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clave: "corte_suprema:providencia:SC002-2018 [2010-00578-01]"
titulo: "Corte Suprema: luego, una teoría coherente de la imputación no puede presuponer el método"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2018-07-25"
radicado: "2010-00578-01"
numero: "SC002-2018"
ponente: "Ariel Salazar Ramirez"
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# Corte Suprema: luego, una teoría coherente de la imputación no puede presuponer el método

- **Título oficial / radicado:** SC002-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2018-07-25
- **Radicado:** 2010-00578-01
- **Número:** SC002-2018
- **Ponente:** Ariel Salazar Ramirez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC002-2018%20%5B2010-00578-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC002-2018%20%5B2010-00578-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE4L0RyLiBBcmllbCBTYWxhemFyIFJhbWlyZXovMS4tIEVuZXJvL1NlbnRlbmNpYXMvU0MwMDItMjAxOCBbMjAxMC0wMDU3OC0wMV0uZG9j/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

Luego, una teoría coherente de la imputación no puede presuponer el método de la conditio sine qua non o cualquier otro recurso intuitivo para el “conocimiento de las causas naturales”, pues el juez no se halla nunca frente a hechos dados sin juridicidad dada.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

Este se presenta, por un lado, como la institución humano-social básica, y por otro, como el comienzo y la culminación del proceso científico”. Se abre así un espectro de causas y responsables que se producen de manera supraindividual e indiferenciada. Por decirlo expresamente una vez más: todos estos efectos se presentan con independencia de cuan consistentes parezcan desde un punto de vista científico las interpretaciones causales aceptadas. Por el contrario, la imputación civil no opera con la norma de clausura lógica “prohibido/permitido”, porque el derecho de la responsabilidad extracontractual no prohíbe a nadie conductas de ninguna índole; únicamente obliga a pagar una indemnización cuando se producen daños. Se niegan, por tanto, los cargos primero y segundo.

## Cita textual

> si una actividad es o no peligrosa, es cuestión de hecho que sólo el juez puede resolver en cada caso concreto

## Texto del documento

Radicación n° 11001-31-03-027-2010-00578-01
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado Ponente
SC002-2018
Radicación n° 11001-31-03-027-2010-00578-01
(Discutido en sesiones del 2, 23 y 30 de agosto; y del 6 de septiembre de 2017. Aprobado en Sala de esta última fecha)
Bogotá D.C., doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018)
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que interpuso la parte demandada contra la sentencia proferida el trece de noviembre de dos mil trece, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de la referencia.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
Rita Saboyá Cabrera, Jhon Richard, Jheyson, Joseph Manuel y Luz Evelyn Umbarila Saboyá demandaron a Codensa S.A. para que se la declare civilmente responsable de los perjuicios que les ocasionó la muerte de José del Carmen Umbarila.
Solicitaron, en consecuencia, se condene a esa empresa a pagar $5’963.493 por daño emergente; $400’000.000 a título de lucro cesante; más los correspondientes perjuicios morales.
B. Los hechos
1. El 25 de junio de 2009, mientras intentaba subir un marco metálico de una ventana para ser instalado en la fachada del tercer piso de su residencia, el señor José del Carmen Umbarila hizo contacto accidental con uno de los cables de la red de energía pública, sufriendo una descarga eléctrica que ocasionó su muerte fulminante.
2. Al intentar reanimarlo, su compañera permanente Rita Saboyá sufrió quemaduras de tercer grado en sus manos y brazos.
3. El cableado que produjo el accidente no cumplía con las especificaciones de seguridad señaladas en las reglamentaciones administrativas correspondientes, pues no tenía el recubrimiento requerido ni guardaba la debida distancia respecto de la vivienda.
4. El occiso solventaba las necesidades del hogar, dado que su compañera permanente dependía económicamente de él, así como dos de sus hijos y una nieta.
C. Excepciones formuladas por las demandadas.
1. Codensa S.A. afirmó que corresponde a los demandantes probar los hechos en que se funda la demanda y los perjuicios reclamados; sostuvo que la actora no cumplió la obligación de estimar bajo juramento los perjuicios cuya indemnización pretende; y formuló las excepciones de “ ausencia de elementos axiológicos para configurar la acción indemnizatoria ”, “ culpa de la víctima ”, y “ culpa de las víctimas por construcción irregular ”. [Folio 99, cuaderno 1]
2. La llamada en garantía Generali Colombia Seguros Generales S.A. coadyuvó las excepciones presentadas por Codensa S.A., y planteó las defensas que denominó “ la cobertura otorgada por la póliza se circunscribe a los términos de su clausulado ”; “ ausencia de cobertura para los perjuicios extrapatrimoniales ”; “ existencia de deducible”; “objeción formal a la estimación de perjuicios ”. [Folio 57, cuaderno 2]
D. La sentencia de primera instancia
Mediante fallo del 19 de marzo de 2013, el juez a quo negó las pretensiones de la demanda por considerar que los daños cuya indemnización se reclaman se debieron a la culpa de un tercero; específicamente, por « el simple hecho de la falta de licencia de construcción, pues como es de público conocimiento, la zona donde se encuentra levantada la construcción del señor Umbarila pertenece a los llamados barrios de invasión, en donde las edificaciones son levantadas sin respetar los más mínimos requisitos de planeación, sin que se pueda endilgar culpa alguna a la entidad demandada por tal hecho ». [F. 349]
E. La sentencia impugnada
El 13 de noviembre de 2013, el Tribunal revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró a la demandada civilmente responsable por la muerte del señor José del Carmen Umbarila Garzón.
Como fundamento de su decisión, afirmó que la responsabilidad que se endilga a la empresa demandada deriva del ejercicio de una actividad peligrosa: la generación, distribución y comercialización de energía, tal como ha sido calificada desde antaño por la jurisprudencia « por su natural potencial de causar daños », teniendo dicha acción su fundamento en el artículo 2356 del Código Civil. [Folio 37]
Bajo este régimen –agregó– al demandante le corresponde probar solamente el daño y que éste está asociado al ejercicio de la actividad peligrosa, pues la culpa se presume. A su turno, el guardián de la actividad deberá demostrar, para librarse de responsabilidad, que ese daño se produjo con ocasión de una causa extraña, como por ejemplo, la fuerza mayor, un caso fortuito, o la culpa de un tercero o de la víctima. [Folio 38]
Con base en el dicho de los testigos, el Tribunal concluyó que « de no haber estado el tendido eléctrico allí, cerca del inmueble donde se encontraba el señor Umbarila, el desenlace fatal del que se duelen los demandantes no hubiera ocurrido ». [Folio 40]
Con relación a la causa extraña que alegó la demandada para eximirse de responsabilidad, el juez ad quem consideró que el criterio del sentenciador de primer grado no fue acertado porque la vivienda donde ocurrió el accidente fue construida por cuenta de los demandantes. Luego, la responsabilidad derivada de la falta de licencia de construcción mal podría atribuirse al hecho de un tercero. [Folio 41]
Pero tampoco puede decirse que hubo culpa exclusiva de la víctima porque, según la norma RETIE (Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas), la distancia mínima horizontal que debe haber entre la vivienda y la red eléctrica pública es de 2,3 metros, y en el presente caso la demandada instaló los cables a 1,8 metros, es decir que aun si los actores no hubieran infringido las normas de construcción al acercar el segundo y tercer piso a la red pública de energía eléctrica, de todos modos la convocada quebrantó los reglamentos administrativos que se expidieron para evitar daños a los usuarios del servicio público de electricidad.
La Nota 11 del RETIE establece que en los lugares donde el espacio disponible no permita cumplir con las distancias requeridas, « la separación se puede reducir en 0,6 metros siempre que los conductores, empalmes y herrajes tengan una cubierta que proporcione suficiente rigidez dieléctrica para limitar la probabilidad de falla a tierra en caso de contacto momentáneo con una estructura o edificio. Para ello, el aislamiento del cable debe ser construido mínimo, con una primera capa de material semiconductor, una segunda de polietileno reticulado y otra capa de material resistente a la abrasión y a los rayos ultravioleta. Adicionalmente debe tener una configuración compacta con espaciadores y una señalización que indique que es cable no aislado ».
Estas directrices –concluyó el Tribunal– no se cumplieron en el sub lite según lo declaró el experto que acudió al juicio a rendir su concepto técnico, quien refirió que no se respetaron las distancias mínimas y la red se encontraba desnuda. [Folio 46]
El sentenciador de segunda instancia consideró que el hecho de que la víctima se electrocutara por estar maniobrando unos instrumentos metálicos no es razón suficiente para atribuirle el resultado dañoso a su propia negligencia, porque el factor decisivo del accidente fue la violación de reglamentos de la demandada y no la conducta del occiso, quien no realizaba ninguna labor relacionada con la manipulación de las redes eléctricas y no habría sufrido la descarga de no haber sido por el descuido de la empresa Codensa. [Folio 46, cuaderno del Tribunal]
Si bien es cierto que la vivienda de la víctima no cumplió con las normas de construcción al acercar el segundo y tercer piso al cableado eléctrico público, el punto que el Tribunal encontró relevante fue que, desde antes, sin intervención alguna de los demandantes, ya existía el riesgo de contacto eléctrico. Luego, « mal podría sostenerse que en la producción del resultado intervino el señor Umbarila, si desde antes estaba expuesto al contacto con las redes, por virtud de su cercanía con el inmueble ». [Folio 47]
Las anteriores razones condujeron al juzgador de segunda instancia a concluir « que Codensa S.A. E.S.P. debe responder por los daños que se les irrogaron a los demandantes por el deceso del señor José del Carmen y, concretamente, a la señora Saboyá por los que pudo sufrir al tratar de ayudarlo; ello en virtud del parentesco de los hijos con el difunto, y la señora Saboyá en su condición de compañera, calidad de la que dan cuenta las declaraciones de todos sus hijos y el de la citada señora Castellanos ». [Folio 47, c. Tribunal]
En consecuencia, condenó a la demandada a pagar a favor de Jheyson Umbarila la cantidad de $2’756.997 por concepto de daño emergente; a la señora Rita Saboyá Cabrera $218’238.288 por lucro cesante futuro más $45’000.000 por perjuicios morales; para Luz Evelyn Umbarila Saboyá $13’471.578 por lucro cesante más $30’000.000 por daño moral; y a Jheyson, Joseph Manuel y Jhon Richard Umbarila $25’000.000, para cada uno, por concepto de perjuicios morales.
Con relación a la aseguradora llamada en garantía, la condena se limitó al monto de $2’756.997 por concepto de daño emergente, negando los demás rubros pertenecientes a los perjuicios extrapatrimoniales, por no estar cubiertos por la póliza. [Folio 62, cuaderno Tribunal]
II. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Codensa S.A. E.S.P. formuló demanda de casación con apoyo en cuatro cargos, todos por la senda de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.
PRIMER CARGO
Acusó la sentencia de segunda instancia por violar indirectamente los artículos 64, 2341, 2343 y 2357 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho manifiestos y trascendentes en que incurrió el Tribunal en la apreciación de las pruebas.
Señaló que la decisión del juzgador de segunda instancia fue errada porque en el proceso quedó demostrado que la causa del accidente fue la conducta de la víctima, por lo que el hecho de que la distancia horizontal entre el perímetro de la vivienda y el cableado público fuera inferior a los 2,30 metros no tiene ninguna relevancia causal.
Agregó que a partir del análisis del acervo probatorio se deduce que « aún si la distancia horizontal entre la vivienda y el cableado hubiese sido la establecida en el reglamento (2,30 metros), en todo caso el accidente se habría producido, pues éste se ocasionó porque las víctimas de manera imprudente acercaron la construcción a la red de energía al edificar dos pisos adicionales y una terraza sin respetar las normas de construcción, aunado al hecho de que la víctima directa manipuló de forma culposa unos elementos metálicos ». [Folio 34, cuaderno Corte]
El Tribunal no valoró la declaración del representante legal de Codensa ni los documentos que aportó al proceso, en los que consta que la red de energía se instaló en la vivienda en agosto de 2007. Este hecho también quedó probado con el concepto técnico que rindió el señor Luis Felipe Pérez, el cual fue omitido por el juzgador.
De igual modo, dejó de apreciar las declaraciones de parte rendidas por Rita Saboyá, Joseph Umbarila Saboyá, Jheyson Umbarila Saboyá y Luz Evelyn Umbarila Saboyá, quienes afirmaron que a la edificación se le hicieron unos voladizos para finales del 2008 y comienzos del 2009 que acercaron el segundo y tercer piso a la red de energía eléctrica, sin contar con licencia para ello. Asimismo, aseveraron que el señor José del Carmen Umbarila estaba manipulando un marco de ventana metálico de aproximadamente 1,80 metros, de manera que aunque la red eléctrica hubiera cumplido con las reglamentaciones administrativas sobre la distancia mínima respecto del inmueble, de todos modos el accidente habría ocurrido. [Fl. 42]
« De haber apreciado las pruebas pretermitidas –continuó– el tribunal habría tenido que concluir necesariamente que el señor José del Carmen Umbarila, al igual que los demandantes Rita Saboyá y Jheyson Umbarila, incurrieron en una culpa que determinó la ocurrencia del accidente, al modificar la construcción sin el cumplimiento de las normas respectivas, haciendo voladizos que acercaron peligrosamente la edificación a la red eléctrica ».
La culpa de la víctima –concluyó– fue evidente porque manipuló elementos metálicos de gran tamaño cerca de las redes eléctricas, sin tener cuidado en evitar tocar los cables, sobre todo cuando sabía que la distancia que había entre la construcción y la red eléctrica era reducida.
SEGUNDO CARGO
Acusó la sentencia de violar indirectamente los artículos 2341, 2343, 2356 y 2357 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho manifiestos y trascendentes en que incurrió el Tribunal en la valoración de las pruebas.
Señaló que para el sentenciador ad quem la única causa de los perjuicios sufridos por los demandantes fue la conducta de Codensa, descartando que el comportamiento de la víctima y de los demandantes haya tenido alguna relevancia causal en la ocurrencia del accidente, a tal punto que « ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de culpas », pues el señor Umbarila estaba expuesto al contacto con las redes por virtud de su cercanía con el

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

rmación del mundo exterior habría acontecido. El experto declaró que no se respetaron las distancias mínimas.
El hecho de que la víctima se electrocutara maniobrando instrumentos metálicos no es razón para atribuir el resultado dañoso a la demandada, porque el factor decisivo fue la violación del reglamento por la demandante y la conducta del occiso, quien no hubiera sufrido la descarga de no haber sido por haber levantado aquellos segundo y tercer piso; de tal manera que los demandantes, crearon el riesgo de un eventual contacto eléctrico.
La circunstancia de construir al margen del reglamento y de la ley, impacta el uso del suelo en la ciudad, el medio ambiente, el Plan de Ordenamiento Territorial, la capacidad de las empresas para prestar los correspondientes servicios públicos, los derechos de las personas que habitan o habiten el bien, tal cual aconteció con la propia vida de Umbarila.
Si alguien que transita por una zona externa, una serpiente venenosa, por ejemplo, sale y la persigue, y a raíz de ello, el reptil ataca y envenena mortalmente, y luego muere la persona, corresponde a una hipótesis donde la víctima produce el hecho dañoso, genera el riesgo; es, su propio comportamiento, la causa del daño.
Una persona en el Estado de Derecho, cuando con su propia conducta engendra el riesgo y el consecuencial daño; no está legitimada para reclamar perjuicios; y a fortiori , como en el caso concreto, si es con sus propios actos como infringe la ley y los reglamentos; cuando es negligente, construye ilícitamente, y traslada riesgosamente un elemento conductor de energía. Quebrantar la ley y los preceptos con sus propios actos, y a pesar de ello, demandar la reparación cuando la causa eficiente del daño es la propia conducta del accionante constituye un descarrío patente e inversión injustificada del principio naeminen laedere .
“ (…) [E] n cuanto toca con la relación causal, ha de verse cómo de modo inveterado se ha dicho que ella hace referencia al enlace que debe existir entre un hecho antecedente y un resultado consecuente, de donde la determinación del primero puede dar lugar a establecer la autoría material del daño; por su conducto se pretende entonces hallar una relación de causa a efecto entre el perjuicio y el hecho del sujeto de derecho o de la cosa a quien se atribuye su producción; se trata, por tanto, de establecer si una lesión proviene como consecuencia de un determinado hecho anterior, de suerte que al hablar de ella se hace referencia a la causa del daño que tiene relevancia jurídica. La valía de este presupuesto no ha de ser ignorada habida cuenta que, como es suficientemente conocido, no se puede atribuir responsabilidad sin que de manera antelada se haya acreditado a plenitud la autoría del perjuicio; ello es así porque como “el daño cuya reparación se pretende debe estar en relación causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción”, emerge “necesaria la existencia de ese nexo de causalidad” ya que, “de otro modo”, podría darse la eventualidad de que se atribuyera “a una persona el daño causado por otro o por la cosa de otro”; de allí que la relación causal, cual presupuesto “del acto ilícito y del incumplimiento contractual,… vincula el daño directamente con el hecho, e indirectamente con el elemento de imputación subjetiva o de atribución objetiva”, y se constituye en “el factor aglutinante que hace que el daño y la culpa, o en su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligación de indemnizar”; es, en fin, “un elemento objetivo porque alude a un vínculo externo entre el daño y el hecho de la persona o de la cosa” (Bustamante Alsina, JORGE. Teoría General de la Responsabilidad Civil, 9ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, pag. 267)” (CSJ SC de 24 de septiembre de 2009, Radicación #05360-31-03-001-2005-00060-01).
Conclusión
No es irrelevante el hecho de que la víctima y los actores hayan infringido las normas sobre construcción, ni de que el comportamiento propio de la víctima haya sido carente de eficiencia causal. Tampoco es acertado sostener, como erradamente lo infiere el fallo, que el ámbito de validez material de las normas quebrantadas se relaciona con la electrocución, mucho menos, que no haya necesidad de demostrar el nexo causal. La Sala debió declarar prósperos los cargos primero y segundo y, con ello, casar la sentencia del Tribunal y, en su lugar, confirmar el pronunciamiento de primer grado. Se procedió así porque se dio crédito a una teoría formal que empotra el derecho en un “sistema axiomático” que sofoca dogmáticamente los principios, valores, derechos y ante todo, la subjetividad.
La ponencia aprobada, apostó por eliminar el nexo causal y por ejecutar simples subsunciones normativas. Sin embargo; la relación de causalidad en el estado actual del arte, no puede predicarse innecesaria o inútil filosófica y jurídicamente.
Ahora, no es que se desconozca la debilidad de la causalidad, en circunstancias tales, como el perjuicio por la pérdida de oportunidad, donde apenas puede hacerse uso del criterio de probabilidad entre conducta o hecho dañoso y resultado o perjuicio, para establecer la conexión entre los eventos causa y efecto, o acto dañoso y perjuicio al tratarse este último de una cuestión puramente hipotética. Lo mismo puede ocurrir en daños masivos ( mass torts ), o en el caso de las omisiones, etc.; es decir, cuando surge incertidumbre en establecer el nexo causal.
Tampoco desconozco los problemas entre causalidad general e individual porque ninguna teoría es acabada. La cuestión estriba en que la sentencia de la cual disiento cree que todo mundo, en la identificación probatoria de las bases de la responsabilidad o en una decisión determinada por daños: Conducta o actos antijurídicos (causa: ej. disparo de arma), daño (resultado: verbigracia, muerto), y nexo causal, éste último, debe verse objetivamente; y, por lo tanto, debe ser objeto de prueba directa. De esta carencia se queja en la motivación; y por consecuencia según la misma, es innecesario establecer el nexo a la hora de juzgar. No obstante, no tiene en cuenta que por regla general su comprobación es inferencial por tratarse de vínculos causales, imposibles de probarse directamente.
En fin, se cae en la sumisión conceptual frente a modelos de responsabilidad extraños (imputación objetiva, imputación normativa, “ Scope of liability ”; frente a la sui generis responsabilidad por actividades peligrosas, en el derecho nacional). Ciertamente hay circulación de estándares jurídicos por la globalización galopante, pero la asunción de los mismos, no implica desechar una historia y una doctrina de décadas, cuya valía y contundencia, ha sido otorgar confianza legítima, seguridad jurídica y proteger los derechos fundamentales en forma imparcial, autónoma y ponderada.
11. En los términos anteriores dejo expresado mi salvamento de voto.
Fecha ut supra,
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
86

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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC002-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2018-07-25. C.P. Ariel Salazar Ramirez. Rad. 2010-00578-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC002-2018%20%5B2010-00578-01%5D).
