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Colombia Compra Eficiente Concepto

Contratación directa: la contratación directa no está exenta del deber de planeación

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-10-22
Número
C-1394 de 2026

Síntesis del concepto

Contratación directa: la contratación directa no está exenta del deber de planeación

Regla de decisión

Deben realizarse los análisis y estudios necesarios que justifiquen la selección del contratista y permitan definir las condiciones técnicas, ambientales y sociales asociadas al objeto contractual.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La contratación directa no está exenta del deber de planeación, pues el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 exige estudios y documentos previos en todas las modalidades de selección, salvo la mínima cuantía. Por ello, la entidad debe describir la necesidad, el objeto con sus especificaciones, la modalidad, el valor estimado, el análisis de riesgo y las garantías, aunque no haya evaluación comparativa de ofertas. El Sistema Integral de Preferencias, establecido por el Decreto 0287 de 2026 y precisado en la Circular Externa 003 de 2026, no se agota en el puntaje adicional, pues está compuesto por cinco medidas cuya aplicación varía según la modalidad de selección. Los criterios habilitantes diferenciales del artículo 2.2.1.2.4.2.7.3 del Decreto 1082 de 2015 no aplican a la contratación directa ni a la mínima cuantía, porque presuponen pluralidad de oferentes y comparación de propuestas. Esa exclusión no implica que las demás medidas del sistema sean inaplicables. En la práctica, la entidad puede incorporar criterios ambientales, sociales o de inclusión en las especificaciones técnicas, las obligaciones de ejecución o los requisitos de idoneidad de la contratación directa, siempre que los integre en los estudios previos y mantenga su relación con el objeto contratado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Es jurídicamente procedente que las entidades estatales incorporen criterios ambientales, sociales, de inclusión de personas con discapacidad o de población vulnerable en los procesos de contratación directa, mediante especificaciones técnicas, requisitos relacionados con la idoneidad del contratista o obligaciones de ejecución contractual?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 24, 25 y 26
  • Ley 1150 de 2007, arts. 2, 5 y 12
  • Ley 1346 de 2009

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

En atención a los problemas jurídicos planteados, conviene precisar, en primer lugar, que el puntaje adicional por vinculación de personas con discapacidad (en adelante, PcD) se encuentra regulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 0287 de 2026, y no en el artículo 2.2.1.2.4.2.6, que define los emprendimientos y empresas de PcD. Hecha esa precisión, la premisa de la que parte su consulta, que el puntaje adicional y los criterios habilitantes diferenciales suponen comparación de ofertas y, por ello, no operan en la contratación directa, es correcta; pero de ella no se sigue que los criterios ambientales, sociales o de inclusión queden excluidos de esa modalidad.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Aplicación diferenciada según la modalidad de selección Artículo 2.2.1.2.4.2.7.1 Artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 Cinco medidas Criterios de accesibilidad en los estudios previos Deber de planeación Decreto 0287 DE 2026 Distinción Especificaciones técnicas y obligaciones contractuales Estudios y documentos previos Exigibilidad Factores de evaluación Improcedencia en contratación directa Modalidades con evaluación comparativa Obligación contractual Subcontratación inclusiva e integración del equipo de trabajo Todas las modalidades y regímenes

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Texto del documento 4.784 caracteres
CONTRATACIÓN DIRECTA ‒ Deber de planeación ‒ Estudios y documentos previos ‒ Exigibilidad La contratación directa no está exenta del deber de planeación. El artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 exige los estudios y documentos previos en todas las modalidades de selección, con la única salvedad de la mínima cuantía, de modo que también en la contratación directa la entidad debe describir la necesidad, el objeto con sus especificaciones, la modalidad y su justificación, el valor estimado, el análisis de riesgo y las garantías. La ausencia de evaluación comparativa de ofertas no suprime ese deber, sino que se limita a excluir los instrumentos que suponen ponderación. SISTEMA INTEGRAL DE PREFERENCIAS ‒ Decreto 0287 de 2026 ‒ Cinco medidas ‒ Aplicación diferenciada según la modalidad de selección El Sistema Integral de Preferencias no se agota en el puntaje adicional. Conforme a la Circular Externa No. 003 de 2026, está compuesto por cinco medidas, cuya aplicación varía según el régimen y la modalidad: las herramientas de planeación, los criterios habilitantes diferenciales y el puntaje adicional no operan en la contratación directa, mientras que las compras públicas accesibles y las condiciones especiales de ejecución sí le resultan aplicables, y la inclusión de personas con discapacidad en contratos de prestación de servicios es, precisamente, una medida propia de esa modalidad. COMPRAS PÚBLICAS ACCESIBLES ‒ Artículo 2.2.1.2.4.2.7.1 ‒ Todas las modalidades y regímenes ‒ Criterios de accesibilidad en los estudios previos La obligación de incorporar criterios de accesibilidad se predica de toda compra de bienes, obras o servicios que realicen los entes del Estado, se rijan por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o por régimen especial, y en todas las modalidades de selección. Dichos criterios se definen en la etapa de planeación, puntualmente en los estudios y documentos previos, y cuando no existan normas legales, reglamentarias o técnicas aplicables al objeto, la entidad no se exonera de incorporarlos: debe fijar una ficha técnica propia. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN ‒ Artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 ‒ Obligación contractual ‒ Subcontratación inclusiva e integración del equipo de trabajo Las condiciones especiales de ejecución aplican a las entidades regidas por la Ley 80 de 1993 en todas las modalidades de selección, incluida la contratación directa. Se concretan en dos opciones —subcontratación inclusiva e integración del equipo de trabajo—, de las cuales debe incorporarse al menos una como obligación contractual en la minuta que hace parte de los documentos del proceso, salvo que la entidad justifique lo contrario en los estudios previos. PUNTAJE ADICIONAL Y CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES ‒ Modalidades con evaluación comparativa ‒ Improcedencia en contratación directa El puntaje adicional del artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 opera únicamente en las modalidades de licitación pública y concurso de méritos, y los criterios habilitantes diferenciales del artículo 2.2.1.2.4.2.7.3 no aplican a la contratación directa ni a la mínima cuantía. Ello obedece a que ambos instrumentos presuponen pluralidad de oferentes y comparación de propuestas, presupuesto que no concurre en la contratación directa, sin que de esa exclusión pueda inferirse la inaplicabilidad de las demás medidas del sistema. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES ‒ Factores de evaluación ‒ Especificaciones técnicas y obligaciones contractuales ‒ Distinción Debe distinguirse entre los criterios que operan como factores de evaluación de las ofertas —que suponen comparación y, por tanto, no tienen cabida en la contratación directa— y aquellos que se incorporan en la definición técnica del objeto o como obligaciones del contrato, que derivan del deber de planeación y de las normas sustanciales aplicables —entre ellas las introducidas por el Decreto 0997 de 2026 en materia de Compra Pública Sostenible, cuyo artículo 7 incorporó el análisis del Ciclo de Vida a los estudios y documentos previos, con un régimen de vigencia inmediata para unos artículos y progresiva para otros— y resultan procedentes con independencia de la modalidad, siempre que guarden relación con el objeto contractual y respeten los principios de proporcionalidad y de selección objetiva. En ejercicio de la función de absolver consultas sobre normas de carácter general, la Agencia interpreta el reglamento vigente, pero no puede inaplicarlo, exceptuarlo ni sustituir sus reglas por criterios distintos con fundamento en consideraciones de razonabilidad o proporcionalidad, pues ello desconocería el principio de legalidad. El control de legalidad de los decretos reglamentarios corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1394-de-2026/