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Interventoría: la supervisión corresponde al seguimiento técnico
Regla de decisión
La supervisión corresponde al seguimiento técnico, contable y jurídico que debe ser ejercido directamente por la entidad estatal a través de sus servidores o personal vinculado.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista no puede ejecutar directamente actividades propias de la interventoría de un contrato de obra pública mediante un convenio interadministrativo sin celebrar un contrato de interventoría, ya que la interventoría implica el seguimiento técnico especializado que debe realizar una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, conforme a la Ley 1474 de 2011. Esta normativa establece que la interventoría es necesaria cuando el seguimiento del contrato requiere conocimientos especializados o cuando la complejidad y extensión del mismo lo justifican. La regla reitera la jurisprudencia existente, lo que implica que las universidades públicas y otras entidades deben formalizar contratos de interventoría para ejercer funciones técnicas especializadas en contratos de obra pública.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Pregunta que resuelve
¿Es jurídicamente viable que una universidad pública, mediante un convenio interadministrativo, ejecute directamente actividades propias de la interventoría de un contrato de obra pública, sin celebrar un contrato de interventoría?
Fundamentos
Ley 80 de 1993, arts. 32, 53 y 60
Ley 1474 de 2011, arts. 83 y 84
Decreto 1082 de 2015
se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor
C-503 de 2026 · 2026-05-21
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
Para dar respuesta al problema jurídico planteado, es pertinente señalar que la Ley 1474 de 2011 enmarcó el seguimiento, control y vigilancia de la ejecución del contrato estatal dentro del principio de moralidad administrativa. El artículo 83 ibidem prescribe que “con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Puntos que trata
Interventoría: características, universidades
Supervisión: entidades de régimen especial, régimen de contratación
INTERVENTORÍA
–
Características
–
Universidades
Respecto de la reglamentación vigente para los contratos de interventoría durante la vigencia 2018, cabe señalar que el artículo 32.2. de la Ley 80 de 1993 define los contratos de consultoría como aquellos que suscriben las entidades públicas que se refieran a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Así mismo, son contratos de consultoría los que tienen por objeto la
interventoría
, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.
La doctrina expresa que el artículo 32.2. no establece una definición de contrato de consultoría, sino que, simplemente, enuncia una serie de actividades que pueden hacer parte de este tipo contractual. Es decir, no hay un concepto propio de consultoría dentro de la Ley 80 de 1993, pero sí se establecen elementos o actividades que configuran este tipo de contratos. Al respecto, el Consejo de Estado expresa: “Son de la esencia del contrato de consultoría el que una parte se obligue a prestar un servicio consistente en realizar estudios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos determinados, prestar asesoría técnica de coordinación, control y supervisión, realizar actividades de interventoría, asesoría y gerencia de obra o de proyectos, así como la dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos, y el que la otra se obligue a pagar una determinada remuneración como retribución por el servicio prestado”.
Por su parte, la supervisión, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, corresponde al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que debe ser ejercido directamente por la entidad estatal a través de sus servidores o personal vinculado. En ese sentido, corresponde a cada entidad analizar las características y alcance de la necesidad contractual, a efectos de determinar si se encuentra frente a actividades que exigen interventoría o si, por el contrario, resulta procedente el ejercicio de supervisión. Lo anterior, sin perjuicio de que esta instancia no tiene competencia para resolver casos concretos ni definir situaciones particulares de las entidades.
En ese sentido se precisa que en los procesos de concurso de méritos pueden participar las universidades, siempre que acrediten la experiencia, capacidad y demás requisitos habilitantes exigidos en las reglas del proceso, en igualdad de condiciones frente a los demás oferentes.
SUPERVISIÓN
–
Entidades
de Régimen Especial
– Régimen de Contratación
En este contexto, es pertinente señalar que la Ley 1474 de 2011 enmarcó el seguimiento, control y vigilancia de la ejecución del contrato estatal dentro del principio de moralidad administrativa. El artículo 83
ibidem
prescribe que “con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual,
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda
” [Énfasis fuera del texto original]. Además, el legislador, en el mismo artículo, definió las nociones de
supervisión
e
interventoría
, como mecanismos que pueden usar las entidades estatales para vigilar el contrato, en estos términos:
“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría”.