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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 30 de marzo de 2022
Radicación: 73001-23-33-000-2018-00394-01 (66451)
Demandante: Nación-Ministerio del Interior
Demandado: municipio de Cunday
Referencia: controversias contractuales
Temas: controversias contractuales – costas procesales.
Síntesis del caso: la parte actora solicitó la declaratoria del incumplimiento de un convenio
interadministrativo que celebró con el Municipio, en un proceso en el que la propia entidad
demandante certificó el cumplimiento de las obligaciones . La demandante apeló la
condena en costas.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
en contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, el
17 de octubre de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada y
trámite relevante en primera instancia – 1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 10 de mayo de 2018 la Nación-Ministerio del Interior presentó una
demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales,
en contra del municipio de Cunday, con el objeto de que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):
2.1 . Declarar que el demandado incumplió y/o cumplió defectuosamente,
concretamente en cuanto a las contenidas en los numerales 26,35, 37, 45 y 50
de la cláusula segunda del convenio interadministrativo M-1493 de 2016,
celebrado entre el demandante y el demandado.
1 El Consejo de Estado es competente para conocer las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Radicación: 73001-23-33-000-2018-00394-01 (66451)
Demandante: Nación-Ministerio del Interior
Demandado: municipio de Cunday
Referencia: controversias contractuales
Decisión: modificar la sentencia apelada
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2.2. Como consecuencia de la pretensión primera, condenar al municipio
demandado a pagar la suma de […] 475.471.760, como consecuencia del
incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso de las obligaciones a su cargo
[…] Esta suma se tasa con base en la cláusula novena del convenio,
equivalente al […] 20% de su valor, amparada por garantía de cumplimiento
N. 3001027 expedida por Previsora S.A. Compañía de Seguros […].
2.3. Como consecuencia de la pretensión primera, condenar al municipio
demandado a pagar la suma de […] $237.735.880, con fundamento en la
cláusula penal pecuniaria […] equivalente al 10% del valor total del convenio.
2.4. Se ordene al municipio de Cunday Tolima, a consignar al Tesoro
Nacional la suma de […] $967.739,89 moneda legal, correspondiente a los
rendimientos financieros, sobre los recursos desembolsados en ejecución del
Convenio Interadministrativo […].
2.5. Ordenar la liquidación en sede judicial del convenio interadministrativo
M-1493 de 2016 […] en los términos previstos de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 […] como consecuencia de los
desembolsos realizados por el demandante al demandado con ocasión del
convenio interadministrativo en cuestión”.
2. En la demanda2 la parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos
relevantes que fundamentaron sus pretensiones:
3. 1) El 15 de septiembre de 2016 se perfeccionó el convenio
interadministrativo que tenía por objeto “ aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros entre las partes para la ejecución de los estudios
de diseño y construcción del centro administrativo municipal”. El plazo de
ejecución terminó el 30 septiembre de 2017.
4. 2) El valor inicial del convenio ascendió a $2.377’358.800, de los cuales el
demandante desembolsó $2.013’947.500.
5. 3) Según la parte actora, el Municipio incumplió su obligación de suministrar
la documentación necesaria para liquidar el convenio “y para evidenciar la
correcta ejecución del mismo”.
1.2. Posición de la parte demandada y trámite relevante en primera instancia
6. El municipio de Cunday, Tolima no contestó la demanda.
7. En la audiencia inicial el magistrado ponente señaló que la demanda era
“un escenario montado para burlarse de la administración de justicia por parte
del Ministerio del Interior [pues] no existía causa para demandar”3.
1.3. Sentencia recurrida
8. El 17 de octubre de 2019 el Tribunal Administrativo de Tolima profirió la
Sentencia de primera instancia4, en la que resolvió (se trascribe):
2 Folios 1-9 del cuaderno principal I.
3 Audiencia inicial, minuto 4:02.
4 Folios 232-235 del cuaderno del Consejo de Estado.
Radicación: 73001-23-33-000-2018-00394-01 (66451)
Demandante: Nación-Ministerio del Interior
Demandado: municipio de Cunday
Referencia: controversias contractuales
Decisión: modificar la sentencia apelada
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“PRIMERO: ACCEDER parcialmente a las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: LIQUIDAR el convenio interadministrativo M-1493 del 15 de
septiembre del 2016, por valor de $0
TERCERO: CONDENAR en costas a la Nación-Ministerio del Interior. Se fijan las
agencias en derecho en la suma equivalente al 20% de las pretensiones
denegadas, conforme las consideraciones expuestas en la parte motiva
[…]”.
9. El juzgador de primera instancia puso de presente que, aunque se había
elevado una pretensión de incumplimiento contractual, la propia entidad
demandante aportó una certificación del subdirector de infraestructura del
Ministerio del Interior, en la que se hizo constar que el municipio de Cunday
“dio cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en el convenio”.
10. Advirtió el Tribunal que existían otros documentos en los que la misma
entidad demandante daba cuenta del cumplimiento cabal del convenio,
dentro de los que se encontraba un informe de interventoría en el que
constaba el cumplimiento de las obras pactadas. Señaló que existían pruebas
suficientes para concluir que el municipio de Cunday había cumplido con las
obligaciones pactadas.
11. Concluyó que se había “activ[ado] un medio de control sin causa para
demandar”. Indicó que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría
General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Consejo
Seccional de la Judicatura debían investigar la conducta de la parte actora,
aunque en la parte resolutiva omitió remitir las copias a las referidas entidades.
1.4. Recurso de apelación
12. La parte demandante presentó un recurso de apelación5, en el que solicitó
que se revocara el numeral 3 del fallo, relativo a las costas, para que, “en su
lugar, no se condene en costas, ni agencias del derecho a la parte
demandante”. Según sostuvo, en el proceso no se evidenciaba que se
hubieran causado costas. Señaló, además, que le había informado al Tribunal,
“en su debido momento”, que aunque las pretensiones económicas habían
sido cumplidas por el Municipio, solicitó la liquidación judicial del convenio “en
cero”.
13. En la oportunidad para alegar de conclusión, la parte demandante insistió
en los argumentos expuestos en el proceso6. La parte demandada solicitó
“confirmar en su integridad el fallo de primera instancia”7. El Ministerio Público
guardó silencio8.
5 Folios 242-246 del cuaderno del Consejo de Estado.
6 Samai, índice 14.
7 Samai, índice 15.
8 Samai, índice 16.
Radicación: 73001-23-33-000-2018-00394-01 (66451)
Demandante: Nación-Ministerio del Interior
Demandado: municipio de Cunday
Referencia: controversias contractuales
Decisión: modificar la sentencia apelada
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2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo – 2.2. Sobre la condena en costas en segunda instancia
2.1. Análisis sustantivo
14. De conformidad con las normas aplicables al caso y los motivos de la
apelación, la Sala modificará la decisión de primera instancia, habida cuenta
de la conducta de la parte actora y de que el Tribunal Administrativo de
Tolima fijó las agencias en derecho con base en una norma que no resultaba
aplicable.
15. Como lo concluyó el juzgador de primera instancia, el CPACA, a diferencia
de Código Contencioso Administrativo (CCA), asumió un criterio objetivo, al
determinar que en toda sentencia se debe disponer sobre la condena en
costas. Por su parte, el Código General del Proceso (CGP) (al que se debe
acudir por remisión expresa del artículo 188 del CPACA9) establece:
“Artículo 366: Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o
única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le
ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto
por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 4. Para la fijación de
agencias en derecho deberán aplicarse las ta rifas que establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que
litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
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