Titulación de la relatoría 3.393 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACLARACIÓN DE VOTO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PLAZO PARA LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL / FALTA DE COMPETENCIA MATERIAL / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Es posible analizar, de manera oficiosa, la falta de competencia de la entidad estatal municipal para la expedición del acto administrativo que declara la caducidad del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]onsidero necesario realizar algunas precisiones, frente a la posibilidad de estudiar de oficio el vicio de falta de competencia. La falta de competencia ha sido calificada como un cargo que puede abordarse de oficio, no sólo por la jurisprudencia del Consejo de Estado sino por la Corte Constitucional. No obstante, en la sentencia que aclaro se puso de presente que esta posición fue rectificada en otro pronunciamiento de esta Subsección […]. En el presente caso, la parte actora pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el Municipio de Barrancabermeja declaró la caducidad de un contrato de obra y, como consecuencia, hizo efectiva la cláusula penal pactada en el negocio jurídico, declaró la ocurrencia de ese siniestro y del de buen manejo del anticipo e hizo efectivos los amparos respectivos cobijados por la póliza de cumplimiento No. 0476369-5 proferida por Seguros Generales Suramericana S.A., demandante en el presente caso. La aseguradora alegó que dichos actos fueron expedidos con infracción de su derecho al debido proceso, mediante falsa motivación y con violación de normas superiores. Como se observa, en la demanda no se alegó expresamente como causal de impugnación la falta de competencia material o funcional de la entidad para declarar la caducidad del contrato. Sin embargo, como lo he manifestado en otras oportunidades , siendo la Jurisdicción Contencioso Administrativa el juez de la legalidad de las actuaciones administrativas, considero que, sin perjuicio de su condición de jurisdicción rogada, es importante tener en cuenta que frente a una evidente falta de competencia en la expedición del acto administrativo demandado, le corresponde reconocerla y declararla, pues al constituir el más grave de los vicios que pueden afectar las decisiones de la Administración, no puede resolver la controversia haciendo caso omiso de su existencia, cuando tal defecto salta a la vista […]. En los anteriores términos, dejo expresada mi aclaración de voto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad de estudiar de oficio la falta de competencia material o funcional de la entidad para declarar la caducidad del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2012, rad. 26140, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 21 de julio de 2020, rad. 62645, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 12 de julio de 2012, rad. 15024, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 11 de mayo de 1999, rad. 10196, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 28 de junio de 2019, rad. 42326, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Corte Constitucional, sentencia C-545 de 1993, M. P. Jorge Arango Mejía; sentencia C-197 de 1999, M. P. Antonio Barrrera Carbonell.
Texto extraído del PDF oficial 8.133 caracteres
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez
Radicación número: 680012333000201300146 01 (48720)
Actor: Seguros Generales Suramericana S.A.
Demandado: Municipio de Barrancabermeja
Referencia: Acción Contractual
Sentencia: 4 de marzo de 2022
ACLARACIÓN DE VOTO
De manera respetuosa paso a exponer las razones que me llevaron a aclarar mi voto
frente a la decisión de la referencia, así:
Para empezar, debo señalar que compartí la decisión de confirmar la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander el 29 de julio de 2013, a través de la cual se
negaron las pretensiones formuladas por la demandante.
Lo anterior, como quiera que las Resoluciones Nos. 66 del 21 de junio y 97 del 19 de
agosto, ambas de 2011, no fueron expedidas mediante falsa motivación, con infracción
del derecho al debido proceso de la compañía de seguros Suramericana ni en
contravención de norma superior alguna.
Esto, por cuanto en el proceso quedó probado que la equivocada referencia a la razón
social de la actora en la Resolución No. 66 del 21 de junio de 2011 fue efectivamente
corregido a través de la Resolución No. 97 del 19 de agosto de 2011, por lo que no existe,
por sustracción de materia, un defecto que pueda ser analizado y traducirse en un
fundamento válido para anular el acto administrativo expedido por el Municipio. Además,
dicho error no tuvo la virtualidad de afectar la m otivación del acto administrativo, como
alegó la demandante porque no atañe ni compromete las razones en las que se fundaron
las decisiones de declarar la caducidad del contrato de obra No. 474 -10, de declarar la
ocurrencia del siniestro y de hacer efectiva la póliza de cumplimiento No. 0476369-5 —las
cuales ni siquiera fueron debatidas por la aseguradora —, en tanto no constituye un error
en los supuestos fácticos o jurídicos del acto, ni implica que aquellos se tornen
ininteligibles o que no sustenten la adopción de dichas decisiones.
A lo anterior se agrega que está demostrado que el Municipio de Barrancabermeja no
vulneró el derecho al debido proceso de la aseguradora, porque el acto que definió la
actuación administrativa le fue notificado en debida for ma, mediante edicto. Además, no
se probó que la entidad pública la hubiera puesto en imposibilidad de interponer los
recursos. Tampoco se probó la vulneración del ordenamiento jurídico superior.
No obstante, considero necesario realizar algunas precisiones, frente a la posibilidad de
estudiar de oficio el vicio de falta de competencia.
La falta de competencia ha sido calificada como un cargo que puede abordarse de oficio,
no sólo por la jurisprudencia del Consejo de Estado1 sino por la Corte Constitucional2. No
obstante, en la sentencia que aclaro se puso de presente que esta posición fue rectificada
en otro pronunciamiento de esta Subsección3, en la que se sostuvo:
No desconoce la Sala que en anteriores oportunidades ha considerado que la nulidad
del acto de liquidación unilateral podía declararse de manera oficiosa, en la medida en
que el respectivo acto se encontrara demandado en el proceso, así fuera con
fundamento en otros cargos distintos a l de la falta de competencia material […] Sin
embargo, en esta oportunidad, la Sala encuentra que debe rectificar o recoger su
jurisprudencia anterior, por cuanto: i) el juez del acto administrativo no puede construir
un cargo de nulidad que la demandante no propuso y del que la demandada no tuvo
oportunidad de defensa, por cuanto se debe respetar el principio de la congruencia de
la sentencia con el contenido de la demanda.
Conforme a ello, se estimó que la primera posición no podía ser aplicada en este caso por
las siguientes razones:
(i) parte de la posición de jerarquizar la gravedad de los vicios de que pueden adolecer los
actos administrativos, sin que exista una norma jurídica que permita sostener esta
conclusión; (ii) en este caso implicaría, como se señaló, una vulneración del debido proceso
del Municipio, quien no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre los fundamentos de hecho
y de derecho de la supuesta falta de competencia y, (iii) en dicha posición se manifestó que
el vicio por incompetencia era palmario, estándar que en este caso no se observa en
atención a que del texto de la Resolución No. 66 del 21 de junio de 2011 se evidencia que
el plazo de ejecución del contrato de obra se encontraba suspendido, motivo por el cual en
dicho acto se declaró su reanudación para luego sí declararse la caducidad del contrato (ver
folio 27, cuaderno 1).
En el presente caso, la parte actora pretende que se declare la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales el Municipio de Barrancabermeja declaró la caducidad
de un contrato de obra y, como consecuencia, hizo efectiva la cláusula penal pacta da en
el negocio jurídico, declaró la ocurrencia de ese siniestro y del de buen manejo del anticipo
e hizo efectivos los amparos respectivos cobijados por la póliza de cumplimiento No.
0476369-5 proferida por Seguros Generales Suramericana S.A., demandante en el
presente caso. La aseguradora alegó que dichos actos fueron expedidos con infracción
de su derecho al debido proceso, mediante falsa motivación y con violación de normas
superiores.
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de octubre de 2012, C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera, Exp. 26140, entre otras.
2 Sentencias C-545 de 1993 y Sentencia C-197 de 1999.
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de julio de 2020, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, Exp. 62645.
Como se observa, en la demanda no se alegó expresamente como causal de impugnación
la falta de competencia material o funcional de la entidad para declarar la caducidad del
contrato.
Sin embargo, como lo he manifestado en otras oportunidades 4, siendo la Jurisdicción
Contencioso Administrativa el juez de la legalidad de las actuaciones administrativas,
considero que, sin perjuicio de su condición de jurisdicción rogada, es importante tener en
cuenta que frente a una evidente falta de competencia en la expedición del acto
administrativo demandado, le corresponde reconocerl a y declararla, pues al constituir el
más grave de los vicios que pueden afectar las decisiones de la Administración, no puede
resolver la controversia haciendo caso omiso de su existencia, cuando tal defecto salta a
la vista, tal y como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sección según
los siguientes razonamientos:
La Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación 5 ha manifestado
explícitamente que, en materia de actos administrativos, la falta de competencia es el
vicio máximo y, por ello, el juzgador que lo encuentre configurado debe retirarlo
oficiosamente del tráfico jurídico, entre otras razones –vale agregar – porque la
competencia de las entidades para emitir actos administrativos pertenece al núcleo
esencial del derecho fundamental al debido proceso administrativo6.
En los anteriores términos, dejo expresada mi aclaración de voto.
Respetuosamente,
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrada
Fecha ut supra.
MIPR/REV T
4 En esta oportunidad la anotación dio lugar a un salvamento de voto respecto de la sentencia del 21 de julio
de 2020, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Exp. 62645.
5 [14] “ Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Sala Plena.
Sentencia del 12 de julio de 2012. Rad. 85001-23-31-000-1995-00174-01(15024). En ese punto, la Sala citó
las sentencias del 11 de mayo de 1999, exp. 10.196; y del 15 de abril de 2010, exp. 18.292”.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del
28 de junio de 2019, expediente 42326, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.