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Corte Suprema de Justicia Providencia

Corte Suprema: luego, una teoría coherente de la imputación no puede presuponer el método

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Fecha
2018-07-25
Radicado
2010-00578-01
Ponente
Ariel Salazar Ramirez
Corporación
Corte Suprema de Justicia
Número
SC002-2018

Síntesis de la providencia

Corte Suprema: luego, una teoría coherente de la imputación no puede presuponer el método

Regla de decisión

Luego, una teoría coherente de la imputación no puede presuponer el método de la conditio sine qua non o cualquier otro recurso intuitivo para el “conocimiento de las causas naturales”, pues el juez no se halla nunca frente a hechos dados sin juridicidad dada.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

si una actividad es o no peligrosa, es cuestión de hecho que sólo el juez puede resolver en cada caso concreto
2010-00578-01 · 2018-07-25

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

SENTENCIA

Lo que dijo la Sala

Este se presenta, por un lado, como la institución humano-social básica, y por otro, como el comienzo y la culminación del proceso científico”. Se abre así un espectro de causas y responsables que se producen de manera supraindividual e indiferenciada. Por decirlo expresamente una vez más: todos estos efectos se presentan con independencia de cuan consistentes parezcan desde un punto de vista científico las interpretaciones causales aceptadas. Por el contrario, la imputación civil no opera con la norma de clausura lógica “prohibido/permitido”, porque el derecho de la responsabilidad extracontractual no prohíbe a nadie conductas de ninguna índole; únicamente obliga a pagar una indemnización cuando se producen daños. Se niegan, por tanto, los cargos primero y segundo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Restrictores

Decreto 410 de 1971 Ley 1564 de 2012 Ley 169 de 1896 Ley 446 de 1998 Ley 45 de 1990 Ley 99 de 1993
Texto del documento 297.859 caracteres
Radicación n° 11001-31-03-027-2010-00578-01 ARIEL SALAZAR RAMÍREZ Magistrado Ponente SC002-2018 Radicación n° 11001-31-03-027-2010-00578-01 (Discutido en sesiones del 2, 23 y 30 de agosto; y del 6 de septiembre de 2017. Aprobado en Sala de esta última fecha) Bogotá D.C., doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que interpuso la parte demandada contra la sentencia proferida el trece de noviembre de dos mil trece, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de la referencia. I. ANTECEDENTES A. La pretensión Rita Saboyá Cabrera, Jhon Richard, Jheyson, Joseph Manuel y Luz Evelyn Umbarila Saboyá demandaron a Codensa S.A. para que se la declare civilmente responsable de los perjuicios que les ocasionó la muerte de José del Carmen Umbarila. Solicitaron, en consecuencia, se condene a esa empresa a pagar $5’963.493 por daño emergente; $400’000.000 a título de lucro cesante; más los correspondientes perjuicios morales. B. Los hechos 1. El 25 de junio de 2009, mientras intentaba subir un marco metálico de una ventana para ser instalado en la fachada del tercer piso de su residencia, el señor José del Carmen Umbarila hizo contacto accidental con uno de los cables de la red de energía pública, sufriendo una descarga eléctrica que ocasionó su muerte fulminante. 2. Al intentar reanimarlo, su compañera permanente Rita Saboyá sufrió quemaduras de tercer grado en sus manos y brazos. 3. El cableado que produjo el accidente no cumplía con las especificaciones de seguridad señaladas en las reglamentaciones administrativas correspondientes, pues no tenía el recubrimiento requerido ni guardaba la debida distancia respecto de la vivienda. 4. El occiso solventaba las necesidades del hogar, dado que su compañera permanente dependía económicamente de él, así como dos de sus hijos y una nieta. C. Excepciones formuladas por las demandadas. 1. Codensa S.A. afirmó que corresponde a los demandantes probar los hechos en que se funda la demanda y los perjuicios reclamados; sostuvo que la actora no cumplió la obligación de estimar bajo juramento los perjuicios cuya indemnización pretende; y formuló las excepciones de “ ausencia de elementos axiológicos para configurar la acción indemnizatoria ”, “ culpa de la víctima ”, y “ culpa de las víctimas por construcción irregular ”. [Folio 99, cuaderno 1] 2. La llamada en garantía Generali Colombia Seguros Generales S.A. coadyuvó las excepciones presentadas por Codensa S.A., y planteó las defensas que denominó “ la cobertura otorgada por la póliza se circunscribe a los términos de su clausulado ”; “ ausencia de cobertura para los perjuicios extrapatrimoniales ”; “ existencia de deducible”; “objeción formal a la estimación de perjuicios ”. [Folio 57, cuaderno 2] D. La sentencia de primera instancia Mediante fallo del 19 de marzo de 2013, el juez a quo negó las pretensiones de la demanda por considerar que los daños cuya indemnización se reclaman se debieron a la culpa de un tercero; específicamente, por « el simple hecho de la falta de licencia de construcción, pues como es de público conocimiento, la zona donde se encuentra levantada la construcción del señor Umbarila pertenece a los llamados barrios de invasión, en donde las edificaciones son levantadas sin respetar los más mínimos requisitos de planeación, sin que se pueda endilgar culpa alguna a la entidad demandada por tal hecho ». [F. 349] E. La sentencia impugnada El 13 de noviembre de 2013, el Tribunal revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró a la demandada civilmente responsable por la muerte del señor José del Carmen Umbarila Garzón. Como fundamento de su decisión, afirmó que la responsabilidad que se endilga a la empresa demandada deriva del ejercicio de una actividad peligrosa: la generación, distribución y comercialización de energía, tal como ha sido calificada desde antaño por la jurisprudencia « por su natural potencial de causar daños », teniendo dicha acción su fundamento en el artículo 2356 del Código Civil. [Folio 37] Bajo este régimen –agregó– al demandante le corresponde probar solamente el daño y que éste está asociado al ejercicio de la actividad peligrosa, pues la culpa se presume. A su turno, el guardián de la actividad deberá demostrar, para librarse de responsabilidad, que ese daño se produjo con ocasión de una causa extraña, como por ejemplo, la fuerza mayor, un caso fortuito, o la culpa de un tercero o de la víctima. [Folio 38] Con base en el dicho de los testigos, el Tribunal concluyó que « de no haber estado el tendido eléctrico allí, cerca del inmueble donde se encontraba el señor Umbarila, el desenlace fatal del que se duelen los demandantes no hubiera ocurrido ». [Folio 40] Con relación a la causa extraña que alegó la demandada para eximirse de responsabilidad, el juez ad quem consideró que el criterio del sentenciador de primer grado no fue acertado porque la vivienda donde ocurrió el accidente fue construida por cuenta de los demandantes. Luego, la responsabilidad derivada de la falta de licencia de construcción mal podría atribuirse al hecho de un tercero. [Folio 41] Pero tampoco puede decirse que hubo culpa exclusiva de la víctima porque, según la norma RETIE (Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas), la distancia mínima horizontal que debe haber entre la vivienda y la red eléctrica pública es de 2,3 metros, y en el presente caso la demandada instaló los cables a 1,8 metros, es decir que aun si los actores no hubieran infringido las normas de construcción al acercar el segundo y tercer piso a la red pública de energía eléctrica, de todos modos la convocada quebrantó los reglamentos administrativos que se expidieron para evitar daños a los usuarios del servicio público de electricidad. La Nota 11 del RETIE establece que en los lugares donde el espacio disponible no permita cumplir con las distancias requeridas, « la separación se puede reducir en 0,6 metros siempre que los conductores, empalmes y herrajes tengan una cubierta que proporcione suficiente rigidez dieléctrica para limitar la probabilidad de falla a tierra en caso de contacto momentáneo con una estructura o edificio. Para ello, el aislamiento del cable debe ser construido mínimo, con una primera capa de material semiconductor, una segunda de polietileno reticulado y otra capa de material resistente a la abrasión y a los rayos ultravioleta. Adicionalmente debe tener una configuración compacta con espaciadores y una señalización que indique que es cable no aislado ». Estas directrices –concluyó el Tribunal– no se cumplieron en el sub lite según lo declaró el experto que acudió al juicio a rendir su concepto técnico, quien refirió que no se respetaron las distancias mínimas y la red se encontraba desnuda. [Folio 46] El sentenciador de segunda instancia consideró que el hecho de que la víctima se electrocutara por estar maniobrando unos instrumentos metálicos no es razón suficiente para atribuirle el resultado dañoso a su propia negligencia, porque el factor decisivo del accidente fue la violación de reglamentos de la demandada y no la conducta del occiso, quien no realizaba ninguna labor relacionada con la manipulación de las redes eléctricas y no habría sufrido la descarga de no haber sido por el descuido de la empresa Codensa. [Folio 46, cuaderno del Tribunal] Si bien es cierto que la vivienda de la víctima no cumplió con las normas de construcción al acercar el segundo y tercer piso al cableado eléctrico público, el punto que el Tribunal encontró relevante fue que, desde antes, sin intervención alguna de los demandantes, ya existía el riesgo de contacto eléctrico. Luego, « mal podría sostenerse que en la producción del resultado intervino el señor Umbarila, si desde antes estaba expuesto al contacto con las redes, por virtud de su cercanía con el inmueble ». [Folio 47] Las anteriores razones condujeron al juzgador de segunda instancia a concluir « que Codensa S.A. E.S.P. debe responder por los daños que se les irrogaron a los demandantes por el deceso del señor José del Carmen y, concretamente, a la señora Saboyá por los que pudo sufrir al tratar de ayudarlo; ello en virtud del parentesco de los hijos con el difunto, y la señora Saboyá en su condición de compañera, calidad de la que dan cuenta las declaraciones de todos sus hijos y el de la citada señora Castellanos ». [Folio 47, c. Tribunal] En consecuencia, condenó a la demandada a pagar a favor de Jheyson Umbarila la cantidad de $2’756.997 por concepto de daño emergente; a la señora Rita Saboyá Cabrera $218’238.288 por lucro cesante futuro más $45’000.000 por perjuicios morales; para Luz Evelyn Umbarila Saboyá $13’471.578 por lucro cesante más $30’000.000 por daño moral; y a Jheyson, Joseph Manuel y Jhon Richard Umbarila $25’000.000, para cada uno, por concepto de perjuicios morales. Con relación a la aseguradora llamada en garantía, la condena se limitó al monto de $2’756.997 por concepto de daño emergente, negando los demás rubros pertenecientes a los perjuicios extrapatrimoniales, por no estar cubiertos por la póliza. [Folio 62, cuaderno Tribunal] II. LA DEMANDA DE CASACIÓN Codensa S.A. E.S.P. formuló demanda de casación con apoyo en cuatro cargos, todos por la senda de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil. PRIMER CARGO Acusó la sentencia de segunda instancia por violar indirectamente los artículos 64, 2341, 2343 y 2357 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho manifiestos y trascendentes en que incurrió el Tribunal en la apreciación de las pruebas. Señaló que la decisión del juzgador de segunda instancia fue errada porque en el proceso quedó demostrado que la causa del accidente fue la conducta de la víctima, por lo que el hecho de que la distancia horizontal entre el perímetro de la vivienda y el cableado público fuera inferior a los 2,30 metros no tiene ninguna relevancia causal. Agregó que a partir del análisis del acervo probatorio se deduce que « aún si la distancia horizontal entre la vivienda y el cableado hubiese sido la establecida en el reglamento (2,30 metros), en todo caso el accidente se habría producido, pues éste se ocasionó porque las víctimas de manera imprudente acercaron la construcción a la red de energía al edificar dos pisos adicionales y una terraza sin respetar las normas de construcción, aunado al hecho de que la víctima directa manipuló de forma culposa unos elementos metálicos ». [Folio 34, cuaderno Corte] El Tribunal no valoró la declaración del representante legal de Codensa ni los documentos que aportó al proceso, en los que consta que la red de energía se instaló en la vivienda en agosto de 2007. Este hecho también quedó probado con el concepto técnico que rindió el señor Luis Felipe Pérez, el cual fue omitido por el juzgador. De igual modo, dejó de apreciar las declaraciones de parte rendidas por Rita Saboyá, Joseph Umbarila Saboyá, Jheyson Umbarila Saboyá y Luz Evelyn Umbarila Saboyá, quienes afirmaron que a la edificación se le hicieron unos voladizos para finales del 2008 y comienzos del 2009 que acercaron el segundo y tercer piso a la red de energía eléctrica, sin contar con licencia para ello. Asimismo, aseveraron que el señor José del Carmen Umbarila estaba manipulando un marco de ventana metálico de aproximadamente 1,80 metros, de manera que aunque la red eléctrica hubiera cumplido con las reglamentaciones administrativas sobre la distancia mínima respecto del inmueble, de todos modos el accidente habría ocurrido. [Fl. 42] « De haber apreciado las pruebas pretermitidas –continuó– el tribunal habría tenido que concluir necesariamente que el señor José del Carmen Umbarila, al igual que los demandantes Rita Saboyá y Jheyson Umbarila, incurrieron en una culpa que determinó la ocurrencia del accidente, al modificar la construcción sin el cumplimiento de las normas respectivas, haciendo voladizos que acercaron peligrosamente la edificación a la red eléctrica ». La culpa de la víctima –concluyó– fue evidente porque manipuló elementos metálicos de gran tamaño cerca de las redes eléctricas, sin tener cuidado en evitar tocar los cables, sobre todo cuando sabía que la distancia que había entre la construcción y la red eléctrica era reducida. SEGUNDO CARGO Acusó la sentencia de violar indirectamente los artículos 2341, 2343, 2356 y 2357 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho manifiestos y trascendentes en que incurrió el Tribunal en la valoración de las pruebas. Señaló que para el sentenciador ad quem la única causa de los perjuicios sufridos por los demandantes fue la conducta de Codensa, descartando que el comportamiento de la víctima y de los demandantes haya tenido alguna relevancia causal en la ocurrencia del accidente, a tal punto que « ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de culpas », pues el señor Umbarila estaba expuesto al contacto con las redes por virtud de su cercanía con el inmueble. De haber apreciado el juzgador de segunda instancia las pruebas que obran en el proceso, tales como las declaraciones de los demandantes y el concepto del experto Luis Felipe Pérez Gómez, habría concluido que existió una exposición imprudente al daño por parte de la víctima directa del accidente. En criterio del impugnante, al analizar las afirmaciones de los actores, se observa que todos ellos coincidieron en que el señor Umbarila maniobró un ángulo metálico de aproximadamente 1,80 metros de longitud, exponiéndose a la red eléctrica pública sin tomar ninguna medida de precaución y pasando por alto la cercanía de la vivienda al cableado público; proximidad que no se debió a la negligencia de Codensa sino a la infracción de las reglamentaciones sobre construcción, pues al segundo y tercer piso de la edificación se les hicieron unos voladizos que expusieron imprudentemente a la víctima al contacto con la red eléctrica. Adujo que cualquier persona medianamente prudente que advierte la presencia de una red eléctrica cercana, y que además conoce los peligros que representa manipular materiales conductores de carga eléctrica, habría adoptado elementales medidas de precaución para evitar la ocurrencia de accidentes. [Folio 55] No es posible concluir, contrario a lo que hizo el ad quem , que la única causa del daño fue la actividad de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, pues está demostrado que las víctimas modificaron la edificación sin la respectiva licencia, exponiéndose a un mayor riesgo de electrocución; lo que hacía necesaria una reducción de la indemnización en los términos del artículo 2357 del Código Civil. CONSIDERACIONES Los cargos primero y segundo se resolverán de manera conjunta porque ambos denunciaron supuestos errores probatorios en la valoración de la incidencia de la conducta de la víctima en el desencadenamiento del accidente que acabó con su vida, bien sea como factor exclusivo de su propia calamidad, o por haberse expuesto al daño de manera imprudente. 1. Postulados generales de la responsabilidad civil por actividades peligrosas. Es bien sabido que nuestra jurisprudencia explicó desde la primera mitad del siglo anterior que el artículo 2356 del Código Civil consagra una presunción de culpa,[footnoteRef:1] de suerte que para la prosperidad de la pretensión indemnizatoria sólo se requiere que esté probado en el proceso el daño y el nexo causal entre éste y la conducta del agente. Se ha explicado que esta institución forma parte del régimen de responsabilidad subjetiva porque la proposición jurídica hace expresa alusión a la posibilidad de imputar el daño a la malicia o negligencia del agente como presupuesto necesario para imponerle la obligación de reparar, y porque tal enunciado normativo se ubica en el capítulo del Código que regula la responsabilidad común por los delitos y las culpas. [1: CSJ, Sentencias del 14 de marzo y del 31 de mayo de 1938; 27 de octubre de 1947; 14 de febrero de 1955; 19 de septiembre de 1959; 14 de octubre de 1959; 4 de septiembre de 1962; 1 de octubre de 1963; 3 de mayo de 1965; 30 de abril de 1976; 20 de septiembre de 1978; 16 de julio de 1985; 23 de junio de 1988; 25 de agosto de 1988; 27 de abril de 1990; 22 de febrero de 1995; 25 de octubre de 1999; 14 de marzo de 2000; 26 de agosto de 2010; 18 de diciembre de 2012; entre otras.] También se ha afirmado que tal presunción se desvirtúa con la demostración de una causa extraña a la conducta del agente, por lo que es intrascendente la prueba de la prudencia socialmente esperable.[footnoteRef:2] [2: Tal como ha sido planteada hasta el momento, la teoría es inconsistente porque: 1) Se dice que la norma contiene una presunción, pero su redacción no tiene la forma lógica de una presunción legal (si-entonces); 2) No se ha explicado por qué la presunción de culpa no admite prueba en contrario mediante la demostración de la diligencia y cuidado; 3) Si sólo exonera la causa extraña, debe explicarse su diferencia con la responsabilidad objetiva; 4) Si no es responsabilidad objetiva, debe explicarse por qué sólo exonera la causa extraña; 5) Si la culpa es irrelevante, debe explicarse por qué sigue acudiéndose a la incorrección de la conducta en concreto para resolver los problemas de coparticipación o de exposición de la víctima al daño; 6) No existe un criterio jurídico general que permita clasificar una actividad como peligrosa, por lo que este instituto queda sumido en el casuismo y la indeterminación.] Se ha sostenido, de igual modo, que si el juicio de atribución de responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas prescinde del análisis de la culpa del demandado –puesto que éste no puede eximirse con la prueba de la diligencia y cuidado–, entonces la concurrencia de la conducta del agente con la de la víctima debe examinarse en el ámbito de la “coparticipación causal” y no como “compensación de culpas” .[footnoteRef:3] [3: CSJ, SC del 24 de agosto de 2009, Exp.: 11001-3103-038-2001-01054-04. || SC del 26 de agosto de 2010, Exp.: 47001-3103-003-2005-00611-01. || SC del 16 de diciembre de 2010. Exp.: 11001-3103-008-1989-00042-01.] Sin embargo, lo que realmente ocurre en estos casos es que ante la insuficiencia de las explicaciones causales de tipo “naturalista” para solucionar los problemas de coparticipación y de exposición al daño, los jueces terminan acudiendo a un juicio fundamentado en la relevancia de la culpa de cada uno de los sujetos intervinientes, tal como hizo el Tribunal en este caso cuando concluyó que la negligencia de la demandada al no recubrir los cables con material aislante y no cumplir la distancia reglamentaria fue el factor preponderante en la producción del daño, de suerte que si esa infracción no hubiera ocurrido, el accidente no habría tenido lugar. De ese modo el juzgador acudió a un criterio de atribución que terminó confundiéndose con un juicio de culpabilidad, pues su decisión se sustentó en el análisis concreto de la incorrección de la conducta de la empresa por violar sus deberes de prudencia. Es evidente que el sentenciador no examinó la incidencia de la conducta de la víctima “sólo en términos causales” como lo propone la teoría antes descrita, lo cual es explicable porque si hubiera basado su análisis únicamente en el plano de la causalidad tendría que haber concluido –en éste y en todos los casos– que la injerencia de la víctima en la producción del resultado lesivo es tan relevante como la del agente, pues desde una perspectiva “naturalista” todas las condiciones que intervienen en la producción de una consecuencia son igual de necesarias, aun las que podrían considerarse como obras del azar.[footnoteRef:4] [4: El nexo causal se explicó en la tradición antigua y medieval en los términos de la metafísica aristotélica; y en la modernidad se entendió bajo el modelo de la mecánica clásica lineal y determinista. A la sombra de esos conceptos –indiscriminadamente mezclados– se erigieron los enfoques causales intuitivos de la dogmática jurídica (principalmente a partir de los métodos empíricos de Stuart Mill).] De hecho, al haber sido la conducta de la demandada una abstención (por no cumplir las medidas preventivas que le imponían los reglamentos), desde una perspectiva de la causalidad lineal o determinista tendría que admitirse que no tuvo ninguna injerencia en el efecto adverso, pues las inactividades no son ni pueden ser causa de nada porque no son sucesos de la experiencia; de ahí que sólo adquieren trascendencia para el derecho cuando el ordenamiento las califica como omisiones jurídicamente relevantes.[footnoteRef:5] Por ello, el enfoque de la causalidad “natural”, material, física o mecanicista resulta inútil para valorar tanto la conducta omisiva del agente como la incidencia de la víctima cuando no hace nada para evitar el riesgo que ocasiona el daño, o cuando se expone imprudentemente al peligro que no creó. [5: Es un axioma lógico (por tanto universal y necesario, que no depende posturas filosóficas o doctrinales) que una inactividad no produce ningún efecto en la experiencia (ex nihilo nihil fit); por ello la omisión no será antijurídica si no media un deber de obrar, de actuar positivamente.] En la experiencia, un hecho nunca es producido por una sola causa,[footnoteRef:6] sino por condiciones infinitas (antecedentes y coexistentes, activas y pasivas) imposibles de aislar para establecer con necesidad lógica cuál de ellas fue la eficiente o preponderante en la realización de un suceso.[footnoteRef:7] Desde la perspectiva de la causalidad lineal de la física clásica o determinista, el pasado en su totalidad es causa del presente y del futuro en su totalidad, dado que el estado presente del Universo es el efecto del estado anterior y la causa del estado que seguirá (LAPLACE, 1814), sin que pueda concretarse más; luego, la noción de causalidad “pura” es demasiado vaga e inconclusa para que sea de utilidad.[footnoteRef:8] [6: La monocausalidad lineal, rígida o determinista sólo es concebible en condiciones ideales o para explicar el funcionamiento de los sistemas simples, cerrados y reversibles de la mecánica clásica; mientras que una causalidad moderada por el concepto de probabilidad es más apropiada para describir la complejidad de la naturaleza y la sociedad.] [7: John STUART MILL. Resumen de Lógica. México: 1897. p. 103.] [8: «Maxwell cuestionó el postulado según el cual dadas las mismas causas (antecedentes) se siguen los mismos efectos (consecuentes). Además, este postulado sería inaplicable en un mundo como éste, donde las mismas condiciones no se vuelven a repetir y no hay exactitud sino aproximación, dado que solamente en los casos en que el estado inicial se pudiera conocer con perfecta exactitud tienen validez las ecuaciones deterministas de la mecánica». En: Eugenio ANDRADE. La metáfora del “demonio de Maxwell” y su repercusión en las ciencias de la complejidad. Derivas de la complejidad, fundamentos científicos y filosóficos. Bogotá: Universidad del Rosario, 2012. p. 135.] Hoy en día las ideas de causa, esencia, sustancia, o “naturaleza de la cosa” no son objetos de estudio científico por ser ideas filosóficas inextricables.[footnoteRef:9] En la actualidad, las ciencias (en sentido amplio) realizan observaciones desde varios niveles de significado mediante distinciones que son conscientes de su limitación contextual y de su sometimiento al imperativo de la selectividad de los sistemas , según el cual toda explicación sobre los hechos presupone una elección de los datos que el observador considera relevantes según el objeto de su investigación y las teorías que gobiernan su ámbito de estudio. [9: A partir de Frege los problemas epistemológicos (como la causalidad) dejaron de ser parte central de la filosofía, pues ya no interesa estudiar la relación entre el sujeto cognoscente y los objetos del conocimiento sino que se analizan las relaciones entre los nombres de los objetos (signos), sus referencias (fundamento) y su sentido (intérprete); con lo que el análisis de los conceptos se transformó en un problema de lenguaje. De ese modo la posibilidad de lograr un conocimiento de las cosas y sus causas dejó de ser un problema relevante frente a los procedimientos para lograrlo. En: Gottlob FREGE. Sobre Sentido y Referencia. Compilado en Luis VALDÉS VILLANUEVA, La búsqueda del significado. 4ª ed. Madrid, Tecnos, 2005. pp. 29 y ss.] En vez de buscar “ nexos de causalidad ” mediante los procesos intuitivos que se usaban en el siglo XIX,[footnoteRef:10] las ciencias contemporáneas analizan fenómenos en masa susceptibles de cuantificación y correlación estadística o aproximativa, o emplean métodos de formulación de hipótesis para los sucesos particulares,[footnoteRef:11] toda vez que ninguna experiencia concreta puede describirse completa y directamente mediante un enunciado que sintetice todas sus propiedades, por lo que es inútil hablar del contenido causal de un enunciado fáctico ( implicación material ), pues lo único que puede admitirse son vínculos lingüísticos en constante replanteamiento.[footnoteRef:12] [10: Equivalencia de las condiciones (conditio sine qua non), causa próxima, causa eficiente, causa preponderante, “prognosis póstuma”, etc. En: Isidoro GOLDENBERG. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1984. pp. 19 y ss.] [11: Los métodos de formulación de hipótesis de Hempel, Duhem, Quine, Carnap y Goodman, terminaron por disolver el problema de la causalidad en cuestiones lógicas o lingüísticas, con lo que la indagación por las causas desapareció (sin ser resuelta) del ámbito de la filosofía de la ciencia para quedar confinada al contexto de la metafísica en el que tuvo su origen.] [12: “(…) una vez que Wittgenstein hubiera radicalizado el giro lingüístico hasta convertirlo en un cambio de paradigma, las cuestiones epistemológicas de Hume y Kant pudieron adquirir un nuevo sentido, un sentido pragmático.” En Jürgen HABERMAS. Verdad y justificación. Madrid: Trotta, 2002. (Primera edición en alemán de 1999). p. 10.] Por ello, un análisis práctico del “nexo causal” entre los hechos masivos o de repetición frecuente sólo puede contemplarse como correlaciones imperfectas pero medibles en términos probabilísticos, tal como ocurre en el ámbito de las ciencias naturales y la economía, en donde en vez de buscar “causas eficientes” (¿por qué ocurrió?), más bien se indaga cómo ciertos factores pasados influyen en el presente y el futuro mediante la observación de sucesiones habituales o series estadísticas cambiantes y contingentes (¿cómo ocurrió?).[footnoteRef:13] [13: Para el estudio del cambio del enfoque causal al probabilístico en la física moderna, la teoría de la comunicación, la teoría del control, la teoría del conocimiento y las ciencias sociales, ver: Norbert WIENER. Inventar, sobre la gestación y el cultivo de las ideas. Barcelona: Tusquets, 1995. pp. 46 y s.s.] En el derecho, como no se analizan fenómenos en masa sino acontecimientos particulares, únicos e irrepetibles, la construcción de enunciados probatorios no precisa de estudios de probabilidad estadística sino de métodos de formulación de hipótesis que toman como base criterios normativos que permiten considerar los datos que se aportan al proceso como hechos con relevancia jurídica.[footnoteRef:14] [14: La probabilidad que resulta útil para la construcción de enunciados fácticos no es una probabilidad estadística de tipo bayesiano porque ésta sólo informa sobre las frecuencias relativas en que ocurre un evento en una sucesión dada. Es, en cambio, un razonamiento abductivo que hace posible elaborar hipótesis o inferencias probables sobre la existencia de un hecho desconocido, único e irrepetible, pero analizable a partir de un patrón o teoría de trasfondo que permite observar isomorfismos u homologías entre los hechos de la experiencia, de los cuales se seleccionan no necesariamente los más comunes sino los significativamente más representativos. Para un estudio acerca del razonamiento hipotético o abductivo, ver: Atocha ALISEDA. La abducción como cambio epistémico: C. S. Peirce y las teorías epistémicas en inteligencia artificial. || Pablo Raúl BONORINO. Sobre la abducción. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra: Revista Doxa. || Gonzalo GÉNOVA. Charles S. Peirce: La lógica del descubrimiento. Los tres modos de inferencia. Madrid: Universidad Carlos III, 1996. || Charles S. PEIRCE. Deducción, inducción e hipótesis. 1878. (Traducción de Juan Martín Ruiz-Werner). Ibid. Tres tipos de razonamiento. 1903. (Traducción de José Vericat). || Lúcia SANTAELLA. La evolución de los tres tipos de argumento: abducción, inducción y deducción.] Una interpretación causal sobre los datos que interesan al proceso (enunciados) significa que los hechos probados (referencia) son comprendidos con adecuación a un sentido jurídico (significado). «La ciencia del derecho –explicaba Kelsen– crea su objeto en tanto y en cuanto lo comprende como un todo significativo» .[footnoteRef:15] El acaecer adecuado a un sentido jurídico (causalidad adecuada) quiere decir que los hechos de la experiencia deben estar jurídicamente orientados u ordenados para que sean comprensibles para los efectos que interesan al proceso. Si falta la adecuación de sentido nos encontraremos ante una mera probabilidad estadística no susceptible de comprensión o interés para el derecho, por mucho que la regularidad del desarrollo del hecho se conozca con precisión cuantitativa.[footnoteRef:16] La causalidad que interesa al derecho es, entonces, la causalidad jurídica, es decir la causalidad adecuada a un sentido jurídico, que es lo mismo que una causalidad orientada por criterios normativos o de imputación: «…la causalidad adecuada que ha sido adoptada por nuestra jurisprudencia como explicación para la atribución de un daño a la conducta de un agente, debe ser entendida en términos de ‘causa jurídica’ o imputación, y no simplemente como un nexo de causalidad natural». [footnoteRef:17] [15: Aunque Kelsen nunca contó con una teoría lingüística que le permitiera explicar el proceso de imputación, sí estaba equipado con una teoría epistemológica kantiana que le permitió comprender que el conocimiento sobre los hechos jurídicos presupone categorías normativas, lo que lo llevó a sostener que las proposiciones descriptivas no pueden ser formuladas sin adoptar un punto de vista normativo. En: Carlos Santiago NINO. La validez del derecho. Buenos Aires: Astrea, 1985. pp. 18 y ss.] [16: «Toda interpretación persigue la evidencia. Pero ninguna interpretación de sentido, por evidente que sea, puede pretender, en méritos de ese carácter de evidencia, ser también la interpretación causal válida. En sí no es otra cosa que una hipótesis causal particularmente evidente». En: Max WEBER. Economía y sociedad. 3ª ed. México: FCE, 2014. p. 135. (Edición original en alemán de 1922)] [17: CSJ, SC13925 del 30 de septiembre de 2016.] La impotencia de los jueces para identificar el nexo causal entre los acontecimientos que interesan al proceso, en suma, no se debe a falta de conocimientos jurídicos sino a que el problema de la causalidad ha sido planteado por la tradición jurídica en términos filosóficos que trascienden los límites especializados del derecho;[footnoteRef:18] pasando por alto que la misma epistemología se ha mostrado incapaz de explicar la existencia de vínculos entre los hechos,[footnoteRef:19] por lo que en el estado actual del conocimiento científico la relación entre los hechos y los enunciados sobre los hechos no se estudia en términos estrictamente epistemológicos, sino como un problema de frontera que involucra varios ámbitos como el uso práctico del lenguaje (giro lingüístico),[footnoteRef:20] la sociología del conocimiento, las teorías de sistemas, las ciencias cognitivas y de la complejidad,[footnoteRef:21] entre otros enfoques integrados, solapados o interconectados.[footnoteRef:22] [18: El “problema de la causalidad” es una de las cuestiones de mayor dificultad, a la que pensadores como Hume, Kant, los miembros del Círculo de Viena, de la Nueva Filosofía de la Ciencia, entre otras corrientes importantes, dedicaron buena parte de sus investigaciones. Por ello, en vez de adentrarse en el terreno de la especulación diletante por medio de alusiones subjetivas, triviales y difusas como “las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable, la prognosis póstuma, la conditio sine qua non, el sentido de la razonabilidad, la razón natural, etc.” –que son conceptos vacíos que sólo se prestan para la arbitrariedad de las decisiones–, lo más prudente es dejarse guiar por los progresos alcanzados por las teorías de la ciencia y las lógicas no-clásicas contemporáneas. De ahí que no sea admisible seguir prohijando la postura que esta Corte asumió en la sentencia del 26 de septiembre de 2002 [Exp. 6878], porque no refleja el estado actual del conocimiento científico (pues siguió asumiendo el concepto filosófico, ontológico o metafísico de causa); no introdujo ninguna evolución doctrinal (pues simplemente cambió el nombre de “causalidad natural” por el de “causalidad adecuada” bajo el mismo concepto tradicional lineal-determinista y con las mismas consecuencias prácticas); no resolvió los problemas de la “causación” por omisiones y de los criterios de selección de las condiciones jurídicamente relevantes; y confundió la noción de “previsibilidad, ya objetiva o subjetivamente considerada” (que es un concepto de la culpabilidad) con la atribución de un resultado a un agente.] [19: Karl POPPER. Realismo y el objetivo de la ciencia: Post Scriptum a La Lógica de la investigación científica. Vol. I. Edición preparada por W. W. Bartley III. Traducción de Marta Sansigre Vidal. Madrid: Editorial Tecnos, pp. 60 y s.s. (Edición original de 1956).] [20: “Hoy es el lenguaje la entidad epistemológica preponderante. Todo lo que no es naturaleza, podría decirse, es lenguaje. Este se presenta, por un lado, como la institución humano-social básica, y por otro, como el comienzo y la culminación del proceso científico”. En: Antonio HERNÁNDEZ GIL. Estructuralismo y derecho. Madrid: Alianza edit., 1973. p. 17.] [21: Para un estudio de los fenómenos complejos que no se rigen por la causalidad lineal, reduccionista, determinista y simplificadora, ver: Carlos Eduardo MALDONADO CASTAÑEDA. ¿Qué son las ciencias de la complejidad? En: Derivas de la complejidad, Fundamentos científicos y filosóficos. Bogotá: Universidad del Rosario, 2012. pp. 7 y ss. ] [22: Anna ESTANY. Introducción a la filosofía de la ciencia. Barcelona: Crítica, 1993. pp. 85 y ss.] Es la filosofía, precisamente, la que advierte sobre sus limitaciones para explicar las correlaciones causales entre los hechos, por lo que no es posible asumir ningún enfoque epistemológico particular para resolver los problemas de causalidad jurídica. De ahí que el derecho tiene que depurarse y desprenderse del rezago metafísico que tradicionalmente ha impregnado sus institutos: « Lo que se trata de señalar con esta observación es que muchas veces el jurista está aceptando ingenua e inconscientemente conceptos cuya consciencia rechaza. No quiere hacer filosofía sino práctica, pero todo su lenguaje está impregnado de un aroma filosófico del que no puede huir: causa, motivo, culpa, consentimiento, son términos que si no son previamente conceptualizados desbordan el marco de la mera juridicidad para inhalar el de ciencias afines: desde la sicología a la filosofía ».[footnoteRef:23] [23: Luis NÚÑEZ LADEVÉZE. Lenguaje jurídico y ciencia social. Madrid: Akal, 1977. p. 41.] Debido a la imposibilidad de adoptar un enfoque filosófico particular que explique las relaciones causales en la fase de elaboración de los enunciados probatorios, se torna necesario acudir a criterios jurídicos (que no excluyan los aportes de las demás ciencias contemporáneas) para la definición de los conceptos fundamentales del instituto de la responsabilidad civil; para lo cual la teoría de la imputación resulta de gran utilidad. Con ello no quiere cuestionarse la injerencia de las causas naturales en la producción de los resultados lesivos, pues eso sería tanto como negar la realidad. Lo que pretende dejarse en evidencia es que todo análisis causal en el derecho está prefigurado por un contexto de adecuación jurídica .[footnoteRef:24] Sólo de esa manera es posible endilgar un daño a una persona, por lo que la imputación de las desviaciones (por acciones u omisiones) a los agentes que las condicionaron queda definitivamente como una hipótesis que tiene que realizar el juez con base en las pruebas que obran en el proceso, para lo cual los razonamientos de los abogados de las partes como actividad sustentadora de sus alegaciones sobre los hechos ostentan indiscutible predominio. [24: La imputación de un resultado a un agente a partir de las reglas de adjudicación (imputatio facti) no puede concebirse como una etapa distinta del análisis de causalidad fáctica, sino como una misma operación lógica, tal como se explicó en SC-13925 del 30 de septiembre de 2016: «La imputación, por tanto, parte de un objeto del mundo material o de una situación dada pero no se agota en tales hechos, sino que se configura al momento de juzgar: el hecho jurídico que da origen a la responsabilidad extracontractual sólo adquiere tal estatus en el momento de hacer la atribución. El imputante, al aislar una acción entre el flujo causal de los fenómenos, la valora, le imprime sentido con base en sus preconcepciones jurídicas, y esa valoración es lo que le permite seleccionar un hecho relevante según el sistema normativo para efectos de cargarlo a un agente como suyo y no a otra causa». Pensar que primero se hace un juicio de causalidad natural (“de hecho”) y posteriormente un juicio de imputación (“causalidad de derecho”), no es más que perpetuar el problema metafísico irresoluble de la causalidad natural por seguir creyendo que es posible identificar “causas fácticas” sin criterios de adecuación de sentido jurídico. Parafraseando una famosa expresión del pensador de Königsberg del que emanan las teorías modernas de la imputación, podría afirmarse que para el derecho las causas naturales sin criterios normativos son ciegas, pero éstos sin aquéllas son vacíos. Luego, una teoría coherente de la imputación no puede presuponer el método de la conditio sine qua non o cualquier otro recurso intuitivo para el “conocimiento de las causas naturales”, pues el juez no se halla nunca frente a hechos dados sin juridicidad dada. Las teorías de la imputación surgieron, precisamente, para superar ese dualismo que sólo conduce a decisiones relativistas, subjetivistas o de “sentido común”, y que olvidan que muchos daños se imputan por omisiones o por hechos ajenos, es decir sin ninguna relación causal o “de hecho” entre el responsable y la víctima. ] La imputación civil –se reitera– no excluye el concepto de causalidad (cualquiera que sea su significado filosófico o científico); simplemente acepta la evidencia de que las relaciones causales no se dan en todos los casos (como en la responsabilidad por omisiones o por el hecho ajeno); y siempre es insuficiente, dado que las condiciones relevantes para el derecho no pueden seleccionarse sin criterios de adecuación de sentido jurídico.[footnoteRef:25] Únicamente a partir de este contexto de sentido jurídico pueden elaborarse enunciados probatorios de tipo causal, los cuales, por necesidad lógica, tienen que ser razonamientos hipotéticos o abductivos (sea por acciones o por omisiones).[footnoteRef:26] [25: «Hechos jurídicos son, por tanto, los hechos a los que el Derecho atribuye trascendencia jurídica para cambiar las situaciones preexistentes a ellos y configurar situaciones nuevas, a las que corresponden nuevas calificaciones jurídicas. (…) Se nos muestra ya, de la propuesta definición de hecho jurídico, que sería un error concebir el supuesto de hecho como algo puramente fáctico, privado de calificación jurídica, o como algo materialmente separado o cronológicamente distante de la nueva situación jurídica que con él corresponde. En realidad, ésta no es más que un desarrollo de aquél, una situación nueva en que se convierte la situación preexistente al producirse el hecho jurídico». Francesco CARNELUTTI. Teoría General del Derecho. Madrid: RDP, 1955. p. 255.] [26: Sólo existen tres formas de razonamiento: la deducción, la inducción y la abducción. Los enunciados probatorios de tipo causal no son una deducción, pues ello implicaría tener que conocer todas las causas de las cuales se deducen los efectos que interesan al proceso, y la labor probatoria consiste, precisamente, en encontrar las “causas” desconocidas jurídicamente relevantes; tampoco es una inducción porque ésta consiste en hacer una generalización a partir de la repetición de los mismos hechos, mientras que los hechos que interesa probar en el proceso son únicos e irrepetibles. Por ello, sólo pueden elaborarse enunciados causales mediante inferencias abductivas o hipotéticas.] « Las explicaciones de razón expresan una correspondencia no necesariamente causal entre dos hechos, de suerte que la presencia de uno de ellos lleva al juez a inferir la existencia de otro según un marco de sentido jurídico que otorga validez a dicha correlación que puede ser con o sin causalidad (esto último ocurre en materia de omisiones, por ejemplo). De manera que una persona puede originar un hecho desencadenante de un daño y, sin embargo, el nexo causal por sí solo resulta irrelevante para endilgarle ese hecho como suyo; como bien puede ocurrir que la autoría del hecho lesivo deba ser asumida por quien no tuvo ninguna intervención o injerencia física en el flujo de eventos que ocasionaron el daño. La atribución de un resultado lesivo a un sujeto, en suma, no depende en todos los casos de la producción física del perjuicio, porque el hecho de que una persona ocasione directamente un daño a otra no siempre es necesario y nunca es suficiente para cargárselo a su cuenta como suyo. Aunque la relación causal aporta algo a la fórmula de imputación en la medida en que constituye una conexión frecuente o probable entre la conducta del agente y el daño sufrido por la víctima, no explica satisfactoriamente por qué aquél puede ser reputado artífice ».[footnoteRef:27] [27: CSJ, SC13925 del 30 de septiembre de 2016.] No todas las circunstancias que pueden ser tomadas en cuenta como causas físicas son relevantes para el derecho, pero la selección de las condiciones relevantes para atribuir responsabilidad es siempre un problema de sentido jurídico: entre más inferencias se consideren como causas jurídicamente relevantes habrá más posibilidades de elaborar juicios rigurosos de atribución o de exoneración de responsabilidad; mientras que si la “muestra causal” es pequeña habrá grandes probabilidades de que el juicio de imputación quede a merced de la intuición o la suerte. Las valoraciones causales, en suma, no recaen sobre “lo dado” por la experiencia sino más bien en lo que de ella logra seleccionarse con dificultad. El corpus finito de selecciones causales que se extraen de un número indefinido e infinito de fenómenos no tiene relación directa con la abundancia de pruebas que se aduzcan al proceso, porque la masa de la producción probatoria no es anuncio de su suficiencia, puede serlo de lo contrario: muchas pruebas pueden indicar pocas causas con relevancia jurídica, mientras que pocas pruebas pueden señalar muchos factores jurídicamente importantes. Un enunciado causal tiene importancia por su coherencia, adecuación a la realidad, superación de sesgos cognitivos, ausencia de hipótesis infirmantes y por su significado en el contexto jurídico, no por el número de datos que logre acumular la evidencia probatoria (un solo enunciado fáctico con relevancia jurídica tiene más peso que mil confirmaciones de causas insignificantes para el derecho).[footnoteRef:28] [28: Este enunciado es elaborado por el juez en la fase de construcción de las premisas fácticas a partir de los hechos probados en el proceso, y difiere de los enunciados que las partes postulan en sus alegaciones para persuadir o convencer al juez mediante relatos causales: «la parte que formula la hipótesis afirma que ésta es verdadera; pero que sea verdadera o falsa es una cuestión que sólo será respondida por el juzgador en su decisión final». En: Michele TARUFFO. La prueba. Madrid: Marcial Pons, 2008. p. 29.] Hay que memorar que ni siquiera en el ámbito de las ciencias naturales es posible prescindir de una teoría (norma científica) que explique las correlaciones causales como hechos de la naturaleza no sujetos a juicios de atribución.[footnoteRef:29] «La principal fuente del descubrimiento de nuevos hechos no son los hechos por sí mismos sino su elaboración teórica y la comparación de las consecuencias de las teorías con los datos observacionales. (…) Los datos aislados y crudos son inútiles y no son dignos de confianza; es preciso elaborarlos, organizarlos y confrontarlos con las conclusiones teóricas». [footnoteRef:30] [29: Tesis de Duhem-Quine, u holismo confirmacional; según el cual toda observación de un hecho depende de una teoría de trasfondo que explique suficientemente las relaciones entre los hechos observados, es decir que todo análisis causal es un juicio atributivo a partir de un marco de sentido. La Paradoja de Goodman llega a una tesis más radical al dejar en evidencia que a toda formulación de hipótesis causal subyace un problema de indeterminación.] [30: Mario BUNGE. La ciencia. Su método y su filosofía. Pamplona: Laetoli, 2013. pp. 25, 32. (Edición original de 1959)] De la misma manera que las ciencias naturales se valen de teorías como criterios normativos para la comprensión de sus objetos de conocimiento, el derecho emplea juicios de atribución para apreciar los hechos con relevancia jurídica, pues para endilgar un daño a un agente y para valorar una conducta como correcta o incorrecta según su adecuación a la prudencia, hay que partir de las reglas de adjudicación y de comportamiento que establece el ordenamiento jurídico. El hombre sabe o tiene que saber cuál es la solución correcta en cada caso con relevancia jurídica en virtud de su entendimiento y posibilidades de elección entre las alternativas que ofrece el ordenamiento jurídico, independientemente de que como ser de la naturaleza las consecuencias de sus actos están sometidas a leyes físicas. El enfoque causal de la responsabilidad civil tuvo su origen en la ideología del positivismo naturalista de la segunda mitad del siglo XIX, pero aparte de ese breve período siempre ha sido una noción ajena al derecho, pues éste se ha cimentado –desde los comienzos de la civilización y aún en la psique mítico-religiosa del hombre primitivo–[footnoteRef:31] en juicios de imputación: «Es evidente que la ciencia jurídica no aspira a dar una explicación causal de los hechos y que en las proposiciones que la ciencia jurídica utiliza para describir su objeto se aplica el principio de imputación y no el de causalidad». [footnoteRef:32] [31: Hans KELSEN. Sociedad y naturaleza. Buenos Aires: De Palma, 1945. pp. 10 y ss. (Edición original en inglés de 1943).] [32: Hans KELSEN. “Causalidad e imputación”. En ¿Qué es la justicia? Barcelona: Ariel, 1991. p. 225.] Las controversias que se suscitan en el derecho –como las de coparticipación o exposición al daño en razón del despliegue de actividades peligrosas– no pueden solucionarse en el ámbito exclusivo de la causalidad “natural” o de cualquier concepto que con otro nombre caiga bajo el espectro de la causalidad que acuñó la tradición filosófica, pues ello desconocería el estado actual de la discusión sobre el problema de la verdad que prescinde de connotaciones ontológicas para centrarse en una definición pragmática;[footnoteRef:33] con el agravante de que la causalidad “material” es un recurso conceptual no susceptible de demostración por pruebas directas (que son las únicas que las partes pueden incorporar a un proceso civil), por lo que la exigencia de su aportación implicaría obligar al demandante a que aduzca la prueba de un “nexo causal” que ni el más avezado epistemólogo estaría en condiciones de suministrar, pues todas las interpretaciones causales terminan relacionando la conducta del demandado con el daño sufrido por el demandante mediante criterios de adecuación normativa y no de implicaciones materiales. [33: Jürgen HABERMAS. Verdad y justificación. Madrid: Trotta, 2002. pp. 36, 40, 50, 54, 228, 242. (Primera edición en alemán de 1999)] Basta constatar que el nexo causal no es un objeto perceptible por los órganos de los sentidos para admitir de manera concluyente que no es un elemento susceptible de demostración por pruebas directas sino por inferencias lógicas que el juez realiza a partir de un marco de sentido jurídico que le permite comprender la evidencia probatoria para hacer juicios de atribución. La falta de reconocimiento de tal situación conduce a dejar de elaborar los enunciados probatorios con base en un argumentum ad ignorantiam (ausencia de prueba como prueba de ausencia), pasando por alto que ‘la causalidad’ que interesa al derecho no es un objeto que pueda hallarse en la naturaleza sino una hipótesis que el juez debe construir.[footnoteRef:34] [34: El desconocimiento de esta limitación epistemológica condujo a algún sector de la doctrina a suponer que el problema de la “ausencia de prueba” del nexo causal y de otros elementos que sólo son demostrables mediante inferencias racionales construidas por el juez, podía solucionarse atribuyéndole al demandado la obligación de aportar la prueba diabólica de la inexistencia de tales elementos mediante una “distribución de la carga de la prueba”, lo que lejos de resolver el problema lo agravaría por confundir dos niveles de sentido distintos: el de la elaboración de los enunciados fácticos y el de la consecuencia lógica entre ellos y la sanción normativa. (SC9193 del 28 de junio de 2017)] De ahí que cuando el comportamiento que el agente despliega en ejercicio de una actividad peligrosa concurre con la conducta de la víctima en la generación del perjuicio, o con la exposición de ésta al daño que no produjo, no es posible resolver el problema de la atribución de responsabilidad en el ámbito de la causalidad lineal determinista (por imposibilidad lógica, jurídica y real),[footnoteRef:35] pero tampoco es acertado solucionarlo en el campo de la culpabilidad (por ir en contra de la presunción contenida en el artículo 2356), por lo que hay que acudir a un criterio diferenciador basado en la imputación. [35: Lógica, porque la lógica contemporánea ha demostrado que no existe ningún método que permita conocer las causas que ligan a los acontecimientos, por lo que sólo pueden elaborarse inferencias hipotéticas; real, porque la práctica probatoria evidencia que no es posible demostrar las causas de los hechos mediante pruebas directas aportadas por las partes; jurídica, porque al derecho no le interesa establecer la causalidad natural sino la causalidad jurídica o imputación, tal como lo expresa el artículo 2356 del Código Civil, que exige el análisis de la responsabilidad en este ámbito.] Lo anterior deja al descubierto que la imputación civil no es una postura caprichosa, ni obedece al deseo de introducir novedades jurisprudenciales innecesarias;[footnoteRef:36] sino que es un requerimiento ineludible del instituto de la responsabilidad civil para señalar pautas claras que permitan seleccionar las condiciones que se estiman jurídicamente relevantes para atribuir responsabilidad tanto por acciones como por omisiones, así como para valorar la incidencia de la conducta de las víctimas a partir de sus posibilidades de creación de riesgos o de su exposición al peligro que no crearon. [36: El concepto jurídico de imputación es tan antiguo que ya Tomás DE AQUINO (1224-1274), como máxima autoridad doctrinaria del derecho medieval, aludió a él en su Tratado de los Actos Humanos: «…se atribuye el hundimiento de una nave al piloto, porque deja de pilotar. Pero hay que advertir que lo que se deriva de la falta de acción, porque no actúa, no siempre se achaca como causa al agente, sino solamente cuando puede y debe actuar. Pues si un piloto no pudiera dirigir una nave, o no tuviera encomendada su conducción, no se le imputaría el hundimiento que sucediera por ausencia del piloto». En: Suma de Teología II. Parte I-II. Cuestión 6: Lo voluntario y lo involuntario. Madrid: BAC, 1997, p.106.] 2. El concepto jurídico de actividad peligrosa. 2.1. Es pacífica la posición doctrinal que asume que el artículo 2356 obliga a quien realiza una actividad peligrosa a indemnizar el daño que ocasiona a terceros en razón del despliegue de esa conducta. A tal respecto, esta Corte ha declarado en varias sentencias que cuando el daño proviene de ‘ actividades caracterizadas por su peligrosidad ’, de que es ejemplo el uso y manejo de un automóvil, el disparo de una arma de fuego o el empleo de una locomotora de vapor o de un motor, el hecho dañoso lleva en sí una presunción de culpa que releva a la víctima de la necesidad de tener que probar la del autor del daño.[footnoteRef:37] [37: GJ., t XLVI, año 1938, nº 1934, p. 211; y nº 1936, pp. 515 y 560.] El concepto de peligrosidad de la actividad, empero, no ha sido definido bajo un criterio jurídico general sino que suele explicarse mediante ejemplos tales como la velocidad alcanzada, la naturaleza explosiva o inflamable de la cosa utilizada, la energía desplegada o conducida, entre otras situaciones cuya caracterización ha sido delimitada por la jurisprudencia. Al respecto, Henri Mazeaud advirtió sobre « la falta de un criterio para saber cuándo una actividad o cosa es peligrosa y cuándo no, porque viéndolo bien, de toda cosa o actividad, por inocente que sea, podría predicarse cierta peligrosidad »;[footnoteRef:38] sin que este problema pueda obviarse afirmando que « si una actividad es o no peligrosa, es cuestión de hecho que sólo el juez puede resolver en cada caso concreto » (Pérez Vives), porque lo que está en juego es nada más y nada menos que la solución de la controversia a la luz de la responsabilidad que exige la prueba de la culpa (artículo 2341); o de la que no exige la demostración de ese elemento por presumirlo (artículo 2356), que en términos de verdad pragmática es lo mismo que tenerlo por probado.[footnoteRef:39] [38: Álvaro PÉREZ VIVES. Teoría general de las obligaciones. vol. II. Bogotá: Temis, 1954. p. 196.] [39: Para el criterio pragmático de verdad ver: Charles Sanders PEIRCE. Collected Papers, Fragmento 5.422. Traducido y citado por Guido VALLEJOS. En Peirce: Pragmatismo, semiótica y realismo. Universidad de Chile: Cinta de Moebio Nº 5, abril de 1999.] Es cierto que tal distinción es una cuestión de hecho que debe definir el sentenciador para adecuar la causa petendi al enunciado normativo que corresponde, pues finalmente todos los institutos jurídicos se refieren a cuestiones de hecho, de otro modo no tendrían sentido. Sin embargo, la trascendencia del problema radica en que tal labor de adecuación no puede estar desprovista de un criterio normativo general que demarque los límites de ambas instituciones jurídicas antes de que el conflicto sea presentado al juez para su solución. Es un lugar común explicar el concepto de actividad peligrosa a partir de las diferencias entre la técnica y la naturaleza. Se consideran peligrosas las actividades producidas con fuerzas mecánicas superiores a las del hombre; se tienen como no peligrosas las actividades producidas por la fuerza natural del hombre. Tal distinción, aunque no es del todo inútil, no tiene en cuenta criterios jurídicos. Lo que caracteriza a las actividades peligrosas, desde un punto de vista jurídico, es que la norma que regula este instituto no exige la previsibilidad de las consecuencias . De ese modo el ordenamiento introduce claves operacionales (o criterios de adecuación de sentido): la ausencia de control y previsión de los resultados , sin los cuales no habrá manera de saber si los hechos de la experiencia son o no peligrosos para el derecho. Es cierto que cualquier actividad, por común y corriente que sea, puede ser peligrosa. No obstante, la categorización que interesa al derecho no es la que haría cualquier persona en su particular experiencia (observación de primer nivel), sino la que tiene que realizar el juez con base en las claves operacionales que establece el sistema jurídico según el daño ocasionado sea o no controlable y previsible (observación de segundo nivel o de atribución). También es verdad que cualquier acción puede salirse de su curso y producir desvíos no previstos; mas ello no es lo que generalmente ocurre con los inventos humanos, pues éstos se van reformando y mejorando con el curso del tiempo, de suerte que la misma exigencia de tecnicidad termina por trivializar los riesgos a medida que la técnica se perfecciona y produce mayor confianza en los usuarios. Al no depender el concepto de peligrosidad únicamente del empleo de fuerzas mecánicas como motores o máquinas, la jurisprudencia de esta Corte ha podido considerar dentro de esa categoría actividades como la generación, transformación y conducción de energía eléctrica de corriente alterna, que no es una fuerza mecánica sino electromagnética. De igual modo, en un futuro podrían considerarse como peligrosas aquellas actividades que no utilizan fuentes de energía convencionales, sino que emplean fuerzas que no siempre son sensorialmente perceptibles o no provocan una gran impresión psicológica, como por ejemplo la energía nuclear; la energía térmica; la combustión bioquímica; la radiación electromagnética; la combinación química de nuevos materiales; la biogenética; etc., respecto de las cuales el derecho tendrá que pronunciarse en su debido momento con el fin de establecer si pertenecen a la esfera de lo que produce daños técnicamente controlables o a la de los imprevisibles. 2.2. Se ha dicho líneas arriba que una actividad peligrosa es la que puede producir daños incontrolables e imprevisibles, tal como lo advierte la sociología en las situaciones impredecibles, incalculables y catastróficas de la sociedad del riesgo contemporánea.[footnoteRef:40] De ahí que la obligación de indemnizar en este tipo de responsabilidad no puede depender del control o la previsión de las consecuencias , pues ello supondría imponer un criterio de imputación basado en la previsión de lo imprevisible.[footnoteRef:41] [40: Ulrich BECK. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 1998. pp. 70 y ss. (Edición original en alemán de 1986) || Niklas LUHMANN. Sociología del riesgo. 3ª ed. en español. México: Universidad Iberoamericana, 2006. pp. 140-141. (Edición original en alemán de 1991)] [41: Como la culpa implica previsibilidad de los resultados, entonces, por necesidad lógica, la previsibilidad de los resultados no es el criterio distintivo de la responsabilidad por actividades peligrosas, puesto que ella es irrelevante en este tipo de responsabilidad. Por eso este instituto resulta idóneo para la imputación de responsabilidad en las situaciones que generan daños imprevisibles.] Mas, como esta especie de responsabilidad no se atribuye únicamente por haber producido un daño (como en la responsabilidad objetiva), ni por la posibilidad de prever el resultado (como en la responsabilidad por culpa), el criterio de atribución no puede ser otro que el de la posibilidad de evitar el riesgo de realización del perjuicio , como se precisará más adelante. La moderna responsabilidad por culpabilidad se erigió sobre el postulado de que los daños que la primera modernización (simple, lineal e industrial) trajo consigo podían predecirse y prevenirse de una manera satisfactoria, por lo que podían atribuirse a sus causantes directos. En la sociedad del riesgo, en cambio, ha surgido la conciencia de que muchos daños de la era postindustrial son incontrolables e impredecibles;[footnoteRef:42] lo que no significa que deban permanecer en el anonimato o no sean merecedores de reproche civil. [42: Ulrich BECK. La sociedad del riesgo global. 2ª ed. Madrid: Siglo XXI. 2006. p. 2. (Primera edición en inglés de 1999)] A partir de los riesgos del sistema de producción industrial y sus daños actuales o potenciales se da una pluralidad casi infinita de interpretaciones causales que no pueden ser confirmadas. Se abre así un espectro de causas y responsables que se producen de manera supraindividual e indiferenciada. Empresas, industrias, grupos económicos, científicos y profesionales quedan en la línea de sujetos susceptibles del reproche social y jurídico. Los efectos nocivos de la sociedad del riesgo se han masificado: daños por contaminación, por el uso de nuevas fuentes de energía, por desarrollos tecnológicos, genéticos, biológicos, farmacológicos, etc., producen efectos imprevisibles e incontrolables, frente a los cuales la ciencia no está en condiciones de establecer nexos de causalidad, ni mucho menos de determinar hasta dónde se extienden los perjuicios. « Por decirlo expresamente una vez más: todos estos efectos se presentan con independencia de cuan consistentes parezcan desde un punto de vista científico las interpretaciones causales aceptadas. Por lo general, dentro de las ciencias y de las disciplinas afectadas divergen mucho las opiniones al respecto. Así pues, el efecto social de las definiciones del riesgo no depende de su consistencia científica ».[footnoteRef:43] [43: Ulrich BECK. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 1998. p. 38. (Edición original en alemán de 1986)] En la sociedad postindustrial del riesgo los daños no se agotan en consecuencias “ciertas” que ya han tenido lugar, sino que contienen un componente innegable de incertidumbre que se materializa en efectos colaterales o secundarios latentes y, por lo tanto, ya presentes,[footnoteRef:44] cuyo resarcimiento sólo puede ser establecido por el ordenamiento civil de conformidad con su propio marco de sentido jurídico. [44: Zygmunt BAUMAN. Daños colaterales. Madrid: FCE, 2011. pp. 45, 190.] Las nuevas fuentes de energía, el incremento de la minería y la industrialización, la medicina científica, los medios de transporte de alta velocidad, las técnicas bio-genéticas de reproducción, la mecanización y el uso de abonos químicos en la agricultura intensiva industrial, etc., no sólo benefician a los inventores, productores y comercializadores, sino que son bienes sociales a los que nadie está dispuesto a renunciar, pues son parte de la vida diaria de toda persona y son la fuente del trabajo y de los medios de subsistencia de la población, así como de la riqueza de las naciones y del reparto de los beneficios sociales; por lo que no puede afirmarse –como se hacía en décadas pasadas con sustento en ideologías– que el progreso científico y tecnológico sólo beneficia a los “dueños de los medios de producción”, quienes por ello debían responder objetivamente por todos los daños que causaran. En la segunda modernidad está constituyéndose un nuevo tipo de capitalismo, un nuevo tipo de economía, un nuevo tipo de sociedad y un nuevo tipo de individualidad, distintos a los de la primera modernidad que dio origen a la responsabilidad civil extracontractual, por lo que esta área del derecho tiene que asumir el desafío jurídico de resolver los nuevos problemas de asignación de daños producidos en la sociedad del riesgo. En esta sociedad del riesgo, la adaptación del derecho de la responsabilidad civil extracontractual al mundo contemporáneo depende de su capacidad de identificar los riesgos, peligros y daños con relevancia jurídica; sus formas de producción; sus posibilidades de evitación y predicción; el alcance de la indemnización; y, principalmente, la selección de los criterios normativos de atribución de los daños a sus agentes, muchos de los cuales no están señalados por las normas civiles como susceptibles de un juicio de atribución objetiva, pero tampoco pueden encuadrarse en los daños controlables y previsibles de la responsabilidad por culpabilidad. Frente a las actividades descritas por la ley de manera taxativa como generadoras de responsabilidad estricta, y a la tradicional responsabilidad común por actividades que producen consecuencias controlables y previsibles orientadas bajo el criterio de la culpa; la responsabilidad por actividades peligrosas se erige en el instituto de mayor importancia para imputar los daños incontrolables e imprevisibles producidos en la sociedad del riesgo. 3. La presunción de culpa en las actividades peligrosas. Al comienzo de estas consideraciones se memoró que nuestra jurisprudencia ha venido afirmando desde la primera mitad del siglo pasado, que el artículo 2356 establece una presunción de culpa que exime al demandante de la carga de asumir las consecuencias negativas que normalmente le acarrearía la ausencia de prueba de ese elemento. Con relación a las presunciones, el artículo 66 del Código Civil dispone: «Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias». En un sentido similar, el artículo 166 del Código General del Proceso (176 C.P.C.) establece: «Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice». Estos enunciados normativos señalan reglas de conformación sintáctica de las presunciones legales, las cuales modifican las leyes sustanciales al tener por probados algunos de sus elementos fácticos estructurales. Las presunciones tienen la forma léxica de un condicional que vincula un antecedente y un consecuente. Es decir que poseen dos expresiones gramaticales: i) Los antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción, y ii) El hecho presunto que de ellos se deduce. Una vez probados los antecedentes o hechos presumibles se tendrá por probado el consecuente o hecho presunto . El hecho que hay que desvirtuar es el presunto o consecuente y no el presumible o antecedente (« se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley…» ), pues se entiende que éste tuvo que quedar demostrado para que pudiera operar la presunción, de suerte que si el antecedente no se demuestra, simplemente no hay lugar a hablar de presunción ni hay necesidad de desvirtuarla porque ésta no logra configurarse. Los elementos fácticos del artículo 2356 son el daño y la posibilidad de imputarlo a malicia o negligencia de otra persona: « Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona , debe ser reparado por ésta ». El hecho presumible es la posibilidad de imputar el daño al demandado (por haber creado el riesgo previsto en una regla de adjudicación), y una vez demostrada esta imputación habrá que dar por probada la culpa que menciona ese enunciado normativo, pues al no requerir demostración es un hecho presunto.[footnoteRef:45] [45: Los hechos con relevancia jurídica pueden ser operativos o probatorios. Los hechos operativos son los sucesos de la realidad que dan origen a las distintas situaciones jurídicas, generalmente no tienen la connotación de litigiosos porque se dan como existentes por las partes, y cumplen la función de contextualizar el entramado fáctico que subyace a la controversia. Los hechos probatorios coinciden con el supuesto de hecho descrito en la proposición normativa y constituyen el tema de la prueba o conjunto de sintagmas (constituyentes sintácticos maximales) que integran el enunciado fáctico. El núcleo sintáctico del sintagma es la palabra que determina las propiedades estructurales de la expresión, o sea los elementos fácticos de la proposición normativa que deben quedar demostrados (‘daño’ + ‘que pueda imputarse’). Los constituyentes adjuntos (‘a malicia o negligencia de otra persona’) no son requisitos obligatorios del enunciado o expresión jurídica, pues no hay necesidad de probarlos (elemento neutro), aunque pueden ser complementos aclaratorios en el lenguaje natural. Como la proposición normativa (art. 2356) no exige la demostración de los constituyentes adjuntos, la consecuencia práctica es presumirlos o darlos por probados (por transformación deletiva del ahormante básico o entramado sintáctico subyacente), aunque en la estructura patente o superficial su forma lexicográfica no se manifieste como una implicación material (si–entonces). Lo anterior demuestra que la interpretación gramatical de la ley (art. 27 C.C.) no se agota en el análisis superficial de la proposición normativa en el “lenguaje natural” (gramática recursiva), sino que es necesario examinar la estructura profunda y sus componentes transformacionales en el nivel de sentido jurídico (lenguaje regular o gramática libre de contexto). Acerca de la distinción entre la estructura patente o superficial y la estructura latente o ahormacional de las oraciones, y los subcomponentes transformacionales, ver Noam CHOMSKY y George MILLER. El análisis formal de los lenguajes naturales. Madrid: Alberto Corazón Editor, 1972. pp. 87 y ss. (Original en inglés de 1963); Noam CHOMSKY. Lingüística cartesiana. Madrid: Gredos, 1969. pp. 78-110. (Original en inglés de 1966) || Para la simplificación de las gramáticas de mayor a menor complejidad en la Jerarquía de Chomsky mediante la eliminación de elementos indeseables o inútiles, ver John E. HOPCROFT y otros. Teoría de autómatas, lenguajes y computación. 3ª ed. Madrid: Pearson, 2007. pp. 218 y s.s.; Elena JURADO MÁLAGA. Teoría de autómatas y lenguajes formales. Universidad de Extremadura: 2008. pp. 24 y s.s.] Ahora bien, la pregunta fundamental es si se trata de una presunción que admite prueba en contrario ( iuris tantum ) o si no admite prueba que la desvirtúe ( iuris et de iure ). Cuando el artículo 2356 exige como requisito estructural el ‘ daño que pueda imputarse a malicia o negligencia’ , está señalando que no es necesario demostrar la culpa como acto (la incorrección de la conducta por haber actuado con imprudencia), sino simplemente la posibilidad de su imputación. Luego, como la culpa no es un núcleo sintáctico del enunciado normativo, la consecuencia pragmática de tal exclusión es el rechazo de su prueba en contrario. Por consiguiente, se trata de una presunción iuris et de iure , como se deduce del artículo 66 antes citado, lo que explica que el demandado no pueda eximirse de responsabilidad con la prueba de su diligencia y cuidado. De lo anterior se concluye que la responsabilidad por actividades peligrosas tiene que analizarse, por expreso mandato legal, en el nivel de la categorización de la conducta del agente según haya tenido el deber jurídico de evitar la creación del riesgo que dio origen al daño (riesgo + daño); pero no en el ámbito de la mera causación del resultado lesivo como condición suficiente (sólo daño), pues no se trata de la responsabilidad objetiva que se rige por el criterio del deber absoluto de no causar daños; ni mucho menos en el nivel que exige la demostración de la culpabilidad como requisito necesario (daño + riesgo + culpa o dolo), pues no se trata de la responsabilidad bajo el criterio de la infracción de los deberes de prudencia o previsibilidad de los resultados. 4. La imputación del daño al agente en los diversos tipos de responsabilidad. 4.1. La imputación consiste en atribuir el daño a un agente a partir de un contexto de sentido jurídico, o sea en elaborar un enunciado adscriptivo de segundo orden.[footnoteRef:46] No puede existir responsabilidad sin un criterio normativo que permita endilgar el daño de un bien jurídico al demandado. Luego, no requiere adjetivos calificativos de ninguna índole, por lo que es innecesario tildarla de “objetiva”, “subjetiva” o asignarle cualquier otro epíteto que en vez de añadirle alguna propiedad explicativa sólo generaría confusión frente a teorías ajenas al derecho civil que ya han reclamado para sí tales denominaciones y se erigen sobre fundamentos completamente distintos a los postulados que dan sentido al derecho privado. [46: El primer orden (o entorno) lo constituyen las observaciones que realizan las personas por fuera del ámbito del derecho civil, sin tener en cuenta las normas que adjudican deberes de acción o señalan patrones de conducta, que son las claves operacionales del nivel de explicación jurídica o adscripción. Esta diferencia expresa una dependencia contextual de las distinciones, por lo que no se trata de un límite material que aparta al juez de “la realidad social”, pues simplemente es un recurso conceptual para explicar los hechos de la realidad que tienen relevancia jurídica. Al derecho no le interesan los “hechos brutos” sino los “hechos jurídicos”, es decir los hechos reales que al ser valorados a partir del marco de sentido jurídico adquieren la connotación de hechos con relevancia jurídica, tal como lo concibiera Betti con su noción de fattispecie o ‘calificacuón jurídica del supuesto de hecho’ para informar el modo como funciona la norma de derecho respecto a la realidad social. Este es el mismo concepto que posteriormente amplió en la Teoría General de la Interpretación (1955), que junto con las nociones de estructura del sistema normativo e interpretación, constituye el eje fundamental de su hermenéutica jurídica. En: Emilio BETTI, Teoría General del Negocio Jurídico. Granada: Comares, 2010. pp. 4-5 (Edición original en italiano de 1943). || Ibíd. Teoría de la Interpretación Jurídica. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2015. pp. 78 y ss. || Francesco CARNELUTTI, Teoría General del Derecho. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1955. p. 255.] De hecho, el artículo 2356 del Código Civil exige expresamente la valoración de la conducta del agente generador de una actividad peligrosa en el ámbito de la imputación, y esa exigencia fue consagrada en nuestra legislación civil un siglo antes de la proliferación de teorías provenientes de otras áreas del derecho. Por ello no debe suponerse que el concepto de imputación –que ha sido una noción inmanente al derecho desde sus orígenes primitivos–[footnoteRef:47] es una adecuación al derecho civil de recientes doctrinas provenientes del derecho penal. De ahí que en SC13925-2016 se advirtiera que la imputación civil no puede confundirse con las teorías de la imputación objetiva penal . [47: Hans KELSEN. “Causalidad e imputación”. En ¿Qué es la justicia? Barcelona: Editorial Ariel, 1991. p. 226.] Entre las razones para no incurrir en tal mixtura pueden mencionarse las siguientes: a) La “imputación objetiva penal” es el juicio de desaprobación de la conducta que excede un riesgo permitido que se realiza en el resultado típico. La imputación civil, en cambio, se rige por una cláusula general que ordena indemnizar todos los daños jurídicamente relevantes que se cometan según el criterio de atribución normativa de que se trate (objetiva, actividades peligrosas o por culpabilidad). En civil las conductas no están sujetas a descripciones típicas o concretas, por lo que no es admisible confundir el principio de tipicidad propio del derecho penal con el principio de legalidad o con las normas que establecen criterios generales de atribución de responsabilidad civil. b) Los tipos penales están descritos por la ley positiva (Código Penal); mientras que las reglas de adjudicación de la imputación civil no siempre están consagradas en normas positivas, pues pueden ser criterios jurisprudenciales como la calidad de guardián de la cosa o de la actividad; o pueden estar señaladas en las reglas o usos de cada ámbito social, profesional o técnico. c) Las normas de adjudicación que señala el ordenamiento civil (arts. 2343, 2346, 2347, 2348, 2349, 2353, 2354 y demás disposiciones que califican una labor o posición de responsabilidad) no son descripciones de conductas típicas, son reglas generales de atribución de un resultado a un agente, sin importar la forma específica como ocurra el hecho dañoso. d) Un punto central de la teoría de la imputación penal es si la valoración de la intencionalidad (saber y querer) de la realización típica es o no prioritaria, según el enfoque que se adopte; lo cual es ampliamente controvertido en los delitos dolosos. En la imputación civil esa materia es completamente intrascendente, pues ningún criterio exige el dolo como requisito necesario, aunque sí es una condición suficiente en todos los casos. e) Uno de los conceptos centrales de la imputación objetiva penal es el de “riesgo permitido” como criterio de identificación de la conducta desvalorada al exceder los roles sociales o la confianza. Por el contrario, la imputación civil no opera con la norma de clausura lógica “prohibido/permitido”, porque el derecho de la responsabilidad extracontractual no prohíbe a nadie conductas de ninguna índole; únicamente obliga a pagar una indemnización cuando se producen daños. No está prohibido cometer daños a bienes jurídicos ajenos; sólo existe una obligación de indemnizarlos una vez se producen. f) Otro concepto importante en la imputación objetiva penal es el de “prohibición de regreso” como criterio para valorar un comportamiento estereotipado inocuo que favorece el hecho delictivo de otro: en términos generales, se trata de una participación imprudente impune que promueve una autoría dolosa ajena. La imputación civil no toma en consideración el concepto de “prohibición de regreso” porque existe el principio de solidaridad de la responsabilidad si el riesgo que produce el daño es creado con culpa por varias personas. g) La imputación penal es personal e intransferible: nadie responde penalmente por un comportamiento ajeno. La responsabilidad civil, en cambio, puede imputarse a quien no tuvo ninguna participación en el desencadenamiento del resultado adverso, como sucede en los casos de responsabilidad por el hecho ajeno (padres, tutores, maestros y empleadores por los daños cometidos por sus hijos, pupilos, estudiantes y trabajadores). h) La imputación objetiva penal, al pretender fundamentarse en expectativas de validez típico-normativas, acaba confundiéndose con el llamado contexto de justificación , con lo que se aleja de su intención inicial de erigirse sobre postulados funcionalistas, por eso la idea de subsunción o razonamiento deductivo sigue ocupando un papel central en ella. La imputación civil, al cimentarse en explicaciones de validez veritativo-cognitivas, se circunscribe al contexto de descubrimiento , por lo que emplea un razonamiento abductivo o hipotético. Estas son sólo algunas de las diferencias más notables que –sin pretensiones de exhaustividad– pueden detectarse entre los dos modelos de imputación, aunque seguramente deben existir más. Los criterios de imputación son normativo-funcionales (no deductivos), pues se infieren del ordenamiento jurídico que exige tener en cuenta reglas de adjudicación y reglas específicas de conducta o de prudencia.[footnoteRef:48] Imputar un resultado a un agente es juzgar un comportamiento gobernado por reglas.[footnoteRef:49] [48: Tal distinción ya estaba presente en las teorías jurídicas de GROTIUS y KANT, y se consolidó en el siglo XVIII con la obra de Joachim DARIES, quien a partir de ella estableció la diferencia entre “imputatio facti” e “imputatio iuris”, que ha servido para la distinción entre “decisión rules” o “principles of adjudication”, y “conduct rules”. En: Joachim HRUSCHKA. Imputación y derecho penal. Reglas de comportamiento y reglas de imputación. 2ª ed. Buenos Aires: Euros editores, 2009. pp. 12 y s.s. || El concepto de “regla de adjudicación” de la tradición continental europea no debe confundirse con el significado de esa categoría en el pensamiento de H.L.A. HART.] [49: Este marco normativo no significa “normativismo” o “logicismo deductivo” porque no alude a la fase de aplicación de la ley al caso concreto para deducir la consecuencia jurídica prevista en la proposición normativa (applicatio legis ad factum), ni mucho menos a la validez de la norma a partir de una norma superior que regula su producción (que es el significado estricto del positivismo normativista), sino a la fase de elaboración de los enunciados sobre los hechos que interesan al proceso; por lo que no puede afirmarse que estas normas son “aplicables” para la solución del caso, o que sirven para hacer un “juicio de subsunción”, pues no se está haciendo uso de ellas como proposiciones normativas (dado que en esta etapa sus consecuencias jurídicas –si es que las tienen– son irrelevantes), sino como claves operacionales para atribuir el daño a un agente mediante inferencias hipotéticas. Luego, carece de sentido tildar la imputación de positivismo normativista o “logicismo”, porque ningún normativismo podría sustentarse en razonamientos abductivos o en las lógicas no-clásicas de los sistemas complejos con propiedades emergentes, que son las lógicas creativas idóneas para la construcción de los enunciados fácticos. Para la distinción entre norma y proposición normativa ver: Juan Carlos BAYÓN. Sobre el principio de prohibición y las condiciones de verdad de las proposiciones normativas. En: Problemas lógicos en la teoría práctica del Derecho. Madrid: Fontamara, 2011. p. 27. || Para la ambivalencia sintáctica y semántica entre el concepto de norma como acto y como significado: Luigi FERRAJOLI. La lógica del derecho. Madrid: Trotta, 2017. pp. 99 y ss.] Cuando el juez civil hace este tipo de caracterizaciones jurídicas no sólo está describiendo ( explanandum ) la conducta del autor del daño en la sociedad, la naturaleza o “la realidad”, o por el interés que pudiera tener para otras áreas del derecho,[footnoteRef:50] sino que le está adscribiendo aspectos de su dominio (del juez) de habilidades jurídicas gobernadas por reglas ( explanans ). Las reglas de imputación de responsabilidad civil están dirigidas al juzgador para valorar el hecho del agente ex post facto a fin de atribuirle una situación jurídica, con independencia de que muchas de ellas cumplan además una función prospectiva para regular la conducta concreta de las personas en su desenvolvimiento social.[footnoteRef:51] [50: Después del giro lingüístico, del giro hermenéutico, de las teorías de sistemas y de las ciencias cognitivas y de la complejidad, pudo entenderse que no es posible describir hechos puros en “la realidad”, sino que cada observador comprende los fenómenos según las preconcepciones o criterios de adecuación de sentido del contexto o sistema en el que se ubica; lo que otorga significado a la noción de hecho con relevancia jurídica. Para la integración del contenido descriptivo y del contenido sistemático de los conceptos clasificatorios ver: Carl HEMPEL. La explicación científica. Estudios sobre la filosofía de la ciencia. Buenos Aires: Paidós, 1979. pp. 157 y ss.] [51: No pueden confundirse los dos niveles normativos: el derecho de la responsabilidad civil sólo valora las reglamentaciones en retrospectiva como criterio de atribución del daño a un agente; mientras que cada contexto social, profesional o técnico prescribe tales reglamentaciones para regular el comportamiento de las personas prospectivamente, pudiendo imponer sanciones por su simple infracción aunque no se produzca un daño, como por ejemplo, por violar una señal de tránsito.] El conocimiento de cómo hacer la imputación incluye el dominio de un sistema de reglas que hace que la atribución de responsabilidad sea regular, sistemática y perfectible (aunque no perfecta o infalible). Mas, lo que debe quedar claro es que los errores en la labor que corresponde al juez de hacer caracterizaciones jurídicas (imputaciones) podrán deberse a no considerar suficientes ejemplos del corpus normativo que señala reglas de adjudicación o patrones de conducta, o a errores inferenciales a partir de los hechos indicadores probados en el proceso; pero jamás a una falta de apreciación directa de datos empíricos que demuestren la causalidad o la inadecuación de la conducta al deber , pues tales datos reveladores no existen. El estudio del significado de la imputación como elemento de la responsabilidad y el estudio del acto de imputar que hace el juez no son estudios diferentes, sino el mismo asunto. Las reglas de adjudicación y los patrones de conducta permiten diferenciar una conducta conforme a derecho de una “desaprobada”. Sin embargo, el problema no reside en determinar cómo deben comportarse las personas en situaciones futuras, pues no se cometen infracciones por tomar riesgos, sino en establecer cuándo una consecuencia lesiva es producto de una conducta que sólo se desaprueba en retrospectiva: « Cualesquiera sean los riesgos que convierten a un agente en negligente, esos deben ser también los únicos riesgos por los cuales ese agente debería pagar, si ellos se materializan en un daño real ».[footnoteRef:52] Las acciones no son incorrectas en sí mismas (ilícitas) sino que se tornan antijurídicas sólo cuando generan riesgos que se concretan en daños a bienes jurídicos de otras personas.[footnoteRef:53] [52: Michael MOORE. Causalidad y responsabilidad. Madrid: Parcial Pons, 2011. p. 228.] [53: Todo daño indemnizable tiene que ser una ‘consecuencia’ de la conducta del agente, por lo que la diferenciación analítica (de primer nivel) entre daño-evento y daño-consecuencia no sólo carece de utilidad sino que limita ese concepto a sus repercusiones materiales, desconociendo que un daño es la vulneración de un bien jurídico ajeno desde una observación de segundo nivel a la que es inherente, además de la indemnización de los perjuicios patrimoniales, la función de garantía débil de los derechos constitucionalmente establecidos (FERRAJOLI, Op. cit. pp. 73-75). Ubicados dentro del sistema de la responsabilidad civil extracontractual, los resultados de una conducta que no son merecedores de indemnización no revisten ningún interés, aunque bien pudieran tenerlo para otros efectos sociales o jurídicos: no sería, en suma, el daño como elemento normativo de los distintos tipos de responsabilidad civil. Por ello, carecería de todo sentido afirmar que esta área del derecho toma en consideración lesiones a bienes jurídicos que no son resarcibles, o que existe alguna diferencia funcional entre un daño, un perjuicio, una lesión, un menoscabo o un detrimento. Lo importante no es el nombre que se le asigne al concepto –como si fuese una idea platónica con existencia propia e indiscutible–, sino que sepa diferenciarse el nivel de sentido desde el cual se valora este elemento como hecho con relevancia jurídica. Mucho menos es dable confundir la antijuridicidad del daño con la antijuridicidad de la conducta del agente, por lo que es lógicamente inconsistente identificar la vulneración de un bien jurídico ajeno (cualquiera que sea) con una especie de ‘daño punitivo’, al estar la categorización del daño en un nivel de sentido distinto al de la punibilidad de la conducta.] Ello conduce a una conclusión necesaria: el riesgo de la responsabilidad civil siempre es un riesgo permitido, es decir que no existen riesgos no permitidos o conductas prohibidas por esta área del derecho; pues las personas pueden tomar o realizar todos los riesgos que a bien tengan mientras no produzcan daños con relevancia jurídica. Los deberes de conducta del derecho de la responsabilidad extracontractual jamás son prospectivos, pues este subsistema no impone a nadie limitaciones de ningún tipo mientras la actividad está teniendo lugar (como sí lo hacen las reglamentaciones preventivas o sancionatorias dentro de sus respectivos subsistemas); de ahí que no se exija la intencionalidad del sujeto como condición necesaria de la imputación. El juicio de desvalor no radica en la antijuridicidad de la conducta per se , sino en que suceda o no un daño a partir de la creación del riesgo ( per accidens ). Es decir que la conducta es jurídicamente reprobable sólo cuando se analiza en retrospectiva (retroalimentación cibernética) a la luz de las posibilidades que tuvo el agente de evitar generar el daño; sólo entonces puede predicarse su inadecuación al deber: El problema de la responsabilidad extracontractual « es que se permita una acción que sea jurídica, pero que en caso de un perjuicio obligue no obstante a la indemnización ».[footnoteRef:54] [54: Niklas LUHMANN. Sociología del riesgo. p. 107.] La distinción entre riesgo permitido y riesgo no permitido, en suma, no cumple ninguna función en el derecho de la responsabilidad civil, pues este subsistema del ordenamiento jurídico permite tomar todos los riesgos posibles;[footnoteRef:55] y sólo en caso de que ocasionen daños a bienes jurídicos ajenos se valorará el comportamiento del agente, no porque el riesgo haya estado prohibido o no permitido (antijuridicidad prospectiva o lineal), sino a la luz del análisis retrospectivo (circular o feed-back ) de las reglas que adjudican deberes generales de evitación de riesgos en los casos de responsabilidad por culpa presunta, y de acuerdo a las reglas de prudencia (que establecen deberes de actuar con diligencia y cuidado, o con previsibilidad de las consecuencias) en los casos en que se requiere probar la culpa.[footnoteRef:56] [55: La dualidad prohibido/permitido sólo podría ser aplicable al derecho sancionador y no es ni puede ser una norma de clausura del sistema de la responsabilidad civil (que se rige por el principio de tolerancia), ni del sistema jurídico en su totalidad, según la lógica deóntica de Von Wright. En: Victoria ITURRALDE SESMA. Consideración crítica del principio de permisión según el cual «lo no prohibido está permitido». Universidad del País Vasco: Anuario de filosofía del derecho nº XV. Enero de 1998. pp. 187 y ss.] [56: Las normas que imponen deberes de comportamiento –que prescriben un “tener que” coercitivo dentro de cada ámbito social, profesional o técnico–, no son reglas de acción en sentido clásico para el derecho de la responsabilidad civil extracontractual, pues en esta área del derecho sólo cumplen una función como presupuesto de adecuación de sentido (clave operacional) para asignarle al agente la autoría de sus actos dentro de un campo de significación coherente.] Las reglas de adjudicación y los patrones específicos de prudencia son los criterios distintivos de la juridicidad del comportamiento del agente, para lo cual no hay ninguna necesidad de acudir al concepto difuso (y virtualmente vacío) de ‘riesgo permitido’ según el quebranto de roles sociales desde una perspectiva sancionatoria.[footnoteRef:57] [57: Sostener que el riesgo permitido funciona como criterio para hacer el juicio de atribución no pasa de decir que la categorización de una conducta como no permitida es el resultado de la imputación y no su fundamento, pues el proceso de atribución únicamente se da si la conducta del agente se califica como jurídicamente relevante según el ordenamiento. De ahí que sea un concepto vacío.] 4.2. Dependiendo del nivel de exigencia que consagra la proposición normativa para valorar el comportamiento de las personas según las reglas de adjudicación (que señalan deberes de evitación de riesgos o establecen una posición de garante o de guardián de la cosa o actividad), o los patrones de conducta (que permiten medir la prudencia en cada situación específica), habrá lugar a responsabilidad objetiva o estricta; a responsabilidad por actividades peligrosas (o por culpa presunta); a responsabilidad por culpa o infracción de deberes objetivos de diligencia y cuidado; o a responsabilidad por dolo.[footnoteRef:58] [58: Para distinguir las categorías jurídicas (modelos abstractos) se emplea el cálculo matemático de las formas de Spencer Brown, quedando el nivel menos exigente en el extremo más superficial (superior-derecha) del lado marcado.] i) La menos exigente de todas es la responsabilidad objetiva, en la que sólo se atiende al hecho de haber causado un daño a un bien jurídico ajeno que el ordenamiento civil considera merecedor de indemnización. En esta especie de responsabilidad no es necesario probar que el demandado tenía un deber abstracto de evitar producir riesgos, o un deber concreto de actuar con prudencia en una situación específica; ni es posible eximirse de responsabilidad desvirtuando tales situaciones. El deber que se asigna en este tipo de responsabilidad es un deber absoluto de simple acto : no causar daños con relevancia jurídica. Es decir que el que causa un daño lo paga, sin más consideraciones o miramientos. Por supuesto que el demandado podrá eximirse de responsabilidad si prueba que no fue él quien ocasionó el daño que pretende atribuírsele sino una tercera persona, la víctima o un hecho de la naturaleza cuyas consecuencias no tenía el deber jurídico de evitar, es decir, que estaban más allá de su esfera de control o decisión (fuerza mayor).[footnoteRef:59] [59: El caso fortuito, que en el derecho premoderno se identificaba con la irresistible voluntad de Dios (según Heineccio) y en el derecho moderno se equiparó a los daños imprevisibles generados por la conducta del agente, no cumple ninguna función en los eventos en que los deberes de prudencia son irrelevantes. En los tipos de responsabilidad que se rigen por el deber absoluto de no causar daños (objetiva), o de evitabilidad de los riesgos (actividades peligrosas), y prescinden del criterio de previsibilidad de las consecuencias, el caso fortuito entendido como resultado imprevisible de la creación de riesgos propios, no es ni puede ser una causa extraña eximente de responsabilidad civil.] Lo anterior conduce a una conclusión evidente: la responsabilidad objetiva, en la que sólo se atiende a la realización de los daños y no a la creación de riesgos, no es ni puede ser una responsabilidad por riesgos; simplemente es una responsabilidad por haber causado un daño, sea la conducta que lo generó riesgosa o no, es decir sin entrar a valorar si el agente tuvo o no la posibilidad de crear, controlar o prever el riesgo: basta que haya ocasionado el daño para que se le imponga la obligación de indemnizarlo. De ahí que pretender fundar la responsabilidad estricta o por mera causación en la “ teoría del riesgo creado ” no es más que una ostensible impropiedad conceptual. ii) En la responsabilidad por actividades peligrosas no sólo existe un deber de no lesionar los bienes jurídicos ajenos, sino que el daño debe haber sido el resultado de la creación de un riesgo por el autor; sin que sea necesario entrar a analizar la incorrección del comportamiento en concreto por violación a los deberes de prudencia. Lo importante es establecer si el demandado tuvo la posibilidad de evitar crear el riesgo a la luz de las normas que adjudican deberes de actuación o establecen una posición de garante o de guardián de la cosa o actividad: la exigencia de previsibilidad (no de previsión) se predica del riesgo creado y no del daño ocasionado. La pregunta que hay que resolver en este caso es si el daño se produjo por la creación de un riesgo que el ordenamiento jurídico desaprueba en retrospectiva. La diferencia entre el criterio de imputación de la responsabilidad objetiva y el de la responsabilidad por actividades peligrosas radica en la distinción entre potencia y acto. En la responsabilidad objetiva sólo se mira la producción del perjuicio, es decir el acto. En la responsabilidad por actividades peligrosas se atiende, además de la producción del daño, a la potencialidad de creación del riesgo.[footnoteRef:60] Sólo entonces cobra significado la diferencia entre la responsabilidad estricta (que no toma en consideración las posibilidades de realización del riesgo según las reglas de adjudicación) y la responsabilidad por actividades peligrosas prevista en el artículo 2356 del Código Civil: « Por regla general todo daño que pueda imputarse … » [60: La historia de las ideas jurídicas evidencia que el proceso de atribución de responsabilidad requiere hacer la distinción entre el suceso (acto) y el aspecto generador de las acciones (potencia), lo que permite mantener separadas de modo adecuado las cuestiones acerca de la realización del suceso y la imputabilidad. En: Michael QUANTE. El concepto de acción en Hegel. Barcelona: Anthropos, 2010. p. 16.] “Que pueda imputarse” indica inequívocamente la potencialidad de realización del riesgo, es decir que el daño sea imputable; o lo que es lo mismo, que el riesgo que lo ocasiona esté dentro de las posibilidades de decisión, evitación o control del autor. La proposición normativa no alude únicamente al “daño causado” (responsabilidad objetiva), ni al “que ha cometido delito o culpa” (responsabilidad por culpabilidad); sino al “daño que pueda imputarse” a la malicia o negligencia de otra persona. La importancia práctica de esta distinción se patentiza al momento de analizar la incidencia de cada uno de los intervinientes en la producción del perjuicio de conformidad con las reglas de adjudicación, o con los patrones de conducta que la víctima estaba llamada a observar para evitar exponerse al daño. Esta diferencia diluye la confusión entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad por actividades peligrosas; pues la distinción no radica sólo en la circunstancia externa de que las conductas cobijadas por la primera tienen que estar taxativamente previstas como tales por el ordenamiento positivo mientras que las segundas no lo están, sino principalmente en la configuración interna de una y otra, como ya se explicó. No aceptar esta distinción significaría reconocer que entre ambas instituciones no existe ninguna diferencia, es decir que la responsabilidad por actividades peligrosas es idéntica a la responsabilidad objetiva; y, peor aún, que los jueces pueden crear a su antojo situaciones de responsabilidad objetiva no previstas por el legislador. iii) El nivel de imputación que sigue en orden de exigencia de requisitos estructurales es el de la responsabilidad por culpabilidad, que además de la realización del daño, reclama que el agente haya tenido la posibilidad de crear el riesgo que lo produjo mediante la inobservancia del deber de su evitación ( imputatio facti ) más la posibilidad de adecuar su conducta a los deberes objetivos de prudencia ( imputatio iuris ).[footnoteRef:61] En tal caso, el artículo 2341 del Código Civil permite exonerarse de responsabilidad con la prueba de una fuerza mayor, un caso fortuito, la autoría o participación de la víctima en la creación del riesgo, o la debida diligencia y cuidado del demandado. [61: Esta distinción se asienta en la tradición jurídica moderna, según se explicó en la nota al pie nº 48.] Por último, existe otro criterio de imputación: el de la conducta intencional o voluntaria (que presupone libertad máxima o suprema conciencia para determinarse según los fines deseados), que no está en un nivel más exigente que el anterior,[footnoteRef:62] pues el dolo no es un requisito necesario para la imputación de la culpabilidad, pero sí es una condición suficiente. Basta, para que se imponga la obligación de indemnizar, que se demuestren los mismos requisitos estructurales de la responsabilidad por culpa. [62: Por el teorema de varianza del cálculo matemático de las formas de Spencer Brown.] 5. La diferenciación entre riesgo y peligro como presupuesto jurídico de la imputación. Para poder realizar el juicio de atribución del daño al agente responsable hay que establecer si el resultado de la conducta depende de una elección libre,[footnoteRef:63] es decir que hay que averiguar si los daños pudieron evitarse con una decisión. Por ello hay que establecer quién los genera y quién los padece, por lo que es necesario distinguir entre quien toma las decisiones que producen riesgos y quien no puede hacer nada frente a ellas. [63: El concepto de ‘libre elección’ como nivel mínimo en la escala de los actos humanos que se rigen por un fin (actio libera in se o volición) no puede confundirse con el ‘libre albedrío’ como resultado o voluntad máxima para un fin (actio libera in sua causa o voluntariedad), según los distintos grados de la voluntad en Aristóteles, Tomás de Aquino y Pufendorf. Tampoco puede confundirse con la noción de ‘libertad intencional’ que la filosofía del sujeto moderna concibió como fundamento interno de las acciones (en la filosofía moral y la teoría del derecho penal), y mucho menos es pertinente mezclarlo con otros conceptos de libertad propios de la teoría política. La distinción es imprescindible para la comprensión de los criterios de atribución de responsabilidad civil como procesos que explican su validez a partir de la funcionalidad de la norma y prescinden de toda fundamentación filosófica o psicológica en la dimensión anímica o interior del sujeto, aún en los casos de responsabilidad por culpabilidad; pues la culpa civil (como infracción de los deberes objetivos de cuidado) se mide a partir del parámetro objetivo del hombre prudente (buen padre de familia), por lo que nunca ha requerido de nociones espiritualistas. Dado que no entraña la idea filosófica de “conciencia intencional”, el concepto jurídico aristotélico-tomista de libre elección o libertad mínima es útil para entender la asignación igualitaria de responsabilidad civil a todos los sujetos de derechos y obligaciones (sistemas psíquicos, o sistemas no psíquicos u organizativos) que se encuentran en un mismo nivel de imputación. En las teorías contemporáneas de la decisión, el control y la comunicación (cibernética), la elección libre como posibilidad de escoger una opción entre varias alternativas, no implica una absoluta racionalidad de la acción con arreglo a fines últimos (teleológica) sino que se trata de una mera racionalidad instrumental de medios a fines. Para un estudio más profundo de la compatibilidad entre algunos aspectos de la tradición aristotélico-tomista y el pensamiento cibernético ver: Charles DECHERT. Cybernetics and the Human Person. International Philosophical Quarterly. Vol. 5, febrero de 1965. pp. 5-36. || Vittorio FROSINI. Cibernética, derecho y sociedad. Madrid: Tecnos, 1982. pp. 106 y ss. (Primera edición en italiano de 1978)] «(…) lo que en un futuro pueda suceder depende de la decisión que se tome en el presente. Pues en efecto, hablamos de riesgo únicamente cuando ha de tomarse una decisión sin la cual podría ocurrir un daño. El hecho de que quien tome la decisión perciba el riesgo como consecuencia de su decisión o de que sean otros los que se lo atribuyen no es algo esencial al concepto (aunque sí se trata de una cuestión de definición). Tampoco importa en qué momento ocurre el daño, es decir, en el momento de la decisión o después. Lo importante para el concepto, tal y como aquí lo proponemos, es exclusivamente que el posible daño sea algo contingente; esto es, evitable ».[footnoteRef:64] [64: Niklas LUHMANN. Sociología del riesgo. pp. 41-42.] Los riesgos son producto de una elección que, analizada en retrospectiva por el juez, se considera desaprobada con relación a una regla de adjudicación que establece deberes de evitación de daños.[footnoteRef:65] En la medida que las consecuencias lesivas dependan de decisiones, estas últimas serán un riesgo; y la creación del riesgo permitirá hacer el respectivo juicio de imputación. «Porque, en efecto, solamente podemos hablar de una atribución a decisiones cuando es posible imaginar una elección entre alternativas y esa elección se presenta como algo razonable, independientemente de que quien tome la decisión se percate o no del riesgo y de la alternativa» .[footnoteRef:66] [65: Las consecuencias de tal decisión pueden ser previsibles o imprevisibles, deseadas o sin intención, porque la intencionalidad y la previsibilidad de los resultados no son presupuestos sintácticos de la imputatio facti, sino de la imputatio iuris, propia de la responsabilidad por culpabilidad.] [66: Niklas LUHMANN. Op. cit. p. 72.] El peligro, por el contrario, es lo que padece quien no tiene la posibilidad de tomar la decisión que genera el daño, o sea quien no tiene el poder de su evitación ni de su realización, y tan sólo puede evitar exponerse a él sin ninguna injerencia en su producción. Los peligros no son consecuencia de elecciones, porque quien los soporta no tiene la posibilidad de crearlos; tan sólo puede evitar exponerse a ellos cuando son previsibles. « Por prevención debe entenderse aquí, en general, una preparación contra daños futuros no seguros, buscando ya sea que la probabilidad de que tengan lugar disminuya, o que las dimensiones del daño se reduzcan. La prevención se puede practicar, entonces, tanto ante el peligro como ante el riesgo. Puede también ocurrir que tomemos precauciones con relación a peligros que no pueden atribuirse a decisiones propias ».[footnoteRef:67] [67: Ibid. p. 75.] Vistos desde la perspectiva de quien los padece, los peligros son creación de otros, por eso quedan por fuera de sus posibilidades de decisión y de imputación. Los peligros, entonces, no son imputables a las víctimas porque no están dentro de la órbita de su capacidad de elección. Los riesgos se atribuyen a las decisiones, mientras que los peligros se atribuyen a factores externos a la conducta de quien los padece. De ese modo, « los riesgos que corre (y debe correr) una instancia de decisión se convierten en un peligro para los afectados ».[footnoteRef:68] Los riesgos creados por unos son el peligro que otros soportan.[footnoteRef:69] [68: Ibid. p. 158.] [69: Por el principio de marcación del cálculo de las formas de Spencer Brown.] La simplicidad de esta distinción conceptual es de gran utilidad porque si los riesgos se atribuyen a las decisiones, entonces un peligro, por no ser atribuible a la decisión de quien lo soporta, no le es imputable; luego, mal podría considerarse a la víctima autora de un daño que no creó ni tuvo la posibilidad de producir.[footnoteRef:70] [70: Por ley de crossing del cálculo de las formas.] Por el contrario, si la víctima intervino (con o sin culpa) en la creación del riesgo que ocasionó el daño que sufrió, entonces será considerada autora, partícipe o responsable exclusiva de su realización, casos en los cuales no habrá lugar a imputarle la responsabilidad a nadie más que a ella, por ser agente productora de su autolesión o destrucción, bien sea de manera exclusiva ora con la colaboración de alguien más.[footnoteRef:71] Es un axioma (o enunciado primitivo) del derecho de la responsabilidad que la autolesión o la participación de la víctima en su propia desgracia no es una conducta antijurídica y, por lo tanto, no genera la obligación de indemnizar. De conformidad con lo establecido en el artículo 2344 del Código Civil, la coparticipación en la creación de los riesgos que ocasionan daños genera responsabilidad solidaria y todo perjuicio procedente de la misma será total responsabilidad de los copartícipes, incluso si entre éstos se encuentra la víctima. [71: Por ley de calling del cálculo de las formas.] Ahora bien, cuando la víctima no tuvo la posibilidad de crear o evitar producir el perjuicio que padeció, pues su realización estuvo por fuera de su capacidad de elección o decisión, pero sí pudo haber evitado exponerse al daño imprudentemente, el juicio de atribución se desplaza de la órbita de los riesgos creados por el agente a la órbita del propio riesgo que creó la víctima al quebrantar sus deberes de autocuidado. El juicio anterior de autoría o participación se ubicaba en la perspectiva del riesgo creado por el agente, que era visto como un peligro para la víctima; pero ahora, desde la perspectiva de los deberes de conducta de la víctima, se evalúa su propio riesgo de exponerse al daño creado por otra persona, y en este ámbito habrá de valorarse su incidencia en el desencadenamiento del resultado adverso.[footnoteRef:72] [72: El peligro, que estaba fuera de la línea de distinción por ser incontrolable, ahora, al quedar marcado (indicado) por las claves de “controlabilidad” y “evitabilidad”, se convierte en un riesgo de la víctima por cuanto ésta puede controlar y evitar no exponerse al daño con imprudencia. Por ley de re-entry del cálculo matemático de las formas de Spencer Brown, la operación de contracción es válida.] Con otras palabras: la víctima es autora o partícipe exclusiva del riesgo que ocasionó el daño cuando tuvo la posibilidad de crearlo o de evitar su producción y, por lo tanto, es totalmente responsable de su propia desgracia. Por el contrario, cuando la víctima no intervino en la creación del peligro que sufrió porque no estuvo dentro de sus posibilidades de decisión, elección, control o realización, entonces no puede considerarse autora o partícipe del daño cuyo riesgo creó otra persona; y en tal caso sólo habrá de analizarse si se expuso a él con imprudencia, es decir si creó su propio riesgo mediante la infracción de un deber de conducta distinto al del agente, pues en este caso los patrones de comportamiento que hay que analizar son los que le imponen tener el cuidado de no exponerse al daño. De otro modo no tendría ningún sentido ni utilidad la distinción estructural entre la figura de la coparticipación solidaria (artículo 2344 del Código Civil) y la reducción de la indemnización por la exposición imprudente de la víctima al daño (artículo 2357 ejusdem ). Para decirlo una vez más: la incidencia de la víctima tiene que analizarse en dos niveles distintos de atribución, pues su conducta puede encuadrarse o en el instituto de la autoría y la participación (2341 y 2344) o en el de la exposición imprudente al daño (2357), dependiendo de si tuvo la posibilidad de evitar producir el riesgo que ocasionó el perjuicio, o si tuvo la posibilidad de evitar exponerse a él con imprudencia pero sin haberlo creado: i) en el primero se analizan las condiciones que dieron origen a la creación del riesgo, caso en el cual todos los copartícipes son responsables solidarios (incluso la víctima si fue autora o partícipe del riesgo que ocasionó el daño); ii) en el segundo se analizan las posibilidades que estaban al alcance de la víctima para evitar exponerse imprudentemente al daño que otra persona produjo. Esta distinción, como puede advertirse sin dificultad, es imposible de hacer sin criterios de imputación. En resumen: i) Hay culpa exclusiva de la víctima cuando ésta creó con imprudencia (o intención) el riesgo que ocasionó el daño (artículo 2341), o participó con culpa (o dolo) en su producción (artículo 2344). Hay competencia exclusiva de la víctima cuando ésta, sin culpa o dolo, creó el riesgo que produjo el daño o participó en su creación.[footnoteRef:73] En sendos casos[footnoteRef:74] la conducta de la víctima exime al demandado de responsabilidad. [73: Esta última posibilidad no está prevista en la ley, pero la laguna normativa se llena con el enunciado primitivo (categoría primordial) que afirma que el riesgo creado por la víctima no puede atribuírsele al demandado, independientemente de que haya mediado o no culpa por parte de aquélla. Al ser un axioma del instituto de la responsabilidad civil, es una regla implicada (impregnada) en cada posibilidad de decisión (por la regla de dominación del cálculo de las formas), por lo que no hay ninguna necesidad de acudir a argumentos por analogía, principios generales del derecho, equidad, sentido común, naturaleza jurídica del instituto, naturaleza de las cosas, razón natural, dudosos métodos de ponderación, etc., para cumplir las pretensiones de completitud (o compleción) e integralidad del sistema. Para un concepto riguroso de laguna normativa ver: Carlos ALCHOURRÓN y Eugenio BULYGIN. Sistemas normativos. 2ª ed. Buenos Aires: Astrea, 2013. pp. 11 y ss.: pp. 222 y ss.] [74: Un caso para cada una de las cuatro posibilidades que conforman el universo de soluciones de las situaciones fácticas de autoría o participación, con o sin culpa, de la víctima en su propio infortunio.] ii) Hay lugar a reducción de la indemnización cuando la víctima no tuvo ninguna posibilidad de crear el riesgo que ocasionó el daño o de participar en su producción; pero sí tuvo la posibilidad de evitar la creación de su propio riesgo de exponerse imprudentemente al daño que otra persona generó (artículo 2357). De lo anterior se concluye que la atribución de un resultado a un agente no consiste en adivinar intuitivamente en el plano de la causalidad lineal las condiciones sine qua non que contribuyeron al desencadenamiento de las consecuencias dañosas, porque para poder imponer al demandado la obligación de indemnizar y para valorar la incidencia de la conducta de la víctima en la producción del daño o en su exposición a él sin haberlo creado, no basta analizar una única “cadena causal” en la que todos los involucrados en el suceso intervienen de manera indiferenciada y cada uno aporta su porcentaje de causa , sino que habrán de observarse dos situaciones jurídicas distintas a partir de los deberes de adjudicación y de conducta que debían cumplir, por separado, el agente y la víctima.[footnoteRef:75] [75: Al ser la imputación un fenómeno de complejidad no-lineal, no-monocausal y no-determinista, el razonamiento lógico que ha de utilizarse para la elaboración de enunciados de atribución del daño al agente o a la víctima es la abducción, por lo que la imputación es un asunto práctico probatorio que se resuelve a partir del rango de posibilidades de elección conformado por el riesgo que creó cada uno de los que intervinieron en el desencadenamiento del daño según las normas de adjudicación a ellos dirigidas. De ahí que el proceso de imputación no se vale de la implicación material (deducción) propia de la causalidad lineal, rígida o determinista; lo que impide calificarlo como “logicismo”.] 6. La concurrencia de la actividad riesgosa desplegada por el agente con la exposición al peligro por parte de la víctima. En líneas precedentes se expuso la distinción entre riesgo y peligro como recurso conceptual para diferenciar el ámbito de los deberes de adjudicación y de comportamiento del agente, del ámbito de los deberes de conducta de la víctima.[footnoteRef:76] [76: No se trata de una definición exhaustiva que “infiere” un concepto de otro hasta llegar a un principio “fundante”, o de un criterio de sustitución circular por sinonimia y analiticidad, ni mucho menos de ilustraciones u opiniones de mera autoridad o repetición por tradición; sino de una distinción de tipos conceptuales que se construye de manera no jerarquizada (ni deductiva ni inductiva sino heurística), a partir de la función que cada concepto desempeña dentro de la estructura sintáctica del sistema en el que opera, por lo que no se acude a ninguna distinción trascendental o extrajurídica. El único a priori posible es inmanente a la estructura del sistema que se autogenera en su propia conformación sintáctica y referencia semántica, que no reproduce todos los aspectos y matices posibles del concepto que pretende describirse sino únicamente aquéllos que el sistema jurídico toma en consideración para el propósito práctico de la imputación, con lo que se garantiza la validez intersubjetiva de la definición sin caer en la indeterminación de la hermenéutica, la vacuidad típica del positivismo legalista y logicista, o el particularismo del realismo jurídico decisionista.] Se aclaró que cuando la víctima no crea el riesgo generador del perjuicio ni participa en su realización entonces el daño no puede imputársele, pues simplemente sufrió un peligro que no estuvo dentro de sus posibilidades de evitación o control. En tal caso hay que analizar la conducta del agente a la luz del ámbito de validez de la norma que le asigna el deber de evitar la producción del riesgo que ocasionó el daño.[footnoteRef:77] [77: Para un estudio de los distintos ámbitos de validez de las normas, ver: Eduardo GARCÍA MÁYNEZ. Introducción a la lógica jurídica. México: Fontamara, 2007. p. 29.] Ahora bien, analizada la conducta de la víctima no desde la perspectiva del riesgo que creó el agente, sino desde su propio riesgo de exponerse al daño imprudentemente, es ostensible que los deberes de conducta que le señala el ordenamiento son distintos a los que iban dirigidos al demandado; de suerte que la incidencia de su obrar u omitir habrá de buscarse en el dominio de validez material de las normas que tuvo la posibilidad de infringir. Lo anterior conduce a una solución bastante simple: La empresa demandada tenía el deber de no producir daños por electrocución. Ese deber se lo impone el artículo 2356 por el hecho de estar ejercitando una actividad peligrosa, supuesto de hecho que quedó probado. Además de ello, el enunciado normativo establece que el daño debe ser imputable a su culpa, es decir que el agente debió tener la posibilidad de ceñir su conducta a las reglas que le adjudican el deber de evitación de resultados adversos (no crear riesgos por ser el guardián de la actividad peligrosa); lo cual también quedó demostrado con los distintos reglamentos administrativos que le asignan a la empresa las medidas de seguridad que debió adoptar para impedir la producción de daños por electrocución. La existencia de estas reglamentaciones y su correspondencia con la actividad peligrosa desplegada por la empresa (por estar cobijada por su ámbito de validez material) bastan para inferir (en abstracto) que el sistema organizativo tuvo la posibilidad de adecuar su conducta a los deberes de evitación del riesgo de electrocución, sin que sea necesario entrar a analizar en concreto si su comportamiento fue prudente o imprudente, pues –se reitera– la presunción legal del 2356 impide exonerarse de responsabilidad con la prueba de la diligencia y cuidado. Luego, es irrelevante analizar la corrección o incorrección de la conducta concreta de la empresa a la luz del cumplimiento o infracción de sus deberes de prudencia, es decir que no interesa demostrar en el proceso si acató o violó las reglamentaciones técnicas o administrativas. Por ello, son intrascendentes las pruebas que el casacionista estimó mal valoradas por el Tribunal, como el concepto técnico y los documentos que acreditarían la diligencia y cuidado de la demandada, dado que la eventual demostración de tales hechos no tiene la aptitud de desvirtuar la conclusión del sentenciador ad quem .[footnoteRef:78] [78: Sólo la responsabilidad por culpabilidad es derrotable por la adecuación de la conducta del agente a los deberes específicos de diligencia y cuidado. En la responsabilidad por actividades peligrosas basta que el ordenamiento le adjudique normas que describen la posibilidad de adecuar su conducta a los deberes de evitación de daños, para que sea obligado a indemnizar los perjuicios que ocasionó.] De ahí que el daño que sufrió la víctima le sea imputable a la empresa como suyo, por lo que está civilmente obligada a responder por los perjuicios reclamados, dado que se probaron los presupuestos fácticos del artículo 2356 del Código Civil. Respecto de la incidencia de la conducta de la víctima, ésta no puede analizarse a la luz de los deberes dirigidos a regular el comportamiento del agente (reglamentos administrativos para evitar riesgos de electrocución en razón y con ocasión de la prestación del servicio); sino que hay que analizar si creó su propio riesgo exponiéndose imprudentemente al peligro que no produjo. El nivel de imputación del riesgo de la víctima cuando no realiza una actividad peligrosa es mucho más riguroso que el del agente; pues el artículo 2357 exige que para que haya lugar a la reducción de la indemnización debe probarse la culpa de la víctima en la exposición al daño. En efecto, uno de los elementos estructurales de esa proposición normativa es la imprudencia del perjudicado; luego, para dar la consecuencia prevista en esa disposición no basta probar que la víctima infringió un deber abstracto de evitación del daño, sino que ha de demostrarse que violó sus deberes de prudencia. En la hipótesis de que el lesionado se hubiera encontrado realizando otra actividad peligrosa, para hacerse merecedor de la reducción de la indemnización bastaría la prueba de que el daño se produjo por quebrantar el deber de evitar crear su propio riesgo (según el ámbito de validez material de las normas a él dirigidas en razón de la actividad que estuviera desplegando), sin adentrarse a examinar si violó sus deberes de prudencia.[footnoteRef:79] Mas, en el caso que se analiza, poner un marco metálico en un tercer piso no es de ninguna manera una labor que genere consecuencias catastróficas, incontrolables e imprevisibles; por lo que jamás ha sido considerada por la jurisprudencia como una actividad peligrosa. [79: Es necesario llenar la laguna normativa, pues no hay ley positiva que regule esta situación, sin que pueda equipararse por analogía a los casos cobijados por el artículo 2357 que, por presuponer la valoración de la culpa de la víctima, no puede regular los casos en que ésta sufre el daño en ejercicio de una actividad peligrosa.] Así pues, es completamente irrelevante demostrar, como pretendió la parte demandada, que la víctima infringió las normas sobre construcción, porque el ámbito de validez material de éstas no tiene ninguna relación con el daño de electrocución que aquélla sufrió, sino que está encaminado a la regulación urbanística de las edificaciones. No hay, por tanto, ninguna correlación de imputación entre los reglamentos de construcción que debió cumplir el constructor de la vivienda, y el deber a cargo del occiso de evitar exponerse al peligro de electrocución. Habría sido distinto si, por ejemplo, el daño que padeció el accidentado hubiese sido resultado de un derrumbamiento de la vivienda, caso en el cual la consecuencia lesiva sí habría estado relacionada con el dominio de validez material de las normas técnicas sobre construcción. En la situación que se examina, el difunto no hizo nada distinto a lo que cualquier persona de mediano entendimiento estaba conminada a realizar para evitar autolesionarse; pues simplemente se subió al tercer piso de su vivienda, tomando las medidas de precaución normales para instalar el marco de una ventana, sin ninguna incidencia en la creación del riesgo de electrocución, pues este último fue obra exclusiva de la empresa generadora de energía. La situación habría sido diferente si el lesionado hubiera estado manipulando los cables de conducción de energía eléctrica, caso en el cual sí estaba llamado a ajustar su conducta al deber de evitar exponerse a los daños previsibles; tal como lo adujo el Tribunal en su razonamiento. Al no estar relacionada la actividad que ejecutaba la víctima al momento de sufrir el accidente, con el riesgo de exposición a los daños por electrocución, no puede esperarse que previera un resultado que le era imprevisible; por lo que las declaraciones que probarían que estaba manipulando un objeto metálico son irrelevantes para demostrar su culpa. Desde luego que el occiso podía maniobrar en la terraza de su casa los objetos que quisiera, sin importar el material del que estuvieran hechos, pues desde la perspectiva de la labor que desplegaba no tenía ningún deber de prever que había quedado expuesto al peligro que creó la empresa prestadora del servicio de energía, es decir que no estaba dentro de sus posibilidades saber (ni dentro de sus deberes de conducta averiguar) si las redes eléctricas cumplían o no con las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes de electrocución. Luego, no fue por descuido o negligencia que sufrió la descarga eléctrica que terminó con su vida, sino porque quedó expuesto, sin imprudencia, al riesgo de electrocución que la entidad guardiana de la actividad peligrosa creó cuando tenía el deber jurídico de evitarlo. Por estas precisas razones, no había lugar a la declaración de culpa exclusiva de la víctima ni a la reducción de la indemnización que solicitó la demandada, por lo que la decisión del Tribunal fue acertada y no incurrió en los errores que denunciaron los cargos que se han analizado. Se niegan, por tanto, los cargos primero y segundo. TERCER CARGO Denunció la infracción directa de los artículos 1613, 1614, 2341, 2343 y 2356 del Código Civil, por haberse equivocado el Tribunal al calcular el monto del lucro cesante futuro sufrido por las demandantes Rita Saboyá y Luz Evelyn Umbarila Saboyá, pues ese rubro se tasó con la fórmula matemática del lucro cesante pasado, lo que condujo a multiplicar la base de la liquidación por un factor de 998,5224, cuando lo correcto era multiplicarla por un factor de 6,075. « La inaplicación de la fórmula matemática correcta –explicó– llevó al Tribunal a concederle a la demandante Rita Saboyá un lucro cesante futuro de $206’020.134, cuando la liquidación por este concepto arroja la suma de $34’379.934 ». El mismo error se cometió al liquidar el lucro cesante futuro de Luz Evelyn Umbarila, que según el cálculo que efectuó el Tribunal ascendió a $1’253.424, cuando la cifra correcta es $1’216.571. El Tribunal –concluyó– ordenó la reparación del lucro cesante futuro por un valor muy superior al que realmente correspondía, desconociendo el principio de la reparación integral, pues terminó otorgándoles a las víctimas una indemnización mayor que el verdadero daño causado. [Folio 70] CONSIDERACIONES 1. Es cierto que el método que utilizó el Tribunal para calcular el lucro cesante futuro estuvo errado, pues empleó la fórmula que permite obtener el lucro cesante pasado, la cual arrojó un resultado mucho mayor al que tienen derecho las demandantes. El juzgador se valió de la fórmula VA = LCI x Sn Donde: VA = valor actual del lucro cesante por inmovilización hasta la fecha de la indemnización. LCI = Lucro cesante mensual por inmovilización. Sn = Valor acumulado de la renta periódica que se paga n veces a una tasa de interés i. Pero al momento de calcular el factor Sn aplicó la fórmula para el lucro cesante pasado: (1+i)n – 1 Sn = ------------- i Lo que lo condujo a extraer un factor de 998,5225 para la liquidación de Rita Saboyá, y de 6,075 para la liquidación de Luz Evelyn Umbarila, cuando lo correcto era utilizar la fórmula para extraer el lucro cesante que se paga n veces hacia futuro con un descuento del 6% anual: (1 + i)n – 1 an = --------------- i (1– i)n que lo habría llevado a multiplicar el lucro cesante mensual por 169,4984 en el caso de Rita Saboyá, y 5,8990 en el caso de Luz Evelyn Umbarila. Por tal razón prospera el cargo tercero, y en el sentido indicado se modificará la sentencia de segunda instancia, cuyos valores tienen que actualizarse a la fecha de aprobación de esta sentencia, de la siguiente forma: Salario mínimo legal del año 2017: $ 737.717 Menos el 30% de gastos de manutención:[footnoteRef:80] $ 221.315 [80: Este porcentaje se mantiene incólume, por cuanto no fue materia de recursos.] -------------- Base de la liquidación (70% s.m.m.l.v.): $ 516.402 ÷ 2 -------------- Base liquidación para cada demandante: $ 258.201 - Lucro cesante consolidado de Luz Evelyn Umbarila: Base de la liquidación: $258.201 Fecha de nacimiento: 8 de abril de 1989 Cumplió 25 años el: 8 de abril de 2014 Fecha del deceso del padre: 25 de junio de 2009 Período indemnizable: 58 meses VA = LCI x Sn VA = 258.201 x 66,8287 = $ 17’255.237 - Liquidación del lucro cesante de Rita Saboyá: Período indemnizable: Fecha de nacimiento víctima: 5 de octubre de 1956 Edad que tenía cuando murió: 52 años Edad de vida probable: 29,9([footnoteRef:81]) [81: Resolución número 1555 del 30 de julio de 2010, emanada de la Superfinanciera.] En meses: 359 a) Lucro cesante consolidado: Base de la liquidación: $258.201 Fecha del deceso del padre: 25 de junio de 2009 Fecha de la liquidación: octubre de 2017 Período indemnizable: 100 meses VA = LCI x Sn VA = 258.201 x 128,4235 = $ 33’159.076 b) Lucro cesante futuro: Se utiliza la fórmula que permite extraer el lucro cesante que se paga n veces hacia futuro con un descuento del 6% anual: (1 + i)n – 1 an = --------------- i (1– i)n Base de la liquidación: $258.201 Período indemnizable: 259 meses Factor an : 147,0297 $ 258.201 x 147,0297 = 37’963.216 Para un lucro cesante total de $ 71’122.292 Las demás cantidades reconocidas en el fallo de segunda instancia quedarán igual, y sólo habrán de actualizarse hasta la fecha de esta sentencia, de conformidad con lo establecido en los incisos segundo y tercero del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, del siguiente modo: - Perjuicio moral de Rita Saboyá: Valor reconocido: $ 45’000.000 Fecha de la sentencia: 13 de noviembre de 2013 Fecha de la liquidación: septiembre de 2017 IPC noviembre de 2013: 113,68 IPC agosto de 2017: 137,99 If Va = Vh ---------------- Ii Donde, Va = Valor actual Vh = Valor histórico If = IPC final (fecha de la liquidación) Ii = IPC inicial (fecha de la erogación) 137,99 Va = $45’000.000 ------------- 113,68 Va = 54’623.064 Más sus respectivos intereses del 6% anual hasta la liquidación: Fecha de la sentencia: 13 de noviembre de 2013 Fecha de la liquidación: septiembre de 2017 Meses a reconocer: 58 VA = C x (1+i)n VA = 54’623.064 x 1,325 = $ 72’375.560 - Perjuicio moral de Luz Evelyn Umbarila: Valor reconocido: $ 30’000.000 Fecha de la sentencia: 13 de noviembre de 2013 Fecha de la liquidación: septiembre de 2017 IPC noviembre de 2013: 113,68 IPC agosto de 2017: 137,99 137,99 Va = $30’000.000 ------------- 113,68 VA = $36’415.376 Más sus respectivos intereses del 6% anual hasta la liquidación: Meses a reconocer: 58 VA = C x (1+i)n VA = 36’415.376 x 1,325 = $ 48’250.373 - Perjuicio moral de Jheyson, Joseph y Jhon Umbarila: Valor reconocido a cada uno: $ 25’000.000 137,99 Va = $25’000.000 ------------- 113,68 VA = $30’346.147 Más sus respectivos intereses del 6% anual hasta la liquidación: Meses a reconocer: 58 VA = C x (1+i)n VA = 30’346.147 x 1,325 = $ 40’208.645 - Daño emergente de Jheyson Umbarila: Valor reconocido: $ 2’756.997 137,99 Va = $2’756.997 ------------- 113,68 VA = $3’346.569 Más sus respectivos intereses del 6% anual hasta la liquidación: Meses a reconocer: 58 VA = C x (1+i)n VA = 3’346.569 x 1,325 = $ 4’434.205 2. Por consiguiente, la condena quedará de la siguiente manera: - Para Rita Saboyá Cabrera: Lucro cesante: $ 71’122.292 Daño moral: $ 72’375.560 ----------------- TOTAL $143’497.852 - Para Luz Evelyn Umbarila Saboyá: Lucro cesante: $ 17’255.237 Daño moral: $ 36’415.376 ----------------- TOTAL $ 53’670.613 - Para Jheyson Umbarila Saboyá: Daño emergente: $ 4’434.205 Daño moral: $ 40’208.645 ----------------- TOTAL $ 44’642.850 - Para Joseph Umbarila Saboyá: Daño moral: $ 40’208.645 - Para Jhon Richard Umbarila Saboyá: Daño moral: $ 40’208.645 Para una condena total de $322’228.605 (trescientos veintidós millones doscientos veintiocho mil seiscientos cinco pesos). Por tal motivo las agencias en derecho de la segunda instancia se ajustarán a $16’000.000, que corresponde al 5% aproximado de dicho valor. CUARTO CARGO Acusó la sentencia de violar directamente los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio, y 230 de la Constitución Política. En su criterio, el error consistió en haber condenado a la aseguradora llamada en garantía a pagar únicamente el monto correspondiente al daño emergente, que ascendió a la cantidad de $2’756.997; excluyendo la condena por lucro cesante y los perjuicios extrapatrimoniales, que sumados dieron un monto de $381’709.866. Según el razonamiento del Tribunal, la póliza sólo cubrió la indemnización por perjuicios patrimoniales, pero no los extrapatrimoniales. Tampoco cubrió el lucro cesante porque por disposición del artículo 1088 del Código de Comercio, este rubro debe ser objeto de un acuerdo expreso, que en el caso que se dejó a su consideración, no se vislumbra en el clausulado. En contra de tal argumento, la censura expresó que la sentencia violó directamente la ley sustancial porque aplicó al caso concreto una disposición general que no estaba llamada resolverlo (artículo 1088 del Código de Comercio), y dejó de aplicar la norma específica que regula la controversia, esto es el artículo 1127 del estatuto mercantil, consagrado para regir las situaciones que caen en la órbita de los seguros de responsabilidad civil. De conformidad con esta última disposición, el seguro de responsabilidad civil ampara los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, menoscabo que quedó expresamente cubierto por la póliza, por lo que no había ninguna razón para excluir, con base en una norma inaplicable al caso, la indemnización por lucro cesante. Con relación al cubrimiento de los perjuicios de estirpe extrapatrimonial, señaló que el artículo 84 de la Ley 45 de 1990 modificó el texto original del artículo 1127 del Código de Comercio, que imponía al asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios “que sufra el asegurado” , reemplazándola por la expresión “ que cause el asegurado ” con motivo de la responsabilidad civil en la que incurra. No obstante, el simple cambio de una palabra no es razón para considerar que la modificación normativa alteró el significado y función de esta clase de seguros, encaminados a proteger el patrimonio del asegurado, que es el titular del interés asegurable; por lo que se debe entender que la suplantación del término “sufrir” por el de “causar”, no fue más que un lamentable descuido del legislador. En consecuencia, se debe entender que toda erogación que realice el asegurado con ocasión de una condena de responsabilidad civil en su contra, es para él un detrimento patrimonial o daño emergente que está comprendido dentro del riesgo asegurado por la póliza de responsabilidad civil; mientras que un entendimiento contrario, como el razonamiento al que llegó el Tribunal, comportaría una desnaturalización de esta tipología de seguro, además de una evidente violación de la equidad. Por tal motivo, se debe colegir que la póliza cubrió dentro del concepto de “ perjuicios patrimoniales ”, todas las erogaciones que fueron ordenadas por la sentencia de condena, sin importar la especie de daño que representó para cada una de las víctimas. CONSIDERACIONES 1. El Título V del Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) regula lo concerniente al contrato de seguro como institución del derecho privado de la más digna atención y vigilancia por parte del Estado, debido a la trascendental función social y económica que cumple esa relación comercial. De conformidad con lo estipulado por el artículo 1045 del estatuto de los comerciantes, los elementos estructurales del contrato de seguro son: 1º) el interés asegurable; 2º) el riesgo asegurable; 3º) la prima o precio del seguro; y 4º) la obligación condicional del asegurador. « En defecto de cualquiera de estos elementos , el contrato de seguro no producirá efecto alguno ». Puede afirmarse sin ninguna duda que el riesgo asegurable es el elemento más característico del contrato de seguro, teniendo en cuenta que no forma parte de ningún otro tipo de acuerdo de voluntades. Así como el concepto de riesgo es inherente al instituto de la responsabilidad civil extracontractual, el riesgo asegurable es inmanente al contrato de seguro. De hecho, ambas instituciones son hijas de la mentalidad europea moderna, pues antes del siglo XV el tratamiento de la fatalidad aún no había sido racionalizado, y ni siquiera hay rastros escritos del uso de la palabra ‘ riesgo ’ o sus equivalencias etimológicas en las demás lenguas romances. « No será sino hasta el largo período de transición que va desde la Edad Media hasta los inicios de la Modernidad cuando se empezará a hablar de riesgo ».[footnoteRef:82] [82: Niklas LUHMANN. Sociología del riesgo. 3ª ed. en español. México: Universidad Iberoamericana, 2006. p. 53. (Edición original en alemán de 1991)] Sólo cuando surgió en la mentalidad del hombre moderno la conciencia de la probabilidad como cálculo racional,[footnoteRef:83] fue posible la idea de riesgo como noción abstracta de la institución económica del seguro, tal como se la concibe en la actualidad; es decir como justificación de la ganancia empresarial por medio de la absorción del margen de incertidumbre gracias al cálculo cuantitativo de probabilidades. Los modelos cuantitativos del cálculo del riesgo asegurable toman su orientación de las expectativas de utilidad sobre el parámetro del umbral de catástrofe , que permite medir objetivamente las acciones como de alto o bajo riesgo. De ahí que el riesgo de la institución del seguro es, principalmente, una cuestión de medida o razón instrumental.[footnoteRef:84] [83: El significado de probabilidad matemática surgió en la segunda mitad del siglo XVII con los estudios sobre probabilidades de Pierre de Fermat, Blaise Pascal y Girolamo Cardano; perfeccionándose con el criterio de predecibilidad determinista de Laplace. Antes de esa época la locución latina ‘probabilis’ (del latín ‘probo’ como bueno o digno de admiración) tenía un único significado como acción socialmente aceptable, admisible, aprobable o estimable. Ver Agustín BLÁNQUEZ FRAILE. Diccionario latino-español. Barcelona: 1950. p. 914.] [84: Para una explicación económica del riesgo ver: Frank KNIGHT. Risk, Uncertainty and Profit. New York: Sentry Press, 1964. pp. 197 y ss. (Edición original de 1921)] El concepto de riesgo como medida cuantitativa o cálculo de costos y beneficios con base en pronósticos matemáticos no es ni puede ser funcionalmente equiparable a la noción de riesgo de la responsabilidad extracontractual, porque ésta no está sometida al criterio económico de mejor utilización de las oportunidades. La responsabilidad civil no es una forma característica de distribuir costos para lograr la eficiencia. Es innegable que el trabajo actuarial sólo es factible cuando hay un número de casos suficiente para evaluar el grado de desviación; pero en el derecho de la responsabilidad civil las estadísticas de daños son irrelevantes, porque de lo que se trata no es de repartir los gastos de indemnizaciones entre la población asegurada, sino de establecer el vínculo jurídico que surge entre dos partes en razón de una situación única y concreta valorada previamente como antijurídica por el ordenamiento. El concepto de riesgo de la responsabilidad civil no depende de una operación racional técnico-financiera, sino de las posibilidades de decisión de los agentes, dado que se es civilmente responsable no porque algo salga mal según los designios del azar sino porque pudo haberse actuado de modo jurídicamente correcto. Los daños deben ser evitados no porque puedan ser el resultado de las fuerzas ocultas de la naturaleza sino porque son atribuibles a decisiones que pueden prever fracasos y errores de conducta o de prudencia. El daño de la responsabilidad civil no se determina por exceder un marco usual de costos o zona de ganancia , sino porque provoca una situación que, analizada en retrospectiva, se valora como el resultado de una decisión contraria a los deberes jurídicos de adjudicación y de prudencia: una decisión jurídicamente reprobable puede ser correcta y deseable en términos económicos, o viceversa. Por estas razones, no es dable confundir el riesgo de la responsabilidad civil con el riesgo entendido como cálculo cuantitativo, propio de la institución del seguro; pues ambos sistemas tienen criterios de adecuación de sentido distintos que cambian el significado de los hechos que para uno u otro tienen relevancia jurídica, aun cuando compartan la misma referencia semántica. A pesar de que ambas instituciones se erigieron sobre el concepto de riesgo, el significado de éste no es el mismo en uno y otro caso, porque pertenecen a niveles de sentido distintos con diferentes claves operacionales: la clave binaria de la responsabilidad civil es la de riesgo-peligro , para diferenciar el ámbito de la imputación del agente del ámbito de lo que no puede imputársele a una persona, dado que la atribución de un resultado depende de la posibilidad de tomar una decisión o elección racional que produce daños o evita crearlos. La clave operacional del derecho de seguros es, en cambio, la de riesgo-incertidumbre ,[footnoteRef:85] toda vez que el riesgo asegurable no depende de las decisiones o posibilidades de elección del tomador, asegurado o beneficiario. El riesgo asegurable no es el acontecimiento incierto sino las consecuencias lesivas previstas en el contrato que el acontecimiento incierto pudiera acarrear. [85: Si el riesgo asegurable depende de la absorción o disminución del margen de incertidumbre, o sea de la probabilidad cuantitativa de reducir la incertidumbre; entonces el término contrario no es la seguridad o certeza (que son conceptos vacíos) sino el aumento de incertidumbre.] De ese modo es posible definir el riesgo asegurable como la probabilidad de que se produzca un evento dañoso previsto en el contrato y que da lugar a que el asegurador indemnice el perjuicio sufrido por el asegurado o cumpla con la prestación convenida.[footnoteRef:86] [86: Domingo LÓPEZ SAAVEDRA. Tratado de derecho comercial: Seguros. Buenos Aires: La Ley, 2010. pp. 55 y ss. ] El riesgo asegurable es una probabilidad matemática o estadística, mientras que el riesgo de la responsabilidad civil es una posibilidad de elección entre alternativas. Este último depende por completo de la capacidad de decisión del sujeto; en tanto que aquél es ajeno a la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario (artículo 1054 del Código de Comercio). Ahora bien, como los dos sistemas obedecen a criterios de adecuación de sentido distintos, se trata de dos niveles de observación que no pueden confundirse, de suerte que los hechos con relevancia jurídica valorados en uno de esos órdenes no tienen el mismo significado jurídico dentro del otro nivel. Confundir el significado de los conceptos de los dos niveles de indicación quiere decir que no se está teniendo en cuenta la distinción; lo que derivaría en un argumento inconsistente.[footnoteRef:87] [87: Por el Teorema de Distinción del cálculo de las formas, la diferenciación es lógicamente necesaria. George SPENCER-BROWN. Laws of forms. New York: The Julian Press, 1972. pp. 19.] En concreto, hay que admitir que tanto la responsabilidad civil extracontractual como los seguros de daños tienen como finalidad indemnizar los perjuicios derivados del acaecimiento de un hecho incierto. El concepto de indemnización tiene en ambos casos la misma referencia semántica, es decir reparar, restaurar, resarcir o crear una situación material (generalmente de carácter pecuniario) equivalente a la que existiría si el daño no se hubiera producido. A pesar de que la referencia semántica es igual, pues en uno u otro caso la indemnización se refiere al mismo hecho de la experiencia (resarcir el daño ocasionado o mantener indemne o exento de daño); su sentido no es el mismo en ambos niveles de significado ( homonimia construccional ), pues en la responsabilidad civil extracontractual la indemnización se rige por el principio de reparación integral (artículo 16 de la Ley 446 de 1998), de manera que el juez tiene la obligación de ordenar la indemnización plena y ecuánime de los perjuicios que sufre la víctima y les son jurídicamente atribuibles al demandado, con el fin de que éste retorne a una posición lo más parecida posible a aquélla en la que habría estado de no ser por la ocurrencia del hecho dañoso. Los seguros de daños, por su parte, a pesar de estar reconocidos como de mera indemnización, no se rigen por el postulado de la reparación integral sino por el principio de la autonomía privada, porque la obligación del asegurador no implica hacerse cargo de todas las consecuencias lesivas que el siniestro haya provocado, sino únicamente de aquéllas que estén previstas en el contrato de seguro o la ley, hasta concurrencia de la suma asegurada (artículo 1079 del Código de Comercio), y se hayan causado dentro del plazo convenido. El límite de la indemnización en la responsabilidad civil son los daños sufridos por la víctima que logren probarse en el proceso; mientras que en el seguro de daños es el que resulta de las condiciones del contrato de seguro, los alcances de la cobertura otorgada y el valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, o del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario (artículo 1089 del Código de Comercio). Como puede advertirse sin dificultad, ambos institutos comparten el mismo concepto de indemnización o indemnidad ; pero el sentido de éste no es el mismo en los dos niveles de observación. Lo mismo acontece con los conceptos de daño emergente y lucro cesante, referidos a la pérdida que sufre el acreedor y a la falta de ganancia –respectivamente–, como consecuencia del retardo o el incumplimiento del contrato, o bien del daño ocasionado a la víctima en las obligaciones de origen extracontractual. Aun cuando ambas nociones se refieren a una idéntica situación en la realidad, no cumplen la misma función para el instituto de la responsabilidad civil y para los seguros de daños, por lo que su sentido no es igual en las dos estructuras nivelares. En efecto, en lo que respecta a la reparación de los perjuicios patrimoniales en la responsabilidad extracontractual, el daño emergente es la mengua que la víctima sufre en su fortuna como consecuencia del hecho dañoso, mientras que el lucro cesante es la frustración de los beneficios legítimos que habría percibido si hubiera permanecido indemne. Por su parte, en los seguros de daños, incluidos los de responsabilidad civil contractual o extracontractual (artículo 1127 del Código de Comercio), el daño emergente es la erogación pecuniaria que tiene que solventar el asegurado –y en la cual se subroga el asegurador– para indemnizar todos los daños que haya causado a la víctima, independientemente de la tipología que les corresponda dentro del sistema de la responsabilidad civil; mientras que el lucro cesante es el beneficio legítimo que el asegurado deja de recibir cuando paga a la víctima la prestación que está a cargo del asegurador, lo cual podría ocurrir, por ejemplo, en los seguros de reembolso ; con la limitación de que en estos casos el lucro cesante deberá ser objeto de acuerdo expreso, tal como lo prevé el artículo 1088 del Código de Comercio. De otro modo no tendría ningún sentido la indicación que hace la citada disposición cuando advierte que ella surte efectos “ respecto del asegurado ”: « Respecto del asegurado , los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso». “Respecto del asegurado” quiere decir, en el contexto del enunciado normativo, dos cosas: i) que la indemnización tiene que valorarse con relación al asegurado, o sea que el objeto de este seguro es mantener su patrimonio indemne o protegido del menoscabo que llegare a sufrir como consecuencia de los daños ocasionados a la víctima o beneficiario. De ahí que esta Sala haya precisado que por medio de esta clase de seguro el amparado tiene « la posibilidad de obtener la reparación del detrimento que sufra en su patrimonio a causa del acaecimiento del siniestro ».[footnoteRef:88] De manera que la indemnización al asegurado no puede analizarse desde la perspectiva de los rubros que ha de recibir la víctima de la responsabilidad civil, sino desde el punto de vista de la indemnidad a la que el asegurado tiene derecho en virtud del contrato de seguro. [88: CSJ SC, 21 Ago. 1978, G. J. T. CLVIII n.° 2399, p. 118 a 124.] ii) que esta especie de seguros no puede ser causa de enriquecimiento para el asegurado; pero sí puede serlo –y de hecho lo es– para el asegurador, pues ellos constituyen el objeto de su negocio o fuente de ganancia. De lo anterior se concluye que las distintas tipologías de perjuicios en la responsabilidad civil extracontractual no tienen el mismo significado en el contexto del seguro de daños, pues lo que para aquélla son dos conceptos distintos (daño emergente y lucro cesante), en éste corresponde a un mismo rubro (daño emergente). En estricto sentido, una vez el demandado es declarado responsable, la condena a resarcir los perjuicios le representa un daño emergente, en tanto comporta una erogación que se ve conminado a efectuar y no una ganancia o lucro que está legítimamente llamado a percibir.[footnoteRef:89] [89: La diferencia de sentido hace posible que lo que en un nivel es un lucro cesante, pase a ser un daño emergente en otro contexto, sin que se viole el principio lógico de no-contradicción, pues éste sólo informa sobre la incoherencia de conceptos contradictorios al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ley de re-entry del cálculo de las formas, la operación de contracción es válida.] 2. Ahora bien, es cierto que el artículo 1127 del Código de Comercio definía en su redacción original el seguro de responsabilidad como aquél que « impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley ». [Se resalta] También es verdad que esa disposición fue modificada por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990 (texto que corresponde al vigente), en el siguiente sentido: « El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado ». De la comparación entre la redacción original de la norma y la introducida por la Ley 45 de 1990 se concluye que la razón de la reforma legal fue adicionarle al propósito de este contrato el resarcimiento de la víctima, quien pasó a ser beneficiaria de la indemnización y titular de un mecanismo directo para obtener el pago del seguro, dado que en su acepción primigenia el seguro de responsabilidad civil no era « un seguro a favor de terceros» , por lo que en tal virtud el damnificado carecía «de acción directa contra el asegurador » (artículo 1133 anterior). Bajo su concepción original, el único fin de ese convenio era indemnizar al asegurado por los eventuales costos que tuviera que pagar a terceros en razón de los perjuicios que les ocasionaran sus acciones u omisiones antijurídicas. Pero con la entrada en vigencia de la Ley 45 de 1990 esa situación cambió al ser el resarcimiento de la víctima el propósito principal de ese contrato. De ese modo, según el artículo 1133 vigente, los damnificados pasaron a tener acción directa contra el asegurador, sin que ello signifique que la función de mantener indemne al asegurado haya desaparecido. Quiso la ley procurar la tutela eficaz de los derechos del damnificado, pero nada más; de ahí que no hay motivo para afirmar que desapareció la razón de ser de este tipo de aseguramiento, cual es la de servir como protección de la indemnidad patrimonial del asegurado, quien precisamente acude a dicha modalidad para precaverse de las erogaciones pecuniarias que deba hacer como consecuencia de la responsabilidad civil en la que incurra. En esa línea de pensamiento, la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado de manera consistente, señalando que la modificación legal no alteró el objeto ni la finalidad propia del seguro de responsabilidad. Al respecto, sostuvo: «Con la reforma introducida por la ley 45 de 1990, cuya ratio legis, como ab-initio se expuso, reside primordialmente en la defensa del interés de los damnificados con el hecho dañoso del asegurado, a la función primitivamente asignada al seguro de responsabilidad civil se aunó, delantera y directamente, la de resarcir a la víctima del hecho dañoso, objetivo por razón del cual se le instituyó como beneficiaria de la indemnización y en tal calidad, como titular del derecho que surge por la realización del riesgo asegurado, o sea que se radicó en el damnificado el crédito de indemnización que pesa sobre el asegurador, confiriéndole el derecho de reclamarle directamente la indemnización del daño sufrido como consecuencia de la culpa del asegurado, por ser el acreedor de la susodicha prestación, e imponiendo correlativamente al asegurador la obligación de abonársela, al concretarse el riesgo previsto en el contrato… (…) El propósito que la nueva reglamentación le introdujo, desde luego, no es, per se, sucedáneo del anterior, sino complementario, "lato sensu", porque el seguro referenciado, además de procurar la reparación del daño padecido por la víctima, concediéndole los beneficios derivados del contrato, igualmente protege, así sea refleja o indirectamente, la indemnidad patrimonial del asegurado responsable, en cuanto el asegurador asume el compromiso de indemnizar los daños provocados por éste, al incurrir en responsabilidad, dejando ilesa su integridad patrimonial, cuya preservación, en estrictez, es la que anima al eventual responsable a contratar voluntariamente un seguro de esta modalidad». [footnoteRef:90] [90: CSJ SC, 10 Feb. 2005, Rad. 7614; en igual sentido CSJ SC, 10 Feb. 2005, Rad. 7173 y CSJ SC, 14 Jul. 2009, Rad. 2000-00235-01.] Al mismo tiempo que el seguro de responsabilidad civil resguarda el pago de la indemnización a que tiene derecho el beneficiario, también protege la integridad del patrimonio del asegurado. De modo que una interpretación de la regulación del seguro de responsabilidad civil que desconozca, suprima o aminore su función originaria en cuanto a la protección patrimonial del asegurado, desnaturalizaría el contenido esencial de dicho convenio y particularmente la función con la que fue concebido por la ley, en demérito de la confianza que el asegurado deposita en esa modalidad de aseguramiento. Luego, como el propósito del legislador no fue otro que otorgarle a los damnificados acción directa contra el asegurador, es lógico que desde la perspectiva de las víctimas los daños que éstas sufren son causados por el asegurado. Por consiguiente, para conservar la coherencia de la redacción del artículo 1127 del Código de Comercio, fue necesario cambiar la expresión que indicaba que el seguro de responsabilidad « impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado », por la actual que establece que dicho contrato « impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado » con ocasión de esa responsabilidad. Es ostensible que desde la perspectiva de los damnificados en el nivel de la responsabilidad civil, ellos son quienes sufren los daños y no quienes los causan. Mas, desde la óptica del contrato de seguro, los daños que causa el asegurado son los mismos que éste sufre en su patrimonio cuando queda obligado a pagar la indemnización.[footnoteRef:91] [91: Por ley de re-entry del cálculo de las formas, la contracción o igualación es válida.] De lo anterior se concluye que no es admisible interpretar el artículo 1127 del Código de Comercio como si prescribiera que el asegurador únicamente está obligado a indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufre la víctima como resultado de una condena de responsabilidad civil, sino que hay que seguir interpretándolo en su acepción original, esto es desde el nivel de sentido del contrato de seguro, según el cual el asegurador está obligado a mantener al asegurado indemne de los daños de cualquier tipo que causa al beneficiario del seguro, que son los mismos que el asegurado sufre en su patrimonio, tal como se explicó líneas arriba y fue reconocido por esta Corte en fallo reciente, en el que indicó: «El perjuicio que experimenta el responsable es siempre de carácter patrimonial, porque para él la condena económica a favor del damnificado se traduce en la obligación de pagar las cantidades que el juzgador haya dispuesto, y eso significa que su patrimonio necesariamente se verá afectado por el cumplimiento de esa obligación, la cual traslada a la compañía aseguradora cuando previamente ha adquirido una póliza de responsabilidad civil. En consecuencia, los daños a reparar (patrimoniales y extrapatrimoniales) constituyen un detrimento netamente patrimonial en la modalidad de daño emergente para la persona a la que les son jurídicamente atribuibles, esto es, para quien fue condenado a su pago» .[footnoteRef:92] [92: CSJ SC20950 del 12 de diciembre de 2017, aprobada en Sala del 15 de agosto de 2017. Rad.: n° 05001-31-03-005-2008-00497-01.] 3. El Tribunal, por lo tanto, cometió un error al negar la condena en contra de la aseguradora llamada en garantía con fundamento en la interpretación que hizo de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio, según la cual la indemnización a su cargo no comprendía el daño moral inferido a los demandantes por ser de carácter extrapatrimonial, ni el lucro cesante por ausencia de estipulación expresa. Al razonar de esa forma, desconoció que los perjuicios patrimoniales de que trata el 1127 son los que el asegurado causa al damnificado, es decir los mismos que aquél sufre en razón del pago de la indemnización a su cargo. De igual manera pasó por alto que el daño emergente al que alude el artículo 1088 ejusdem no es visto desde la perspectiva de la tipología de los daños que sufre la víctima según el sistema de la responsabilidad extracontractual, sino en el contexto del daño que sufre el asegurado en el nivel de sentido del contrato de seguro. En consecuencia, al interpretar erróneamente ambas disposiciones, dejó de aplicar el artículo 1127 ibidem , incurriendo de ese modo en una violación directa de las normas sustanciales que denunció el cargo que se viene examinando. Por las razones expuestas, prospera el cuarto cargo, por lo que la sentencia del Tribunal tiene que modificarse en el sentido de condenar a la aseguradora llamada en garantía al pago de la condena en perjuicios a favor de los demandantes más los costos del proceso, tal como lo dispone el artículo 1128 del Código de Comercio; menos el deducible pactado en la póliza. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el trece de noviembre de dos mil trece, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; y en sede de instancia MODIFICA su parte resolutiva, que quedará así: «PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 19 de marzo de 2013 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá. SEGUNDO. DECLARAR civilmente responsable a Codensa S.A. E.S.P. por los daños que la muerte del señor José del Carmen Umbarila Garzón ocasionó a los demandantes. TERCERO. CONDENAR a Codensa S.A. E.S.P. a pagar a los demandantes, las siguientes sumas de dinero: - Para Rita Saboyá Cabrera: $143’497.852 - Para Luz Evelyn Umbarila Saboyá: $ 53’670.613 - Para Jheyson Umbarila Saboyá: $ 44’642.850 - Para Joseph Umbarila Saboyá: $ 40’208.645 - Para Jhon Richard Umbarila Saboyá: $ 40’208.645 ----------------------- Para una condena total de $322’228.605 CUARTO. CONDENAR a la Aseguradora demandada a pagar solidariamente la totalidad de las anteriores sumas de dinero más la condena en costas, descontando el deducible de noventa y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 99.000) que se pactó en la póliza. QUINTO. CONDENAR a la empresa demandada al pago de las costas de ambas instancias. Las de primera, deberán ser liquidadas por el juzgado de conocimiento. Las de segunda instancia se liquidarán por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $16’000.000». Sin costas en casación, ante la prosperidad parcial del recurso extraordinario. En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen. Notifíquese. LUIS ALONSO RICO PUERTA Presidente de Sala MARGARITA CABELLO BLANCO (Con excusa justificada) ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO (Con aclaración de voto) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO (Con aclaración de voto) ARIEL SALAZAR RAMÍREZ LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA (Con salvamento de voto) ACLARACIÓN DE VOTO Radicación n° 11001-31-03-027-2010-00578-01 Con el debido respeto me permito disentir de algunas de las consideraciones plasmadas en el proyecto aprobado, por cuanto desatienden las sólidas trazas jurisprudenciales que han servido de fundamento al desarrollo de la responsabilidad civil extracontractual, en particular, por actividades peligrosas. Además, por discrepar del análisis que se dispensó a los dos (2) primeros cargos propuestos. NEXO CAUSAL Y TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN Se aseveró en la sentencia que el nexo causal debe ser reemplazado por la imputación normativa, en atención a que aquél, por fundarse en una visión naturalística, conduce a conclusiones intolerables y no brinda una respuesta adecuada a ciertas situaciones jurídicas. Sobre el particular es menester manifestar que, ciertamente, la teoría de la « equivalencia de condiciones », propia de un análisis naturalístico, sirvió de origen y fundamentación a la noción de vínculo causal, a través de la utilización de las categorías de causa y efecto de las ciencias naturales. Sin embargo, esta visión no siempre permite individualizar el hecho que, en concreto, produjo el resultado, pues la revisión causal puede conducir a una cadena infinita de fuentes y diluir la responsabilidad. Ante esta dificultad, el nexo causal fue objeto de una depuración dogmática, con el fin de limitar el abanico de los posibles orígenes del daño, a través de la aplicación de criterios basados en valores o probabilidades. Se arribó, por esta senda, al puerto de la causalidad adecuada y la eficiente. La primera busca establecer cuál o cuáles hechos tuvieron la aptitud de producir el daño, considerando el curso normal de las cosas o lo que es usual, pues sobre ellos recaerá el peso del débito indemnizatorio. Mientras que la segunda se enfoca en la causa más activa o eficaz para la producción del perjuicio, esto es, aquella que, en mayor medida, contribuyó a la afectación, pues el autor de la misma será el que deba concurrir a la reparación[footnoteRef:93]. [93: Cfr. Carlos Alberto Ghersi, Teoría General de la Reparación de Daños, Astrea, Buenos Aires, 1997, p. 75-76.] Así las cosas, la teoría del nexo causal, si bien en sus inicios se centró en la revisión física de todas las posibles fuentes del hecho dañoso, evolucionó para acotar su número, a través de reglas operativas que permitieran escoger las que realmente resultan relevantes para endilgar responsabilidad, acudiendo a valoraciones normativas, prácticas o probabilidades. La jurisprudencia nacional no fue extraña a este progreso, pues desde hace algunos años rechazó la teoría de la equivalencia de las condiciones (visión naturalística) y acogió la causalidad adecuada[footnoteRef:94], como se advierte en las providencias de 26 de septiembre de 2002 (exp. n° 6878), 15 de enero de 2008 (rad. n° 2000-67300-01) y 14 de diciembre de 2012 (rad. n° 2002-00188-01), por citar unas pocas, dotando a los juzgadores de las herramientas necesarias para desentrañar las causas que originaron el daño. [94: «[E]n el campo del derecho la cadena causal no se toma en su estricto sentido naturalista, sino que se encuentra impregnada de una serie de valores culturales que permiten escoger, de entre una serie de hechos, sólo aquéllos que resultan verdaderamente relevantes para endilgar responsabilidad; de ahí que se hable de una causalidad adecuada» (SC, 14 dic. 2012, rad. n° 2002-00188-01; reiterada SC, 9 dic. 2013, rad. n° 2002-00099-01).] Recuérdese, in extenso , lo manifestado por esta Corporación: Pues no ha de negarse que de nada sirve el punto de vista naturalístico, conocido como teoría de la equivalencia de las condiciones -defendida hace algún tiempo y hoy abandonada en esta materia-, según el cual todos los antecedentes o condiciones (y aún las ocasiones), tienen ontológicamente el mismo peso para la producción del resultado . Semejante posición deja en las mismas al investigador, pues si decide mentalmente suprimir uno cualquiera de los antecedentes, con seguridad llegará a la conclusión de que el resultado no se hubiera dado, a más de la necesaria arbitrariedad en la elección de la condición a suprimir, dado que no ofrece la teoría criterios concretos de escogencia. De las anteriores observaciones surgió la necesidad de adoptar otros criterios más individualizadores de modo que se pudiera predicar cuál de todos los antecedentes era el que debía tomar en cuenta el derecho para asignarle la categoría de causa. Teorías como la de la causa próxima, la de la causa preponderante o de la causa eficiente –que de cuando en cuando la Corte acogió- intentaron sin éxito proponer la manera de esclarecer la anterior duda, sobre la base de pautas específicas (la última condición puesta antes del resultado dañoso, o la más activa, o el antecedente que es principio del cambio, etc.). Y hoy, con la adopción de un criterio de razonabilidad que deja al investigador un gran espacio, con la precisión que más adelante se hará cuando de asuntos técnicos se trata, se asume que de todos los antecedentes y condiciones que confluyen a la producción de un resultado, tiene la categoría de causa aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más “adecuado”, el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo . En fin, como se ve, la gran elasticidad del esquema conceptual anotado, permite en el investigador una conveniente amplitud de movimiento. Pero ese criterio de adecuación se lo acompañó de un elemento subjetivo que le valió por parte de un sector de la doctrina críticas a la teoría en su concepción clásica (entonces y ahora conocida como de la “causalidad adecuada”), cual es el de la previsibilidad, ya objetiva o subjetivamente considerada (SC, 26 sep. 2002, exp. n° 6878). En suma, el nexo causal, si bien se estructuró bajo la idea de la equivalencia de condiciones, después trasegó hacia visiones más flexibles, basadas en multivariados criterios para decantar las conductas originadoras del daño. Empero de lo comentado, el proyecto cuestiona la teoría naturalística, sin adentrarse en el estudio y revisión de las variantes posteriores, las cuales cumplen a cabalidad los objetivos pretendidos con la incorporación de la imputación normativa , lo que evidencia la inconveniencia de este cambio conceptual, al no aportar nuevos elementos de análisis y, por el contrario, traer discusiones foráneas a nuestro sistema jurídico sin que se advierta su necesidad actual. Pero es que, a página 11 del proyecto, se asimiló « la causalidad jurídica » con « la causalidad adecuada a un sentido jurídico, que es lo mismo que una causalidad orientada por criterios normativos o de imputación », denotando la intercambiabilidad de las nociones. Empero de lo comentado, en la sentencia se insiste en la necesidad de una novedosa denominación, sin advertir que a través de la misma se puede enviar un mensaje equívoco a la comunidad jurídica, sobre el tumbo de la jurisprudencia hacia tesis objetivistas en materia de nexo causal[footnoteRef:95], como se hizo en asuntos penales y administrativos, lo cual contraviene el subjetivismos que campea las vigentes codificaciones privadas (cfr. artículo 2341 del Código Civil). [95: Asevera la doctrina que «la imputación objetiva es índole puramente normativa, en cuya virtud, mediante criterios extraídos de la esencia y la función del tipo de injusto, se pueda afirmar que un resultado es objetivamente atribuible a una acción» (José Javier López Jacoiste, La responsabilidad civil extracontractual. Una exploración jurisprudencia y de filosofía jurídica, Ed. Ramón Areces, Madrid, p. 590).] Además, al admitirse esta noción se incitará la adopción de categorías propias de la imputación objetiva, tales como riesgo permitido , auto-puesta en peligro , hetero-puesta en peligro , prohibición de regreso y principio de confianza , sin que haya una sólida dogmática sobre el alcance de cada uno de ellos en el campo civil, ni un desarrollo jurisprudencial que advirtiera sobre las consecuencias de su reconocimiento. Por consiguiente, se estima que debe abrigarse la tesis de la causa adecuada , siguiendo los precedentes de esta Sala al respecto, con lo cual se evitan los riesgos antes denunciados y se otorga a los operadores jurídicos criterios flexibles para aminorar la teoría de la equivalencia de condiciones, sin caer en un normativismo anquilosante. En efecto, según la doctrina de la Corporación, la causa adecuada impone al juzgador acudir a las reglas de la vida, el sentido común y la lógica de lo razonable , para establecer, de los antecedentes y condiciones que confluyen a la producción de un resultado, cuál de ellos tiene la categoría de causa (SC, 26 sep. 2002, exp. n° 6878; reiterada SC, 13 jun. 2014, rad. n° 2007-00103-01). Para el efecto, deberá tenerse en cuenta la previsibilidad objetiva o subjetiva , a consecuencia de lo cual « debe realizarse una prognosis que dé cuenta de los varios antecedentes que hipotéticamente son causas, de modo que con la aplicación de las reglas de la experiencia y del sentido de razonabilidad a que se aludió, se excluyan aquellos antecedentes que solo coadyuvan al resultado pero que no son idóneos per se para producirlos, y se detecte aquél o aquellos que tienen esa aptitud » (SC, 15 en. 2008, exp. n° 2000-673-00-01; en el mismo sentido SC, 6 sep. 2011, rad. n° 2002-00445-01). Tal ponderación fáctica sobre la causa del daño se debe realizar a través de un minucioso o detallado análisis de los comportamientos de cada uno de los partícipes en el hecho, máxime si se está frente a una actividad peligrosa (SC, 13 ag. 2015, rad. n° 2006-00320-01). Así las cosas, en el establecimiento del nexo causal, según la tesis expuesta, concurren elementos fácticos, lógicos y experienciales, que permiten al juzgador establecer los hechos que, en el curso normal de los acontecimientos y según las particulares del caso, fueron los desencadenantes del perjuicio, considerando la probabilidad de hacerlo y los criterios normativamente aceptados -lógica, sentido común, reglas de la experiencia, etcétera-. Hay, entonces, una conjunción entre elementos fácticos y jurídicos. El aspecto material se conoce como el juicio sine qua non , cuyo objeto es determinar los hechos o actuaciones -activas o pasivas- que probablemente tuvieron injerencia en la producción del daño, por cuanto de faltar no sería posible su materialización. Para estos fines, se revisa el contexto material o fáctico del suceso, analizado de forma retrospectiva, para establecerse las causas y excluir aquellas que no guardan conexión, en términos de razonabilidad. Con posterioridad se hace la evaluación jurídica, con el fin de atribuir sentido legal a cada actuación, a partir de un actuar propio o ajeno, donde se hará la ponderación del tipo de conexión y su cercanía. Juan Manuel Prevof explica este doble análisis así: [S]e torna imprescindible dividir el juicio de constatación causal en dos fases, secuencias o estadios: 1) primera fase (questio facti): la fijación del nexo causal en su primera secuencia tiene carácter indefectiblemente fáctico, es libre de valoraciones jurídicas y, por lo general, se realiza según el criterio de la conditio sine qua non. 2) segunda fase (questio iuris): una vez explicada la causa del daño en sentido material o científico es menester realizar un juicio de orden jurídico-valorativo, a los efectos de establecer si el resultado dañoso causalmente imbricado a la conducta del demandado, puede o no serle objetivamente imputado[footnoteRef:96]. [96: Juan Manuel Prevof, El Problema de la Relación de Causalidad en el Derecho de la Responsabilidad Civil. En Revista Chilena de Derecho Privado, n° 15, 2010, p. 165.] Tal orientación quedó consagrada en la sentencia de 24 de agosto de 2016 de esta Sala, al transcribir el pensamiento de Goldemberg: No debe perderse de vista el dato esencial de que, aun cuando el hecho causa y el hecho resultado pertenecen al mundo de la realidad natural, el proceso causal va a ser en definitiva estimado de consuno con una norma positiva dotada de un juicio de valor, que servirá de parámetro para mensurar jurídicamente ese encadenamiento de sucesos. Para la debida comprensión del problema, ambos niveles no deben confundirse. De este modo, las consecuencias de un hecho no serán las mismas desde el punto de vista empírico que con relación al área de la juridicidad. En el iter del suceder causal el plexo jurídico sólo toma en cuenta aquellos efectos que conceptúa relevantes en cuanto pueden ser objeto de atribución normativa, de conformidad con las pautas predeterminadas legalmente, desinteresándose de los demás eslabones de la cadena de hechos que no por ello dejan de tener, en el plexo ontológico, la calidad de ‘consecuencias’ [ Goldemberg, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2011, p. 8 ] (SC13925, rad. 2005-00174-01). Esta ha sido la postura de la jurisprudencia española (4 de octubre de 2012, STS 6203/2012[footnoteRef:97]), chilena (26 de enero de 2004, G.J. n° 283) y los principios de derecho europeo de la responsabilidad (artículos 1-101, 3-101 y 3:103), por lo que no se advierten razones para acudir a nuevas tesis en proceso de consolidación, sin perjuicio que éstas puedan nutrir las viejas instituciones. [97: Hay causalidad física o material, por cuanto el daño se produjo como consecuencia de la actividad desarrollada por los demandados. Hay también causalidad jurídica pues las consecuencias de la mediación eran previsibles.] La causa adecuada así entendida, « no sólo representa un avance desde un punto de vista técnico respecto de la teoría de la equivalencia de las condiciones, sino que también se adapta y logra explicar más fácilmente el nexo causal en un mundo tecnificado, en el que además, parece darse un tránsito (en la identificación de la conducta jurídicamente relevante) desde la teoría de la acción humana hacia posturas funcionalistas como la de la ‘defraudación de las expectativas de confianza’ »[footnoteRef:98], evitando el riesgo de la objetivización y la imposición de débitos indemnizatorios por el mero hecho de realizar una actividad lícita, sin ninguna otra consideración. [98: Cfr. Hugo A. Cárdenas, La relación de causalidad: ¿Quaestio facti o quaestio iuris?. En Revista Chilena de Derecho, vol. 33 n° 1, 2006, p. 173-174.] Es cierto que algunos autores propugnan por el reconocimiento de la imputación objetiva, como forma de contemporizar el nexo causal, en punto a los elementos normativos para establecer la responsabilidad. Empero, tal propuesta no supone una sustitución de esta última, sino su adaptación. De allí que Rodrigo Barcia Lehmann asevere « en la imputabilidad objetiva, además de probarse la causalidad material, se debe acreditar la causalidad jurídica, es decir, el supuesto que da lugar al criterio objetivo de imputación. Lo que sucede en estos casos es que existe un trasfondo valórico o axiológico que permite asignar la responsabilidad, como sucede, por ejemplo, con la violación de la regla de garante »[footnoteRef:99]. [99: Rodrigo Barcia Lehmann, Algunas Consideraciones de la Relación de Causalidad Material y Jurídica en la Responsabilidad Civil Médica. En Cuadernos de Análisis Jurídico, Serie Colección Derecho Privado, Año 2010, Número VI, p. 117.] Aclarado que el vínculo causal tiene un componente fáctico y otro jurídico, se tiene que al interesado le corresponde probar el primero de ellos así como invocar el segundo, para satisfacer su carga de la prueba, lo que mal podría considerarse como un gravamen de imposible cumplimiento. Y es que, tratándose de causas ciertas, el deber del perjudicado es demostrar la conexión causal entre el hecho y el daño, en el sentido de que la ausencia de la acción u omisión achacada al agresor enervado la consecuencia dañosa. Para los casos en que no sea posible establecer física o científicamente el nexo, bastará demostrar la probabilidad de la conexión, acudiendo a estudios técnicos, reglas de la experiencia, de la lógica o del sentido común, caso en el cual se aplicará la carga probatoria con especial distribución, para que la parte que se encuentre en mejor posición, según sus conocimientos y profesión, deba demostrarla o desvirtuarla. Tratándose de omisiones bastará su invocación como una negación indefinida, salvo que a través de la misma se oculten afirmaciones susceptibles de prueba, caso en el cual deberán demostrarse cada una de estas últimas. En resumen, es claro que la teoría del nexo causal responde a las necesidades advertidas en la sentencia aprobada, sin necesidad de acudir a un concepto inexplorado en el ámbito nacional, como es la imputación normativa, por lo que se considera debe propenderse por el mantenimiento de aquél. LA ANTIJURIDICIDAD Y LA RESPONSABILIDAD Se sostiene en el proyecto que no existe una prohibición general de no dañar a los demás , pues todas las actividades están permitidas y sólo cuando se genera un daño es que surge el deber de resarcirlo. En consecuencia, « [e]l juicio de desvalor no radica en la antijuridicidad de la conducta per se , sino en que suceda o no un daño a partir de la creación del riesgo » (página 27). Con el debido respeto me aparto de esta conclusión, por reducir la responsabilidad al daño, sin advertir que éste es uno de sus elementos sin subsumirlos a todos. Más aún, no tiene en cuenta que un actuar ilícito tiene eventuales consecuencias indemnizatorias o tuitivas, aunque no se configure un daño cierto. Sea lo primero puntualizar que la antijuridicidad, también conocida como ilicitud, es un presupuesto de la responsabilidad, y se refiere al desvalor de la conducta del victimario por transgredir el ordenamiento jurídico[footnoteRef:100]; valga explicarlo, consiste en el reproche que se realiza al actuar del responsable, por desconocer un deber concreto surgido de un negocio jurídico o la buena fe, o el mandato general de abstenerse de inferir injuria o daño a los demás. [100: Carlos Fernández Sessarego, “La ‘Antijuridicidad’ como Problema”. En Ameal, Oscar J. (dir.) - Tanzi, Silvia Y. (coord.), Obligaciones y Contratos en los Albores del Siglo XXI, Lexis-Nexis, 2001, p. 453.] Por ello Jorge Mosset Iturraspe sostiene que « la antijuridicidad constituye un juicio de desaprobación sobre el hecho » [footnoteRef:101] . A su vez, Juan Carlos Boragina concluyó que « es un concepto objetivo, pues dimana de la mera contradicción entre el obrar del sujeto y el ordenamiento jurídico integral, con prescindencia de la imputación de primer grado (voluntariedad) o de segundo grado (culpabilidad) »[footnoteRef:102] (negrilla fuera de texto). [101: Jorge Mosset Iturraspe, op. cit., p. 194.] [102: Juan Carlos Boragina, op. cit., p. 267.] La ilicitud, en suma, es una calificación de la acción u omisión del responsable, con el fin de establecer su armonía con el orden jurídico, cuya ausencia impide el surgimiento de la obligación compensatoria; esto es, sin antijuridicidad la víctima deberá soportar los daños que ha sufrido, sin esperar ningún tipo de compensación. Por eso, situaciones dañosas como el embargo de un bien, la demolición de una construcción contraria a las normas urbanísticas o las lesiones personales en legítima defensa, no generan responsabilidad, ante la licitud del actuar del victimario. En segundo lugar conviene aclarar que, de forma excepcional, la ilicitud del comportamiento puede dar lugar a medidas preventivas, correctivas o indemnizatorias, aunque no se haya configurado una lesión, como se advierte, a título de ejemplificación, en algunas acciones posesorias especiales. Verbi gracia , el artículo 988 del Código Civil consagró que el vecino de un edificio que amenace ruina puede promover acción para su demolición o reparación forzosa, sin que se requiera un daño presente y cierto, lo que se explica en razón de la antijuridicidad de la conducta. De forma similar, el precepto 993 impone la eliminación o modificación de las obras realizadas para cambiar el curso de las aguas corrientes, sin exigir un perjuicio concreto para tal reclamación. Igual directriz está contenida en los mandatos 992, 998, 999 y 1002 de igual codificación. Lo mismo sucede con los casos en que se exonera de la prueba del daño a la víctima, pues en tales eventos bastará acreditar la antijuridicidad, la culpa y el nexo causal para que nazca el deber de indemnizar, con independencia de los perjuicios. Esto sucede, para citar algunos eventos, en materia de interés, cláusula penal o transporte aéreo internacional, donde la reparación depende de la ilicitud de la conducta, con independencia de la materialización de un daño. Dable es colegir, entonces, que el daño no sustituye el elemento de la antijuridicidad, pues esta última puede dar lugar a responsabilidad, en casos de excepción, con independencia de aquél. Por último, de los artículos 2341, 2344, 2350, 2353, 2354, 2355 y 2356, entre otros tantos, se ha fundamentado la existencia de la prohibición genérica de dañar a los demás, reconocida por Ulpiano con la expresión alterum non laedere ( neminem laedere ) e invocada por esta Corporación, entre otras, en las providencias de 30 de septiembre de 2016 (SC13925, rad. n° 2005-00174-01), 2 de marzo de 2016 (SC2506, rad. n° 2000-01116-01), 19 de diciembre de 2006 (SC225, rad. n° 1998-10363-01), 18 de mayo de 2005 (SC083, rad. exp. n° 0832-01), 22 de octubre de 2003 (SC116, exp. n° 7451), 13 de agosto de 2001 (exp. n° 5993), 31 de julio de 2000 (exp. n° 5774), y 17 de mayo de 1982. Y es que no cualquier actividad puede ser desarrollada, como se propugna en la decisión, sino únicamente aquellas que se realizan sin la finalidad de dañar a los demás, por lo que de ejecutarse de espaldas de este límite legal, puede, dar lugar a responsabilidad, con independencia de los perjuicios que se generen. Como arquetipo puede citarse el principio de precaución o prevención en materia ambiental, según el cual, la falta de certeza científica no impide que se adopten las medidas para mitigar el eventual riesgo, consagrado en ley 99 de 1993, como desarrollo de la Declaración de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Por ello, cuando se actúa en contra de este principio, se impone la condena de perjuicios, aunque no haya claridad sobre la afectación que produjo. Lo mismo sucede con la exigencia de la utilización de la medicina basada en pruebas (MBE o evidence-based medicine ), la cual limita la posibilidad de acudir a tratamientos experimentales, por lo que su utilización no autorizada puede generar repercusiones patrimoniales para el personal médico, al margen de los perjuicios concretos que se prueben. Para sumariar, se tiene que la antijuridicidad es una categoría valiosa dentro del régimen de responsabilidad, en tanto es una condición de ésta, puede generar por sí misma el débito indemnizatorio y limita las actividades que pueden desarrollarse sin incurrir en aquélla. ACTIVIDADES PELIGROSAS En el fallo de casación se plantea una nueva noción de actividad peligrosa, fundada en la ausencia de control y previsión de los resultados, por considerar que no existe un criterio jurídico decantado que delimite el concepto. Sin embargo, una revisión cuidadosa de la jurisprudencia, devela que existe una marcada tendencia sobre los requisitos y exigencias para la configuración de una actividad de este tipo, sin que hayan razones de peso para su modificación. En efecto, los precedentes sobre la materia señalan que: (a) Una actividad es peligrosa cuando genera una extraordinaria peligrosidad[footnoteRef:103], en tanto sus consecuencias nocivas, así sean previsibles, son inevitables con los procedimientos usuales. Tal previsibilidad « exige del empresario reserva financiera adecuada, en función indemnizatoria que restablezca el equilibrio para el beneficio general » (5 ab. 1962). [103: Sentencias de 14 mar. 1934; 10 jun. 1952 y 9 jun. 1961.] Esto sucede, por regla general, cuando se utilizan herramientas que aumentan la fuerza del agresor y rompen el equilibrio con la víctima, incluso de forma potencial[footnoteRef:104]. [104: Sentencias de 16 jul. 1985; 4 jun. 1992, exp. n° 3382; 5 may. 1999, exp. n° 4978; 25 oct. 1999, exp. n° 5012; 3 mar. 2004, exp. n° 7623; 16 jun. 2008, rad. n° 2005-00611-01; 24 ag. 2009, exp. n° 2001-01054-01; 18 sep. 2009, exp. n° 2005-00406-01.] (b) El artículo 2536 del Código Civil consagra una presunción de responsabilidad o de culpa, en el sentido que la diligencia del demandado es irrelevante para la configuración de la responsabilidad, así como para la posible exoneración[footnoteRef:105]. [105: Sentencias de 14 mar. 1934, 31 may. 1938, 27 oct. 1947; 14 feb. 1955; 19 sep. 1959, 14 oct. 1959, 20 sept. 1978, 16 jul 1985, 23 jun. 1988, 25 ag. 1988, 27 ab. 1990; 25 oct. 1999, exp. n° 5012; 14 mar. 2000, exp. n° 5177; 26 ag. 2010, rad. n° 2005-00611-01; 18 dic. 2012, rad. n° 2006-00094-01.] (c) Son responsables de la actividad, no sólo las personas que materialmente la desarrollen, sino sus guardianes, huelga explicarlo, quienes tienen el uso, control o aprovechamiento[footnoteRef:106]. [106: Sentencias de 12 ab. 1991; 4 jun. 1992; 30 jun. 1993; 15 dic. 1994, exp. n° 4260; 22 ab. 1997, exp. n° 4753; 13 oct. 1998, exp. n° 5048; 5 may. 1999, exp. n° 4978; 20 jun. 2005, exp. n° 7627.] (d) El demandado sólo podrá exonerarse por la demostración de una causa extraña[footnoteRef:107]. [107: Sentencias de 14 mar. 1934; 14 feb. 1955; 15 dic. 1994, exp. n° 4260; SC17723, 7 dic. 2016, rad. n° 2006-00123-01.] (e) Para la demostración de la responsabilidad basta acreditar la actividad peligrosa, el daño y el nexo causal, constituyéndose en una carga del demandante[footnoteRef:108]; y [108: Sentencia de 24 ab. 1951, 10 jun. 1952; 11 sep. 1952; 14 mar. 2000, exp. n° 5177; 24 ag. 2009, rad. n° 2001-01054-01; 16 may. 2011, rad. n° 2000-00005-01.] (f) Cuando concurren actividades peligrosas, deberá hacerse un estudio de las mismas, para establecer cuál de ellas tuvo mayor injerencia en la producción del hecho dañoso y, en consecuencia, condenar[footnoteRef:109]. [109: Sentencias de 31 ag. 1960, 17 jul. 1987; 5 may. 1999, exp. n° 4978; 26 nov. 1999, exp. n° 5220; 24 ag. 2009, rad. n° 2001-01054-01.] Repárese que la noción de actividad peligrosa está asentada en la ruptura del equilibrio físico entre los partícipes en una situación, que conduce a que una de éstas quede desprovista de mecanismos para controlar las consecuencias del actuar de la otra, considerando sus capacidades naturales. Un cambio de noción, para centrarse en la imprevisibilidad de las consecuencias, haría que situaciones antes inadvertidas queden cobijadas como peligrosas, como se sugiere en la sentencia respecto a la biogenética, atentando contra la estabilidad de las relaciones y la confianza de los administrados; así, los investigadores en este campo dejarán de estar sometidos al régimen general de la responsabilidad por culpa probada, para pasar a una presunción no derrotable, lo que puede desincentivar su producción científica. Que el concepto de actividad peligrosa evolucione con el paso del tiempo, en orden a incluir o excluir laboríos, se explica por la posibilidad de reducir los riesgos de éstos hasta el punto de hacerlos manejables para los hombres ordinarios, de acuerdo con las necesidades sociales y los desarrollos tecnológicos. Pero de esto no se sigue que el único criterio para fundamentar la peligrosidad sea la eventualidad de daños incontrolables e imprevisibles. Vivimos en una sociedad de riesgo, pues la tecnología ha permitido acceder a inventos y modelos de utilidad antes inimaginados, que nos exponen a consecuencias graves e imprevistas, por lo que una ampliación de la noción nos avoca a una generalización de la responsabilidad por actividades peligrosas, en desmedro de la regla general de la responsabilidad subjetiva. EL CASO CONCRETO Para concluir, si bien se comparte el sentido de la decisión, no sucede lo mismo con la justificación enarbolada para denegar los embistes iniciales. El primero, porque no se hizo un análisis de los argumentos del casacionista para desestimar la culpa exclusiva de la víctima; y el segundo, porque no debió ser objeto de estudio, al incurrir en una deficiencia que impedía su examen en casación. Primer cargo. Se afirmó que, para evaluar la responsabilidad de la demandada, debía establecerse la creación de un riesgo y la exposición imprudente al mismo, lo cual se encontró acreditado; empero, estas conclusiones no se soportaron en el material probatorio que integra el expediente, ni atiende el argumento del casacionista sobre la existencia de una culpa exclusiva de la víctima. Al respecto, señálese que la mencionada causal de exoneración de responsabilidad se configura con ocasión de una « conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización, en la forma y términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil » (SC7534, 16 jun. 2015, rad. n° 2001-00054-01); en otras palabras consiste en la exposición temeraria o imprudente, por parte de la víctima, a la producción del hecho dañoso (SC8209, 21 jun. 2016, rad. n° 2009-00022-01). Esta causal, entonces, reclama que el victimario haya obrado conforme al estándar de conducta que le es exigible, no así el perjudicado, quien incurrió en un yerro que dio lugar al menoscabo. Al respecto, la Corte ha manfiestado: La falta de la víctima, cuando es la única causa del daño producido, exonera de toda clase de responsabilidad civil, no sólo de aquella que reposa o se fundamenta sobre una falta probada, sino también de la que se apoya, en una falta presunta. Pero para que la culpa de la víctima tenga la relevancia jurídica apuntada, o sea para, que constituya una eximente de responsabilidad civil al demandado, es preciso que ella haya, sido la causa exclusiva del daño; que absorba de alguna manera integralmente la imprudencia y el descuido del demandado, los cuales por consiguiente no tendrán ninguna trascendencia en la producción del perjuicio (17 may. 1982). Por consiguiente, cuando concurran actuaciones antijurídicas del agresor y agredido, frente a la producción del daño, se excluye la estructuración de esta causal eximente, siendo deber de aquél concurrir al pago de la indemnización de perjuicios. Esto fue lo que sucedió en el caso, por cuanto en el proceso se demostró que CODENSA S.A. incumplió las normas relativas a la seguridad de conducción de energía, actuación que fue decisiva para la producción de la muerte del señor Umbarila, por lo que se desestima la causal de exculpación alegada. Así lo concluyó el ad quem , proque aún de admitirse que los demandantes se acercaron a la red de conducción, « este hecho no tiene la virtualidad para descartar la responsabilidad de CODENSA S.A. E.S.P., por una razón, y es que no es verdad que la distancia entre el primero piso de la casa y el cableado sea el reglamentario; circunstancia fáctica que además permite inferir que la actividad desplegada por esa sociedad no cumplió con los parámetros de Ley » (folio 41 reservo del cuaderno Tribunal). Tal corolario encuentra asidero en los medios suasorios recolectados en las instancias. Así, en el dictamen pericial de 7 de septiembre de 2012, el experto sostuvo que « [e]l actual Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, establece que… la distancia mínima (b) a mantener es de 2.30 metros… De acuerdo con el Diagrama de Distancias…, la red tendida frente al predio no cumple con la distancia mínima establecida por la norma en comento al presentar una distancia de 1,80 metros aproximadamente, medida tomada desde el paramento de la edificación hasta la línea de energía de media tensión que se encuentra m[á]s cercana al inmueble » (folios 249-250 del cuaderno 1). En la aclaración y complementación el experto insistió en que « la distancia entre el conducto más cercano de la red de media tensión y el paramento de la edificación es de 1,80 metros… y que la norma CODENSA S.A. E.S.P. con última revisión del 06-12-2004, posterior a la expedición del RETIE y vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos… claramente se indica que la distancia ‘b’ para un nivel de tensión de 11.4KV es de 2,3 metros » (folios 277 y 279). En el interrogatorio del representante legal de la convocada se admitió que « respecto a la fachada del primero piso existe una distancia de 1.70 centímetros de la fachada a la primera línea de la red, distancia que va siendo reducida en forma proporcional… a tan solo 90 centímetros » (folio 188 ibidem), en soporte de lo cual allegó un estudio del Departamento de Mantenimiento Correctivo (folio 182), el cual reitera estas mediciones. A su vez, las atestaciones de Jheyson Umbarila Saboya, Luis Francisco Hernández Contreras, Sandra Milena Castellanos Castañeda, y Luis Felipe Pérez Gómez, dan cuenta de la cercanía de los cables con la edificación (folios 143, 188, 210 y 215 respectivamente), en armonía con el trabajo técnico del perito. En consecuencia, advertido el comportamiento contrario a derecho de la accionada, era claro que estaba llamada a responder, sin que pudiera eximirse con base en los errores de conducta del fallecido señor Umbarila, razón para excluir la causal de exoneración de responsabilidad invocada. Fluye de lo expuesto que, los supuestos errores achacados al Tribunal por pretermisión de material suasorio, aún de existir, devienen en intrascendentes, pues los mismos no estaban orientados a desvirtuar que la encartada cumplió las normas que rigen la seguridad de las redes eléctricas, sino en endilgar un yerro en el actuar de los demandantes, lo que es ajeno a la excepción propuesta de culpa exclusiva de la víctima. En este sentido, el embiste no estaba llamado a prosperar. Cargo segundo. En la fundamentación de la sentencia se desechó la censura, por cuanto la vulneración de las normas sobre construcción « no tiene ninguna relación con el daño de electrocución que [la víctima] sufrió, sino que está encaminado a la regulación urbanística de las edificaciones. No hay, por tanto, ninguna correlación de imputación entre los reglamentos de construcción… y el deber a cargo del occiso de evitar exponerse al peligro de electrocución » (página 37). Al respecto, lo primero que debe dejarse sentado es que el cargo no podía ser objeto de estudio en casación, por faltar a la claridad y precisión que exige el numeral 3° del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, en tanto dejó de lado argumentos cardinales de la sentencia impugnada, deviniendo por tanto en incompleto. Total que, para negar la súplica relativa a la coparticipación causal, el juzgador argumentó que la encartada (i) infringió las normas sobre distancia de redes eléctricas, (ii) faltó al deber de trasladar los tendidos para ajustarlos a la mensura legal, y (iii) omitió adelantar acciones para recuperar el espacio público afectado por la construcción; así como que (iv) el riesgo eléctrico existía con antelación a la construcción del segundo y tercer piso. No obstante, la casacionista enfiló su ataque hacia la primera y última de las premisas, buscando con ello develar un comportamiento imprudente de los demandantes y del fenecido señor Umbarila, sin cuestionar las dos (2) restantes. En efecto, la censora recriminó que no se tuviera en cuenta que la electrocución se originó por la manipulación de objetos metálicos y que la construcción de unos alerones acercaron el inmueble a las cuerdas de conducción; pero dejó de lado los aspectos relativos a la posibilidad de recuperar el espacio público supuestamente invadido, ni el aprovechamiento de terreno libre para reubicar los postes eléctricos. En consecuencia, el estudio del cargo deviene inocuo, pues aún de admitirse su prosperidad, la sentencia del Tribunal se mantendría incólume, al soportarse en los razonamientos no censurados, las cuales seguirán abrigados por la presunción de acierto y legalidad que es propia de las sentencias de instancia, por no haber sido controvertidos en casación. Por incompleto el cargo debió ser repelido, sin consideraciones adicionales. Ahora bien, aunque se hiciera caso omiso del anterior yerro, tampoco se advierte que las apreciaciones del fallador de segundo grado sean contraevidentes, pues el material persuasivo no brinda la claridad suficiente para establecer la relevancia de la participación de las víctimas en el suceso perjudicial, siendo aplicable la presunción de responsabilidad que pesa sobre la empresa demandada por ejercer una actividad especialmente peligrosa. Recuérdese que, según la jurisprudencia de este órgano de cierre, la electricidad es un laborío de marcada peligrosidad intrínseca, por exponer a las personas a riesgos especiales, siendo guardián de la misma la sociedad generadora, transformadora, transmisora o distribuidora (25 nov. 1999, exp. n° 5173). De allí que sea considerada como peligrosa en grado sumo (18 sep., rad. n° 2005-00406-01[footnoteRef:110]), generando una presunción de responsabilidad de la prestadora del servicio (26 ag. 2010, rad. n° 2005-00611-01, reiterada el 14 oct. 2010, rad. n° 2002-00024-01), siempre que la víctima demuestre la actividad, el daño y el nexo causal (9 jul. 2010, rad. n° 1999-02191-01). [110: En el mismo sentido providencias de 8 sep. 2011, rad. n° 2006-00049-01; 28 ab. 2014, SC5050, rad. n° 2009-00201-01; y 15 dic. 2016, SC18146, rad. n° 2009-00282-01.] En el sub lite , el Tribunal valoró el dictamen pericial y los testimonios para develar el error de conducta de CODENSA S.A., encontrando que las actuaciones del difunto Umbarila carecían de la aptitud para producir el daño. Lo anterior encuentra eco en la imposibilidad de establecer el momento en que se instaló el tendido eléctrico, en comparación con la realización de la construcción, con el fin de establecer si aquél se situó incorrectamente desde sus orígenes o esta última se levantó en contravención de las reglas del RETIE. Así, las pruebas no dan cuenta del momento exacto en que se delimitaron los lotes y se construyó el primero de los pisos, con el fin de evidenciar si CODENSA S.A. instaló los postes sin respetar la distancia de protección considerando los linderos del inmueble, o si la cercanía se originó de una invasión del espacio público. Tampoco se conoce si, al momento en que se edificaron los pisos superiores, los cables yacían por fuera de la distancia reglamentaria, con el objeto de establecer la influencia de esta actividad en la causación del daño. Lo primero, pues en el sistema de información del Centro de Distribución de CODENSA S.A., se registró que el servicio de electricidad comenzó a suministrarse el 11 de agosto de 2007, en tanto en este mes la infraestructura fue instalada , según lo atestiguó Luis Francisco Hernández Contreras (folio 185) y Luis Felipe Pérez Gómez (folio 214). Claridad que se desdibuja frente a otro documento emanado del mismo centro, en el que se aseguró que el transformador eléctrico entró en operación el 20 de septiembre de 2006 (folio 269), esto es, en una anualidad diferente. Adicionalmente, las atestaciones de Jheyson Umbarila Saboya (folio 144), Rita Saboya (folio 154) y Richard Umbarila Saboya (folios 160 y 163) afirman que la red fue puesta en servicio tiempo después, sin que el casacionista exponga argumentos que permitan resolver el tema a favor de la accionada. Otro tanto sucede con las fechas de la actividad constructiva. Pues, según la manifestación realizada por Rita Saboyá al perito, entre los años 2006 y 2008 se adelantó la obra (folio 251), aunque en el interrogatorio de parte aseguró que para el 2006 ya existía la primera las plantas (folio 159). En la declaración de Jheyson Umbarila se relató que entre 2007 y 2009 se hicieron los diferentes pisos (folio 144). John Richard Umbarila Saboya sostuvo que para el 2007 estaba la primera planta, sin indicar la fecha en que se hizo, mientras que la segunda y tercera datan de 2008 (folio 161). Luis Felipe Pérez, con base en su experiencia, sostuvo que casos como el presente la red eléctrica se instala cuando ya existe un primer piso (folio 213). Luego, ante la falta de claridad sobre la correlación existente entre la construcción y el cableado eléctrico, no aparece evidente el error de hecho achacado al Tribunal, en tanto no es dable determinar si la infracción a las normas urbanísticas (ausencia de licencia de construcción y eventual invasión del espacio público), fue una conducta determinante en la electrocución, pues de haberse realizado primero la edificación, es claro que CODENSA S.A. debió tomar medidas para evitar la cercanía de los cables, sin que el error de los afectados le permitiera exponerlos a los riesgos de la conducción eléctrica. En otras palabras, la concurrencia de actividades peligrosas, en este caso, no permite reducir la indemnización a favor de la accionada, por cuanto no logró demostrar la participación causal de las víctimas, por lo que en este sentido las conclusiones del ad quem se avienen con las normas endilgadas como conculcadas. Lo expuesto, sin perjuicio de las medidas administrativas que se espera de las entidades competentes, para evitar el desconocimiento de las normas de planeación urbana y protección del espacio público. En los términos precedentes se aclara el voto frente a la decisión mayoritaria. Fecha ut supra . AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL SC 002-2018 Radicación número 11001-31-03-027-2010-00578-01 ACLARACIÓN DE VOTO Aunque acompaño la decisión tomada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el presente proceso promovido por LUZ EVELYN UMBARILA SABOYÁ Y OTROS contra CODENSA S.A. al aprobar el proyecto presentado por el ponente en sesión del63 de SEPTIEMBRE DE 2017 y cuya sentencia aparece fechada el 12 de ENERO de 2018, mediante el cual se decidió CASAR PARCIALMENTE LA SENTENCIA del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, me veo en la obligación de aclarar mi voto en cuanto el ponente trata de hacer algunas innovaciones en materia de estudio de las actividades peligrosas y de modificar el concepto de culpa introduciendo el de imputación del daño, lo cual en principio parecería un alejamiento de la posición tradicional de la sala, lo que me obliga a señalar a pesar de haber firmado con anterioridad las providencias que podrían calificarse de tradicionales, no encuentro contradicción en acoger desde este momento lo presentado en la ponencia que ahora nos ocupa, pues el cambio no es de fondo sino de percepción y se hace más acorde con las teorías modernas de la responsabilidad. En el fondo son meras teorías pero cambian la percepción de la culpa sin modificar la responsabilidad en sí misma. En tal sentido me veo obligado a aclarar advirtiendo que en el futuro utilizaré la terminología aquí desplegada en la providencia. En ese sentido, apoyando la decisión tomada, así como las motivaciones, aclaro que las acojo aunque parezcan nuevas e incluso contrarias a mi posición anterior, pero dejando claro que en el fondo no son diferentes. ÁLVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO Magistrado LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA SALVAMENTO DE VOTO Radicación n° 11001-31-03-027-2010-00578-01 Con todo respeto, me veo compelido a distanciarme de la postura mayoritaria, salvando voto. Expongo las razones por las cuales el fallo debió ser absolutorio para la demandada. Para lo pertinente desarrollaré los siguientes puntos que exponen la tesis opuesta. Primero esbozaré mi pensamiento frente a la construcción teórica que anida la decisión y, posteriormente, sostendré, cómo los elementos históricos recaudados contribuían en forma indiscutida hacia el quiebre de la sentencia de segunda instancia, de modo que una vez ubicada la Corte en sede de instancia, debió dictar sentencia confirmatoria la de primer grado, en cuanto absolvió a la demandada de todas las pretensiones. 1. El esfuerzo del ponente y de la Sala mayoritaria Aprecio el importante trabajo que condujo a la decisión final por el interés expreso en actualizar el pensamiento de la Sala en la responsabilidad civil extracontractual, confrontándola con algunas tesis filosóficas y corrientes jurídicas, en búsqueda de mostrar los desaciertos del pensamiento vigente en la Sala, para procurar relanzar la responsabilidad hacia el futuro, frente a los nuevos problemas que debe enfrentar el derecho, tarea en la cual está comprometida toda la Sala. Todo ello, a pesar de las críticas externas que con o sin razón se formulan al colegiado en la materia. 2. El marco filosófico de la sentencia Al margen de los problemas formales de la construcción de la sentencia, parto reprochando que en el contexto de la providencia, la mayoría de la Sala afirma que la conceptualización filosófica resulta huera para la fundamentación jurídica de la motivación en la sentencia judicial. Ese juicio, en ella, es recurrente, como cuando afirma que “(…) la filosofía (…) advierte sus propias limitaciones para explicar relaciones causales entre los hechos, por lo que no es posible asumir ningún enfoque epistemológico particular para resolver los problemas de causalidad jurídica” [footnoteRef:111]; de tal modo que por la inanidad del enfoque filosófico, agrega: “ (…) se torna necesario acudir a criterios estrictamente jurídicos para la definición de los conceptos fundamentales del instituto de la responsabilidad civil; lo que sólo puede lograrse mediante la adopción de la teoría de la imputación” [footnoteRef:112]. [111: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 12.] [112: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 12.] No obstante, la argumentación esbozada para dar consistencia a las sedicentes tesis renovadoras que procura postular, precisamente, se sustentan necesariamente en la filosofía del derecho; de corte estrictamente normativista y formalista. Tan tajante afirmación con relación a la esterilidad de la filosofía para enfrentar problemas jurídicos, no pasa por ser un juicio puramente retórico, desafortunado y contradictorio. Jamás un juez, mucho menos una Corte, puede ni podrá desechar la necesidad y la trascendencia del pensamiento filosófico en la construcción de la teoría del derecho y concretamente de la sentencia para la protección de los derechos. A pesar de las bondades que pueda tener la doctrina jurídica positivista, la explicación en materia de responsabilidad civil es insatisfactoria e inaceptable para la solución de los problemas del derecho reparativo, porque elimina la noción de voluntad, no solo en el marco general de su formulación, al presentarse como la teoría pura del derecho ajena a fenómenos políticos, morales o psicológicos. Desde el punto de vista de la responsabilidad como modelo, la imputación descarta la noción de voluntad porque ningún fenómeno psíquico o psicológico personal o social, de ética individual o pública, ni mucho menos, económico o político, todos de tanto peso en el derecho de daños, podrán ser valorados o tenidos en cuenta al momento de decidir. En consecuencia, lo psicológico, valorativo o principialístico es marginado, cuando menos, rechazado en las fases de conocimiento, valoración y juzgamiento en la sentencia judicial. Sitúa al juez en la solución de problemas lógicos de estructura normativa, de argumentación, de ficciones o de probabilidades. En ese arquetipo conceptual, la responsabilidad o cualquiera otra fuente obligacional no tiene nada que ver con conflictos humanos o sociales, o con sujetos de derecho o de voluntades inmersa en un todo; por cuanto las decisiones judiciales son consideradas como problemas de validez de normas jurídicas o simplemente de construcciones ajustadas a la lógica jurídica. En ese contexto, el derecho es visto como ejercicio de la voluntad en la órbita de operaciones mentales para establecer simples imputaciones normativas frente a unos hechos, relacionados no por causalidades físicas o ético-jurídicas o de otra índole, sino exclusiva y autoritariamente desde la estructura de una norma cuyo vínculo necesario es el deber ser, entre supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. La acción u omisión del sujeto de derecho es apenas un aspecto particular de la operación mental, de imputación normativa, ya en el derecho de daños o en cualquiera otra especialidad normativa. En la forma de imputación así propuesta, los elementos contenidos dentro de la norma no se relacionan entre sí por el lazo natural de la causalidad natural y/o jurídica o en relación con elementos extrajurídicos, sino por el vínculo del deber ser; porque la causalidad, apenas es, estrictamente logicista, simplemente una relación entre conducta y sanción. La cuestión es vista, entonces, tal como la plantea Lorca Navarrete: “La imputación es el enlace del objeto con el sujeto con independencia de la voluntad psicológica de éste, ya que muchas veces se le atribuye responsabilidad por hechos que no quiere o quiso, sino que apenas debió prever y evitar. La imputación jurídica es algo ajeno al sujeto psicológico; en el término final de una imputación atribuida por la norma es donde reside la voluntad con arreglo al derecho. La voluntad jurídica es una construcción normativa, que representa el término de cierta imputación atribuida por la norma” [footnoteRef:113]. [113: LORCA NAVARRETE, José F. Introducción al Derecho I, Fundamentos filosóficos. Ediciones Pirámide, S.A. Madrid: 1990. No. de páginas 374. Págs. 150–151. ] Lo grave, consiste en que la responsabilidad se transforma en un fenómeno formal, de estructuras lingüísticas y de mera imputación; por ello, hay recurrentes alusiones en el texto de la sentencia a Frege y a otros especialistas de la lógica matemática y de la semiótica; donde deberes jurídicos analizados, son resultado de normas, que no se refieren a contenidos de conducta, para establecer el porqué, la causa, el motivo, el fin del actuar de una persona o de una sociedad. Todo es problema de formas o del cómo, de la objetividad de la norma, al margen de la relación real entre sujetos de derecho. Siguiendo entonces al profesor Alberto Montoro Ballesteros, citado por Lorca Navarrete: “(…) la relación jurídica no es, pues, una mera relación social, ni la expresión lógica de la norma jurídica, ni los vínculos específicos (deber y derechos subjetivos) que ésta crea entre los sujetos de derecho, sino la unidad más simple en que se articula el orden jurídico determinado por la incidencia de la norma en la vida social para establecerse un orden de justicia (…)”[footnoteRef:114]. [114: MONTORO BALLESTEROS, Alberto. Relación jurídica y cambio social. Anales de la Universidad de Murcia, Vol. XXX, núms. 1-2, 1971-1972, pág. 16. Citado en: LORCA NAVARRETE, José F. Ob. cit. Págs. 150 – 151. ] La imputabilidad, no puede negarse, se relaciona con la conciencia y es la característica fundamental de las personas. La conciencia significa el conocimiento del propio ser humano y de su acción, de modo que comprenda el efecto de sus actos, entendiendo que son suyos y su significación; así por ejemplo, se piensa que una conciencia es ética, cuando actúa con rectitud, verdad y certeza. Sin embargo, cuando el análisis se hace exclusivamente desde la perspectiva normativista o positivista, todo ese elemento interno y personal sucumbe y es derrotado. Entonces la teoría jurídica que subyace es meramente formal, normativista, ajena a los problemas de justicia, por tratarse de problemas del lenguaje. De ahí, sus partidarios, ven como nuevos profetas de la teoría jurídica al funcionalismo, al probabilismo, a las matemáticas; atacan al iusnaturalismo, desechan las obligaciones de medios y de resultados, anonadan los esquemas de culpa probada porque a toda costa, buscan meras imputaciones normativas abstractas, vertido en un formalismo vacío, sin importar el modelo axiológico. Por ello, los epítetos y las categorías que aparecen se relacionan con la probabilidad matemática, con la lógica y la lingüística, sin la explicación crítica pertinente, sin hallar coherencia con los diversos sistemas de responsabilidad que por centurias han permitido edificar sólidamente el derecho de daños. Motivar de la manera como se hace es enfrentar el derecho como enunciados científicos y supuestos de hecho, como si el derecho se tratara de una ciencia empírica; campo al cual escapan del todo la dimensión normativa y, por supuesto, la responsabilidad; en consecuencia, resulta ajeno a los elementos a cuyo interior hace fe, como la justicia, la equidad y solidaridad. Ese propósito es equivocado, porque por ejemplo, ante la concurrencia de causas cuando se presentan problemas para hallar el nexo causal no puede responder, como en el caso de un niño que transita por una vía en una bicicleta y en sentido contrario al señalado por las reglamentaciones de tránsito; eventualmente sale un perro de una residencia adyacente, ladra y asusta al menor; y al mismo tiempo el conductor prudente circula observando las normas de tránsito, pero atropella o choca al infante, mientras el can huye despavorido; o cuando un menor gravemente enfermo por un disparo de un tercero es llevado a un centro médico, y en el entretanto, la ambulancia que lo traslada sufre una colisión donde finalmente fallece. En el primero de los casos, como se elimina el nexo causal, por el simple resultado deberá responderse, según la motivación. No se trata de hacer mezclas irreconciliables. La imputación normativa es necesaria, pero no puede imponerse siempre y en todos los casos para todos los tipos de responsabilidad, descartando muchos fenómenos que entrañan responsabilidad subjetiva en el derecho de daños. Como en oportunidad anterior expresé, frente a una sentencia similar[footnoteRef:115], ésta se halla en la misma línea de aquélla, procurando imponer una determinada concepción de la responsabilidad con precipitud, sin cumplir la carga de rigor, para falsear las tesis hasta ahora vigentes en las distintas clases de responsabilidad al interior de esta Sala. [115: CSJ SC del 30 de septiembre de 2016 (M.P. Ariel Salazar Ramírez), 05001-31-03-003-2005-00174-01, radicado 13925-2016.] Esta exigencia no es de ahora. El inciso segundo de la Ley 1564 de 2012, C.G.P. la impone, al señalar: “ Cuando el juez se aparte de la doctrina probable , estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos” . La disposición sigue y replica una consolidada doctrina constitucional y legal vigente, condensada en las sentencias C-836 de 2001 y C-621 de 2015, entre otras, y por supuesto, halla como punto arquimédico, el más que centenario precepto del art. 4 de la Ley 169 de 1896. Esta tarea argumentativa es de mayor requerimiento para una Corte de Casación, dada la función nomofiláctica que le asigna la Constitución misma. Adicionalmente, aquéllos puntales motivacionales de la decisión siembran múltiples dudas y, se constituyen en fuente de incertidumbre para académicos, jueces y abogados; vanamente desechan la solidez de la doctrina de la Sala, hasta entonces plasmada en numerosos fallos con textura consistente. Claro, sin desconocer, las falencias que le son propias en cada momento del desarrollo jurisprudencial, sobre todo cuando son los jueces seres de barro los que esculpen el pensamiento jurídico. La decisión, reitera la tesis expuesta en la sentencia SC 13925-2016, cuando se discutió un problema de responsabilidad médica. Pero con énfasis y asiduidad, procura imponer un modelo de imputación normativa, el cual, en esta oportunidad, pretende con candidez diferenciarse de la teoría de la imputación objetiva penal. En efecto, luego de algunas críticas que le formulé en mi correspondiente aclaración de voto a aquélla primera sentencia, mostrando las contradicciones sobre las cuáles se edificaba; la decisión de ahora, en la página 24 oficia responderlas, para supuestamente deslindarse de la dependencia con la teoría de la imputación objetiva penal. Para eludir la crítica acomete la tarea de diferenciar la responsabilidad civil de la penal, pero en lo obvio, porque naturalmente que las dos formas de responsabilidad tienen disparidades notables, dadas las finalidades de una y otra, porque mientras la responsabilidad penal busca sancionar sujetos de derecho en su responsabilidad personal o colectiva por la comisión de conductas criminales, a fin de sancionar el delito y obtener la paz colectiva; la civil busca esencialmente la reparación del daño, al margen de las sanciones eminentemente personales que implica la infracción al ordenamiento jurídico. Empero, el problema no es la identidad de los dos saberes desde el punto de vista normativo o formal, sino la similitud conceptual, axiológica, epistemológica o filosófica, cuyas críticas nunca se resuelven, todas las cuáles doy por reproducidas en este salvamento. La decisión de ahora no renuncia, por el contrario, reelabora la tesis, para continuar sosteniendo que “(…) los criterios de imputación son eminentemente normativos, pues se infieren del ordenamiento jurídico que exige tener en cuenta reglas de adjudicación y reglas específicas de conducta (o de prudencia). Imputar un resultado a un agente es juzgar un comportamiento gobernado por reglas” [footnoteRef:116]. [116: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 25.] Nótese, el problema ahora se reduce a un simple ejercicio de subsunción normativa, dado que imputar “(…) consiste en atribuir el daño a un agente a partir de un contexto de sentido jurídico, o sea en elaborar un enunciado adscriptivo de segundo orden”[footnoteRef:117]. De tal modo que, en este contexto, no hay diferencia con Kelsen. [117: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 23.] La sentencia explica cuál es el primer orden, pero no revela en qué consiste el segundo; sin embargo, es concluyente en sostener que “(…) no puede existir responsabilidad sin un criterio normativo que permita endilgar el daño de un bien jurídico al demandado ”[footnoteRef:118], descalificando de un todo que se pueda hablar de responsabilidad objetiva o subjetiva o de cualquiera otra clase. En este último punto, más adelante muestro cómo la decisión, contrariamente, sostiene y prohíja una clasificación con criterios específicos de evitabilidad para exponer y diferenciar las principales formas de responsabilidad. [118: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 24.] Asentada, entonces, en el nuevo paradigma de la imputación normativa u objetiva, a continuación concluye que “(…) el riesgo de la responsabilidad siempre es un riesgo permitido, es decir, que no existen riesgos no permitidos o conductas prohibidas por el ordenamiento civil; pues las personas pueden tomar y realizar todos los riesgos que a bien tengan mientras no produzcan daños con relevancia jurídica” [footnoteRef:119]. De tal manera que no puede exigirse la intencionalidad del sujeto como condición necesaria de la imputación, es decir, las conductas se analizan como inadecuación al deber, de evitabilidad del daño, porque se pueden tomar todos los riesgos posibles, pero únicamente cuando se causen a bienes jurídicos ajenos se valorará un comportamiento. [119: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01.] Inicialmente criticó por inútiles las diversas clases de responsabilidad, sin embargo, pasa ulteriormente a enarbolar, a partir de la anterior regla de adjudicación (evitabilidad de riesgos, posición de garante, guardianía de la cosa o actividad), aquello que antes reprochó: (i) Responsabilidad objetiva o estricta por tratarse de un deber absoluto de simple acto, al no requerir que el demandado ostente un deber abstracto de evitar producir riesgos, y por lo tanto, modalidad que no es ni puede ser, según ese entender responsabilidad por riesgo; (ii) Responsabilidad por actividades peligrosas o por culpa presunta, asimilándola con la culpa presunta a pesar de que, como demuestro posteriormente la misma sentencia defiende que la presunción que subyace en esta clase de responsabilidad es iure et de iure; (iii) Responsabilidad por culpa o infracción de deberes objetivos de diligencia y cuidado; y (iv) Responsabilidad por dolo[footnoteRef:120]. [120: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 28.] En este punto, con relación a ésta nueva dogmática, no puedo comprender, a partir de esta sentencia, cómo y porqué, para determinar el tipo de responsabilidad o para distinguirlas pueda y deba utilizar esta Corte o un Juez de la República en su función de juzgar los casos futuros el cálculo matemático de Spencer Brown; además, con pretensión de erigirse en verdad judicial, y no como criterio optativo, entre las tantas variantes, hipótesis, teorías, conceptualizaciones, visiones, etc., existentes en el complejo y cambiante mundo del Derecho. Para lo pertinente, transcribo la nota número 55 que aparece en la sentencia con relación al punto 4.2, consignada en la página 28, en donde la motivación de la sentencia adopta como baremo para identificar las modalidades de responsabilidad civil, el siguiente postulado: “Para esta distinción se emplea el cálculo matemático de las formas de Spencer Brown, quedando el nivel menos exigente en el extremo más superficial (superior –derecha) del lado marcado ”[footnoteRef:121]. En éste cálculo, insiste para determinar también la responsabilidad por dolo, como conducta intencional o voluntaria, cuyo nivel de exigencia, considera, es medible “[p] or el teorema de varianza del cálculo matemático de las formas (…)”[footnoteRef:122] del mismo Brown. [121: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 30.] [122: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578-01, p. 30, nota de pie de página número 58. ] De igual modo, ulteriormente lo adopta, para determinar la participación de la víctima en el hecho dañoso, cuando concurre con su comportamiento, por la ley re-entry , siguiendo las claves controlabilidad - evitabilidad[footnoteRef:123]. [123: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 33, y nota de pie de página número 68.] 3. De los postulados generales de la responsabilidad civil En líneas generales la doctrina de la Sala, en consonancia con la doctrina universal, siempre ha sostenido, como elementos axiológicos de la responsabilidad: (i) La conducta antijurídica o hecho dañoso; (ii) el daño, como resultado; (iii) el nexo o relación de causalidad; y (iv) la necesidad de demostrar la culpabilidad en los sistemas de responsabilidad subjetiva o de culpa probada, y en algunas hipótesis con otras variantes. Frente a los mismos, desarrolla una crítica acerba al nexo causal, ante la insuficiencia de las explicaciones causales de tipo naturalista para solucionar los problemas de coparticipación y de exposición al daño, -según se motiva-, por cuanto, en todo caso, los jueces terminan viendo la cuestión desde el juicio de culpabilidad. Analiza el problema de la causa como una noción “(…) pura, demasiado vaga e inconclusa para que sea de utilidad” [footnoteRef:124] . [124: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 7.] Finalmente ubica la solución como un asunto de lenguaje siguiendo las tesis de Frege, según se infiere de la nota número siete, al señalar que el análisis se transformó en “(…) problema de lenguaje ”[footnoteRef:125], porque en la actualidad las ciencias “(…) buscan “nexos de causalidad” mediante los procesos intuitivos que se usaban en el siglo XIX” , concluyendo a continuación que “(…) es inútil hablar del contenido causal de un contenido (sic) fáctico (implicación material), pues lo único que puede admitirse son vínculos lingüísticos en constante replanteamiento” [footnoteRef:126]. [125: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 7.] [126: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 8.] Desdeña, entonces, el nexo causal, para señalar que solo puede contemplarse como correlaciones medibles en términos probabilísticos, de los cuales “(…) no precisa” el derecho, debiéndose elaborar razonamientos probatorios de tipo causal, “ (…) los cuales por necesidad lógica, tienen que ser razonamientos hipotéticos o abductivos (sea por acciones o por omisiones)” [footnoteRef:127]. [127: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 13. ] Sin embargo, a pesar de concebir los problemas de causalidad, en términos de “(…) uso práctico del lenguaje ”[footnoteRef:128], señala que la única causalidad que interesa al derecho es la jurídica, orientada por criterios normativos. [128: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 11.] En la cuestión, se separa abiertamente de la postura de la sentencia de septiembre 26 de 2002 de esta Sala[footnoteRef:129], expediente 6878, que sustituyó la causalidad natural por causalidad adecuada, sin la debida carga argumentativa. [129: CSJ SC del 26 de sept. de 2002 (M.P. Jorge Santos Ballesteros).] Razona que el enfoque causal de la responsabilidad civil “(…) ha sido una noción ajena al derecho (…) cimentado –desde los comienzos de la civilización aún en la psique mítico-religiosa del hombre primitivo- en juicios de imputación” [footnoteRef:130], de tal forma que la causalidad material es un recurso conceptual no susceptible de demostración por pruebas directas, para luego adoctrinar: [130: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 15.] “(…) el nexo causal no es un objeto perceptible por los órganos de los sentidos para admitir de manera concluyente que no es un elemento susceptible de demostración por pruebas directas sino por inferencias lógicas que el juez realiza a partir de un marco de sentido jurídico que le permite comprender la evidencia probatoria para hacer juicios de atribución” [footnoteRef:131]. [131: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 15.] Traduciendo lo anterior al campo específico de la responsabilidad en materia de actividades peligrosas cuando concurre con la conducta de la víctima en la generación del perjuicio argumenta que la cuestión no se puede resolver en el ámbito de la causalidad natural por imposibilidad lógica, jurídica y real, pero “(…) tampoco es acertado solucionarla en el campo de la culpabilidad, debiéndose (…) acudir al criterio diferenciador basado en la imputación ”[footnoteRef:132]. [132: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 16. ] Justamente, aludiendo a esa imposibilidad lógica, expone que la lógica contemporánea “(…) ha demostrado que no existe ningún método que permita conocer las causas que ligan a los acontecimientos, por lo que sólo pueden elaborarse inferencias hipotéticas ”[footnoteRef:133], y hay imposibilidad real, porque “(…) la práctica probatoria evidencia que no es posible demostrar las causas de los hechos mediante pruebas directas aportadas por las partes ”[footnoteRef:134]. [133: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 16. Nota de pie de página número 32. ] [134: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 16. Nota de pie de página número 32. ] En consonancia con lo dicho expone que la causalidad que interesa al Derecho no se halla en la naturaleza sino en las hipótesis que el juez debe construir. No comparto esa motivación por errónea y contradictoria. Desecha el elemento causal, pero no puede desentenderse del mismo, por ello en la nota 50 de la página 26 afirma “Todo daño indemnizable tiene que ser una “consecuencia” de la conducta del agente, (…)[footnoteRef:135]”, siguiendo a Ferrajoli; y por tanto, aceptando que todo daño en verdad si tiene una causa, un origen o un suceso que lo gesta; consistente en la conducta del agente. [135: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 26. ] Esa consideración desestimó que la Sala ha venido perfilando hace años, en materia de nexo causal, un doble juicio de causalidad: material o fáctico, jurídico o normativo. Se equivoca la sentencia, al desconocer que la doctrina de la Corte, no está anclada en el análisis del nexo con un criterio exclusivamente determinista o meramente causalista según las ciencias naturales. 3. Equivocada comprensión de las omisiones Los yerros señalados, de contera, llevan a la incursión en otro error conceptual, de no poco interés, en el campo de las omisiones, cuando expresa: “De hecho, al haber sido la conducta de la demandada una abstención (por no tomar las medidas preventivas que le imponían los reglamentos), desde una perspectiva de la causalidad material tendría que concluirse que no tuvo ninguna injerencia en el resultado lesivo, pues las inactividades no son ni pueden ser causa de nada porque no son sucesos de la experiencia; de ahí que sólo adquieren transcendencia para el derecho cuando el ordenamiento las califica como omisiones jurídicamente relevantes (…). Por ello, el enfoque de la causalidad material es insuficiente para valorar (…) la conducta omisiva del agente (…)” (Resaltos para destacar)[footnoteRef:136]. [136: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, pp. 8-9. ] Ese planteamiento es paradójico e impreciso, ignora que tanto el ordenamiento patrio, como la doctrina de la Sala Civil, jamás han aseverado, mucho menos, con criterio de dogma, que la causalidad material o física sea el exclusivo soporte para fulminar responsabilidad, y que éste único fenómeno la fundamente. Tampoco la Sala ha afirmado, hasta ahora, que la omisión no tenga incidencia causal. Es errado avalar que una conducta omisiva no pueda tener efecto adverso, cuando expone que una inactividad no puede ser causa de nada, porque no es suceso de la experiencia. De consiguiente, pasa por alto que la inercia, precisamente, es un comportamiento subjetivo de no hacer u observar lo correspondiente, por tanto, al ser perceptible lo omitido, del comportamiento negativo se deben derivar consecuencias. Un gran sector de la doctrina académica, al enfrentar la causalidad por omisión, cual advierte Nino, lo resume en el aforismo latino ex nihilo nihil fit[footnoteRef:137], que podría traducirse, “de la nada, nada puede resultar”. De acuerdo con esta postura, desde un punto de vista “naturalístico” una omisión no puede causar nada porque la ausencia de “energía” o “fuerza” no tiene la virtualidad de influir en la producción de un resultado[footnoteRef:138]. [137: NINO, Carlos S. ¿Da lo mismo omitir que actuar? (Acerca del valor moral de los delitos por omisión). En: MAURINO, Gustavo (ed.). Fundamentos de Derecho Penal. Buenos Aires. 1979. Pág. 220.] [138: GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. La Causalidad en la Omisión Impropia y la llamada “Omisión por Comisión”. Buenos Aires. 2003. Págs. 19-20. ] Ese punto de partida en la decisión en lo tocante con el nexo causal es totalmente desacertado, pues reduce el problema de la responsabilidad a una simple cuestión de causalidad material, desconociendo que el mismo ordenamiento, así como lo ha venido haciendo la jurisprudencia de esta Sala, diferencian entre causalidad en sentido naturalístico o imputación material o fáctica, de un lado; e imputación o causalidad jurídica, como atrás lo indiqué. Las dos son categorías divergentes pero complementarias, en lo tocante con la demostración del nexo causal. Del mismo modo, confunde ciencias físicas o exactas con las humanas o con las disciplinas que apuntan al comportamiento humano, tales como la ética o el derecho, amalgamándolas inextricablemente en un caos conceptual, asimilando lo inigualable, nivelando extremos antitéticos. En ciencias exactas se aplica, en forma indiscutida, el principio de causalidad física, como cuando agregamos H2 más O, el resultado es H2O; en las humanas, como en el derecho aplicamos, la imputabilidad jurídica, las más de las veces, no se impone bajo el principio de necesidad o necesariedad; por el contrario lo rehúye. En el ámbito normativo, no puede ignorarse, dos elementos o dos situaciones parecidas o semejantes, dos acciones u omisiones, cuando actúan como causa, no siempre producen el mismo efecto o resultado. Esto es, no hay necesidad como si dado A siempre es B, en todo momento o lugar. Precisamente, el ejemplo más claro, para la inasimilabilidad, es la norma jurídica, porque el ser humano puede, por virtud de su libre albedrío, abstenerse de ejecutar el comportamiento demandado en la norma, por ello se habla de imputación normativa, como nivel totalmente diferente al de la imputación física, aspectos que rectamente confunde la decisión de la que me separo. El nexo causal en la relación obligacional del daño demanda demostrar no solo el resultado sino también la conducta antijurídica, amén del vínculo o nexo de causalidad entre la conducta antijurídica y el propio daño o resultado, en todas las hipótesis de responsabilidad, más el elemento que la haga singular o distinta a la otra clase. La tesis mayoritaria vertida en la sentencia en torno al tópico se fundamenta en una concepción pre-humeana[footnoteRef:139] de la causalidad, en cuyo imperio las causas son entendidas como “fuerzas motoras” , capaces de transmitir energía a ciertos objetos. Los predecesores de Hume estimaban que las causas tenían el “poder” de producir los efectos, y que por esa razón, de los efectos se seguían necesariamente de las causas[footnoteRef:140]. [139: Las tesis anteriores a David Hume, filósofo escocés.] [140: LOUX, Michael J. Metaphysics. A Contemporany Introduction. Nueva York. 2003. Pág. 188. ] Desconoce que la cuestión cambió radicalmente a partir de las teorías, de corte empirista, pregonadas por el filósofo escocés David Hume (1711-1776), quien rechazó la doctrina dominante (eminentemente metafísica) de la fuerza motora, con estribo en argumentos epistemológicos. En palabras de Reiss: “Hume, notoriously, rejected to ask questions about domains that lie beyond what is knowable by sense impressions. He thus could not answer the metaphysicial question of what causality consists in-in the objects. His account is an epistemic one, and to a lesser extent, a semantic one. Hume asks what we can know about the causal relation, and according to his theory of meaning, what we can know about causality is that what doubles as meaning of causality” [footnoteRef:141]. [141: REISS, Julian, Causation. An Inopinated Introduction. Rotterdam. 2007, Pág. 13. Visible en: http://jreiss.org/Causality%20Manuscript.pdf. La traducción libre del suscrito: “Hume (…) rechazó preguntarse sobre cuestiones que están más allá de lo que se puede conocer mediante impresiones sensoriales. Por lo tanto, no pudo responder a la pregunta metafísica de en qué consiste la causalidad en los objetos. Su aproximación es epistemológica y, en menor medida, semántica. Hume se preguntó qué podíamos saber acerca de la relación causal, y de acuerdo a su teoría del conocimiento, de qué podemos conocer sobre la causalidad depende de cómo se conciba tal fenómeno”.] Hume, advierte Psillos[footnoteRef:142], nunca vio ese vínculo entre causa y efecto, prohijado por las teorías metafísicas pre-humeanas. En su sentir, lo único constatable sobre la causalidad, desde el punto de vista empírico, consistía en que ésta aparecía a los sentidos como secuencias “regulares” de objetos contiguos (regularidad). Esto es, entre el ocurrir de un hecho y la sucesión de otro, no era posible colegir una conexión intuitiva de ambos, a menos que dicha inferencia pudiera establecerse por las propiedades de contigüidad, prioridad temporal y conjunción constante[footnoteRef:143]. La aproximación humeana a la causalidad, en un sentido amplio, ha sido desde su aparición el enfoque dominante en el panorama filosófico[footnoteRef:144]. [142: PSILLOS, Sthatis. Causation and Explanation. Chresham. 2002. Pág. 107.] [143: HUME, David. A Treatise of Human Nautre. Oxford University Press. Oxford. En castellano: “Tratado de la Naturaleza Humana” (trad. de Félix Duque). Ed. Tecnos. Madrid. 2002.] [144: Vide: BARCENA ZUBIETA, Rogelio Arturo. La Causalidad en el Derecho de Daños. Tesis Doctoral. Girona. 2012. Pág. 192; también: BRUERA, José Juan. El Concepto Filosófico-jurídico de Causalidad. Buenos Aires. 1944. Págs. 34-35 y 133.] Este detalle es primordial porque –como señala Bárcenas Zubieta-: “ (…) un primer argumento del sector de la dogmática (…) que sostiene que las omisiones tienen eficacia causal (…) se apoya precisamente en una aproximación empirista a la causalidad. La doctrina dominante entiende que ese sector minoritario mantiene esa tesis porque no concibe a la causalidad como un vínculo “mecánico” o “físico”, sino como una “categoría del pensamiento”. En términos filosóficos, quizás pueda decirse que lo que permite a la doctrina minoritaria afirmar la existencia de causalidad por omisión es el abandono de la posición metafísica tradicional y la aceptación de una teoría de la causalidad de corte empirista” [footnoteRef:145] . [145: BARCENA ZUBIETA, Rogelio Arturo. La Causalidad en el Derecho de Daños. Tesis Doctoral. Girona. 2012. Pág. 192.] La concepción precedente puede verse claramente en la posición del penalista alemán Karl Engisch, quien refiriéndose a los argumentos de los censuradores de la causalidad por omisión, afirma: “ (…) todas las objeciones desaparecen si se tiene claro que causar no significa producir cambios mediante fuerzas reales, sino figurar en relaciones conforme a leyes [de la naturaleza] con fenómenos subsiguientes en el tiempo” [footnoteRef:146]. [146: Citado en: GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. La Causalidad en la Omisión Impropia y la llamada “Omisión por Comisión”. Buenos Aires. 2003. Pág. 16.] A ello cabe agregar, también lo han destacado los autores, que la doctrina minoritaria (de tradición empirista y que idea la causalidad desde una perspectiva epistemológica, no ontológica) se vincula a una concepción de la causalidad que, en línea de lo expuesto por Mill, entiende que un efecto es el resultado de una serie de condiciones positivas en combinación con determinadas condiciones negativas[footnoteRef:147]. Estas últimas hacen referencia a la ausencia de determinados factores cuya presencia impide que el efecto se produzca[footnoteRef:148]. [147: GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Ob. cit. Pág. 11.] [148: BARCENA ZUBIETA, Rogelio Arturo. Ob. cit. Pág. 193.] Pero hay más[footnoteRef:149]. La tesis defensora de la existencia de la causalidad por omisión también suele fincarse en el hecho de que la teoría de la condictio sine qua non – sqn - (o el but for test , su variante anglosajona), permite identificar a las omisiones como causas[footnoteRef:150]. [149: Sigo lo expuesto por Bárcena Zubieta, en la magnífica obra ya citada (2012). Págs. 193 y ss.] [150: GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Ob. cit. Págs. 16-17.] El test de la sqn , tanto en materia de acciones como de omisiones, se complementa o aclara con la formulación de un enunciado contrafáctico[footnoteRef:151] en cuya virtud puede establecerse que el efecto hubiera ocurrido en ausencia de la acción realizada o en presencia del acto omitido. Una respuesta negativa conlleva –necesariamente- a tener por demostrado que la acción o la omisión es efectivamente la causa del resultado. La única distinción estriba en que cuando se trata de una conducta positiva se elimina “mentalmente” la acción realizada, mientras que en los casos de una omisión se incorpora al escenario contrafáctico “ la acción que no tuvo lugar”. [151: Es contrafactual por ser contrario a los hechos, en cuanto se elaboran enunciados o representaciones mentales alternativas como negaciones a un hecho establecido, en modo subjuntivo, por regla general, de tal forma que contienen un antecedente y un consecuente, el primero como causa (acción), y el segundo, como efecto, meta o resultado, con relación a eventos ocurridos en el pasado, pero expuestos, en forma negativa, es decir, en forma de negaciones a esos mismos hechos realmente establecidos; como cuando, frente a mi derrota en una carrera atlética, que es lo ciertamente acaecido porque no gané la prueba, digo contrafácticamente: si hubiese corrido más rápido (antecedente) hubiese ganado la maratón (consecuente). De tal manera, que la causa, en las hipótesis serían: no gané la carrera porque no corrí más rápido A esta forma lógica acudimos cuando no podemos obtener una prueba directa de la causa, y que con alguna frecuencia se puede utilizar en el lenguaje natural, en ciencias formales (lógica y matemática), ciencias naturales o ciencias sociales, como en el derecho.] Tal es la doctrina en general pregonada en buena parte de los ordenamientos europeos de tradición jurídica germánica y los escandinavos (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca y Noruega[footnoteRef:152]), donde el test de la sqn es usualmente aplicado, en materia de responsabilidad civil, tanto para las acciones, pero también tratándose de abstenciones[footnoteRef:153]. Como sostiene Reinhard Zimmermann, en estos casos el test (de la sqn ) envuelve una sustitución ficticia [método de la sustitución o reemplazo ( method of substitution or replacement )] y no una supresión ficticia [método de la eliminación ( method of elimination )]. [152: Cfr. ZIMMERMANN, Reinhard/KOCH, Bernhard/WINIGER, Benédict (coords.). Digest of European Tort Law. Vol. 1: Essential Cases on Natural Causation. Viena. 2007. Págs. 103-168; KOZIOL, Helmut. Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective. Viena. 2012. Págs. 136-137. ] [153: Vide: KOZIOL, Helmut. Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective. Viena. 2012. Págs. 136-137. ] En los hechos expuestos, objeto de la sentencia, podrían ensayarse como ejemplos, las siguientes situaciones fácticas: (i) La omisión en recubrir los cables de la energía dio lugar a la ocurrencia del hecho dañoso ante el contacto del marco metálico con las redes. El enunciado contrafáctico, entonces consistiría: si se hubiesen recubierto los cables conductores de la energía, no se habría generado el hecho dañoso, frente al contacto del marco metálico con el cableado. El resultado sería el hecho dañoso y la causa no haber recubierto los cables. (ii) Como la víctima rozó el marco contra los cables que conducían energía eléctrica, sufrió el percance dañoso. El argumento contrafáctico es: Si la víctima no hubiese movilizado el marco metálico contra los cables, el insuceso no habría acaecido[footnoteRef:154]. [154: En los ejemplos (ii) y (iii), estamos igualmente haciendo uso de la metáfora del espejo; esto es, estableciendo el nexo causal con relación a la víctima como agente de su propio daño.] (iii) Como el constructor o propietario de la casa donde ocurrió el hecho dañoso, no obtuvo autorización ni licencia para ejecutar mejoras sobre la casa para la construcción del segundo y tercer piso, invadiendo el espacio público y acercando la construcción al cableado apostado anteladamente en la vía pública, el propietario o constructor posibilitó causalmente el hecho dañoso. Argumento contrafáctico: Si el constructor o propietario no hubiese acercado o vulnerado las leyes de construcción, por ejemplo, obteniendo licencia, no habría acercado el segundo y tercer piso al cableado público y no hubiese invadido la vía donde se hallan los tendidos eléctricos, y en consecuencia, así la víctima hubiese movilizando el marco metálico, el hecho dañoso no habría acontecido. La lista de símiles a partir de los hechos, podría ampliarse para demostrar la causalidad debatida. La doctrina, para refutar la supuesta incorrección de incluir a las omisiones como parte de la causalidad, apela a lo que los penalistas llaman la “interrupción de los cursos salvadores ”, que en filosofía es conocida como “remoción de protección de ayuda” o “doble impedimento”[footnoteRef:155], eventos que se contraen a cuando se interrumpe una acción tendiente a evitar que alguien sufra un daño o se remueve una ayuda que lo evitaría. [155: Cfr. FERRANTE, Marcelo. Necesitados, Intolerantes, Homicidas y Malos Samaritanos. 2007. Pág.59.] Son ejemplos ilustrativos los traídos por Gimbernat Ordeig y explicados por Bárcena Zubieta, son los casos de cuando una persona impide al guardagujas accionar la palanca que hubiera impedido que dos trenes choquen de frente, o el de una persona que impide el rescate de un bañista, que hubiera impedido que éste se ahogara[footnoteRef:156]. [156: GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. La Causalidad en la Omisión Impropia y la llamada “Omisión por Comisión”. Buenos Aires. 2003. Pág. 18.] Allí, la razón por la cual se puede afirmar la existencia de una conexión entre la conducta del agente y el resultado final se basa en la idea de que la causalidad es una relación transitiva [footnoteRef:157]. En el primero de los supuestos atrás relacionados, la conducta del agente causó que el guardagujas no pudiera mover la palanca (que omitiera moverla), lo que a su vez causó el choque de los trenes; en el segundo, la conducta del agente causó que el socorrista no pudiera salvar al bañista (omitiera salvarlo), esto a su vez, causó su muerte. De esta manera, por transitividad , resulta viable concluir que la conducta de cada uno de los agentes causó los estados de cosas o los correspondientes resultados típicos. [157: Idea defendida, entre otros, por Ned Hall, en: HALL, Ned. Causation and the Price of Transitivity. 2004. Pág. 181.] El argumento de los supuestos de “cursos salvadores ajenos” implica el reconocimiento de que una abstención (omisión) es fuente de un relatum causal por ser tanto el efecto de un comportamiento como la causa de un estado de cosas. No sobra iterar, la Corte en no pocas ocasiones ha sostenido que se puede incurrir en responsabilidad tanto por acciones como por omisiones [Cfr. CSJ SSC del 12 de mayo de 1952 (M.P. Luis Enrique Cuervo); 11 de marzo de 1952 (M.P. Gerardo Arias); 22 de mayo de 1956 (M.P. Ignacio Gómez Posse); 30 de septiembre de 2002 (M.P. Carlos I. Jaramillo); y 14 de diciembre de 2012 (M.P. Ariel Salazar); entre muchas más]. Las razones expuestas en los precedentes citados, los cuales además comparto in integrum , tornan en el punto, cándida la decisión de la que me separo, por no decir, ignoran injustificadamente esa doctrina. En materia de causalidad factual (material o física) no es posible establecer una distinción racional entre las actividades y las omisiones, si se mira con criterios meramente físicos e hipertrofiados. En lo razonado es necesario plantear que una Corte no puede prohijar una tesis de la noche a la mañana, en forma intempestiva y apresurada, en un tema tan trascendental como el de la responsabilidad, sin realizar un juicio previo de falseamiento de la doctrina vigente hasta entonces. Inopinadamente y en contra del debido proceso no se puede abogarse por otra tesis, sin saber el porqué, el estatuto epistémico vigente es equivocado o insuficiente, o no sirve de faro para prodigar soluciones judiciales en un área tan relevante en el derecho contemporáneo. La misión unificadora de un Tribunal de Casación no puede dar saltos al vacío, sembrando dudas en la comunidad jurídica, de porqué, lo hasta ahora adoctrinado carece de solidez y racionalidad; puesto que se atenta contra la seguridad jurídica y la confianza legítima. Lo discurrido sobre la causa es especulativo. La Corte siempre ha ponderado la causa desde el punto de vista jurídico, pero para el efecto necesita de los hechos materiales que constituyen las distintas causas, como presupuesto necesario de la respectiva imputación jurídica. La ponderación, por lo tanto, excluye un juicio abstracto, salvo excepciones que tomen inocuo el tratamiento de la imputación fáctica. En el punto, por lo tanto, nada se ha descubierto, ni constituye novedad, como a lo largo de la providencia proferida se enotroniza. La decisión sostiene: “ (…) un análisis práctico del “nexo causal” entre los hechos masivos o de repetición frecuente sólo puede contemplarse como correlaciones imperfectas pero medibles en términos probabilísticos, tal como ocurre en el ámbito de las ciencias naturales y la economía, en donde en vez de buscar “causas eficientes” (¿por qué ocurrió?), más bien se indaga cómo ciertos factores pasados influyen en el presente y el futuro mediante la observación de sucesiones habituales o series estadísticas cambiantes y contingentes (¿cómo ocurrió?) ” [footnoteRef:158]. . [158: C.S.J Civil. Sent. del 6 de sept. de 2017, 110001 31 03 027 2010 00578 01, p.10.] En este segmento, bastión de la decisión, ésta sigue envuelta en el mismo reproche que formula a la tesis tradicional; pero además, se continúa incurriendo en grave y protuberante contradicción. En las líneas precedentes, sin agotar las críticas, expuse cómo el argumento utilizado por la Sala para negar que las omisiones puedan ostentar eficacia causal halla venero en una propuesta claramente metafísico-ontológica, porque a juicio de la Sala mayoritaria, la causalidad debe ser entendida, -no hay otra manera de comprenderlo-, en términos de poderes o fuerzas activas exclusivamente. Sin embargo, tras afirmar esa tesis, ahora esgrime lo opuesto, sin explicar el porqué de la ambivalencia ni el influjo de la omisión en el plano de la responsabilidad, reafirmando una visión mecanicista desde el plano de las ciencias naturales y de la economía. 4. La errónea diferenciación de dolo y culpa como formas de culpabilidad en el marco de la responsabilidad extracontractual Proyectó la sentencia aprobada: “Dependiendo del nivel de exigencia que consagra la proposición normativa para valorar el comportamiento de las personas según las reglas de adjudicación (que señalan deberes de evitación de riesgos o establecen una posición de garante o de guardián de la cosa o actividad), o los patrones de conducta (que permiten medir la prudencia en cada situación específica), habrá lugar a responsabilidad objetiva o estricta; a responsabilidad por actividades peligrosas (o por culpa presunta); a responsabilidad por culpa o infracción de deberes objetivos de diligencia y cuidado; o a responsabilidad por dolo” [footnoteRef:159]. (Resaltos fuera del texto original). [159: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 28.] No entiendo ni comparto esa diferenciación que la providencia objeto de mi disenso pretende introducir respecto de la responsabilidad por “culpa” y la responsabilidad por “dolo”. En el sistema del Código Civil nacional esa distinción carece de significado o de relevancia teórica o práctica a la hora de determinar la responsabilidad extracontractual de un determinado sujeto o al momento de establecer la extensión del perjuicio que habrá de repararse en esa virtud. Esa diferencia trasciende únicamente en la responsabilidad contractual a voces del canon 1604 del C.C. El artículo 2341 ibídem , es cierto, establece la obligación de indemnizar los daños que se causen con “delito” o “culpa”. La acepción “delito” , en la terminología de esa disposición, tradicionalmente ha sido interpretada en oposición de la fuente obligacional clásica de “cuasidelito”; la primera, semánticamente hace referencia a la conducta intencional; la segunda, a la conducta ejecutada imprudentemente (o con negligencia)[footnoteRef:160]. [160: Sobre este punto: ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De la Responsabilidad Civil Extracontractual en el Derecho Civil Chileno. Santiago. 2005. Págs. 13 y ss.] En el marco de la responsabilidad extracontractual, esa disposición ni ninguna otra norma (se insiste, en materia de responsabilidad civil extracontractual) prevé consecuencias diferentes para cuando el ilícito es sido cometido con intención (dolo) o sin ella (culpa). Otro problema es el existente para la responsabilidad contractual donde sí cuenta con efectos jurídicos reglados, cuestión ajena a esta causa. Como recordó la CSJ SC del 6 de marzo de 1961 (M.P. Gustavo Fajardo Pinzón), “No es acertado afirmar que para que el hecho culposo se tipifique como elemento de la acción de indemnización de perjuicios por culpa extracontractual se requiere que aparezca el animus o intención de dañar, pues basta que el hecho nocivo sea imputable como culposo a su autor, sin necesidad de que haya obrado con animus nocendi”. Con maestría, la CSJ del 20 de mayo de 1952 (M.P. Alberto Holguín Lloreda) dedujo la inutilidad de la diferenciación entre dolo y culpa, para efectos (y en cuanto a sus consecuencias en el plano resarcitorio) de la responsabilidad civil extracontractual [(la trascendencia, si la tiene, se halla en el ámbito de la contractual (art. 1604 del C.C.)], en los siguientes términos: “Los efectos de la responsabilidad civil por culpa extracontractual no se modifican ni se agravan por el hecho de que se originen en delitos penales o civiles, y no en simples cuasidelitos o culpas. En uno u otro caso, el agente responde civilmente por la plenitud del daño causado que esa consecuencia del hecho culposo o delictuoso. En la culpa aquiliana, no existen, como en la contractual, las graduaciones de grave, leve y levísima, ni opera tampoco la distinción de perjuicios previstos o previsibles y perjuicios consecuenciales inmediatos o directos (artículos 1604 y 1616 del C.C.) (…)”. Lo propio puede verse en las CSJ SSC del 28 de septiembre de 1940 (M.P. Daniel Anzola); 11 de marzo de 1952 (M.P. Gerardo Arias) y 8 de mayo de 1969 (M.P. Guillermo Ospina Fernández). En suma, el “dolo” forma y debe formar parte del juicio de culpabilidad, siendo entonces no sólo innecesaria y francamente inútil la inopinada reconceptualización que el fallo de la mayoría pretende, con inusitada y cuestionable ligereza, proponer. La providencia confunde responsabilidad objetiva y riesgo: “ Lo anterior conduce a una conclusión evidente: la responsabilidad objetiva, en la que sólo se atiende a la realización de los daños y no a la creación de riesgos, no es ni puede ser una responsabilidad por riesgos; simplemente es una responsabilidad por haber causado un daño, sea la conducta que lo generó riesgosa o no, es decir sin entrar a valorar si el agente tuvo o no la posibilidad de crear, controlar o prever el riesgo: basta que haya ocasionado el daño para que se le imponga la obligación de indemnizarlo. De ahí que pretender fundar la responsabilidad estricta o por mera causación en la “teoría del riesgo creado” no es más que una ostensible impropiedad conceptual” [footnoteRef:161] . [161: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, pp. 28-29.] Nótese, la premisa de la que se pretende partir es equivocada: no es cierto que la responsabilidad objetiva (sin culpa) no pueda fundamentarse en la idea del “riesgo”. El riesgo es apenas uno de los tantos criterios para identificar la responsabilidad objetiva, y en ello, se equivoca la decisión mayoritaria, al afirmar lo contrario. La responsabilidad objetiva es un género, donde uno de las pautas para establecerla es el riesgo que expande la actividad, pero no es la única, porque a su lado se encuentran, como criterios adicionales, la inoperancia del juicio de negligencia, el provecho que engendra la actividad, la comunidad del riesgo, las reglas de justicia distributiva, entre otras caracterizaciones. Al margen de la responsabilidad por culpa, donde siempre el juicio de negligencia es el que protagoniza la imputación subjetiva, constituyéndose en auténtico requisito de la pretensión indemnizatoria; en la responsabilidad objetiva (o estricta, como la llama la sentencia), no existe un único argumento o principio que la justifique, sino un conjunto de criterios[footnoteRef:162] ( rectius , factores “objetivos” de atribución) que, separada o combinadamente, avalan el reconocimiento legal (o jurisprudencial) de tal tipo de responsabilidad[footnoteRef:163]. Entre éstos, no hay duda, ocupa lugar destacado el del “riesgo”, pero no es el único ni el exclusivo, como pareció entenderlo la mayoría, incurriendo, ella sí, en una “ostensible impropiedad conceptual”. [162: Entre los más relevantes: “la comunidad del riesgo”; la “inoperancia del juicio de negligencia”; el “cuis commodum, eius damnum” o la “justicia distributiva”. Pormenorizadamente explicados en: BASOZABAL ARRUE, Xavier. Responsabilidad Extracontractual Objetiva: Parte General. Madrid. 2015. Págs. 55 y ss.] [163: Vide: BASOZABAL ARRUE, Xavier. Responsabilidad Extracontractual Objetiva: Parte General. Madrid. 2015. Pág. 55.] Esa ambigüedad también está presente en un buen sector de los expositores nacionales[footnoteRef:164]- siguiendo un erróneo criterio jurisprudencial inserto en varias providencias [Cfr. CSJ SSC de 18 de noviembre de 1940 (M.P. Liborio Escallón); 14 de febrero de 1941 (M.P. José M. Arango); 19 de agosto de 1941 (M.P. Fulgencio Lequerica), 15 de marzo de 1955 (Ignacio Gómez Posse); 17 de octubre de 1951 (M.P. Rodríguez Peña)], las cuales se fincaron en los antiguos autores franceses (Planiol y Ripert, Josserand, entre otros[footnoteRef:165]) y chilenos[footnoteRef:166], que cercanamente los secundaron, al tomar una palabra por la otra, confundiendo dos fenómenos, el riesgo y la responsabilidad objetiva, categorías que a la luz del Derecho contemporáneo gozan de plena autonomía conceptual y jurídica, pero que aun cuando complementarios, son inconfundibles. [164: Vide: VELÁSQUEZ POSADA, Obdulio. Responsabilidad Civil Extracontractual. Bogotá. 2010. Págs. 214; MARTINEZ RAVE, Gilberto. Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia. Bogotá. 1988. Págs. 141 y ss.] [165: Cfr. PLANIOL, Marcel/RIPERT, Georges. Traité Pratique de Droit Civil Français. Tome VI. Obligations. Première Partie. Paris. 1930. Pág. 661; JOSSERAND, Louis. Derecho Civil. Tomo II. Vol. I. Teoría General de las Obligaciones. Trad. de Santiago Cunchillos y Manterola. Buenos Aires. 1950. Págs. 443 y ss.] [166: Et al: ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno. Santiago. 2005. Págs. 85 y ss.] Ahora, se debe sostener que no basta comprobar el daño, se requiere demostrar la acción y el nexo causal cuando de responsabilidad objetiva o por actividades peligrosas se trata[footnoteRef:167]. [167: Para España: YZQUIERDO TOLSADA, Mariano. Responsabilidad Civil Extracontractual. Parte General. Madrid. Págs. 289 y ss.; BASOZABAL ARRUE, Xavier. Responsabilidad Extracontractual Objetiva: Parte General. Madrid. 2015. Pág. 55; REGLERO CAMPOS, Luis Fernando. Los Sistemas de Responsabilidad Civil. En: REGLERO CAMPOS, Luis Fernando/BUSTO LAGO, José Manuel (coords.). Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I. Madrid. 2014. Págs. 278 y ss.; para Argentina: GHERSI, Carlos A. Teoría General de la Reparación de Daños. Buenos Aires-Bogotá. 2013. Págs. 179 y ss.; para Alemania: UNBERATH, Hannes/MARKESINIS, Dir Basil. The German Law of Torts. A Comparative Treatise. Portland. 2002. P. 714 y ss.; en Derecho Comparado: VAN DAM, Cees. European Tort Law. Oxford. 2013. Págs. 297 y ss.] 5. Posteriormente, sostiene el fallo: “La menos exigente de todas es la responsabilidad objetiva, en la que sólo se atiende al hecho de haber causado un daño a un bien jurídico ajeno. En esta especie de responsabilidad no importa valorar si el agente tuvo la posibilidad de evitar el riesgo que ocasionó el daño o si infringió los deberes de conducta o de prudencia. El deber que se impone en este tipo de responsabilidad es un deber absoluto de simple acto: no causar daños con relevancia jurídica. Es decir que el que causa un daño lo paga, sin más consideraciones o miramientos. Por supuesto que el demandado podrá eximirse si prueba que no fue él quien ocasionó el daño que pretende atribuírsele” [footnoteRef:168] (Subrayas y negrillas fuera de texto). [168: Pág. 28.] El sistema colombiano estatuido en el Código Civil (art. 2341 ibídem ), como acontece en la mayoría de los países de nuestro sistema jurídico común (Chile, Argentina), en los europeos [Austria[footnoteRef:169], Inglaterra[footnoteRef:170], Francia[footnoteRef:171], Alemania[footnoteRef:172], Grecia[footnoteRef:173], Italia (con los matices nacionales del caso)[footnoteRef:174], Portugal[footnoteRef:175], Suiza[footnoteRef:176]]; los de otras familias jurídicas, como en los Estados Unidos[footnoteRef:177], prevén como elemento básico, orientador, en la responsabilidad civil, por línea de principio, la culpa del agente ( rectus , factor de atribución subjetivo; “fault-based liability ”) [Cfr. CSJ SSC del 31 de mayo de 1938 (M.P. Juan F. Mujica); 29 de septiembre de 1940 (M.P. Daniel Anzola); 30 de abril de 1947 (M.P. Hernán Salamanca); 17 de octubre de 1951 (M.P. Rodríguez Peña); 5 de abril de 1962 (M.P. José Hernández); 8 de mayo de 1969 (M.P. Guillermo Ospina Fernández); 17 de abril de 1970 (M.P. Ernesto Cediel Ángel) y 11 de mayo de 1970 (M.P. Guillermo Ospina Fernández); 22 de mayo de 2000 (M.P. Jorge Santos Ballesteros); 16 de septiembre de 2011 (M.P. Arturo Solarte); 18 de diciembre de 2012 (M.P. Ariel Salazar); y 5 de junio de 2014 (M.P. Ruth M. Díaz); entre muchas más]. Sin embargo, admite la responsabilidad objetiva, en diferentes disposiciones y actividades, como por ejemplo, en el transporte aéreo. El 2356 del C.C. es precisamente, una excepción a la responsabilidad con culpa probada. [169: Cfr. KOZIOL, Helmut. Fault under Austrian Law. En: WIDMER, Pierre (ed.). Unification of Tort Law: Fault. 2005. Pp. 11-13.] [170: Cfr. ROGERS, Horton W.V. Fault under English Law. En: WIDMER, Pierre (ed.). Unification of Tort Law: Fault. 2005. Pág. 65.] [171: Cfr. GALAND CARVAL, Suzzane. Fault under French Law. En: WIDMER, Pierre (ed.). Unification of Tort Law: Fault. 2005. Págs. 89-91.] [172: Cfr. MAGNUS, Ulrich/SEHER, Gerhard. Fault under German Law. En: WIDMER, Pierre (ed.). Unification of Tort Law: Fault. 2005. Págs. 101-102.] [173: Cfr. KERAMEUS, Konstantinos D./GOUSKOS, Angelika. Fault under Greek Law. En: WIDMER, Pierre (ed.). Unification of Tort Law: Fault. 2005. Págs. 123-124.] [174: Cfr. BUSNELLI, Francesco Donato/COMANDÉ, Giovanni/GAGLIARDI, Maria. Fault under Italian Law. En WIDMER, Pierre (ed.). Unification of Tort Law: Fault. 2005. Págs. 151-154; BUSNELLI, Francesco Donato/COMANDÉ Giovanni. Compensation for Personal Injury in Italy. En: KOCH, Bernhard A./KOZIOL, Helmut (eds.). Compensation for Personal Injury in a Comparative Perspective. 2003. Pág. 183.] [175: Cfr. SINDE MONTEIRO, Jorge/VELOSO, Maria Manuel. Fault under Portuguese Law. En: WIDMER, Pierre (ed.). Unification of Tort Law: Fault. 2005. Págs. 179-180.] [176: Cfr. WIDMER, Pierre. Fault under Swiss Law. En: WIDMER, Pierre (ed.). Unification of Tort Law: Fault. 2005. Págs. 281-282.] [177: Cfr. SCHWARTZ, Gary/GREEN, Michael D. Fault under U.S. Law. En: WIDMER, Pierre (ed.). Unification of Tort Law: Fault. 2005. Págs. 303-304.] Ahora, el planteamiento prohijado por la Sala al afirmar, que la responsabilidad objetiva es por “mera causación” , introduce en el ordenamiento un concepto vacío, carente de contenido, que va en contravía de las orientaciones básicas que gobiernan la materia. Restringe la libertad, pone en cabeza de los sujetos de derecho la carga de reparar con los daños que por su conducta (activa o pasiva) se causen, sin brindar criterio seguro para determinar cuándo habrá de aplicarse el régimen de excepción o las hipótesis de exoneración. Lo dicho por cuanto, lleva al extremo la premisa de la imputación objetiva, desconociendo la obligación de demostrar el nexo de causalidad y la posibilidad de que el mismo pueda ser roto por causa extraña, justamente cuando ubica la cuestión como simple causación. 6. La distinción entre daño y perjuicio Afirma la sentencia: “Todo daño indemnizable tiene que ser una ‘consecuencia’ de la conducta del agente, por lo que la diferenciación analítica (de primer nivel) entre daño-evento y daño-consecuencia no sólo carece de utilidad sino que limita ese concepto a sus repercusiones materiales, desconociendo que un daño es la vulneración de un bien jurídico ajeno desde una observación de segundo nivel a la que es inherente, además de la indemnización de los perjuicios patrimoniales, la función de garantía débil de los derechos constitucionalmente establecidos (FERRAJOLI, Op. cit. pp. 73-75). Ubicados dentro del sistema de la responsabilidad civil extracontractual, los resultados de una conducta que no son merecedores de indemnización no revisten ningún interés, aunque bien pudieran tenerlo para otros efectos sociales o jurídicos: no sería, en suma, el daño como elemento normativo de los distintos tipos de responsabilidad civil. Por ello, carecería de todo sentido afirmar que esta área del derecho toma en consideración lesiones a bienes jurídicos que no son resarcibles, o que existe alguna diferencia funcional entre un daño, un perjuicio, una lesión, un menoscabo o un detrimento”[footnoteRef:178] (Resaltos para destacar). [178: Página 26, nota al pie número 53.] No es aceptable contemplar y decidir un problema jurídico a la simple luz de un giro idiomático, gramatical o filosófico. La distinción entre daño y perjuicio, conforme lo he venido sosteniendo en otras oportunidades, es relevante en el derecho daños colombiano, por cuanto no siempre que exista daño, existe perjuicio. Las dos nociones no son sinónimas propiamente, sino complementarias. La doctrina y el derecho nacional ya han venido clarificando la cuestión, sin necesidad de recurrir a categorías insertas en otras familias jurídicas. La definición –y sobre todo delimitación- del concepto de « daño » ha producido, en la doctrina y la jurisprudencia patria, no pocos problemas teóricos sino también prácticos. La evidente ambigüedad de dicho término se ha prestado –tradicionalmente- para no pocos equívocos a la hora de determinar su causación y aún más para la cuantificación. 7. Las actividades peligrosas y sus aspectos básicos A fin de resolver el problema jurídico concreto asienta que la responsabilidad por actividades peligrosas prevista en el derecho nacional en el art. 2356 del C.C. colombiano entraña una presunción de culpa. El aserto es equivocado, porque la Sala de Casación Civil jamás ha dado por demostrada la ausencia de responsabilidad dimanante del precepto en cuestión bajo la égida de la diligencia o cuidado, como forma eximente de la responsabilidad con culpa. No. Una revisión a la historia judicial de esta Sala, desde la sentencia fundacional de la responsabilidad por actividades peligrosas, en el emblemático caso Arnulfo de 1938[footnoteRef:179], sienta con claridad, que en este tipo de responsabilidad solamente se exonera el agente con la prueba de la causa extraña. [179: CSJ SC del 14 de marzo de 1938, M.P. Ricardo Hinestrosa Daza. Los hechos básicos se compendian: El 29 de septiembre de 1929, el joven Arnulfo, quien contaba con 18 años cumplidos, se movilizaba por la carretera a Pereira, a la izquierda de un compañero, los dos, en sendas bicicletas. Seguidamente aparece detrás de ellos un automóvil conducido por Pablo Villegas. Mientras Villegas se desviaba para evitar el choque, Arnulfo a una distancia de 35 metros y por el temor de que lo alcanzara, empieza a zigzaguear cambiando de línea, cae al suelo y la rueda derecha del auto le pasa por encima. Arnulfo muere. El Juzgado Superior de Pereira, el 9 de diciembre de 1929 acoge la indemnización solicitada y condena al pago. Las partes apelaron. El tribunal desecha la acción y absuelve al demandado. GJ., t LIX n°. 2025 - 2026 -2027, pág. 798 – 803. ] El razonamiento que contiene la sentencia al abrevar la responsabilidad del 2356 en el marco de la culpa presunta se contradice, cuando luego encuentra, que la presunción se desvirtúa con causa extraña[footnoteRef:180], y no con el juicio de culpabilidad que dé lugar al análisis de la incorrección de la conducta (negligencia, previsión, cuidado, etc.). De tal forma, que teóricamente, asentar que se trata de una responsabilidad por culpa presunta, contradice el núcleo de la férrea línea de la Corte, por cuanto esa presunción, no se rompe demostrando diligencia y cuidado, sino con la causa extraña, como siempre lo ha sostenido la Sala en forma permanente y sin sobresaltos. [180: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010 00578 01, p. 7.] Por ello, con razón la Sala de Casación Civil, en coherencia con la naturaleza de la presunción por responsabilidad, cuando concurren dos actividades peligrosas ha clarificado que el análisis judicial debe fincarse en el “ ámbito de la coparticipación causal ”[footnoteRef:181], desechando la “ compensación de culpas ”, la “ neutralización de las mismas” y otras soluciones análogas, no compadecidas con el tipo de responsabilidad inserta en el canon 2356. [181: CSJ SSC del 24 de agosto de 2009; 26 de agosto de 2010; 16 de diciembre de 2010.] Las paradojas internas se agravan si se tiene en cuenta que la sentencia prohíja un modelo de responsabilidad sin nexo causal, con simple aplicación normativista. Sin embargo, ante debilidad que soporto el nuevo paradigma al eliminar el nexo, procura apoyar las actividades peligrosas, en un modelo de responsabilidad con culpa presunta. Nadie discute, y en verdad es lógico que así sea, que la conducción de energía eléctrica a través de cables sea una actividad peligrosa [SSC CSJ del 27 de octubre de 1947 (M.P. Ricardo Hinestrosa Daza); 28 de marzo de 1956 (M.P. Luis Felipe Latorre); 5 de julio de 1957 (M.P. Guillermo Garavito); 8 de octubre de 1992 (M.P. Carlos E. Jaramillo); 30 de septiembre de 2002 (M.P. Carlos I. Jaramillo); entre otras]. La trascendencia de esta polémica en el derecho de daños no es vana. Es relevante, si se mira el agigantamiento de la industria y la tecnología. Por ello, la línea jurisprudencial del régimen de las actividades peligrosas, cuyo fundamento normativo se halla en el artículo 2356 del Código Civil, ha experimentado, desde su inauguración con la sentencia del joven Arnulfo del 14 de marzo de 1938[footnoteRef:182], un crecimiento exponencial y consistente hasta hoy, resultado pertinente extractar algunas reglas jurídicas, necesarias para entender la cuestión: [182: La sentencia fundadora es la CSJ SC del 14 de marzo de 1938 (M.P. Ricardo Hinestrosa Daza). GJ., t LIX n°. 2025 - 2026 -2027, pág. 798 – 803.] 1. Cuando el demandado (agente) ejerce una actividad peligrosa, y causa un daño, la víctima está amparada por la presunción de responsabilidad , aun cuando gramatical o semánticamente en repetidas providencias se haya expuesto o entendido como presunción de culpa[footnoteRef:183]. En este caso, la presunción, realmente es de responsabilidad y no de culpa por cuanto siempre y en todas las decisiones, la Sala ha defendido la tesis de que el agente únicamente se libera con causa extraña. Sin embargo, en todo caso, deben demostrase: La conducta antijurídica por acción u omisión o hecho dañoso; el daño y el nexo causal siguiendo las reglas generales de la prueba[footnoteRef:184]. [183: Que el efecto práctico de la “actividad peligrosa” sea el de generar una presunción de culpa es criterio visible en numerosísimos fallos, entre éstos: CSJ SSC del 18 de noviembre de 1940 (M.P. Liborio Escallón); 30 de abril (M.P. José Arango), 29 de mayo (M.P. José Arango) y 19 de agosto de 1941 (M.P. Fulgencio Lequerica Vélez); 11 de diciembre de 1942 (M.P. José Arango); 2 de diciembre de 1943 (M.P. Liborio Escallón); 16 de marzo (M.P. Ricardo Hinestrosa Daza) y 4 de diciembre de 1945 (M.P. Ricardo Hinestrosa Daza); 30 de agosto (M.P. Ricardo Hinestrosa Daza), 3 de julio (M.P. Pedro Castillo Pineda), y 26 de octubre de 1946 (M.P. Manuel José Vargas); 7 de septiembre de 1948 (M.P. Ricardo Hinestrosa Daza); 20 de mayo de 1949 (M.P. Pedro Castillo Pineda); 24 de febrero (M.P. Manuel José Vargas) y 24 de abril de 1951 (M.P. Pedro Castillo Pineda); 10 de junio y 11 de septiembre de 1952 (M.P. Luis Enrique Cuervo, en ambas); 1 de agosto de 1952 (M.P. Pablo Emilio Manotas); 30 de marzo de 1955 (M.P. Manuel Barrera Parra); 5 de julio de 1957 (M.P. Guillermo Garavito); 28 de marzo de 1956 (M.P. Luis F. Latorre); 6 de febrero (M.P. Ignacio Escallón) y 19 de septiembre de 1959 (M.P. Hernando Morales Molina); 31 de agosto de 1960 (M.P. José J. Gómez); 5 de abril de 1962 (M.P. José Hernández Árbelaez); 11 de octubre de 1963 (M.P. Gustavo Fajardo Pinzón); 20 de febrero (M.P. Julián Uribe Cadavid) y 3 de marzo de 1964 (M.P. Gustavo Fajardo Pinzón); 18 de abril de 1968 (M.P. Gustavo Fajardo Pinzón); 9 de febrero y 18 de marzo de 1976 (M.P. Germán Giraldo Zuluaga, para ambas); 5 de noviembre de 1978 (M.P. Zambra Álvarez); 6 de julio (M.P. Horacio Montoya Gil) y 17 de agosto de 1985 (M.P. Humberto Murcia Ballén); 26 de mayo de 1989 (M.P. Eduardo García Sarmiento); 12 de abril (M.P. Alberto Ospina Botero) y 17 de abril de 1971 (M.P. Rafael Romero Sierra); 4 de junio de 1992 (M.P. Carlos E. Jaramillo); 5 de mayo de 1999 (M.P. Jorge A. Castillo); 13 de diciembre de 2000 (M.P. Nicolás Bechara); 7 de diciembre de 2001 (M.P. Silvio F. Trejos); 3 de marzo de 2004 (M.P. José F. Ramírez); 2 de mayo de 2007 (M.P. Pedro O. Munar); 20 de enero de 2009 (M.P. Pedro O. Munar); 26 de agosto de 2010 (M.P. Ruth M. Díaz); 18 de diciembre de 2012 (M.P. Ariel Salazar); 28 de abril de 2014 (M.P. Ruth M. Díaz). Entre algunas más.] [184: Cfr. CSJ SSC del 24 de abril de 1951 (M.P. Pedro Castillo Pineda); 10 de junio y 11 de septiembre de 1952 (M.P. Luis Enrique Cuervo).] 1. La prueba de la diligencia (ausencia de culpa) no libera de responsabilidad tratándose de actividades peligrosas[footnoteRef:185]. Se reitera, únicamente ello acontece con la causa extraña. [185: CSJ SSC del 14 de febrero de 1955 (M.P. Ignacio Escallón); 9 de febrero de 1976 (M.P. Germán Giraldo Zuluaga); y 27 de mayo de 2011 (M.P. William Namén Vargas).] 1. Entre otras circunstancias, a la pretensión resarcitoria originada en el daño causado en ejercicio de la actividad peligrosa, el agente puede oponer el hecho de la víctima , para liberarse de responsabilidad[footnoteRef:186], la fuerza mayor o el caso fortuito, o el hecho de un tercero; la defensa recaerá, en estos casos, en el plano de la causalidad y no en el de la culpabilidad[footnoteRef:187], hipótesis que la jurisprudencia siempre ha denominado “causa extraña ”. [186: Cfr. CSJ SSC del 14 de marzo (M.P. Ricardo Hinestrosa Daza) y 31 de mayo de 1938 (M.P. Liborio Escallón); 24 de junio de 1942 (M.P. Manuel José Vargas); 30 de septiembre de 1946 (M.P. Manuel José Vargas); 27 de octubre de 1947 (M.P. Ricardo Hinestrosa Daza); 14 de febrero (M.P. Ignacio Escallón) y 30 de marzo (M.P. Manuel Barrera Parra) de 1955; 5 de julio de 1957 (M.P. Guillermo Garavito); 31 de agosto de 1960 (M.P. José J. Gómez); 20 de febrero de 1964 (M.P. Julián Uribe Cadavid); 18 de abril de 1968 (M.P. Gustavo Fajardo Pinzón); 9 de febrero de 1976 (M.P. Germán Giraldo); 5 de noviembre de 1978 (M.P. Zambra Álvarez); 6 de julio (M.P. Horacio Montoya) y 17 de agosto de 1985 (M.P. Humberto Murcia); 5 de mayo de 1999 (M.P. Jorge A. Castillo); 7 de diciembre de 2001 (M.P. Silvio F. Trejos); 20 de enero de 2009 (M.P. Pedro O. Munar); 6 de julio de 2010 (M.P. William Namén); 27 de mayo de 2011 (M.P. William Namén); 18 de diciembre de 2012 (M.P. Ariel Salazar); y 28 de abril 2014 (M.P. Ruth M. Díaz).] [187: CSJ SC del 5 de mayo de 1999 (M.P. Jorge A. Castillo) y 2 de mayo de 2007 (M.P. Pedro O. Múnar).] En el marco de esta responsabilidad y de todos las demás resulta inadmisible aceptar la inoperancia del nexo causal en su sentido naturalístico o fáctico, porque este es el primer aspecto que debe analizarse, para luego abordar el problema de la causalidad jurídica, comprobaciones que bien puede ejecutarse simultáneamente. En el marco de las actividades peligrosas la Corte ha admitido múltiples circunstancias, y no únicamente “las producidas por fuerzas mecánicas superiores a las del hombre” [footnoteRef:188], incluyendo el propio despliegue de la fuerza humana con armas de fuego, con insecticidas, cuando construye, etc. [188: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010-00578-01, p. 16.] Ahora, que se caracterice las actividades peligrosas desde el punto de vista jurídico, únicamente como las acaecidas o generadas por daños incontrolables e imprevisibles, siguiendo la Sociología del riesgo de Niklas Luhmann, es errado, puesto que también, las controlables y previsibles permiten determinar los resultados dañosos, y por tanto, también pueden ser peligrosas; no únicamente las impredecibles, incontrolables, incalculables o catastróficas de la sociedad del riesgo. Estas últimas, resulta acertado colegir, no deben “(…) permanecer en el anonimato o [que] no sean merecedores de reproche civil ”[footnoteRef:189]. [189: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010-00578-01, p. 19.] 8. La presunción del art. 2356 del C.C. no es de derecho, como erróneamente lo afirma la sentencia La sentencia contiene una interpretación literal del art. 2356 C.C. (p. 22), totalmente equivocada, cuando expresa que la culpa aparece como posibilidad de imputación. Es cierto que la culpa es factor determinante en la responsabilidad con culpa probada o de carácter subjetivo, pero no lo es, en el ámbito del art. 2356 del C.C.; tampoco que la consecuencia sea, el rechazo de la prueba en contrario, y que por consiguiente, allí se estructure una presunción de derecho. El fallo del cual me separo expresa “ Cuando el artículo 2356 exige como requisito estructural el ‘ daño que pueda imputarse a malicia o negligencia’ , está señalando que no es necesario demostrar la culpa como acto (la incorrección de la conducta por haber actuado con imprudencia), sino simplemente la posibilidad de su imputación. Luego, como la culpa no es un núcleo sintáctico del enunciado normativo, la consecuencia pragmática de tal exclusión es el rechazo de su prueba en contrario. Por consiguiente, se trata de una presunción iuris et de iure, como se deduce del artículo 66 antes citado, lo que explica que el demandado no pueda eximirse de responsabilidad con la prueba de su diligencia y cuidado ”[footnoteRef:190]. [190: CSJ SC del 12 de enero de 2018, exp. 2010-00578-01, p. 22.] Sorprendente: ¿cómo entender que “en términos de consecuencias pragmáticas es lo mismo decir que existe una presunción de responsabilidad”? Yerra la decisión al suponer, que por hablar de presunción de responsabilidad únicamente se debe demostrar el daño. No es cierto. Ello es un despropósito. En todo caso, como presupuestos elementales, siempre deben estar presentes y demostrados: (a) La conducta que por acción u omisión es causa; (b) el daño y su consecuencial perjuicio y necesariamente; (c) el nexo causal (o vínculo de causalidad); y (d) el factor de atribución de carácter subjetivo, en los sistemas de responsabilidad subjetiva, regla general en Colombia, o en los que se fundamenten en la culpa; pero inexigible en la responsabilidad objetiva, o en las actividades peligrosas de la regla 2356 del derecho nacional como se insiste. Al afirmarse que la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva conlleva una “presunción de responsabilidad” , sin más, por la simple existencia de un daño, se incurre en notoria equivocación porque se da a entender que se presumen la totalidad de sus elementos; inferencia inadmisible teóricamente. La responsabilidad objetiva, por definición, es aquella carente de culpa ( no fault liability ), pero para su comprobación y declaración pero sigue requiriendo tanto la aducción como la prueba de los demás extremos de la responsabilidad, atrás reseñados. Ahora, no se trata de una presunción derecho con presunción a la culpa. Esta Sala nunca lo afirmado. Carece de coherencia con la doctrina de la Sala que históricamente desde 1938 ha resuelto infinidad de controversias. La presunción es legal, pero de responsabilidad, porque el precepto encierra una modalidad de responsabilidad objetiva, en las actividades peligrosas. No es de culpa, porque como lo ha sostenido la Sala, el agente únicamente queda exonerado por causa extraña, y de ninguna manera, por la demostración de diligencia y cuidado. Recuérdese, las presunciones de derecho son de resorte legislativo, porque es el Congreso o el legislador especial quienes pueden determinarlas. ¿Acaso una Corte legisla con sus sentencias con efectos erga omnes o deroga disposiciones especiales? Esa presunción, sea de responsabilidad o por culpa, es legal y necesariamente debe admitir prueba en contrario, cuando, como acontece en el caso analizado, es indispensable estudiar si la víctima tuvo incidencia en la concreción del resultado dañoso. Ahora, siendo como es presunción legal de responsabilidad, implica probar la conducta antijurídica, el resultado dañoso y el nexo de causalidad, pudiéndose romper el nexo causal con causa extraña. 9. La falsa afirmación que no está prohibido cometer daños a bienes ajenos, en el marco de la imputación civil Como la tesis propuesta de la imputación normativa procura distanciarse de la imputación objetiva penal, erróneamente incurre, en ese propósito en otro yerro de no menor calado. En efecto, en la página 24 literal “e”, asienta: “(…) la imputación civil no opera con la norma de clausura lógica prohibido/permitido, dado que el derecho privado no prohíbe a nadie conductas de ninguna índole; únicamente obliga a pagar una indemnización cuando se producen daños. No está prohibido cometer daños a bienes ajenos; sólo existe una obligación de indemnizarlos una vez se producen (…)” (Se resalta). La anterior aserción es desacertada. No es admisible que toda conducta sea permitida a las personas mientras no produzca daños en los demás, porque con tal postura se desatiende el artículo 95 de la Constitución Política, particularmente, el inciso 1°, según el cual, es deber de los nacionales “ respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios ”. Por tanto, existe una imposición de conducta para todo individuo, que prima facie , que obliga a respetar a las partes, a terceros, o cualquier sujeto de derecho en las relaciones obligatorias; supuesto en el cual el afectado por autorización del mismo ordenamiento se legitima para demandar la reparación del perjuicio cuando se causa un daño, cuando desplegamos u omitimos acciones licitas o ilícitas. Debe recordarse, el derecho es el conjunto de normas estatuidas, pero igualmente de principios, reglas y valores, para lograr la sana convivencia en sociedad, por tanto, quienes residimos al interior de una comunidad nos encontramos sometidos al ordenamiento y a sus leyes, las cuales imponen códigos de comportamiento y buscan regular todas las facetas de la vida social. Si el principal fin del derecho es de lograr el armónico desarrollo de las relaciones interpersonales, no es admisible predicar que sea factible atentar contra otro sujeto jurídico o entrometerse injustificadamente en su esfera personal o intimidad, con el pretexto de que si no está prohibido se pueden afectar o menoscabar intereses ajenos. Postula el citado precepto de la Carta lo siguiente: “(…) Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. Desde la perspectiva constitucional trasuntada, no puede sostenerse que no haya una obligación perentoria por disposición supralegal de respetar los derechos ajenos y de no abusar de los propios, como imposición a todos los habitantes del territorio. Un criterio contrario, vulnera la Constitución misma. 10. Del hecho de la víctima en el caso concreto Es, desde el punto de vista fáctico, el central en la decisión. Los cargos debieron prosperar para dar por demostrado el hecho de la víctima, empero la decisión señala que la conducta del damnificado José Del Carmén Umbarila, quien falleció cuando el marco metálico de una ventana que transportaba hacia los pisos superiores de su vivienda, hizo contacto con el cableado por el cual fluía la corriente eléctrica suministrada por Codensa S.A. no era culpable ni negligente ( “imprudente”, “descuidada” o “negligente”[footnoteRef:191] ) . En tal orden, no se reunían las exigencias del artículo 2357 del Código Civil. [191: CSJ SC del 6 de sept. de 2017, exp. 2010-00578-01, p. 39-42 ESE FALLO NO LO UBICO --- VERIFICAR FECHA.] En el cargo primero se pone de presente y el material fáctico acredita que las víctimas imprudentemente acercaron la construcción a la red cuando edificaron dos pisos más y una terraza sin respetar las normas de construcción, a más que José del Carmen manipuló de forma culposa unos elementos metálicos. El tribunal no valoró los documentos aportados, el concepto técnico de Luis Felipe Pérez, donde consta que el cableado se instaló en la vivienda en agosto de 2007, y a la edificación le hicieron unos voladizos para finales de 2008 y comienzos de 2009, acercando el segundo y el tercer piso al tendido, sin contar para ello con licencia. El marco que manipuló constaba de más o menos 1.80 metros, de modo que aunque la red hubiera cumplido el reglamento sobre distancia mínima, de todos modos el accidente habría ocurrido, por la imprudencia de víctima, si a ello se suma la longitud de los brazos de una persona. En el cargo segundo se denuncian yerros evidentes, también demostrados y trascendentes como las declaraciones de los actores y el concepto del experto, coincidentes en que Umbarila maniobró el marco de la forma referida en el cargo primero, es decir, sin tomar precauciones y pasando por alto la cercanía de la vivienda. Analizada la prueba, de la conducta desplegada por la víctima fatal, José del Carmen Umbarila, de ningún modo se daban las circunstancias para condenar. La víctima, de ninguna manera, observó la conducta que cabría esperar de un hombre medianamente diligente, prudente y reflexivo, ni la razonabilidad del bonus pater familias , al levantar y transportar motu proprio el marco metálico de una ventana, sin mínimas precauciones o medidas de seguridad, para instalarlo en un tercer piso, a sabiendas de la poca distancia que existía entre la edificación y el cableado por donde se conducía la energía eléctrica suministrada por la demandada Codensa S.A., y el peligro notorio que ello entrañaba. Sin lugar a dudas, el damnificado Umbarila no actuó con la diligencia que de él se esperaba, incurriendo en su propia culpa. Bastaría aplicar la doctrina de la «metáfora del espejo », para inferir que el hecho de la víctima reunió los caracteres necesarios para tener incidencia en la responsabilidad endilgada a la empresa de servicios públicos domiciliarios demandada. Súmese a lo anterior, que el propietario de la vivienda, desconociendo las normas de la construcción, se apropió del espacio libre y acercó la construcción hacia las cuerdas sin contar con las autorizaciones del caso. La responsabilidad no está en no haberse evitado el daño previsible y controlable, pues ello implica que si se demuestra haberse efectuado todo lo posible para esquivar las consecuencias adversas de las actividades peligrosas, pese a lo cual se produjeron, el problema quedaría anclado en el elemento subjetivo. Desde luego, una cosa es la presunción de culpa derivada del ejercicio de actividades peligrosas, atribuible a quien tiene el control de las mismas; y otra distinta, el daño causado por culpa exclusiva de la víctima. Por supuesto, la culpa de esta última debe acreditarse, en cuanto no se presume. De ahí, demostrado el hecho de la víctima, esto rompe el nexo causal entre acción-resultado (electrocución). Lo único comprobado es que el exclusivo responsable de los daños fue la propia víctima. Las cosas estaban como se hallaban, y no había ocurrido nada, ningún daño se había generado, hasta cuando el propio comportamiento de la víctima, causó la tragedia, por causa de su imprudencia, al tratar de maniobrar el marco de toda una ventaba en un tercer piso. Los cables con los que hizo contacto, pasaban por fuera de la casa, no estaban en al interior de la vivienda que el propietario mismo reformó acercándola al cableado. Por tanto, contrario a lo sostenido por la postura mayoritaria, era necesario ponderar, que si bien es cierto, el objeto social de la demandada gira en torno al ejercicio de una actividad peligrosa, esa sola circunstancia no podía hacerla responsable en los hechos concretos, ni por acción ni omisión, ni podía imputársele daño alguno, en consecuencia debió analizarse el hecho de la víctima causante del daño. Relevante resulta lo relacionado con la construcción de la vivienda donde ocurrió el insuceso, circunstancia debidamente probada. Fue construida luego de hallarse apostadas las conexiones eléctricas externas y el propietario del bien, ganando y apropiándose de zonas externas extendió su propiedad. Se ejecutaron mejoras a su inmueble sin la autorización pertinente, edificó un segundo y un tercer piso, con los cuales acortó la distancia reglamentaria existente entre su predio y la red eléctrica. De no haber estado el cable cerca del inmueble donde estaba José del Carmen Umbarila, no hubiera sucedido el hecho causante de su deceso. Como esa vivienda fue construida por cuenta de los demandantes, la responsabilidad por la falta de licencia de construcción, halla causa eficiente en los propios demandantes. Teniendo en cuanta la distancia del cableado, si la parte demandante no hubiese acercado la construcción al mismo sin autorización y la víctima no hubiese sido negligente e imprevisiva con el marco, el insuceso no habría acaecido. Si los actores no hubieran infringido las normas urbanísticas, ninguna transformación del mundo exterior habría acontecido. El experto declaró que no se respetaron las distancias mínimas. El hecho de que la víctima se electrocutara maniobrando instrumentos metálicos no es razón para atribuir el resultado dañoso a la demandada, porque el factor decisivo fue la violación del reglamento por la demandante y la conducta del occiso, quien no hubiera sufrido la descarga de no haber sido por haber levantado aquellos segundo y tercer piso; de tal manera que los demandantes, crearon el riesgo de un eventual contacto eléctrico. La circunstancia de construir al margen del reglamento y de la ley, impacta el uso del suelo en la ciudad, el medio ambiente, el Plan de Ordenamiento Territorial, la capacidad de las empresas para prestar los correspondientes servicios públicos, los derechos de las personas que habitan o habiten el bien, tal cual aconteció con la propia vida de Umbarila. Si alguien que transita por una zona externa, una serpiente venenosa, por ejemplo, sale y la persigue, y a raíz de ello, el reptil ataca y envenena mortalmente, y luego muere la persona, corresponde a una hipótesis donde la víctima produce el hecho dañoso, genera el riesgo; es, su propio comportamiento, la causa del daño. Una persona en el Estado de Derecho, cuando con su propia conducta engendra el riesgo y el consecuencial daño; no está legitimada para reclamar perjuicios; y a fortiori , como en el caso concreto, si es con sus propios actos como infringe la ley y los reglamentos; cuando es negligente, construye ilícitamente, y traslada riesgosamente un elemento conductor de energía. Quebrantar la ley y los preceptos con sus propios actos, y a pesar de ello, demandar la reparación cuando la causa eficiente del daño es la propia conducta del accionante constituye un descarrío patente e inversión injustificada del principio naeminen laedere . “ (…) [E] n cuanto toca con la relación causal, ha de verse cómo de modo inveterado se ha dicho que ella hace referencia al enlace que debe existir entre un hecho antecedente y un resultado consecuente, de donde la determinación del primero puede dar lugar a establecer la autoría material del daño; por su conducto se pretende entonces hallar una relación de causa a efecto entre el perjuicio y el hecho del sujeto de derecho o de la cosa a quien se atribuye su producción; se trata, por tanto, de establecer si una lesión proviene como consecuencia de un determinado hecho anterior, de suerte que al hablar de ella se hace referencia a la causa del daño que tiene relevancia jurídica. La valía de este presupuesto no ha de ser ignorada habida cuenta que, como es suficientemente conocido, no se puede atribuir responsabilidad sin que de manera antelada se haya acreditado a plenitud la autoría del perjuicio; ello es así porque como “el daño cuya reparación se pretende debe estar en relación causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción”, emerge “necesaria la existencia de ese nexo de causalidad” ya que, “de otro modo”, podría darse la eventualidad de que se atribuyera “a una persona el daño causado por otro o por la cosa de otro”; de allí que la relación causal, cual presupuesto “del acto ilícito y del incumplimiento contractual,… vincula el daño directamente con el hecho, e indirectamente con el elemento de imputación subjetiva o de atribución objetiva”, y se constituye en “el factor aglutinante que hace que el daño y la culpa, o en su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligación de indemnizar”; es, en fin, “un elemento objetivo porque alude a un vínculo externo entre el daño y el hecho de la persona o de la cosa” (Bustamante Alsina, JORGE. Teoría General de la Responsabilidad Civil, 9ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, pag. 267)” (CSJ SC de 24 de septiembre de 2009, Radicación #05360-31-03-001-2005-00060-01). Conclusión No es irrelevante el hecho de que la víctima y los actores hayan infringido las normas sobre construcción, ni de que el comportamiento propio de la víctima haya sido carente de eficiencia causal. Tampoco es acertado sostener, como erradamente lo infiere el fallo, que el ámbito de validez material de las normas quebrantadas se relaciona con la electrocución, mucho menos, que no haya necesidad de demostrar el nexo causal. La Sala debió declarar prósperos los cargos primero y segundo y, con ello, casar la sentencia del Tribunal y, en su lugar, confirmar el pronunciamiento de primer grado. Se procedió así porque se dio crédito a una teoría formal que empotra el derecho en un “sistema axiomático” que sofoca dogmáticamente los principios, valores, derechos y ante todo, la subjetividad. La ponencia aprobada, apostó por eliminar el nexo causal y por ejecutar simples subsunciones normativas. Sin embargo; la relación de causalidad en el estado actual del arte, no puede predicarse innecesaria o inútil filosófica y jurídicamente. Ahora, no es que se desconozca la debilidad de la causalidad, en circunstancias tales, como el perjuicio por la pérdida de oportunidad, donde apenas puede hacerse uso del criterio de probabilidad entre conducta o hecho dañoso y resultado o perjuicio, para establecer la conexión entre los eventos causa y efecto, o acto dañoso y perjuicio al tratarse este último de una cuestión puramente hipotética. Lo mismo puede ocurrir en daños masivos ( mass torts ), o en el caso de las omisiones, etc.; es decir, cuando surge incertidumbre en establecer el nexo causal. Tampoco desconozco los problemas entre causalidad general e individual porque ninguna teoría es acabada. La cuestión estriba en que la sentencia de la cual disiento cree que todo mundo, en la identificación probatoria de las bases de la responsabilidad o en una decisión determinada por daños: Conducta o actos antijurídicos (causa: ej. disparo de arma), daño (resultado: verbigracia, muerto), y nexo causal, éste último, debe verse objetivamente; y, por lo tanto, debe ser objeto de prueba directa. De esta carencia se queja en la motivación; y por consecuencia según la misma, es innecesario establecer el nexo a la hora de juzgar. No obstante, no tiene en cuenta que por regla general su comprobación es inferencial por tratarse de vínculos causales, imposibles de probarse directamente. En fin, se cae en la sumisión conceptual frente a modelos de responsabilidad extraños (imputación objetiva, imputación normativa, “ Scope of liability ”; frente a la sui generis responsabilidad por actividades peligrosas, en el derecho nacional). Ciertamente hay circulación de estándares jurídicos por la globalización galopante, pero la asunción de los mismos, no implica desechar una historia y una doctrina de décadas, cuya valía y contundencia, ha sido otorgar confianza legítima, seguridad jurídica y proteger los derechos fundamentales en forma imparcial, autónoma y ponderada. 11. En los términos anteriores dejo expresado mi salvamento de voto. Fecha ut supra, LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado 86

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