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Colombia Compra Eficiente Concepto

Empresa unipersonal: no es posible que las entidades realicen una aplicación extensiva o analógica

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-05-26
Número
C-584 de 2026

Síntesis del concepto

Empresa unipersonal: no es posible que las entidades realicen una aplicación extensiva o analógica

Regla de decisión

La entidad debe evaluar el supuesto de hecho desde la figura del conflicto de intereses en cada caso en particular.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La prohibición del artículo 75 de la Ley 222 de 1995, que impide al titular de una empresa unipersonal contratar con ella, no se extiende a otros tipos de sociedades. El concepto explica que esa restricción fue prevista expresamente para el empresario unipersonal, con la finalidad de evitar abusos, y que no fue replicada para las sociedades por acciones simplificadas ni para otras sociedades. Las normas que establecen prohibiciones o limitaciones no pueden aplicarse por vía analógica, de manera que el acuerdo consorcial entre una persona natural y una sociedad distinta de la unipersonal, de la cual es único socio o representante legal, no puede considerarse per se ineficaz de pleno derecho, porque ninguna norma dispone esa consecuencia. Frente a las inhabilidades e incompatibilidades, el concepto señala que solo pueden tipificarse en la ley, que su interpretación debe ser restrictiva y que las entidades no pueden hacer una aplicación extensiva o analógica de ellas, en atención a principios como la igualdad, el debido proceso y la libre concurrencia. Por tanto, cualquier causal que pretenda afectar la capacidad del consorcio debe examinarse frente a la ley vigente, sin extender la prohibición propia de la empresa unipersonal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Se configura inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés que afecte la capacidad jurídica de un consorcio conformado por una persona natural y una persona jurídica de la cual esa misma persona es el representante legal?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 3 y 8
  • Ley 222 de 1995, arts. 71 y 75
  • Ley 1258 de 2008, art. 5

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

La aplicación de las inhabilidades o incompatibilidades siempre debe estar ajustada a los presupuestos que para cada causal señale el constituyente o el legislador. De este modo, no es posible que las entidades realicen una aplicación extensiva o analógica. Las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, en consecuencia, solo pueden tipificarse en la ley y su interpretación debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, los enunciados normativos podrían contemplar múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Concepto Interpretación restrictiva LEY 222 DE 1995 No Aplica Otras sociedades Principio de legalidad Prohibición Artículo 75 Verificación de cada caso en concreto

Guías del tema

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Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.
Texto del documento 5.132 caracteres
EMPRESA UNIPERSONAL – Ley 222 de 1995 – Prohibición Artículo 75 Frente a este tipo de empresas, el artículo 75 de la Ley 222 de 1995, mencionado en su consulta, dispuso lo siguiente: “El titular de la empresa unipersonal no puede contratar con ésta, ni tampoco podrán hacerlo entre sí empresas unipersonales constituidas por el mismo titular. Tales actos serán ineficaces de pleno derecho”. En efecto, dicha norma estableció una prohibición específica en cabeza del empresario unipersonal que tiene como finalidad evitar posibles abusos dado que la responsabilidad de la empresa se encuentra limitada al monto del aporte realizado por él. PROHIBICIÓN ARTÍCULO 75 – Otras sociedades – No aplica Ahora bien, esta prohibición no fue replicada para otro tipo de sociedades. Por ejemplo, las Sociedades por Acciones Simplificadas, fueron definidas por la doctrina como una de las innovaciones más relevantes del derecho societario colombiano, por la posibilidad de conformación a través de un acto unipersonal, la limitación de responsabilidad por obligaciones sociales, la viabilidad de poder contar con un objeto indeterminado para desarrollar actividades lícitas, el término de duración indefinido, la posibilidad de renunciar al derecho de ser convocado a reuniones de la asamblea, entre otras tantas que hicieron de ellas uno de los modelos societarios más atractivos para la conformación empresarial […] De esta manera, la normativa no establece para sociedades distintas a las unipersonales la prohibición de celebrar contratos o negocios juridicos con su único socio o representante. Aunque su consulta no especifica el tipo de sociedad del cual se trata, es importante resaltar que las normas que establecen prohibiciones o limitaciones, como es el caso del artículo 75 de la Ley 222 de 1995, no pueden ser aplicadas por vía analógica. De esta forma, la prohibición que dispuso la normativa para las empresas unipersonales no puede ser aplicada de manera analógica al supuesto de los negocios jurídicos que celebren otro tipo de sociedades. En este sentido, el acuerdo consorcial que celebre una persona natural con una sociedad distinta a la unipersonal, de la cual es único socio o representante legal, no pueden considerarse per se ineficaz de pleno derecho, pues no existe norma que disponga esta consecuencia jurídica y dado que no es posible una aplicación extensiva del artículo 75 de la Ley 222 de 1995. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Concepto – Principio de legalidad – Interpretación restrictiva Con respecto a la aplicación de las inhabilidades o incompatibilidades, es importante resaltar que su aplicación siempre debe estar ajustada a los presupuestos que para cada causal señale el constituyente o el legislador. De este modo, no es posible que las entidades realicen una aplicación extensiva o analógica. Las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, en consecuencia, solo pueden tipificarse en la ley y su interpretación debe ser restrictiva , pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, los enunciados normativos podrían contemplar múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. Como se aprecia, el principio pro libertate debe dirigir la interpretación de las disposiciones normativas que consagran restricciones de derechos, como sucede con las causales de inhabilidad e incompatibilidad en la contratación estatal. De esta forma, dado que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades no se refirió al supuesto objeto de consulta, no será posible que las entidades interpreten la existencia de una inhabilidad que impida participar en un proceso de contratación al consorcio compuesto por una persona natural y por una SAS cuyo único socio y representante legal sea esa misma persona. CONFLICTOS DE INTERES – Verificación de cada caso en concreto Por otra parte, aunque la ley no establezca una inhabilidad explícita, la entidad deberá evaluar el supuesto de hecho desde la figura del conflicto de intereses cada caso en particular. Esto se debe a que la ley de contratación estatal en Colombia se basa en principios fundamentales como la transparencia, moralidad y objetividad. Un conflicto de intereses surge cuando los intereses personales o familiares de un servidor público pueden influir en sus decisiones profesionales, comprometiendo así la imparcialidad que se espera de su cargo, lo cual, en principio, no sería aplicable al caso objeto de consulta. En cualquier caso, corresponde a los equipos jurídicos de cada entidad contratante realizar la verificación previa y concreta de las eventuales inhabilidades e incompatibilidades y el eventual conflicto de intereses en cada proceso, a fin de garantizar el cumplimiento del principio de legalidad y la protección de los principios de transparencia, moralidad e imparcialidad en la contratación estatal.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-584-de-2026/