Síntesis del concepto
Licitación pública: la procedencia de la selección abreviada de menor cuantía exige verificar, que el objeto contractual corresponda
Regla de decisión
La procedencia de la selección abreviada de menor cuantía exige verificar, que el objeto contractual corresponda a un bien, obra o servicio susceptible de ser contratado bajo esta causal y, posteriormente, que el valor estimado del contrato se encuentre dentro del respectivo límite de menor cuantía, determinado conforme al presupuesto anual de la entidad.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista debe cumplir con la licitación pública como regla general para la contratación estatal, salvo excepciones específicas que permiten modalidades alternativas como la selección abreviada de menor cuantía, que se aplica cuando las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía del bien, obra o servicio justifican un proceso simplificado, y la mínima cuantía, que se utiliza para contratos de bajo valor que no exceden el 10% de la menor cuantía, independientemente de su objeto. En estos procedimientos, la entidad estatal debe determinar el ofrecimiento más favorable mediante factores de calificación y evaluación, que pueden incluir la asignación de puntajes o el análisis de la relación costo-beneficio, y debe establecer estos criterios en el pliego de condiciones o documento equivalente, asegurando que la selección sea objetiva y proporcional a la naturaleza del contrato.
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Pregunta que resuelve
¿En qué casos o bajo qué condiciones resulta procedente la selección abreviada de menor cuantía para la contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los contratos de prestación de servicios, y cómo se determina su aplicación frente a las demás modalidades de selección?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, arts. 21, 24 y 25
- Ley 1150 de 2007, arts. 2 y 5
- Ley 1437 de 2011, arts. 2 y 44
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En resumen
I. De conformidad con el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la selección abreviada es una modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en los cuales, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, pueden adelantarse procesos simplificados. Dentro de las causales de selección abreviada se encuentra la contratación de menor cuantía, prevista en el literal b) del numeral 2 del citado artículo, este se refiere a los procesos contractuales cuyo su valor es inferior a los topes que la norma señala respecto de su presupuesto anual, y se desarrolla en el Decreto único Reglamentario del Sector Planeación donde se establece su procedimiento.
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Texto del documento 6.270 caracteres
LICITACIÓN PÚBLICA – Regla general
Para las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993, los procesos de selección se rigen por el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. El numeral uno, inciso primero, dispone que “La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo” (Énfasis fuera de texto), norma que sustituye el derogado numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 sobre el principio de transparencia. Así, salvo norma especial que ordene la celebración del negocio jurídico por selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía o contratación directa, debe aplicarse la regla general de licitación pública.
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA – Características
Respecto a la selección abreviada, el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 dispone que “[…] corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual”, regulando cada una de las causales.
Se trata de un procedimiento que, conforme a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, agiliza la contratación estatal en los eventos en que no se justifica adelantar una licitación pública, pero tampoco limitar la participación de los proponentes como en la contratación directa, de forma tal que es un mecanismo de selección objetiva que asegura una mayor concurrencia de participantes sin sacrificar los principios de eficacia y eficiencia en el proceso de selección.
MÍNIMA CUANTÍA – Fundamento normativo
Es necesario tener en cuenta que el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 modifica el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual regula la mínima cuantía. En esta modalidad de selección, la entidad estatal realiza una convocatoria pública para recibir ofertas de bienes o servicios cuyo valor no excede el diez por ciento –10%– de la menor cuantía. Fue creada por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011 y modificada por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, disponiendo que el factor determinante para adelantarla es el valor del presupuesto oficial con independencia de su objeto. Por lo demás, como en este procedimiento el contrato se perfecciona con la aceptación de la oferta, se considera un sucedáneo de los denominados “contratos sin formalidades plenas”.
SELECCIÓN OBJETIVA – Oferta más favorable –
Marco jurídico
el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, alude a diferentes conceptos como factores de escogencia, de calificación, técnicos y económicos de escogencia, de evaluación y calificación. Además, el artículo alude a unos factores que no otorgan puntaje y de otros que inciden en la comparación de ofertas. Por ello, la doctrina define los requisitos o factores ponderables como “[…] aquellas condiciones de la oferta y no de quien la presenta, que sí entrarán a ser evaluadas por la Administración y que en consecuencia, darán lugar a la escogencia objetiva de la mejor propuesta para la entidad”. Todas estas categorías designan los “[…] factores a los cuales cabe otorgarles puntajes o que pueden ser ponderados, precisamente, pues estos son los factores que en últimas permiten una comparación de ofertas y una diferenciación entre ellas”.
En ese sentido, la asignación de puntaje es un mecanismo mediante el cual las entidades ponderan los factores de calificación ꟷ
v.g.
técnicos y económicos, de calidad y precio, etc.ꟷ en un determinado proceso de selección, como se desprende del literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, no es este el único mecanismo de ponderación que tienen a su alcance las entidades estatales para determinar el ofrecimiento más favorable, pues el propio literal b) del artículo 5.2 posibilita que el ofrecimiento más favorable se determine con un análisis de la relación costo-beneficio. A estos se suman, los procesos de selección de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, así como los de mínima cuantía, en los que –según los artículos 5.3 y 2.5 de la Ley 1150 de 2007– el único factor de selección es el menor precio ofertado.
Conforme a lo anterior, el deber de selección objetiva está ligado a la determinación del ofrecimiento más favorable, cuyo contenido debe ser precisado a partir de las diferentes alternativas del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que en todo caso deben reflejarse en el pliego de condiciones o documento equivalente para el respectivo proceso de selección. Estas disposiciones establecen que en los procesos de selección deben evaluarse, fuera de los requisitos habilitantes, los factores de calificación, valoración o evaluación. Estos pueden ponderarse mediante la asignación de puntaje, por lo que la norma se refiere a factores que no otorgan puntaje para diferenciar los requisitos habilitantes de los mencionados factores de calificación. Lo anterior, bajo el entendido que son estos últimos los que determinan la oferta más favorable para la entidad y la que en consecuencia debe elegirse.
PLIEGO DE CONDICIONES O DOCUMENTO EQUIVALENTE – Expedición – Discrecionalidad – Proporcionalidad – Fuerza vinculante
el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, alude a diferentes conceptos como factores de escogencia, de calificación, técnicos y económicos de escogencia, de evaluación y calificación. Además, el artículo alude a unos factores que no otorgan puntaje y de otros que inciden en la comparación de ofertas. Por ello, la doctrina define los requisitos o factores ponderables como “[…] aquellas condiciones de la oferta y no de quien la presenta, que sí entrarán a ser evaluadas por la Administración y que en consecuencia, darán lugar a la escogencia objetiva de la mejor propuesta para la entidad”. Todas estas categorías designan los “[…] factores a los cuales cabe otorgarles puntajes o que pueden ser ponderados, precisamente, pues estos son los factores que en últimas permiten una comparación de ofertas y una diferenciación entre ellas”.