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¿Los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión tienen la obligación de publicar el registro de conflicto de intereses según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019?
Por regla general, los contratistas del Estado no son sujetos obligados a publicar el registro de conflictos de interés en virtud del literal f) del artículo 2 de la Ley 2013 de 2019, pues ese literal aplica a particulares por la prestación de función pública o de servicios públicos, desde un criterio funcional. El literal g), que alcanza a las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos, tampoco incluye a cualquier contratista, sino solo a quienes administran bienes o recursos públicos, que es el contenido material en torno al cual gira ese literal. El concepto apoya esta lectura en que la obligación de publicación proactiva no se extendió a todos los servidores públicos, sino a los relacionados en el listado del artículo 2, lo que revela una orientación restrictiva del legislador al incluir los literales f) y g). Así, la obligación de un contratista de prestación de servicios depende de que, en el marco de su contrato, administre bienes o recursos públicos.síntesis automática
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¿Existe alguna limitación en la capacidad jurídica de una persona natural para celebrar contratos de prestación de servicios con una entidad estatal y ser representante legal de una persona jurídica que también es contratista de la misma entidad estatal?
El contratista no puede simultáneamente desempeñar un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal y ser representante legal de una empresa que también es contratista de la misma entidad, si esta situación genera un conflicto de intereses que afecte la transparencia y la imparcialidad en la toma de decisiones. Esta regla se fundamenta en el carácter restrictivo del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que requiere que las causales de inhabilidad estén enunciadas de forma taxativa en las normas y que su interpretación sea restrictiva. Además, el conflicto de interés debe cumplir con los requisitos de tipicidad y objetividad para ser considerado como tal. La entidad estatal debe evaluar en cada caso específico si la concurrencia de intereses antagónicos afecta la transparencia y la moralidad administrativa, y adoptar las medidas necesarias para prevenir posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales o contractuales.síntesis automática
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¿Genera inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses en la contratación estatal que un servidor público celebre contratos con personas con quienes tenga parentesco por consanguinidad, por afinidad (vigente o extinguido), o vínculos derivados de matrimonio, unión permanente o hijos en común?
Un contrato que un servidor público celebra con personas con quienes tiene parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, unión permanente o hijos en común no configura, por sí solo, una inhabilidad o incompatibilidad. Según el concepto, las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones a la capacidad para contratar con el Estado, que solo pueden tipificarse en la ley y se interpretan de manera restrictiva, a la luz del principio de legalidad. Por ello no puede extenderse una causal a supuestos que la norma no contempla, ni a vínculos no previstos. Sin embargo, el supuesto sí debe valorarse caso por caso para descartar un conflicto de intereses, entendido como la situación en que los intereses personales de alguien se oponen a sus deberes. El concepto señala como ejemplo el del representante legal de una persona jurídica que, después de contratar con una entidad, celebra a título personal otro contrato con la misma entidad. Por tanto, la entidad debe verificar si la relación personal pone en riesgo el cumplimiento de los deberes del servidor que suscribe o autoriza el contrato, aunque no exista inhabilidad.síntesis automática
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1 En los procesos de contratación bajo las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 (licitación pública, concursos de mérito, subasta inversa, menor cuantía, mínima cuantía) se debe solicitar la declaración de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés de la Ley 2013 de 2019.
1 En los procesos de contratación bajo las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 (licitación pública, concursos de mérito, subasta inversa, menor cuantía, mínima cuantía) se debe solicitar la declaración de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés de la Ley 2013 de 2019.
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¿]la persona natural o jurídica que realizo los estudios y diseños del proyecto vías, puede prestarse como interventor del contrato de obra en los documentos tipo?
[¿]la persona natural o jurídica que realizo los estudios y diseños del proyecto vías, puede prestarse como interventor del contrato de obra en los documentos tipo? [¿]existe alguna inhabilidad señalada en la ley? [sic]…
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¿Se configura un conflicto de interés o una vulneración al principio de moralidad administrativa cuando un alcalde celebra un contrato de prestación de servicios personales con un abogado que, al mismo tiempo, asesora jurídicamente al municipio mediante un contrato estatal?
Que un alcalde celebre un contrato de prestación de servicios profesionales con un abogado que también asesora jurídicamente al municipio, en un asunto personal del alcalde, no constituye por sí solo una inhabilidad ni una incompatibilidad. Las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones a la capacidad para contratar con el Estado, por lo que sus causales deben interpretarse de forma restrictiva, pues una lectura extensiva podría cobijar supuestos indeterminados y poner en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso y la libre concurrencia. Sin embargo, el supuesto sí puede generar un conflicto de intereses, en el que los intereses personales de quien contrata se opongan a sus deberes públicos. Por esa razón, debe valorarse cada caso en concreto para descartar ese conflicto. Un ejemplo similar es el del representante legal de una persona jurídica que, tras contratar con la entidad, celebra a título personal otro contrato con la misma entidad, situación que tampoco es una inhabilidad en particular pero que puede afectar el cumplimiento de deberes. En consecuencia, la entidad debe examinar la situación concreta antes de concluir que existe o no un conflicto.síntesis automática
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¿Constituye causal de inhabilidad para contratar con una entidad territorial el hecho de que una persona jurídica, de manera voluntaria, haya realizado una donación (en dinero o en especie) a una entidad sin ánimo de lucro —tipo asociación— cuyo representante legal o presidente de la junta directiva tiene vínculo conyugal con el alcalde del municipio con el que posteriormente se pretende contratar?
Es preciso señalar que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación estatal está regulado de manera taxativa por la Constitución y la ley, con el propósito de garantizar la moralidad, transparencia, imparcialidad e idoneidad en la función pública y la gestión contractual estatal. Estas restricciones, al afectar derechos fundamentales como el de la igualdad, el debido proceso y la libertad contractual, deben ser interpretadas de forma restrictiva y con sujeción estricta al principio de legalidad.
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¿Cuál es la normativa aplicable y quién es la autoridad competente para identificar, declarar y resolver un conflicto de intereses manifestado por un contratista de servicios profesionales que adelanta la defensa judicial de una Entidad Estatal?
Es preciso señalar que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación estatal está regulado de manera taxativa por la Constitución y la ley, con el propósito de garantizar la moralidad, transparencia, imparcialidad e idoneidad en la función pública y la gestión contractual estatal. Estas restricciones, al afectar derechos fundamentales como el de la igualdad, el debido proceso y la libertad contractual, deben ser interpretadas de forma restrictiva y con sujeción estricta al principio de legalidad.
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¿Existe alguna restricción o se configura alguna inhabilidad en el hijo de un exconcejal que pretenda celebrar contrato de prestación de servicios con la administración municipal?
El contratista no está inhabilitado para celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración municipal simplemente por ser hijo de un exconcejal, ya que las inhabilidades e incompatibilidades deben interpretarse restrictivamente para proteger principios como la igualdad y la transparencia, evitando una interpretación amplia que pueda generar múltiples supuestos indeterminados. Esta interpretación restrictiva se fundamenta en el interés general y en la prevención de conflictos de interés que afecten la transparencia y la imparcialidad en la contratación estatal, lo que implica que no existe una relación directa entre el cargo del padre y la inhabilitación del hijo para contratar con el Estado, salvo que se demuestre la existencia de un conflicto de interés específico que afecte la transparencia de la contratación.síntesis automática
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¿Se configura causal para aquellos representantes legales de compañías constituidas en Colombia que, como personas naturales, contraten con el Estado?
Verificado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades contenido en la Ley 80 de 1993, no se identifica alguna causal que limite la capacidad jurídica de aquellas personas naturales que pretendan contratar con el Estado, durante el ejercicio de la representación legal de compañías constituidas en Colombia. Sobre todo, cuando en la exposición del supuesto de hecho de la consulta no existen elementos que puedan interpretarse como posibles incompatibilidades o conflictos de intereses que afecten la capacidad jurídica de la persona natural que pretenda participar en procesos de selección o suscriba contratos con entidades estatales, al tiempo que ejerce la representación legal de compañías constituidas en Colombia.
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¿Cuál es el marco jurídico aplicable para la contratación con cuerpos de bomberos voluntarios?
La Ley 1575 de 2012 establece que es obligación de los municipios garantizar la prestación del servicio público esencial de bomberos, ya sea a través de cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos o convenios con cuerpos de bomberos voluntarios.El Decreto 092 de 2017 regula la contratación con entidades sin ánimo de lucro en el marco del artículo 355 de la Constitución Política. Sin embargo, este decreto tiene una aplicación restringida y no abarca todas las formas de contratación con entidades sin ánimo de lucro.
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¿Una persona natural contratista de una entidad pública puede presentarse a una licitación con la misma entidad actuando como representante legal de una empresa privada?
Verificado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades contenido en la Ley 80 de 1993, no se identifica alguna causal que limite la capacidad jurídica de aquellas personas naturales que pretendan contratar con el Estado, durante el ejercicio de la representación legal de una empresa constituida en Colombia. Sobre todo, cuando en la exposición del supuesto de hecho de la consulta no existen elementos que puedan interpretarse como posibles incompatibilidades o conflictos de intereses que afecten la capacidad jurídica de la persona natural que pretenda participar en procesos de selección o suscriba contratos con entidades estatales, al tiempo que ejerce la representación legal de una empresa constituida en Colombia.
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¿Dichos literales se refieren a personas jurídicas y naturales, públicas o privadas, que celebren cualquier tipo de contrato con entidades estatales?
La consulta sobre la aplicación de los literales f) y g) del artículo 2 de la Ley 2013 de 2019 fue la siguiente: Según las consideraciones expuestas, la Agencia Colombia Compra Eficiente considera que los literales f) y g) de la Ley 2013 de 2019 son causales que tipifican eventos en los que particulares devienen en sujetos obligados a cumplir las obligaciones originadas en la Ley 2013 de 2019. Por virtud de esas normas, los contratistas del Estado que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 2013 de 2019 son aquellos que ejercen función pública, presenten servicios públicos o administren bienes y recursos públicos. En este sentido, solo cuando el contrato celebrado con el particular implique el ejercicio de alguna de las actividades anteriores, se considerará sujeto a las obligaciones contenidas en dicha ley, sin que la tipología contractual o el valor del contrato sea el determinante.
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¿Se configura alguna inhabilidad o conflicto de interés cuando el contratista del Estado celebra un negocio jurídico particular con quien es su interventor?
De acuerdo con el criterio de interpretación restrictiva aplicable a las causales de inhabilidad e incompatibilidad, no se advierte que la hipótesis materia de consulta configure alguna de las causales previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Esto comoquiera que, el hecho de que el interventor celebre un contrato privado con el particular que ejecuta el contrato objeto de vigilancia no se subsume en ninguno de los supuestos de hecho establecidos en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993.
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¿Las personas que ejercen como consejeros de juventudes están por inhabilitadas para contratar con el Estado en atención a dicha condición?
A quienes son elegidos consejeros de juventud no les es aplicable la inhabilidad del literal f) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que limita la capacidad para contratar de quienes tienen la calidad de servidores públicos, porque los Consejos de Juventudes son mecanismos autónomos de participación que no se constituyen como corporaciones públicas, y sus miembros no adquieren la condición de servidores públicos aunque ejerzan una función pública, conforme al artículo 33 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil y al examen de constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 1885 de 2018. Las inhabilidades son prohibiciones para concurrir a los procesos de selección y contratar con el Estado derivadas de comportamientos reprochables o sanciones, vínculos de parentesco o estado civil, o actividades desempeñadas en el pasado, mientras que las incompatibilidades se fundan en una calidad del interesado que no puede coexistir con la de proponente o contratista. Por ser restricciones a la capacidad, deben interpretarse restrictivamente, ya que una interpretación amplia pondría en riesgo la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio.síntesis automática
También resuelve:Inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad, interpretación restrictiva, régimenConsejos de juventudes: mecanismos de participación, no son corporaciones públicas
¿En atención a la Ley 2013 de 2019, es obligatorio que las personas naturales que celebren contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con entidades públicas del orden nacional, publiquen y divulguen las declaraciones de renta, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, y si es así, es un requisito previo, durante o después de la celebración del contrato?
Los contratistas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 2013 de 2019 son aquellos que ejercen función pública, presente servicios públicos o administren bienes y recursos públicos. Teniendo en cuenta lo anterior, solo cuando el contrato celebrado con el particular implique el ejercicio de alguna de las actividades anteriores, se considerará sujeto a las obligaciones contenidas en dicha ley. Además, considerando que en la mayoría de los casos esto no ocurre, específicamente, en relación con los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, estos no están sujetos a la Ley 2013 de 2019; sin embargo, en cada contrato en particular se deberá analizar la realización de alguna de las actividades indicadas, conforme a las consideraciones señaladas en este concepto, para definir la aplicación o no de las obligaciones contenidas en dicha ley.
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Si la interpretación que se le debe dar a la norma en cita, hace referencia a que toda persona que pretenda suscribir un contrato con la administración pública, sea cual sea el objeto del mismo, debe adjuntar y hacer pública su declaración de bienes y rentas, su registro de conflictos de interés y los más delicado su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, información que acorde al artículo 583 del Estatuto Tributario tiene el carácter de reservado…
El peticionario realizó las siguientes preguntas en relación con la interpretación y aplicación del literal g) del artículo 2 de la Ley 2013 de 2019, respuesta que se ampliará respecto a la aplicación del literal f) por tratarse ambos de contratistas frente a los que aplican las obligaciones contenidas en dicha ley.
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¿Es retroactivo el primer párrafo del artículo 229 del Decreto 019 de 2012, es decir, ¿la experiencia adquirida por un profesional universitario antes del 1 de enero de 2012?
El inciso primero del artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012 no está llamado a aplicarse de manera retroactiva, porque, conforme al artículo 11 del Código Civil, la ley surte efectos desde su promulgación y hacia el futuro, salvo la excepción del principio de favorabilidad del artículo 29 de la Constitución, que no resulta aplicable al caso consultado. Esa disposición sigue siendo el régimen general para contar la experiencia profesional, que se computa desde la terminación de materias, salvo en las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, en las que se cuenta desde la inscripción o registro profesional; la Ley 2043 de 2020 no lo derogó y solo regula el reconocimiento de las prácticas laborales como experiencia profesional. Sobre la declaración de bienes, rentas y conflictos de interés de la Ley 2013 de 2019, el concepto sostiene que, tratándose de particulares, su ámbito de aplicación comprende solo a quienes ejerzan función pública, presten servicios públicos o administren bienes o recursos públicos, según los literales f) y g) de su artículo 2 y su parágrafo primero, por ser la interpretación más plausible de la norma.síntesis automática
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¿La obligación de presentar la declaración de bienes y rentas, registro de intereses y declaración de impuesto a la renta y complementarios le es aplicable a todos los contratistas del Estado?
Las obligaciones de publicar la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios previstas en la Ley 2013 de 2019 no se aplican a todos los contratistas del Estado, sino solo a los particulares que ejercen función pública, prestan servicios públicos o administran bienes o recursos públicos, conforme a los literales f) y g) de su artículo 2. El concepto sustenta esta lectura en el parágrafo de dicho artículo, que para quienes no ingresan ni se retiran de un cargo fija la obligación antes, durante y al término del ejercicio de la función pública, la prestación de servicios públicos o la administración de bienes o recursos públicos. Agrega que en los contratos que normalmente celebra la administración el pago de la contraprestación, aunque se haga con recursos públicos, no implica administrar dichos recursos, porque una vez recibidos forman parte del patrimonio del particular. En consecuencia, solo cuando el contrato implique alguna de esas actividades el contratista queda sujeto a la Ley 2013 de 2019, y en cada contrato debe analizarse si se realizan para definir su aplicación.síntesis automática
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El artículo 75 de la Ley 222 de 1995 prohíbe que el titular de una empresa unipersonal contrate con esa misma empresa, y dispone que tampoco pueden contratar entre sí empresas unipersonales constituidas por el mismo titular. Sin embargo, las causales de inhabilidad e incompatibilidad, por ser restricciones de derechos, deben interpretarse de manera restrictiva. Por eso, al no referirse el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al supuesto consultado, la entidad no puede extender esa restricción a ese caso. La prohibición debe aplicarse de manera literal, sin extenderla a relaciones que la norma no menciona. La consecuencia práctica es que la prohibición de la Ley 222 no se aplica a supuestos no previstos en su texto, y la entidad no debe invocarla más allá de él. Esa lectura se apoya en la interpretación restrictiva de las inhabilidades, que son restricciones de derechos. La entidad debe motivar la decisión de no aplicar la restricción cuando el caso lo amerite.síntesis automática
También resuelve:Empresa unipersonal: Ley 222 de 1995, prohibición Artículo 75Sociedades por acciones simplificadas: prohibición Artículo 75, no aplicaInhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad, interpretación restrictiva