de justicia no puede ser ajena a las eventualidades en que le resulte dispendioso a alguna de ellas tener acceso a ciertos medios de convicción que sirvan de respaldo a sus afirmaciones, los cuales estarían más al alcance de su oponente por determinadas razones. Fue en ese escenario21 que la promotora aprovechó para repeler tardíamente el recibo y allegar un informe identificado como anexo 222, donde quien lo suscribía conceptuó que no se halló identidad escritural entre las firmas indubitadas de 19 Pág. 484 cno. 1. 22 Experticia elaborada el 16 de diciembre de 2010 págs. 12 a 33 id. 21. En vista de lo anterior la contradictora solicitó verificar la AUTENTICIDAD del documento que fue objeto de reconocimiento… por parte de la Sra.

## Texto del documento

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC068-2025
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
(Aprobado en sesión de treinta de enero de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil
veinticinco (2025).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Amparo Rosa Castilla Contreras frente a la sentencia de 2 de
abril de 2024, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso
de simulación que adelantó contra Marcela Ogliastri Barrera.
I.- EL LITIGIO
1.- La accionante pidió declarar la simulación
absoluta de la venta de derechos herenciales en la sucesión
de Miguel Castilla Cohen, que hizo a la convocada por medio
de la escritura 3757 de 23 de octubre de 2003 de la Notaría
Séptima de Bucaramanga. En subsidio la nulidad absoluta
por carencia de causa y precio de la transferencia y como
segunda subsidiaria lo mismo, pero por precio irrisorio.
Radicación n° 68001-31-03-003-2009-00264-01
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Sustentó sus reclamos en que de la unión entre Miguel
Francisco Castilla Cohen y Rosa Helena Contreras Lázaro
fueron fruto Osvaldo, Zully María, Jairo Miguel, Amparo
Rosa y Diana Castilla Contreras, falleciendo el padre el 16 de
julio de 2000, sin que sus descendientes estimaran necesario
adelantar la sucesión para que la progenitora siguiera
disfrutando de los bienes.
A solicitud de Rosa Helena accedió a «que se hiciera una
venta de derechos simulados a alguien que fuera de absoluta
confianza», como lo era su cuñada Marcela Ogliastri Barrera,
esposa de Jairo, lo que también hizo aquel por medio de la
escritura 3757 de 2003 de la Notaría Séptima de
Bucaramanga, así como Osvaldo con posterioridad; mientras
que Zully los transfirió directamente a la madre y solo los
conservó Diana, quien «administra lo recibido por cánones de
arrendamiento, bancos, efectivo, etc.».
En agosto de 2003 Rosa Helena y sus hijos compraron
un inmueble en el Condominio Ruitoque Country Club,
según escritura «3771 de la Notaría 3ª de Bucaramanga»,
reservándose aquella el usufructo, pero sin informarle lo
enajenaron a Henry Cuevas Valbuena y Patricia Serna
Valencia, de lo que se enteró en 2009 por la notificación que
se le hizo de un proceso divisorio.
Nunca tuvo la intención de transferir los derechos
herenciales en la sucesión de su padre, lo que no necesitaba
hacer ya que su situación económica «le permitía vivir sin
recurrir a los bienes herenciales, ya que su patrimonio desde
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el año 2000 a 2009 es muy superior a la expectativa de la
masa herencial», ni recibió suma alguna por la cesión, que
tampoco fue incluida en la separación de bienes que hicieron
Marcela y Jairo Miguel por escritura 2365 de 2 de mayo de
2005, otorgada en la Notaría Tercera de Bucaramanga.
El ánimo de disfrazar es tal que Rosa Helena en 2007
vendió a la sociedad Inversiones Mao Ltda., por «[e]scritura
2901 de 25 de junio de la Notaría 7ª del Círculo de
Bucaramanga (…) una casa ubicada en la CL. 17#28-31/33
de Bucaramanga», afirmando la enajenante seguir casada y
con sociedad conyugal vigente, fuera de que nunca ha
recibido rendición de cuentas de los numerosos bienes
sucesorales1.
2.- Marcela Ogliastri Barrera se opuso y excepcionó
«falta de legitimidad jurídica para accionar de la parte
demandante», «inexistencia de la acción de simulación
absoluta pretendida en este proceso por la demandante»,
«inexistencia de la acción de nulidad absoluta pretendida en
este proceso», «legalidad del contrato. Inexistencia de causa
para demandar la simulación y la nulidad por cuanto el
contrato de compraventa contenido en la escritura pública N°
3757 de octubre 23 de 2003, de la Notaría Séptima de
Bucaramanga, es totalmente legal», «nadie puede beneficiarse
con su propio dolo» y «prescripción»2.
1 Págs. 69 a 79 pdf RAD- 2009-264-000001 primera instancia.
2 Págs. 236 a 292 id. 1.
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3.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Bucaramanga declaró probadas las defensas denominadas
«inexistencia de la acción de simulación absoluta pretendida
en este proceso por la demandante», «inexistencia de la acción
de nulidad absoluta pretendida en este proceso» y «legalidad
del contrato. Inexistencia de causa para demandar la
simulación y la nulidad por cuanto el contrato de compraventa
contenido en la escritura pública N° 3757 de octubre 23 de
2003, de la Notaría Séptima de Bucaramanga, es totalmente
legal», por lo que negó las pretensiones principales y
subsidiarias.
Para llegar a esa decisión no encontró que se dieran los
supuestos de un contrato simulado, ya que la accionante
consintió en la negociación y la incertidumbre es si recibió el
precio, fuera de que con antelación se había suscrito
promesa de venta de esos derechos entre las mismas partes,
sin que los elementos de convicción fueran suficientes para
dar crédito a los reclamos de la gestora.
Tampoco resultaron exitosas las aspiraciones de
nulidad absoluta formuladas como subsidiarias, pues la
carencia de causa y de precio, así como el precio irrisorio, no
son causales de la misma y tampoco hay mérito para
declararla de oficio.
En lo que respecta al incidente de tacha de falsedad y
cotejo, no prosperó por improcedente al referirse a una
diligencia y no a un documento, pero al advertirse una
posible falsedad en la firma de la gestora, conforme a lo
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dictaminado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, se dispuso la compulsa de copias a la
Fiscalía para que se investigue la existencia de un punible3.
4.- La promotora apeló tal decisión en la audiencia y
manifestó desacuerdos en la valoración dada a los medios de
convicción en lo que se refiere a la simulación4.
En la sustentación ante el Colegiado de segundo grado
insistió en que estaban acreditados los indicios que daban
crédito a esa misma figura, pero añadió que de desestimarse
lo anterior, sí estaban dados los supuestos de la nulidad
absoluta por falta de precio ante lo irrisorio5.
5.- El superior confirmó el fallo del a quo6.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
A fin de establecer el alcance de los reclamos es
necesario precisar que fueron siete los puntos de
discordancia al formular la alzada, consistentes en: 1. Lo
coetáneo de la «promesa y el contrato de compraventa de los
derechos herenciales»; 2. La confesión que hizo la
contradictora «del móvil del pacto aparente»; 3. La
simultaneidad de la negociación de derechos de Jairo; 4. Lo
irrisorio del precio frente al avalúo estimado de
3 Audiencia 22 de abril de 2019, págs. 426 a 428 pdf RAD- 2009-264-
Cdno 6 Tacha de Falsedad primera instancia.
4 Id. 3.
5 Audiencia 19 de marzo de 2024, pdf. 13 cno. 2ª instancia.
6 Audiencia 2 de abril de 2024, pdf. 17 cno. 2ª instancia.
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$16.000’000.000 de «los bienes del finado»; 5. Que no le
correspondía a la promotora demostrar la falta de pago del
precio; 6. Las deficiencias al no sopesar «la conducta y el
dicho de la demandada y sus testigos» y 7. Que «no fue
valorada como indicio la simulación de la compraventa de la
casa “Yerbabuena”, en la que la señora Rosa Contreras de
Castilla domó a cada hijo y de forma inconsulta el 20% de la
nuda propiedad».
En la exposición del gestor en segunda instancia los
«reparos 1, 3 y 7 no fueron siquiera considerados», por lo que
«le está vedada el Tribunal la posibilidad de adentrarse en su
estudio», ya que de hacerlo desconocería «el régimen de
impugnación que consagró el C.G.P. en el art. 322, esto es,
interposición, formulación de reparos y sustentación, sobre
todo si se tiene en cuenta que el régimen aplicable es el
previsto en el C.G.P. y no en el Decreto 806 de 2020 o Ley 2213
de 2022», por lo que la discusión se «circunscribe a determinar
si se encuentra demostrado que el negocio jurídico contenido
en la escritura pública número 3757 del 23 de octubre de 2003
es simulado, en tanto que su contenido es del todo ajeno a la
real volición de los signatarios».
Como es bien sabido el fingimiento se acredita «a través
de un conjunto de indicios» que deben ser convergentes, «tales
como el parentesco o la amistad intima, la falta de capacidad
económica del adquirente, la retención de la posesión del bien
por parte del enajenante, el comportamiento de las partes en
el litigio, el precio exiguo, estar el vendedor o verse amenazado
del cobro de obligaciones vencidas», también «la disposición
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del todo o buena parte de los bienes, la carencia de necesidad
en el vendedor para disponer de sus bienes, la forma de pago,
la intervención del adquirente en una operación simulada
anterior», así como «el móvil para simular, lo que se conoce
como la causa simulandi, los intentos de arreglo amistoso, el
tiempo sospechoso del negocio, la ausencia de movimiento en
las cuentas bancarias, el precio no entregado de presente», el
lugar, documentación y precauciones sospechosas, amén de
«la no justificación dada al precio, la falta de examen previo
por el comprador del objeto adquirido especialmente cuando
se trata de un bien raíz».
Ceñidos a los «indicios en los que precisamente se hace
descansar la sustentación de la alzada», está plenamente
demostrado el parentesco de afinidad entre las partes como
cuñadas.
En cuanto a la «ausencia o falta de pago», negación
indefinida que debía ser desvirtuada por la contraparte, las
declaraciones de «Amparo Rosa Contreras, Zully María, Jairo,
Diana, Pilar y Osvaldo Castilla Contreras y además José
María Navas Cadena que es el esposo de Zully María» son
coincidentes en que «Marcela sí le pagó a Amparo el precio
pactado, hecho del cual no quedó trazabilidad en las cuentas
bancarias de las contratantes o mediante recibos expedidos
por la compradora» y, aunque se trata de restar credibilidad
al dicho de Diana Pilar por no estar presente en los pagos,
ella expuso que por expresa manifestación de Amparo solo le
debía consignar «la mitad de lo que recibía de los arriendos
porque había hecho un negocio con Jairo y Marcela, en el 2004
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me dijo que ya no le consignara nada porque todo les
correspondía a Jairo y Marcela del negocio que se había hecho
de los ranchos», mientras que los demás deponentes «dijeron
que Amparo para la época de la negociación tenía problemas
conyugales con su marido por lo que procuraba desviar los
recursos de la sociedad conyugal», lo que justifica que los
cheques figuraran a nombre de Jairo.
Precisamente el parentesco de consanguinidad entre la
demandante y los testigos les brinda más peso por los lazos
afectivos que los unen, sin que fueran tachados o se adujera
«alguna enemistad o rencilla familiar entre demandante y
testigos que haga suponer a la Sala que los testigos que son
su madre y sus hermanos quisieran perjudicar a Amparo»,
mientras las declaraciones de José Manuel Arias y Armando
Sarmiento «no pueden dar fe de los hechos sobre los cuales se
cimientan los indicios aducidos por Amparo», al ser de oídas,
«mientras que los testigos del extremo pasivo dan cuenta de la
razón de su dicho» y está descontado que «la intención de
Amparo era justamente ocultar bienes y haberes a su esposo,
luego, es lógico pues que Francisco José no se enterara ni de
las tratativas del negocio ni de los dineros producto de este
negocio», de ahí que «no hay ausencia de pago como indicio de
simulación pues en oposición a esto Marcela acreditó, con
rendida prueba testimonial, la cancelación del precio pactado»,
por lo que fracasa dicho argumento.
Si bien no fue tema de reparo, vale acotar que en virtud
del segundo inciso del artículo 225 del Código General del
Proceso «la falta de documento de principio de prueba por
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escrito constituye indicio grave de la existencia del respectivo
acto, es decir, del pago» y tanto la escritura discutida como
del documento denominado promesa del 1 de septiembre de
2023, a pesar de no reunir los requisitos para darle tal
connotación, constituyen prueba escrita de ello «en tanto que,
en el primer documento es decir en la escritura se indica que
el dinero correspondiente al precio fue recibido en efectivo por
la parte vendedora y en la promesa de venta se indica que el
precio se pagará por instalamento, siendo la primera cuota el
1 de septiembre y la ultima el 1 de diciembre», puesto que «se
pactó que las primeras 8 cuotas se pagarían a la aquí
demandante Amparo, por lo que en principio la promesa
acredita el pago de los primero $10 millones de pesos»,
mientras que «como la escritura se otorgó el 23 de octubre de
2003, su otorgamiento hace presumir que se pagó también a
Amparo la cuota del 1º de octubre de 2003, lo que de alguna
manera corrobora la escritura pública al estipularse allí que el
precio fue de $20 millones de pesos los cuales ya se habían
pagado, entonces, lo que no se acreditó fue el pago del saldo
restante».
Frente a la vileza

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

limiento, lo que encuentra respaldo en el artículo 13 del
estatuto adjetivo.
Tan juicioso trabajo es pasado por alto por la objetora
que, sin discutir si fue acertado o no, busca habilitar una
exposición tardía y amplificada al sustentar la alzada para
incluir como recalca la casacionista «la temática atañedera
con que obró nulidad absoluta», bajo una lectura amañada y
conjunta de lo que se esboza como un argumento de
descontento inicial que se dice predicable de todas las
pretensiones, pero que en realidad corresponde a la
mescolanza de tres apartes inconexos que no reflejan lo que
esboza la impugnante, como se advierte al reproducirlos por
separado
(…) ¿podría existir un indicio en ese momento o no? ¿Podría
considerarse indiciaria? ¿Podrá considerarse que la doctora
Amparo Castilla vende en ochenta millones de pesos o en noventa,
o en diez, o en veinte sus bienes, cuando en el mismo mes en que
estaba vendiendo sus bienes le colocan a nombre suyo una casa
que vale setenta millones de pesos la parte que ella le
corresponde?, cuando está totalmente demostrado por todos los
testigos, más lo usan como prueba contraria de que la doctora
Amparo Castilla nunca vino a averiguar cuánto valían los bienes,
nunca vino a aprovecharse de sus bienes, nunca vino a pedirle
posesión de sus bienes y todo para comprar un bien que se
llamaba Miguelito53.
53 Id. 3 min 33:24 a 39:00.
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(…) pero desconoció también el juzgado y, señor juez, los avalúos,
el avalúo dado por el perito que nombró su juzgado, y que tuvo un
costo alto, que por respeto debía tenerse y mirarse por lo menos, y
la forma como se contrarió porque es que resulta que ahí resultó
peor para la parte demandada, resultó peor la prueba que se
allegó con el peritaje que la oposición que ellos hacen donde dice
que los bienes valen nueve mil ochocientos millones de pesos a la
fecha en que se hizo la compraventa. Entonces, ¿eso también
quedó olvidado?, ¿cuánto fue que le dieron?, ¿ochenta millones que
dio?, ochenta millones que son falsos, ochenta millones que no
están probados, ochenta millones que son el producto de una
falsedad, ¿sí? 54.
(…) pero no solamente el perito lo avaluó en catorce mil millones,
los señores al contestar, como le digo, al objetar el peritaje, dice
que los bienes valen nueve mil ochocientos millones, es decir, ellos
mismos reconocen la diferencia, la pequeña diferencia de precios,
la reconocen, eran más o menos diez mil, eran diez veces su
valor55.
La sola formulación de los cuestionamientos restringe
su desarrollo al campo de las inferencias para censurar ante
el a quo su descuido ante lo irrisorio del precio como indicio
determinante de la simulación, sin desarrollar qué efecto
podría tener en la supuesta «carencia de causa y precio de la
transferencia» o la sanción anulatoria por lo irrisorio del
precio, puesto que estaba atado exclusivamente a los
restantes reparos frente a la pretensión principal, sin que por
algún lado se hicieran extensivos dichos argumentos a una
expresa y manifiesta disconformidad con la determinación
adversa frente a las nulidades absolutas pedidas en subsidio.
Queda evidenciado así lo irreprochable del
comportamiento del Colegiado, que encaja dentro de los
contornos previstos por los artículos 320, 322.3 y 328 del
54 Id. 3 min 38:07 a 34:12.
55 Id. 3 min 42:02 a 42:25.
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Código General del Proceso, en los que se apoya la
impugnante para esgrimir una inconsonancia que lejos está
de materializarse, toda vez que los cuestionamientos con que
aspiraba reabrir una discusión ya zanjada excedían los topes
fijados por ella misma al apelar.
Es más, a pesar de la contundencia de dicho
razonamiento y con el ánimo de zanjar cualquier duda el ad
quem expresó como colofón que «[a]l margen de todo lo
anterior, se recaba nuevamente, el precio irrisorio no está
demostrado pues no se acreditó el valor real de los bienes que
integran el acervo hereditario objeto de la negociación que acá
se cuestiona, por esa arista entonces, esta tesis traída a
cuenta por el abogado apelante queda sin sustento», lo que de
todas maneras hubiera conducido al traste las expectativas
complementarias de la apelante.
Por demás, en el evento de que la impugnante hubiera
entendido que el Colegiado pasó por alto un punto
debidamente estructurado al apelar y que se equivocó en la
delimitación de sus facultades, existiendo deficiencias en la
determinación o la resolución de «cualquiera de los extremos
de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con
la ley debía ser objeto de pronunciamiento», lo cierto es que
desperdició la posibilidad de pedir la aclaración o adición en
los términos de los artículos 285 y 287 del Código General
del Proceso, lo que redunda en lo desatinado de la acusación.
En vista de que no se logra comprobar el desfase
endilgado fracasa el embate.
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IV.- RECAPITULACIÓN Y COSTAS
Ninguno de los cargos encontró prosperidad ante las
injustificadas acusaciones por errores de hecho y de derecho
en la valoración de los medios de convicción, amén del
completo laborío del juzgador de segundo grado al desatar la
alzada dentro de los límites impuestos por la apelante.
Conforme al inciso final del artículo 349 del Código
General del Proceso, habrá de imponerse a la impugnante el
pago de las costas procesales en esta extraordinaria senda y,
para la tasación de las agencias en derecho, se tomará en
cuenta la réplica de la contradictora.
V.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 2 de abril de
2024, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso
de simulación que adelantó Amparo Rosa Castilla Contreras
contra Marcela Ogliastri Barrera.
Costas a cargo del recurrente y a favor de la
contradictora. Inclúyase el equivalente a diez salarios
mínimos mensuales legales vigentes por concepto de
agencias en derecho.
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En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
Notifíquese
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: CC7CD762113FF3D53966F14AA5D13A0449CCF1388A2B08904B5B553DDC79169D
Documento generado en 2025-02-25

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC068-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2025-02-25. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2009-00264-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC068-2025%20%5B2009-00264-01%5D).
