Síntesis del concepto
Adición: la ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo
Regla de decisión
En particular, el cambio de vigencia contractual puede generar la aplicación de las fórmulas de reajuste o actualización de precios previstas en el contrato.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista no consume el límite del 50% de adición al valor inicial del contrato establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 cuando realiza reajustes de precios por cambio de vigencia, siempre que estos correspondan a la aplicación del mecanismo de ajuste previsto para las prestaciones originalmente pactadas y no impliquen la incorporación de nuevas prestaciones o ampliación del contenido contractual. Esta regla se basa en que el reajuste opera como un mecanismo de preservación de las condiciones económicas del contrato frente a las fluctuaciones de los costos, no como una modificación de su contenido prestacional. En consecuencia, la entidad estatal puede ajustar el valor del contrato por reajustes de precios derivados del cambio de vigencia sin que ello afecte el límite legal de adición, siempre y cuando no se trate de una verdadera adición contractual que suponga nuevas obligaciones o ampliación del contenido prestacional inicialmente pactado.
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Pregunta que resuelve
¿Cuál es el alcance del límite establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 con respecto a los reajustes de precios por cambio de vigencia?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, art. 5
- Ley 1474 de 2011, arts. 85 y 87
- Decreto 1082 de 2015
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En resumen
El límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 se refiere a las adiciones contractuales que impliquen una ampliación del contenido prestacional del contrato, de manera que el valor correspondiente a estas no puede superar el cincuenta por ciento (50 %) del valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales. Sin embargo, conforme lo señala la jurisprudencia del Consejo de Estado, este límite no se extiende a la aplicación de mecanismos de reajuste o actualización de precios pactados para prestaciones ya previstas en el contrato, pues estos no tienen por objeto adicionar nuevas obligaciones, sino preservar la equivalencia económica de las prestaciones durante su ejecución.
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Texto del documento 4.827 caracteres
ADICIÓN – Concepto – Distintos supuestos – Prohibición – Adición en más del 50%
La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Así, durante la etapa de planeación, las entidades públicas estiman y determinan las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo que pretende satisfacer. No obstante, durante la ejecución del contrato, las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de mayores cantidades de bienes o actividades inicialmente previstos, a lo que se le conoce como “mayores cantidades de obra”, “obras adicionales” o adición de “ítems contractuales”; y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las entidades ejecutan “obras extra” o “amplían el alcance” del contrato mediante la celebración de un “contrato adicional”. No obstante, estos términos –algunos de ellos usualmente empleados en contratos de obra– son nociones doctrinarias que se utilizan en la práctica por las entidades estatales, que actualmente no tienen un fundamento particular en el ordenamiento jurídico, el cual no le asigna efectos específicos a cada uno de ellos.
ADICIÓN – Prohibición – Monto – Cálculo – Parágrafo artículo 40 – Ley 80 de 1993
Lo importante es que, frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato por cualquiera de los dos supuestos señalados previamente, e independiente del nombre que se le dé al acuerdo -otrosí, adición, modificación o cualquier denominación- aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. De manera que, aunque es posible celebrar todos los tipos de acuerdos indicados, siempre debe observarse esta última disposición que aplica a los contratos estatales, cuyos destinatarios son entidades sujetas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Dicha norma además de consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en la posibilidad de adicionar los contratos estatales, siempre que no se supere el tope establecido. Debe tenerse en cuenta que el límite debe establecerse en salarios mínimos para que el cálculo del tope sea preciso; de manera que para adicionar un contrato debe dividirse el valor inicial por el salario mínimo vigente al momento de la suscripción del contrato, y luego dividirlo por 2; el resultado obtenido constituirá el número de SMLMV por los cuales podrá adicionarse el contrato. En este sentido, para evitar equivocaciones, lo ideal es que cada vez que se efectúe una adición, se estime su valor en salarios mínimos, que se calcularán con base en el vigente al momento de la adición, de manera que se descuenten estos de los salarios mínimos que restan por adicionar, ya que las modificaciones podrían hacerse en diferentes años, porque si el contrato se ejecuta sin existir variación en el valor del salario mínimo la operación sería la misma si se toma el monto en pesos.
REAJUSTE Y REVISIÓN DE PRECIOS – Límite de adiciones – Cambio de vigencia
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Alcance
En particular, el cambio de vigencia contractual puede generar la aplicación de las fórmulas de reajuste o actualización de precios previstas en el contrato. Este mayor valor no constituye, por sí mismo, una adición sometida al límite del 50 %, en la medida en que corresponda a ítems o prestaciones ya definidos y pactados, puesto que el reajuste opera precisamente como un mecanismo de preservación de las condiciones económicas del contrato frente a las fluctuaciones de los costos y no como una modificación de su contenido prestacional.
En consecuencia, si el reconocimiento económico corresponde exclusivamente a la actualización de los precios de prestaciones ya pactadas, no se computa dentro del 50 %, mientras que si el mayor valor supone incorporar nuevas prestaciones, otras obligaciones o una ampliación del contenido contractual, estará sometido al límite legal, sin perjuicio de los dispuesto sobre el reconocimiento de las mayores cantidades de obra.
Por tanto, los reajustes de precios derivados del cambio de vigencia no consumen el límite de adición del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, siempre que correspondan a la aplicación del mecanismo de ajuste previsto para las prestaciones originalmente pactadas y no encubran una verdadera adición contractual. Esta conclusión debe distinguirse de los casos en que la entidad requiere ejecutar la obra con un presupuesto adicional por fuera de las prestaciones inicialmente previstas, supuesto en el cual sí deberá modificar el contrato y sujetarse al límite legal.