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¿El mero aporte económico efectuado por entidades públicas en un convenio de cofinanciación —sin ánimo de lucro, sin contraprestaciones recíprocas y orientado a un fin estatal común— configura "contenido patrimonial", o esta noción presupone la existencia de obligaciones onerosas y recíprocas propias de los contratos sinalagmáticos?
El contratista no configura contenido patrimonial en un convenio interadministrativo de cofinanciación sin ánimo de lucro y sin contraprestaciones recíprocas, ya que estos instrumentos se caracterizan por la cooperación funcional y operativa entre entidades públicas para alcanzar fines comunes, sin generar obligaciones sinalagmáticas propias de los contratos estatales. En contraste, los contratos interadministrativos sí implican obligaciones recíprocas y contraprestaciones definidas, lo que distingue su naturaleza patrimonial de la colaborativa de los convenios. Esta distinción reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que los convenios interadministrativos no están sujetos a las restricciones del EGCAP ni al límite del 50% de adiciones en su valor inicial, siempre que no se altere su objeto ni se evada el control de la contratación estatal, manteniendo la transparencia y la legalidad en su modificación.síntesis automática
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¿Resulta aplicable las restricciones establecidas en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 –Ley de Garantías Electorales- a la celebración de los contratos interadministrativos?
En respuesta al problema antes planteado esta Subdirección manifiesta lo siguiente: En primer lugar, debe indicarse que en lo que respecta a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, se precisa que, este prohíbe a los Alcaldes, Gobernadores, Secretarios, Gerentes y Directores de las entidades del orden municipal, departamental o distrital celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. En este sentido, si una o ambas partes de la relación contractual es una entidad de aquellas descritas en el parágrafo ibidem, no podrá celebrar tales convenios durante la aplicación de la Ley de Garantías Electorales, toda vez que la citada disposición hace referencia a dicha tipología contractual sin que el legislador hubiere contemplado un efecto extensivo a otra tipología.
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¿Deben las restricciones previstas en los artículos 33 y el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 –Ley de Garantías Electorales– aplicarse a la Alianza Pública para el Desarrollo Integral Aldesarrollo—, en su calidad de entidad descentralizada del orden nacional con autonomía universitaria, para (i) la celebración de contratos o convenios interadministrativos?
El contratista puede celebrar contratos interadministrativos durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales, siempre que no se trate de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, debido a que la prohibición del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 no se extiende a estos contratos, según la reciente postura del Consejo de Estado. Esta regla permite a las entidades estatales continuar con sus actividades normales sin restricciones innecesarias, garantizando la continuidad de los servicios públicos esenciales.síntesis automática
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¿Cuál es el alcance de las restricciones establecidas en los artículos 33 y 38 de la Ley de Garantías Electorales - Ley 996 de 2005 en materia de contratación pública?
Durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, la Ley 996 de 2005 proscribe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado, con excepciones que el artículo 33 enuncia, como la defensa y seguridad del Estado, el crédito público, las emergencias y la reconstrucción de infraestructura afectada por atentados, desastres o fuerza mayor. Por su parte, el parágrafo del artículo 38 prohíbe, para cualquier contienda electoral, celebrar convenios interadministrativos que impliquen ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro meses previos a la respectiva votación. Estas restricciones son normas prohibitivas que se interpretan de manera restrictiva, y los convenios interadministrativos solo pueden celebrarse entre entidades públicas. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar el calendario electoral antes de celebrar contratos directos o convenios que impliquen recursos públicos, teniendo en cuenta que la restricción del artículo 33 se extiende hasta la segunda vuelta cuando la hay.síntesis automática
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¿Se pueden suscribir convenios interadministrativos durante la aplicación de la Ley de Garantías Electorales - Ley 996 de 2005?
El contratista puede suscribir convenios interadministrativos durante la aplicación de la Ley de Garantías Electorales, ya que la corporación establece que la prohibición legal se refiere específicamente a contratos y no a convenios, diferenciando así la naturaleza y alcance de estos instrumentos jurídicos. Esta distinción permite que las entidades estatales continúen celebrando convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, siempre y cuando no se trate de actividades proselitistas ni se promueva su uso en reuniones de ese tipo, lo que implica que las entidades deben ser cautelosas en la celebración y ejecución de estos convenios durante los períodos electorales para evitar violaciones a la normativa electoral.síntesis automática
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¿Se pueden suscribir convenios interadministrativos durante la aplicación de la Ley de Garantías Electorales - Ley 996 de 2005?
En respuesta a los problemas antes planteados esta Subdirección manifiesta lo siguiente: En primer lugar, debe indicarse que los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas -AESGPRI- corresponden a los recursos del Sistema General de Participaciones que les son transferidos a los resguardos indígenas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 356 de la Constitución Política y por los artículos 2º y 83 de la Ley 715 de 2001, para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados, e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
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¿Se pueden suscribir convenios interadministrativos durante la aplicación de la Ley de Garantías Electorales - Ley 996 de 2005?
En respuesta a los problemas antes planteados esta Subdirección manifiesta lo siguiente: En primer lugar, debe indicarse que los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas -AESGPRI- corresponden a los recursos del Sistema General de Participaciones que les son transferidos a los resguardos indígenas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 356 de la Constitución Política y por los artículos 2º y 83 de la Ley 715 de 2001, para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados, e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
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¿Cuál es la naturaleza de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas?
El contratista puede ser considerado como una entidad estatal para efectos de la administración de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) cuando se trate de resguardos indígenas autorizados por el Decreto 1953 de 2014, lo que implica que estos resguardos pueden celebrar contratos de administración con las entidades territoriales respectivas. Además, la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, prohíbe la contratación directa por parte de los entes del Estado durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo excepciones específas, y también limita la celebración de convenios interadministrativos por parte de gobernadores, alcaldes y directores de entidades descentralizadas. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha reiterado la distinción entre contratos y convenios interadministrativos, y ha determinado que la prohibición de la Ley de Garantías Electorales no se aplica a los convenios interadministrativos celebrados por entidades estatales, lo que implica que estos resguardos indígenas pueden celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos sin estar sujetos a las restricciones de la Ley de Garantías Electorales durante los periodos electorales.síntesis automática
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En el mismo sentido, la Ley 996 de 2005, conocida como “Ley de Garantías Electorales”, se suma al andamiaje constitucional y legal que busca evitar la injerencia inadecuada de intereses particulares en el ejercicio de la función pública. Incluso, la Corte Constitucional fundamenta la posibilidad de celebrar convenios interadministrativos de forma directa, con fundamento en la causal establecida en la Ley 1150 de 2007 respecto a los contratos interadministrativos. De este modo, en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, pese a reconocer que se han realizado algunas distinciones jurisprudenciales en torno a los contratos y convenios interadministrativos, relacionados con el alcance de las obligaciones que los caracterizan, se señaló que no existe una definición legal que diferencie los conceptos de convenio o de contrato.
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¿Cuál es la naturaleza de los esquemas asociativos territoriales y particularidades de su régimen de contratación?
Una de las primeras disposiciones relacionadas con las asociaciones de municipios es el artículo 63 del Acto Legislativo 1 de 1968, con el cual se modificó el artículo 198 de la Constitución de 1886, en el sentido de indicar, entre otras cosas, que “La ley establecerá las condiciones y las normas bajo las cuales los Municipios puedan asociarse entre sí para la prestación de los servicios públicos. Las Asambleas, a iniciativa del Gobernador, podrán hacer obligatoria tal asociación, conforme a la ley citada, cuando la más eficiente y económica prestación de los servicios así lo requieran”.
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¿Aplican las restricciones de la Ley de Garantías Electorales - Ley 996 de 2005 a los convenios o contratos interadministrativos que se celebren entre entidades estatales y los resguardos indígenas?
El contratista no está sujeto a las restricciones de la Ley de Garantías Electorales para los convenios interadministrativos celebrados con resguardos indígenas que han sido autorizados para administrar recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), ya que estos resguardos son considerados entidades estatales según el Decreto 1953 de 2014 y la Ley 80 de 1993. Esta interpretación se basa en que la Ley de Garantías Electorales se aplica a las entidades estatales y no a los convenios entre estas y los resguardos indígenas que actúan como tales, lo que implica que las entidades estatales pueden celebrar estos convenios sin restricciones durante los períodos electorales, siempre y cuando no se trate de actividades proselitistas.síntesis automática
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¿Aplican las restricciones de la Ley de Garantías Electorales - Ley 996 de 2005 a los convenios o contratos interadministrativos que se celebren entre entidades estatales y los resguardos indígenas?
El contratista no está sujeto a las restricciones de la Ley de Garantías Electorales para la celebración de convenios interadministrativos con entidades estatales, ya que los resguardos indígenas que administran recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) son considerados entidades estatales de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1953 de 2014, lo que les permite celebrar contratos de administración con entidades territoriales sin estar sujetos a las limitaciones impuestas por la Ley 996 de 2005. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, permitiendo una mayor flexibilidad en la contratación estatal con resguardos indígenas durante períodos electorales.síntesis automática
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¿Las restricciones contempladas en los artículos 33 de la Ley de Garantías Electorales aplica a los convenios interadministrativos a título gratuito celebrado entre las entidades estatales?
El contratista no puede celebrar convenios interadministrativos a título gratuito durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, ya que estos se consideran dentro del ámbito de la prohibición establecida en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, que se aplica a todos los entes del Estado sin distinción. Esta regla implica que las entidades estatales están sujetas a restricciones en la contratación y en la celebración de convenios interadministrativos durante el período electoral, salvo las excepciones específicamente contempladas en la norma. Esta interpretación reitera y unifica la jurisprudencia existente, limitando significativamente la capacidad de las entidades estatales para celebrar acuerdos de este tipo durante el período electoral, lo que puede afectar la planificación y ejecución de proyectos interadministrativos en ese lapso.síntesis automática
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52001233300020170047001 de 20242024-10-01Sección TerceraRad. 52001233300020170047001
En ese sentido, no se discute que en los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral, siempre y cuando ello esté expresamente acordado, sin equívocos y de manera clara y precisa, según el acuerdo de voluntades . De acuerdo con la pauta jurisprudencial en cita, debido a que los convenios interadministrativos del artículo 95 de la Ley 489 de 1998 no se rigen por el Estatuto General de Contratación de Administración Pública, a menos de que exista pacto expreso al respecto o su aplicación ocurra con la finalidad resolver lagunas interpretativas, se concluye que, como en el caso concreto no se consagró tal facultad, no hay razones para aplicar automáticamente las normas de contratación pública. Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos, porque no existe la contraposición de intereses entre las entidades públicas que lo celebran.
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¿Deben las restricciones previstas en los artículos 33 y el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 –Ley de Garantías Electorales– aplicarse a la Corporación Agencia Nacional Digital —AND—, en su calidad de entidad descentralizada indirecta del orden nacional, para (i) la celebración de contratos o convenios de colaboración —incluidas las alianzas estratégicas previstas en su Manual de Contratación con entidades públicas u organización privadas— y (ii) la contratación directa de…
Las restricciones de los artículos 33 y 38 de la Ley 996 de 2005 son normas prohibitivas que se interpretan de manera restrictiva y que se dirigen a todos los entes del Estado. Respecto de los contratos o convenios proyectados por una corporación descentralizada indirecta del orden nacional, se advierte que, al no encuadrar en ninguno de los supuestos exceptuados por el inciso segundo del artículo 33, quedan comprendidos en la restricción general a la contratación directa durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales. La restricción depende de la modalidad y del objeto del negocio, de modo que las alianzas o convenios de colaboración deben analizarse conforme a la misma regla. Las excepciones son taxativas, y la lista del artículo 33 incluye la defensa y seguridad del Estado, el crédito público y las emergencias. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar si cada instrumento proyectado está dentro de una excepción taxativa antes de celebrarlo en el periodo restringido, y no asumir que la naturaleza de la entidad la excluye de la prohibición.síntesis automática
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¿Cuáles son las restricciones aplicables, en materia de contratación estatal, a las Empresas Sociales del Estado durante los periodos en que rige la Ley de Garantías Electorales?
El contratista no puede celebrar contratos directos con Empresas Sociales del Estado durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales, salvo las excepciones previstas en la Ley 996 de 2005, que incluyen la defensa y seguridad del Estado, contratos de crédito público, emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como la reconstrucción de infraestructura afectada por eventos de fuerza mayor. Esta regla busca prevenir la injerencia inadecuada de intereses particulares en el ejercicio de la función pública y garantizar la igualdad entre los candidatos en las elecciones. La regla reitera y matiza precedentes, permitiendo a las entidades públicas adelantar procedimientos de selección directa en períodos previos a la contienda electoral por la Presidencia, siempre que se ajusten a las excepciones establecidas, lo que implica que las Empresas Sociales del Estado deben evaluar cuidadosamente cada caso para determinar si se ajusta a alguna de las excepciones permitidas.síntesis automática
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¿Las restricciones contempladas en los artículos 33 y 38 de la Ley de Garantías Electorales aplica a los contratos celebrados entre las entidades estatales y la Imprenta Nacional de Colombia en cumplimiento de la Ley 109 del 1994 y el Decreto 1099 de 2025?
Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe “… la contratación directa por parte de todos los entes del Estado” durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo “… lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias”.
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¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la relación entre un convenio interadministrativo y los contratos específicos celebrados para desarrollar su objeto, y cómo debe comprenderse dicha relación en términos de autonomía contractual, funcionalidad, ejecución, terminación, liquidación y cierre financiero?
El contratista y la entidad estatal deben entender que un convenio interadministrativo no se define por la modalidad de selección utilizada para su celebración, sino por la calidad de las partes contratantes, ambas pertenecientes a la administración pública. Este tipo de acuerdo se caracteriza por su naturaleza colaborativa y funcional, en contraste con el contrato interadministrativo, que implica una relación sinalagmática con obligaciones prestacionales. La liquidación del convenio no implica la extinción de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública que se ejecuta bajo su financiación, permitiendo la emisión de actas parciales de pago y la formalización de obligaciones causadas conforme al régimen del contrato, independientemente del estado del convenio. La relación entre el convenio y los contratos derivados es complementaria, con cada uno regido por su propio ciclo contractual y autonomía de voluntad, aunque las contingencias del contrato pueden repercutir en el cierre y liquidación del convenio. Esta regla reitera y matiza precedentes, aclarando la independencia y complementariedad entre convenios interadministrativos y contratos derivados, lo que implica una mayor flexibilidad en la gestión de recursos y obligaciones entre entidades públicas.síntesis automática
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¿Las restricciones contempladas en los artículos 33 y 38 de la Ley de Garantías Electorales aplica a los convenios celebrados entre las entidades estatales y la sociedad Servicios Postales Nacionales S.A en cumplimiento del artículo 15 de la Ley 1369 de 2009?
Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe “… la contratación directa por parte de todos los entes del Estado” durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo “… lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias”.
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¿Las restricciones previstas en la Ley 1150 de 2007 respecto de los contratos interadministrativos de obra, suministro u otras modalidades, resultan igualmente aplicables a los convenios interadministrativos regulados por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, cuando estos se celebran con sociedades de economía mixta con participación mayoritaria del Estado y su objeto involucra la ejecución de dichas actividades?
El contratista no está sujeto a las restricciones de la Ley 1150 de 2007 cuando celebra convenios interadministrativos con sociedades de economía mixta con participación mayoritaria del Estado, siempre y cuando el objeto del convenio no implique un intercambio de prestaciones propias del mercado, sino una cooperación funcional y operativa para la consecución de fines comunes. Esta regla se fundamenta en que los convenios interadministrativos se rigen por la autonomía de la voluntad de las partes y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo que no están sujetos a las prohibiciones específicas de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, la calificación jurídica del negocio depende de un análisis sustancial de su contenido y no de la denominación que las partes le asignen, lo que implica que si el convenio tiene características de un contrato interadministrativo, se activa la aplicación del régimen del EGCAP y las restricciones legales mencionadas.síntesis automática
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