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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se solicita la nulidad absoluta de los contratos estatales derivados de tales adjudicaciones

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Fecha
2024-04-19
Radicado
25000233600020140070501
Número interno
56413
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO VIAL JJM-009, CONSORCIO VIAL JJM-011
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se solicita la nulidad absoluta de los contratos estatales derivados de tales adjudicaciones

Lo que dijo la Sala

La parte actora pretende que se anulen las resoluciones n.°s 2961 del 15 de noviembre y 3048 del 28 de noviembre de 2013, por medio de las cuales el IDU adjudicó las licitaciones públicas n.°s IDU-LP-SGI-011-2013, grupo 2 e IDU-LPSGI-009-2013, grupo 4, respectivamente, que tenían como finalidad contratar unas obras en la malla vial, urbana y rural, de la ciudad de Bogotá. En consecuencia, se solicita la nulidad absoluta de los contratos estatales derivados de tales adjudicaciones.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El demandante interpone recurso de apelación contra la sentencia proferida en el medio de control de controversias contractuales, pretendiendo la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de adjudicación de licitaciones públicas de infraestructura vial y la nulidad absoluta de los contratos estatales derivados. La corporación judicial examina los requisitos de sustentación del recurso de apelación y los límites de la competencia del juez de segunda instancia, precisando que la subsanación de ofertas y la evaluación matemática de propuestas técnicas no acreditan por sí solas que la propuesta del recurrente fuera la mejor. El juez advierte que la carga argumentativa del recurso de apelación corresponde en su integridad al apelante, sin que sea dable trasladar al juez la realización de cálculos matemáticos complejos que desbordan su competencia y vulneran el principio de imparcialidad, confirmando la providencia.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Con sujeción estricta al recurso de apelación no se probó que la propuesta de la parte actora fuera la mejor a pesar de que sí fue procedente la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de adjudicación de la licitación del contrato de consultoría y la declaración de la nulidad absoluta del contrato?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 306
  • Ley 1564 de 2012, art. 287 inc. 2

También resuelve

  • ¿No es de la esencia del consorcio una distribución en la participación de la ejecución?
  • ¿La carga de la prueba para demostrar la mejor oferta, que requiere de prueba técnica y conocimiento técnico, no puede ser subsanada por la facultad del juez porque relevaría la carga de…
  • ¿Es procedente confirmar la condena en costas de primera instancia y condenar en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ACCIÓN CONTRACTUAL DE NULIDAD ABSOLUTA RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE EXPERIENCIA ESPECÍFICA MEJOR PROPUESTA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA CONSORCIO RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO UNIÓN TEMPORAL RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE CARGA DE LA PRUEBA FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PRUEBA TÉCNICA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ INTERPRETACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ LIMITACIÓN DEL JUEZ LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA CONCEPTO DE CONSORCIO NATURALEZA DEL CONSORCIO MIEMBROS DEL CONSORCIO NATURALEZA JURÍDICA DEL CONSORCIO OBLIGACIONES DEL CONSORCIO RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL CONSORCIO RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

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Liquidación del contrato Nulidad del contrato estatal Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 14.523 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ACCIÓN CONTRACTUAL DE NULIDAD ABSOLUTA / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / EXPERIENCIA ESPECÍFICA / MEJOR PROPUESTA / CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA / CONSORCIO / RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO / UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE / CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRUEBA TÉCNICA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / LIMITACIÓN DEL JUEZ / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Con sujeción estricta al recurso de apelación no se probó que la propuesta de la parte actora fuera la mejor a pesar de que sí fue procedente la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de adjudicación de la licitación del contrato de consultoría y la declaración de la nulidad absoluta del contrato? Respuesta al problema jurídico: No La parte actora pretende que se anulen las resoluciones n.°s 2961 del 15 de noviembre y 3048 del 28 de noviembre de 2013, por medio de las cuales el IDU adjudicó las licitaciones públicas n.°s IDU-LP-SGI-011-2013, grupo 2 e IDU-LPSGI-009-2013, grupo 4, respectivamente, que tenían como finalidad contratar unas obras en la malla vial, urbana y rural, de la ciudad de Bogotá. En consecuencia, se solicita la nulidad absoluta de los contratos estatales derivados de tales adjudicaciones. El fundamento de la nulidad fue el indebido rechazo de la propuesta, puesto que, por un error de transcripción, en el anexo n.° 4.3, sobre experiencia específica, se relacionaron los datos de un contrato que no correspondía y que no cumplía con lo exigido; sin embargo, sin agregar un nuevo contrato, sino con base en los datos de un contrato que ya obraba en la propuesta, se corrigió dicho error y, por lo tanto, se consignaron los datos correctos en el referido anexo; sin embargo, la entidad demandada estimó que se trataba de un mejoramiento de la propuesta y confirmó el rechazo. (...) Precisa recordar que el a quo consideró no probado que con el nuevo contrato relacionado en el anexo 4.3. se cumpliera el requisito de experiencia específica exigida y, además, también echó de menos las pruebas que permitieran concluir que desde los factores jurídicos, técnicos y económicos la propuesta de la parte actora fuera la mejor. La parte actora sostiene que con el contrato n.° 159-2006 se probó la experiencia específica, porque su objeto consistió en consultoría para redes de alcantarillado y su valor superaba el mínimo exigido. Además, después de realizar las evaluaciones, estimó que su puntaje era el mejor. (...) Como se observa, ambas experiencias, la general y la específica, imponían allegar el documento de constitución en el caso de consorcios y uniones temporales, pero la diferencia radicaba en que para la última era determinante acreditar que el proponente o el miembro del consorcio o unión temporal tenía la experiencia aportada, por las razones consignadas y, por consiguiente, se debía demostrar que fue el ejecutor de la misma. Todo lo expuesto, justificaba la exigencia del pliego en estudio, además de que su legalidad tampoco fue cuestionada y, por consiguiente, su cumplimiento debía demostrarse, pero no fue así. En consecuencia, el rechazo de la entidad demandada se mantenía por la falta de demostración de este requisito, que en los términos del numeral 2.2.8 dispuso que todas “las condiciones establecidas en el presente numeral deberán ser cumplidas por todos los proponentes, sin excepción”. Además de lo anterior, en caso de que se aceptara que la propuesta de la parte actora estaba habilitada, los ejercicios evaluativos consignados en la apelación, tampoco son suficientes para concluir que su propuesta era la mejor. Efectivamente, en la apelación, después de realizar la evaluación en unos cuadros (fls. 150 a 155, c. ppal, 2ª instancia), sin mayores explicaciones de dónde extrajeron los datos, aunque vale advertir que todas las propuestas obran en el proceso; sin embargo, lo más grave es que tampoco se explicaron las operaciones de dichos ejercicios, sino que simplemente se consignaron unas cifras y números. (...) Aunque revisados los datos consignados en los cuadros del recurso de apelación, los mismos coinciden con los de la evaluación del IDU, aunque los puntajes cambian, en razón de que el número de propuestas habilitadas los afectaba, se echan de menos los ejercicios para determinar los valores de la propuesta de la parte actora dentro de la evaluación del recurso, que, cómo quedó visto arriba, son el resultado de la aplicación de las fórmulas matemáticas arriba consignadas, las cuales, además, partían de una verificación aritmética de las propuestas (fl. 322, c. 2,numeral 3.5.1), que al menos requería de la intervención de un especialista en el tema. 20.24. La apelante se limitó, en un cuadro, a asignarle el máximo de puntaje a las propuestas, incluida la suya, salvo las rechazadas, sin más explicaciones (fl. 150, c. ppal, 2ª instancia). Aunque pueden compartirse las valoraciones que coinciden con las del IDU (fls. 422 rev. y 423, c. 2), lo cierto es que en relación con su propuesta, se imponían, en esta sede, las explicaciones para entender el por qué de su puntaje, como carga argumentativa del recurso, con mayor razón si como consecuencia del rechazo, el IDU se abstuvo de hacerla. 20.25. No puede perderse de vista que las evaluaciones dependían del número de propuestas hábiles, razón por la cual serían entendibles las diferencias en los resultados que se obtuvieron en la apelación y que, según la parte actora, la daban como ganadora; sin embargo, vale recordar que quedó demostrado que la subsanación tampoco permitió tener por superada la habilitación de la propuesta de los accionantes, lo cual desdice per se el ejercicio evaluativo del recurso. Podría pensarse que le correspondía al juez realizar el reemplazo de todos los valores en cada fórmula, por cuanto se trataba de sólo un ejercicio matemático con base en los datos de las propuestas aportadas; sin embargo, esto, además de exigir un conocimiento técnico más allá de un ejercicio matemático básico, relevaría la carga de argumentación del recurso de apelación que debe ser completa10, sin que se pueda trasladar al juez, no sólo porque desborda su competencia, sino que pone en riesgo el equilibrio y la igualdad de las cargas de las partes frente al proceso y con ello el principio de imparcialidad y el del debido proceso. Frente al otro proceso, IDU-LP-SGI-009-2013, grupo 4, la parte apelante se limitó a señalar que los argumentos ya esbozados también aplicaban para este último, sin más explicaciones. De entrada esta simple remisión no satisface la carga argumentativa del recurso, no sólo por las razones arriba expuestas, sino también porque el ejercicio de sustentación del recurso impone la estructuración de cargos específicos frente a la decidido por el a quo. De lo contrario, se impondría al juez de segunda instancia una complementación del recurso que no le está dada. Para finalizar, es del caso complementar la sentencia de primera instancia para declarar la nulidad que encontró probada el a quo, por cuanto la perjudicada con dicha omisión, por ser una de sus pretensiones, es la aquí apelante. En consecuencia, en los términos del inciso 2° del artículo 287 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones demandadas y de los respectivos contratos. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 287 INCISO 2 CONSORCIO / CONCEPTO DE CONSORCIO / NATURALEZA DEL CONSORCIO / MIEMBROS DEL CONSORCIO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONSORCIO / OBLIGACIONES DEL CONSORCIO / RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL CONSORCIO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO / RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿No es de la esencia del consorcio una distribución en la participación de la ejecución? Respuesta al problema jurídico: No Ahora, como legalmente la responsabilidad del consorcio es solidaria, sin salvedad alguna, puesto que las tareas o actividades se realizan de manera mancomunada, no es de su esencia una distribución en la participación de la ejecución, como ocurre con las uniones temporales. Sin embargo, además de que estas previsiones legales operan, exclusivamente, en favor de la entidad estatal contratante, nada impide que las partes de un consorcio, dentro del marco de su autonomía de la voluntad y, con efectos estrictamente entre ellas, determinen una división interna de trabajo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la particularización de dichas figuras, entre otras, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 25 de septiembre de 2013, exp. 19.933, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Subsección B, del 13 de noviembre de 2014, exp. 26.739, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA TÉCNICA / MEJOR PROPUESTA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La carga de la prueba para demostrar la mejor oferta, que requiere de prueba técnica y conocimiento técnico, no puede ser subsanada por la facultad del juez porque relevaría la carga de argumentación del recurso de apelación que debe ser completa? Respuesta al problema jurídico: No Podría pensarse que le correspondía al juez realizar el reemplazo de todos los valores en cada fórmula, por cuanto se trataba de sólo un ejercicio matemático con base en los datos de las propuestas aportadas; sin embargo, esto, además de exigir un conocimiento técnico más allá de un ejercicio matemático básico, relevaría la carga de argumentación del recurso de apelación que debe ser completa, sin que se pueda trasladar al juez, no sólo porque desborda su competencia, sino que pone en riesgo el equilibrio y la igualdad de las cargas de las partes frente al proceso y con ello el principio de imparcialidad y el del debido proceso. CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente confirmar la condena en costas de primera instancia y condenar en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: Si La parte apelante formuló reparos para reducir la condena por agencias en derecho, toda vez que las estimó injustificadas y excesivas. Al respecto, dado que la impugnación se dirigió a cuestionar el monto de las agencias en derecho, las cuales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 366 del Ley 1564 de 2012, solo pueden controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas, la Sala considera que este aspecto no es susceptible de ser discutido a través del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia y, por ende, ser estudiado en la providencia que desata la apelación. Este criterio ha sido reiterado en varias oportunidades por esta Subsección. Frente a las costas, se tiene que el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso establece que en caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial y, en cualquiera de los eventos, debidamente motivada. Por lo tanto, en esta oportunidad se condenará en costas, en tanto el recurso de apelación no prosperó, sino una corrección de la sentencia de primera instancia realizada de manera oficiosa. Siendo así, como en esta instancia y en lo apelado se confirmó totalmente la sentencia del a quo, se condenará al recurrente en las costas únicamente de la segunda instancia, tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 365 del Código General del Proceso. En los términos del artículo 366 del Código General del Proceso se dispondrá que, por intermedio de la secretaría del tribunal de primer grado, se proceda a su liquidación de manera concentrada. Para tales efectos, la Sala fijará las agencias en derecho, de conformidad con la naturaleza, la complejidad y la duración de la actuación que tuvo que desplegar la parte demandada en esta instancia. En el presente caso, está probado que la demandada intervino en la segunda instancia, por lo que atendió el proceso de manera diligente y oportuna a través de su apoderado judicial. Ahora, el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, estableció que para los asuntos contencioso administrativos con cuantía, las agencias en derecho, debían fijarse, en primera instancia, hasta el 20% del valor de las pretensiones negadas o reconocidas en la sentencia, mientras que, en segunda instancia, hasta el 5% sobre el mismo concepto. Por lo anterior, la Sala fija como agencias en derecho, en segunda instancia, la suma de $3.483.585, correspondientes al 0.5% del valor de las pretensiones negadas en la demanda, monto que deberá pagar la parte actora, en proporción de participación en el consorcio, al IDU. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201400705011100103